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lunes, 9 de noviembre de 2026

Dependencia, discapacidad y ELA: retos de los servicios sociales en Murcia

Los Servicios Sociales son fundamentales en nuestro Estado social y democrático de Derecho por cuanto son garantía del bienestar de las personas con discapacidad. Igualmente, cualquier sistema liberal que crea en la igualdad de oportunidades ha de velar porque el Estado limitado priorice recursos en dicho área. Me parece muy necesario explorar la situación de las políticas de Dependencia, reconocimiento de discapacidad y enfermedades raras con especial mención al ELA. Me centraré en la Región de Murcia, pero al mismo tiempo prestaré atención a qué proponen y defienden los principales partidos que concurren a las Elecciones del 29-N.

Distribución de competencias

Las competencias en materia de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se regulan principalmente a través de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Los niveles y distribución de competencias son los siguientes: la Atención Primaria constituye el normal cauce de acceso al sistema y los Ayuntamientos ofrecen una atención integrada y polivalente en el entorno más próximo al ciudadano y su familia. Se provén programas básicos de información, valoración, orientación, ayuda a domicilio, prevención e inserción y cooperación social. Después está la Atención Especializada que es ejercida por la CARM y que corresponde a niveles que exigen recursos más técnicos y personalizados. Se gestiona a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que específicamente se encarga del desarrollo y gestión de servicios, programas, prestaciones técnicas y la valoración del grado de Dependencia. Finalmente, la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad impulsa, promueve y coordina la atención primaria, elabora planes generales y coordina los sistemas de protección social frente a la vulnerabilidad.

Dependencia

El sistema de atención a la dependencia en la Región de Murcia atraviesa graves dificultades estructurales. Según los datos oficiales del Observatorio Estatal para la Dependencia, gestionado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad Autónoma se sitúa repetidamente a la cola del país en cuanto a agilidad y cobertura. Revisando los datos del SAAD del Ministerio arrojan varias tendencias crecientes que no van al mismo ritmo. Entre 2019 y 2026, las solicitudes han aumentado en un 42,6%, las resoluciones un 54% y el número de personas con derecho a prestación un 45,6%. A fecha de cierre de septiembre de 2026, las personas con derecho reconocido alcanzaron un 78,52% de las solicitudes registradas y con derecho a prestación. El resumen es que la CARM ha incrementado notablemente su actividad administrativa entre 2019 y 2026, pero eso no ha impedido que persistan importantes problemas de demora. Las prestaciones se han incrementado en más de un 58% y con el crecimiento más acusado desde 2023 hasta 2025. Ahora bien, tampoco se puede interpretar como número de personas atendidas porque hay quienes reciben más de una prestación.

Evolución del sistema de Dependencia en la Región de Murcia (2019-2026)

Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones. 


Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones

Año Solicitudes Resueltas Con derecho reconocido Prestaciones
2019 53.719 46.430 41.312 44.054
2020 52.094 45.294 40.012 44.045
2021 54.205 47.556 42.082 46.064
2022 55.440 50.117 44.287 47.227
2023 62.760 54.056 47.580 50.551
2024 66.811 59.427 51.617 57.972
2025 74.588 67.138 57.566 66.770
2026* 76.618 71.492 60.166 69.797

*Datos correspondientes a septiembre de 2026.
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Elaboración propia.

Los principales problemas identificados se concentran en los siguientes puntos: 

Tiempos de espera extremos: La Región de Murcia lidera la mayor demora de España para tramitar un expediente de dependencia. El tiempo medio necesario para completar un expediente (desde la solicitud hasta la concesión de la ayuda) supera los 550 días, desbordando ampliamente el plazo máximo de 6 meses (180 días) fijado por la normativa estatal. La media nacional se sitúa bastante por debajo, en torno a los 320 días. El limbo de la dependencia llega a cifras como que el 18,6% de los solicitantes en Murcia permanecen a la espera de recibir alguna valoración o la prestación que legalmente ya tienen reconocida. Esto sitúa a la Región como una de las que presenta un mayor porcentaje de personas desatendidas en todo el territorio español. Actualmente, más de 14.000 personas se encuentran atrapadas en esta lista de espera. Pero el impacto más crítico de estas demoras administrativas es el elevado volumen de personas vulnerables que fallecen esperando una respuesta. Durante el primer semestre, más de 700 dependientes murcianos murieron mientras figuraban en las listas de espera sin haber llegado a percibir sus prestaciones o servicios.

Déficit de recursos e infraestructuras públicas: Diversos colectivos y portavoces del sector social alertan de una preocupante falta de cobertura en equipamientos básicos. Se estima un déficit de aproximadamente 8.000 plazas en residencias y centros de día públicos, lo que congestiona las opciones de cuidado formal de los dependientes graves. Además, se asiste a una marcada disputa política en torno a los recursos económicos. El Gobierno autonómico denuncia una infrafinanciación por parte del Estado, señalando que la administración central aporta aproximadamente el 30% del gasto frente al 50% que estipula la ley nacional. Por su parte, colectivos sociales y de la oposición atribuyen la situación a una falta de priorización presupuestaria y a la excesiva complejidad burocrática interna del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Por su parte, el argumento central del Ejecutivo regional y de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es la infrafinanciación y deuda del Estado. La CARM denuncia que asume cerca del 75% del coste total del sistema de Dependencia, mientras que la ley nacional estipula que la financiación debería repartirse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. De esa manera, el Gobierno autonómico cifra en más de 600 millones de euros la deuda acumulada que el Ministerio tiene con la Región de Murcia en materia de Dependencia desde 2018. También aseguran que si contaran con, su entender, una financiación estatal justa (como la que reciben otras comunidades con regímenes forales), se habrían eliminado los tiempos de espera y reforzado de manera inmediata los recursos de atención. Por otra parte, trata de contrarrestar las críticas de parálisis publicando sus propios balances de gestión a través del IMAS y destacan que en los últimos periodos se ha logrado un incremento histórico, resolviendo más de 50.300 valoraciones anuales entre discapacidad y dependencia (un aumento superior al 22%). También que el sistema atiende de forma activa a más de 66.770 beneficiarios, incorporando miles de personas nuevas al sistema año tras año.

En cuanto a la reducción de las listas y "cuellos de botella", el Gobierno regional sostiene que las listas de espera están disminuyendo de forma sostenida gracias a planes de choque internos. Afirman que se están acelerando los expedientes y que la tendencia del IMSERSO refleja que se tramitan miles de prestaciones nuevas cada trimestre. En términos de modernización del modelo y simplificación burocrática, para atajar el problema de los más de 530 días de retraso medio, la CARM ha implementado reformas como una nueva solicitud simplificada para fusionar la solicitud de valoración del grado con la de la prestación o servicio (evitando duplicar tiempos de espera), extensión de las valoraciones telemáticas priorizando casos más graves y, tras el Decreto-Ley del nuevo grado III (dependencia extrema), enfocarse en asistencia domiciliaria de 24 horas y apoyo económico a familias con enfermedades como ELA. 

Solicitud y reconocimiento del grado de minusvalía

En la Región de Murcia, el procedimiento para el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del grado de discapacidad (históricamente llamado minusvalía) también presenta importantes fricciones burocráticas y problemas de tiempos de espera similares a los de la dependencia. El órgano responsable de tramitarlo y evaluarlo es el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Para poder acceder a los beneficios fiscales, laborales, educativos y de movilidad, el grado mínimo dictaminado debe ser igual o superior al 33%. Puede solicitarse tanto online (mediante certificado digital o Cl@ve en la Sede Electrónica) como presencialmente en las oficinas del IMAS con cita previa. Se deben aportar informes médicos oficiales (de especialistas de la Seguridad Social o privados) y abonar una tasa de solicitud inicial (el modelo T-173.1, salvo colectivos exentos por bajos ingresos). La evaluación debe ser realizada por los equipos multipersonales de Valoración y Orientación como médicos, psicólogos y trabajadores sociales y aquélla ha de medirse aplicando el baremo estatal regulado por el Real Decreto 888/2022.

El mayor conflicto en torno al reconocimiento de la discapacidad reside en el colapso del sistema de citas y evaluación. Para empezar, se incumple el plazo legal, dado que la norma estipula un plazo máximo de 6 meses para resolver la solicitud. Sin embargo, según informes de entidades del sector como el CERMI y debates en la Asamblea Regional, el retraso medio para conseguir la cita y dictamen definitivo supera los 16 meses (unos 513 días de media) y en algún caso personal llevamos esperando sólo la cita casi 2 años. Ante el silencio administrativo, cabe recurso de alzada ante el titular de la Consejería y, en caso de nuevo silencio, su sentido es de carácter estimatorio. Sin embargo, eso no faculta en realidad para obtener un derecho automático, pues sólo implica que te tengan que citar y la certificación de la estimación presunta tan sólo nos valdría para interponer recurso contencioso-administrativo. El propio Defensor del Pueblo ha emitido advertencias formales a la CARM por estas demoras crónicas, ya que genera un indudable impacto en los usuarios, pero no ha recibido en ningún caso respuesta. Este atasco perjudica gravemente a familias con niños que necesitan tratamientos urgentes de atención temprana, a trabajadores que necesitan adaptar sus puestos y a personas con patologías graves que no pueden acceder a pensiones o beneficios de inclusión laboral mientras esperan.

Ante esta situación, el Gobierno de la Región de Murcia sostiene que está aplicando medidas medidas correctoras. Respecto a la falta de personal técnico, la Administración reconoce de manera indirecta las carencias estructurales en las plantillas médicas y psicológicas de los Centros de Valoración, además de admitir dificultades para cubrir las bajas laborales. Con el fin de evitar que las personas cuyas tarjetas temporales caduquen queden desamparadas económicamente durante la espera de su revisión, el IMAS ha emitido resoluciones extraordinarias para prorrogar automáticamente la vigencia de los grados de discapacidad reconocidos. Asimismo, defienden que el nuevo baremo digitalizado agilizará el cruce de datos con el SMS, permitiendo emitir dictámenes por informe médico en los casos más severos y reduciendo la necesidad de evaluaciones presenciales complejas. Estas perspectivas optimistas tienen sus reservas en opinión de algunas asociaciones en España. Pero sobre todo pierden fuerza por su propio peso, al constatar que el principal cuello de botella se origina en el primer trámite de asignación de citas, es decir, una gestión esencialmente administrativa y no técnica.

Enfermedades raras, Ley ELA y su aplicación en la Región de Murcia

La atención a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a las enfermedades raras ha sido objeto de debate legal y presupuestario tanto a nivel nacional como autonómico, no sin antes ser postergada su aprobación hasta tres años siendo postergada más de 40 veces desde su toma en consideración en 2022 a iniciativa de Ciudadanos. Muchos pensamos que el hecho de que fuese presentada por esta formación, aparte de la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado fueron los principales motivos peregrinos para retrasarla, demostrando con su aprobación mediante la Ley 3/2024 y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto-Ley 11/2025 que no era necesario esperar tanto. 

Estas normativas reconocieron derechos históricos para pacientes de ELA y otras dolencias irreversibles de alta complejidad, permitiendo a la Región de Murcia implementar importantes novedades normativas. En primer lugar, creó el Grado III+ (dependencia extrema) a través del Decreto-Ley 1/2026, de 7 de mayo, específico para enfermos de ELA en fase avanzada. Esto permitiría agilizar la atención domiciliaria continua de hasta 24 horas y otorgar un blindaje económico directo a las familias que puede alcanzar hasta los 9.859 euros mensuales por enfermo según las necesidades de supervisión. Por otra parte, el Ejecutivo autonómico prometió la supresión total de copagos en las prestaciones para las personas diagnosticadas con ELA y patologías irreversibles de curso rápido. Esta medida contó con el consenso de las fuerzas políticas de la Asamblea Regional para integrarse plenamente en el presupuesto ordinario y la Ley entraría en vigor a finales de año. Finalmente, el IMAS mantiene líneas de subvención de concurrencia no competitiva destinadas a sufragar gastos no cubiertos por el sistema ordinario de salud, gestionadas de forma complementaria junto a asociaciones como ELA Región de Murcia.

El Sistema de Información sobre Enfermedades Raras de la Región de Murcia (SIER) tiene identificadas a más de 86.000 personas con alguna de estas patologías en la comunidad. La Consejería de Salud trabaja en la actualización del Plan Regional Integral de Enfermedades Raras con el objetivo prioritario de acortar los tiempos de diagnóstico (que a nivel nacional suelen superar los 5 años) y unificar las vías de derivación sanitaria. En abril de este año se inauguró el Centro Regional de Enfermedades raras ubicado en el Hospital público de La Arrixaca con programas como ImPaCT Genómica para los casos complejos y asume funciones de detección precoz, diagnóstico y seguimiento. Por otra parte, existen ayudas fiscales y económicas. En las primeras, existe una deducción autonómica en el IRPF de hasta 300 euros para ayudar a cubrir costes de tratamientos, terapias y medicamentos de las personas diagnosticadas. En las segundas, existen convenios de atención familiar mediante los que se canalizan vía Presupuestos subvenciones nominativas a entidades como la Federación Española de Enfermedades Raras y asociaciones locales (D'Genes). De esa forma se financian servicios de atención psicológica, logopedia, fisioterapia y orientación social especializada en sus centros de día autorizados.

A pesar de los avances legislativos, plataformas de afectados como la Confederación Nacional ConELA y diversas asociaciones de enfermedades raras denuncian la existencia de múltiples barreras que impiden una aplicación efectiva y equitativa de la norma. El problema fundamental radica en el propio retraso administrativo que anula el impacto de la Ley estatal. Aunque esta exige que los procesos se resuelvan por la vía de urgencia, el colapso del sistema provoca que muchos afectados fallezcan antes de recibir la ayuda económica o la asistencia domiciliaria solicitadas. Asimismo, las familias recalcan que las demoras se ven agravadas por unos sistemas informáticos de gestión en el IMAS que aún no están completamente adaptados ni unificados. A este escenario se suman los retrasos en el diagnóstico de las enfermedades raras, pues el tiempo para obtener un diagnóstico certero sigue superando los cinco años. Consecuentemente, los pacientes se hallan en un limbo administrativo y social que les impide solicitar las deducciones fiscales de 300 € en el IRPF o las prestaciones por discapacidad. Por último, tampoco puede obviarse la exclusión de patologías similares, como las neuromusculares; pese a que la Asamblea Regional aprobó por unanimidad extender los beneficios y ayudas de la ELA a condiciones como las distrofias musculares de Duchenne o Becker, las convocatorias de ayudas publicadas hasta la fecha solo han incluido el diagnóstico estricto de ELA. Por lo tanto, no puede obviarse una irrenunciable responsabilidad pública.

Qué proponen los partidos

El debate sobre la Dependencia ya no gira en torno a la ampliación de derechos, sino en la sostenibilidad económica del sistema ante el envejecimiento poblacional y la agilización de las listas de espera. El PSOE, tras la aprobación de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica las Leyes de Derechos de personas con Discapacidad y de Dependencia, centra su dirección en: blindar la financiación estatal para alcanzar el 50% de aportación vía PGE, eliminar incompatibilidades y garantizar la simultaneidad de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día para finalmente establecer plazos máximos legales de resolución de 3 meses al objeto de erradicar el limbo de la Dependencia.  Frente amplio (antes Sumar) va más allá priorizando la gestión pública directa de los servicios de cuidados, universalidad del sistema, subida de cotizaciones a las cuidadoras no profesionales y fiscalizar los baremos de valoración para que se adapten a las realidades multipatológicas. Eso es lo que ha promovido el Ministerio de Derechos Sociales Por lo tanto, entre la izquierda la diferencia es presupuestaria e intervencionista. Por una parte, centraliza gastos en el Estado y descarga de las CCAA, pero limita al sector privado y lo más importante, genera un incremento sustancial del compromiso presupuestario que debería responsabilizarse el próximo Gobierno.

En la derecha, el PP apuesta por una modificación profunda de la Ley de Dependencia simplificando trámites administrativos mediante ventanilla única, introducir una cartera de servicios básica y común para todas las CCAA y teleasistencia avanzada y soporte en el entorno familiar para los que permanezcan en sus hogares. A nivel de Murcia, López Miras ha prometido más de 1.600 plazas nuevas para mayores y discapacitados y también un convenio con el IMSERSO para destinar 46 millones de euros en materia de Dependencia. No hay que perder de vista que estas cifras se han hecho públicas días después de la convocatoria electoral. Por su parte, Vox marca una apuesta decidida por la recentralización. Propone un modelo de tarjeta sanitaria (como propuso en su día Ciudadanos), que las competencias sean asumidas por el Estado para que no haya disparidad de prestaciones por regiones y propone subir las deducciones fiscales para los cuidadores familiares. Así que el resumen aquí es que la derecha se mueve más por unidad de mando, igualdad de derechos y beneficios fiscales, pero es más acusado en Vox que en mayor proporción desconfía de la gestión autonómica.

Sobre las enfermedades raras, tanto el PSOE como el PP coincidieron en una proposición de Ley presentado por el primero para agilizar el diagnóstico expandiendo y homogeneizando el cribado neonatal (prueba del talón). En materia de medicamentos, la izquierda propone revisar y flexibilizar los criterios de financiación pública de los fármacos de última generación para que se incorporen lo antes posible al SNS. También hubo consenso en aprobar iniciativas de PP y Vox para mejorar avances en los tratamientos y el segundo para el acceso al fármaco contra la piel mariposa. Sin embargo, el PP cree también urgente acelerar las aprobaciones en sintonía con la Agencia Europea de medicamentos y conceder incentivos fiscales a la investigación biotecnológica. Sobre especializaciones sanitarias, el PSOE plantea incentivar la genética clínica y enfermedades minoritarias mientras que Vox respalda que se concentren los recursos en centros nacionales dotados con presupuestos específicos. Pero específicamente sobre la ELA, el PSOE se propone desbloquear los Decretos pendientes que desarrollen la Ley como la prórroga de la ayuda CUMU y una dotación presupuestaria garantizada a las CCAA para la atención especializada domiciliaria. Frente Amplio añade a esta última que se blinde por Ley junto con los cuidados domiciliarios pero en régimen siempre público, así como apoyo psicológico continuo al núcleo familiar. El PP promueve la creación de un Centro nacional de investigación de ELA y acelerar el reconocimiento del diagnóstico de la enfermedad para acelerar las ayudas. Finalmente, Vox vuelve a apostar por la centralización con la coordinación de las unidades ELA interprovinciales a efectos de evitar traslados gravosos a los enfermos y asegurar los cuidados paliativos avanzados.

Conclusiones: los derechos sociales se demuestran con resultados

La Región de Murcia tiene ante sí un reto que no puede seguir aplazándose: conseguir que los derechos reconocidos en materia de dependencia, discapacidad y enfermedades raras se traduzcan en atención efectiva. Porque una prestación que llega tarde, una valoración que se demora durante meses o una ayuda que no alcanza a quien la necesita pierde todo su sentido. Detrás de cada expediente hay personas y familias que no pueden esperar indefinidamente a que la Administración resuelva sus problemas.

Es evidente que la financiación estatal, la distribución de competencias y la sostenibilidad económica condicionan el funcionamiento del sistema. El Gobierno regional tiene motivos legítimos para reclamar una financiación más justa y suficiente y el Estado debe asumir sus obligaciones. Pero esa reivindicación no puede convertirse en una explicación permanente de todas las deficiencias. La Administración autonómica también debe responder por su gestión, sus prioridades presupuestarias, la dotación de personal, la organización del IMAS y la eficacia de las medidas que anuncia. No basta con aprobar planes de choque, simplificar formularios o presentar balances de actividad. Hay que demostrar que las listas de espera disminuyen y que las personas reciben la atención que tienen reconocida.

El reconocimiento administrativo de la discapacidad tampoco debería convertirse en una carrera de obstáculos para acceder a derechos básicos. Es por eso por lo que se deberían de proveer todos los medios humanos y técnicos posibles para agilizarlo. Y en el caso de la ELA y otras enfermedades raras, la aprobación de nuevas leyes y ayudas solo representa un avance real si llega a tiempo, alcanza a quienes lo necesitan y se aplica sin dejar fuera a pacientes con patologías de necesidades similares. Así que la urgencia de estas situaciones exige algo más que declaraciones institucionales y compromisos sobre el papel.

Las propuestas de los partidos ofrecen enfoques diferentes: más financiación estatal y ampliación de servicios, gestión pública directa, simplificación administrativa, homogeneización territorial, apoyo a los cuidadores familiares o mayor coordinación estatal. Algunas pueden ser complementarias y otras plantean diferencias relevantes sobre el papel de las Administraciones y la participación de los distintos proveedores, puesto que la izquierda prioriza la responsabilidad y el gasto públicos y la derecha valora la colaboración privada y apuesta por la unidad. Pero todas coinciden en una reactivación electoralista cuando no aprobaciones sobre la campana de dicho botón del 29-N. Y eso es lo que menos confianza da.

Desde una perspectiva liberal, la protección social no se mide por el tamaño de la Administración ni por el número de normas aprobadas, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y utilizar responsablemente los recursos públicos. Por tanto, un Estado eficiente debe priorizar a quienes más apoyo necesitan, reducir la burocracia y evaluar sus políticas por los resultados, no por la propaganda. Por ello la Región de Murcia no necesita más promesas que se pierdan entre expedientes, anuncios y disputas entre Administraciones. Necesita servicios sociales que funcionen, plazos que se respeten y responsabilidades políticas que se asuman. Porque la Dependencia, la discapacidad y las enfermedades raras no pueden esperar a que termine la próxima campaña electoral.

lunes, 7 de septiembre de 2026

Vuelta al cole en la Región de Murcia: 5 problemas pendientes

Finalizado prácticamente el verano, llega el momento de la vuelta al cole. En el caso de la Región de Murcia, será mañana martes 8 en Infantil y Primaria. En el presente artículo me dedicaré a comentar, contextualizar y analizar varios retos y cuestiones importantes del sistema educativo de esta Comunidad Autónoma, si bien muchos de ellos son aplicables al resto. Podrían haber sido otras más, como la política de gratuidad de libros, pero considero que estos cinco son de la suficiente relevancia: la situación de docentes y trabajadores de Infantil, los suspensos en las oposiciones a Primaria, el calor extremo en las aulas, el abandono escolar y el bullying. Son cuestiones que comenzado el curso quedan todas pendientes de resolver, si bien cada una tiene su propia naturaleza y en algunos casos ya se están tomando medidas. Tema distinto es si las reacciones y soluciones que se estén aplicando quedan a medio camino o son controvertidas y lejanas de un consenso. En cualquier caso, todas estas cuestiones importan a la comunidad educativa al completo: alumnado, docentes, padres, madres e instituciones.

Conflicto en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)

El sector de la Educación Infantil salió a la calle para mostrar su rechazo al modelo educativo actual y que tiende a la gratuidad por las contradicciones con su situación laboral. Trabajadoras y colectivos de escuelas infantiles denunciaron que el modelo planteado por la Consejería precarizaba el sector y arriesgaba la viabilidad de los centros públicos y concertados. De esa manera, exigen una negociación real. No hay que olvidar que precisamente esta etapa no es obligatoria por Ley y por lo tanto no forma parte ni de la enseñanza mínima y básica con arreglo a la normativa del Estado. Sin embargo, en la práctica esta enseñanza se convierte en obligatoria al trabajar madres y padres y ser imperiosa para la conciliación familiar. Sucede sobre todo cuando los abuelos o bien están fallecidos o son lo suficientemente mayores como para no poder proporcionar una atención completa. Por otra parte, qué duda cabe que los niños y niñas podrán desarrollar habilidades sociales con sus pares y con la ayuda de profesionales de la Educación que, en su ámbito familiar, probablemente no tengan el mismo acceso.

En concreto, las principales reivindicaciones de maestros y educadores infantiles de este primer ciclo se centran en reducción de ratios, mejora salarial y aumento de recursos. Respecto a lo primero, piden fijar un límite máximo de 18 alumnos por aula para garantizar una atención individualizada y más en el contexto del incremento de alumnos con necesidades especiales (inmigrantes, autismo, etc..). Sobre lo segundo, mejorar las condiciones salariales incrementando los sueldos, reduciendo la temporalidad de contratos y, sobre todo, que el desempeño del personal del ciclo de 0-3 años no sea tratado como mera guardia y custodia, exigiendo financiación y medios propios del ámbito educativo. En tercer lugar, se demanda incluir la atención temprana en dicho ciclo y dotar de horas específicas dentro del horario laboral para la coordinación pedagógica evitando la sobrecarga de trabajo. Además, tienen toda la razón en recalcar que los niños permanecen en periodos significativamente más largos que de otras enseñanzas como Primaria o Secundaria. El motivo es la conciliación familiar de los padres, que precisamente es más compleja en Infantil por la edad de los menores.

La Consejería ha de tomarse en serio las necesidades de este colectivo de docentes y cuidadores, precisamente porque son la primera experiencia educativa de nuestros menores. Es cierto que con la externalización de los servicios de escuelas de verano, Semana Santa y Navidad han podido descargar esa carga de trabajo. Sin embargo, el problema va más allá de eso, pues tienen todo el derecho a reclamar sus horas extras, sobre todo en los centros concertados en los que los profesionales son a su vez contratados y se encuentran desbordados. Hace falta más maestros y más número de espacios para una etapa que, en realidad, es imprescindible. No son meros canguros, son mucho más que eso. Y desde luego es una importante asignatura pendiente y la primera de las que observamos.

El tasazo de suspensos en las oposiciones de Maestros de Primaria

Una de las polémicas del año afecta a los resultados del primer examen de las oposiciones para el cuerpo de Maestros de Primaria con un 63% de opositores suspensos. Cerca de dos tercios de los aspirantes quedaron eliminados en la primera criba, asistiendo a apenas un 24% de aprobados en algunas especialidades como Inglés. Ante esto, cientos de opositores se concentraron frente a la Consejería de Educación denunciando una presunta falta de transparencia de los criterios de corrección. Al mismo tiempo, exigieron temarios nuevos que reemplacen a otros que entienden obsoletos y un modelo de examen más objetivo y dos sistemas de acceso diferenciados. Se trataría de uno para el profesorado con antigüedad desempeñando servicios como interino y con mayor peso de la experiencia profesional y otro para los recién iniciados en la aventura de las oposiciones y con mayor peso del examen. Esta propuesta no es más que lo que ya rige en los cuerpos de Administración General y Servicios con los turnos libre y de estabilización del empleo temporal (antes consolidación).

La Consejería de Educación de la Región de Murcia se remitió a la legalidad y formalidad, señalando que el modelo no es autonómico y que el formato de examen es competencia exclusiva del Ministerio de Educación. Por tanto, el cambio de modelo hacia un test o pruebas distintas excede del marco legal regional y ha de debatirse en Conferencia sectorial. Por lo tanto, es un tema netamente político. Por otra parte, minimizó la "escabechina" de la primera criba señalando que eran plazas más que suficientes los aprobados para cubrir las plazas convocadas (3.528 para 1.607) y por lo tanto no quedarían vacantes. También señaló a que el porcentaje de aprobados era similar al de otras regiones y convocatorias anteriores. En cuanto a la transparencia, se indicó que se introdujeron medidas consensuadas con sindicatos como la publicación de criterios de corrección seis meses antes, la opcionalidad en la prueba de prácticas y el uso de papel autocopiable para que el alumno se llevase una copia de su examen realizado.

Debe recalcarse que esta problemática no es ni mucho menos propia de nuestra Región. En otras comunidades autónomas se han puesto también en alerta ante el el alto número de suspensos en la primera prueba. En Castilla y León suspendió nada menos que el 83%, en Castilla y La Mancha fue el 59% de los presentados y en Asturias el 61%. Al parecer, lo que está detrás de ello son las penalizaciones por faltas de ortografía que, en algunos casos, habrían hecho  perder entre dos y tres puntos en la primera prueba tal y como las propias convocatorias en Murcia establecen. Se apuntaría a una preparación insuficiente y a un inadecuado uso de signos de puntuación (como las tildes) más errores de sintaxis y a una deficiente compresión lectora.

A mi modo de ver, estas cifras de suspensos han adquirido un significatividad mayor que otros años porque en términos absolutos representa muchísima más gente que en otras convocatorias. Ante la precariedad laboral, un mayor número de personas apuesta en primer lugar por los grados universitarios de magisterio y seguidamente por las oposiciones. Sin embargo, la preparación no es óptima. Al margen de que, sin ninguna duda, tengan razón en que el sistema debe de separar gente que lleva muchos años trabajando y que por antigüedad desplaza siempre a los nuevos (y de hecho yo adquirí la condición de funcionario hace años gracias a eso), da la impresión de que la formación educativa previa pudiera no ser lo suficientemente exigente. El problema no es que no haya personas con vocación de maestros/as, sino que terminan la carrera muchos de ellos sin tener las habilidades exigidas en ortografía, gramática y sintaxis. Y ello no es culpa del sistema de oposiciones, sino que va más allá y afecta al sistema educativo en su conjunto y a la evaluación de su progreso en el grado universitario.

Calor extremo en las aulas

Este es un debate recurrente, dado que la llegada de las altas temperaturas veraniegas reactiva las quejas de la comunidad educativa respecto a la climatización, que en esta región se sufre desde junio y llega hasta bien entrado septiembre. Los requisitos de temperatura legal en los centros educativos están regulados principalmente por la normativa de prevención de riesgos laborales y especialmente el Real Decreto 486/1997, que es la norma que fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En su Anexo III regula el estrés térmico en los entornos cerrados y, aplicado a centros docentes, establece unos límites estrictos para proteger la salud tanto del personal docente como de los alumnos. La temperatura interior en las aulas no puede superar los 27ºC. El trabajo escolar se clasifica legalmente como "trabajo sedentario" (similar al de una oficina), por lo que se le aplica este tope riguroso. En cuanto al mínimo, la temperatura de las aulas no debe descender de los 17ºC durante los meses de invierno y la humedad relativa debe mantenerse obligatoriamente en un rango comprendido entre el 30% y el 70%.

Así, sindicatos como ANPE Murcia y asociaciones del AMPA denunciaron la improvisación del Gobierno Regional. Consideran que las medidas adoptadas son parches temporales, como recomendar a las familias que lleven pulverizadores de agua o la instrucción a los equipos directivos de aplicar horario reducido o adelanto del fin de clases en los días más calurosos. En este contexto, las faltas de asistencia estarían justificadas. Sin embargo, los representantes entienden que estas medidas perjudican el rendimiento escolar y destruyen la conciliación familiar. Exigen obras de climatización urgente en los colegios públicos incluyendo toldos y pérgolas y un protocolo de actuación que active medidas específicas en base a los comunicados de la AEMET.  Desde los propios centros denuncian que, aunque las AMPA o los colegios traten de costear aparatos de aire acondicionado, las instalaciones eléctricas son viejas y la potencia colapsa durante su funcionamiento.

Varios colegios públicos como el CEIP Virgen de Atocha han visibilizado las protestas de forma contundente, con concentraciones y paros parciales y todo el bloque promueve una ILP para obligar por Ley a la climatización de todos los centros públicos. Otras acciones fueron dirigir quejas formales ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo, alegando riesgos para la salud laboral y de los menores al superarse habitualmente los límites legales de 27 grados centígrados..

La versión de la Consejería, aparte de defender las medidas temporales antes indicadas, es que se están realizando auditorías en los centros para planificar mejoras progresivas de aislamiento y eficiencia. Sin embargo, esta es una solución a largo plazo. La responsabilidad de dotar de infraestructuras y velar por el buen ambiente es, en los centros docentes públicos, evidente y eminentemente pública, por lo que no tiene sentido que se invierta en la infraestructura y equipamiento necesario con cargo a los presupuestos regionales de Educación.
Liderazgo en abandono escolar temprano

A nivel estructural, la Región de Murcia sigue arrastrando un grave problema estadístico que genera cierto debate político y es el liderazgo en abandono escolar temprano. Diversos informes del Ministerio de Educación y con datos de la Encuesta de Población Activa sitúan a esta comunidad con una tasa del 20,6% muy por encima de la media nacional y europea cuando, además, a nivel del Estado se ha reducido a un 12,8%. En esta tesitura, sindicatos como CCOO demandan planes de choque contundentes con un incremento del 7% del PIB en Educación y ante lo que se considera un fracaso del modelo educativo autonómico mientras que otros como el CSIF aluden a un menor gasto por alumno, las ratios profesor-alumnos, la elevada temporalidad de los docentes y la propia brecha salarial de éstos. Por tanto, los representantes de los docentes entienden que la solución es más gasto público para situarnos en la media nacional.
Sin embargo, la versión de la Consejería es que no existe inacción ni presupuesto deficitario sino un condicionamiento socioeconómico y estructural. Por una parte, se alega que existen más titulados que los últimos diez años (estadística lógica por el paso del tiempo y el incremento de la población) y que la tasa se refiere a personas que no alcanzan estudios superiores a los de la ESO, por lo que se mediría el nivel formativo y no el abandono escolar. Por otra parte, también se escuda en un incremento del empleo reduciéndose el paro joven en un 25% y alude a que un porcentaje de personas entre 18-24 años entendería suficiente su formación para trabajar por circunstancias económicas, familiares y personales. Buena parte de esa gente de localizaría entre la población inmigrante que trabaja en el campo o en la hostelería. Sin embargo, esto choca con que existen certificados de profesionalidad de FP en dichos sectores e incluso en albañilería, en los que precisamente apuesta la CARM y son impartidos tanto por centros públicos como conveniados y privados. En mi carrera profesional como funcionario, de hecho, he trabajado durante 8 años relacionándome con entidades de formación públicas y privadas y, por lo tanto, puedo afirmar dichas circunstancias.
En cuanto a medidas activas, ponen en valor el despliegue del Programa Regional de Prevención e Intervención en Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano (PRAE) con el III Plan Regional (2024-2028) para atajar los problemas desde un enfoque integral: preventivo, detector, seguimiento, control, de intervención, coordinador, formador y evaluador. Cada año se elabora una memoria que es analizada por una mesa regional con composición tanto de personas competentes y responsables de la CARM como de asociaciones de padres y madres, representantes de todas las subcomarcas, docentes y otro personal técnico. Así que el análisis de la situación y si las variables externas son las que mediatizan esa posición desfavorable de la Región de Murcia debe de dirimirse allí. Por lo pronto, aparentemente, por mucho que buena parte del empleo se asocie a sectores con escasa exigencia de formación, los avances en la misma nos sugieren que la no aplicación de la misma redunda en una menor productividad y desaprovechamiento del talento de nuestros jóvenes. Igual en lo que sí que habría que invertir más gasto público es en la propia Formación Profesional, no sólo para incrementar la oferta sino también para promocionar más aspirantes docentes.
Convivencia escolar y bullying
El anterior Decreto, el 16/2016, de 9 de marzo, se ha quedado obsoleto debido a los últimos avances protagonizados por las nuevas tecnologías. El acoso escolar ha traspasado la dimensión de las aulas debido al uso de los móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos y, en dicho contexto, el acoso no es físico sino psicológico y verbal. Sin embargo, tampoco se encierra ahí porque, según encuestas realizadas a alumnados de Secundaria, los espacios menos seguros resultan ser los baños y escaleras en comparación con las aulas y los espacios de recreo. 
El nuevo Decreto se anunció en abril, se efectuó una consulta previa en junio y en el pasado mes de julio se sometió a información pública el borrador. Según su texto, los centros deben de elaborar un plan de convivencia que será aprobado por el Consejo escolar. Se incorporará al proyecto educativo y contendrá las normas de conducta necesarias que favorezcan un clima de respeto entre todas las partes. Con carácter general, prohíbe el uso de dispositivos móviles y electrónicos no ya en horario lectivo, sino también durante el recreo y otras actividades salvo que se contemplen expresamente con fines didácticos. En este sentido hay que recordar que en Murcia ya fue pionera restringiendo el uso de estos dispositivos en 2025.
La Dirección del centro se convierte en el responsable principal como órgano decisorio y supervisor, que ha de velar por la convivencia, garantizar la mediación e iniciar y resolver procedimientos preventivos y de corrección. En un segundo escalafón se halla la Jefatura de estudios que coordina y dirige actuaciones. El profesorado, por su parte, es responsable en primera instancia de prevención y cumplimiento de normas, tomando decisiones rápidas, proporcionales y eficaces dada su condición de mayor cercanía a los alumnos. En cuanto a asesoramiento, el personal docente de tutoría informará a padres y madres mientras que la orientación educativa lo hace con el profesorado y la jefatura de estudios.
El Decreto también establece una carta de derechos y deberes con arreglo a las Leyes e indica que la Consejería dispondrá de un protocolo de actuación ante agresiones, amenazas y denuncias mientras que los concertados tendrán el suyo propio. Aquí veo el primer problema y es que puedan haber protocolos muy distintos. En este enlace podemos consultar una Resolución de 2017 de la D.G. de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que establecía un protocolo común a todos los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. Así que a menos que opten por copiar el nuevo modelo público es posible que haya diferencias de trámites y criterios.
Respecto a la convivencia propiamente dicha, el Decreto apuesta por la resolución pacífica de conflictos mediante acuerdos y pactos de convivencia con las familias. La iniciativa parte de tutoría, supervisa la Jefatura de estudios y el visto bueno lo ejerce Dirección. Entre medidas correctoras, se incluyen amonestaciones escritas, suspensión del uso de ciertos medios o de asistencia a clases y se crea un aula de convivencia para realizar tareas específicas. En cuanto a las sancionadoras, desaparece la tipificación de faltas leves que en realidad serán resueltas por el personal docente y se divide entre graves y muy graves. En estas últimas semanas enumera el uso no autorizado de móvil o dispositivo electrónico, grabación con atentado al honor, amenazas, coacciones, agresiones, actos de odio o discriminación, acoso, suplantación de identidad, daños materiales graves y sustracción de material. En el caso específico de bullying, de acreditarse tras procedimiento conllevará el cambio de centro si es público o la expulsión si es concertado. En dicho procedimiento, la Dirección inicia, el tutor instruye y redacta propuesta de resolución y tras alegaciones de los padres resuelve el primero sin perjuicio de comunicaciones pertinentes a la D.G del Menor, Ministerio Fiscal y otros. Sin embargo, el punto polémico es que se rebajan los plazos de prescripción al pasar los graves de 90 a 30 días y los muy graves de 180 a 90 días. De esa manera, no es que se agilicen los plazos, es que se obliga a resolverlos rápido o de lo contrario los presuntos agresores quedarán impunes. A este respecto, contrasta el visto bueno de las asociaciones de docentes con las quejas de los sindicatos. Así que habría que ver qué protocolos nuevos se aplicarían para agilizar los procedimientos.
Conclusiones
En primer lugar, los problemas que sólo pueden resolverse mediante más presupuesto público son dos. El que debe ser prioritario mediante más inversión pública es el de la climatización. No cabe medias tintas, todos los centros docentes sean públicos o concertados han de disponer de los medios necesarios como aire acondicionado y ventiladores en los espacios docentes y de pérgolas y toldos en los recreos. Redirigir a auditorías y procesos burocráticos lo único que favorecen es a retrasar la resolución de un problema que se denuncia de modo recurrente y no es ninguna novedad. Ya sea mediante las correspondientes obras o a través de subvenciones, tanto alumnos como personal docente y empleado ha de poder asistir o trabajar en las mejores condiciones. Y más aún en una comunidad donde el calor es notable desde primeros de junio hasta finales de septiembre siendo generosos.
En relación con el personal de Infantil, el crecimiento de escolarizados en esta etapa durante los últimos años obliga también a asumir responsabilidades públicas. Pero aquí no sólo se trata de capítulo 6 de gastos, es decir, construir más escuelas infantiles, sino también del 1. Hace falta más personal si no se prefiere ampliar horarios y más teniendo en cuenta que para favorecer conciliación familiar y laboral de los padres no se puede perjudicar la de los propios docentes y personal de Administración.
Luego existen dos temas cuya definición es relativa. El referente al abandono escolar hay que contextualizarlo y matizar que lo que debe preocuparnos no es que haya personas que no acaben la ESO, sino que no alcancen la formación y preparación mínima y requeridas para un efectivo desempeño profesional. Dada la estructura productiva del PIB murciano y un crecimiento importante de población inmigrante, en cierta parte se explica ese mayor porcentaje. Sin embargo, en lo que puede actuar la CARM es en lo relativo a la Formación Profesional de manera que a estas personas les ofrezca oportunidades de desarrollo y garantías para responder a las expectativas del mercado. Y ahí me consta que la Consejería está en ello. Sin embargo, es conocido que faltan profesores y se agotan hasta las listas de interinos. Hay que incentivar la participación porque está muy desnivelada con Primaria y Secundaria.
En cuanto al tasazo de suspensos en las oposiciones a Primaria, no es una cuestión vinculada a Murcia sino generalizada en más regiones de España. Puede ser que el sistema deba de darse una vuelta y de hecho estoy a favor de separar turnos de libre y consolidación como se ha hecho en los cuerpos administrativos. Sin embargo, aunque pueda parecer polémico habría que preguntarse si realmente existe tanta gente capaz de ejercer como docente magisterio. Porque no es admisible que se titule tanta gente cometiendo faltas de ortografía. O eso o el sistema universitario carece de preocupantes fisuras. Así que me permito lanzar esa reflexión.
En cuanto al Decreto de convivencia escolar y contra el bullying, sobre el papel suena bien. Pero la práctica es la que someterá a prueba su validez. Por lo pronto, me llama la atención que pueda haber protocolos distintos en centros concertados respecto de los públicos. De dichos protocolos de actuación depende en buena medida la efectividad del proceso y la detección de los casos de acoso real. A ello se le unen unos plazos de prescripción más cortos y que añaden más exigencia de responsabilidad y diligencia, pero al tiempo que el riesgo de que acciones queden impunes o se repitan.  Así que como mínimo el protocolo debería ser uniforme y aprobado por la Consejería, aparte de una concienciación de cero tolerancia al bullying y adecuada evaluación de la situación por los docentes.

martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

miércoles, 15 de julio de 2026

El nuevo centro de salud de Lo Pagán: crónica de un contrato fallido

Después de unos meses vuelvo a hablar de contratación administrativa en un sentido amplio, si bien en esta ocasión se trata de competencia autonómica para servicios permanentes prestados en el ámbito local. Se trata del contrato de obras para la construcción de un nuevo centro de salud en Lo Pagán, la pedanía más importante de San Pedro del Pinatar. Lo es no ya por extensión sino porque es un área con un nivel relevante de turismo por situarse junto a la playa y existir numerosas viviendas y pisos que se cubren en verano. Por ello, por el crecimiento de la población y por las dudosas condiciones de habitabilidad del centro antiguo se justificó que fuese necesario edificar uno nuevo. Sin embargo, la ejecución del contrato ha estado envuelta de una importante polémica que ha desembocado en la resolución del mismo, es decir, la anulación. Analizaremos a continuación paso a paso lo sucedido.

La tramitación administrativa

Mediante expediente 12028/2022 iniciado en noviembre de 2022, se aprobó en fecha 30 de diciembre el contrato de Obras de demolición de edificio, acondicionamiento del solar resultante como aparcamiento y construcción de Centro de Salud de Lo Pagan, susceptibles de cofinanciación europea por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia y con un valor estimado cercano a los 3 millones de euros (2.930.289,37 €). Esta actuación se incluyó además en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 del Plan Estratégico de Construcción y Rehabilitación Sostenible de los Centros de Atención Primaria de la Consejería de Salud, que tiene por objeto la mejora de aquéllos mediante el establecimiento de altos niveles de exigencia de calidad tanto en los edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de los existentes. Este es el enlace a la documentación obrante en el perfil del contratante.

El procedimiento de adjudicación era el abierto mediante tramitación ordinaria por concurso y varios criterios y al expediente, obviamente se unieron la memoria justificativa, los pliegos de cláusulas técnicas particulares, los de cláusulas administrativas y la composición de la mesa de contratación. Se presentaron hasta 6 licitadores. En enero de 2023 se abrió el sobre con la documentación administrativa y en febrero el de los criterios evaluables mediante juicio de valor y el de las ofertas económicas y los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas. En el mismo mes se emitió por la técnica consultora el informe técnico al respecto sobre la estructura y claridad, organización de las obras, organización de recursos, soluciones y procesos constructivos proyectados y prevención de riesgos laborales. En la valoración, la empresa SERVIMAR 2008, S.LU. obtuvo una puntuación arrolladora de 29,85 sobre un 35 máximo y con mucha diferencia respecto de sus competidores.

El día 22 de febrero de 2023 se clasifican las empresas en base a los distintos criterios de adjudicación y resulta ser SERVIMAR la empresa con mayor puntación pero a muy poca distancia de la segunda que fue PEFERSAN, SA. (84 frente a 81,75). Ésta última aportó una oferta económica y criterios evaluables mediante fórmulas que obtuvo el máximo (50 de 50). Sin embargo, obtuvieron una puntuación baja en el informe técnico en el que SERVIMAR fue muy bien valorada. Así que en marzo se aprobó un reajuste de anualidades, la mesa propuso la contratación de dicha empresa y así se autorizó y adjudicó el contrato por valor de 2.397.509,49 € en fecha del 24 de marzo para firmarse el 3 de abril. El plazo de las obras constaba de dos etapas, una de 16 meses desde la comprobación del replanteo y otra de 2 una vez finalizada la anterior.

En abril de 2023, el Consejero de Salud y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar informaron de las obras que permitirían construir el nuevo centro de salud de Lo Pagán en la antigua Casa del Mar. El edificio constaría de tres plantas (baja y dos en altura) con posibilidad de ampliación de infraestructuras más aparcamientos (incluyendo el derrumbe del centro antiguo) y zonas ajardinadas. Se dispondrían de seis consultas de medicina general (ampliándose dos), cinco de enfermería (ampliándose tres) y dos de pediatría (ampliándose una). Los trabajos empezarían ese mismo mes de abril y solventarían las deficiencias del antiguo centro aquejado de humedades, al margen del notable incremento de la población y el importante componente del turismo.

Un tortuoso proceso de ampliaciones y reclamaciones

El replanteo, que es el acto esencial por el que se da visto bueno al inicio de unas obras, tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2023. Por lo tanto, en teoría debían de finalizar el 5 noviembre de 2024. Sin embargo, no fue así. Ni el año siguiente. Ni al posterior. ¿Por qué? Vamos con ello.

En julio de 2024, en pleno verano, la contratista solicitó una ampliación de la Fase 1 debido a circunstancias que entendía ajenas a su voluntad. A saber, cálculos sobre la estructura y cimentación del edificio, celebración de un concierto (el Playa 40) y condiciones meteorológicas. La ampliación fue estimada, de manera que el plazo se incrementó en tres meses y diez días. Sin embargo, en noviembre volvieron otra vez a solicitarlo alegando "indecisiones de la dirección de las obras y demoras en contestaciones a dudas sobre la ejecución". Ni estas acusaciones ni la nueva ampliación fueron estimadas y en lugar de ello se acordó en diciembre por la Consejería imponer penalidades por demora en base a "deficiente gestión de las obras", si bien aprobó una ampliación de oficio hasta febrero de 2025. La guerra no había hecho más que comenzar. Mientras tanto, se le confundía a la prensa afirmando a finales de año que el centro abriría a partir del verano de 2025. En la primera mitad del año se había finalizado la fase de construcción de la estructura.

En enero de 2025, la empresa aportó alegaciones sobre las penalidades imputando la responsabilidad a la Dirección de obra e instando a que se emitiese informe sobre los cambios producidos en el proyecto y su incidencia en la ejecución. No fueron estimadas y en febrero aportaron la tercera solicitud de ampliación hasta junio de 2025 por idénticos motivos de la anterior, especificando unos recálculos sobre el pilotaje realizado. Esto consiste en la revisión y actualización del diseño de una cimentación profunda (pilotes) y se realiza durante la ejecución de la obra cuando los datos reales del terreno difieren del estudio geotécnico original o se modifican las cargas estructurales. No fueron estimadas ni estas ni los supuestos retrasos de la Dirección, dado que la Consejería entendía que las obras no pueden paralizarse porque se emita cualquier consulta. En marzo sí se estimó la solicitud de ampliación, pero vino unida a nuevas penalizaciones por demora por entender una vez más que las causas seguían siendo imputables al contratista y con más de un cuarto de la obra sin ejecutar. En junio se desestimaría la solicitud de redacción de un proyecto de obra modificado.

Resolución del contrato y querella criminal

Otra solicitud más de ampliación se registró en junio de 2025 para extenderla hasta agosto. Sin embargo, la paciencia de la Consejería ya se había colmado y antes de llegar aquella se instó el procedimiento de resolución del contrato. Según el artículo 193.4 de la Ley 9/2017, si las penalidades alcanzasen un múltiplo del 5% del contrato IVA excluido, el órgano de contratación se reservaba la facultad para resolverlo, liquidarlo y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Así que, obviamente, esa última solicitud fue desestimada. En septiembre y octubre se realizaron varios informes y se verificó que no se había avanzado prácticamente desde julio y, aún así, incomprensiblemente el procedimiento de resolución caducó teniéndose que abrir otro en octubre. Entre lo que la contratista alegó destacaba su consideración de que “se han introducido, por solicitud de la Administración, determinadas partidas o unidades de obra para las cuales es necesaria la aprobación del proyecto modificado ya que, o exceden el 10% de las mediciones inicialmente previstas, o suponen la incorporación de unidades nuevas en un porcentaje superior al 3%". 

Sin embargo, fueron desestimadas y todos los informes a favor de la resolución (Servicio económico, Servicio Jurídico, Dirección de los Servicios Jurídicos...) y, al oponerse el contratista a la propuesta de resolución, se remitió aquella al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Mientras tanto, la contratista escaló otro nivel y registró una querella por prevaricación contra varios altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud como el secretario general, una arquitecta, los directores de obra y los responsables de contratación y de los servicios jurídicos, acusándoles de una "asfixia financiera deliberada". Estas declaraciones las emitieron en el contexto de que las penalizaciones por demora les habían hecho emitir facturas de cero euros mientras se les incautaba la garantía. Aseguraban que el edificio estaba terminado al 95% a falta de rodapiés y otros detalles (incluyendo la fase 2 de demolición del edificio antiguo para aparcamientos), pero que no finalizarían hasta que la CARM no les pagase. Obviamente, si no lo hacía es porque estaba suspendido el contrato por el expediente de resolución del mismo, pero aun así exigen vía judicial más de 700.000 euros a la Consejería de Salud entre multas y daños y perjuicios.

Este mes de julio de 2026 fue emitido el dictamen 166/2026 del CJRM siendo favorable a la resolución del contrato, por lo que la Consejería de Salud tiene el visto bueno. Entre las claves para el mismo, destacan las dos siguientes: Primero, la carga de la prueba relativa a la deficiente concreción del proyecto de obra y sus soluciones correspondía a la contratista y no se aportó ningún informe pericial que sacara a relucir sus acusaciones. Segundo, la propuesta de modificación del contrato formulada por la contratista no aparece debidamente justificada, ni encaja en ninguno de los supuestos que a tal efecto se establecen en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, es decir, tanto los relativos a las modificaciones previstas en los pliegos como no previstas, lo que impedía a la Administración ejercer su potestad de modificación de los términos del contrato y menos a ser obligada. Por lo demás, el CJRM se limitó a señalar la Ley y la prerrogativa del 193.4 una vez superadas las penalidades el porcentaje y dados los retrasos imputables casi todos ellos a la empresa contratista.

Resultados

La prensa ha señalado que la demora acumulada ha ocasionado que la Consejería de Salud tuviese que renunciar a la cofinanciación de fondos europeos. Sin embargo, esta última matiza que no es que la subvención se haya perdido, sino que se destinará a construir otras infraestructuras. Este detalle es importante, puesto que se está difundiendo que son inaplicables y tendrán que devolverse sin más. Esperemos que la versión de la Consejería sea correcta.

La contratista, por su parte, entiende que no existe ningún informe que refleje irregularidades o problemas en su trabajo ejecutado y atribuye las demoras primero a la Dirección de las obras y segundo a los impagos. Sin embargo, sus reclamaciones tienen muy pocos visos de prosperar.

Todo esto ha provocado que los más perjudicados sean los propios vecinos de Lo Pagán, que a los problemas de inseguridad de los que hablamos en este mismo blog se une el hecho de seguir asistiendo a un centro obsoleto, con grietas y humedades y bajas condiciones de habitabilidad que además se ha quedad pequeño para las necesidades y exigencias de buena parte de pinatarenses y turistas.

Consideraciones

Esta controversia entre la Administración y la contratista se resolverá necesariamente en instancias judiciales. Sin embargo, a tenor de las circunstancias y hechos acaecidos durante la ejecución del contrato y, muy especialmente, visto el informe dictamen del CJRM que es público y que aporta toda la información del caso, todo apunta a que se ha asistido a un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la empresa. Por consiguiente, en respuesta a esa actuación y actitud contraria a lo que pueda esperarse de su profesionalidad, el uso de las prerrogativas de la Administración serían legítimas con arreglo a las potestades que el Derecho Administrativo le reconoce en atención a los intereses públicos protegidos. Tanto la imposición de penalidades por demora en la ejecución imputable a la contratista como la decisión unilateral de resolver el contrato tienen cobertura legal y están amparadas por unos hechos en los que la empresa, incomprensiblemente, retrasa la ejecución y cumplimiento de los plazos enfrentándose continuamente a la Dirección de obras. 

Se da la circunstancia, no obstante, que en octubre de 2025 y cuando se abrió el segundo expediente sancionador, se constató que el estado de la ejecución era el mismo que en julio, es decir, que sólo se había terminado la obra en un 70%. Sin embargo, a fecha de marzo de 2026 cuando registraron la querella se aseguraba que la ejecución se había detenido en torno a un 95% por presunto impago de la Consejería. Se desconoce si esa decisión disfrazaría una táctica de presión negociadora indirecta para que aquélla desistiera de la resolución del contrato. Así que la pregunta a este respecto sería si la CARM se podría haber esperado o no para que el nuevo Centro de Salud fuese ya una realidad a expensas de la segunda fase de demolición del antiguo. Personalmente, mi respuesta es que la Administración no podía ceder ante lo que, si no era expresamente, en buena parte se parecía a un chantaje. Y el motivo es que el daño ya había sido producido.

Teniendo en cuenta que la empresa había sido la mejor puntuada con diferencia en todos los criterios subjetivos, se hubiese esperado de ella que su actuación fuese más proactiva y menos supeditada a continuos parones, más aún tratándose de una entidad con experiencia por ser fundada en el año 2008 (casi 20 años). Por lo tanto, siendo imputable a su responsabilidad el incumplimiento de plazos también lo es el que los ciudadanos de Lo Pagán no hayan podido acceder tras dos años a un Centro de salud en condiciones. Consecuentemente, no sólo tendrían que indemnizar a la Consejería por daños y perjuicios, sino incluso ser abierto un expediente sancionador aparte para prohibir que sea contratada por la CARM entre uno y 3 años con arreglo a la LCSP.

Dada la necesidad de solventar el problema generado por la parálisis y por razones de necesidad e interés público, a lo que debería proceder la Consejería es a convocar un nuevo contrato y por el procedimiento de urgencia del artículo 119 de la LCSP. Reduciéndose plazos de licitación y adjudicación e incluso bajo la modalidad de procedimiento negociado, una nueva empresa se comprometería a terminar pronto el edificio si es verdad que sólo le falta un 5%. La fase 2 de demolición del antiguo edificio y construcción de más aparcamientos puede esperar más tiempo, aunque sólo se necesitarían dos meses para la materialización de esos trabajos.

Al margen de este análisis que aquí concluyo, no puedo evitar despedirme en la fecha de hoy tras la victoria ayer contra Francia que nos pone en la gran final del Mundial 2026 con un...

¡¡VAMOS ESPAÑA!!