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jueves, 12 de noviembre de 2026

Entrevistas de precampaña 2026: los candidatos ante los medios

A las puertas del inicio oficial de la campaña de las Elecciones Generales del 29 de noviembre (mañana mismo), los principales candidatos han intensificado su presencia en los medios de comunicación para presentar sus propuestas, defender sus respectivas trayectorias y marcar distancias con sus adversarios. Entrevistas en televisión, radio y prensa que han permitido conocer no sólo sus prioridades políticas, sino también sus estrategias electorales, sus contradicciones y sus posibles líneas rojas ante la formación del próximo Gobierno.

En este artículo repasamos las intervenciones más relevantes de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau, Irene Montero, Miriam González y Luis «Alvise» Pérez durante las semanas previas a la campaña. El objetivo no es elaborar una simple recopilación de declaraciones, sino contrastar sus planteamientos y valorar, desde una perspectiva liberal de derechas e independiente de cualquier formación, la coherencia de sus propuestas, su viabilidad y el modelo de país que defienden.

Este análisis sirve, además, como antesala de nuestra cobertura electoral: mañana abordaremos el arranque oficial de la campaña y el próximo 20 de noviembre examinaremos los debates, los principales mítines, las nuevas encuestas y las entrevistas del pódcast The Wild Project.

Pedro Sánchez (PSOE) 

Sánchez acudió el 22 de octubre a La Revuelta, donde defendió su continuidad al frente del Gobierno y abordó algunos de los principales problemas de la legislatura. Reconoció que los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos habían supuesto una «decepción doble», aunque separó esa responsabilidad de los procedimientos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, David Sánchez, condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, mediante una sentencia recurrida. Se limitó a defender la inocencia de ambos. Respecto a la crisis de Ceuta, admitió que pudo haberse gestionado mejor, mientras que en materia de vivienda reclamó una mayoría parlamentaria más amplia para impulsar nuevas medidas de intervención en el mercado. Sin embargo, el reconocimiento de errores no vino acompañado de una asunción de responsabilidades ni por las polémicas ni por la gestión de políticas públicas. Una actitud que, a mi juicio, refleja una constante de su discurso: admitir determinadas deficiencias sin cuestionar la responsabilidad del Gobierno que preside ni extraer consecuencias políticas de ellas. Tal vez por ello rechazase acudir a la entrevista de El Hormiguero y en consecuencia recibiese una dura (y muy merecida) crítica de Pablo Motos retratándolo.

Posteriormente, fue entrevistado en el nuevo canal La Séptima por Javier Ruiz, en un ambiente y conversación con marcado componente de mitin electoral. Circunstancias que no me extrañan nada tratándose del conductor que era. Sánchez apeló a una «movilización histórica» para reeditar una mayoría progresista, poniendo como referencias los recientes resultados electorales de Estados Unidos y Brasil. También recurrió a la corrupción para contraatacar al PP, reclamando que la Justicia investigue los pagos de la defensa de Koldo García y exigiendo explicaciones a Feijóo por la reunión entre el abogado del partido y el propio Koldo. En vivienda, defendió la regulación del mercado inmobiliario y la construcción de más vivienda protegida a precios asequibles, responsabilizando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox de obstaculizar la aplicación de la ley. Una explicación que, desde mi perspectiva, deja en segundo plano la responsabilidad del propio Ejecutivo en los resultados de su política de vivienda, marcada por una regulación contraproducente y un catálogo de promesas recurrentes que siguen sin materializarse. Resulta difícil presentar la falta de mayorías parlamentarias o la resistencia de otras administraciones como explicación suficiente cuando, después de años de Gobierno, los problemas estructurales del acceso a la vivienda continúan sin resolverse.

Alberto Núñez Feijóo (PP) 

Feijóo aprovechó sus entrevistas en Más de uno, de Onda Cero (27 de octubre), y en Al Rojo Vivo y El programa de Ana Rosa (3 de noviembre), para presentar al PP como alternativa de Gobierno y cuestionar la gestión del Ejecutivo, especialmente en materia migratoria y ferroviaria. Se comprometió a aprobar los Presupuestos Generales de 2027 y, en caso de no conseguirlo, convocar elecciones. Respecto a pensiones, defendió mantener su actualización anual conforme al IPC, aunque sin concretar nuevas medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sobre la crisis de Ceuta, prometió hacer públicos los informes del CNI y reforzar la protección de las fronteras. Respecto a la situación de la red ferroviaria, anunció una auditoría de los sistemas de seguridad y un plan de choque con recursos extraordinarios. En vivienda, defendió medidas para aumentar sustancialmente la oferta y entre ellas la modificación de las leyes del suelo y de propiedad horizontal. Posteriormente, en El Hormiguero, anunció su intención de derogar los denominados «decretos Maricarmen» y aprobar una nueva Ley del Suelo y otra contra la ocupación ilegal.

Más allá de su estrategia de confrontación con Sánchez, sus declaraciones dejaron cuestiones relevantes sobre su posible relación de Gobierno con Vox. Feijóo no ha descartado una coalición si los resultados electorales no le permiten gobernar en solitario, aunque insiste en que ambas formaciones mantienen programas y proyectos distintos. Defendió el acuerdo táctico alcanzado en el Senado como una «respuesta adulta», pero reivindicó que PP y Vox siguen siendo partidos diferentes, con programas y papeletas separados. En El Hormiguero reiteró que el acuerdo no implicaba una negociación de cargos ni una coalición previamente pactada. En materia de igualdad, marcó distancias con Vox al rechazar expresamente una modificación de la Ley contra la violencia de género, pese a las exigencias de esta formación, aunque anunció que el Ministerio de Igualdad quedaría integrado en otro departamento más amplio. Respecto a las pulseras telemáticas para maltratadores, propuso trasladar su control al Ministerio del Interior y reforzar el seguimiento de las víctimas, en respuesta a la polémica por los fallos detectados en estos dispositivos.

Finalmente, en el programa de Pablo Motos también permitió conocer algunas de sus propuestas en materia sociocultural. Feijóo anunció que reformaría la Ley de Eutanasia para reforzar el papel de los cuidados paliativos y revisar determinados aspectos de su aplicación, aunque sin eliminar el derecho a solicitarla en los supuestos legalmente previstos. También manifestó que no pretende modificar la Ley del Aborto y distinguió, en el caso de las menores de 16 y 17 años, entre el conocimiento de los padres y la exigencia de su consentimiento. Por otra parte, defendió modificar la Ley Trans para suprimir la autodeterminación registral basada exclusivamente en la declaración de voluntad e introducir informes de profesionales sanitarios. Asimismo, propuso establecer categorías deportivas atendiendo al sexo biológico y preservar espacios diferenciados en ámbitos como las prisiones y los vestuarios. Considero razonable revisar estas cuestiones para buscar un equilibrio entre los derechos individuales, la seguridad jurídica y la protección de la privacidad y seguridad de  las personas. Ahora bien, cualquier reforma debería garantizar también la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de las personas trans.

Santiago Abascal (Vox) 

Abascal ha trasladado un discurso especialmente duro contra el Gobierno en sus intervenciones mediáticas, con la estrategia de presentar a Vox como la única alternativa real a la continuidad de Sánchez. En su entrevista a El Mundo, apostó por la repatriación inmediata de quienes entren ilegalmente en España y la deportación de delincuentes. Sin embargo, esa propuesta de «remigración» (que apoyan fuerzas como AfD en Alemania o Reagrupamiento Nacional en Francia) es más que discutible si se hace sin el respeto a las garantías jurídicas mínimas que establece Europa, por mucho que nos parezca lógico. Así que deja bastantes dudas más allá de un mensaje que puede sonar populista. También propuso una auditoría completa del gasto público con la intención de suprimir partidas destinadas a agendas ideológicas y reorientar esos recursos hacia seguridad, sanidad, educación e infraestructuras. En su relación con el PP, defendió el gesto mutuo en el Senado y reclamó a los populares que no voten «a medias» si realmente quieren propiciar un cambio político. En Más de uno, de Onda Cero, volvió a subrayar la «prioridad nacional» como línea roja y defendió la despolitización de instituciones como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o RTVE. Por lo demás, repitió buena parte de los argumentos ya expuestos en otras declaraciones. Sin embargo, hubo una cuestión en la que, a mi juicio, evitó afrontar con claridad una contradicción: el modelo de capitalización mixta que Figaredo había esbozado en declaraciones públicas. Abascal no lo explicó ni lo defendió, y se limitó a reconocer que los pensionistas tienen «derechos adquiridos». Recordando su conocido reproche de «la derechita cobarde» al PP, quizá Vox debería revisar primero sus propias declaraciones antes de señalar quién puede ser más cobarde de los dos.

Pero la entrevista más polémica fue la de La Revuelta. Pudo confirmarse que el equipo de Abascal solicitó intervenir en la gestión de la asistencia del público habitual ante la previsible hostilidad que podía encontrar el invitado. Pero esa sólo fue la primera controversia. El encuentro terminó alejándose del tono habitual del programa y se convirtió en un intercambio especialmente tenso. La impresión de muchos es que Broncano reflejó palmarias dificultades para conducir una entrevista política de estas características, con repetidas vacilaciones y momentos de nerviosismo, mientras que Abascal se desenvolvió como político. El líder de Vox defendió sus posiciones sobre inmigración, las leyes de género y su política exterior. En este último ámbito, reveló que había pedido a Israel que no reconociera una eventual independencia de Cataluña y reafirmó su posición con una frase significativa: «Tenemos aliados, no somos vasallos de nadie».

Ada Colau (Frente Amplio)

Colau defendió en Onda Cero una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, con un impuesto para penalizar la especulación y medidas para movilizar viviendas hacia el alquiler asequible. También reclamó responsabilidades políticas por la crisis ferroviaria y criticó al PSOE por considerar insuficientes sus políticas de vivienda. Otra intervención fue en Nueva Economía Fórum, donde expuso su propuesta de impuesto y revisión de desgravaciones a grandes fortunas, su rechazo a aumentar el gasto militar y su postura de que España reformule su política exterior como orientada a la paz. Esto implicaría reducir considerablemente el presupuesto en Defensa y, por tanto, incumplir nuestras obligaciones comunitarias con la UE y la OTAN. Finalmente, en La Revuelta volvió a hablar de su temas estrella y sostuvo que trece fondos e inmobiliarias concentran más de cien mil viviendas. Esta cifra es respaldada por el propio Ministerio de Consumo, pero sin precisar su distribución territorial, sus condiciones ni cuántas son propiedad de esas entidades o si sólo están bajo su gestión. Conviene señalar, además, que se trata de viviendas destinadas al alquiler, por lo que su existencia no demuestra por sí misma que estén vacías ni retenidas con fines especulativos. También tuvo espacio para hacer gala del "patriotismo impositivo" de la izquierda: aseguró que existen "33 milmillonarios" y mencionó expresamente a Florentino Pérez. En resumen, sus intervenciones mostraron sus intentos de diferenciar a FA frente al PSOE, sin renunciar a la posibilidad de un Gobierno progresista.

Considero que el principal problema de su discurso es que vuelve a presentar el intervencionismo y la presión fiscal como respuestas prioritarias a problemas que también exigen aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y proporcionar seguridad jurídica a propietarios e inversores. La especulación puede merecer medidas específicas cuando existan prácticas abusivas, pero convertir a los grandes propietarios y fortunas en protagonistas recurrentes del debate corre el riesgo de desplazar la atención de las reformas estructurales que necesita el mercado inmobiliario. En materia fiscal, combatir la desigualdad no ha de confundirse con considerar sospechosa la acumulación legítima de riqueza. Los titulares de grandes patrimonios también pueden contribuir a la prosperidad colectiva a través de la inversión, la actividad empresarial, la creación de empleo y sus obligaciones tributarias. Una cosa es debatir sobre la progresividad fiscal y otra muy distinta convertir a los empresarios más ricos en protagonistas de un discurso que resulta más efectista que constructivo. Por cierto, conviene recordar que, según los datos del IRPF de 2024 recogidos en un gráfico de la Universidad de las Hespérides, las declaraciones con rentas superiores a 60.000 euros representaron aproximadamente el 9% de las declaraciones con cuota, pero concentraron más del 44% de la cuota total del impuesto. Un dato que invita a cuestionar el manido discurso de que las rentas altas apenas contribuyen a las arcas públicas.

Irene Montero (Podemos) 

Montero participó junto a Gabriel Rufián en La Revuelta, donde ambos abordaron la vivienda, la inmigración y la fragmentación de la izquierda. Montero defendió la necesidad de mantener un espacio político propio frente al PSOE y justificó la alianza con ERC como una vía para construir una izquierda capaz de negociar con los socialistas sin renunciar a sus posiciones. Posteriormente, en Las mañanas de RNE, insistió en que Podemos no está dispuesto a subordinarse al PSOE y condicionó su apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez a la adopción de sus medidas más ambiciosas, entre ellas la bajada de los alquileres y de los precios de los alimentos, así como mayores impuestos a las grandes fortunas. También defendió la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, dirigiendo sus críticas no solo contra los «especuladores y rentistas», sino también contra el propio Gobierno por su gestión de este problema.

En conjunto, sus declaraciones reflejan una estrategia de diferenciación respecto al PSOE y al FA, con el propósito de reivindicar a Podemos como una fuerza de presión dentro de la izquierda y evitar que el voto útil termine diluyendo su identidad política. Sin embargo, mi impresión es que las diferencias entre Podemos y el FA son mucho menos sustanciales de lo que sus dirigentes pretenden transmitir. Ambos comparten una concepción de la intervención pública y del papel del Estado que los sitúa en un espacio ideológico muy próximo. En ese escenario, mi sensación es que el esfuerzo comunicativo de Montero responde tanto a discrepancias políticas como a una permanente pugna por el protagonismo dentro de la izquierda.

Miriam González (Democracia 21)

Miriam González ha aprovechado sus entrevistas en Hoy por hoy, de la Cadena SER, y Las mañanas de RNE para presentar Democracia 21 como una alternativa a la política de bloques polarizados y reivindicándose como fuerza e centro liberal orientada a lo que denomina «limpieza democrática». Ha defendido los acuerdos entre partidos en cuestiones concretas, la independencia de las instituciones y el acceso a los puestos directivos de la Administración por mérito y capacidad frente a la colonización de asesores políticos puestos a dedo. También ha querido distanciarse tanto de la continuidad de Sánchez en el Gobierno como de una eventual entrada de Vox en La Moncloa, dejando claro que no permitiría ni una cosa ni otra. En materia fiscal, considera que los impuestos deben servir para financiar servicios públicos de calidad, pero sin asfixiar la iniciativa privada. En conjunto, su discurso conecta con la reivindicación de la regeneración institucional y de una política menos condicionada por la confrontación partidista. Su principal carta de presentación es que no hace falta tener muchos escaños para condicionar, puesto que entiende que con un parlamento fragmentado cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva. En ese sentido, como posible fuerza bisagra, también ha defendido la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y ha condenado que PP y PSOE se intercambien cromos frente a las advertencias de la Comisión Europea.

Desde mi perspectiva liberal, las propuestas de Democracia 21 en materia de regeneración democrática y modernización del Estado merecen una valoración muy positiva. Sin embargo, mantengo dos reservas que merecerían aclaración. La primera es su rechazo a una eventual participación de Vox en el Gobierno, difícil de justificar únicamente por la pertenencia de este partido a un determinado bloque ideológico, especialmente si obtiene una representación parlamentaria considerable. Considero que debería explicar con mayor precisión los criterios que fundamentan ese veto, del mismo modo que reclama expresamente al PSOE que no pacte con Bildu si podría hacerlo con FA o independentistas. La segunda reserva afecta a las pensiones. Aunque González ha defendido un nuevo Pacto de Toledo, se ha mostrado contraria a lo que denomina «privatización parcial» del sistema por la supuesta «polarización intergeneracional» que generaría. A mi juicio, esa interpretación resulta discutible, porque un modelo mixto de capitalización no equivale necesariamente a sustituir el sistema público de reparto ni a enfrentar a unas generaciones con otras. Son discrepancias relevantes, pero no desvirtúan los puntos de encuentro que mantengo con su proyecto, especialmente en la defensa de unas instituciones independientes, una Administración Pública basada en el mérito y la capacidad y una modernización del Estado desde planteamientos liberales. Ya le dedicamos un post completo en este enlace.

Alvise Perez (Se acabó la fiesta)

El polémico Alvise se presenta como un regenerador antisistema que quiere cambiar las reglas del juego, pero su entrevista en The Objective dejó preguntas importantes sobre la viabilidad de sus propuestas, la organización de su partido y la coherencia entre su discurso y trayectoria. En primer lugar, reconoció lo obvio, el carácter personalista de su formación porque concentra toda la atención mediática aunque lo excusase como algo habitual en los nuevos partidos. También admitió su error con los candidatos de las Europeas al haber priorizado currículos profesionales frente a la confianza y reputación. Recalcó que no busca un simple cambio de políticas sino de sistema institucional, dado que entiende que permite que cualquier Gobierno controle organismos y empresas públicas. Es una de las partes que mejor conectan con su discurso regenerador, pero existe una clara tensión entre su discurso contra la partitocracia y su disposición a negociar con partidos tradicionales sin que explique cómo evitaría reproducir las dinámicas que denuncia.

Sus propuestas políticas se articulan en torno a tres ámbitos: inmigración, seguridad y política exterior. En materia migratoria defiende las deportaciones masivas de irregulares, pero al mismo tiempo sostiene que España debería abrir sus puertas al mundo hispanoamericano por razones culturales, históricas y lingüísticas, así como por su contribución a afrontar el problema demográfico. Parece, por tanto, defender una política migratoria selectiva. En seguridad y justicia propone construir una macrocárcel inspirada en el modelo de Bukele y endurecer las condiciones para acceder al tercer grado y con especial énfasis en los condenados por corrupción. En política exterior se manifiesta partidario de abandonar la Unión Europea porque entiende que perjudica a España en beneficio de los intereses de Francia y Alemania. Pero lo más sorprendente no es eso, sino su propuesta de avanzar hacia unos «Estados Unidos de Hispanoamérica», una unión política, económica y militar con países latinoamericanos. Es una idea que ya abordamos parcialmente en un artículo anterior, si bien sólo como una reflexión y sin llegar a plantearla en términos tan ambiciosos.

Tampoco resolvió algunas polémicas. Quiso dar explicaciones sobre los 100.000 euros recibidos de Sentinel antes de las elecciones europeas, sosteniendo que, según su versión, se trató de un pago por una actividad profesional, declarado fiscalmente y ajeno a la financiación de la campaña. Una excusa que, francamente, resulta difícil de conciliar con su discurso contra las subvenciones y la financiación pública de los partidos. Finalmente, la afirmación de Alvise de que las ideologías sirven para engañar y dividir resulta, a mi entender, una falacia de libro. Las ideologías no son necesariamente instrumentos de manipulación, ya que representan distintas concepciones sobre el Estado, economía, la libertad, seguridad o la organización territorial. Pretender que esas diferencias desaparezcan no significa superar la política, sino evitar explicar qué modelo se quiere construir. Y esa es precisamente otra de las cuestiones que su entrevista deja sin resolver. 

Conclusiones

Las entrevistas de precampaña han permitido comprobar que las Elecciones Generales del 29-N no se dirimen únicamente entre la continuidad de Pedro Sánchez y la posibilidad de una alternancia política. También están en juego diferentes concepciones sobre el papel del Estado, la política económica, la vivienda, la inmigración, los derechos individuales, la organización institucional  y la propia manera de entender la acción de Gobierno. Es la lectura que nos ha dado una legislatura convulsa, controvertida y llena de escándalos políticos y problemas que afectan al bolsillo de los ciudadanos: la inflación y el tan mencionado acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez ha centrado buena parte de sus intervenciones en reivindicar su gestión y movilizar al electorado progresista, aunque sus explicaciones sobre la corrupción, la vivienda, la inmigración ilegal, el sistema ferroviario y otras múltiples controversias evidencian una falta de asunción de responsabilidades políticas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tratado de presentarse como una alternativa de Gobierno con propuestas concretas, pero tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a impulsar reformas de calado y a alcanzar acuerdos con Vox sin convertir sus diferencias en una fuente permanente de bloqueo. Santiago Abascal ha mantenido su discurso de ruptura con las políticas del Ejecutivo, aunque algunas de sus propuestas, especialmente en materia económica y de pensiones, necesitan mayor claridad y coherencia.

En el espacio de la izquierda, Ada Colau e Irene Montero comparten buena parte de sus planteamientos intervencionistas, especialmente en vivienda y fiscalidad, pese a sus esfuerzos por diferenciarse del PSOE y entre sí. Mientras tanto, Miriam González ha presentado una propuesta de regeneración institucional y modernización del Estado que merece especial atención desde posiciones liberales, aunque sus vetos políticos y algunas reservas programáticas susciten discrepancias. Finalmente, Alvise Pérez ha insistido en su discurso antisistema, pero continúa sin despejar cuestiones fundamentales sobre la viabilidad de sus propuestas y la coherencia de un proyecto que necesita demostrar que es algo más que una plataforma de movilización en Telegram.

España necesita una alternancia política que aborde reformas institucionales, responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, una economía capaz de generar prosperidad y un Estado eficaz que garantice los servicios esenciales sin invadir innecesariamente la libertad individual. Igualmente, necesita afrontar con seriedad los desafíos territoriales, migratorios y sociales, evitando tanto el inmovilismo como las soluciones simplistas de los populismos tanto de izquierda como derecha.

Pero para que esas reformas sean posibles, los partidos deberán explicar con claridad qué principios defienden, qué medidas están dispuestos a aplicar y qué compromisos asumirían ante sus electores. No basta con que Feijóo asegure que va a aprobar Presupuestos asumiendo que sumará mayoría absoluta con Vox. La política no necesita menos ideología, sino menos dogmatismo y más honestidad para defender las ideas. Porque quien renuncia a explicar qué piensa y qué modelo de sociedad defiende no está superando las ideologías sino evitando el debate. Una cuestión que también ha quedado de manifiesto en la controversia entre Santiago Abascal y Jordi Wild, de la que hablaremos próximamente.

domingo, 4 de octubre de 2026

Decretos de Vivienda tumbados: ¿Legislatura agotada?

En este blog he hablado varias veces sobre la vivienda en diferentes planos para recalcar la improcedencia de las políticas intervencionistas en lo que siempre ha sido un mercado. Por la propia naturaleza del bien es imposible que deje de serlo. En octubre de 2024, publiqué una breve reflexión sobre la errónea lectura socialista del problema apoyándome en un vídeo de Juan Ramón Rallo. Al año siguiente, realicé dos artículos con distintos objetivos. En abril de 2025, en el de este enlace, realicé un diagnóstico de las causas de la escasez de vivienda y las contradicciones de las políticas intervencionistas. Seguidamente, en octubre del mismo año, comenté aquí todos los elementos existentes en la legislación española que, sin reconocerla abiertamente, favorecen la ocupación en la que necesariamente se incluye la inquiokupación. Finalmente, en agosto de este 2026, publiqué este otro relativo a los bulos que circulan en la izquierda política y mediática para esconder la crisis de oferta. Hoy toca analizar dos Decretos Leyes que se activaron tras un hecho social impactante. El momento del desahucio de la anciana Mari Carmen Abascal el pasado miércoles 23 de septiembre hizo explotar una ola de indignación y preocupación. Este hecho, que es complejo y no sólo por lo jurídico, ha sido aprovechado social y políticamente para rescatar el problema del alquiler de vivienda con medidas absolutamente descabelladas. Tras ser tumbados ambos Decretos en sesión extraordinaria del Congreso del pasado viernes y no aprobarse su convalidación, los comentaré convirtiendo el presente en pasado y el futuro en condicional.

El caso Mari Carmen como contexto de partida 

En este punto seré breve, porque no merece la pena extenderse en las circunstancias personales tal y como medios de un lado y de otro se han dedicado de forma extrema. En base a la Ley de renta antigua del régimen de Franco, la madre de la funcionaria jubilada Mari Carmen Abascal pudo subrogarse en el contrato de alquiler que firmó su marido en 1956 y tras su fallecimiento en 1961. Las condiciones eran indefinidas y manteniéndose la renta inmutable. Una reforma posterior en 1964 permitiría una segunda subrogación. En 2005 fallece la madre, pero en las décadas anteriores los Gobiernos del PSOE de Felipe González modificaron la normativa. El Real Decreto Ley 2/1985 suprimió esa subrogación automática indefinida y estableció libertad de pactos, pero no afectó retroactivamente a los contratos de renta antigua. El cambio más importante fue el de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 que restringió las condiciones para subrogarse como tener discapacidad en más del 65% (en la fecha en que se evaluó a Mari Carmen tenía un 50%) y propició la extinción progresiva de las rentas antiguas. Así que con el fallecimiento de la madre y un periodo de cadencia de 2 años, en 2007 ya había caducado el derecho de la inquilina. Desde ahí, no fue hasta 2018 cuando el propietario vende el inmueble a Urbagestión y se abrió una dura etapa de negociaciones, pleitos y recursos judiciales. La anciana rechazó sistemáticamente cualquier acuerdo que supusiera modificar su posición como abonar un alquiler mayor, adquirir dicho inmueble a precio de mercado o desplazarse a otro lugar. 

La acampada activista en la Puerta del Sol

El mencionado suceso ha tenido algo más que un impacto político, puesto que en lo social ha alumbrado a un movimiento que recuerda al del 15-M (con movilizaciones fuera de Madrid) pero con cruciales diferencias. Primero, mientras que por aquél entonces era un movimiento más transversal, el que se ha dedicado a acampar desde el pasado lunes por la noche es claramente anticapitalista y de extrema izquierda. No por la estética y banderas, sino por las consignas que emplean y las propuestas radicales que defienden. En segundo lugar, frente al carácter internamente horizontal, en esta ocasión emergen unos líderes desde el minuto cero como son los representantes del llamado "sindicato de inquilinas" como Valeria Racu, Alicia del Río y Fernando de los Santos. En tercer lugar, el 15-M no señaló específicamente a políticos concretos mientras que el actual apuntó a Isabel Díaz Ayuso y a Almeida. Aún siendo crítico por no ser lo suficientemente intervencionistas, el "sindicato" terminó pidiendo el voto a ambos Decretos. Pero es curioso que esta gente no se haya movido igual en Barcelona donde, precisamente, los desahucios son mucho mayores que en Madrid. Así que el plumero es tan ostensible que, en esta ocasión, ya no cuela. Y ya si comparamos sus quejas de acoso por las campanadas de Sol con lo que han recibido en Urbagestión creo que está todo dicho. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid hizo caso omiso y permitió que toda esta gente permaneciese toda la semana usurpando un espacio público.

Los Decretos-Leyes

El evento particular y marco social reseñados animaron al Gobierno a acelerar la redacción de la normativa pendiente. El acuerdo entre el Alcalde Almeida y la empresa Urbagestión para que Mari Carmen regrese al piso en condiciones muy ventajosas no zanjó la polémica porque simplemente llegó tarde. Si acaso evitó la expropiación que sobrevolaba en las cabezas del socio de coalición del PSOE. El pasado miércoles 30 de septiembre se publicó en el BOE, entre otros referidos a ayudas por la DANA de Valencia y la crisis energética por la guerra en Irán, el Real Decreto Ley 26/2026 de Medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta de vivienda asequible. De sus 96 páginas, ocupaba casi un tercio una oportunista, profundamente ideologizada y tramposa exposición de motivos. Esto último sobre todo porque echa la culpa a la legislación de la dictadura que precisamente le beneficiaba a Mari Carmen frente a las modificaciones posteriores en gobiernos socialistas de 1985 y 1994 y alude a exigencia de la ONU cuando en realidad fue un simple relator. Al día siguiente, 1 de octubre, se publicó el Real Decreto Ley 27/2026 de Medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Aquí eran 8 páginas con la mitad de exposición de motivos, pero siendo aún más polémico que el anterior. Vamos a continuación a explorar el contenido de ambos en varios apartados.

Regulación de conceptos. El primer artículo del Decreto "grande" se dedicaba a identificar en términos jurídicos a lo que mediática y políticamente se tacha de "fondos buitre" con la intención de cortar la supuesta compra especulativa, aún no disponiendo de más de un 8% de todos los activos inmobiliarios en alquiler. Se tratarían de entidades con o sin personalidad jurídica que tengan en su objeto social la adquisición de inmuebles a título oneroso. Se les iba a prohibir comprar inmuebles por precio inferior al 70% del de mercado y siempre que constituyesen obras acabadas que ostentasen condiciones para obtener cédula de habitabilidad (no que las posean, ojo). Se excluía de dicho límite el destino a la vivienda a precio "asequible" (es decir, lo que determinase el RDL) por al menos 5 años, residencias de asistencia sociosanitaria, protección de víctimas de violencia de género y adhesión a códigos de buenas prácticas. Y, por supuesto, tal restricción no operaría con la Administración. Por lo que quién pretendiera vender sus propiedades en condiciones ventajosas para compensar situaciones como okupas o inquiokupas sólo podría hacerlo al Estado. Éste podría "buitrear" lo que hiciera falta incrementando el parque público y expulsando del mercado a posibles competidores como bien apunta Rallo en este vídeo. Por otra parte, la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 iba a añadir el concepto de Gran tenedor. Sería todo aquél que disponga de más de diez inmuebles o superficie para construir de más de 1.500 metros cuadrados quitando garajes y trasteros. También se imponía la obligación de certificarse registralmente esta condición. 

Suspensión de desahucios. Después de que decayera en abril de 2026, se puso otra vez sobre la mesa la imposibilidad de echar a inquilinos (pese a ser morosos) hasta el 31 de diciembre de 2030, que fuesen declarados "vulnerables" con arreglo a informes de servicios sociales y careciesen de "alternativa habitacional", recayendo en las D.G. de Vivienda de las CCAA la responsabilidad de aportarla. Además, se imponía que dichas administraciones regionales pagasen a los arrendadores, subrogándose como deudoras respecto a la posición de los arrendatarios. Esto implicaba una considerable presión a las autonomías, por mucho que la AGE debiera compensar los gastos salvo intereses y sin entrar a valorar en qué condiciones. Estamos hablando de que a través de dinero público se resarciese a las víctimas de la inquiokupación. También se introducían cambios procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil para precisamente facilitar las suspensiones de lanzamientos.

Regulación de contratos temporales y prórroga obligatoria. A través de reforma de la LAU 29/1994, el primer Decreto equiparaba en todos los derechos el alquiler de una habitación al de un piso o vivienda completa, con las particularidades de su propia naturaleza. Pero no es lo más relevante. Respecto a la duración, se restringían los nuevos contratos temporales limitando a 31 días los relacionados con el turismo y a 12 meses los que no, recayendo en todo caso en el arrendador la carga de la prueba de que el alquiler sea temporal. De lo contrario, se convertiría en contrato de vivienda habitual con duración de mínimo 5 años siendo el arrendador persona física y 7 si jurídica. Por si no quedara claro todavía el señalamiento al propietario, el preaviso de la no renovación era de 4 meses para éste y 2 para el arrendatario. Si no fuese así, se prorrogaría forzosamente. Otra desigualdad es que se podría desistir del contrato con preaviso de 30 días y habiendo transcurrido un mínimo de 6 meses. En cuanto a los contratos temporales ya sujetos a la Ley 29/1994, en caso de finalizar antes de 31 de diciembre de 2028, el primer Decreto fijaba una prórroga obligatoria si el arrendatario lo solicitase y estuviese al corriente de hasta dos años adicionales. De esta manera, se impediría que el arrendador pueda establecer cualquier novación. La única alternativa se parecía más a un chantaje: acordar un nuevo contrato rebajando el precio en más del 5%. En caso de finalizar dentro de 2027, se establecía restricción a la actualización de la renta. Así que de nuevo se reforzaba el poder negociador del inquilino respecto del propietario.

Regulación de contratos de vivienda habitual, prórroga e indemnización. Aquí viene lo bueno. En el primer Decreto, se prorrogaban en periodos anuales hasta un máximo de 3. Pero en el segundo, pasaba a ser de directamente 5 si el arrendador era persona física y 7 si jurídica. Si esto les parece fuerte, lo mejor es lo que hay a continuación. De no querer prorrogar el arrendador, se le impondría que indemnizase al arrendatario con doce mensualidades de renta salvo que imperiosamente la necesitase (ejemplos, caso de desahucio de donde estaba, divorcio o le ofrezca otra vivienda suya). Este disparate jurídico-ideológico no puede calificarse de otra manera que de extorsión y es lo que impuso la extrema izquierda "edulcorada" de Sumar para aprobar los Decretos en Consejo de Ministros. El tercer dislate, porque esto no se queda ahí, es que se prohibía la libertad de pactos que permite el Código Civil si fuese para mejorar las condiciones del arrendador. Es decir, ni siquiera podría el arrendatario renunciar a parte de esa desproporcionada indemnización. Y para rematar, el socio Sumar lo dejó bien atado reduciendo la posibilidad de que el arrendatario rechazase la prórroga a que no aceptara una renovación con renta a la baja indexada a la referencia que marque el Gobierno. Por tanto, si la rechazase por habérsela subido, tendría derecho a indemnización.

Control de precios. La renta se actualizaría cada año según medida que se pacto o, en ausencia de su detalle, el índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda. Ahora bien, si no existiera acuerdo expreso entre las partes directamente no habría actualización y una vez más se beneficiaba al inquilino. Además, en zonas tensionadas (donde existe un desequilibrio grave entre oferta y demanda) tampoco se podría subir en función del precio de los últimos cinco años. Tampoco se le podrían repercutir cargas e impuestos al arrendatario si no estuviesen antes. Sobre la existencia de daños y desperfectos en la vivienda, el arrendatario podría reclamar y si no pagase el arrendador podría gestionarlo por su propia cuenta y deducirlo de sus mensualidades de alquiler. Esto no tiene en cuenta las posibles discrepancias respecto a qué deba ser reparable ni las circunstancias de los defectos producidos ni mucho menos la imputabilidad. En caso de venta del inmueble, se reservaría el arrendatario un lógico derecho de tanteo o retracto de 30 días naturales. Finalmente, se endurecía el régimen sancionador.

Medidas fiscales y tributarias. En materia de IRPF se iban a aplicar reducciones al arrendador desde el 70% hasta el 100% en caso de firma de nuevos contratos, no fuese gran tenedor y rebajase el precio en más de un 5%. Otras circunstancias que modulaban los porcentajes serían seguir el sistema de precios del Ministerio, alquilar a jóvenes de entre 18-35 años, contrato previo de al menos 5 años y zonas tensionadas. Por estas últimas, en aplicación de la Ley 12/2023, se entienden aquéllas en donde el coste medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos del hogar ó tres puntos el IPC regional en 5 años. En cuanto a los arrendatarios, se deducirían el alquiler si su base imponible fuese inferior a 33.000 €. En dicho importe, evidentemente, no computarían ni el IMV ni prestaciones sociales ni becas, pero tampoco en el de los propietarios ni las ayudas a rehabilitación ni la ganancia patrimonial que obtuviesen por venta si el inmueble lo adquiriese un organismo público. Respecto al IVA, se aplicaba un tipo reducido del 10% a los costes de reparación y un superreducido del 4% para entrega de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida. En cuanto a los alquileres turísticos que estaban exentos de pagar IVA, se iba a establecer del 10% cuando se barajaba el 21%. En Haciendas Locales, los Ayuntamientos podían subir el IBI a edificios de uso residencial desocupados que no estuviesen en zona tensionada con hasta un 50% de recargo y 100% si permaneciesen más de 3 años. Esto, que constituye más otra medida de presión que de fomento, la podían imponer en sus ordenanzas fiscales salvo alegaciones del contribuyente ya tasadas en el texto del RDL. Esto probablemente sería más un arma política que instrumento económico dependiendo del color del gobierno municipal. Por otra parte, se actualizaban coeficientes del IVTNU (plusvalía municipal). Finalmente, se reordenaba la fiscalidad de las SOCIMI, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Ley 11/2009) con un gravamen especial que iba del 15% al 100% de sus beneficios si no se reinvirtiese en vivienda asequible. En resumen, afán confiscatorio.

Parque público de vivienda y otras medidas. Sobre el parque público estatal, preveía la cesión de inmuebles a la entidad pública Casa 47, creaba el Fondo de vivienda de impacto social con el objetivo de financiar proyectos y se limitaban los precios de venta de VPO para que no superasen el 30% del precio medio con todos los gastos asociados. Sobre préstamos y avales destacaban dos. Primero, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial se concederían avales de hasta 2.000 millones de euros a promotores públicos y privados, adquiriendo la condición de créditos ampliables en los Presupuestos Generales del Estado. Segundo, se creaba el mecanismo Tu casa como un préstamo complementario en el acceso a primera vivienda habitual. Sólo se devolverían en un plazo de diez años cuando ya se haya pagado toda la hipoteca (máximo 30 años). Cubriría hasta el 20% del valor de la Vivienda con un importe máximo de 50.000 euros. Así que esto supondría un crédito importante con el Estado que dependería de la capacidad de ahorro de estas personas. Finalmente, sobre planes de ahorro la Cuenta ahorro individual e Inversión financia Europa eran dos instrumentos regulados de forma muy restrictiva y remitiéndose a desarrollo reglamentario. Serían planes a largo plazo pero con límites de  aportaciones de 5.000 al año la primera y 10.000 la segunda con máximo total de 150.000 euros. Se prohibía expresamente invertir en Sociedades de mercado inmobiliario (que no falte ahí tampoco el señalamiento). Sólo se podría en activos declarados elegibles por la CNMV, con un 70% al menos en países del Espacio económico europeo y no menos de 50% en renta variable.

Reacciones en la votación

La oposición representada por PP y Vox manifestó su rechazo aludiendo que los Decretos Leyes apuntalaban ofensivas a la seguridad jurídica, propiedad privada y con medidas confiscatorias. Hernández Quero de Vox denunció la disminución brutal de oferta en estos ocho años y las políticas contradictorias de control de precios, argumentando que sólo se le ocurre al Gobierno subsidiar la demanda y con ningún plan con los propietarios. También señaló los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y su compañero Figaredo recalcó el fracaso de viviendas sociales entregadas. De hecho, hace poco se conoció que el Gobierno desvío el 21% de un plan de viviendas sociales financiado Por Europa para pagar pensiones y que se une a que aquí sólo existe un 2% frente a la media de 9% en la UE. Por su parte, Bravo Baena del PP recalcó la improvisación del PSOE por no ser capaz ni de explicar a los medios los Decretos, así como la necesidad de construir vivienda y dotar de más seguridad jurídica a empresas, propietarios e inquilinos para finalizar en clara clave preelectoralista. El regionalista UPN confirmó su voto negativo acusando al Gobierno de pactar con la extrema izquierda en lugar de tramitar una Ley con sus plazos y enmiendas.

Desde el PNV se aseguró que se votaría a favor del primer Decreto con un "sí crítico" y que se rechazaría el segundo. Hace más de un año que este socio desconfía, pero en este tema no deseaba quemarse y temía más a un sorpasso de Bildu. Más que nada porque pese a haber apoyado disolver las cámaras en otras ocasiones y considerar la legislatura más que amortizada, unas elecciones anticipadas tras tirar ambos Decretos sería una bomba electoral. En un espectro parecido pero en Canarias, CC admitió el mismo sentido de voto pero aclarando que lo hacía para parar la presión turística echándole la culpa a los "fondos buitres" y que era necesario acordar unos mínimos.

En el caso de Junts existía también miedo a elecciones pero por otro motivo: el riesgo de que se frenase la amnistía de Puigdemont tras corregir el Tribunal Constitucional al Supremo. Sólo ese logro les ayudaría a cortar una sangría demoscópica brutal aún no presentándose Alianza Catalana a las eventuales Generales anticipadas. Así que finalmente optó por el doble voto en contra creyendo que Sánchez no activaría aún la palanca. Adujo que ambos Decretos ahogarían la oferta y encarecerían aún más los precios aparte de señalar a los pequeños propietarios de Cataluña. En eso coinciden con PP y Vox, pero en discurso en catalán desde el atril del Congreso Miriam Nogueras añadió que no se penalizaba lo suficiente a los "fondos buitre". A su juicio podían seguir especulando (comprando con descuento inferior al 30%) y desde su formación no cederían al "chantaje ideológico de los extremos". Así que su oferta fue retirar el primer Decreto y negociar para uno nuevo que no fue aceptada. En respuesta, la ministra Rodríguez aludió a qué, según una cláusula, el derecho civil catalán podría regular sus propias normas al respecto y que no se aplicaría el Decreto a Cataluña, lo que añadió una capa más de surrealismo a la promoción del voto positivo.

El resto de independentistas afirmaron desde el principio que aprobarían ambas normas. Fue especialmente dura la intervención de Gabriel Rufián enfocando su crítica en Junts en modo pre-electoral promoviendo cordón sanitario, mientras que Comuns y BNG (en gallego) tiraron de demagogia culpando de desahucios dramáticos... al PP. Pero la palma se la llevó Compromís acusando a los diputados del "no" de inducir a, digamos, "poner fin a su trayectoria vital" a millones de personas. Bildu, en un discurso mixto vasco y castellano, apuntó al PNV y enfocó la continuidad del inquilino como "seguridad" para el propietario interpretando que nunca iban a existir casos problemáticos. En los partidos de ámbito estatal, Podemos se reservó un tiempo para pensarlo por si los consideraba insuficientes, pero finalmente anunció su visto bueno el 1 de octubre tras conversaciones con el "sindicato". Y hablando de sindicatos auténticos y no disfrazados, UGT y CCOO declararon su apoyo y animaron al Congreso a convalidarlos. Tanto estos como el otro remataron con un aliento a una huelga general antes y después de las votaciones.

Conclusiones generales: la política de vivienda

El rechazo a estos dos Decretos Leyes ha confirmado que, a día de hoy, la vivienda se ha convertido en una política pública en la que la urgencia social, las diferencias ideológicas y la aritmética parlamentaria dificultan cada vez más la construcción de acuerdos estables. En este episodio podemos distinguir tres problemas relacionados: 

Primero, la dificultad de alcanzar un consenso sobre el diagnóstico. Aunque exista una preocupación compartida por el acceso a la vivienda, no se alcanza acuerdo ni sobre sus causas ni sobre las soluciones. El Gobierno y la izquierda pone el acento en la protección del inquilino, la restricción de la inversión inmobiliaria y la intervención sobre los precios, mientras que la oposición en la escasez de oferta frente a una demanda desmesurada, la inseguridad jurídica y los incentivos para los propietarios. Así que si el diagnóstico es diferente, las medidas que cada partido considere aceptables también lo serán. Segundo, la negociación parlamentaria sometida a la presión política. La división del paquete en dos decretos permitía separar medidas de distinta naturaleza, pero no ha sido suficiente para garantizar su convalidación. El rechazo de ambos textos evidencia que las negociaciones previas (si es que existieron) no consiguieron reunir los apoyos necesarios. Ahora bien, convendría distinguir entre la presión legítima que ejercen los partidos para defender sus posiciones y una dinámica en la que las amenazas, los ultimátums o la vinculación con otras cuestiones terminan dificultando e incluso reventando los acuerdos. Y tercero, la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas. Cuando las medidas se convierten en instrumentos de negociación entre partidos y cada votación se vincula a la supervivencia política del Gobierno, resulta más difícil garantizar una política estable a largo plazo. Esto afecta a los inquilinos, pero también a propietarios,  promotores y administraciones que necesitan planificar inversiones a varios años vista.

Conclusiones particulares: detrás de la estrategia

Legitimar a los inquiokupas, derivar responsabilidad y deudas en las CCAA, expropiación simulada de viviendas, ahogar inversión privada inmobiliaria, desincentivar alquileres, restringir operativas de planes de ahorros, préstamos a pagar al Estado desde diez años vista... Me viene a la cabeza la frase de Torrente en Operación Eurovegas: "es un plan perfecto. Sin fisuras". Estas medidas tendrían todos los visos de ser inconstitucionales. Con todo, pienso que hasta el propio Gobierno lo sabía, pero siempre podía contar con el visto bueno de un TC controlado. Sin embargo, el punto es que realmente no se trataba de una normativa urgente para solucionar problemas que requiriesen reacciones urgentes. El motivo sería aprovechar una ola de indignación social para politizarla, cubrir con esa capa todo lo que está sucediendo en Ceuta y la relación con Marruecos y de paso silenciar mediáticamente el avance de las investigaciones de presunta corrupción relativas a los casos de Zapatero y Leire Díez. Sólo así se explica redactar de forma tan acelerada y someter a votación en menos de 48 horas, sin que la propia Ministra de Vivienda acuda preparada a la rueda de prensa.

Así que el relato ya era claro. Fomentar un entorno extremadamente polarizado para que la situación estallase y aprovechar la referencia individual perfecta para su electorado. ¿Un joven sin acceso a vivienda? No. Una mujer de avanzada edad, jubilada, pensionista y de Madrid. Tirar de populismo es un recurso menos complejo en política que la aplicación racional de soluciones a problemas. Quizá supieran que no iban a pasar el filtro del Congreso pero, en un momento en que todo va en barrena y cada vez está más solo el Gobierno en la UE, vieron la oportunidad de que la crispación social y política abriese una ventana de oxígeno. A eso también contribuye Sumar instigando a quedarse con la cara de los diputados que votaron No. Pero como en todo movimiento de Sánchez, con ese Gobierno Frankenstein del que ya hablaba en 2018, no se da puntada sin hilo y sin plan "B". Y es entregarle a la oposición el relevo como Gobierno acompañado de una sociedad indignada y calles incendiadas por la extrema izquierda. Sin olvidar a la nueva tele del 'System Contreras', la Séptima, como heredera de TVE.

El Gobierno Sanchista ya hace tiempo que dejó la vía socialdemócrata para abrazar al radicalismo como doble estrategia. Primero, para tratar de subsumir al electorado a su izquierda y liquidar a sus competidores, pero al mismo tiempo darles algún respiro para evitar que sus incondicionales se abstengan (tema vivienda). Segundo, reivindicándose como escudo frente a la "ultraderecha" en la que etiqueta a absolutamente todo el opositor a su programa. Con semejante vacío de contenido del término más la perversión del lenguaje en comunicación formal e informal, el ejecutivo de Pedro Sánchez no vacila en pasarse de frenada con una autopercepción de impunidad sin límites. Pero con una mayoría negativa tan consolidada ya en esta espeluznante legislatura, nadie con un mínimo de raciocinio y sentido crítico, aunque fuese simpatizante socialista, no la daría ya como totalmente agotada.

martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

martes, 11 de agosto de 2026

Desmontando bulos sobre la vivienda: sin mitos, mejores soluciones

El año pasado comenté en un artículo algunos de los factores que están detrás del problema de la vivienda en España, que tras la pandemia se ha convertido en especialmente relevante. Existen variables que por un lado restringen la oferta y otras que impulsan la demanda, empeorando un desequilibrio de mercado que el Estado y las Administraciones no son capaces de corregir. Lo peor no es ya esta situación que supone un freno muy importante para el desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes. Lo verdaderamente lamentable es entrar a redes sociales y encender la televisión y leer mensajes y escuchar debates en los que habla de forma tan manipuladora del tema. Ya sea por ignorancia o por malicia intencionada, se desplaza totalmente la responsabilidad pública apuntando a una administración distinta y creando enemigos externos sobre los que no se tiene control para ocultar una gestión pésima. Por lo tanto, no es ya un ejercicio de protección del Gobierno exonerándole de toda responsabilidad, sino de desinformación maliciosa y de negacionismo ante las soluciones que puede aportar el mercado. Así que hoy me centraré en aportar negro sobre blanco para desmontar algunos de los bulos que se utilizan en las erróneas lecturas que se difunden desde el Gobierno de España y su 'System Contreras', es decir, los equipos mediáticos.

Bulo 1: las viviendas vacías justifican que no se incremente la oferta

Tenemos datos del INE del 2021 publicados en 2023, pero hasta la fecha no se ha actualizado. Aparte del tiempo transcurrido, tiene el problema de haberse recopilado los datos en el escenario de la pandemia, lo que relativiza ciertos usos residenciales. Aún así, podemos extraer datos muy interesantes. Existían más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale a un 14,3% del parque total de viviendas del país en dicho momento. Las provincias donde más hay coinciden con las más pobladas, como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante ó Málaga. Sin embargo, lo más importante es la proporción y pasan a ser aquéllas donde se experimenta más despoblación. O lo que es casi lo mismo: donde la gente demanda vivir menos como Orense, Lugo, Ciudad Real, Zamora ó Cuenca cuyas tasas superan el 25%. Por el contrario, grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona son las que menos. En la Región de Murcia existirían 12 viviendas vacías por cada 100, por lo que su situación se aproxima más a la de una provincia tensionada.

Ese stock de viviendas vacías tiene una explicación lógica: en un porcentaje indeterminado pero estimativamente alto se corresponderían con el sobrante tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, esa inflación de oferta derivada de la época del boom urbanístico choca con una demanda por provincias que no es en absoluto simétrica, pues es mucho menor en provincias rurales y donde las expectativas del empleo al que se aspira no se materializan en tales territorios. Por lo tanto, no sirve de nada tener muchas casas vacías en Soria ó en Teruel cuando la gente no quiere establecer allí la residencia fija. Y, por si fuera poco, hay un tercer factor. Y es que muchas de esas viviendas vacías carecen de cédula de habitabilidad o simplemente permanecen sin terminar, deteriorándose bastantes de ellas con el paso del tiempo. Pese a ello, siguen contando en el censo como viviendas y algunas terminan siendo pasto de la okupación.

Bulo 2: la propiedad del mercado inmobiliario la concentran grandes tenedores

En abril, el CSIC (organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia) publicó unos informes por encargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Mediante ellos, lo que pretendía difundir que el mercado de vivienda y alquiler en España se hallaba muy concentrado y que sería el contexto que presionase al alza los precios. Por una parte, el primer informe aseguraba que un 47% de viviendas en alquiler pertenecían a caseros con sólo esa vivienda alquilada, mientras que el restante 53% sería de personas físicas o jurídicas con dos o más. Por otra parte, el segundo informe señalaba que la concentración de la propiedad inmobiliaria reflejaba un desplome de propietarios de un 79% a un 64% al tiempo que incrementado los arrendadores e inquilinos en 6 y 8 puntos respectivamente. Pese a estas cifras que asustan, estos informes están plagados de trampas metodológicas.

El primer informe citado, aparte de excluir los territorios forales País Vasco y Navarra, simplifica en extremo y mezcla categorías no comparables. Así, no desagrega entre los denominados multiarrendadores para diferenciar aquéllos que tienen sólo dos de otras personas que tiene muchas y encajan mejor en esa definición. También mezcla junto a los particulares a empresas privadas e incluso el sector público que, a parte de vivienda social, dispone también de viviendas de protección oficial, concesión administrativas y otro patrimonio público como viviendas de funcionarios, inmuebles de oficinas e inmovilizado que no cuentan en el parque de alquiler. En cuanto al segundo informe, introduce como propiedad naves industriales, almacenes, garajes, locales comerciales, etc… hasta trasteros. Por tanto, una persona con una sola vivienda más una plaza de aparcamiento en garaje subterráneo ya sería considerada como multiarrendadora. A partir de datos de la Encuesta financiera de las familias del Banco de España (2008 y 2022), cerca de 16 millones de inmuebles se concentrarían en personas con una sola o dos propiedades, 8 millones de tres a cuatro y 2 más de 5. El siguiente estudio de Santiago Calvo, de la universidad de las Hespérides, desagrega en porcentajes reflejando un 21% de arrendadores con 2 viviendas y sólo un 10% con más de 5. 


En cuanto a los fondos de inversión, que en muchas narrativas son etiquetados como "fondos buitre", según datos del BNE las sociedades sólo acaparan el 8% del stock de vivienda. Además, ni tan siquiera todo lo que hay ahí es fondo de inversión, pues las entidades más relevantes son SAREB (creada por Rajoy en 2012 y conocida como "banco malo"), CaixaBank y Blackstone, que sí que es fondo.

Bulo 3: el control de precios y alquileres favorece el acceso a la vivienda

Informaciones como las anteriores reforzarían la conciencia política de que habría que intervenir el mercado de la vivienda y controlar precios a los "malvados rentistas".  Sin embargo, cada nueva regulación de alguna manera acaba siendo esquivada por el mercado cuando no genera un efecto contrafactual peor que el que se pretendía corregir. La fijación de unos topes favorecen dos efectos no deseados. Primero, un estancamiento de nuevos contratos cuando no rescisión de otros, contrayendo de esa manera la oferta al resultar menos rentable para los propietarios. Segundo,  que otros contratos que estaban por debajo de los mismos se hayan aproximado a los límites y en algún caso para compensar otras propiedades cuyos precios se hubiesen visto obligados a disminuir. No sólo la teoría económica sino que la propia lógica nos dice que si imponemos no subir los alquileres por encima de unos márgenes, así como a prorrogar forzosamente contratos para que no se actualicen, el resultado es que se contrae aún más la oferta. Es tan sencillo como que a una persona con dos propiedades no le rentabilizaría arrendar su segunda para pagar su hipoteca y optaría por varias alternativas como alquiler vacacional, por habitaciones o directamente vender el inmueble a alguien solvente. Del mismo modo, bajar el precio de todos los alquileres tampoco permite que haya más vivienda disponible pues, en el peor de los casos, seguiría habiendo la misma.

El Congreso, con la derogación del RDL 8/2026, rechazó en abril la ampliación extraordinaria de contratos de alquiler. El Gobierno pretendía ampliar dos años más los firmados en pandemia limitando las subidas al 2%. Esto alteraba las condiciones originariamente pactadas, incrementando aún más la inseguridad jurídica de los arrendadores, pero hay dos casos autonómicos que lo ilustran mejor. Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar desde 2024 los mecanismos de control de precios previstos en la Ley estatal de Vivienda impulsada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu. Según datos del Observatorio del alquiler, los precios siguieron subiendo en las provincias catalanas y además aumentándose el número de contactos por anuncio precisamente por la menor oferta. Respecto a 2023, nada menos que 21.000 viviendas menos se ofertaron en alquiler representando un 14%. En 2025 ha seguido cayendo con un 12% más. Esto contrasta con Madrid, la otra región fuertemente tensionada, que ha mantenido una oferta más estable. Otro ejemplo es Navarra, donde, Chivite aseguraba que los precios habían disminuido un 8%. Sin embargo, presenta las cifras de forma tramposa al no comparar trimestres equivalentes (cuarto de 2025 con el segundo de 2024) disfrazando la estacionalidad. Además, para decir que el número de contratos de 2025 subió respecto a 2024, mete en el mismo saco a los contratos realizados antes y después del control.

Bulo 4: se construye vivienda pública que favorece el acceso al alquiler

El Gobierno de Sánchez, que lleva en ejercicio con distintas fórmulas de coalición desde 2018, caracteriza su política de vivienda como la del perro del hortelano: ni construye, ni deja construir al sector privado. En 2021, cuando cogobernaban PSOE y Podemos, ya previa habilitar 100.000 viviendas para alquiler sostenible. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se subió la apuesta a 183.000. Desde la coalición con Sumar se sumaron 40.000 que se financiarían con créditos del ICO más otros 20.000 del Ministerio de Defensa... así hasta llegar a un total más de 260.000. Fuentes del Gobierno aseguran que a fecha de abril de 2026 se habían entregado 100.000, pero contrastando datos se apunta más bien una cifra cercana a la mitad de lo que se dice. El motivo es porque, en su comunicación, el Gobierno mezcla cifras para esconder las que efectivamente se han entregado y diluirlas entre las que se encuentran en otra fase burocrática pero sin inquilino. Es más, la contradicción no acaba ahí, sino que ni tan siquiera existen datos públicos oficiales que nos permitan conocer con seguridad las cifras de casas construidas y entregadas. En resumidas cuentas, que la ausencia de transparencia a este respecto es tan palmaria como sorprendente.

El Plan estatal de vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros con casi la mitad destinados a vivienda protegida con 15.000 euros de ayudas para jóvenes menores de 35 años que compren vivienda en pueblos. Sin embargo, desglosando anualmente daría para unas pocas miles de viviendas públicas nuevas si no se recurre a reformar y habilitar las del "banco malo". Además, el BNE estima un déficit acumulado de 800 mil viviendas siendo el último anual de 200 mil, sobre todo con la presión del incremento de la población derivada de movimientos migratorios (internos y externos). Por tanto, el Plan apenas podría cubrir un 3% de las necesidades y, resumidamente, el Estado pretende derribar un muro con un tirachinas.

Bulo 5: los pisos vacacionales tienen la culpa de la contracción de oferta

Se ha señalado a plataformas como Airbnb, que se dedican a gestionar el alquiler vacacional, como responsables de la subida de los alquileres residenciales, del desequilibrio del tejido urbano y de perjudicar la integración y convivencia. Sin embargo, según datos del INE de 2025 el total de viviendas turísticas se sitúa en torno a 330.000, localizándose más del 25% en Andalucía seguida por la Comunidad Valenciana y Cataluña que entre las dos sumarían prácticamente las mismas que aquélla (91.000). Luego de un parque total de 27 millones de viviendas, hablar de que el alquiler vacacional sea un problema para el acceso a la vivienda es sin duda confirmarlo como chivo expiatorio.

Y es que no se reduce a apuntar con el dedo, sino que se va más allá. Así, existe una proposición de Ley que todavía no ha sido aprobada mediante la cual el Gobierno aplicaría de forma torticera la Directiva Europea 2025/516. Según esta normativa comunitaria, todos los arrendamientos temporales inferiores a 30 días deberán de aplicar desde 2028 una fiscalidad por IVA al igual que los establecimientos hoteleros. Sin embargo, la proposición de Ley mantendría el tipo reducido del 10% a estos últimos mientras que el de los alquileres turísticos se aumentaría al 21% y, lo que es peor aún, suprimiendo la exención en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, el Ayuntamiento de Barcelona planea también eliminar los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028 mediante la no renovación de las licencias y forzarlos ser vivienda residencial. No obstante, desde 2015 que fue cuando entró Colau y estuvo 8 años no se ha otorgado ninguna nueva licencia. Por lo tanto, el aumento en todos estos diez años de un 72% del precio del alquiler en Barcelona es imposible que se deba a estos pisos.

Conclusiones

Los bulos que manchan el análisis de la política pública de vivienda tienen en común que tratan de justificar que no existe un problema de oferta, a pesar de que la demanda sea muy superior. Por lo tanto, parten de exponer un negacionismo palmario de la inexorable ley no escrita de demanda y oferta. Por ejemplo, el economista Eduardo Garzón considera que construir más vivienda no supone decrecer los precios sino justo al contrario. Sin embargo, oculta interesadamente el contexto que compara al tratarse de la época de la burbuja urbanística cuando la demanda no se había disparado tanto en relación con esa oferta. De igual modo, en la época actual en la que se sigue construyendo sigue sin ser suficiente como para absorber tanta demanda y eso nos lleva a los escasos incentivos para poner en alquiler una vivienda.

No hay que olvidar otro anterior post en el que indirectamente mencioné los enormes incentivos a no alquilar a personas vulnerables por la normativa referida a personas supuestamente no vulnerables, así como otras disposiciones. En lugar de fomentar el alquiler, las políticas intervencionistas y defensores mediáticos prefieren señalar a los "malvados" rentistas, los pisos vacacionales o los fondos buitres como los responsables de la contracción de oferta. Por consiguiente, cualquier "enemigo" externo es legítimo de señalar para excusar al Gobierno central. En este caso, para que si hay que apuntar a una Administración sea en exclusiva la autonómica. Como por ejemplo en una vergonzosa cuña de radio pagada por el Ministerio en la que promociona la Ley de Vivienda mencionado expresamente que es cosa de que la CA de turno la "cumpla".

¿No existen bulos de demanda? Pues no, no es ningún bulo el que haya muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan adquirir una vivienda como tampoco que el incremento de extranjeros en España haya contribuido a tensionar el mercado. La creciente demanda de vivienda y alquiler es una circunstancia tan evidente, tan absolutamente contrastable por todas las vías posibles y tan incontestable que es imposible disfrazar esas cifras con la más mínima manipulación. Es más, se ha incrementado el número de personas sin hogar. Toda esta situación, sin embargo, es la recurrida por los discursos tendenciosos para ofrecer una visión errónea del problema. Pues aunque apuntan al problema de oferta, que es la dirección aparentemente correcta, se desvían en varias direcciones en pro de su narrativa.