Qué posibilidades tiene de consolidarse
miércoles, 21 de octubre de 2026
Democracia 21: ¿una alternativa para la política española?
Qué posibilidades tiene de consolidarse
viernes, 25 de septiembre de 2026
Libertad de expresión al banquillo: ¿dónde está el límite?
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
martes, 18 de agosto de 2026
Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026
Reparto de Consejerías
Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.
Fiscalidad y eficiencia administrativa
Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.
En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.
Economía y sector primariomartes, 11 de agosto de 2026
Desmontando bulos sobre la vivienda: sin mitos, mejores soluciones
Bulo 1: las viviendas vacías justifican que no se incremente la oferta
Tenemos datos del INE del 2021 publicados en 2023, pero hasta la fecha no se ha actualizado. Aparte del tiempo transcurrido, tiene el problema de haberse recopilado los datos en el escenario de la pandemia, lo que relativiza ciertos usos residenciales. Aún así, podemos extraer datos muy interesantes. Existían más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale a un 14,3% del parque total de viviendas del país en dicho momento. Las provincias donde más hay coinciden con las más pobladas, como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante ó Málaga. Sin embargo, lo más importante es la proporción y pasan a ser aquéllas donde se experimenta más despoblación. O lo que es casi lo mismo: donde la gente demanda vivir menos como Orense, Lugo, Ciudad Real, Zamora ó Cuenca cuyas tasas superan el 25%. Por el contrario, grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona son las que menos. En la Región de Murcia existirían 12 viviendas vacías por cada 100, por lo que su situación se aproxima más a la de una provincia tensionada.
Ese stock de viviendas vacías tiene una explicación lógica: en un porcentaje indeterminado pero estimativamente alto se corresponderían con el sobrante tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, esa inflación de oferta derivada de la época del boom urbanístico choca con una demanda por provincias que no es en absoluto simétrica, pues es mucho menor en provincias rurales y donde las expectativas del empleo al que se aspira no se materializan en tales territorios. Por lo tanto, no sirve de nada tener muchas casas vacías en Soria ó en Teruel cuando la gente no quiere establecer allí la residencia fija. Y, por si fuera poco, hay un tercer factor. Y es que muchas de esas viviendas vacías carecen de cédula de habitabilidad o simplemente permanecen sin terminar, deteriorándose bastantes de ellas con el paso del tiempo. Pese a ello, siguen contando en el censo como viviendas y algunas terminan siendo pasto de la okupación.
Bulo 2: la propiedad del mercado inmobiliario la concentran grandes tenedores
El Gobierno de Sánchez, que lleva en ejercicio con distintas fórmulas de coalición desde 2018, caracteriza su política de vivienda como la del perro del hortelano: ni construye, ni deja construir al sector privado. En 2021, cuando cogobernaban PSOE y Podemos, ya previa habilitar 100.000 viviendas para alquiler sostenible. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se subió la apuesta a 183.000. Desde la coalición con Sumar se sumaron 40.000 que se financiarían con créditos del ICO más otros 20.000 del Ministerio de Defensa... así hasta llegar a un total más de 260.000. Fuentes del Gobierno aseguran que a fecha de abril de 2026 se habían entregado 100.000, pero contrastando datos se apunta más bien una cifra cercana a la mitad de lo que se dice. El motivo es porque, en su comunicación, el Gobierno mezcla cifras para esconder las que efectivamente se han entregado y diluirlas entre las que se encuentran en otra fase burocrática pero sin inquilino. Es más, la contradicción no acaba ahí, sino que ni tan siquiera existen datos públicos oficiales que nos permitan conocer con seguridad las cifras de casas construidas y entregadas. En resumidas cuentas, que la ausencia de transparencia a este respecto es tan palmaria como sorprendente.
El Plan estatal de vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros con casi la mitad destinados a vivienda protegida con 15.000 euros de ayudas para jóvenes menores de 35 años que compren vivienda en pueblos. Sin embargo, desglosando anualmente daría para unas pocas miles de viviendas públicas nuevas si no se recurre a reformar y habilitar las del "banco malo". Además, el BNE estima un déficit acumulado de 800 mil viviendas siendo el último anual de 200 mil, sobre todo con la presión del incremento de la población derivada de movimientos migratorios (internos y externos). Por tanto, el Plan apenas podría cubrir un 3% de las necesidades y, resumidamente, el Estado pretende derribar un muro con un tirachinas.
Bulo 5: los pisos vacacionales tienen la culpa de la contracción de oferta
Se ha señalado a plataformas como Airbnb, que se dedican a gestionar el alquiler vacacional, como responsables de la subida de los alquileres residenciales, del desequilibrio del tejido urbano y de perjudicar la integración y convivencia. Sin embargo, según datos del INE de 2025 el total de viviendas turísticas se sitúa en torno a 330.000, localizándose más del 25% en Andalucía seguida por la Comunidad Valenciana y Cataluña que entre las dos sumarían prácticamente las mismas que aquélla (91.000). Luego de un parque total de 27 millones de viviendas, hablar de que el alquiler vacacional sea un problema para el acceso a la vivienda es sin duda confirmarlo como chivo expiatorio.
Y es que no se reduce a apuntar con el dedo, sino que se va más allá. Así, existe una proposición de Ley que todavía no ha sido aprobada mediante la cual el Gobierno aplicaría de forma torticera la Directiva Europea 2025/516. Según esta normativa comunitaria, todos los arrendamientos temporales inferiores a 30 días deberán de aplicar desde 2028 una fiscalidad por IVA al igual que los establecimientos hoteleros. Sin embargo, la proposición de Ley mantendría el tipo reducido del 10% a estos últimos mientras que el de los alquileres turísticos se aumentaría al 21% y, lo que es peor aún, suprimiendo la exención en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, el Ayuntamiento de Barcelona planea también eliminar los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028 mediante la no renovación de las licencias y forzarlos ser vivienda residencial. No obstante, desde 2015 que fue cuando entró Colau y estuvo 8 años no se ha otorgado ninguna nueva licencia. Por lo tanto, el aumento en todos estos diez años de un 72% del precio del alquiler en Barcelona es imposible que se deba a estos pisos.
Conclusiones
Los bulos que manchan el análisis de la política pública de vivienda tienen en común que tratan de justificar que no existe un problema de oferta, a pesar de que la demanda sea muy superior. Por lo tanto, parten de exponer un negacionismo palmario de la inexorable ley no escrita de demanda y oferta. Por ejemplo, el economista Eduardo Garzón considera que construir más vivienda no supone decrecer los precios sino justo al contrario. Sin embargo, oculta interesadamente el contexto que compara al tratarse de la época de la burbuja urbanística cuando la demanda no se había disparado tanto en relación con esa oferta. De igual modo, en la época actual en la que se sigue construyendo sigue sin ser suficiente como para absorber tanta demanda y eso nos lleva a los escasos incentivos para poner en alquiler una vivienda.
No hay que olvidar otro anterior post en el que indirectamente mencioné los enormes incentivos a no alquilar a personas vulnerables por la normativa referida a personas supuestamente no vulnerables, así como otras disposiciones. En lugar de fomentar el alquiler, las políticas intervencionistas y defensores mediáticos prefieren señalar a los "malvados" rentistas, los pisos vacacionales o los fondos buitres como los responsables de la contracción de oferta. Por consiguiente, cualquier "enemigo" externo es legítimo de señalar para excusar al Gobierno central. En este caso, para que si hay que apuntar a una Administración sea en exclusiva la autonómica. Como por ejemplo en una vergonzosa cuña de radio pagada por el Ministerio en la que promociona la Ley de Vivienda mencionado expresamente que es cosa de que la CA de turno la "cumpla".
¿No existen bulos de demanda? Pues no, no es ningún bulo el que haya muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan adquirir una vivienda como tampoco que el incremento de extranjeros en España haya contribuido a tensionar el mercado. La creciente demanda de vivienda y alquiler es una circunstancia tan evidente, tan absolutamente contrastable por todas las vías posibles y tan incontestable que es imposible disfrazar esas cifras con la más mínima manipulación. Es más, se ha incrementado el número de personas sin hogar. Toda esta situación, sin embargo, es la recurrida por los discursos tendenciosos para ofrecer una visión errónea del problema. Pues aunque apuntan al problema de oferta, que es la dirección aparentemente correcta, se desvían en varias direcciones en pro de su narrativa.
martes, 3 de marzo de 2026
La reforma laboral liberal de Milei: hechos frente a la desinformación mediática
Jornada laboral flexible
Se ha difundido machaconamente en prensa afín al Gobierno de España que la reforma de Milei eleva la jornada laboral semanal a 12 horas diarias, cuando en realidad la jornada sigue limitada a 48 horas. Es decir, superior en 8 horas a la española y sin duda algo que podrían criticar y que ya estaba con los anteriores gobiernos kirchneristas. Lo que se introduce ahora es una mayor flexibilidad en la distribución horaria, permitiendo jornadas más largas en determinados días a cambio de jornadas más cortas en otros y mediante un sistema de compensación anual. Este modelo no solo no elimina las horas extraordinarias, sino que funciona de manera análoga a la distribución irregular de jornada prevista en el Estatuto de los Trabajadores de España y aplicada desde hace años en sectores como la Sanidad.
Así, según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada máxima en España (como hemos dicho) es de 40 horas semanales, si bien la empresa puede distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada laboral si no existe colisión con el Convenio colectivo y respetando 12 horas de descanso entre jornadas, descanso semanal (días libres que correspondan) y con 5 días de preaviso. ¿A que no lo sabían? ¿A que la prensa progre no se lo ha informado? Pues ya lo saben. Igual que tal y como vimos en el anterior post, personal médico, de enfermería, celadores y etc tienen que soportar guardias de 24 horas y parece que nadie que no sea trabajador del sector sanitario ve un problema en ello.
La mochila austríaca
También se ha afirmado que la reforma abarata o elimina las indemnizaciones por despido o, dicho de otra manera, que se legitima el despido libre. Lo que realmente hace es introducir de forma voluntaria la llamada “mochila austríaca”, manteniendo intactos todos los derechos ya devengados por los trabajadores. Este sistema fue precisamente el que propuso Ciudadanos en las primeras elecciones generales en las que se presentó y ha sido recomendado por el Banco de España, la Comisión Europea y el FMI. Consiste en que la empresa vaya provisionando mes a mes la indemnización en un fondo que pertenece al trabajador y que este cobra tanto si es despedido como si finaliza su vida laboral sin haberlo sido, ampliando así su seguridad económica. Igualmente, si cambia de trabajo esa mochila no la pierde sino que se la lleva consigo. Entre las ventajas, existen tanto motivos para la empresa como para la persona trabajadora. Elimina la incertidumbre sobre los costes de la contratación debido a esa existencia previa de una cuenta externa sobre los derechos de la persona, favorece el crecimiento personal y la movilidad voluntaria al no contemplarse la restricción de renunciar a indemnizaciones ni derechos adquiridos en la empresa, favorece la productividad y flexibiliza el mercado laboral sin que los trabajadores indefinidos tengan una protección mucho más elevada con independencia de su rendimiento que los temporales, que siempre son los más precarios. ¿Y qué quiere decir sobre todo este último? que los de menos antigüedad no tendrán que pagar el pato de la crisis de la empresa y será el rendimiento o el valor añadido lo que determine a quién hay que despedir. Finalmente, producida la jubilación todo ese dinero devengado no se quedaría en manos del Estado para pensiones públicas, sino que se reintegraría como complemento de la pensión de esa misma persona trabajadora.
Pagos en especie
Otro de los bulos más repetidos es que la reforma permitiría pagar salarios en especie como carne o leche de forma generalizada. En realidad, solo se autoriza que hasta un 20% del salario pueda abonarse en especie si ambas partes lo pactan, lo que representa un porcentaje inferior al 30% que es el permitido en España. Esto viene en el artículo 26.1 del Estatuto de Trabajadores, previsto con arreglo al Convenio colectivo aplicable o bien en el contrato de trabajo y siempre y cuando se le asigne un valor económico exacto a los bienes (productos como comida u otros que elabore la empresa) o servicios (uso de vivienda alquilada, vehículo de empresa, guardería, acciones o formación) en nómina y el salario en dinero, aparte de no ser inferior al 70%, sea en cuantía igual o superior al SMI. Los pagos en especie cotizan a la Seguridad Social y tienen retención de IRPF.
Derecho de huelga y servicios mínimos
En relación con el derecho de huelga, se ha acusado a la reforma de vaciarlo de contenido. En lugar de eso, lo que se establece es un régimen de servicios mínimos del 50–75% en sectores esenciales, algo plenamente comparable a la práctica española, donde los servicios mínimos se fijan caso por caso y, en algunos ámbitos críticos, llegan incluso al 100%. Asimismo, se permite el despido de quienes participen en piquetes violentos que impidan trabajar a otros empleados, una previsión que también existe en la legislación española. La previsión se localiza en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que si un trabajador incurre en coacciones, violencia física, daños materiales o amenazas graves a personas de la entidad, puede ser castigado con un despido disciplinario y no genera indemnización al romper la buena fe contractual.
Lucha contra la economía sumergida
Más allá de estos aspectos, Rallo subraya en un segundo vídeo que el cambio verdaderamente decisivo de la reforma ha sido prácticamente silenciado: el régimen de incentivo a la formalización laboral. Argentina arrastra un problema estructural gravísimo: el 43% de los trabajadores argentinos opera en la economía informal, sin cotizar a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? no es un tema cultural ni de explotación, sino económico. Las cotizaciones sociales en Argentina son extraordinariamente elevadas. El empresario paga un 27% adicional sobre el salario bruto y el trabajador un 17%, lo que provoca que cerca del 44% del salario se pierda en cotizaciones, generando fuertes incentivos para que ambas partes opten por trabajar en negro.
Para combatir este problema, la reforma introduce una rebaja de 12 puntos en las cotizaciones empresariales para nuevos empleos, que pasan del 27% al 15% durante un periodo de 48 meses. Según el ministro de Economía Luis Caputo, este es uno de los pilares fundamentales de la reforma. El objetivo no es solo crear empleo, sino atraer trabajadores desde la informalidad (economía sumergida) hacia la economía formal, ampliando la base de cotizantes y permitiendo, a medio plazo, una reducción estructural de las cotizaciones sin poner en riesgo el sistema de pensiones.
Por consiguiente, la lógica de la reforma se basa en reducir costes y alinear incentivos, no en aumentar la persecución o la presión estatal. Al abaratar la contratación formal, se facilita que las empresas crezcan, inviertan y aumenten la productividad, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos más estables y con mayor proyección.
Conclusión
Puede que la reforma laboral de Milei no liberalice completamente el mercado laboral argentino, pero sí supone la primera modernización significativa en más de medio siglo, actualizando una legislación heredada de los años setenta desde Juan Domingo Perón (1974). Frente a los relatos catastrofistas, los vídeos sostienen que estamos ante una reforma pragmática, comparable en muchos aspectos a la española, cuyo objetivo central es reducir la informalidad, ampliar el empleo formal y aliviar la carga fiscal, sentando las bases para una mayor prosperidad económica.





