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jueves, 12 de noviembre de 2026

Entrevistas de precampaña 2026: los candidatos ante los medios

A las puertas del inicio oficial de la campaña de las Elecciones Generales del 29 de noviembre (mañana mismo), los principales candidatos han intensificado su presencia en los medios de comunicación para presentar sus propuestas, defender sus respectivas trayectorias y marcar distancias con sus adversarios. Entrevistas en televisión, radio y prensa que han permitido conocer no sólo sus prioridades políticas, sino también sus estrategias electorales, sus contradicciones y sus posibles líneas rojas ante la formación del próximo Gobierno.

En este artículo repasamos las intervenciones más relevantes de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau, Irene Montero, Miriam González y Luis «Alvise» Pérez durante las semanas previas a la campaña. El objetivo no es elaborar una simple recopilación de declaraciones, sino contrastar sus planteamientos y valorar, desde una perspectiva liberal de derechas e independiente de cualquier formación, la coherencia de sus propuestas, su viabilidad y el modelo de país que defienden.

Este análisis sirve, además, como antesala de nuestra cobertura electoral: mañana abordaremos el arranque oficial de la campaña y el próximo 20 de noviembre examinaremos los debates, los principales mítines, las nuevas encuestas y las entrevistas del pódcast The Wild Project.

Pedro Sánchez (PSOE) 

Sánchez acudió el 22 de octubre a La Revuelta, donde defendió su continuidad al frente del Gobierno y abordó algunos de los principales problemas de la legislatura. Reconoció que los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos habían supuesto una «decepción doble», aunque separó esa responsabilidad de los procedimientos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, David Sánchez, condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, mediante una sentencia recurrida. Se limitó a defender la inocencia de ambos. Respecto a la crisis de Ceuta, admitió que pudo haberse gestionado mejor, mientras que en materia de vivienda reclamó una mayoría parlamentaria más amplia para impulsar nuevas medidas de intervención en el mercado. Sin embargo, el reconocimiento de errores no vino acompañado de una asunción de responsabilidades ni por las polémicas ni por la gestión de políticas públicas. Una actitud que, a mi juicio, refleja una constante de su discurso: admitir determinadas deficiencias sin cuestionar la responsabilidad del Gobierno que preside ni extraer consecuencias políticas de ellas. Tal vez por ello rechazase acudir a la entrevista de El Hormiguero y en consecuencia recibiese una dura (y muy merecida) crítica de Pablo Motos retratándolo.

Posteriormente, fue entrevistado en el nuevo canal La Séptima por Javier Ruiz, en un ambiente y conversación con marcado componente de mitin electoral. Circunstancias que no me extrañan nada tratándose del conductor que era. Sánchez apeló a una «movilización histórica» para reeditar una mayoría progresista, poniendo como referencias los recientes resultados electorales de Estados Unidos y Brasil. También recurrió a la corrupción para contraatacar al PP, reclamando que la Justicia investigue los pagos de la defensa de Koldo García y exigiendo explicaciones a Feijóo por la reunión entre el abogado del partido y el propio Koldo. En vivienda, defendió la regulación del mercado inmobiliario y la construcción de más vivienda protegida a precios asequibles, responsabilizando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox de obstaculizar la aplicación de la ley. Una explicación que, desde mi perspectiva, deja en segundo plano la responsabilidad del propio Ejecutivo en los resultados de su política de vivienda, marcada por una regulación contraproducente y un catálogo de promesas recurrentes que siguen sin materializarse. Resulta difícil presentar la falta de mayorías parlamentarias o la resistencia de otras administraciones como explicación suficiente cuando, después de años de Gobierno, los problemas estructurales del acceso a la vivienda continúan sin resolverse.

Alberto Núñez Feijóo (PP) 

Feijóo aprovechó sus entrevistas en Más de uno, de Onda Cero (27 de octubre), y en Al Rojo Vivo y El programa de Ana Rosa (3 de noviembre), para presentar al PP como alternativa de Gobierno y cuestionar la gestión del Ejecutivo, especialmente en materia migratoria y ferroviaria. Se comprometió a aprobar los Presupuestos Generales de 2027 y, en caso de no conseguirlo, convocar elecciones. Respecto a pensiones, defendió mantener su actualización anual conforme al IPC, aunque sin concretar nuevas medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sobre la crisis de Ceuta, prometió hacer públicos los informes del CNI y reforzar la protección de las fronteras. Respecto a la situación de la red ferroviaria, anunció una auditoría de los sistemas de seguridad y un plan de choque con recursos extraordinarios. En vivienda, defendió medidas para aumentar sustancialmente la oferta y entre ellas la modificación de las leyes del suelo y de propiedad horizontal. Posteriormente, en El Hormiguero, anunció su intención de derogar los denominados «decretos Maricarmen» y aprobar una nueva Ley del Suelo y otra contra la ocupación ilegal.

Más allá de su estrategia de confrontación con Sánchez, sus declaraciones dejaron cuestiones relevantes sobre su posible relación de Gobierno con Vox. Feijóo no ha descartado una coalición si los resultados electorales no le permiten gobernar en solitario, aunque insiste en que ambas formaciones mantienen programas y proyectos distintos. Defendió el acuerdo táctico alcanzado en el Senado como una «respuesta adulta», pero reivindicó que PP y Vox siguen siendo partidos diferentes, con programas y papeletas separados. En El Hormiguero reiteró que el acuerdo no implicaba una negociación de cargos ni una coalición previamente pactada. En materia de igualdad, marcó distancias con Vox al rechazar expresamente una modificación de la Ley contra la violencia de género, pese a las exigencias de esta formación, aunque anunció que el Ministerio de Igualdad quedaría integrado en otro departamento más amplio. Respecto a las pulseras telemáticas para maltratadores, propuso trasladar su control al Ministerio del Interior y reforzar el seguimiento de las víctimas, en respuesta a la polémica por los fallos detectados en estos dispositivos.

Finalmente, en el programa de Pablo Motos también permitió conocer algunas de sus propuestas en materia sociocultural. Feijóo anunció que reformaría la Ley de Eutanasia para reforzar el papel de los cuidados paliativos y revisar determinados aspectos de su aplicación, aunque sin eliminar el derecho a solicitarla en los supuestos legalmente previstos. También manifestó que no pretende modificar la Ley del Aborto y distinguió, en el caso de las menores de 16 y 17 años, entre el conocimiento de los padres y la exigencia de su consentimiento. Por otra parte, defendió modificar la Ley Trans para suprimir la autodeterminación registral basada exclusivamente en la declaración de voluntad e introducir informes de profesionales sanitarios. Asimismo, propuso establecer categorías deportivas atendiendo al sexo biológico y preservar espacios diferenciados en ámbitos como las prisiones y los vestuarios. Considero razonable revisar estas cuestiones para buscar un equilibrio entre los derechos individuales, la seguridad jurídica y la protección de la privacidad y seguridad de  las personas. Ahora bien, cualquier reforma debería garantizar también la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de las personas trans.

Santiago Abascal (Vox) 

Abascal ha trasladado un discurso especialmente duro contra el Gobierno en sus intervenciones mediáticas, con la estrategia de presentar a Vox como la única alternativa real a la continuidad de Sánchez. En su entrevista a El Mundo, apostó por la repatriación inmediata de quienes entren ilegalmente en España y la deportación de delincuentes. Sin embargo, esa propuesta de «remigración» (que apoyan fuerzas como AfD en Alemania o Reagrupamiento Nacional en Francia) es más que discutible si se hace sin el respeto a las garantías jurídicas mínimas que establece Europa, por mucho que nos parezca lógico. Así que deja bastantes dudas más allá de un mensaje que puede sonar populista. También propuso una auditoría completa del gasto público con la intención de suprimir partidas destinadas a agendas ideológicas y reorientar esos recursos hacia seguridad, sanidad, educación e infraestructuras. En su relación con el PP, defendió el gesto mutuo en el Senado y reclamó a los populares que no voten «a medias» si realmente quieren propiciar un cambio político. En Más de uno, de Onda Cero, volvió a subrayar la «prioridad nacional» como línea roja y defendió la despolitización de instituciones como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o RTVE. Por lo demás, repitió buena parte de los argumentos ya expuestos en otras declaraciones. Sin embargo, hubo una cuestión en la que, a mi juicio, evitó afrontar con claridad una contradicción: el modelo de capitalización mixta que Figaredo había esbozado en declaraciones públicas. Abascal no lo explicó ni lo defendió, y se limitó a reconocer que los pensionistas tienen «derechos adquiridos». Recordando su conocido reproche de «la derechita cobarde» al PP, quizá Vox debería revisar primero sus propias declaraciones antes de señalar quién puede ser más cobarde de los dos.

Pero la entrevista más polémica fue la de La Revuelta. Pudo confirmarse que el equipo de Abascal solicitó intervenir en la gestión de la asistencia del público habitual ante la previsible hostilidad que podía encontrar el invitado. Pero esa sólo fue la primera controversia. El encuentro terminó alejándose del tono habitual del programa y se convirtió en un intercambio especialmente tenso. La impresión de muchos es que Broncano reflejó palmarias dificultades para conducir una entrevista política de estas características, con repetidas vacilaciones y momentos de nerviosismo, mientras que Abascal se desenvolvió como político. El líder de Vox defendió sus posiciones sobre inmigración, las leyes de género y su política exterior. En este último ámbito, reveló que había pedido a Israel que no reconociera una eventual independencia de Cataluña y reafirmó su posición con una frase significativa: «Tenemos aliados, no somos vasallos de nadie».

Ada Colau (Frente Amplio)

Colau defendió en Onda Cero una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, con un impuesto para penalizar la especulación y medidas para movilizar viviendas hacia el alquiler asequible. También reclamó responsabilidades políticas por la crisis ferroviaria y criticó al PSOE por considerar insuficientes sus políticas de vivienda. Otra intervención fue en Nueva Economía Fórum, donde expuso su propuesta de impuesto y revisión de desgravaciones a grandes fortunas, su rechazo a aumentar el gasto militar y su postura de que España reformule su política exterior como orientada a la paz. Esto implicaría reducir considerablemente el presupuesto en Defensa y, por tanto, incumplir nuestras obligaciones comunitarias con la UE y la OTAN. Finalmente, en La Revuelta volvió a hablar de su temas estrella y sostuvo que trece fondos e inmobiliarias concentran más de cien mil viviendas. Esta cifra es respaldada por el propio Ministerio de Consumo, pero sin precisar su distribución territorial, sus condiciones ni cuántas son propiedad de esas entidades o si sólo están bajo su gestión. Conviene señalar, además, que se trata de viviendas destinadas al alquiler, por lo que su existencia no demuestra por sí misma que estén vacías ni retenidas con fines especulativos. También tuvo espacio para hacer gala del "patriotismo impositivo" de la izquierda: aseguró que existen "33 milmillonarios" y mencionó expresamente a Florentino Pérez. En resumen, sus intervenciones mostraron sus intentos de diferenciar a FA frente al PSOE, sin renunciar a la posibilidad de un Gobierno progresista.

Considero que el principal problema de su discurso es que vuelve a presentar el intervencionismo y la presión fiscal como respuestas prioritarias a problemas que también exigen aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y proporcionar seguridad jurídica a propietarios e inversores. La especulación puede merecer medidas específicas cuando existan prácticas abusivas, pero convertir a los grandes propietarios y fortunas en protagonistas recurrentes del debate corre el riesgo de desplazar la atención de las reformas estructurales que necesita el mercado inmobiliario. En materia fiscal, combatir la desigualdad no ha de confundirse con considerar sospechosa la acumulación legítima de riqueza. Los titulares de grandes patrimonios también pueden contribuir a la prosperidad colectiva a través de la inversión, la actividad empresarial, la creación de empleo y sus obligaciones tributarias. Una cosa es debatir sobre la progresividad fiscal y otra muy distinta convertir a los empresarios más ricos en protagonistas de un discurso que resulta más efectista que constructivo. Por cierto, conviene recordar que, según los datos del IRPF de 2024 recogidos en un gráfico de la Universidad de las Hespérides, las declaraciones con rentas superiores a 60.000 euros representaron aproximadamente el 9% de las declaraciones con cuota, pero concentraron más del 44% de la cuota total del impuesto. Un dato que invita a cuestionar el manido discurso de que las rentas altas apenas contribuyen a las arcas públicas.

Irene Montero (Podemos) 

Montero participó junto a Gabriel Rufián en La Revuelta, donde ambos abordaron la vivienda, la inmigración y la fragmentación de la izquierda. Montero defendió la necesidad de mantener un espacio político propio frente al PSOE y justificó la alianza con ERC como una vía para construir una izquierda capaz de negociar con los socialistas sin renunciar a sus posiciones. Posteriormente, en Las mañanas de RNE, insistió en que Podemos no está dispuesto a subordinarse al PSOE y condicionó su apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez a la adopción de sus medidas más ambiciosas, entre ellas la bajada de los alquileres y de los precios de los alimentos, así como mayores impuestos a las grandes fortunas. También defendió la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, dirigiendo sus críticas no solo contra los «especuladores y rentistas», sino también contra el propio Gobierno por su gestión de este problema.

En conjunto, sus declaraciones reflejan una estrategia de diferenciación respecto al PSOE y al FA, con el propósito de reivindicar a Podemos como una fuerza de presión dentro de la izquierda y evitar que el voto útil termine diluyendo su identidad política. Sin embargo, mi impresión es que las diferencias entre Podemos y el FA son mucho menos sustanciales de lo que sus dirigentes pretenden transmitir. Ambos comparten una concepción de la intervención pública y del papel del Estado que los sitúa en un espacio ideológico muy próximo. En ese escenario, mi sensación es que el esfuerzo comunicativo de Montero responde tanto a discrepancias políticas como a una permanente pugna por el protagonismo dentro de la izquierda.

Miriam González (Democracia 21)

Miriam González ha aprovechado sus entrevistas en Hoy por hoy, de la Cadena SER, y Las mañanas de RNE para presentar Democracia 21 como una alternativa a la política de bloques polarizados y reivindicándose como fuerza e centro liberal orientada a lo que denomina «limpieza democrática». Ha defendido los acuerdos entre partidos en cuestiones concretas, la independencia de las instituciones y el acceso a los puestos directivos de la Administración por mérito y capacidad frente a la colonización de asesores políticos puestos a dedo. También ha querido distanciarse tanto de la continuidad de Sánchez en el Gobierno como de una eventual entrada de Vox en La Moncloa, dejando claro que no permitiría ni una cosa ni otra. En materia fiscal, considera que los impuestos deben servir para financiar servicios públicos de calidad, pero sin asfixiar la iniciativa privada. En conjunto, su discurso conecta con la reivindicación de la regeneración institucional y de una política menos condicionada por la confrontación partidista. Su principal carta de presentación es que no hace falta tener muchos escaños para condicionar, puesto que entiende que con un parlamento fragmentado cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva. En ese sentido, como posible fuerza bisagra, también ha defendido la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y ha condenado que PP y PSOE se intercambien cromos frente a las advertencias de la Comisión Europea.

Desde mi perspectiva liberal, las propuestas de Democracia 21 en materia de regeneración democrática y modernización del Estado merecen una valoración muy positiva. Sin embargo, mantengo dos reservas que merecerían aclaración. La primera es su rechazo a una eventual participación de Vox en el Gobierno, difícil de justificar únicamente por la pertenencia de este partido a un determinado bloque ideológico, especialmente si obtiene una representación parlamentaria considerable. Considero que debería explicar con mayor precisión los criterios que fundamentan ese veto, del mismo modo que reclama expresamente al PSOE que no pacte con Bildu si podría hacerlo con FA o independentistas. La segunda reserva afecta a las pensiones. Aunque González ha defendido un nuevo Pacto de Toledo, se ha mostrado contraria a lo que denomina «privatización parcial» del sistema por la supuesta «polarización intergeneracional» que generaría. A mi juicio, esa interpretación resulta discutible, porque un modelo mixto de capitalización no equivale necesariamente a sustituir el sistema público de reparto ni a enfrentar a unas generaciones con otras. Son discrepancias relevantes, pero no desvirtúan los puntos de encuentro que mantengo con su proyecto, especialmente en la defensa de unas instituciones independientes, una Administración Pública basada en el mérito y la capacidad y una modernización del Estado desde planteamientos liberales. Ya le dedicamos un post completo en este enlace.

Alvise Perez (Se acabó la fiesta)

El polémico Alvise se presenta como un regenerador antisistema que quiere cambiar las reglas del juego, pero su entrevista en The Objective dejó preguntas importantes sobre la viabilidad de sus propuestas, la organización de su partido y la coherencia entre su discurso y trayectoria. En primer lugar, reconoció lo obvio, el carácter personalista de su formación porque concentra toda la atención mediática aunque lo excusase como algo habitual en los nuevos partidos. También admitió su error con los candidatos de las Europeas al haber priorizado currículos profesionales frente a la confianza y reputación. Recalcó que no busca un simple cambio de políticas sino de sistema institucional, dado que entiende que permite que cualquier Gobierno controle organismos y empresas públicas. Es una de las partes que mejor conectan con su discurso regenerador, pero existe una clara tensión entre su discurso contra la partitocracia y su disposición a negociar con partidos tradicionales sin que explique cómo evitaría reproducir las dinámicas que denuncia.

Sus propuestas políticas se articulan en torno a tres ámbitos: inmigración, seguridad y política exterior. En materia migratoria defiende las deportaciones masivas de irregulares, pero al mismo tiempo sostiene que España debería abrir sus puertas al mundo hispanoamericano por razones culturales, históricas y lingüísticas, así como por su contribución a afrontar el problema demográfico. Parece, por tanto, defender una política migratoria selectiva. En seguridad y justicia propone construir una macrocárcel inspirada en el modelo de Bukele y endurecer las condiciones para acceder al tercer grado y con especial énfasis en los condenados por corrupción. En política exterior se manifiesta partidario de abandonar la Unión Europea porque entiende que perjudica a España en beneficio de los intereses de Francia y Alemania. Pero lo más sorprendente no es eso, sino su propuesta de avanzar hacia unos «Estados Unidos de Hispanoamérica», una unión política, económica y militar con países latinoamericanos. Es una idea que ya abordamos parcialmente en un artículo anterior, si bien sólo como una reflexión y sin llegar a plantearla en términos tan ambiciosos.

Tampoco resolvió algunas polémicas. Quiso dar explicaciones sobre los 100.000 euros recibidos de Sentinel antes de las elecciones europeas, sosteniendo que, según su versión, se trató de un pago por una actividad profesional, declarado fiscalmente y ajeno a la financiación de la campaña. Una excusa que, francamente, resulta difícil de conciliar con su discurso contra las subvenciones y la financiación pública de los partidos. Finalmente, la afirmación de Alvise de que las ideologías sirven para engañar y dividir resulta, a mi entender, una falacia de libro. Las ideologías no son necesariamente instrumentos de manipulación, ya que representan distintas concepciones sobre el Estado, economía, la libertad, seguridad o la organización territorial. Pretender que esas diferencias desaparezcan no significa superar la política, sino evitar explicar qué modelo se quiere construir. Y esa es precisamente otra de las cuestiones que su entrevista deja sin resolver. 

Conclusiones

Las entrevistas de precampaña han permitido comprobar que las Elecciones Generales del 29-N no se dirimen únicamente entre la continuidad de Pedro Sánchez y la posibilidad de una alternancia política. También están en juego diferentes concepciones sobre el papel del Estado, la política económica, la vivienda, la inmigración, los derechos individuales, la organización institucional  y la propia manera de entender la acción de Gobierno. Es la lectura que nos ha dado una legislatura convulsa, controvertida y llena de escándalos políticos y problemas que afectan al bolsillo de los ciudadanos: la inflación y el tan mencionado acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez ha centrado buena parte de sus intervenciones en reivindicar su gestión y movilizar al electorado progresista, aunque sus explicaciones sobre la corrupción, la vivienda, la inmigración ilegal, el sistema ferroviario y otras múltiples controversias evidencian una falta de asunción de responsabilidades políticas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tratado de presentarse como una alternativa de Gobierno con propuestas concretas, pero tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a impulsar reformas de calado y a alcanzar acuerdos con Vox sin convertir sus diferencias en una fuente permanente de bloqueo. Santiago Abascal ha mantenido su discurso de ruptura con las políticas del Ejecutivo, aunque algunas de sus propuestas, especialmente en materia económica y de pensiones, necesitan mayor claridad y coherencia.

En el espacio de la izquierda, Ada Colau e Irene Montero comparten buena parte de sus planteamientos intervencionistas, especialmente en vivienda y fiscalidad, pese a sus esfuerzos por diferenciarse del PSOE y entre sí. Mientras tanto, Miriam González ha presentado una propuesta de regeneración institucional y modernización del Estado que merece especial atención desde posiciones liberales, aunque sus vetos políticos y algunas reservas programáticas susciten discrepancias. Finalmente, Alvise Pérez ha insistido en su discurso antisistema, pero continúa sin despejar cuestiones fundamentales sobre la viabilidad de sus propuestas y la coherencia de un proyecto que necesita demostrar que es algo más que una plataforma de movilización en Telegram.

España necesita una alternancia política que aborde reformas institucionales, responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, una economía capaz de generar prosperidad y un Estado eficaz que garantice los servicios esenciales sin invadir innecesariamente la libertad individual. Igualmente, necesita afrontar con seriedad los desafíos territoriales, migratorios y sociales, evitando tanto el inmovilismo como las soluciones simplistas de los populismos tanto de izquierda como derecha.

Pero para que esas reformas sean posibles, los partidos deberán explicar con claridad qué principios defienden, qué medidas están dispuestos a aplicar y qué compromisos asumirían ante sus electores. No basta con que Feijóo asegure que va a aprobar Presupuestos asumiendo que sumará mayoría absoluta con Vox. La política no necesita menos ideología, sino menos dogmatismo y más honestidad para defender las ideas. Porque quien renuncia a explicar qué piensa y qué modelo de sociedad defiende no está superando las ideologías sino evitando el debate. Una cuestión que también ha quedado de manifiesto en la controversia entre Santiago Abascal y Jordi Wild, de la que hablaremos próximamente.

miércoles, 28 de octubre de 2026

Políticas climáticas: cuando las soluciones generan nuevos problemas

Otro de los temas de política pública en los que existen discursos más dispares, aparte del de la Vivienda, es el Medio ambiente y especialmente la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Existe consenso internacional en promover el desarrollo de un modelo productivo y energético respetuoso con el Medio ambiente, que no agote los recursos naturales y que contribuya a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante GEI). Sin embargo, cambiar el sistema es algo que requiere tiempo y los gobiernos cambian más rápido, pudiendo tomar direcciones distintas. Además, la política energética puede adoptar medidas contradictorias y generar nuevas externalidades que perjudiquen otros bienes u objetivos. Así que analizaré varias de esas fallas y exploraré las propuestas de los partidos más relevantes que concurrirán a las Elecciones Generales del 29-N. Aún no disponemos de programas electorales al completo, pero sí conocemos lo que han ido defendiendo en las de 2023 y Europeas de 2024.

Regresividad fiscal

El establecimiento de tipos impositivos verdes que modifican los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad más el Impuesto del Valor Añadido presentan externalidades regresivas. Así, en el caso del diésel, cuando el Gobierno de España planteó la equiparación de impuestos del combustible, el impacto no es en realidad neutro. Esto puede verse según datos del INE que señala que los hogares españoles asumieron en 2024 más del 40% de la recaudación por impuestos ambientales. También indica que pagaron el 72,4 % de los impuestos sobre el transporte y el 39,7 % de los impuestos sobre la energía. Por su parte, la OCDE ha hallado que los efectos distributivos de los precios de carbono suelen ser regresivos en países desarrollados. Por ejemplo, en Francia, la Contribution Climat Énergie se introdujo en 2014 en el país galo y fue incrementado hasta que en 2018 con la crisis de los chalecos amarillos pasó a congelarse. Y es que la carga adicional estimada sobre la renta del 10% más pobre resultó ser tres veces superior a la del 10% más rico. La OCDE relaciona este efecto con la mayor dependencia de los hogares de menores ingresos respecto de consumos intensivos en emisiones, de manera que destinan un porcentaje mucho mayor de su sueldo en necesidades básicas como calefacción, electricidad y gasolina o diésel para ir a trabajar. Así que podemos imaginar que los impuestos en la factura de la luz y el combustible merman la capacidad de ahorro de clases medias y bajas de forma desproporcionada.

Para compensarse, la OCDE entiende que deben efectuarse transferencias o devoluciones como deducciones tributarias. En España existen deducciones del 20%, 40% y 60% según se hagan obras en casa, así como por la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos y por adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por instalación de puntos de recarga. Sin embargo, puede haber más alternativas a encarecer el producto en el supermercado o en la gasolinera. En el IRPF, una alternativa teórica sería incorporar criterios relacionados con la huella de carbono al sistema tributario, de manera que la carga no recayera exclusivamente sobre el consumo de energía y combustible, sino que tuviera en cuenta también la capacidad económica y los patrones de consumo más contaminantes. Las rentas altas podrían asumir una mayor parte del coste, mientras que las bajas quedarían exentas o recibirían compensaciones. No obstante, trasladar esta idea a un sistema real plantearía importantes dificultades: habría que definir cómo calcular las emisiones atribuibles a cada contribuyente, garantizar la protección de datos y evitar errores, fraude e impugnaciones. La complejidad administrativa y tecnológica podría terminar siendo desproporcionada respecto a sus beneficios. Otra posibilidad sería reformar la fiscalidad indirecta del IVA para penalizar determinados consumos de lujo especialmente contaminantes y reducir la carga sobre bienes de primera necesidad. Esto podría traducirse, por ejemplo, en una tributación mayor de determinados servicios de aviación privada o vehículos de lujo muy contaminantes, frente a tipos reducidos para productos básicos y alternativas de menor impacto ambiental. Una reforma de este tipo exigiría, no obstante, estudiar su encaje en la normativa europea y evitar que la nueva clasificación generase distorsiones o dificultades de aplicación. Finalmente, las ayudas públicas deberían evitar importes fijos iguales para todos y modularse según el nivel de ingresos y la capacidad económica del beneficiario.

La trampa de la falta de alternativas

Subir las tasas al transporte para reducir emisiones choca frontalmente con la realidad del país. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética obligó a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Esto ha llevado a los ayuntamientos a establecer restricciones de circulación para determinados vehículos contaminantes, cuyo alcance depende de la ordenanza municipal y de las características de cada zona. Pero existen varios problemas. Primero, choca con la España vaciada en elementos como la desigualdad entre municipios, la disponibilidad real de transporte público y el coste de renovar el vehículo. En tal contexto, algunas familias trabajadoras de la periferia o de entornos rurales que acuden a trabajar a las capitales no tienen una red de trenes de Cercanías o autobuses interurbanos eficaz. Segundo, golpea también en una coyuntura actual cada vez más estructural, que es el progresivo encarecimiento de la vivienda y especialmente en las áreas más urbanizadas. En esa situación, muchos han optado por trasladarse no ya a pueblos sino a municipios periféricos y provincias limítrofes a las grandes áreas metropolitanas. Tercero, como el transporte público no cubre rutas de forma competitiva y ayudas estatales como el Plan Moves III no adelantan el dinero de los coches eléctricos, el ciudadano se encontraría en una encrucijada: o se arriesga a una multa mientras va a trabajar o asume un riesgo difícilmente asumible para cambiar de vehículo.

Así que subir impuestos para encarecer lo contaminante sólo funciona si el ciudadano tiene una opción "limpia" a su alcance. En muchas regiones y sobre todo en las rurales y periféricas, no existe transporte público eficiente y los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la clase media y baja. Un trabajador que viva en un municipio pequeño, no se pueda permitir un alquiler en la gran ciudad y necesite recorrer 40 kilómetros diarios en su vehículo será quien pueda sufrir mayor impacto. De esa manera, la política climática impositiva no tendría el mismo efecto sobre un habitante del centro de Madrid que se pueda mover por transporte público que alguien que viva en una zona rural. Y ya no digamos de otros aspectos como rehabilitación energética de viviendas e infraestructuras de recargas. Así que el impuesto tampoco cambiaría el comportamiento del ciudadano porque no tendría otra opción, sino que lo empobrecería y la medida degeneraría en puramente recaudatoria y no ecológica. 

La normativa europea estableció para 2035 un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO₂ de los coches y furgonetas nuevos, lo que afecta a su comercialización y no todos los Estados miembros están convencidos de esta fecha. No obstante, la Comisión presentó en diciembre de 2025 una propuesta de flexibilización que permitiría a los fabricantes alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de escape y compensar el resto por determinadas vías. Por su parte, a lo que apunta el Gobierno de España es a acelerar dichos hitos.

Fuga de carbono

España cuenta con una industria pesada e intensiva en energía pero muy localizada en comunidades como Asturias, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 en Europa representa un desafío por la llamada "fuga de carbono". Ésta es definida por la Comisión Europea como el traslado de emisiones de unos países a otros como consecuencia de políticas climáticas y reconoce que el riesgo es significativo en industrias del sector energético, por ser un sector más expuesto a la competencia internacional. Sucede también con materiales de construcción (cemento, hierro y acero) y fertilizantes. Cuando un país o región adopta leyes climáticas e impuestos muy estrictos, la producción industrial puede llegar a desplazarse en el sentido de que las fábricas se muden a países extracomunitarios en Asia o en América Latina con normativas ambientales más laxas o sin impuestos en carbono. Consecuentemente, el planeta seguiría recibiendo la misma cantidad de emisiones debido al transporte intercontinental, pero aquéllos países que implementaron el impuesto se arriesgarían a perder empleos y competitividad económica.

La solución que articula la UE y con los objetivos de defender la producción y el empleo industrial es el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). Esta herramienta pretende que determinados productos importados (cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) soporten un coste de carbono comparable al de la producción europea. Su límite de exención son 50 toneladas de los bienes cubiertos importados por comprador y año. Por lo tanto, es una medida que puede proteger la competitividad de la industria de la UE igualando precios frente a productores sometidos a exigencias climáticas menores, si bien genera costes administrativos y no cubre todas las cadenas de valor. También desincentiva importar materiales baratos en países donde las leyes climáticas sean más laxas, del mismo modo que incentiva la descarbonización de los productores extracomunitarios. En el lado negativo, no proporciona compensación de las exportaciones, no se aplica de forma general a todos los bienes manufacturados que incorporan acero o aluminio (como vehículos) y es una limitación relevante. Un posible efecto sería el riesgo de que podrían incentivarse su importación frente a materias primas perjudicando a las fábricas y sectores agrícolas y de construcción ven encarecerse fertilizantes y aluminios restándoles competitividad.

El mercado de carbono y las emisiones "compensadas"

Los mecanismos de compensación del carbono se han consolidado en las estrategias institucionales y corporativas, partiendo del Protocolo de Kyoto de 1997 mediante el mecanismo de desarrollo limpio y el artículo 6 del Acuerdo de París de la ONU. Con arreglo al principio de adicionalidad, las reducciones o absorciones de GEI sólo se considerarán válidas si se acreditase que no hubiesen sido posibles de no ser por el incentivo aportado por la venta de créditos de carbono. Por tanto, si el proyecto se iba a hacer de todos modos (por ejemplo, un parque eólico), no existiría un beneficio "adicional" para el clima. Así que se hace referencia a la viabilidad financiera, la voluntariedad de la actividad y en zonas sin amenaza real de deforestación. La sobreacreditación tiene lugar cuando un proyecto se calcula mal y obtiene más créditos de lo que realmente merece. Se suele dar en la protección de bosques y con la tentativa de que los promotores exageren la amenaza de incendios o talas. En cuanto a la verificación, es el proceso de auditoría que consiste en comprobar, mediante procedimientos y entidades independientes conforme al estándar aplicable, que las reducciones o absorciones declaradas cumplen los criterios exigidos. Sin embargo, no está exenta de posibles conflictos de intereses, dado que el desarrollador del proyecto de carbono suele ser quien contrata y paga a la empresa auditora pudiendo relevarla si fuese demasiado estricta. También tiene el inconveniente de que los madereros pueden moverse de parcela a seguir cortando árboles o incluso que un bosque certificado puede quemarse o sufrir plagas de un año a otro, contaminando la atmósfera pero con los créditos ya vendidos y gastados. Un tercer problema es la doble contabilidad en el país y en la empresa. El resultado de todo esto es el greenwashing, de manera que la empresa obtiene un beneficio publicitario real pero para el medio ambiente es nulo o incluso negativo. 

Existen investigaciones bastante contundentes. Un estudio publicado en Nature Communications en 2024 analizó los créditos utilizados por 20 grandes empresas entre 2020 y 2023. Encontró que el 87% presentaba un riesgo elevado de no proporcionar reducciones de emisiones reales y adicionales, es decir, de no producir el beneficio climático declarado. Además, el 97% de las compensaciones correspondía a proyectos de evitación (como la deforestación) en lugar de eliminación tecnológica o física de carbono y el 65% de los créditos procedía de proyectos muy antiguos que reducen drásticamente su impacto en la crisis climática. Otro estudio publicado en 2024 en Nature Sustainability por la Universidad de Berkeley de California encontró un problema en un estudio sobre proyectos de cocinas mejoradas en países en desarrollo. Los investigadores descubrieron que emitieron, en promedio, 9,2 veces más créditos de carbono que los que realmente les correspondían según las reducciones reales de emisiones. Por lo tanto, se asistió a un problema de sobreacreditación muy elevado en dicha muestra. Este desfase se habría debido a metodologías defectuosas que pueden subestimar el uso continuado de combustibles y sobrestimar el impacto de la recolección de leña en la degradación forestal. Para corregir estas deficiencias, el marco internacional ha ido evolucionando hacia mayores exigencias de rigor y transparencia para certificar estándares y créditos con alta integridad científica. En la UE se adoptaron diversas Directivas como la del Empoderamiento de consumidores para la transición ecológica (que evita diagnóstico de impacto basado exclusivamente en esquemas de compensación de emisiones) y el Marco de Certificación de la UE para la eliminación de Carbono (que establece criterios estrictos de calidad para certificar absorciones y reducción de emisiones reales garantizando transparencia). Actualmente sigue pendiente de tramitación la  Directiva de Alegaciones Ecológicas, que exige que cualquier declaración ambiental se respalde por metodologías científicas rigurosas y verificadas por terceros independientes).

Subsidios contradictorios y burocracia en ayudas públicas

A pesar del discurso pro-renovables, los subsidios a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) siguen aún en cifras enormes por razones de estabilidad económica. El FMI calcula que en 2024 los combustibles fósiles recibieron aproximadamente 725.000 millones de dólares en subsidios explícitos. Esta inyección directa de dinero público, que implica un coste fiscal directo, busca abaratar los precios de suministro para los consumidores, pero representa solo la punta del iceberg de las ayudas totales al sector. De otra parte y diferenciadas, se hallan las subvenciones indirectas que incluyen los costes ambientales y otras externalidades que no están incorporados en los precios y que suponen 6,7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5,8 % del PIB mundial. A menor escala se percibe esto en España. Durante las recientes crisis energéticas, el Gobierno ha recurrido a la bonificación directa de los carburantes (como el famoso descuento de los 20 céntimos por litro) y reducciones fiscales temporales en el gas natural y el diésel profesional para transportistas y agricultores. Todo esto conduce a una tensión entre objetivos climáticos y medidas de emergencia destinadas a proteger a consumidores y empresas. Destaca el que mientras que los Presupuestos Generales invierten millones de euros en la descarbonización, simultáneamente se destina mucho más a abaratar temporalmente el combustible fósil para evitar que la cadena de suministro colapse y se controle el descontento social.

Por otra parte, el acceso a los fondos verdes en España suele adolecer de una excesiva complejidad administrativa. El ejemplo más claro de laberinto de ayudas es la rehabilitación energética de edificios o la instalación de paneles solares mediante los fondos europeos Next Generation. Los propietarios se quejan de que las subvenciones tardan meses o años en cobrarse, pero también que los trámites burocráticos son tan complejos que muchas comunidades de vecinos desisten de pedirlas en barrios obreros. Por el contrario, en sitios de rentas altas que puedan contratar asesorías o adelantar dinero sí podría percibirse un riesgo distributivo. Así que con proyectos técnicos complejos, certificados de eficiencia energética previos y posteriores y un papeleo fiscal que requiere casi obligatoriamente la contratación de un "agente rehabilitador" se generan importantes cuellos de botella administrativos. Y eso sin contar que lograr consensos en comunidades grandes es otro factor de ralentización.

Qué proponen los partidos

Una vez expuestas las externalidades y contradicciones existentes en las políticas contra el cambio climático, vamos a explorar lo que hasta el momento han propuesto las principales cuatro fuerzas políticas que acudirán a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

En la izquierda. El PSOE defiende la transición energética apostando plenamente en las renovables y por la recaudación de un impuesto al CO2 con el objetivo de destinarlo a un fondo de eficiencia energética, movilidad sostenible y apoyo social. A este último respecto, presentó en mayo un Plan Social para el Clima de más de 9.000 millones de euros destinados a hogares vulnerables y a la descarbonización de la movilidad. Las actuaciones previstas llegarían hasta 2032, pero a día de hoy aún no ha finalizado su tramitación. Pero resulta especialmente contradictorio que los criterios de acceso a las ayudas no se adapten a la evolución de las rentas. Un ejemplo es el de pensionistas con ingresos muy reducidos que pueden perder el bono social eléctrico tras una subida de su pensión si superan el umbral aplicable. Una mejora nominal de ingresos se traduciría en la pérdida de una ayuda esencial, por lo que una transición justa exigiría revisar estos efectos. Por lo demás, queda claro que los socialistas apuestan por más recaudación impositiva y sin incidir lo más mínimo en los puntos reseñados. En cuanto a Sumar (ahora Frente Amplio), propuso profundizar en la transición ecológica y en la descarbonización mediante inversión pública, industria verde y renovables para que llegue a todos los territorios incluyendo los rurales. Ello se financiaría con más subidas de impuestos a grandes empresas, bienes y servicios de altas emisiones y tasas al plástico, mientras que para evitar la "fuga de carbono" introducirían cláusulas antideslocalización para obligar a que se devuelvan ayudas percibidas. En las pasadas Generales de 2023 ya contemplaban una oficina de transición energética justa para agilizar la tramitación de ayudas y un observatorio contra el Greenwashing. Sin embargo, estos dos organismos no se crearon en esta legislatura. En definitiva, FA representaría dentro de la izquierda la orientación a cambiar el statu quo de las políticas climáticas con un enfoque en la "justicia distributiva".

En la derecha. El PP apuesta por el pragmatismo y prefiere una transición ecológica más gradual y menos acelerada que la izquierda buscando evitar costes desproporcionados para empresas y trabajadores así como para la actividad económica general. Concretamente pone el acento en la competitividad económica, los precios de la energía y la neutralidad tecnológica. Para ello, en sus propuestas recientes, plantea proteger a las industrias electrointensivas, ampliar la vida útil de las centrales nucleares, agilizar las compensaciones por fuga de carbono y compatibilizar la descarbonización. A este último respecto, muestran cautela frente a los objetivos comunitarios que consideran poco realistas en tiempo para la industria. Pero es Vox quien plantea una ruptura más clara y radical con los instrumentos climáticos actuales, de manera que su planteamiento es esencialmente desregulatorio. Exigen la derogación de las Leyes de cambio climático y transición energética, así como la ruptura de acuerdos internacionales anteponiendo los intereses del sector primario e industrial español. Su modelo se basa en un cambio de paradigma suprimiendo todos los impuestos verdes en la factura eléctrica y otras tasas ecológicas, eliminar el sistema de derechos de emisión de GEI, recuperar soberanía energética, apostar por la energía nuclear con nuevas plantas, un Plan Nacional de agua que conecte todas las cuencas hidrográficas y aumente las zonas de regadíos y la explotación de recursos nacionales protegiendo el suelo productivo de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica. Esto último ya se pudo leer en sus programas autonómicos.

Conclusiones

El mundo ha avanzado mucho pero no parece estar preparado del todo para culminar la transición ecológica. Quizá, en algunos aspectos, haya dado pasos precipitados y en otros los haya hecho lentos, pero una amplia mayoría no sólo de sectores científicos considera que adaptarse es una necesidad irrenunciable tanto en lo económico como social y no sólo medioambiental. Lo cultural es lo que está siendo complicado de adaptar. También es evidente que las cuestiones de debate seguramente sean muchas más de las que hemos hablado como el diseño del sistema energético, pero las dejaremos para otro momento. Dentro de una cuestión enormemente compleja, lo que convendría después de lo expuesto en este artículo, sería estudiar qué se puede proponer desde la política para corregir las mencionadas externalidades y costes colaterales y que el cambio de modelo energético sea lo menos contradictorio posible. Por ello creo que el próximo Gobierno tendrá mucha responsabilidad en ello.

Vistas las propuestas, considero que existe una vía intermedia entre el statu quo de facto que defiende el PSOE - con afán impositivo y ausencia de propuestas para corregir las fallas - y la ruptura de Vox, para el que la política medioambiental ocupa un segundo plano supeditada al plano económico (sector primario e industrial). Frente Amplio pretende amortiguar el impacto sobre las personas vulnerables, pero confía buena parte de la transición a una mayor presión fiscal sobre las empresas y a incentivos y sanciones económicas para acelerar el cambio productivo. El problema es que ese enfoque puede perjudicar la inversión, la competitividad y el empleo, demostrando que los cambios desde la izquierda de los socialistas pueden generar aún más contradicciones.

Por el contrario, el PP opta por una transición más escalonada, defendiendo la continuidad de las centrales nucleares mientras cumplan los requisitos de seguridad y contribuyan a garantizar un suministro estable, junto con el despliegue de las renovables. A este respecto nos referimos en un artículo anterior en relación con las tecnologías que doten de mayor inercia para proveer al sistema energético de más estabilidad. Por todo ello, considero que el modelo del PP es el que más se aproxima a mis convicciones liberales: neutralidad tecnológica, competitividad, costes asumibles y una transición acompasada a las alternativas realmente disponibles. Esto no significa dar carta blanca a sus propuestas ni ignorar sus posibles contradicciones, sino priorizar una política climática que combine objetivos ambientales con realismo económico. La transición energética no puede convertirse en un lujo reservado a quienes pueden pagarla, pero tampoco debería utilizarse como justificación para imponer costes que una parte de la población no tiene capacidad real de evitar.

miércoles, 21 de octubre de 2026

Democracia 21: ¿una alternativa para la política española?

El pasado 10 de octubre se presentó en el espacio Domo 360 de Madrid una nueva formación política de corte centro liberal con el nombre de Democracia 21. Este partido no se ha creado a raíz de la convocatoria anticipada de Elecciones Generales, sino que tiene una historia previa detrás y su presentación estaba programada antes de la noticia del pasado dia 5. Ante la celeridad de los acontecimientos, sólo presentará listas por Madrid y Barcelona y si consigue alcanzar el mínimo de avales requerido para ello, que constituye el 0,1% del censo electoral respectivo al partir de no tener representación. No concurrirá por sí sola porque alcanzó un acuerdo con Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) para participar como coalición centrista. Esto sucede en un momento en que este espacio político se encuentra más huérfano que nunca por la deriva personalista, semiautoritaria y manchada de corrupción del Gobierno Sanchista y un populismo de derecha centrado en la explotación de la confrontación. Vamos a dedicar el presente artículo a comentar quién está detrás del proyecto, cómo surgió, las principales propuestas que se han esbozado o comunicado, a qué aspira y qué posibilidades tiene de cara al futuro.

Miriam González, el rostro del proyecto

Miriam González Durántez nació en Olmedo (Valladolid) en 1968. Es titulada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en el Colegio de Europa de Brujas. Es profesional abogada especializada en comercio internacional y Derecho de la Unión Europea. Su carrera comenzó en el ámbito europeo, dado que trabajó durante casi una década en la Comisión Europea. Posteriormente desarrolló parte de su actividad profesional en el Reino Unido (incluido un periodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico) y ejerció en despachos internacionales como DLA Piper y Dechert. También ha formado parte de consejos de administración y órganos asesores de distintas instituciones y empresas. Por otra parte, es fundadora de Inspiring Girls International, una iniciativa destinada a ampliar las expectativas profesionales de niñas y jóvenes y que posteriormente se extendió a numerosos países. En definitiva, en palabras suyas, su aproximación a la política española procede precisamente de esa experiencia profesional y de su preocupación por el funcionamiento de las instituciones. Pero antes de plantearse crear un partido, su apuesta fue actuar desde la sociedad civil. En septiembre González presentó junto a Rubén Amón su libro 'Devuélveme la democracia. Por qué urge una reforma radical en España', donde desarrolla buena parte de su diagnóstico sobre las instituciones españolas y la necesidad de reforzar los controles al poder. Pero veamos primero como empezó todo.

España Mejor: el precedente de Democracia 21

El planteamiento de Miriam cristalizó en España Mejor, una plataforma sin ánimo de lucro fundada con la finalidad de movilizar a la sociedad civil y promover propuestas de políticas públicas. Esta organización se definía como apartidista, diversa y transversal ideológicamente, tratando de reunir a personas procedentes de distintas sensibilidades alrededor de propuestas concretas. Por lo tanto, España Mejor no nació inicialmente como un proyecto electoral, sino que su objetivo era introducir en el debate público propuestas elaboradas desde fuera de los partidos y aprovechar el conocimiento de profesionales y ciudadanos que no desarrollaban su actividad en la política. González explicaba en 2024 que pretendían crear un espacio para que ciudadanos de distintas ideologías pudieran participar en el diseño de políticas públicas.

Entre las iniciativas impulsadas por España Mejor se encuentran la eliminación de los aforamientos como medida de regeneración democrática, una Educación económica básica para los jóvenes, un debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la equidad intergeneracional, propuestas para transformar el modelo turístico hacia otro más sostenible y beneficioso para los residentes, una política hídrica basada en la despolitización de la gestión, la inversión sostenida y la tecnología punta, una política de vivienda orientada a incrementar la oferta de alquileres con desregulación y liberalización, nueva fiscalidad en la que tengan especial importancia los trabajadores jóvenes emancipados, unas políticas de empleo más orientadas a anticiparse al mercado, racionalizando tiempos y más personalizadas y un código ético de 99 principios dirigido a las administraciones y responsables públicos. En resumen, España Mejor insistió desde el primer momento en cuestiones como los controles al poder, la transparencia, la responsabilidad de los gobernantes y la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales. Es decir, justo lo contrario a lo que se ha dedicado el Gobierno Sánchez en muy especialmente esta última legislatura.

El salto a Democracia 21 se produjo después de que González considerase que la vía exclusivamente cívica no lograría que las propuestas fuesen asumidas por los partidos existentes. En 2025 ya hablaba de la creación de una formación política como un "plan B" y en junio de 2026 se registró formalmente Democracia 21 en el Ministerio del Interior. La propia González ha apostado que el nuevo partido pueda incorporar a personas procedentes de fuera de la política profesional, dado que, a su juicio, existe mucho talento fuera de las estructuras políticas tradicionales. 

Qué propone. Pinceladas de su programa electoral

En una entrevista concedida al podcast de El director de David Jiménez en septiembre de 2025, González ya expresaba su preocupación por el deterioro de la confianza institucional debido al clientelismo y la falta de respuesta de las formaciones ante las demandas de regeneración y la necesidad de la reforma de la Administración Pública. Entre sus propuestas ya figuraban reforzar controles sobre los gestores públicos, prevenir conflictos de interés, aumentar la transparencia de nombramientos y exigir responsabilidades por comportamientos que, aún situándose dentro de los márgenes de legalidad, pudieran resultar contrarios a la ética pública. En ese marco hablaron del caso de Begoña Gómez, pero también criticó la Ley de conflictos de interés de la era Rajoy. Lo primero por anticuada, pues salió en 2015 y no cumplía con unos estándares de la OCDE. Así que lo importante para Miriam ya era la prevención y esta crítica se extendía lógicamente al funcionamiento de los partidos y su tendencia a anteponer intereses privados electorales a la búsqueda de soluciones y reformas, mintiendo deliberadamente en sede parlamentaria. Y aquí obviamente el mejor ejemplo era Pedro Sánchez y su entorno, de hecho buena parte de las propuestas de dicho bloque van dirigidas a evitar que sucedan esas cosas.

El viernes 16 se publicó en la web el primer pilar del programa electoral, el de la regeneración política. El problema básico son las redes clientelares. En materia de reducción del aparato político, proponen suprimir los aforamientos, reducir el 90% de asesores políticos, publicar sus CV y salarios, establecer procedimientos basados en mérito y capacidad para puestos de la Administración y empresas públicas y tipificar el enchufismo como delito en el Código Penal. En lucha contra la corrupción, se proponen crear Juzgados especializados en corrupción, institucionalizar una Oficina administrativa anticorrupción con capacidad sancionadora, más recursos para la Fiscalía, controles automatizados de la contratación pública mediante IA, que no prescriban los delitos de corrupción e inhabilitación permanente de los condenados en firme. En independencia institucional, despolitizar el CGPJ para que sean los propios jueces los que designen a los vocales, que el Ministerio Fiscal responda ante el Parlamento y no ante el Presidente, recortar subvenciones a partidos y sindicatos, limitar a dos mandatos todos los cargos públicos y establecer nuevas incompatibilidades para acceder a órganos independientes. En control ciudadano y rendición de cuentas, se importan varias ideas del sistema británico: comparecencia anual del Presidente ante una asamblea ciudadana, obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes cada quince días en sus circunscripciones, sanciones por ausencias parlamentarias y evaluaciones públicas de políticas públicas y su gasto dotando de esta manera de mayor transparencia. Finalmente, en ética política y sistema electoral se introduce el código ético, la reforma de la Ley de conflictos de interés, limitación de mandatos a 2 u 8 años y una reforma electoral para introducir listas abiertas y desbloqueadas.

Los otros dos pilares son modernización (administrativa, educativa, autónomos y servicios públicos) y social (vivienda, inmigración, seguridad, sanidad, familia y cambio climático), que aún no están publicados pero sí nos podemos referir a propuestas comunicadas en la presentación. Sobre Vivienda, apuesta por favorecer un alquiler asequible, entendido porque una persona que gane 1.300 no deba de destinar más de 350-400 euros al mes. Apuesta por impulsar la oferta incrementando el parque público y mediante la cooperación entre sector público y privado. Además, recalcó la importancia de diversificar las fórmulas de arrendamiento y dotar de mayor seguridad jurídica, justo lo contrario a lo que existe hoy día. El problema ya lo apuntaba claramente. Es una política enormemente polarizada e ideologizada en la que los partidos no tienen voluntad de acuerdo en ningún punto sino que priorizan su cálculo político y electoral. Al no ceder en ningún espacio, la ciudadanía queda al margen. En la presentación del partido añadió como propuestas un Plan Nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales a diez años para más seguridad jurídica, suprimir todos los impuestos de compra de vivienda para menores de 35 años y destinar 10.000 millones de euros de Fondos Europeos no ejecutados a un fondo de vivienda protegible y asequible. También aboga por simplificar los procedimientos administrativos para acelerar la construcción y reducir los costes derivados de los retrasos.

También habló de que existe una importante brecha generacional con un ascensor social roto salvo herencias particulares. Como sabemos, el sistema protege a las generaciones mayores con subidas de pensiones y ello se traduce en una participación electoral muy alta. En los jóvenes sucede lo contrario, que sienten que el sistema no les escucha cuando se diseñan las políticas públicas ni les proporciona resultados, por lo que su abstención es muy alta. Además, siendo el futuro del país no apuestan por el emprendimiento y muchos se centran en opositar a funcionarios (que no está nada mal, yo soy uno de ellos) pero más por la seguridad y estabilidad laboral que por vocación. Así que a este respecto Miriam apuesta por remover obstáculos y trámites agilizando el acceso empresarial y la movilidad social para los jóvenes, más teniendo en cuenta la malla de administraciones entre Estado, CCAA, diputaciones y Ayuntamientos. Algunas de esas barreras supuestamente se introducen por intereses públicos, pero otras se disfrazan y esconden intereses políticos contradictorios. Así que entiende además que se debe de avanzar en la armonización de normativas. Sobre los jóvenes se podrá preguntar en el evento que mañana tendrá Miriam en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otras propuestas son aliviar la presión fiscal, reforma educativa con más flexibilidad en los grados, más prácticas y especial atención a la comprensión lectora y visión positiva de la inmigración como activo pero con claras reglas de entrada, permanencia y salida.

Qué espacio político busca ocupar

Su perfil ideológico, su europeísmo y su relación con el electorado moderado desencantado con los partidos tradicionales lo sitúa en un claro plano de relanzamiento de lo que en su día quiso Ciudadanos y tiempo antes UPyD. En un momento de polarización máxima, con un PSOE cuyo proceso de podemización se ha consolidado en esta última legislatura y un PP que no puede alejarse de Vox como socio prioritario, un proyecto de centro liberal no es descabellado como pueda parecer. No hay que olvidar que se daba por hecho que la ausencia de CS le daría victoria cómoda al PP en 2023 y no fue así. Después de tanto martillearle como "muleta del Sanchismo". Es más, ya hemos hablado por aquí varias veces de que el PP no es capaz ni por voluntad de transformar o cambiar algunas de las políticas del PSOE y viceversa.

Ciudadanos es una fórmula hoy día plenamente agotada como partido político, pero no el espacio al que inicialmente aspiraba. Tras los sucesos de 2019 y 2021 (especialmente los primeros), su credibilidad política cayó por los suelos. Ya no eran sus líderes, sino la propia marca. Así que los sucesivos intentos de "refundación" fueron operaciones infructuosas de lavado y planchado que no sirvieron para nada. Ni los nuevos Estatutos ni las primarias ni nada. Como ya conté en este blog, aunque me salté toda la etapa de crisis y barrena, tras las Europeas de 2024 no merecía la pena seguir y pedí mi desafiliación. Sin embargo, dio la impresión de que muchísima gente había quedado huérfana de voto, entre los que se moverían a la abstención o votarían con la nariz tapada a otras listas. Todos ellos estarían decepcionados con CS pero al mismo tiempo con la política nacional. De igual manera que no es lo mismo ejercer un voto anti-Sánchez que otro propositivo. La gente sin duda merece votar en positivo y es donde Democracia 21 debería de orientar su estrategia. De ahí que "volver a creer" sea un buen lema de punto de partida y que conecta con un escenario de espectacular deterioro de la confianza institucional.

Así que su espacio político es y debe ser el de todas aquéllas personas que no entienden la política como un acto de fichaje el día de las urnas sin más. La desafección no sólo es síntoma de que haya decepcionado la política tradicional, sino también los populismos orientados hacia los extremos que a su vez están creciendo en Europa. El clientelismo que promueve derroche de dinero público, la corrupción, la falsa ética y las promesas vacías son los elementos de la vieja política que los extremos aspiran a transformar en su beneficio y lo han demostrado. Por lo tanto, frente a las concepciones que entienden a la política como una religión de feligreses palmeros, se ha de apostar por propuestas que superen tanto la ideología de culto al líder - que es lo que representa el Sanchismo - como soluciones antisistema basadas en la confrontación continua.

Qué posibilidades tiene de consolidarse

Por el momento, su implantación territorial es inexistente, aunque existen ya interesados de diversos puntos de España. Todos los nuevos partidos comienzan con cero recursos y por tanto han de arrancar con cuotas de afiliados. En su página web se abrieron desde el pasado día 10 con algunos precios reducidos para jubilados, desempleados y jóvenes. Es un coste medio algo mayor que cuando estaba CS, pero hay que tener en cuenta que el partido naranja cobraba subvenciones públicas. Pero su consolidación dependerá de muchos factores. 

El primero concierne a cómo se organice y su capacidad para convertir propuestas en apoyo electoral. Pero en su crecimiento, en su músculo humano, debe de tener especial cuidado. He comparado ya varias veces con experiencias pasadas, pero es que es inevitable. CS fue un ejemplo de lo que no hay que hacer, como impulsarse con miles de personas que no creían ni en el partido ni en su programa. Realmente eran más cercanos al PP, pero valoraban que de primeras no medrarían allí. Así que en su selección de cuadros deberá de tener especial cuidado. No se puede convertir al partido en un submarino de otro, pero tampoco favorecer la heterogeneidad de familias convivientes si no creen en un proyecto básico y de equipo. Porque luego toca posicionarse en temas más controvertidos que los arriba indicados y no todo el mundo está dispuesto a entender que el liberalismo no es exclusivamente económico sino también social y cultural. En tercer lugar, no menos importante será la comunicación. No es sólo realizar declaraciones y entrevistas públicas en medios, sino también manejar correctamente la transmisión de los mensajes sin contradicciones y sin dar pie a manipulaciones y bulos. Porque los rivales de izquierda a derecha fomentarán desinformación interesada. De hecho ya lo están haciendo. Y si me permiten, añadiría una cuarta. No monopolizar su discurso en torno al unionismo y contra el independentismo como hizo CS. Los naranjas creyeron que con exactamente el mismo discurso de Cataluña triunfarían en toda España. Hay que superar esa concepción que agotó también buena parte del relato de centro liberal, porque como sabemos terminó emergiendo un partido que defendía "mejor" a los ojos de los votantes ese españolismo. Y tuvo especial contribución a ello la coalición Socialpodemita seguida de la Socialsumarista por alimentar y visibilizar al extremo contrario con su política igualmente extremista.

La incógnita electoral

De cara al 29-N, Democracia 21 presentará listas en Madrid y Barcelona que son las dos circunscripciones más proporcionales de las 52 que existen. De momento siguen en la captación de firma de avales para poder presentarse en diversos puntos de las ciudades e informando sobre el partido. El pasado martes 14 se oficializó un acuerdo con Ciudadanos y UCIN para presentarse en coalición en dichas provincias y con el nombre "Democracia para el siglo XXI". La oferta política electoral en una y otra es muy competitiva, pero el utilitarismo no debería ser el motivo principal para ejercer el voto. Conviene más votar por lo que uno cree y que responde a sus principios, pese a las voces tan difundidas últimamente en redes sociales que apuntan a lo contrario. Incluso desde los rescoldos de UPyD que parecen el típico/a tóxico/a que no permite que su ex pareja encuentre otra persona en la que confiar. Democracia 21 ha de lidiar sobre todo contra los que creen que viene a dividir el voto, cuando a lo que fundamentalmente aspira es a adquirir visibilidad en provincias donde, o o bien el PP y Vox son ya de por sí minoría (Barcelona) o una mayoría (Madrid). Estamos hablando de lograr más de 90.000 votos de media y la cifra es mucho mayor para los menos votados por culpa de los efectos de la fórmula electoral. Con tampoco tiempo es casi imposible, PERO cosas más raras se han visto como que Alvise obtuviese más de 100.000 votos en la provincia de Madrid en las Europeas de 2024. Y eso sin más programa que su canal de Telegram. Vale que lo antisistema vende y no se puede subestimar la capacidad de movilización del populismo extremo, pero no intentarlo es de cobardes.

El hecho de no concurrir en el resto de España para estas Elecciones es inteligente por dos razones: primera, porque no es el momento aún en su estreno y sobre todo porque ha venido muy inmediata la convocatoria tras su presentación. No hay tiempo para más. Madrid y Barcelona son las plazas en las que más y mejor puede darse a conocer y, ante todo, obtener los avales necesarios para poder presentarse. La segunda es que de esta manera desactiva buena parte de las teorías de la conspiración que entienden que es un "invento del Sanchismo" para desagregar el voto. Alegar la patrimonialización del voto es el mayor absurdo antidemocrático que puede echarse en la cara del votante. Ese acto es el más libre de nuestro sistema porque se puede ejercer o no y, en caso afirmativo, en el sentido que se desee. Así que esa papeleta no es propiedad de nadie más que de nosotros mismos y con acusaciones como las que circulan se hace más necesario ejercer nuestra libertad de voto mal que les pese.

jueves, 8 de octubre de 2026

El tablero electoral ante el 29-N

El lunes se confirmaron los rumores que venían circulando desde el viernes y el Presidente anunció la disolución del Congreso y Senado y la convocatoria de Elecciones Generales para el 29 de noviembre. Este movimiento es el principio del fin de una legislatura plenamente convulsa y loquísima marcada por la corrupción. Destacan las condenas al Fiscal General del Estado, al ex Ministro Ábalos que entró a prisión y al hermano David Sánchez. En paralelo, se investigan los casos de Plus Ultra con el ex presidente Zapatero imputado, Leire Diez sobre las cloacas de Ferraz y financiación ilegal del PSOE, Koldo con el ex secretario de organización Santos Cerdán y el de la esposa Begoña Gómez. Se suman desmanes como la amnistía a independentistas y condenados por los ERE de Andalucía, el abusivo uso de Decretos Leyes, la incapacidad para aprobar una sola Ley de Presupuestos, el control del TC, el CIS y el CGPJ, la colonización de TVE como aparato de propaganda, la descoordinación entre administraciones con la DANA de Valencia, el caos migratorio en Ceuta, la cobardía del Gobierno con Marruecos, la tragedia ferroviaria de Adamuz, el apagón nacional, incendios cada verano, el uso de una neolengua para desacreditar la libertad de expresión y de información, los intentos de alterar el CERA vía nacionalidades exprés o la persecución y desacreditación de jueces y policías bajo el mantra del lawfare. Así por poner ejemplos. De todo esto hemos hablado en este blog pero tiempo atrás ya nos lo advirtió Albert Rivera y acertó en todo.

Antecedentes de elecciones de la era del Sanchismo

En las Elecciones de abril de 2019 se asistió a una de las representaciones parlamentarias más fragmentadas en 50 años. Ganó el PSOE las elecciones con 123 escaños y menos del 29% de los votos, seguido del PP de Pablo Casado con un batacazo espectacular y 66 diputados, 57 de Ciudadanos con Albert Rivera, 42 de Podemos y 24 de Vox. Los socialistas ganaron en casi todas las provincias gracias a esa fuerte dispersión del voto y supieron contraer el empuje centrista que, desde la moción de censura de 2018, habría estado perdiendo simpatizantes por su izquierda. Pues en enero de aquél año habíamos llegado a lo más alto en la demoscopia tras la gran victoria en las Catalanas. Por eso optó por el paripé de que no podía dormir por las noches pensando en Pablo Iglesias y abocó a España a una repetición de elecciones que hundiría en el sótano a la formación a la que con orgullo pertenecí durante bastantes años. Así que el asesor de Sánchez Iván Redondo supo anticiparse a todo lo que sucedería en noviembre: retroceso de Podemos, caída enorme de Ciudadanos, recuperación del PP y ascenso de un Vox fulgurante por la polarización relativa al procés independentista y el pacto con la extrema izquierda. De hecho, el PSOE salió reforzadísimo al mantenerse perdiendo apenas tres diputados y con la mencionada reordenación que le dejó el relato en bandeja. Para el PP fue un gran derrota, si cabe más dolorosa que la anterior porque pese a recuperar 23 escaños fue un premio muy escaso comparado con la explosión de Vox que ascendió a 52 diputados (+ 28). Así que un significativo rival como CS había sido sustituido por otro como Vox que más que duplicó sus votos. Como militante de CS aquella noche fue para llorar.

En las Elecciones de julio de 2023, las encuestas apuntaban esta vez a una victoria del PP que desbancaría al PSOE sumando con Vox. Tenía a su favor que Ciudadanos no se presentaba y por lo tanto aspiraba a recoger los 13 que quedaron de 2019. Al mismo tiempo, fue la famosa legislatura de los tránsfugas en la que el ex Secretario general del PP Teodoro García Egea y el ex secretario de CS Fran Hervías negociaron el trasvase de muchísimos cargos públicos y afiliados. Fue una operación absolutamente chabacana e infame que se inició desde antes de la polémica moción de censura en Murcia, pero que se aceleró desde entonces. Pues bien, ni con esas. El PP ganó las elecciones con 137 diputados pero su problema fue que Vox retrocedió a 33 y por seis asientos no llegaron a la tan ansiada mayoría absoluta. El PSOE supo aguantar con 121 diputados y a "sólo" 400.000 votos del PP mientras que la nueva izquierda radical de Sumar obtuvo 31 siendo 5 de ellos de Podemos. Así que el PSOE sustituyó a Podemos por Sumar como socio de coalición y pactó investidura con todo el arco parlamentario a excepción de PP y Vox, con todas las concesiones a independentistas que hemos visto. Los populares, ya con Feijoo tras la pifiada monumental de Casado en su cacería contra Ayuso, creyeron que ya estaba todo hecho con el reclutamiento de los ex de Ciudadanos, pero en su discurso no supieron atraer a una buena parte que exigía una mayor contundencia: independentistas, restricciones sanitarias, políticas de género... y además confrontó bastante con Vox. También cometieron enormes errores como que Feijoo no asistiera al debate en RTVE y que fuese vapuleado en una entrevista poco preparada con Silvia Intxaurrondo, al margen de que sonase a paliza por encargo.

Las armas electoralistas del Sanchismo

Los populismos son expertos en explotar las emociones y en señalar a chivos expiatorios para exculpar su responsabilidad. ¿Para qué perder tiempo en cualquier explicación racional cuando puedes venderle a la gente que viene la extrema ultraderecha, que los rentistas y fondos buitre son los que invaden España, que la UDEF, la UCO y la Justicia les tienen manía a sus corruptos, que la inmigración ilegal y masiva es fetén y que Marruecos es un socio confiable? Y es que si en algo ha trabajado Pedro Sánchez más que nadie es en cómo engañar a la gente y mantenerse en el poder a costa de cualquier resquicio legal o, de no haberlo, que pareciese un accidente. A este último respecto, el caso Leire figura como el más peligroso de los casos de corrupción del partido, pero el hecho de activar la palanca electoral ha servido para interrumpir una posible imputación del PSOE como persona jurídica. En cuanto a Ceuta, no le preocupa por dos motivos: uno, que sólo es un diputado y la dan por electoralmente perdida. Y dos, que su efecto nacional es impulsar a Vox frente al PP. La polarización extrema como baza de éxito Sanchista. Y me creo que fomenten su propia ineptitud para hinchar a Vox.

También ha aprovechado un momento de revuelta social por la vivienda, una de las políticas públicas más desastrosamente gestionadas y registró de nuevo los Decretos Leyes de la semana pasada. De sus controvertidas cláusulas, destaca la externalidad de que las personas que no encuentran vivienda ahora mismo se verán expulsadas del mercado. Primero por vía de reforzar los derechos y minimizar las obligaciones de los actuales inquilinos y segundo por desincentivar el alquiler de viviendas vacías que saldrán del mercado. P.S. conseguirá validar el más extenso a través de la Diputación Permanente - cuya aritmética le da la mayoría sin Junts - mediante una trampa antidemocrática más, porque pese a que la propia CE lo permite es una bomba electoralista que probablemente tenga reacciones. Pero no es la única, pues se le añade la convocatoria de una curiosa huelga por la vivienda y salario dignos por parte de UGT y CCOO y dicen presionados por el sindicato fake de inquilinos. Pese a que se convoque para el día 11 de noviembre (la campaña comienza el 13), la instrumentalización electoralista de este movimiento en lugar de un acto reivindicativo de derechos se pone de manifiesto con las desacomplejadas declaraciones de María Jesús Montero: una huelga contra la oposición. Pero es lo que hay cuando tienes a los sindicatos bien subvencionados.

Contexto demoscópico para el 29-N para los partidos nacionales

El barómetro 40db para El País y la Cadena SER realizado entre el 25 y el 28 de septiembre no recoge importantes efectos del llamado "caso Mari Carmen", que ayer falleció en un hospital de Madrid (DEP). El PP alcanza el 31,6%, el PSOE 27,4%, Vox 18,4%, Sumar (5,6%) y Podemos (2,7%). Son muy parecidos al de Sociométrica para El Español con PP 33,4% y una estimación de 143 escaños, PSOE 26,5% y 106 escaños, Vox 18,1% y 62 escaños, Sumar 5,3% y 6 escaños y Podemos 3,1% y 2 escaños. En cuanto al de Sigma 2 de octubre para El Mundo da 140 al PP, 103 al PSOE, 63 a Vox, 9 a Sumar y 2 a Podemos, por lo que cree que la coalición alternativa podría arrebatar más voto a los socialistas. Ateneo del Dato para la Sexta habla de horquillas de 129 y 141 al PP, 102 y 119 al PSOE, 62 y 71 a Vox, 10 y 14 a Sumar y 2 a Podemos. Esta última es la encuesta que más animó a Sánchez para disolver las cámaras y azuzar el clásico miedo a la turboderecha extrema. Y es que la media publicada por RTVE reitera un crecimiento de Vox que lo situaría en su máximo histórico duplicando fuerza. De esa manera, superaría holgadamente la mayoría absoluta la suma PP + Vox con 202 escaños. Igualmente, confirma que la coalición Sumar perdería mucha presencia reduciéndose a un tercio. Sin embargo, todo esto que parece tan claro es discutible.

El problema para el PP es que las encuestas no le apuntan una mejora significativa e incluso podría perder fuerza. Así que el mayor reto para Feijoo es no dejarse erosionar, mantener el tipo, medir bien sus empujes y defensas y mucho mejor su comunicación. Sobre todo no dar pie a desencuentros con su competidor a la derecha porque es su único socio para pactar. Su auténtico rival es el PSOE, que en estos años ha atado un electorado de en torno a 120 escaños y en esta ocasión se enfrenta a un escenario de mil polémicas, investigaciones y condenas por corrupción y gestiones políticas y económicas nefastas. En semejante tarima, es enormemente complicado que el PSOE mueva gente en masa de la abstención. Así que el PP ya tiene una apetitosa bandeja que Sánchez se la ha servido muy fácil. Sólo el propio PP puede tirar al traste una victoria casi segura con suma parlamentaria incluida. Ha de ser más propositivo y no limitarse a reiterar lo nefasto que es Sánchez, que eso ya lo sabemos todos (menos los que cobran de él, claro). Debe asistir a todos los debates ya sea con los candidatos principales o con otros de segunda fila (como Borja Sémper tras superar un cáncer). Y finalmente conectar con los jóvenes donde Vox le gana de la mano. Con todo, las encuestas no le auguran al PSOE una pérdida mayor de 15 diputados, lo que debe de hacernos reflexionar y esto no lo digo en tono sarcástico ni crítico sino analítico. Algunas voces interesadas hablan de que Vox podría escalar hasta los 80 dada su tendencia a raíz del asunto Ceuta. Creo que son exageradas y tiene un techo sobreestimado, pero habrá que estar atentos a la evolución de las encuestas. 

Contexto autonómico e impacto de la fórmula electoral

Aunque no sea extrapolable del todo, en las cuatro últimas elecciones autonómicas retrocedió el PSOE en tres de ellas y sólo mejoró resultados en Aragón. El batacazo de Extremadura también hay que situarlo en el contexto de haber presentado como candidato a un imputado por corrupción en el caso David Sánchez. Pero lo más importante es saber qué tanto subirá Vox sin llegar a erosionar al PP y sin repercutir en la proporcionalidad beneficiando al PSOE. Los de Abascal lograron en las cuatro autonomías un incremento neto de 24 escaños destacando muy especialmente Castilla y León. Ahí es precisamente donde se ha favorecido que el PSOE mejorase por la mayor dispersión del voto y su traducción a resultados dada la fórmula electoral proporcional aplicada. Y ese es el detalle que hay que tener en cuenta, por que cuanto más suba Vox más se puede recuperar el PSOE y no sólo en términos demoscópicos sino directamente electorales. A medida que existe un voto más repartido entre tres o más fuerzas, el premio del siguiente escaño puede ser más barato para las candidaturas intermedias por el efecto de la fórmula proporcional. Así, en abril de 2019 el beneficiado fue CS y ahora podría ser el PSOE.

Esto es muy sencillo de ver. Si existe un Vox fuerte sobre todo en circunscripciones pequeñas es más probable que se rompa un escaño para el PP y pueda ser alcanzado por el PSOE. Es la circunstancia que se aplica para reclamar al voto útil que contra Ciudadanos les funcionó muy bien, pero con Vox ya no. El PP dispone de una fuerte implantación territorial así como sus redes de contacto bien cuidadas. Vox no, pero sí que cuenta con un proyecto ideológico fuerte y unas banderas que ha sabido comunicar entre un público de derecha y más joven. Sin embargo, tampoco ha logrado combatir con éxito las críticas desde sectores más moderados y de la izquierda. Precisamente de ello ya hablé en un artículo anterior. El caso es que ha pasado tan poco tiempo desde la constitución de los gobiernos autonómicos que pienso que no va a influir ni para bien ni para mal. Lo único que recordará la gente es posible que sea el concepto "prioridad nacional" que, sin embargo, pienso que como tal si está beneficiando a Vox en un momento en que existe un importante hartazgo respecto a la inmigración masiva e ilegal y sobre todo con los sucesos de Ceuta. Así que, en principio, tanto lo que rodea al PSOE como los gobiernos autonómicos de PP y Vox juegan a favor de éstos dos. Así que es posible que esto quite más que lo que le pueda sumar al PSOE lo mencionado de la proporcionalidad. Pero todavía nos queda otro factor.

La izquierda alternativa y el factor territorial

La marca electoral Sumar cambia a Frente amplio como coalición entre los anteriores, Más Madrid, IU y Comuns. Está por ver si entrará Podemos de Irene Montero (que exige primarias internas) así como Compromís, Chunta, Verdes o Més Mallorca. Lo que sí queda claro es que ERC no formará parte al no poder obtener apoyos Gabriel Rufián dentro de su partido. El caso es que esta convocatoria pilló a estas formaciones con "el pie cambiado" y tuvieron que acelerar tanto la designación de la persona candidata como los contactos con partidos. Yolanda Díaz se apartó hace meses porque la Ministra de Trabajo estaba muy mal valorada en las encuestas y ha cometido enormes errores tanto políticos como comunicativos. Seguidamente, quiso postularse la homóloga de Sanidad Mónica García, pero tenía dos inconvenientes: a nivel externo, de ser muy criticada por el colectivo médico a cuenta del Estatuto marco del SNS y a nivel interno la oposición de Comuns. Así que Mas Madrid ha propuesto a Ada Colau como candidata pero como cabeza de lista en Barcelona. De alguna manera la popularidad entre los suyos está en candelero tras su participación en la famosa flotilla a Gaza, pero su gestión pasada en el Ayuntamiento de Barcelona disparó los precios de los alquileres. El PSOE aspira a absorberlos electoralmente y, para combatir eso, en Frente amplio tratarán de disputarle el espacio de vivienda. Más allá de eso sólo podrán echarle en cara la corrupción, pero diría que ahí la lucha va a ser más tangencial.

Si hablamos de partidos regionalistas de izquierdas (no independentistas) existen algunos en las elecciones autonómicas celebradas que se han visto impulsados por la crisis del PSOE. Así que opciones como Adelante Andalucía y Chunta Aragonesista podrían tener sus resultados. Por lo tanto, diría que parten con una mayor dosis de credibilidad que la nueva marca nacional de la izquierda alternativa que, por ahora, no parece que arañe demasiado de los socialistas. Así que podría preverse que la erosión de voto del PSOE vaya más a la abstención y a esas fuerzas regionales que a Frente amplio ó al PP. En el caso de Andalucía hablamos de ocho provincias que pueden decir mucho. En ellas, el PSOE mantuvo en 2023 la misma fuerza electoral que 2019 pese a perder 4 diputados por el efecto una vez más de la fórmula.

En Cataluña, ERC tendrá la oportunidad de batir en pulso a Junts, cuyas estimaciones van a la baja con tres escaños menos y pese a la ausencia confirmada de Alianza. Los republicanos sólo sumarían un asiento más, pero existe un factor contextual que puede ser decisivo. El TC, con la mayoría socialista 7-5 ha validado la amnistía a todos los condenados, procesados e investigados por malversación tumbando así la sentencia del TS. Esto les permite volver a presentarse a elecciones e incluso el regreso a España de Carles Puigdemont al retirar el juez Pablo Llarena la orden de detención tras dicha sentencia del alto tribunal. Esto ha sido celebrado tanto por el PSOE como su franquicia PSC y por supuesto ERC y Junts, pero está por ver qué impacto electoral podría tener. Porque el mismo Puigdemont celebró con burla la sentencia como una derrota del Estado. En mi consideración, tengo muchas dudas de que esto beneficie al PSOE al igual que a ERC que resta importancia al entender que el conflicto aún no ha terminado. A mí me huele más a contratiempo que a oportunidad. Por un lado podría ser un balón de oxígeno para Junts en medio de la polémica por la vivienda, pero tampoco acelerarán su regreso a España para evitar que se perciba como oportunismo electoralista. Así que creo que donde más puede ganar Junts es alejándose de Sánchez para tratar de atraer al simpatizante de Alianza y amortiguar sus malas perspectivas.

En cuanto a Euskadi, el panorama no parece tan complejo. Tanto Bildu como PNV ganarían un diputado más. El primero no ha retirado en ningún momento su apoyo al Gobierno a efectos de lograr acercamiento de presos etarras, cesión de política penitenciaria y excarcelaciones. Así que de cara a su público estrella ha cumplido. El segundo sí que ha rechazado al Gobierno en algunas cuestiones económicas, pero creo que ha medido bien sus pasos sin llegar a expresar un apoyo a otra alternativa. Ahora bien, se les nota que si por ellos fuera, preferirían sustentar un Gobierno del PP siempre que Vox no estuviera en ninguna aritmética posible. Pero es tarde para arrepentirse de cuándo votaron la moción de censura de 2018 por miedo a quedarse aislados y lo pagasen en las elecciones con Bildu.

Conclusiones: una fotografía que aún puede cambiar

Hay que tener en cuenta que es muy pronto y la campaña todavía no ha empezado pese a que desde hace años nos encontramos en precampaña continua. Las candidaturas no están completamente cerradas, no se conocen ni algunos candidatos y los programas, relatos y discursos apenas están perfilándose. No olvidemos que el equipo de Pedro Sánchez es muy experimentado en remontar intención de voto en la campaña y de hecho es un clásico en los socialistas. Manejan muy bien la comunicación y los mensajes, partiendo con ventaja en lenguaje emocional que llega sobre todo a personas mayores. Intentarán monopolizar la campaña con la baza de la vivienda, pero en quince días es poco seguro resistir con una single issue cuando hasta en esa el Gobierno ha fallado e incluso parte de su potencial electorado es arrendatario. Así que ganar unas elecciones con el apoyo de inquilinos y realquilados es imposible. Podemos pensar que lo lógico es que el PSOE las pierda y ni siquiera sume, pero aun así nadie se puede confiar. Por todo lo que publico en el blog es más que obvio que estoy deseando que se expulse electoral e institucionalmente a Pedro Sánchez para siempre. Así se podrá dedicar más tiempo a sus tik toks recomendando playlists de música.

De cara al éxito o fracaso de los partidos insisto una vez más que será esencial la comunicación y por ello vamos a analizar todos los aspectos tanto en la apertura de campaña como en el desarrollo de la misma y en los resultados electorales. Vamos a reordenar los próximos artículos añadiendo una clara perspectiva de clave nacional, pese a que algunos tendrán relevancia de carácter regional. Prometo que va a haber posts muy interesantes de leer. Incluso habrá alguna sorpresa que estoy preparando. Así que desde este blog estaré muy atento a la preparación de un evento siempre apasionante: unas Elecciones Generales.