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viernes, 16 de octubre de 2026

Teletrabajo en la Administración Pública: desarrollo desigual en AGE, CARM y Ayuntamientos

En el día de hoy me voy a referir a un tema que debería estar dentro de los programas electorales del 29-N de cara a proteger y mejorar los derechos de los empleados públicos. Desde el punto de vista administrativo, si alguna lección pudo extraerse de la pandemia del Covid-19 fue sin ningún género de duda que las tecnologías debían de facilitar el trabajo y la atención no presencial. Así, en el sector privado, algunas entidades de especial relevancia en distintas áreas como BBVA en el área bancaria, Axa y Mapfre en Seguros o Campofrío en Alimentación han desarrollado sus sistemas de teletrabajo en la medida en que cierta parte de sus procesos de trabajo son viables. En el sector público, que en muchos aspectos ha sido pionero como en derechos de los empleados, no parece haberse generalizado y aplicado del todo. Así que en el presente artículo exploraré los antecedentes y estado de la cuestión en la Administración General del Estado como marco normativo básico y muy especialmente en lo que está pasando en la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. Por último, comentaré y analizaré varias iniciativas de Ayuntamientos de esta misma Región que han aprobado Reglamentos regulatorios del teletrabajo en sus administraciones. Aclaro que no añado municipios como Murcia que disponen de un acuerdo no reglado o Molina de Segura que está pendiente de aprobación definitiva desde abril. Esta triple revisión nos permitirá tener un conocimiento de cómo se encuentra regulado y adaptado cuando la mencionada pandemia es hoy día un triste, mal pero a su vez algo lejano recuerdo.

El modelo normativo básico de la Administración General del Estado

Durante 2020, la Administración General del Estado funcionaba fundamentalmente con las medidas extraordinarias derivadas de la pandemia. El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, introduce el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público, Ese artículo conceptúa el teletrabajo como una prestación de servicios a distancia (fuera de dependencias administrativas) mediante tecnologías de la información, compatible con el trabajo presencial y de carácter voluntario y reversible. Por lo tanto, no es un acceso remoto sin más, sino que se corresponde con una prestación efectiva de servicios públicos. El texto legal se remite al desarrollo ya sea legal o reglamentario y bajo negociación con los sindicatos para, entre otras cosas, determinar criterios objetivos para el acceso a dicha modalidad de trabajo. La norma se refiere a la necesidad de contribuir a una mejor organización del trabajo tanto en identificación de objetivos como en evaluación de su cumplimiento, así como a la igualdad de derechos y obligaciones salvo aquellos estrictamente relacionados con el servicio presencial. Por supuesto, también ha de evaluarse previamente la prevención de riesgos en el domicilio. Las Administraciones serán responsables de proporcionar los medios tecnológicos necesarios, entendiéndose por tales el acceso remoto a las aplicaciones y algún dispositivo como una cámara de vídeo. Lo básico, es decir, el hardware (monitor o portátil) y el lugar apropiado, será responsabilidad de la persona empleada.

En abril de 2021 existían 46.760 empleados de la AGE en modalidad no presencial frente a 127.691 presenciales, lo que representa que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores desempeñaba sus servicios a distancia. Pero aquello no era aún el modelo estructural definitivo. El 12 de abril de 2021 llegó el hito clave. La Mesa General de Negociación de la AGE firmó el Acuerdo sobre criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo negoció con CCOO, UGT, CSIF y CIG y fue tramitado por la Secretaría de Estado de Función Pública. El planteamiento era bastante claro con un modelo general de 3 días máximo de teletrabajo más 2 días presenciales por semana. También se contemplaban situaciones especiales para determinadas zonas de difícil cobertura o con problemas demográficos (España vaciada), donde el porcentaje de presencialidad podía ser mucho menor. Pero el problema es que el acuerdo necesitaba desarrollo normativo a través de Real Decreto del Gobierno.

El Gobierno aprobó en mayo de 2022 un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado incorporando el teletrabajo como una de aquéllas. Y aquí encontramos otra vez el modelo de tres días a distancia y dos presenciales como regla general. También se permitían dos días a distancia por razones organizativas y otros sistemas excepcionales y el porcentaje de presencialidad nunca podía ser inferior al 40% de la jornada semanal. Sin embargo, esta modalidad se vinculaba estrictamente al  plan energético y poco tenía que ver con el modelo estructural de 2021. En noviembre se aprobó el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y el Gobierno se comprometía a impulsar, entre otras medidas, la "puesta en marcha inmediata del Teletrabajo". Así constaba en la Resolución de 14 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se publicó aquél. Sin embargo, el esperado Real Decreto continuó retrasándose por no decir que nunca llegó. En junio de ese mismo 2022, CSIF denunciaba públicamente que el Gobierno todavía no lo había aprobado teniendo en cuenta que la mayoría de restricciones sanitarias habían sido levantadas. En febrero de 2023 el mismo sindicato llegó a presentar una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio por la demora. 

En los años siguientes (2024-2025), el Gobierno frena las expectativas de una transición total al entorno virtual. Con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE, se deja claro que el teletrabajo no se conceptúa como un derecho del empleado público, sino una "modalidad de organización temporal supeditada a las necesidades del servicio". A fecha actual de 2026 no ha pasado todavía de fase de enmiendas, por lo que ni tan siquiera puede darse luz verde a su desarrollo reglamentario. Pese a dicha circunstancia, el teletrabajo volvió a estar sobre la mesa con la implantación de la jornada laboral de 35 horas y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Ahora bien, la aplicación práctica se ha fragmentado. Mientras departamentos muy tecnificados como la AEAT ó el CSIC funcionan con instrucciones estables de 2 días semanales, en varios ministerios y sobre todo en cuerpos de atención al ciudadano se mantiene una presencialidad prácticamente total. Por último, la Resolución de 14 de abril de 2026 sobre jornada y horarios de la AGE es la normativa más reciente sobre organización general del trabajo en la Administración estatal y guarda silencio al respecto de teletrabajo.

El modelo de la Administración Regional de la CARM

La CARM ya había impulsado el teletrabajo antes de 2020. Así, existieron dos acuerdos marco de la Mesa General de Negociación de fechas 6 de octubre de 2015 y 12 de noviembre de 2018, que impulsaron su implantación. A partir de ellos se realizaron proyectos piloto. El primero comenzó en 2015 en la Consejería de Hacienda con quince personas y el segundo se extendió en 2018 al conjunto de consejerías con 80 participantes. La propia Administración Regional consideró que aquellas experiencias fueron un interesante antecedente. Los requisitos en el primer proyecto eran conocimientos informáticos suficientes, una serie de requisitos técnicos de su equipo personal, cumplimentar un cuestionario previo de autoevaluación de riesgos en el domicilio y un máximo de 3 días en el domicilio. La diferencia con el segundo es que los nuevos cursaron formación específica previa, el seguimiento era a más largo plazo (un año prorrogable) y se abrió un procedimiento reglado para solicitarlo.

Pero no fue hasta el 5 de junio cuando de 2020, poco después de levantarse el último Estado de alarma por la pandemia del Covid-19, cuando en Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios se firmaron los criterios para la llamada "nueva normalidad", manteniéndose modalidades presenciales y no presenciales. Entre ellos, se establecieron reglas temporales para aplicar el teletrabajo mientras durase la crisis sanitaria. Posteriormente sería prorrogado hasta el 30 de junio de 2021. En aquél mismo mes de junio de 2020 incorporó su propia regulación legal a través del Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio. Esta norma añadió la disposición adicional decimosexta al Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. Dicha previsión establece que la Administración Regional podrá implantar el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita y se garantice la correcta prestación del servicio. También reconoce la viabilidad de que pueda ser parcial o total en relación con las funciones del puesto desempeñadas a distancia y desarrollándose los términos y condiciones mediante negociación entre la Consejería de Función Pública y las Organizaciones sindicales destacando lo relativo a la salud y a la conciliación personal, laboral y familiar del personal empleado público.

En base a esto, CARM y Sindicatos alcanzaron el Pacto de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 25 de junio de 2021 (BORM de 9 de julio). El Pacto establece que el teletrabajo sería, en los mismos términos que lo establecido en el EBEP, sólo que añadiendo algunas condiciones interesantes. Respecto a su ámbito, reitera su carácter voluntario, reversible y condicionado a la continuidad del servicio público, pero también aclara que no se configura como una prestación ordinaria de servicios. Por lo tanto, ya avisa que el teletrabajo sería complementario o excepcional. Puede ser obligatorio solo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, como por ejemplo ya se estaba aplicando en contextos de despachos amplios y con un número elevado de personas. Fue mi caso con anterioridad a este pacto, dado que en el espacio en el que me encontraba éramos hasta 16 puestos de trabajo en un mismo macro-despacho. No aplica directamente al personal docente, sanitario o de servicios sociales, ya que cuentan con regulación propia. 

Acceso y condiciones de prestación. Se accederá por convocatorias públicas periódicas o bien por solicitudes de gestión permanente y requiere estar en servicio activo, contar con un mínimo de 6 meses de antigüedad en la unidad y obtener informe del superior jerárquico. Se valoran situaciones prioritarias (discapacidad, salud, violencia de género, familias monoparentales, etc.). Sobre las condiciones de prestación, se permite un máximo de 3 días semanales ampliable en situaciones de emergencia y la autorización se formaliza en un acuerdo con una duración máxima de 2 años prorrogable, modificable, renunciable y revocable. Además, se precisa fijar un sistema de trabajo por objetivos e indicadores de medición así como registrar la jornada e identificar horario fijo. La CARM será responsable de aportar acceso a las aplicaciones, formación, seguridad y verificar prevención de riesgos, al tiempo que se contemplan los derechos de intimidad y desconexión digital para ser regulados con los sindicatos junto con todo el desarrollo reglamentario pendiente. Por lo tanto, este pacto era la primera puesta en común pero no el final.

En 2023 aparece un nuevo compromiso, que es el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y recuperación de condiciones de trabajo y que se plasmó en la Resolución de 11 de mayo de 2023 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación digital (BORM nº 109, de 13 de mayo), vuelve a ocuparse expresamente del teletrabajo. El acuerdo establecía en su apartado 5 la creación en junio de aquél año de una comisión técnica dependiente de la Mesa General de Negociación para elaborar una propuesta de acuerdo destinada a regular el teletrabajo. Según el acuerdo, los trabajos debían estar terminados antes del 31 de diciembre de 2023. Pues bien, llegado mayo de 2024 el sindicato UGT denunció que tras un año todavía no se había hecho nada. No se retomó hasta octubre cuando se constituye la comisión, pero fue una reunión sin continuidad.

Llegamos a febrero de 2026 e Intersindical denunció que no se había avanzado nada y reclamó retomar esas negociaciones. Incluso en un acta del Comité de Seguridad y Salud de la Administración regional de 2025 aparecía recogida la petición de regulación del teletrabajo y ya señaló que desde el 8 de octubre de 2024 no se había vuelto a convocar el grupo de trabajo. Lo cierto es que las circunstancias excepcionales de la pandemia provocaron aquella aplicación temporal y, una vez terminada su vigencia, el 1 de julio de 2021 se produjo la vuelta a la presencialidad de todo el personal. Paradójicamente, a día de hoy lo único que existe es el acceso remoto a carpetas corporativas y aplicaciones específicas pero no en régimen de Teletrabajo sino de forma complementaria. Menos se entiende con la progresiva sustitución de los discos duros compartidos (T:) por la nube (One Drive) y las herramientas de Microsoft como Teams, siendo tanta una como otras ya accesibles desde casa y sin permisos especiales. Esta situación actual, que puede permitir un salvavidas en ocasiones urgentes con aplicaciones específicas como Portafirmas, PLACRM (contratos) y otras contables o de gestión personal, desde luego no es lo que estamos esperando los empleados públicos y tampoco resulta muy amigo del derecho a la desconexión digital.

El teletrabajo en la Administración Local 

Jumilla fue la pionera publicando en el BORM en 22 de febrero de 2022 la versión definitiva de su reglamento. Se requiere una antigüedad de 12 meses consecutivos en el mismo puesto (siempre que sea susceptible de teletrabajo) con dispensa si el puesto lo tuviese reservado. Se establecen una serie de colectivos prioritarios como mayores de 60 años o personas que vivan lejos. El procedimiento se inicia con una solicitud a la Alcaldía o Concejalía delegada de Personal, informa la jefatura de servicio de adscripción del solicitante sin más trámite y con resolución de la Concejalía de Personal. La autorización será por tiempo determinado y máximo 6 meses, siendo prorrogable si nadie dice nada hasta otros seis más. El plazo de resolución es de un mes con sentido desestimatorio del silencio administrativo. Una comisión de seguimiento velará por la correcta ejecución. Finalmente, se reconoce el derecho a la desconexión.

En Los Alcázares (publicado el 25 de abril de 2022) se precisan 6 meses de antigüedad en el puesto para el personal interino o temporal pero con previsión de permanencia de más de un año. Se prohíbe para puestos de registro e información al ciudadano, personal eventual, servicios presenciales por su naturaleza y los que justifique la Alcaldía por Decreto. Se permite un máximo de tres días durante seis meses y pueden ser alternos y rotatorios como estime la jefatura de servicio. La autorización ha de ser por tiempo determinado, pero en esta ocasión es de año máximo prorrogable por otro. Al segundo año hay que reiniciar el procedimiento. Se precisa informe de la jefatura, visto bueno del titular de la concejalía de adscripción, informe de recursos humanos y otro de informática resolviendo la Concejalía de Personal. Se reconoce una buena gama de derechos haciendo referencia a la protección de datos y privacidad aparte de desconexión, reconoce también colectivos prioritarios y es el más completo. No indica plazo, pero ha de entenderse de 3 meses en aplicación supletoria de la Ley 39/15 y silencio positivo.

Mazarrón, con su Reglamento publicado el 24 de octubre de 2022, es el Ayuntamiento que tiene un procedimiento más complejo, ya que precisa hasta cuatro informes: Jefatura de adscripción, responsable de personal, Comisión de Teletrabajo y del Técnico de Administración General donde se presenten servicios. También es el más restrictivo, ya que sus destinatarios exclusivos son padres y madres de hijos menores de 14 años, víctimas de violencia de género o terrorista y empleados con discapacidad. Por tanto, no se menciona gente mayor de 60 años. Además, circunscribe qué funciones son susceptibles de ser desempeñadas a distancia y excluye las mismas que Los Alcázares, aunque el ámbito positivo lo dejaba abierto. La antigüedad mínima requerida en el puesto son 6 meses consecutivos con independencia de ser fijo o temporal. En cuanto a plazos de duración son los mismos que Los Alcázares y se establece un porcentaje máximo del 20% de la jornada laboral (dos días). Al no mencionarse plazo expreso de resolución, se entiende que son tres meses y silencio estimatorio.

En 27 de octubre de 2022 se publicó el del Ayuntamiento de San Javier. Prevé adaptación de la Relación de puestos de trabajo tras definir con mayor detalle aquellas funciones susceptibles de ser prestadas en régimen de teletrabajo. La solicitud puede ser individual pero se permite que pueda ser colectiva. No existe ninguna previsión ni de destinatarios exclusivos ni prioritarios. En cuanto al procedimiento administrativo, es el mismo que el de Mazarrón excluyendo el informe técnico y denominándose "técnica" la comisión. La antigüedad mínima requerida es la más baja con sólo tres meses consecutivos en el puesto salvo que se disponga en reserva. Se concede por plazo indefinido salvo que cambien las circunstancias, como si se tratase de una autorización de compatibilidad. El texto menciona expresamente condiciones como la edad o la salud como factores a tener en cuenta. El sentido del silencio administrativo desestimatorio siendo el plazo máximo de resolución de 20 días hábiles desde la solicitud. Por lo tanto, es el más corto de los cuatro.

Ceutí publicó su aprobación definitiva en 11 de mayo de 2023. En el caso del personal temporal o interino se exige una antigüedad previa de un año en el puesto. La autorización se concede por máximo de seis meses y no existe prórroga implícita. Se puede optar a un máximo de 2 días y el procedimiento requiere informe de la jefatura, visto bueno de la concejalía e informe-propuesta de Personal. Ante la no previsión, se entiende un plazo máximo de 3 meses con silencio estimatorio. Sorprendentemente, se reconocen colectivos prioritarios pero no se menciona a los mayores de 60 años.

En 26 de agosto de 2026 fue Abarán que publicó el texto más corto de todos. El procedimiento es también el más simple con una mera solicitud a la Concejalía de Personal que resuelve de forma motivada. Pese a no requerir ninguna antigüedad (salvo para priorizar) es bastante restrictivo porque será aquél departamento quién decida qué tipo de puestos son viables para desempeñar teletrabajo a propuesta de las demás concejalías e incluso puede determinar periodos en los que se prohibirá. Además, entre los colectivos prioritarios no se relaciona a las mayores de 60 años y se baja el tope hasta los 6 años respecto a los hijos de las personas empleadas. Por el contrario, se faculta a un máximo de 50% de la jornada laboral mensual y se concede por tiempo de hasta un año pudiendo ser prorrogable automáticamente hasta llegar a los dos años.

Tengo que hacer un inciso importante y es que en los casos de Jumilla y San Javier no tengo claro que sea correcto el silencio administrativo negativo impuesto por dos normas reglamentarias. Que sepa, ninguna Ley estatal ni autonómica menciona expresamente que no sea estimatorio. Hay que tener en cuenta que con arreglo al artículo 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el carácter del silencio administrativo será siempre positivo salvo algunas excepciones tasadas más cláusula remitiéndose a otras normas con rango de Ley. Y a tal respecto considero que no encaja en las excepciones al sentido general estimatorio. Y la Ley 53/84 - en la que tal vez se escuden - trata en su prescripción de silencio negativo de las incompatibilidades por prestar una segunda actividad en el sector público, no de teletrabajo. Pero esa presunta irregularidad no anula lo más importante, que es que varios administraciones municipales se hayan anticipado en 2022 con la regulación del teletrabajo pese a hacerlo de forma dispar. Me preocupa más ese detalle, que haya tanta diversidad de criterios así como pocas iniciativas. Así que llegado a este punto... ¿por qué no se aplica el teletrabajo en la Administración de la CARM y por qué en la AGE se ha quedado en una aplicación descentralizada y nada uniforme?

Conclusiones

La primera de las razones por la que creo que no ha terminado de avanzar la regulación del teletrabajo es por la ausencia de una cultura del mismo. El cambio de paradigma en la Administración se ha orientado a convertirla en más accesible y transparente al ciudadano, así como más ágil y menos compleja. Sin embargo, en lo que respecta a sus propios empleados se ha estancado. Muchos ya tienen una perspectiva anclada en que los funcionarios somos unos privilegiados que debemos de permanecer en nuestros puestos de trabajo no vaya a ser que nos escapemos más de media hora a desayunar o peor, al supermercado o a casa a dormir. Así que uno de los elementos que puede estar detrás es la desconfianza en que el rendimiento telemático sea medible, cuantificable y efectivo.

En segundo lugar, el teletrabajo se ha venido circunscribiendo más a una circunstancia excepcional que a un derecho del empleado público conectado con la conciliación familiar y personal y/o con la salud. Y por mucho que se hubiese declarado en acuerdos sindicales elevados a público en los boletines oficiales. Si las Leyes no lo contemplan como tal, no puede protegerse como derecho. Esto se ha comprobado una vez que se ha esfumado la etapa del Covid-19 y sus fases de desescalada hasta que el 1 de julio de 2021 se acabó cualquier modalidad de teletrabajo fuese voluntaria u obligatoria. El hecho más significativo al respecto ha sido la ocurrencia de habilitar acceso remoto a las aplicaciones desde dispositivos personales en una modalidad de trabajo complementario fuera del horario normal.

En tercer lugar, creo que la CARM va a rebufo de la AGE y sobre todo a raíz de la pandemia en lo que a regulación se refiere. El hecho de que ninguna norma con rango de Ley ni tan siquiera reglamentaria haya visto la luz en el Estado es muy posible que sea el motivo por el que Murcia haya optado por no reformar su Ley de la Función Pública. Además, también tiene lugar esta ausencia de adaptación normativa en un contexto de futuro proyecto de nueva Ley que lleva años retrasándose, por lo que por ahí tampoco tiene motivación para adelantarse. Y, por si fuera poco, en cualquiera de los casos tampoco puede eludirse el clásico miedo a la inconstitucionalidad por si se invadiese el orden de competencias. Ojalá que tras las Elecciones Generales el próximo Gobierno se tome en serio y desencalle el teletrabajo porque considero que es la pieza del dominó que puede mover el resto y por supuesto a la CARM.

En cuarto lugar, la aplicación de la IA y el problema del envejecimiento de los recursos humanos en la Administración Pública son dos cuestiones que por el momento no son conectadas por los políticos con el Teletrabajo. La primera está experimentado avances importantes en el trabajo interno, pero de cara al público aún no. Así que por el momento los puestos de trabajo vinculados con atención al ciudadano son muy complejos de resolver exclusivamente mediante IA. Respecto al segundo, las soluciones que se están viendo son prolongar en el servicio activo a aquéllos con más de 65 años que estén dispuestos y poner sobre la mesa la movilidad de puestos. Pero no se plantean fomentarlo con teletrabajo.

Por último, casos como el de Los Alcázares y San Javier son muy positivos, ya que entran en qué tipo de funciones pueden ser perfectamente desempeñadas desde casa, bajo qué condiciones y mediante qué procedimiento administrativo. Se han basado exclusivamente en la legislación estatal que le es aplicable, pero al no existir más que un marco general han optado por resoluciones muy dispares en requisitos de antigüedad, colectivos destinatarios y preferentes, burocracia procesal, duración y hasta efectos del silencio administrativo. Es una pena que la Administración autonómica no tome ese ejemplo y adoptase la opción más restrictiva, lo que redunda en que las experiencias locales no pudieran ser más tanto más uniformes como extendidas al resto del mapa regional.

jueves, 9 de julio de 2026

La polémica 'Ley de nietos' y su efecto en el CERA

A pesar de que fue publicada hace cuatro años, ha salido desde hace unas semanas a escena de debate público la denominada "Ley de nietos", que realmente es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa fue aprobada por la izquierda con la intención de avanzar en la desactivación de todo lo que perviva de la época Franquista y, entre ello, se hace referencia a los españoles que dejaron el país durante la dictadura y cambiaron de nacionalidad. La oposición y cualquier español residente que no se alinee de forma estrecha con el Gobierno y sus seguidores ve esta norma con recelo. Por una parte, a estos extranjeros recién nacionalizados y que jamás han vivido en España les podría servir para trasladarse al país con plenos derechos. Pero lo que más suspicacias ha levantado no es eso, sino que, al asumir automáticamente el derecho a voto, se percibe que el censo exterior podría incrementarse considerablemente y sumar votantes de otros países que no es ya que ni vivan ni pagan impuestos en España, sino que presumiblemente votarían al partido ideólogo de la Ley: el PSOE.

Cómo se adquiere la nacionalidad

En España rige la regla de ius sanguini, es decir, son españoles de origen todos aquéllos nacidos de padre o madre española. Esto lo diferencia del ius soli, que se aplica a los nacidos en territorio español, si bien estos (cuando sean extranjeros) lo serán si al menos uno de sus padres hubiese nacido en España, salvo hijos de funcionarios en el extranjero. También se permite si han nacido en España pero sus padres son desconocidos y los adoptados por españoles. La nacionalidad y su adquisición se encuentran regulados en los artículos 17 a 28 del Código Civil (modificado por la Ley 36/2002) más el Real Decreto 1004/2015 por el que se aprueba el Reglamento que los desarrolla. Las alternativas ordinarias de adquisición son las siguientes:

Por opción: se le reconoce a aquéllas personas que hubiesen estado sujetas a la patria potestad de un español o bien su padre o madre hubiese sido español.

Por residencia: se permite adquirirla por llevar en España diez o más años de forma legal y continuada materializándose en una jura o promesa ante Registro o Notario. Sin embargo, varía dependiendo de las circunstancias, siendo 5 para refugiados, 2 para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí y sólo 1 para los nacidos en España, no ejercieron su derecho a optar en su momento, las personas casadas con una española o bien viudas.

El proceso en los casos anteriores precisa aprobar unos exámenes organizados por el Instituto Cervantes de conocimientos constitucionales y socioculturales, una prueba de español si la lengua materna es distinta, carecer de antecedentes penales y acreditar medios de vida suficientes y grado de integración en la sociedad española. La solicitud se tramita electrónicamente a través de la sede del Ministerio de Justicia y con el abono de las tasas correspondientes. Una vez aprobada, el proceso concluye con el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución en el Registro Civil, seguido de la inscripción definitiva. Pero existen otras vías para adquirir la nacionalidad con carácter excepcional.

Por posesión de Estado: se reconoce el derecho a la nacionalidad española a aquéllas personas que la hayan poseído y usado durante diez años de forma continuada y de buena fe, en base a un título en el Registro Civil y no tuviese constancia de que fuese fraudulento o no válido.

Por Carta de naturaleza: una medida de gracia otorgada discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto por la concurrencia de causas excepcionales. Por ejemplo, sucedió con motivo del 11-M. El principal requisito era la comparecencia del agraciado so pena de caducidad del procedimiento.

Antecedentes

El primer antecedente lo tenemos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura. Fue aprobada sólo 3 meses antes de las Elecciones Generales de 2008 y con Zapatero al frente del Gobierno. En la disposición adicional séptima se estableció lo siguiente:

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Mediante Resolución de 17 de marzo de 2010 de la Subsecretaría de Presidencia por la que se publica un Acuerdo del Consejo de Ministros de enero, se amplió el plazo en un año. Posteriormente, la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, contiene en su disposición adicional sexta lo siguiente:

El derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición.

Esta previsión de la nueva Ley del Registro Civil vino a añadir una cláusula de salvaguarda para aquellos casos de personas cuyos padres no llegasen a adquirir la nacionalidad española pero sí la mantuvieron sus abuelos, que sí encajarían en un pasado como exiliados. Por lo tanto, el contexto que tuvo este primer proceso extraordinario fue claro y definido.

Ley de nietos

El 20 de octubre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática con el objetivo de avanzar en la condena institucional del Franquismo anulando sus sanciones y con reconocimiento a víctimas, búsqueda de desaparecidos, retirada de símbolos de la dictadura y la parte que más nos interesa: el reconocimiento de la nacionalidad española de origen para aquéllos hijos y nietos de personas que se exiliaron por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, hay que matizar bien eso. Concretamente, se halla en la Disposición Adicional octava de esta Ley que indica textualmente lo siguiente:

1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

La primera diferencia destacable respecto a la regulación de 2007 es que señala como aparte (letra a) el hecho de casarse con extranjeros, separándolo de la circunstancia de represiones y exilio por causas políticas o ideológicas. El último supuesto (letra b) es en realidad congruente con la citada primera previsión de la Ley 52/2007, pues lógicamente podrán beneficiarse los hijos del anterior proceso. Una posterior instrucción publicada el 26 de octubre en el BOE por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública y firmada por Sofía Puente (hermana de Óscar Puente) amplía y detalla los requisitos y procedimiento y en su primera disposición indica lo siguiente:

Conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, podrán optar a la nacionalidad española:

a) Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

b) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

c) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En todos los supuestos indicados, será necesario que los interesados formalicen la declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo, por un año más, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Como puede leerse, reincide en la descontextualización, de tal manera que desvincula la situación alegada al exilio durante la Guerra y el Franquismo y, por tanto, podría abarcarse prácticamente todo el siglo XX y sin que ni tan siquiera quede acreditado que los ancestros sufriesen represalias. Ahora bien, en contra de lo que indican muchos medios, la instrucción NO amplía el ámbito de aplicación sino que lo replica. Por lo tanto, no es ilegal. Así que la polémica debe de centrarse en la Ley en cualquier caso.

En el proceso, tenía que acreditarse el vínculo (Registro civil) y aportarse certificados de nacimiento y documentos que confirmasen en su caso la condición de exiliado. Por ejemplo, parece que se están aceptando documentos que probasen la represión como encarcelamientos temporales o persecuciones. Sin embargo, como hemos visto existen otros supuestos en que eso no encajaría expresamente. El plazo, al igual que el anterior, se amplió por el año previsto hasta el 22 de octubre de 2025 y, para tramitar los expedientes, en ese último año se reforzó el personal laboral en los consulados incrementando las plantillas en más de un 40%.

El derecho al voto en España y elecciones autonómicas

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula en su artículo 2 el derecho al voto de manera que con carácter general corresponde a las personas que tengan la nacionalidad española, sean mayores de edad, estén inscritas en el Censo electoral y no hayan sido privadas del derecho de sufragio por sentencia judicial firme. Por tanto, no existe criterio de residencia en territorio español al contrario que países como Alemania, Dinamarca, Irlanda o Malta. Luego existen otras prescripciones específicas dependiendo del tipo de convocatoria, como que los ciudadanos comunitarios o de países con convenio de reciprocidad pueden votar en las locales y en las europeas si son de algún país miembro. Pero lo que nos importa aquí es el voto en Generales y Autonómicas por parte de los de nacionalidad española pero residentes en el extranjero, es decir, los que se registran en el censo CERA. 

Tanto su inscripción consular como la gestión del padrón, a este respecto, se regula en el Real Decreto 991/2024 sobre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el Extranjero. Los emigrantes deben de apuntarse en un registro en el plazo máximo de un año desde su llegada (RMC), mientras que en el resto de casos como el presente será automático. Hay que recordar que tras la reforma realizada por la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre (es decir, coincidiendo con el trámite actual), se suprimió el voto "rogado", de forma que se evita la molestia burocrática de tener que apuntarse con cada comicio electoral. Y es que aunque por lo general el Socialismo suela ser sinónimo de hiperregulación, existen circunstancias en las que se lo replantean. El ciudadano tan sólo deberá de molestarse en indicar a qué municipio español quedaría inscrito, pudiendo elegir el de última residencia o, si jamás vivió en España, el de sus ancestros. Y esta es la cuestión que genera más polémica. El hecho de que adquiera plenos derechos como cualquier español una persona que en la vida ha estado en nuestro país y en algunos casos probablemente nunca vaya a estar. A pesar de que se considere que la nacionalidad de sus abuelos se perdió por causa nula.

En las Elecciones Generales de 2023, se registraron 233.638 votos CERA, que ya mezclarían españoles emigrantes con nuevos nacionalizados. La participación electoral fue sólo del 10,4% y el único cambio tras las urnas presenciales fue que un escaño del PSOE pasó a manos del PP en Madrid. Sin embargo, en las últimas cuatro elecciones autonómicas que hemos analizado en este mismo blog y en las que el PP fue primera fuerza de forma destacada en todas ellas, fue por el contrario el PSOE en el voto CERA. En Andalucía 6.703 frente a 6.307 del PP cuando en 2022 fueron los de Feijoo los ganadores con 1.881 frente a 1.826. Además, fue determinante en Jaén al "quitarle" un escaño a Vox. En Aragón fueron 4.303 de los socialistas frente a 3.281 de los populares, en Castilla y León 4.303 frente a 3.281 y en Extremadura 612 frente a 482, manteniendo aquí el PSOE el diputado 18. En el medio La Razón hicieron un cálculo hipotético de qué hubiese pasado en las Generales de 2023 observando por cuántos votos se decidió el último escaño antes de incorporar CERA y en cuánto ha aumentado dicho censo desde octubre de 2022. El resultado es que hubiese afectado en 14 provincias. El PSOE habría podido volcar 7 diputados, el PP 4 y Sumar 3. La realidad nunca la sabremos.

El proceso y sus reacciones críticas

El Gobierno declaró en abril por mediación del ministro de Exteriores José Manuel Albares que había más de 2,4 millones de personas que habían solicitado la nacionalidad por esta vía y 545.000 nacionalidades concedidas hasta esa fecha. Sin embargo, semanas después Bolaños elevó esas cifras a 2,6 millones y 557.000 pasaportes entregados. De entre todas ellas, Argentina se encuentra a la cabeza con más de 645.000 citas aún por tramitar, ocasionando un tapón en la oficina consular. Pero esos 2,6 millones no quiere decir que vayan a obtener la nacionalidad todos ellos, sino que son los que han mostrado interés ya sea solicitando cita, apuntándose en listas, etc. Sin embargo, la proporción de denegaciones es muy baja, ya que hasta ahora sólo alcanzó un 1,3% según el Ministerio de Exteriores por errores de forma como documentación incompleta o filiación no acreditada. Estas cifras contrastan con las de la anterior Ley, cuyo balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas existiendo un 24% aproximado de denegaciones.

En la cámara del Senado, el PP también solicitó conocer de qué nacionalidades eran las solicitudes así como las provincias y si se podía prever qué alcance podría tener antes de las próximas Generales. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido silencio sobre ello y se ha limitado a defender el proceso como un medio para reparar a los descendientes del exilio. Y precisamente al PP se le ha recordado que Feijoo reclamaba hace 20 años darle la nacionalidad española a nietos de españoles que la perdieron por "causas injustas o discriminatorias" cuando era candidato a la Xunta Gallega y más recientemente en el programa electoral de 2023. Sin embargo, aparte de que no se le disculpe el "cambio de posición" al estilo Sánchez también hay que tener en cuenta que lo que más se critica desde los populares no es el hecho en sí de reconocer nacionalidad sino la amplitud y la estimada extralimitación. Así que esta aparente contradicción es la que ha motivado que tengan que moderar su discurso y más teniendo en cuenta que en 2023 se le benefició.

Vox ha presentado varios recursos. Primero, un recurso de inconstitucionalidad basándose en que considera contrario a la carta magna el concepto de víctima por ser ideológico y por presuntamente no limitar el grado de parentesco para los descendientes. En paralelo, solicitó a la Secretaría de Estado de Justicia que suspendiese la instrucción administrativa de 2022 por ilegal al ampliar el alcance. A este respecto, Hazte Oír se querelló contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa. Por último, junto con Iustitia Europa presentaron una solicitud a la Junta Electoral Central para que se suspendiera el voto por correo para los inscritos en el CERA por considerarlo opaco, para que se sustituyese por el voto presencial en el respectivo consulado. En un segundo escrito, Vox solicitó auditar y suspender las inscripciones en el censo exterior y revisar contratos con una empresa vinculada a la dictadura Cubana, como denunció también el PP. 

Las reacciones socialistas ante estas críticas se resumen en un "quieren que no puedan votar 2 millones y medio de españoles", demostrando que a populismo no se les gana por mayor experiencia.

Consideraciones

Uno de los elementos que más dudas genera es acreditar la "represión" que motivaría el exilio por causas políticas o ideológicas. Durante la dictadura, efectivamente hubo muchísimos españoles que dejaron el país, ya fuese temiendo por su vida y/o la de su familia por sus ideas republicanas o de izquierda o entendiendo que el Estado no le proporcionaba perspectivas de futuro. Otros muchos y no necesariamente afines al régimen, optaron por quedarse en España. Según esta Ley, el mero hecho de decidir salir de España y seguidamente cambiar de nacionalidad generaría ya el derecho. De esa manera es muy complicado distinguir un exilio de una emigración, a no ser que se pruebe documentalmente que esa persona salió de España por ser señalada, haber sido presa o cualquier otra circunstancia objetiva. No sencillamente por acoger mejores perspectivas en Estados democráticos. Por tanto, su carácter es mucho más amplio que el anterior con Zapatero y es legítimo y comprensible que llame la atención esta extensión de nacionalidades españolas con derecho a voto. Sobre todo por el hecho de que muchas de esas personas ni van a residir en España ni van a pagar impuestos aparte de que, a largo plazo, generara los mismos derechos para los sucesivos descendientes alcanzando a bisnietos y más allá en el exterior.

¿Es legal esto? Aparte de que existió, como se ha visto, un precedente similar, el artículo 11.1 de la Constitución Española se limita a la Ley sin más prescripción que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Lo mismo sucede con los artículos 13 y 23 en cuanto al derecho fundamental de sufragio activo. Por lo tanto, esas cláusulas dispositivas permiten un amplio margen para la Ley. Además, el Derecho español siempre ha reconocido el derecho al voto de los españoles sin restringirlo a su residencia efectiva, por lo que una reforma que retrocediera en ello sería muy impopular. La cuestión, por tanto, no sería tanto sobre su constitucionalidad como si choca con otras leyes. No hay que perder de vista que los plazos han sido los mismos que en 2007 y por lo tanto no son eternos, si bien de no ser plazo cerrado no existiría incentivo alguno de urgencia o de efecto oportunidad. Así que el recurso al TC de Vox, con toda probabilidad, será desestimado y no porque el PSOE tenga colonizada la mayoría de ese órgano. Del mismo modo, ninguno de los otros recursos y reclamaciones tiene visos de prosperar y las estimaciones de los expertos apuntan a que las Generales de 2027 (aunque no se adelanten) se celebrarían antes de resolver todos esos recursos.

¿Es esta una operación de ingeniería electoral para ampliar el censo y orquestar un pucherazo? Por una parte, llama la atención no ya que esto se aprobase un año antes de las Generales de 2023, sino que actualmente los servicios consulares hayan más que duplicado los contratos laborales para dar celeridad a las tramitaciones. Y es que aunque Sánchez esté obsesionado por agotar una legislatura que está ya más que agotada a todos los niveles de credibilidad, tampoco puede descartar que se implosione del todo y no quede más remedio que adelantar. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la variación del censo puede afectar más en las provincias rurales que en las grandes, dado que el último escaño suele disputarse por pocos votos. Así que un dato que explicaría o que reforzaría si el Gobierno tuviese esa intención sería si proporciones importantes de nuevos españoles se habrían censado en unas provincias concretas. Esa es una información que, a día de hoy, no se da. Segundo, hasta ahora la participación electoral del voto CERA no es significativa. En las Generales fue el 10,4%, en Castilla y León el 9,02%, en Andalucía el 7,80%, en Aragón el mismo que las Generales y en Extremadura el 7,54%. Por lo tanto, pese a la mayor activación de votantes de izquierda, la incidencia es hasta ahora muy limitada. Así que habría que ver si existiría algún movimiento para movilizar el voto externo, dado que el incremento estimado sería de 600.000 nuevos potenciales electores y es difícil que este volumen se ignore tan a la ligera. Precisamente, se conoce que existen delegaciones del PSOE en Argentina y México más otros muchos países latinoamericanos, pero también hay algunas del PP. Así que es posible que los partidos se muevan y no sea esto exclusivo de la izquierda, si bien muy seguramente usará el arma arrojadiza de "gracias a nosotros podéis votar". Así que por ese lado, la postura intermedia del PP parece haber detectado la trampa.

Teniendo en cuenta esta regulación y los datos, así como la consabida fórmula electoral que asigna los escaños en base a circunscripciones de tamaño desigual, insinuar una operación estudiada para manipular el censo con éxito suena a apuntar demasiado alto. A lo que si que apuntaría, sin embargo, es que en las próximas elecciones generales podríamos asistir a una dimensión internacional en la que no me extrañaría que hubiese mítines allí. Al menos uno por partido donde más haya crecido el censo. ¿Tal vez el PP en la Argentina de Milei y el PSOE en el México de Sheinbaum? Por una parte, creo que en este punto el PSOE va más fuerte y con más sentido de autoridad tanto por la mayor implementación de sus sedes como por su mencionado discurso. Por otra, habría que ver hasta qué punto son capaces de movilizar el voto en una América Latina donde la derecha crece o incluso en una Europa donde la izquierda tampoco está fuerte. Sólo lo sabremos en el momento de las urnas.

Todo esto no quita, sin embargo, que haya motivos para estar alerta por si acaso. Porque precisamente el Sanchismo nos los ha dado sin el más mínimo complejo. Y es que cuando estamos hablando de un Presidente del Gobierno sobre el que pesan sospechas de haber intentado amañar 2 veces las elecciones a la secretaría general del partido, de un voto por correo gestionado en 2023 por una persona imputada como Leire Díez, de una trama organizada en el partido para bloquear y torpedear investigaciones de corrupción, de una actitud hostil del ejecutivo hacia la Justicia y la Policía por las mencionadas investigaciones, de un afán de control por todas las instituciones incluyendo una planeada reforma de las instrucciones judiciales, de una narrativa de continua demonización y ridiculización no ya de la oposición política sino social, de un sistema mediático que regurgita dicho discurso de Moncloa y de una obsesión por no convocar elecciones culminada en un aplauso tras la reprobación por mayoría absoluta... pues todo lleva a una conclusión. Y es a creernos que si esta gente tuviese la menor oportunidad de poder dar un vuelco electoral pulsando cualquier resorte por antiético que fuese, si realmente estuviese a su disposición la opción de ganar elecciones con trampas y que luego pareciese un accidente, sin ningún género de dudas estimamos que lo harían. Y sin pestañear.

**Actualización: suspensión por el Tribunal Supremo**

Con fecha 8 de septiembre y a raíz de denuncias registradas por la asociación Iustitia Europa y Vox, el Tribunal Supremo ha decidido adoptar medidas cautelares que afectan de modo parcial a los interesados en el macro procedimiento administrativo. Se trata de suspender las inscripciones en el CERA de todos aquellos beneficiados por el proceso extraordinario de nacionalización derivado de las disposiciones mencionadas y de los que no quede acreditada su condición de exiliado por causas políticas. Esta medida, que no afecta a la resolución en sí de los procedimientos de concesión extraordinaria de nacionalidad española, se mantendrá provisionalmente mientras que no se dicte sentencia por el TS. El motivo de haberla acordado es para evitar el potencial daño irreparable de que ejerciera derecho al voto un número elevado de personas que carecieran de los requisitos legales específicos para adquirir la nacionalidad española. Es decir, que a posteriori se evidenciase irregularidad.

El motivo de polémica es lo que ya comentamos en este mismo artículo el pasado 9 de julio. No es tanto el ámbito de aplicación subjetivo de la instrucción reglamentaria, porque en realidad sólo reproduce lo que dice la disposición legislativa. El detalle clave es el siguiente - más relacionado con la acreditación del derecho - que se indica en la disposición 7 de la instrucción y en el que no reparé:

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

El TS entendería que sólo podrían ejercer el derecho de voto en elecciones autonómicas y generales los que acrediten documentalmente su condición de exiliados políticos. Pero es que la propia Ley ya queda en evidencia a ese respecto. Además, ya se empieza a notar en las declaraciones del PSOE cierta presión para dictarse sentencia antes de los comicios generales. Un proceso electoral crucial que, si sólo fuese por el Gobierno, se retrasaría lo que hiciese falta. Y esta es otra señal que confirma mi impresión que publiqué en julio.

viernes, 27 de febrero de 2026

El dilema entre Sanidad pública y privada forzado por el Gobierno

Desde febrero y hasta junio se ha planeado convocar y ejercer, desde el personal sanitario de muchas regiones, una huelga de cinco días a la semana con motivo del polémico proyecto de Ley de nuevo Estatuto Marco del personal sanitario cuyo borrador puede consultarse aquí. Se trata de la Ley básica estatal que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, es decir, personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios. La propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad, bajo la ministra Mónica García, pretende sustituir un marco vigente desde 2003 y que por lo tanto habría quedado obsoleto. En esta ocasión, como en la huelga se apunta al Gobierno, se están produciendo las graciosas reacciones de los típicos adláteres mediáticos que enfocan a los participantes en la huelga para disculpar a la ministra. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maestre a nivel nacional y a Miguel Hernández en la Región de Murcia, que despacha su artículo de "opinión" con un párrafo final absolutamente delirante. Y es que la propia ministra deslegitima la huelga expresando bulos y acusando de desatender pacientes oncológicos y en diálisis, algo absolutamente impresentable pero que retrata lo que es. Por si fuera poco, este mes se aprobó también el anteproyecto de Ley de Gestión pública e integridad del sistema de salud para derogar la Ley 15/1997 que se aprobó en la primera legislatura de Aznar y priorizar la gestión directa de hospitales públicos y restringir y limitar las concesiones. Antes de comentar los principales puntos de crítica, vamos a situar un poco en contexto la situación de la Sanidad pública en España y qué papel juega la Sanidad privada.

Marco constitucional básico

El artículo 43 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización y tutela a través tanto de medidas preventivas como de prestaciones y servicios. A tal respecto, se remite a la Ley para establecer derechos y deberes concretos. En la disposición 16ª del artículo 149.1 se establece como competencia exclusiva del estado la legislación sobre bases y coordinación general de la sanidad y de los productos farmacéuticos. 

El Estado no gestiona directamente ni hospitales ni centros de salud, pero sí fija el marco común. Sus funciones principales son importantes y amplias: legislación básica y coordinación (estableciendo bases legislativas del Sistema Nacional de Salud, garantizando un mínimo de derechos sanitarios en toda España y coordinando a las CCAA a través del Consejo Interterritorial del SNS), definir una cartera común básica de servicios en atención primera, especializada, urgencias y salud pública (que las CCAA pueden ampliar, no reducir), ejercer la política farmacéutica (autorizando medicamentos, financiación pública o fijando precios de referencia), garantizar la salud pública (normativa básica en vacunación, alertas sanitarias, coordinación ante pandemias o crisis sanitarias), regular formación y profesiones (títulos universitarios, homologación de títulos extranjeros, formación como el MIR y bases de estatutos profesionales) y la Sanidad exterior (control fronterizo y alertas internacionales).

Por su parte, las CCAA tienen atribuidas a través de sus Estatutos de Autonomía la legislación en materia de desarrollo y la ejecución (potestad reglamentaria) dentro de esas bases de conformidad con el artículo 148.1.21ª. Son las auténticas gestoras del sistema sanitario dentro del marco que les habilita el Estado que no es cuestión baladí. Asumen competencias de organización y gestión de sus servicios sanitarios (planificación y modelos de gestión de hospitales, centros de salud y urgencias), funcionamiento ordinario (gestión de listas de espera), personal sanitario (contratación, retribución y carrera profesional), presupuesto público (incluyendo infraestructuras aunque reciban financiación estatal), ampliación eventual de servicios (incluyendo programas específicos para colectivos) y promoción de la salud pública autonómica. Este modelo descentralizado permite una mayor cercanía a la realidad local de cada territorio, pudiendo gestionar la adaptación y organización. Sin embargo, la propia fragmentación del sistema en 17 es el principal problema estructural. En teoría, el SNS garantiza universalidad, equidad y cohesión territorial, pero en la práctica funciona como 17 sistemas sanitarios distintos con normativa propias, presupuestos diferentes y dispares modelos de gestión precisamente por el enorme margen que se le deja a las autonomías. De esa manera, el derecho reconocido en el artículo 43 de la CE no se ejerce igual según el territorio.

Fallos de coordinación y desigualdades territoriales

El Consejo Interterritorial del SNS tiene el problema de que sus decisiones son sólo recomendaciones no vinculantes y aún así se requieren consensos políticos difíciles, convirtiéndose más en un foro de confrontación partidista que de coordinación. Especialmente en la época de la pandemia del COVID quedó claro que no existían mecanismos eficaces para implementar criterios comunes y que cada región interpretaba y aplicaba a su manera. Es cierto que imponer sus decisiones podría suponer una percepción de centralismo o de imposición de la mayoría, pero la descentralización sin coordinación sólo puede incentivar la desigualdad.

El sistema dual que caracteriza a la Sanidad española favorece el traspaso de culpas permanente y la renuncia a la asunción de responsabilidades. Desde el Gobierno central siempre se apunta a las autonomías - especialmente si son de diferente color político diferente - por ser las encargadas de su gestión ordinaria. Desde aquellas se apunta al Estado tanto por la financiación insuficiente como por la legislación básica limitante. De ahí nos vamos a inevitables comparaciones entre modelos autonómicos y simplificando el debate al sustituirlo por la dialéctica de privatización frente a defensa de lo público sin entrar a valorar gestión y bloqueando reformas estructurales. En esta tesitura y, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos políticos en los que se van alternando ejecutivos nacionales y regionales, no existen incentivos claros para planificar a largo plazo.

Pero al ciudadano le afectan de forma más directa muchos aspectos. Por ejemplo, como cada región usa diferente software, los sistemas de información no son plenamente interoperables, causando que las historias clínicas electrónicas no son del todo compartidas. Eso complica el seguimiento de pacientes desplazados y la evaluación real de resultados, así como la movilidad de profesionales. Además, conlleva la duplicidad de pruebas con la ineficiencia y pérdida de tiempo que trae aparejada y a una peor continuidad asistencial.

También existen importantes diferencias en inversión presupuestaria en Sanidad, desigualdades que han de explicarse en atención a otras variables como la capacidad fiscal de las autonomías y la financiación estatal que reciben, que igualmente es dispar y no exenta de polémicas. Pero también afecta esta disparidad financiera a tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas de especialistas y en cobertura de servicios ampliados. No existen los mismos servicios en las CCAA relativos por salud bucodental y salud mental, más desarrollados, con más recursos y con menores listas de espera en Cataluña, Madrid, País Vasco y Cataluña. Hasta en materia de reproducción asistida se incluyen límites de edad diferentes. 

El papel de la Sanidad privada como válvula de descarga del sistema público

Esta fragmentación y los problemas de coordinación tienen un efecto indirecto que es la contratación de seguros personales y/o familiares privados por parte de los usuarios de la Sanidad pública. Cuando una parte de la población opta por ello, precisamente se reduce la presión sobre la atención primaria, las consultas especializadas y las listas de espera y, por lo tanto, menos pacientes en la pública implica más capacidad para quienes más dependan de la misma. No es ningún absurdo tratándose de un contexto actual en el que el envejecimiento poblacional se acelera unido a la mayor esperanza de vida, la creciente población inmigrante y los repuntes de demanda de profesionales sanitarios coincidiendo con bajas temporales. Quien puede hacerlo, elige tiempos y profesionales y paga su seguro.

Al margen de ello, el SNS ya opera de forma habitual con hospitales concertados y clínicas privadas o bien deriva la realización de pruebas diagnósticas y cirugías, reduciendo tiempos de espera y costes administrativos, acelerando diagnósticos y evitando cuellos de botella. En síntesis, mejorando la eficacia del sistema. Los conciertos sanitarios no son otro instrumento que gestión indirecta de servicios públicos en los que la Administración Pública financia y mantiene el control e inspección mientras que la empresa presta el servicio bajo condiciones contractuales de precio, tiempos, estándares de calidad y auditorías. No se trata de "privatizar" o "vender" la Sanidad pública como la izquierda siempre cacarea, sino de externalizar prestaciones. Los hospitales concertados funcionan como parte de la red asistencial, pues atienden a pacientes usuarios de la Sanidad pública y de hecho resultan imprescindibles para garantizar la cobertura. Sobre todo permiten una mayor flexibilidad en picos de demanda y pudiendo absorber los retrasos acumulados. Otra ventaja es que se optimizan los recursos en los casos en que se usa la infraestructura pública ya existente, evitando costosas inversiones públicas y permite focalizar lo público en urgencias, patologías complejas y atención a crónicos.

En lo negativo, el abuso del modelo de gestión privada podría cronificar la falta de inversión pública y minimizar el desarrollo de la capacidad interna, es decir, mejora del equipamiento e infraestructuras. La Sanidad privada puede desenvolverse perfectamente en procesos simples y económicamente rentables, pero en casos más complicados (cánceres y pandemias) y que puedan provocar desequilibrios financieros es preciso que el sistema público se haga cargo. Por otra parte, es preciso que en los pliegos contractuales queden claras y bien establecidas las disposiciones relativas a costes reales y evaluación de resultados, así como control público que evite sobrecostes e ineficiencias que perjudiquen al sistema. En definitiva, el concierto debe de ser complemento pero nunca sustituto. 

La Ley anti-privatización de Mónica García

Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es apuntalar la narrativa de que la gestión privada de la Sanidad pública desmonta a esta. Para combatirla, optan por lo que más les gusta como socialistas que son que es la burocracia y la hiperregulación. Para empezar, se prohibirá que una empresa que construya un hospital tenga la posibilidad de gestionarlo y se asesorarán a centros para abordar procesos de reversión de gestiones privadas con la intervención de la Alta Inspección del Ministerio. Por otra parte, se fomentarán consorcios sanitarios con entidades públicas en lugar de privadas, lo que implica que seguramente se constituyan nuevos chiringuitos administrativos financiados con dinero público. No olvidemos nunca que es en lo que consiste el socialismo. La gestión indirecta, aparte de limitarse a lo "excepcional", requerirá evaluación previa por "comités técnicos" que habría que ver qué tipo de composición tendrían, aunque refieren a profesionales, expertos y sociedad civil (eufemismos de sindicalistas y personal con afinidad ideológica). En dicho procedimiento se añadirán informes como el emitido por la Oficina nacional de evaluación para medir la sostenibilidad financiera. Esta futura Ley no es más que una ofensiva del Gobierno y especialmente de la ministra Mónica García contra Isabel Ayuso, tal y como se destapó cuando presentó dicho anteproyecto. Sin embargo, podemos comparar las redes de hospitales públicos y privados por autonomías en las que, en contra del relato clásico, Madrid no es precisamente de las que más abusa con un 14% de hospitales de gestión privada mientras que Cataluña tiene el 58%.

El nuevo Estatuto Marco del SNS

El colectivo médico considera que dadas sus características particulares como su formación (6 años de carrera universitaria más el MIR), sus responsabilidades legales y su régimen de guardas, precisan de un estatuto propio diferenciado que el borrador no contempla. Además, afecta más a ellos la fuga al extranjero o al ámbito privado alegando precariedad laboral (si, existe también en el cuerpo médico).

En materia de clasificación y carrera profesional, el Ministerio pretende actualizar categorías, homogeneizar criterios y promover la movilidad voluntaria entre CCAA. Sin embargo, las críticas consideran que se queda en la arquitectura y no entra en materia, puesto que entienden que no se garantiza en especializaciones y la progresión profesional depende más de decisiones políticas y presupuestarias que de mérito. Además, las disposiciones de movilidad dependen de la planificación y los desequilibrios territoriales y la falta de incentivos en zonas de difícil cobertura las complican.

En materia de jornada laboral se establece un límite general a la ordinaria y teóricamente se restringen las guardias de 24 horas estableciendo excepciones amplias por motivos asistenciales o necesidades organizativas. Las guardias no pasan a considerarse horas extraordinarias, manteniendo un régimen retributivo específico y separado de la jornada ordinaria. Por tanto, deja margen para que sigan como están y favoreciendo la percepción de que no existen garantías efectivas para evitar sobrecargas de trabajo. Por otra parte, las críticas también apuntan a que no contribuye a resolver problemas estructurales como falta de profesionales y deterioro de la imagen del sistema público.

Sobre la colaboración público-privada, se somete a la visión ideológica del Gobierno, que es la de minimizar el trabajo de profesionales públicos en la privada. Fundamentalmente altera el marco de incentivos, dado que establece un régimen de incompatibilidades más restrictivo. Así, el personal directivo profesional (gerentes, directores médicos...) limitarán su actividad exclusivamente al sector público mientras que los mandos intermedios como jefes de servicio o de sección podrán hacerlo con arreglo a la Ley 53/84, los facultativos que terminen su formación (MIR) no podrán ejercer en la privada hasta pasados cinco años de su especialización y para el personal facultativo sanitario (no administrativo) que compatibilice deberá de renunciar al complemento específico mientras que el que no lo haga no recibe ninguna compensación, es decir, sin mejorar retribuciones públicas. Es de sobra conocido que médicos especialistas de la pública también lo hacen en la privada, compatibilizando por lo tanto sus trabajos. Pero el SNS camina hacia la exclusividad sin compensación ni resolver problemas de sobrecarga o guardias. Se puede debilitar tanto la Sanidad concertada como la pública, pues puede darse también el hecho de que profesionales reduzcan su vinculación con el sistema público aumentando el déficit de médicos y suprimiendo las ventajas de la gestión privada. Igual lo que cree la ministra es que los servicios públicos se resentirán si sus profesionales dedican parte de su jornada a la privada pero no, es injusto usarlos de chivo expiatorio contra la situación de la Sanidad Pública.

Conclusiones

El Estatuto Marco es una norma eminentemente organizativa - dictada en el ámbito de las competencias del Estado - que trata de regular el trabajo sanitario y homogeneizar derechos, pero que no aporta novedades ni modificaciones sustanciales para ayudar a resolver la crisis del sistema. No soluciona demandas habituales de los profesionales, sino que responde a claros objetivos políticos. Así que se explica en ellos el motivo por el que se ha elaborado sin contar con los anteriores.

Considero que el personal médico tiene las suficientes particularidades como para que gocen de un estatuto propio, ya que no se comparten igual con otros cuerpos como la enfermería, el personal celador, etc... y son sin duda profesionales con una carga de trabajo física y mental difícil de comparar y más teniendo en cuenta las enormes guardias sin que se reemplace personal. En lugar de ello, el Ministerio de Sanidad propone el típico "cambio para que nada cambie" y lo hace por claros motivos ideológicos y políticos, que es evitar que el personal trabaje en la Sanidad privada. De ahí que refuerce las incompatibilidades al mismo tiempo que sólo propone cambios higiénicos en las guardas que seguirían siendo exigentes y duras, cargándoles a las autonomías la responsabilidad de gestionar ese panorama.

Pero la cruzada contra la Sanidad privada se percibe más claramente en la burocracia y el control contra ella y en el mensaje político que se comunica para supuestamente comandar una revolución en favor de la Sanidad pública. El Gobierno de España es claramente un ejecutivo amante del intervencionismo y no le basta con restringir que los profesionales a los que paga puedan compatibilizar su trabajo público en una entidad privada. Tampoco puede permitir que profesionales de entidades privadas aporten su talento y trabajo e incluso instalaciones para descargar responsabilidad, aumentar eficiencia y ahorrar dinero al Estado que se recauda de nuestros impuestos. No. Prefiere ahondar en la creación de órganos y entidades públicas hinchando los presupuestos nacionales y autonómicos sin aumentar la financiación a las regiones y, de paso, tratar de adelantar por la izquierda en el relato de que lo público siempre funciona mejor si es público. Que la gestión privada consiste en privatización y desmonte del Estado es el mantra que trata de reforzarse con estas leyes más enfocadas como ofensiva que como instrumentos al servicio del bienestar ciudadano. Mientras, seguiremos con crecientes listas de espera e igualmente progresivo descontento de la gente con la Sanidad.

martes, 3 de febrero de 2026

La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley que no se supeditan a la potestad reglamentarias y son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Los Decretos Leyes han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 se centraron en la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se sumó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, aunque añadiendo los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía y sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el eje central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de (una vez más) las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.