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miércoles, 21 de octubre de 2026

Democracia 21: ¿una alternativa para la política española?

El pasado 10 de octubre se presentó en el espacio Domo 360 de Madrid una nueva formación política de corte centro liberal con el nombre de Democracia 21. Este partido no se ha creado a raíz de la convocatoria anticipada de Elecciones Generales, sino que tiene una historia previa detrás y su presentación estaba programada antes de la noticia del pasado dia 5. Ante la celeridad de los acontecimientos, sólo presentará listas por Madrid y Barcelona y si consigue alcanzar el mínimo de avales requerido para ello, que constituye el 0,1% del censo electoral respectivo al partir de no tener representación. No concurrirá por sí sola porque alcanzó un acuerdo con Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) para participar como coalición centrista. Esto sucede en un momento en que este espacio político se encuentra más huérfano que nunca por la deriva personalista, semiautoritaria y manchada de corrupción del Gobierno Sanchista y un populismo de derecha centrado en la explotación de la confrontación. Vamos a dedicar el presente artículo a comentar quién está detrás del proyecto, cómo surgió, las principales propuestas que se han esbozado o comunicado, a qué aspira y qué posibilidades tiene de cara al futuro.

Miriam González, el rostro del proyecto

Miriam González Durántez nació en Olmedo (Valladolid) en 1968. Es titulada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en el Colegio de Europa de Brujas. Es profesional abogada especializada en comercio internacional y Derecho de la Unión Europea. Su carrera comenzó en el ámbito europeo, dado que trabajó durante casi una década en la Comisión Europea. Posteriormente desarrolló parte de su actividad profesional en el Reino Unido (incluido un periodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico) y ejerció en despachos internacionales como DLA Piper y Dechert. También ha formado parte de consejos de administración y órganos asesores de distintas instituciones y empresas. Por otra parte, es fundadora de Inspiring Girls International, una iniciativa destinada a ampliar las expectativas profesionales de niñas y jóvenes y que posteriormente se extendió a numerosos países. En definitiva, en palabras suyas, su aproximación a la política española procede precisamente de esa experiencia profesional y de su preocupación por el funcionamiento de las instituciones. Pero antes de plantearse crear un partido, su apuesta fue actuar desde la sociedad civil. En septiembre González presentó junto a Rubén Amón su libro 'Devuélveme la democracia. Por qué urge una reforma radical en España', donde desarrolla buena parte de su diagnóstico sobre las instituciones españolas y la necesidad de reforzar los controles al poder. Pero veamos primero como empezó todo.

España Mejor: el precedente de Democracia 21

El planteamiento de Miriam cristalizó en España Mejor, una plataforma sin ánimo de lucro fundada con la finalidad de movilizar a la sociedad civil y promover propuestas de políticas públicas. Esta organización se definía como apartidista, diversa y transversal ideológicamente, tratando de reunir a personas procedentes de distintas sensibilidades alrededor de propuestas concretas. Por lo tanto, España Mejor no nació inicialmente como un proyecto electoral, sino que su objetivo era introducir en el debate público propuestas elaboradas desde fuera de los partidos y aprovechar el conocimiento de profesionales y ciudadanos que no desarrollaban su actividad en la política. González explicaba en 2024 que pretendían crear un espacio para que ciudadanos de distintas ideologías pudieran participar en el diseño de políticas públicas.

Entre las iniciativas impulsadas por España Mejor se encuentran la eliminación de los aforamientos como medida de regeneración democrática, una Educación económica básica para los jóvenes, un debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la equidad intergeneracional, propuestas para transformar el modelo turístico hacia otro más sostenible y beneficioso para los residentes, una política hídrica basada en la despolitización de la gestión, la inversión sostenida y la tecnología punta, una política de vivienda orientada a incrementar la oferta de alquileres con desregulación y liberalización, nueva fiscalidad en la que tengan especial importancia los trabajadores jóvenes emancipados, unas políticas de empleo más orientadas a anticiparse al mercado, racionalizando tiempos y más personalizadas y un código ético de 99 principios dirigido a las administraciones y responsables públicos. En resumen, España Mejor insistió desde el primer momento en cuestiones como los controles al poder, la transparencia, la responsabilidad de los gobernantes y la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales. Es decir, justo lo contrario a lo que se ha dedicado el Gobierno Sánchez en muy especialmente esta última legislatura.

El salto a Democracia 21 se produjo después de que González considerase que la vía exclusivamente cívica no lograría que las propuestas fuesen asumidas por los partidos existentes. En 2025 ya hablaba de la creación de una formación política como un "plan B" y en junio de 2026 se registró formalmente Democracia 21 en el Ministerio del Interior. La propia González ha apostado que el nuevo partido pueda incorporar a personas procedentes de fuera de la política profesional, dado que, a su juicio, existe mucho talento fuera de las estructuras políticas tradicionales. 

Qué propone. Pinceladas de su programa electoral

En una entrevista concedida al podcast de El director de David Jiménez en septiembre de 2025, González ya expresaba su preocupación por el deterioro de la confianza institucional debido al clientelismo y la falta de respuesta de las formaciones ante las demandas de regeneración y la necesidad de la reforma de la Administración Pública. Entre sus propuestas ya figuraban reforzar controles sobre los gestores públicos, prevenir conflictos de interés, aumentar la transparencia de nombramientos y exigir responsabilidades por comportamientos que, aún situándose dentro de los márgenes de legalidad, pudieran resultar contrarios a la ética pública. En ese marco hablaron del caso de Begoña Gómez, pero también criticó la Ley de conflictos de interés de la era Rajoy. Lo primero por anticuada, pues salió en 2015 y no cumplía con unos estándares de la OCDE. Así que lo importante para Miriam ya era la prevención y esta crítica se extendía lógicamente al funcionamiento de los partidos y su tendencia a anteponer intereses privados electorales a la búsqueda de soluciones y reformas, mintiendo deliberadamente en sede parlamentaria. Y aquí obviamente el mejor ejemplo era Pedro Sánchez y su entorno, de hecho buena parte de las propuestas de dicho bloque van dirigidas a evitar que sucedan esas cosas.

El viernes 16 se publicó en la web el primer pilar del programa electoral, el de la regeneración política. El problema básico son las redes clientelares. En materia de reducción del aparato político, proponen suprimir los aforamientos, reducir el 90% de asesores políticos, publicar sus CV y salarios, establecer procedimientos basados en mérito y capacidad para puestos de la Administración y empresas públicas y tipificar el enchufismo como delito en el Código Penal. En lucha contra la corrupción, se proponen crear Juzgados especializados en corrupción, institucionalizar una Oficina administrativa anticorrupción con capacidad sancionadora, más recursos para la Fiscalía, controles automatizados de la contratación pública mediante IA, que no prescriban los delitos de corrupción e inhabilitación permanente de los condenados en firme. En independencia institucional, despolitizar el CGPJ para que sean los propios jueces los que designen a los vocales, que el Ministerio Fiscal responda ante el Parlamento y no ante el Presidente, recortar subvenciones a partidos y sindicatos, limitar a dos mandatos todos los cargos públicos y establecer nuevas incompatibilidades para acceder a órganos independientes. En control ciudadano y rendición de cuentas, se importan varias ideas del sistema británico: comparecencia anual del Presidente ante una asamblea ciudadana, obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes cada quince días en sus circunscripciones, sanciones por ausencias parlamentarias y evaluaciones públicas de políticas públicas y su gasto dotando de esta manera de mayor transparencia. Finalmente, en ética política y sistema electoral se introduce el código ético, la reforma de la Ley de conflictos de interés, limitación de mandatos a 2 u 8 años y una reforma electoral para introducir listas abiertas y desbloqueadas.

Los otros dos pilares son modernización (administrativa, educativa, autónomos y servicios públicos) y social (vivienda, inmigración, seguridad, sanidad, familia y cambio climático), que aún no están publicados pero sí nos podemos referir a propuestas comunicadas en la presentación. Sobre Vivienda, apuesta por favorecer un alquiler asequible, entendido porque una persona que gane 1.300 no deba de destinar más de 350-400 euros al mes. Apuesta por impulsar la oferta incrementando el parque público y mediante la cooperación entre sector público y privado. Además, recalcó la importancia de diversificar las fórmulas de arrendamiento y dotar de mayor seguridad jurídica, justo lo contrario a lo que existe hoy día. El problema ya lo apuntaba claramente. Es una política enormemente polarizada e ideologizada en la que los partidos no tienen voluntad de acuerdo en ningún punto sino que priorizan su cálculo político y electoral. Al no ceder en ningún espacio, la ciudadanía queda al margen. En la presentación del partido añadió como propuestas un Plan Nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales a diez años para más seguridad jurídica, suprimir todos los impuestos de compra de vivienda para menores de 35 años y destinar 10.000 millones de euros de Fondos Europeos no ejecutados a un fondo de vivienda protegible y asequible. También aboga por simplificar los procedimientos administrativos para acelerar la construcción y reducir los costes derivados de los retrasos.

También habló de que existe una importante brecha generacional con un ascensor social roto salvo herencias particulares. Como sabemos, el sistema protege a las generaciones mayores con subidas de pensiones y ello se traduce en una participación electoral muy alta. En los jóvenes sucede lo contrario, que sienten que el sistema no les escucha cuando se diseñan las políticas públicas ni les proporciona resultados, por lo que su abstención es muy alta. Además, siendo el futuro del país no apuestan por el emprendimiento y muchos se centran en opositar a funcionarios (que no está nada mal, yo soy uno de ellos) pero más por la seguridad y estabilidad laboral que por vocación. Así que a este respecto Miriam apuesta por remover obstáculos y trámites agilizando el acceso empresarial y la movilidad social para los jóvenes, más teniendo en cuenta la malla de administraciones entre Estado, CCAA, diputaciones y Ayuntamientos. Algunas de esas barreras supuestamente se introducen por intereses públicos, pero otras se disfrazan y esconden intereses políticos contradictorios. Así que entiende además que se debe de avanzar en la armonización de normativas. Sobre los jóvenes se podrá preguntar en el evento que mañana tendrá Miriam en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otras propuestas son aliviar la presión fiscal, reforma educativa con más flexibilidad en los grados, más prácticas y especial atención a la comprensión lectora y visión positiva de la inmigración como activo pero con claras reglas de entrada, permanencia y salida.

Qué espacio político busca ocupar

Su perfil ideológico, su europeísmo y su relación con el electorado moderado desencantado con los partidos tradicionales lo sitúa en un claro plano de relanzamiento de lo que en su día quiso Ciudadanos y tiempo antes UPyD. En un momento de polarización máxima, con un PSOE cuyo proceso de podemización se ha consolidado en esta última legislatura y un PP que no puede alejarse de Vox como socio prioritario, un proyecto de centro liberal no es descabellado como pueda parecer. No hay que olvidar que se daba por hecho que la ausencia de CS le daría victoria cómoda al PP en 2023 y no fue así. Después de tanto martillearle como "muleta del Sanchismo". Es más, ya hemos hablado por aquí varias veces de que el PP no es capaz ni por voluntad de transformar o cambiar algunas de las políticas del PSOE y viceversa.

Ciudadanos es una fórmula hoy día plenamente agotada como partido político, pero no el espacio al que inicialmente aspiraba. Tras los sucesos de 2019 y 2021 (especialmente los primeros), su credibilidad política cayó por los suelos. Ya no eran sus líderes, sino la propia marca. Así que los sucesivos intentos de "refundación" fueron operaciones infructuosas de lavado y planchado que no sirvieron para nada. Ni los nuevos Estatutos ni las primarias ni nada. Como ya conté en este blog, aunque me salté toda la etapa de crisis y barrena, tras las Europeas de 2024 no merecía la pena seguir y pedí mi desafiliación. Sin embargo, dio la impresión de que muchísima gente había quedado huérfana de voto, entre los que se moverían a la abstención o votarían con la nariz tapada a otras listas. Todos ellos estarían decepcionados con CS pero al mismo tiempo con la política nacional. De igual manera que no es lo mismo ejercer un voto anti-Sánchez que otro propositivo. La gente sin duda merece votar en positivo y es donde Democracia 21 debería de orientar su estrategia. De ahí que "volver a creer" sea un buen lema de punto de partida y que conecta con un escenario de espectacular deterioro de la confianza institucional.

Así que su espacio político es y debe ser el de todas aquéllas personas que no entienden la política como un acto de fichaje el día de las urnas sin más. La desafección no sólo es síntoma de que haya decepcionado la política tradicional, sino también los populismos orientados hacia los extremos que a su vez están creciendo en Europa. El clientelismo que promueve derroche de dinero público, la corrupción, la falsa ética y las promesas vacías son los elementos de la vieja política que los extremos aspiran a transformar en su beneficio y lo han demostrado. Por lo tanto, frente a las concepciones que entienden a la política como una religión de feligreses palmeros, se ha de apostar por propuestas que superen tanto la ideología de culto al líder - que es lo que representa el Sanchismo - como soluciones antisistema basadas en la confrontación continua.

Qué posibilidades tiene de consolidarse

Por el momento, su implantación territorial es inexistente, aunque existen ya interesados de diversos puntos de España. Todos los nuevos partidos comienzan con cero recursos y por tanto han de arrancar con cuotas de afiliados. En su página web se abrieron desde el pasado día 10 con algunos precios reducidos para jubilados, desempleados y jóvenes. Es un coste medio algo mayor que cuando estaba CS, pero hay que tener en cuenta que el partido naranja cobraba subvenciones públicas. Pero su consolidación dependerá de muchos factores. 

El primero concierne a cómo se organice y su capacidad para convertir propuestas en apoyo electoral. Pero en su crecimiento, en su músculo humano, debe de tener especial cuidado. He comparado ya varias veces con experiencias pasadas, pero es que es inevitable. CS fue un ejemplo de lo que no hay que hacer, como impulsarse con miles de personas que no creían ni en el partido ni en su programa. Realmente eran más cercanos al PP, pero valoraban que de primeras no medrarían allí. Así que en su selección de cuadros deberá de tener especial cuidado. No se puede convertir al partido en un submarino de otro, pero tampoco favorecer la heterogeneidad de familias convivientes si no creen en un proyecto básico y de equipo. Porque luego toca posicionarse en temas más controvertidos que los arriba indicados y no todo el mundo está dispuesto a entender que el liberalismo no es exclusivamente económico sino también social y cultural. En tercer lugar, no menos importante será la comunicación. No es sólo realizar declaraciones y entrevistas públicas en medios, sino también manejar correctamente la transmisión de los mensajes sin contradicciones y sin dar pie a manipulaciones y bulos. Porque los rivales de izquierda a derecha fomentarán desinformación interesada. De hecho ya lo están haciendo. Y si me permiten, añadiría una cuarta. No monopolizar su discurso en torno al unionismo y contra el independentismo como hizo CS. Los naranjas creyeron que con exactamente el mismo discurso de Cataluña triunfarían en toda España. Hay que superar esa concepción que agotó también buena parte del relato de centro liberal, porque como sabemos terminó emergiendo un partido que defendía "mejor" a los ojos de los votantes ese españolismo. Y tuvo especial contribución a ello la coalición Socialpodemita seguida de la Socialsumarista por alimentar y visibilizar al extremo contrario con su política igualmente extremista.

La incógnita electoral

De cara al 29-N, Democracia 21 presentará listas en Madrid y Barcelona que son las dos circunscripciones más proporcionales de las 52 que existen. De momento siguen en la captación de firma de avales para poder presentarse en diversos puntos de las ciudades e informando sobre el partido. El pasado martes 14 se oficializó un acuerdo con Ciudadanos y UCIN para presentarse en coalición en dichas provincias y con el nombre "Democracia para el siglo XXI". La oferta política electoral en una y otra es muy competitiva, pero el utilitarismo no debería ser el motivo principal para ejercer el voto. Conviene más votar por lo que uno cree y que responde a sus principios, pese a las voces tan difundidas últimamente en redes sociales que apuntan a lo contrario. Incluso desde los rescoldos de UPyD que parecen el típico/a tóxico/a que no permite que su ex pareja encuentre otra persona en la que confiar. Democracia 21 ha de lidiar sobre todo contra los que creen que viene a dividir el voto, cuando a lo que fundamentalmente aspira es a adquirir visibilidad en provincias donde, o o bien el PP y Vox son ya de por sí minoría (Barcelona) o una mayoría (Madrid). Estamos hablando de lograr más de 90.000 votos de media y la cifra es mucho mayor para los menos votados por culpa de los efectos de la fórmula electoral. Con tampoco tiempo es casi imposible, PERO cosas más raras se han visto como que Alvise obtuviese más de 100.000 votos en la provincia de Madrid en las Europeas de 2024. Y eso sin más programa que su canal de Telegram. Vale que lo antisistema vende y no se puede subestimar la capacidad de movilización del populismo extremo, pero no intentarlo es de cobardes.

El hecho de no concurrir en el resto de España para estas Elecciones es inteligente por dos razones: primera, porque no es el momento aún en su estreno y sobre todo porque ha venido muy inmediata la convocatoria tras su presentación. No hay tiempo para más. Madrid y Barcelona son las plazas en las que más y mejor puede darse a conocer y, ante todo, obtener los avales necesarios para poder presentarse. La segunda es que de esta manera desactiva buena parte de las teorías de la conspiración que entienden que es un "invento del Sanchismo" para desagregar el voto. Alegar la patrimonialización del voto es el mayor absurdo antidemocrático que puede echarse en la cara del votante. Ese acto es el más libre de nuestro sistema porque se puede ejercer o no y, en caso afirmativo, en el sentido que se desee. Así que esa papeleta no es propiedad de nadie más que de nosotros mismos y con acusaciones como las que circulan se hace más necesario ejercer nuestra libertad de voto mal que les pese.

viernes, 25 de septiembre de 2026

Libertad de expresión al banquillo: ¿dónde está el límite?

La libertad de expresión, junto con otras, es reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española. Pero no es infinita, pues nuestro texto establece como límites el respeto al honor, la intimidad de las personas y la protección de la infancia de acuerdo con lo que dicten las leyes. Éstas obviamente, tratan en la medida de lo posible de aplicar la ideología del Gobierno de turno, del mismo modo que la interpretación de ellas (incluso en sede judicial) puede verse afectada por la actualidad social del momento. Así que, realmente, el límite constitucional es tan difuso que en la práctica legal, política y judicial es mucho más relativo y complicado. Por eso me parece conveniente e interesante publicar el presente artículo comparado (como muchas otras veces me gusta elaborar en este blog). Hoy voy a recordar y comentar hasta cinco casos de juicios penales a la libertad de expresión con importantes diferencias entre ellos. Todos tienen en común que atravesaron un periodo más o menos largo de proceso judicial y recursos, pero sólo uno de ellos se confirmó como condena por excederse de la libertad de expresión constitucionalmente protegida. También existe otro que vino aparejado de una campaña de cancelación tan palmaria que justificó la publicación de un libro.

El caso Guillermo Zapata 

Zapata era concejal de Ahora Madrid tras las elecciones municipales en 2015. Fueron las que permitieron a Manuela Carmena convertirse en Alcaldesa desbancando a Esperanza Aguirre que perdió la mayoría absoluta. Su caso estalló nada más tomar posesión como edil responsable en el área de Cultura, dado que salieron a la luz diversas publicaciones antiguas de 2011 en Twitter. En dichos mensajes escribió varios chistes de humor negro sobre el terrorismo etarra, víctimas del holocausto, Irene Villa o las niñas de Alcásser. Algunos de ellos eran tal que así: "¿Cómo meterías a cuatro millones de judíos en un SEAT 600? En el cenicero" o "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".

Descontextualizados, tenían un impacto lamentable y generaron tal rechazo social y político que terminó dimitiendo de su cargo para evitar daños al gobierno municipal, si bien permaneció como concejal raso. Fue procesado por un presunto delito de humillación las víctimas del terrorismo y Zapata defendió que dichos comentarios se escribieron en el contexto de un debate digital sobre los límites del humor negro, que había copiado chistes para ejemplificar expresiones macabras y sin ánimos de ofender ni generar odio personal hacia ninguna víctima. Es más, Irene Villa declaró públicamente que no se sentía humillada.

La causa penal pasó por un largo proceso que Santiago Pedraz archivó hasta en tres ocasiones al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, la insistencia de la asociación Dignidad y Justicia logró reabrir el caso y sentarlo en el banquillo de los acusados en noviembre de 2016. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó absolviendo a Zapata al enmarcar los mensajes en un desliz desafortunado sobre los límites del humor macabro. Por tanto, pese a ser mensajes desagradables se hallaban fuera del círculo del Código Penal y no tenían la entidad suficiente como para constituir una humillación real a las víctimas del terrorismo.

El caso Cassandra Vera

De este caso ya hablamos en este mismo blog en su "primera etapa", pero sin entrar en la profundidad habitual en esta nueva. Fue otro de los primeros procesos judiciales en España sobre la libertad de expresión, humillación a víctimas y límites del humor en Internet y en el contexto de la polémica "Ley Mordaza", como se bautizó así a la reforma de la Ley de Seguridad del Gobierno Rajoy. De una manera más marcada que el caso de Zapata (al recibir una condena inicial) se constituyó en un precedente significativo contra la criminalización del discurso en redes sociales que no promueva de forma directa el discurso de odio o la violencia física.

Cassandra era entonces una estudiante trans de la Universidad de Murcia y entre 2013 y 2016 publicó hasta trece tuits con chistes e ironías sobre el atentado de ETA que asesinó a Luis Carrero Blanco, que fue presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. Fue en 2016 cuando, a raíz de una denuncia de la Fiscalía (no fue ni la familia del almirante), se le acusó de un delito por el que se le pedían inicialmente dos años y medio de prisión. En 2017, la Audiencia Nacional la condenó a un año de presión y siete de inhabilitación absoluta por considerar que sus chistes mofaban y humillaban a persona que fue víctima del terrorismo etarra.

Sin embargo, un año después en 2018 fue el Tribunal Supremo quien anuló la condena. Determinó que aunque los chistes eran de mal gusto y socialmente reprochables, se trataba de expresiones en clave de humor sobre un suceso sucedido hace varias décadas y no constituían enaltecimiento de terrorismo ni justificaban la violencia. Aquí puede accederse a la sentencia completa, la 95/2018. Sus criterios fueron claros: la ausencia de injuriar o humillar (apreciándose sólo mofa o sarcasmo en contexto de humor e inexistencia de frases hirientes o ultrajantes contra la persona o su vida privada), el factor temporal y contexto histórico (más de 40 años después y siendo popular la sátira social sobre el coche volando), la condición de personaje público (que soporta mayor umbral de crítica que un desconocido como le pasa a P.S. cuando le cantan la "canción del verano") y ante todo la desproporcionalidad penal por la improcedencia de castigar con cárcel unos chistes. Esto último es básico porque nos ayudará a discernir una importante línea.

El caso Pablo Hásel 

El asunto Hasel nos lleva a las condenas de un rapero por delitos de enaltecimiento del terrorismo más injurias a la Corona e instituciones del Estado a raíz de sus polémicas letras musicales y mensajes publicados en Twitter. Algunas de esas letras eran especialmente vomitivas como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero/socialisto", "merece que explote el coche de Patxi López" o "que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono". Más perlas criminales pueden leerse aquí y hasta en un concierto animó públicamente a cargarse a algún Guardia civil. La reincidencia de este espeluznante personaje viene de bastante tiempo atrás, ya que en 2014 la Audiencia Nacional ya le condenó por vez primera a 2 años debido al contenido de varias canciones publicadas en YouTube. Pese a ser confirmada en 2015, la ejecución quedó en suspenso al carecer de antecedentes. 

En 2018, la AN le impuso de nuevo una pena de 2 años por enaltecimiento al terrorismo de organizaciones como ETA y GRAPO e injurias a la Corona e instituciones del Estado como las fuerzas de seguridad. En el mismo año recibió otra condena por delito de allanamiento de local tras incidentes en la Universidad de Lérida. Sin embargo, fueron reducidas en apelación de 2 años a 9 meses y un día de cárcel, además del pago de multas siendo ratificada por el Tribunal Supremo en 2020. En el mismo año fue condenado a otros 6 meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir y rociar con un producto de limpieza a un periodista durante un encierro estudiantil en 2016. Pero lo significativo fue que la confirmación de esta reincidencia por el TS revocó la suspensión de la primera condena y motivó su ingreso definitivo en la cárcel. Se hizo efectivo en Lérida en febrero de 2021 tras un encierro en la Universidad, que desencadenó fuertes protestas de grupos de extrema izquierda alegando libertad de expresión. Las manifestaciones en Cataluña provocaron disturbios, destrozos de mobiliario urbano y enfrentamiento con fuerzas de seguridad. También contó Hasel con el apoyo de Amnistía Internacional considerando que se le imponía un delito por su libertad de expresión. Mientras tanto, se dedicó a seguir acumulando condenas y por ejemplo por obstrucción a la Justicia y amenazar a un testigo.

La defensa del rapero elevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras inadmitirle el TC el recurso de amparo en noviembre de 2020. En dictamen de 9 de noviembre de 2023, el Tribunal de Estrasburgo desestimó el recurso y concluyó por unanimidad que la Justicia española sí tuvo en cuenta el principio de libertad de expresión y, por tanto, la pena impuesta fue proporcionada y no vulneró derechos fundamentales. El fallo determinó que los mensajes y canciones no podían ampararse en la libertad de creación artística, sino que contenían violencia y suponían una banalización y enaltecimiento del terrorismo injustificable, además de injurias contra la Corona. Así que se ratificó la pena de 9 meses de presión y las multas. Hasta la fecha permanece en Lledoners, está clasificado en segundo grado y rechaza programas de reinserción para acogerse a beneficios penitenciarios porque se sigue considerando "preso político". Aún así su comportamiento no es problemático y su fecha prevista de salida en libertad está prevista para abril de 2027.

El caso Anónimo García 

El de Raúl San Mateo (su nombre real) es uno de los casos más paradigmáticos de cultura de cancelación a los que se ha asistido en la España del siglo XXI. Era un activista del colectivo ultrarracionalista Homo Velamine. Esta entidad postulaba que el ser humano actúa movido por intuiciones morales o pasiones emocionales y que de forma secundaria emplea la razón para justificarlas. Así que fue concebido como una suerte de "guerrilla armada del surrealismo" adaptada a la era de Internet y cuyo fin era cortocircuitar los dogmas políticos, el sensacionalismo de los medios de comunicación y la autocomplacencia social.  Es decir, una mezcla entre incorrección política y humor inteligente.

En diciembre de 2018, Anónimo García ideó a través de HV un experimento social con la creación de la web tourlamanada.com. Dicho sitio simulaba ofrecer una ruta turística por los puntos de Pamplona donde, la noche de los Sanfermines de 2016, habría paseado la víctima de agresión sexual del grupo La Manada con el mismo. El mencionado sitio fake fue realmente concebido como un cebo para denunciar el sensacionalismo y el negocio mediático en torno al caso, de manera que se comprobase si los medios picaban en dicho anzuelo y convertían un suceso desgraciado en un producto morboso. Sin embargo, la reacción de la prensa fue muy distinta. Programas de televisión y periódicos nacionales difundieron masivamente la existencia del tour como algo real, sin contrastar la información ni comprobar que la web mutó a los tres días para publicar su desmentido explicativo. La campaña de cancelación fue tal que Greenpeace, donde trabajaba precisamente en el departamento de libertad de expresión, le despidió y, seguidamente, el colectivo Homo Velamine acabó desintegrándose. Ferias de autoedición, charlas, festivales... Todo anulado y cancelado.

El calvario judicial tuvo su primera fecha dolorosa en diciembre de 2019, cuando el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona le impuso a García un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral más una indemnización de 15.000 euros pero que con el tiempo escaló hasta 33.000. El juzgado entendió que la web agravó el estrés postraumático de la víctima, como se aludió en la querella. Seguidamente, la Audiencia provincial de Navarra en julio de 2020 mantuvo la condena en apelación  interpretando la parodia en su literalidad y en diciembre de ese año el Tribunal Supremo inadmitió el recurso en casación, obligando al activista a seguir afrontando un fuerte repudio social. Todo esto motivó un libro publicado por Juan Soto Ivars titulado Nadie se va a reír, conceptuando el caso como un juicio a la ironía y visibilizó los riesgos judiciales de la sátira en entornos de alta polarización social.

En mayo de 2025, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la condena de cárcel que pesaba sobre García, dictaminando que su acción fue una crítica satírica amparada por la libertad de expresión. Consideró que la intención de García nunca fue vejar ni humillar a la víctima de la violación grupal (como exige el artículo 173.1 del CP respecto del delito de integridad moral) y puso de manifiesto la falta de sensibilidad del reproche penal en las sentencias ordinarias dictadas. A tal respecto, indicó que el Derecho Penal no debe castigar las manifestaciones satíricas que formulen críticas a las dinámicas de desinformación de los medios de comunicación. La abogada de la recurrente declaró que llevaría el caso al TEDH. Sin embargo, considero incontestable la doctrina del TC e incluso el propio tribunal de Estrasburgo tiene antecedentes validando la crítica satírica. Así que espero, por el bien de la libertad de expresión, que mantenga dicha doctrina. Actualmente, Anónimo García tiene una cuenta en YouTube que añado a mi lista y en la que trata de recuperar el espíritu filosófico de Homo Velamine.

El caso Camilo de Ory

Este escritor generó una enorme polémica en Twitter cuando en enero de 2019 posteó unos mensajes mientras se realizaba la dramática búsqueda a contrarreloj del menor de dos años Julen que cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Se trataron de unos tuits satíricos y con cierto tono macabro que fueron interpretados como mofa de la situación y de hecho yo mismo fui uno de los indignados. Y es que algunos de los mensajes fueron estos: "Cómo has podido caer tan bajo, Julen", "Digo yo que el niño también podría escarbar un poco" o "si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginado lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones". Estas publicaciones provocaron un enorme rechazo social debido a la extrema sensibilidad del rescate y recibió centenares de amenazas. Pero también hay que tener en cuenta un detalle de contexto: fue retransmitido en directo por los medios. Aquí puede leerse una entrevista en julio de 2019.

Los padres denunciaron, pero el escritor sospechó que no vieron directamente los mensajes sino que probablemente alguien les habría avisado. El proceso judicial se alargó enormemente y tal vez pudo influir la pandemia. En enero de 2023, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid le condenó por un delito contra la integridad moral imponiéndole una pena de un año y medio de cárcel más una indemnización de 6.000 euros para los padres. Pocos meses después, la Audiencia Provincial ratificó esta condena tumbando de nuevo los argumentos de que los mensajes eran sólo epigramas humorísticos orientados a criticar el tratamiento mediático de la tragedia. Ambas instancias entendieron que el tuitero "incrementó injustamente el dolor" de la familia de forma deliberada calificando las publicaciones de ofensivas, humillantes y degradantes así como de menosprecio a la víctima de un suceso trágico. Sin embargo, una vez más la ironía fue ignorada al interpretarse judicialmente de modo literal. Y debo reconocer que yo tampoco supe ver aquélla y me dejé llevar por la corriente.

En julio de este 2026, el Tribunal Supremo (que esta vez sí admitió la casación) dictó la absolución de Ory determinando que los comentarios estaban protegidos por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Se estimaron las alegaciones de que realmente satirizaba el espectáculo mediático del rescate y que no pretendía dañar a la familia. Además, la ofensa carecía de destinatario directo cuando el delito contra la integridad moral exige una interrelación directa. En la sentencia citó doctrina del TC y TEDH, pero sobre todo la primera comparando este caso con el de Anónimo García. Respecto al segundo, aplicó sus baremos de contexto, capacidad del emisor, naturaleza del lenguaje, reiteración, medio y difusión. Por tanto, aún siendo comentarios desagradables, la insensibilidad no equivale a una infracción penal y como mucho podrían ser objeto de demanda civil (que tampoco vulnera el honor).

Conclusiones

La mayoría de estos casos tienen en común que sufrieron la interpretación más literal y descontextualizada posible de los artículos del Código Penal en relación con los hechos que se les imputaron. Chistes y mensajes irónicos fueron en realidad lo que expresaron a través de la red social Twitter o mediante otros espacios digitales. Sin embargo, las fiscalías y varias instancias judiciales no lo entendieron así y no cumpliendo todo lo que indica el artículo 3 del Código Civil. Hay que recordar que dicha norma es supletoria de todo el Derecho español en su conjunto, por lo que aplica también al Código Penal que no contiene previsión sobre la interpretación de sus normas (salvo la de regir hacia atrás cuando sea favorable al acusado):
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
En los casos de Cassandra Vera y Guillermo Zapata, el leit motiv el fondo es exclusivamente el humor negro. La primera había publicado también otros tweets que podrían resultar hirientes contra la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pero no fueron denunciados. Los chistes que abrieron su proceso judicial fueron referidos apuntando a un personaje histórico cuyo accidente mortal, en realidad, es uso recurrente humorístico desde hace tiempo. Respecto a Guillermo Zapata, ni tan siquiera llegó a tener una condena porque los tweets, aunque aisladamente sonaban mal, constituían igualmente humor negro. Lo sorprendente es que siendo este último caso anterior al de Vera, la misma Audiencia Nacional sí condenase a ésta antes de que el Tribunal Supremo la absolviera.

En cuanto a los de Anónimo García y Camilo de Ory, el fondo no es sólo el humor negro sino que se le une la sátira contra los medios. El sarcasmo es una herramienta inteligente de crítica pero que no siempre se entiende. No todo el mundo está preparado para ello. El primero sufrió un auténtico calvario e injustificada cancelación en el que - sin ningún género de duda - se impuso el escenario de concienciación y abrumadora mayoría en torno a la protección de la víctima de violación de La Manada. La extensión de reparación de su dolor por la que apostó su abogada encontró su apoyo en todas las instancias judiciales ordinarias posibles hasta que el Tribunal Constitucional levantó la palanca de la sensatez y le paró los pies. El problema es cuando entendemos que, por ofendernos de algo, ostentamos automáticamente la razón y el otro es el malo. No. Aquí se trata de leyes y de Justicia. Y en ocasiones, puede suceder que no se aplica correctamente el artículo 3 del Código Civil. La doctrina sentada por el TC permitió que el Tribunal Supremo terminara absolviendo a Camilo de Ory. Pues a pesar de que sus mensajes podían sonar lamentables y muy desagradables, el enfoque era crítico contra el tratamiento informativo pero no con intención de denigrar directamente a la victima.

Finalmente, en cambio, el caso de Pablo Hásel no es en absoluto comparable con los otros. Aquí ya no hablamos de chistes ni de ironías ni crítica satírica. Estamos hablando de mensajes contenidos en letras de canciones en los que se exhibe odio y se hace apología de la violencia incluyendo la terrorista. No existe contexto democrático posible que ampare semejantes mensajes criminales en la libertad de expresión. Y es por eso por lo que todas las instancias judiciales de España y hasta el TEDH le cerraron la puerta. La de la libertad se la abrirán el próximo abril de 2027, si bien parece claro que este individuo no habrá aprendido absolutamente nada.

En definitiva, el límite claro separa la ironía y el humor (que apunta más a lo que rodea a lo expresado) del ataque directo y la incitación al odio y a la violencia (que apunta al sujeto o colectivo aludido). Porque por mucho que se hable de que ha de estar penalizado el odio, odiar en sí no es objeto de delito porque forma parte de la libertad de pensamiento. Lo que está penado y no admite descontextualización alguna es incitar a otras personas al odio y especialmente a la violencia.

martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

martes, 11 de agosto de 2026

Desmontando bulos sobre la vivienda: sin mitos, mejores soluciones

El año pasado comenté en un artículo algunos de los factores que están detrás del problema de la vivienda en España, que tras la pandemia se ha convertido en especialmente relevante. Existen variables que por un lado restringen la oferta y otras que impulsan la demanda, empeorando un desequilibrio de mercado que el Estado y las Administraciones no son capaces de corregir. Lo peor no es ya esta situación que supone un freno muy importante para el desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes. Lo verdaderamente lamentable es entrar a redes sociales y encender la televisión y leer mensajes y escuchar debates en los que habla de forma tan manipuladora del tema. Ya sea por ignorancia o por malicia intencionada, se desplaza totalmente la responsabilidad pública apuntando a una administración distinta y creando enemigos externos sobre los que no se tiene control para ocultar una gestión pésima. Por lo tanto, no es ya un ejercicio de protección del Gobierno exonerándole de toda responsabilidad, sino de desinformación maliciosa y de negacionismo ante las soluciones que puede aportar el mercado. Así que hoy me centraré en aportar negro sobre blanco para desmontar algunos de los bulos que se utilizan en las erróneas lecturas que se difunden desde el Gobierno de España y su 'System Contreras', es decir, los equipos mediáticos.

Bulo 1: las viviendas vacías justifican que no se incremente la oferta

Tenemos datos del INE del 2021 publicados en 2023, pero hasta la fecha no se ha actualizado. Aparte del tiempo transcurrido, tiene el problema de haberse recopilado los datos en el escenario de la pandemia, lo que relativiza ciertos usos residenciales. Aún así, podemos extraer datos muy interesantes. Existían más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale a un 14,3% del parque total de viviendas del país en dicho momento. Las provincias donde más hay coinciden con las más pobladas, como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante ó Málaga. Sin embargo, lo más importante es la proporción y pasan a ser aquéllas donde se experimenta más despoblación. O lo que es casi lo mismo: donde la gente demanda vivir menos como Orense, Lugo, Ciudad Real, Zamora ó Cuenca cuyas tasas superan el 25%. Por el contrario, grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona son las que menos. En la Región de Murcia existirían 12 viviendas vacías por cada 100, por lo que su situación se aproxima más a la de una provincia tensionada.

Ese stock de viviendas vacías tiene una explicación lógica: en un porcentaje indeterminado pero estimativamente alto se corresponderían con el sobrante tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, esa inflación de oferta derivada de la época del boom urbanístico choca con una demanda por provincias que no es en absoluto simétrica, pues es mucho menor en provincias rurales y donde las expectativas del empleo al que se aspira no se materializan en tales territorios. Por lo tanto, no sirve de nada tener muchas casas vacías en Soria ó en Teruel cuando la gente no quiere establecer allí la residencia fija. Y, por si fuera poco, hay un tercer factor. Y es que muchas de esas viviendas vacías carecen de cédula de habitabilidad o simplemente permanecen sin terminar, deteriorándose bastantes de ellas con el paso del tiempo. Pese a ello, siguen contando en el censo como viviendas y algunas terminan siendo pasto de la okupación.

Bulo 2: la propiedad del mercado inmobiliario la concentran grandes tenedores

En abril, el CSIC (organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia) publicó unos informes por encargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Mediante ellos, lo que pretendía difundir que el mercado de vivienda y alquiler en España se hallaba muy concentrado y que sería el contexto que presionase al alza los precios. Por una parte, el primer informe aseguraba que un 47% de viviendas en alquiler pertenecían a caseros con sólo esa vivienda alquilada, mientras que el restante 53% sería de personas físicas o jurídicas con dos o más. Por otra parte, el segundo informe señalaba que la concentración de la propiedad inmobiliaria reflejaba un desplome de propietarios de un 79% a un 64% al tiempo que incrementado los arrendadores e inquilinos en 6 y 8 puntos respectivamente. Pese a estas cifras que asustan, estos informes están plagados de trampas metodológicas.

El primer informe citado, aparte de excluir los territorios forales País Vasco y Navarra, simplifica en extremo y mezcla categorías no comparables. Así, no desagrega entre los denominados multiarrendadores para diferenciar aquéllos que tienen sólo dos de otras personas que tiene muchas y encajan mejor en esa definición. También mezcla junto a los particulares a empresas privadas e incluso el sector público que, a parte de vivienda social, dispone también de viviendas de protección oficial, concesión administrativas y otro patrimonio público como viviendas de funcionarios, inmuebles de oficinas e inmovilizado que no cuentan en el parque de alquiler. En cuanto al segundo informe, introduce como propiedad naves industriales, almacenes, garajes, locales comerciales, etc… hasta trasteros. Por tanto, una persona con una sola vivienda más una plaza de aparcamiento en garaje subterráneo ya sería considerada como multiarrendadora. A partir de datos de la Encuesta financiera de las familias del Banco de España (2008 y 2022), cerca de 16 millones de inmuebles se concentrarían en personas con una sola o dos propiedades, 8 millones de tres a cuatro y 2 más de 5. El siguiente estudio de Santiago Calvo, de la universidad de las Hespérides, desagrega en porcentajes reflejando un 21% de arrendadores con 2 viviendas y sólo un 10% con más de 5. 


En cuanto a los fondos de inversión, que en muchas narrativas son etiquetados como "fondos buitre", según datos del BNE las sociedades sólo acaparan el 8% del stock de vivienda. Además, ni tan siquiera todo lo que hay ahí es fondo de inversión, pues las entidades más relevantes son SAREB (creada por Rajoy en 2012 y conocida como "banco malo"), CaixaBank y Blackstone, que sí que es fondo.

Bulo 3: el control de precios y alquileres favorece el acceso a la vivienda

Informaciones como las anteriores reforzarían la conciencia política de que habría que intervenir el mercado de la vivienda y controlar precios a los "malvados rentistas".  Sin embargo, cada nueva regulación de alguna manera acaba siendo esquivada por el mercado cuando no genera un efecto contrafactual peor que el que se pretendía corregir. La fijación de unos topes favorecen dos efectos no deseados. Primero, un estancamiento de nuevos contratos cuando no rescisión de otros, contrayendo de esa manera la oferta al resultar menos rentable para los propietarios. Segundo,  que otros contratos que estaban por debajo de los mismos se hayan aproximado a los límites y en algún caso para compensar otras propiedades cuyos precios se hubiesen visto obligados a disminuir. No sólo la teoría económica sino que la propia lógica nos dice que si imponemos no subir los alquileres por encima de unos márgenes, así como a prorrogar forzosamente contratos para que no se actualicen, el resultado es que se contrae aún más la oferta. Es tan sencillo como que a una persona con dos propiedades no le rentabilizaría arrendar su segunda para pagar su hipoteca y optaría por varias alternativas como alquiler vacacional, por habitaciones o directamente vender el inmueble a alguien solvente. Del mismo modo, bajar el precio de todos los alquileres tampoco permite que haya más vivienda disponible pues, en el peor de los casos, seguiría habiendo la misma.

El Congreso, con la derogación del RDL 8/2026, rechazó en abril la ampliación extraordinaria de contratos de alquiler. El Gobierno pretendía ampliar dos años más los firmados en pandemia limitando las subidas al 2%. Esto alteraba las condiciones originariamente pactadas, incrementando aún más la inseguridad jurídica de los arrendadores, pero hay dos casos autonómicos que lo ilustran mejor. Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar desde 2024 los mecanismos de control de precios previstos en la Ley estatal de Vivienda impulsada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu. Según datos del Observatorio del alquiler, los precios siguieron subiendo en las provincias catalanas y además aumentándose el número de contactos por anuncio precisamente por la menor oferta. Respecto a 2023, nada menos que 21.000 viviendas menos se ofertaron en alquiler representando un 14%. En 2025 ha seguido cayendo con un 12% más. Esto contrasta con Madrid, la otra región fuertemente tensionada, que ha mantenido una oferta más estable. Otro ejemplo es Navarra, donde, Chivite aseguraba que los precios habían disminuido un 8%. Sin embargo, presenta las cifras de forma tramposa al no comparar trimestres equivalentes (cuarto de 2025 con el segundo de 2024) disfrazando la estacionalidad. Además, para decir que el número de contratos de 2025 subió respecto a 2024, mete en el mismo saco a los contratos realizados antes y después del control.

Bulo 4: se construye vivienda pública que favorece el acceso al alquiler

El Gobierno de Sánchez, que lleva en ejercicio con distintas fórmulas de coalición desde 2018, caracteriza su política de vivienda como la del perro del hortelano: ni construye, ni deja construir al sector privado. En 2021, cuando cogobernaban PSOE y Podemos, ya previa habilitar 100.000 viviendas para alquiler sostenible. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se subió la apuesta a 183.000. Desde la coalición con Sumar se sumaron 40.000 que se financiarían con créditos del ICO más otros 20.000 del Ministerio de Defensa... así hasta llegar a un total más de 260.000. Fuentes del Gobierno aseguran que a fecha de abril de 2026 se habían entregado 100.000, pero contrastando datos se apunta más bien una cifra cercana a la mitad de lo que se dice. El motivo es porque, en su comunicación, el Gobierno mezcla cifras para esconder las que efectivamente se han entregado y diluirlas entre las que se encuentran en otra fase burocrática pero sin inquilino. Es más, la contradicción no acaba ahí, sino que ni tan siquiera existen datos públicos oficiales que nos permitan conocer con seguridad las cifras de casas construidas y entregadas. En resumidas cuentas, que la ausencia de transparencia a este respecto es tan palmaria como sorprendente.

El Plan estatal de vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros con casi la mitad destinados a vivienda protegida con 15.000 euros de ayudas para jóvenes menores de 35 años que compren vivienda en pueblos. Sin embargo, desglosando anualmente daría para unas pocas miles de viviendas públicas nuevas si no se recurre a reformar y habilitar las del "banco malo". Además, el BNE estima un déficit acumulado de 800 mil viviendas siendo el último anual de 200 mil, sobre todo con la presión del incremento de la población derivada de movimientos migratorios (internos y externos). Por tanto, el Plan apenas podría cubrir un 3% de las necesidades y, resumidamente, el Estado pretende derribar un muro con un tirachinas.

Bulo 5: los pisos vacacionales tienen la culpa de la contracción de oferta

Se ha señalado a plataformas como Airbnb, que se dedican a gestionar el alquiler vacacional, como responsables de la subida de los alquileres residenciales, del desequilibrio del tejido urbano y de perjudicar la integración y convivencia. Sin embargo, según datos del INE de 2025 el total de viviendas turísticas se sitúa en torno a 330.000, localizándose más del 25% en Andalucía seguida por la Comunidad Valenciana y Cataluña que entre las dos sumarían prácticamente las mismas que aquélla (91.000). Luego de un parque total de 27 millones de viviendas, hablar de que el alquiler vacacional sea un problema para el acceso a la vivienda es sin duda confirmarlo como chivo expiatorio.

Y es que no se reduce a apuntar con el dedo, sino que se va más allá. Así, existe una proposición de Ley que todavía no ha sido aprobada mediante la cual el Gobierno aplicaría de forma torticera la Directiva Europea 2025/516. Según esta normativa comunitaria, todos los arrendamientos temporales inferiores a 30 días deberán de aplicar desde 2028 una fiscalidad por IVA al igual que los establecimientos hoteleros. Sin embargo, la proposición de Ley mantendría el tipo reducido del 10% a estos últimos mientras que el de los alquileres turísticos se aumentaría al 21% y, lo que es peor aún, suprimiendo la exención en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, el Ayuntamiento de Barcelona planea también eliminar los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028 mediante la no renovación de las licencias y forzarlos ser vivienda residencial. No obstante, desde 2015 que fue cuando entró Colau y estuvo 8 años no se ha otorgado ninguna nueva licencia. Por lo tanto, el aumento en todos estos diez años de un 72% del precio del alquiler en Barcelona es imposible que se deba a estos pisos.

Conclusiones

Los bulos que manchan el análisis de la política pública de vivienda tienen en común que tratan de justificar que no existe un problema de oferta, a pesar de que la demanda sea muy superior. Por lo tanto, parten de exponer un negacionismo palmario de la inexorable ley no escrita de demanda y oferta. Por ejemplo, el economista Eduardo Garzón considera que construir más vivienda no supone decrecer los precios sino justo al contrario. Sin embargo, oculta interesadamente el contexto que compara al tratarse de la época de la burbuja urbanística cuando la demanda no se había disparado tanto en relación con esa oferta. De igual modo, en la época actual en la que se sigue construyendo sigue sin ser suficiente como para absorber tanta demanda y eso nos lleva a los escasos incentivos para poner en alquiler una vivienda.

No hay que olvidar otro anterior post en el que indirectamente mencioné los enormes incentivos a no alquilar a personas vulnerables por la normativa referida a personas supuestamente no vulnerables, así como otras disposiciones. En lugar de fomentar el alquiler, las políticas intervencionistas y defensores mediáticos prefieren señalar a los "malvados" rentistas, los pisos vacacionales o los fondos buitres como los responsables de la contracción de oferta. Por consiguiente, cualquier "enemigo" externo es legítimo de señalar para excusar al Gobierno central. En este caso, para que si hay que apuntar a una Administración sea en exclusiva la autonómica. Como por ejemplo en una vergonzosa cuña de radio pagada por el Ministerio en la que promociona la Ley de Vivienda mencionado expresamente que es cosa de que la CA de turno la "cumpla".

¿No existen bulos de demanda? Pues no, no es ningún bulo el que haya muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan adquirir una vivienda como tampoco que el incremento de extranjeros en España haya contribuido a tensionar el mercado. La creciente demanda de vivienda y alquiler es una circunstancia tan evidente, tan absolutamente contrastable por todas las vías posibles y tan incontestable que es imposible disfrazar esas cifras con la más mínima manipulación. Es más, se ha incrementado el número de personas sin hogar. Toda esta situación, sin embargo, es la recurrida por los discursos tendenciosos para ofrecer una visión errónea del problema. Pues aunque apuntan al problema de oferta, que es la dirección aparentemente correcta, se desvían en varias direcciones en pro de su narrativa.

martes, 3 de marzo de 2026

La reforma laboral liberal de Milei: hechos frente a la desinformación mediática

La reforma laboral impulsada por Javier Milei, ya en vigor tras superar todos los trámites legislativos, se ha convertido en uno de los asuntos más manipulados por buena parte de la prensa y de la clase política española. La cobertura mediática ha estado dominada por titulares alarmistas y afirmaciones falsas como aludir a una jornada obligatoria de 12 horas diarias, despido libre e incluso que no se le vaya a pagar dinero al trabajador, mientras se ha ignorado deliberadamente el verdadero alcance y objetivo de la reforma. Siguiendo al profesor Juan Ramón Rallo, que ha dedicado dos vídeos tanto a desmontar los bulos como a informar sobre los puntos más destacados. Según se expone en el primer vídeo referido, buena parte de las críticas contra la reforma laboral en Argentina se han centrado en supuestos retrocesos laborales que, en realidad, no existen o son muy similares a la regulación vigente en España.

Jornada laboral flexible

Se ha difundido machaconamente en prensa afín al Gobierno de España que la reforma de Milei eleva la jornada laboral semanal a 12 horas diarias, cuando en realidad la jornada sigue limitada a 48 horas. Es decir, superior en 8 horas a la española y sin duda algo que podrían criticar y que ya estaba con los anteriores gobiernos kirchneristas. Lo que se introduce ahora es una mayor flexibilidad en la distribución horaria, permitiendo jornadas más largas en determinados días a cambio de jornadas más cortas en otros y mediante un sistema de compensación anual. Este modelo no solo no elimina las horas extraordinarias, sino que funciona de manera análoga a la distribución irregular de jornada prevista en el Estatuto de los Trabajadores de España y aplicada desde hace años en sectores como la Sanidad.

Así, según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada máxima en España (como hemos dicho) es de 40 horas semanales, si bien la empresa puede distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada laboral si no existe colisión con el Convenio colectivo y respetando 12 horas de descanso entre jornadas, descanso semanal (días libres que correspondan) y con 5 días de preaviso. ¿A que no lo sabían? ¿A que la prensa progre no se lo ha informado? Pues ya lo saben. Igual que tal y como vimos en el anterior post, personal médico, de enfermería, celadores y etc tienen que soportar guardias de 24 horas y parece que nadie que no sea trabajador del sector sanitario ve un problema en ello.

La mochila austríaca

También se ha afirmado que la reforma abarata o elimina las indemnizaciones por despido o, dicho de otra manera, que se legitima el despido libre. Lo que realmente hace es introducir de forma voluntaria la llamada “mochila austríaca”, manteniendo intactos todos los derechos ya devengados por los trabajadores. Este sistema fue precisamente el que propuso Ciudadanos en las primeras elecciones generales en las que se presentó y ha sido recomendado por el Banco de España, la Comisión Europea y el FMI. Consiste en que la empresa vaya provisionando mes a mes la indemnización en un fondo que pertenece al trabajador y que este cobra tanto si es despedido como si finaliza su vida laboral sin haberlo sido, ampliando así su seguridad económica. Igualmente, si cambia de trabajo esa mochila no la pierde sino que se la lleva consigo. Entre las ventajas, existen tanto motivos para la empresa como para la persona trabajadora. Elimina la incertidumbre sobre los costes de la contratación debido a esa existencia previa de una cuenta externa sobre los derechos de la persona, favorece el crecimiento personal y la movilidad voluntaria al no contemplarse la restricción de renunciar a indemnizaciones ni derechos adquiridos en la empresa, favorece la productividad y flexibiliza el mercado laboral sin que los trabajadores indefinidos tengan una protección mucho más elevada con independencia de su rendimiento que los temporales, que siempre son los más precarios. ¿Y qué quiere decir sobre todo este último? que los de menos antigüedad no tendrán que pagar el pato de la crisis de la empresa y será el rendimiento o el valor añadido lo que determine a quién hay que despedir. Finalmente, producida la jubilación todo ese dinero devengado no se quedaría en manos del Estado para pensiones públicas, sino que se reintegraría como complemento de la pensión de esa misma persona trabajadora.

Pagos en especie

Otro de los bulos más repetidos es que la reforma permitiría pagar salarios en especie como carne o leche de forma generalizada. En realidad, solo se autoriza que hasta un 20% del salario pueda abonarse en especie si ambas partes lo pactan, lo que representa un porcentaje inferior al 30% que es el permitido en España. Esto viene en el artículo 26.1 del Estatuto de Trabajadores, previsto con arreglo al Convenio colectivo aplicable o bien en el contrato de trabajo y siempre y cuando se le asigne un valor económico exacto a los bienes (productos como comida u otros que elabore la empresa) o servicios (uso de vivienda alquilada, vehículo de empresa, guardería, acciones o formación) en nómina y el salario en dinero, aparte de no ser inferior al 70%, sea en cuantía igual o superior al SMI. Los pagos en especie cotizan a la Seguridad Social y tienen retención de IRPF.

Derecho de huelga y servicios mínimos

En relación con el derecho de huelga, se ha acusado a la reforma de vaciarlo de contenido. En lugar de eso, lo que se establece es un régimen de servicios mínimos del 50–75% en sectores esenciales, algo plenamente comparable a la práctica española, donde los servicios mínimos se fijan caso por caso y, en algunos ámbitos críticos, llegan incluso al 100%. Asimismo, se permite el despido de quienes participen en piquetes violentos que impidan trabajar a otros empleados, una previsión que también existe en la legislación española. La previsión se localiza en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que si un trabajador incurre en coacciones, violencia física, daños materiales o amenazas graves a personas de la entidad, puede ser castigado con un despido disciplinario y no genera indemnización al romper la buena fe contractual.

Lucha contra la economía sumergida

Más allá de estos aspectos, Rallo subraya en un segundo vídeo que el cambio verdaderamente decisivo de la reforma ha sido prácticamente silenciado: el régimen de incentivo a la formalización laboral. Argentina arrastra un problema estructural gravísimo: el 43% de los trabajadores argentinos opera en la economía informal, sin cotizar a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? no es un tema cultural ni de explotación, sino económico. Las cotizaciones sociales en Argentina son extraordinariamente elevadas. El empresario paga un 27% adicional sobre el salario bruto y el trabajador un 17%, lo que provoca que cerca del 44% del salario se pierda en cotizaciones, generando fuertes incentivos para que ambas partes opten por trabajar en negro.

Para combatir este problema, la reforma introduce una rebaja de 12 puntos en las cotizaciones empresariales para nuevos empleos, que pasan del 27% al 15% durante un periodo de 48 meses. Según el ministro de Economía Luis Caputo, este es uno de los pilares fundamentales de la reforma. El objetivo no es solo crear empleo, sino atraer trabajadores desde la informalidad (economía sumergida) hacia la economía formal, ampliando la base de cotizantes y permitiendo, a medio plazo, una reducción estructural de las cotizaciones sin poner en riesgo el sistema de pensiones.

Por consiguiente, la lógica de la reforma se basa en reducir costes y alinear incentivos, no en aumentar la persecución o la presión estatal. Al abaratar la contratación formal, se facilita que las empresas crezcan, inviertan y aumenten la productividad, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos más estables y con mayor proyección.

Conclusión

Puede que la reforma laboral de Milei no liberalice completamente el mercado laboral argentino, pero sí supone la primera modernización significativa en más de medio siglo, actualizando una legislación heredada de los años setenta desde Juan Domingo Perón (1974). Frente a los relatos catastrofistas, los vídeos sostienen que estamos ante una reforma pragmática, comparable en muchos aspectos a la española, cuyo objetivo central es reducir la informalidad, ampliar el empleo formal y aliviar la carga fiscal, sentando las bases para una mayor prosperidad económica.