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martes, 21 de julio de 2026

España ante el invierno demográfico y la sostenibilidad de las pensiones

Las sociedades modernas se enfrentan a un reto de futuro como es el envejecimiento de su población y la necesidad de darles servicios no sólo para mantener sus pensiones sino también otros servicios mientras la población joven y que en buena parte sostiene esos gastos es cada vez menor. A este fenómeno se le llama invierno demográfico y, en el peor de los casos, generaría un futuro distópico en el que los ancianos sean una amplia mayoría. En España, diversos informes advierten que el gasto en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros anuales, mientras que las transferencias estatales han subido a alrededor de 50.000 millones al año. Esto ha motivado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado en los últimos años con un déficit preocupante y se ponga en tela de juicio la sostenibilidad del sistema. De esa manera, en el presente artículo voy a analizar hasta qué punto se está asistiendo a un reemplazo demográfico, qué efectos puede tener la inmigración, qué soluciones o modelos se han estado aplicando en Europa para reaccionar y combatir esos efectos adversos y finalmente qué propuesta de mejora son clave desde este mismo presente.

La tendencia demográfica

En el cuarto del siglo XXI que llevamos transcurrido, España ha experimentado un envejecimiento demográfico más acusado tanto en términos absolutos como en peso relativo sobre la población total. Con arreglo a los datos obrantes en el INE desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2025 la población total en España se ha visto incrementada en 8 millones de personas pasando de 41 a 49. Pero también podemos ver cómo en concreto la población mayor de 65 años ha pasado de ser un 17,01% a un 20,71%. Esta población se ha incrementado en 3 millones de personas, pero resulta especialmente llamativo que se haya triplicado el número de personas mayores de 90 años, constituyendo al mismo tiempo una interesante señal de lo que ha mejorado la esperanza de vida con los avances sanitarios. En cuanto a la población en edad de trabajar, matizando que con arreglo a los grupos de edad establecidos computan desde los 20 años, ha pasado de ser un 62,48% a ser 60,87% pese a que haya aumentado en más de 4 millones de personas. En cuanto a la población joven (menor de 20 años), ha pasado de ser un 20,05% un a ser un 18,40% con un incremento de poco más de 600.000 en 23 años. Por lo tanto, estas cifras dejan una evolución de la pirámide de población tal que así.

Como vemos, la pirámide de población se está ensanchando en edades superiores mientras se frena en las edades jóvenes, señal de que existen menos nacimientos en España. Esto podemos comprobarlo en el siguiente gráfico, con un interesante pico en 2007 que pudo deberse, aparte de la época de expansión económica con el auge del mercado inmobiliario al famoso "peque cheque" con el que el Gobierno de España pagó ayudas de 2.000 euros por nacimiento. Desde la crisis económica de 2008 y las sucesivas que han ido viniendo, la cifra de nacimientos en España no ha dejado de decrecer.


La cuestión es que desde 2025 se estaría jubilando la mayor parte de las personas nacidas en la década de los años sesenta, la conocida como la década del "baby boom" en que España comenzó a experimentar un crecimiento económico derivada de la entrada de capital extranjero y el auge del turismo. Ello, unido a una cultura social de traer hijos al mundo para beneficiarse tanto de ayudas como, en ocasiones, nueva mano de obra al entorno familiar, favoreció un incremento exponencial de la población nacida en España. Por lo tanto, toda esa gente constituye un número importante de personas que pasaría a engrosar los listados de pensionistas. No existen datos anteriores a 1971, pero sí podemos decir que en 2002 existían en España 6,5 millones de personas residiendo en España y nacidas entre 1960-69 y a día de hoy son 6,8 millones. Por lo tanto, la cifra de aumento de pensionistas a diez años vista supera el doble de lo experimentado en más de dos décadas.

Por lo tanto, se juntan factores como la baja natalidad, el menor tamaño de las nuevas generaciones, la esperanza de vida elevada y la jubilación progresiva de las generaciones nacidas en el baby boom. El problema de este cambio es que ya está afectando a las pensiones, servicios de dependencia, Sanidad, mercado laboral, vivienda y financiación pública generando importantes tensiones.

El papel de la inmigración

Cuando analizo la inmigración, en este blog siempre trato de tener una mirada crítica pero huyendo de simplicismos, es decir, de los discursos categóricos de tanto "la inmigración lo arregla todo" como del "gran reemplazo". La realidad, como ya mencioné, es que no existe ningún debate sobre modelo migratorio ni de planificación ni integración y menos de necesidades futuras. Lo primero de todo que hay que desmontar es limitar la inmigración a mayoritariamente de origen africano y a las pateras. La mayor parte de la inmigración extracomunitaria en España no es precisamente la achacada a entradas irregulares, sino que es principalmente latinoamericana. El idioma, las relaciones históricas y la proximidad cultural son factores que han movido a gente de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etc... a trasladarse a España y en un contexto de integración más factible que otras nacionalidades.

En segundo lugar, la inmigración rejuvenece, pero sólo parcialmente y a corto plazo. Hasta cierto punto, la inmigración estaría sosteniendo el crecimiento poblacional en el sentido de que sin ella el saldo podría ser incluso negativo. Por lo tanto, compensaría la baja natalidad y el envejecimiento autóctono en mano de obra que al tiempo cotice para pagar las pensiones. Pero ese efecto ni es permanente ni autosuficiente. Para ello, se tendría que asistir a una inmigración creciente y continua durante décadas. Pero eso es difícilmente sostenible porque los mismos países emisores también envejecen y reducen su natalidad. Y lo que es más, no está demostrado del todo que todos los inmigrantes multipliquen los nacimientos en España más allá de reagrupaciones familiares, pues el coste de la vida sube para todos. Por tanto, al instalarse en España, convergerían hace patrones similares a los españoles porque les afecta igualmente el acceso a la vivienda, conciliación familiar, precariedad laboral, etc... Por lo tanto, más que evitar el envejecimiento, lo que haría la inmigración en España sería retrasarlo.

En tercer lugar, a largo plazo la inmigración no garantiza sostenibilidad del sistema. Es cierto que llegan jóvenes desde el extranjero que pueden trabajar y cotizar. Pero, con el paso del tiempo, esas personas también envejecen, se jubilan y no sólo generarán el derecho a pensiones sino también en servicios públicos como Sanidad o Dependencia. Además, entre los que no envejecen en España buena parte de ellos está de paso, permanecen pocos años, no forman familias en España y regresan a su país. Pero las objeciones no acaban ahí, sino que se da la circunstancia de que muchos de los inmigrantes vienen de países en los que carecen de formación y, de esa manera, los empleos que ocupan son puestos poco cualificados, con alta temporalidad, con salarios próximos al SMI y en una situación de importante vulnerabilidad. En consecuencia, una mayor población que disponga de una menor renta media, las cotizaciones que abonará son reducidas y el saldo de aportación fiscal y ayudas sociales sería, en buena parte de esas personas, negativo. 

En resumen, la inmigración en España no puede ser una solución eficaz si mayoritariamente se relaciona con sectores de baja productividad como por ejemplo en la hostelería, construcción, agricultura y otros de baja cualificación o de menor valor añadido.

Los incentivos económicos: un tirachinas para derribar un muro

Medidas como el “cheque bebé” de 2.500 euros de 2007 sí tuvieron efecto inmediato, dado que los nacimientos aumentaron en torno a un 6% en los meses posteriores. Sin embargo, si se analiza el impacto a largo plazo el efecto total apenas rondaría el 3%. En esa época de expansión económica, podríamos entender que muchas parejas ya querían tener hijos pero podrían haber adelantado la decisión aprovechando la ayuda. Con todo, obviamente eso no implicaría que pretendiesen tener más hijos más adelante.

Corea del Sur, Japón, Italia y países nórdicos son países en los que persisten tasas muy bajas de natalidad pese a enormes programas públicos. Así que la situación de la natalidad dependería de algo más estructural. Y a ese respecto, actualmente, los problemas de incertidumbre vital asociados a la vivienda, conciliar familiar y trabajo son esenciales. Así que la disponibilidad de un empleo estable, poder conciliar horarios laborales con obligaciones familiares y disponer de una vivienda son los elementos que más favorecen expectativas de futuro en familia. Porque tener hijos no es un gasto puntual, sino que es un compromiso de décadas, el tiempo que esté a tu cargo... y en ocasiones toda la vida. Así que una ayuda de 2.500 euros no resuelve todos esos factores. Por lo tanto, no es que estemos ante una sociedad que ya no quiera tener hijos, sino que existen cada vez más personas que no logran materializar el proyecto familiar que desean. Y comienza con el retraso en la emancipación que ya no puede achacarse a que se termine más tarde en los estudios, sino a la incertidumbre en el futuro. Además, la experiencia internacional muestra que todos esos factores de alquileres caros, jornadas largas y emancipación tardía es síntoma de todos los países con tasas de baja fecundidad.

Ahora bien, tampoco puede achacarse todo a factores económicos, sino que también imperan elementos culturales y sociales. Ciertamente es difícil revertir tendencias demográficas una vez consolidados ciertos hábitos, incluyendo una alimentación más desequilibrada que nunca y que perjudica la fertilidad de mujeres y hombres y modelos de pareja que deciden no tener hijos, así como expectativas y aspiraciones más individuales que colectivas. Así que la reproducción y fecundidad también dependen de decisiones acumuladas durante toda la vida y no de estímulos aislados.

Lo peor es que para contra todos esos elementos e incentivar a un cambio de deriva, aunque se aplicasen políticas eficaces, tardarían décadas en notarse plenamente. Así que algunos países están recurriendo más a contener las jubilaciones retrasándolas o a reformar el Estado del bienestar con recortes directos o indirectos (vía inflación) mientras estudian cómo contener la caída de nacimientos.

La experiencia sueca y el plan alemán

Suecia es un caso muy interesante porque, a diferencia de España, decidió afrontar el problema demográfico desde la reforma del sistema de pensiones más que confiando en que aumentara la natalidad o la inmigración. Suecia aplica políticas familiares muy generosas con guarderías subvencionadas, permisos parentales amplios y ayudas sociales. Sin embargo, la natalidad sueca también lleva años cayendo. Por eso, acabó aceptando la realidad de que no podía basar la sostenibilidad de las pensiones en que naciesen suficientes niños. Así que diseñó un sistema capaz de ajustarse automáticamente al envejecimiento. La gran reforma se aprobó en los años 90 y entró plenamente en vigor a comienzos de este siglo. En un primer momento, el sistema prometía una pensión determinada pero ahora la lógica es distinta. Cada trabajador acumula derechos en función de lo cotizado y la pensión final depende de lo aportado durante toda la vida laboral así como de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece. Además, una parte de las cotizaciones no va al sistema de reparto tradicional, sino que se invierte en fondos financieros seleccionados por el trabajador. Esto no sustituye al reparto, pero sí que reduce en cierta medida la dependencia de las pensiones de lo aportado por los trabajadores al dividirse el sistema en tres patas: pensión estatal, de la empresa y ahorros.

Suecia creó dos frenos al sistema para protegerlo de la insostenibilidad. Primero, el factor longevidad. Si una generación vive más años que la anterior, el capital acumulado debe repartirse durante más tiempo, por lo que la pensión mensual descendería si la edad de jubilación no aumenta. También creó un freno automático, activado cuando los compromisos futuros de este sistema superen los recursos previstos. En tal caso, las revalorizaciones se reducirían temporalmente y los derechos acumulados se ajustan. Son medidas que pueden resultar impopulares y sobre todo la segunda, pero evitan que el sistema acumule déficits crecientes. En España, el único ajuste que existe es aumentando cotizaciones, recurriendo a la Deuda pública o mediante transferencias presupuestarias. Y en esta última vía tenemos que recordar la operación que roza el fraude total de desviar más de 8.000 millones de euros de los Fondos Europeos a las pensiones.

Por otra parte, Suecia proporciona una jubilación flexible permitiendo combinar trabajo, pensión parcial y retraso de la jubilación de manera que la edad efectiva ha ido aumentando gradualmente. La filosofía es sencilla: como vivimos más años, trabajaremos más de media. Esto puede ser el elemento que refuerce al propio sistema tal y como está definido. En el caso de España, únicamente en la Administración estamos asistiendo a prolongaciones del servicio activo, no a jubilaciones parciales, de manera que no pocas personas nacidas desde finales de los años 50 están retrasando sus jubilaciones entre 2 y 5 años.

En resumen, Suecia entendió que el problema es estructural porque que el envejecimiento es irreversible, diseñó un sistema que mantiene el equilibrio mediante ajustes automáticos, la pensión se adapta a la demografía y todo es más sostenible financieramente aunque menos generoso. España, por el contrario, mantiene la pensión como un arma política teniendo en cuenta que son el colectivo más numeroso, realiza ajustes aumentando ingresos y la presión recae siempre sobre trabajadores y presupuestos públicos. Y esto no es exclusivo del PSOE, pues cuando entre el PP no tiene pinta de que se atreva a proporcionar cambios.

Alemania, pese a ser tradicionalmente el Estado más solvente de Europa, se enfrenta a una crisis de sostenibilidad de su sistema debido al desbocado gasto en pensiones (que absorbe más del 40% del presupuesto público) y a la presión demográfica que apunta a que se jubilarán más de 15 millones de alemanes en los próximos años. Un comité de expertos facilitó un informe al Gobierno con una serie de recomendaciones que se centran en tres pilares que en parte recuerdan al sueco: jubilación vinculada a la esperanza de vida pudiendo alcanzar los 70 años, sostenibilidad con desindexación del IPC y creación de un fondo de ahorro obligatorio estatal. En este último respecto, las cotizaciones subirían dos puntos (trabajador y empresa) pero irían a cuentas de ahorro en lugar de a la Seguridad Social. Sin embargo, el ciudadano seguiría dependencia de la solvencia del Estado que gestionaría esas carteras (pudiendo invertir o endeudarse) y, mientras exista déficit, las pensiones seguirían creciendo menos que los salarios e indirectamente desincentivarían la jubilación.

Sistema mixto público-privado

El economista Daniel Lacalle es uno de los defensores de la evolución del sistema de reparto hacia uno mixto, similar en algunos aspectos al sueco. Considera que el sistema actual está quebrado porque necesita de continuos rescates e ingresos externos como Deuda pública para mantenerse y ha generado un importante choque intergeneracional. Los jóvenes pagan cada vez mayores cotizaciones y sus expectativas de prestaciones futuras son menores. 

No se trata de eliminar las pensiones públicas, sino de cambiar su estructura a un sistema mixto de capitalización pública-privada. Sus elementos principales serían dos. Primero, mantener un pilar público básico garantizado para evitar la pobreza en la vejez pero financiado fundamentalmente mediante impuestos generales y no exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Segundo, cada trabajador tendría una especie de cuenta virtual donde se registrarían aquéllas a lo largo de toda su vida laboral. Una parte de ese dinero se invertiría para generar rentabilidad. En cuanto a su revalorización, se propone que se vincule a la productividad, es decir, a la capacidad de creación de riqueza y rendimiento económico del país en ese momento en atención a sus salarios.

Además, el sistema goza de transparencia porque en todo momento el ciudadano sabe no ya cuánto ha cotizado, sino cuánto podría cobrar y qué impacto tendría jubilarse antes o después sin depender de las inclemencias de las decisiones políticas.

Por otra parte, se defiende también incentivar el ahorro privado con más incentivos fiscales como planes de pensiones complementarios y que, de esa manera, el ciudadano tenga más patrimonio acumulado para la jubilación.

Respecto a las críticas de este sistema, los detractores consideran que el coste de transición puede ser enorme, dado que mientras que una parte de las cotizaciones va a cuentas individuales hay que seguir pagando las pensiones actuales. En segundo lugar, la capitalización implica exposición a mercados financieros que en épocas pueden ir bien y en alza, pero en otras pueden arrojar pérdidas. También puede suceder que personas con carreras laborales irregulares acumulen menos y, en consecuencia, aumentar las desigualdades si no existen mecanismos redistributivos. En esa misma línea, desvincular la actualización del IPC resultaría más factible hacerlo con las pensiones más altas que con las bajas.

Propuestas y conclusiones

Expuestos los datos y variables como los efectos de la inmigración, queda claro y constatado que el envejecimiento de la población no sólo es real, sino que irá en aumento incrementándose cada vez más el porcentaje de población mayor de 65 años a la par que disminuirá el de personas menores de edad. El invierno demográfico es un fenómeno estructural y probablemente irreversible en parte. No existe una medida milagrosa, pero lo que sí puede hacerse es ralentizarlo y adaptarse mejor a él.

Fomentar y no imponer la facultad de retrasar la jubilación. Existen puestos de trabajo que, por su naturaleza, pueden ser ejercidos por personas mayores de 65 años sin que el eventual desgaste físico o mental perjudique su salud o el ejercicio de sus tareas. Por ejemplo, en la Administración se está recurriendo en algunos casos a prorrogarse en el servicio activo. Esto permite que gente con muy alta experiencia y sobre todo en puestos de importante responsabilidad continúen mientras se renueva la Administración y ralentiza la salida masiva de empleados públicos. No olvidemos que existe un porcentaje muy alto de personas que accedieron a la condición de funcionario en los años ochenta, cuando se construyó el Estado administrativo surgido de la Constitución de 1978. En el sector privado pueden existir puestos similares, pero una vez más debe constar informe tanto médico como la voluntad libre de esa persona. Igualmente, puede fomentarse la jubilación parcial siempre que incluya un contrato de relevo.

Favorecer que nazcan los hijos que ya se desean. Las encuestas del INE muestran desde hace años que los españoles tienen menos hijos de los que querrían tener. Por tanto, el objetivo más realista no sería convencer a la población de tener muchos hijos, sino eliminar obstáculos. Afectan muchas variables como la vivienda accesible para jóvenes, la temporalidad y las perspectivas de empleo, pero creo que en la que más rápido se puede avanzar es en la conciliación laboral y familiar. Pero la variable más directa son las dificultades que tienen los padres en el día a día en un escenario en que los dos trabajan y los abuelos o son muy mayores o están en el camposanto. Es necesario que las normativas laborales permitan una conciliación real y proveer más permisos como reducciones horarias u horarios más racionales, ampliación y flexibilidad de escuelas infantiles y prioridades para padres y madres. Igualmente, disfrutar de más deducciones en IRPF y Sociedades. Porque una ayuda puntual sólo adelanta una decisión, no la transforma. Resumidamente, debería ser más rentable tener 2 hijos que sólo 1. Lo que no sería realista, por los cambios en el estilo de vida a que me he referido antes, sería pensar en 3 hijos por familia. Bastante lograríamos si con más derechos incrementásemos en uno el número de hijos previsto.

Incrementar la productividad, atraer el talento y una inmigración formada. Si queremos que "nos paguen las pensiones", un modelo inmigratorio que priorice trabajos precarios o de baja productividad no lo va a conseguir. Ello no significa que los empleos manuales deban de desdeñarse.  Lo que lo frena es el sistema impositivo y el marco regulatorio, que deben orientarse a atraer a perfiles profesionales deficitarios y agilizar en lo posible homologaciones de títulos con los necesarios convenios internacionales que favorezcan la inserción laboral. Igualmente, la formación debe de facilitar la integración lingüística de los que no conocen el idioma castellano o las lenguas cooficiales. Ahora bien, con independencia de que sean nacionales o extranjeros, en los sectores punteros a día de hoy (energía, centros de datos, inteligencia artificial...), debemos ser capaces de atraer personal cualificado que aquí no tengamos. Porque más productividad será más crecimiento, mayor riqueza, mayores recaudaciones y permitirnos el gasto público incurrido y no basta con aumentar el número de trabajadores si la productividad permanece estancada.

Reformar el sistema de pensiones. Tenemos varios ejemplos, como el modelo sueco y la propuesta alemana. Soy consciente de que un cambio radical no es posible, pero si gradual. Se trataría de evolucionar a un sistema mixto público-privado en el que la gente con mayor poder adquisitivo invierta la mayor parte de su cotización en un plan de pensiones privado. Podría confiar en un bróker o en las alternativas más conservadoras. El público siempre va a estar para todos, pero hay que incentivar que el sistema no dependa en exclusiva de transferencias corrientes. Además, los frenos al estilo sueco evitarían que las generaciones próximas a jubilarse tengan que asumir todo el coste en épocas de crisis y serían un mecanismo de "solidaridad intergeneracional" más equitativo.

El problema es que esto ya supondría una reducción de los ingresos del Estado en cotizaciones para abonar las pensiones presentes. Pues bien, ello nos lleva a algo inevitable que es atreverse a congelar las pensiones. No me parece que haya que hacerlo con las más bajas ni tan siquiera medianas, pero sí con las más altas y a partir de cierto umbral. Porque en España y en cualquier otro país de Occidente que está viviendo la amenaza del invierno democrático, tenemos que arrimar todos el hombro. Y más cuando el estrato mayoritario es sostenido con pensiones públicas. Igualmente, es esencial recortar el gasto público en áreas absolutamente improductivas y que sólo sirven para propaganda gubernamental como la publicidad institucional que riega a medios de comunicación de todos los colores.

Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad envejecida. Es inevitable que en el futuro habrá más personas jubiladas, dependencia y demanda sanitaria. Eso obligará a planificar la atención sociosanitaria, cuidados de larga duración, formación y contratación de cuidadores y ciudades más accesibles. A este último respecto, las Administraciones ya ese están moviendo.

En definitiva, España no necesita elegir entre natalidad o inmigración ni entre pensiones o crecimiento económico. Necesita una estrategia demográfica integral: favorecer que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, atraer e integrar inmigración de forma planificada, adaptar el sistema de pensiones al aumento de la esperanza de vida e impulsar una economía más productiva no son medidas incompatibles, sino complementarias. El invierno demográfico difícilmente desaparecerá, pero una combinación de políticas coherentes puede amortiguar sus efectos y hacer más sostenible el Estado del bienestar para las próximas generaciones.

Finalizado el artículo, al igual que el post anterior no puedo despedirme sin hacer una mención a la selección española de fútbol que el pasado domingo conquistó el Mundial de EEUU, Canadá y México tras imponerse en la gran final a la Argentina de Messi por 1-0. Invito a leer el post de homenaje en este enlace de mi otro blog. ¡¡VIVA ESPAÑA!!

martes, 3 de febrero de 2026

La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley que no se supeditan a la potestad reglamentarias y son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Los Decretos Leyes han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 se centraron en la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se sumó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, aunque añadiendo los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía y sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el eje central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de (una vez más) las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.

viernes, 28 de noviembre de 2025

La demagogia impositiva contra autónomos y trabajadores

He tenido que recortar el anterior post porque me temo que me había excedido añadiendo temas que realmente daban para otro artículo, así que he trasladado algunas de las ideas al presente y ampliado. En el presente voy a hablar sobre impuestos y autónomos y especialmente sobre la demagogia que se está aplicando para defender la mayor carga impositiva posible en España. Trabajadores y autónomos sufragan con sus sueldos impuestos directos (IRPF, Patrimonio), indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales), especiales (hidrocarburos, electricidad), cotizaciones, tasas, contribuciones especiales... y todo ello para supuestamente sostener servicios públicos y pagar las pensiones. Sin embargo, la realidad nos muestra que el panorama no es el que nos venden. El Gobierno de España utiliza los impuestos para hacer política y también para crear relato, pero merecía la pena dedicar un artículo aparte y analizar qué está afectando a todo empleado y familias.

Más recaudación a costa de la inflación

El gobierno actual de España de PSOE y SUMAR se caracteriza (como toda coalición socialista) por ser altamente intervencionista de la economía, necesitando justificar tanto sus brutales subidas de impuestos como la cantidad de dinero derrochado en sus redes clientelares y en cooperación exterior, donde el feminismo tiene una importancia capital. La Agencia Tributaria ha alcanzado recaudaciones récord en 2024 aproximándose a los 300 mil millones de euros, impulsada principalmente por el IVA y el IRPF. Pero, ¿por qué se ha llegado a esa cifra? Pues no ha sido un aumento automático ni directo ni tampoco se explica por la lucha contra el fraude que se contabiliza aparte sino por algo más indirecto, silencioso y sutil: la inflación.

Sí la inflación producida en los últimos años ha beneficiado precisamente al Estado. El IRPF es progresivo, es decir, si aumentan tus ingresos anuales lo hace también tu carga impositiva. El gobierno presuntamente progresista no ha actualizado los tramos del IRPF ni adaptado mínimos exentos y familiares ni modificado reducciones y deducciones con arreglo la inflación y a los salarios reales. Han aumentado los salarios nominales, eso los sabemos todos. Sin embargo, nada menos que desde 2002 se aplica un límite familiar exento de 8.000 euros que ha permanecido congelado y muchas familias ya no pueden aplicarlo a pesar de que su poder adquisitivo es mucho menor que entonces. Por tanto, la mayor parte del aumento de la recaudación vía IRPF viene precisamente del efecto inflacionario del que el Gobierno se ha beneficiado. Rallo nos lo desarrolla en este video. 

También existe un filón inflacionario con la subida de los precios de la vivienda, especialmente del IVA y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que han encarecido aquéllos de forma enorme. Ahora bien, tampoco hay que olvidar de otros de carácter municipal como el IBI en localidades especialmente tensionadas del que se aprovechan igualmente los Ayuntamientos. Que, por cierto, también se han beneficiado de la tasa de basuras que ha ido aumentando de forma exponencial su importe y en aquéllos consistorios donde gobierna el PP se han excusado en que venía impuesto por Pedro Sánchez por la Ley 7/2022, de 8 de abril y que establecía un plazo temporal de 3 años para que el importe comprendiese todo el coste del servicio de recogida de basuras.

Y por supuesto, otro impuesto que ha olvidado el problema del apagón es el de la electricidad, cuyas bonificaciones sociales son muy limitadas, asfixiando a clases medias y no tan medias para poder sufragar aquéllas. A finales del pasado año el IVA asociado al impuesto eléctrico volvió del 10% al 21% y las perspectivas son de seguir aumentando. 

En resumen, todos los contribuyentes, tanto los de rentas altas como bajas, están pagando más impuestos. La inflación ha degenerado en un empobrecimiento de las clases medias mientras que las arcas públicas se han permitido una mayor recaudación a costa de ese mayor expolio al contribuyente.

Servicios públicos deficitarios y derroche de dinero público

Pero, ¿realmente todo eso es invertido en Educación, Sanidad, carreteras y transporte? Nuestros servicios públicos, ¿están mejor que nunca con tanto dinero? Si ponemos La Sexta y especialmente el programa de La Sexta explica, tanto personas mayores como de mediana edad nos trasladan el mismo mensaje de publicidad institucional de que "los impuestos siempre vuelven" y que "sólo notarás que lo público funciona mejor". Con los años, hemos evolucionado de "Hacienda somos todos" a mensajes que tratan de justificar el aumento de impuestos.

Pues nada más lejos de la realidad. En Sanidad, las colas derivadas de lista de espera siguen siendo de varios meses y la insatisfacción de los ciudadanos es cada vez más creciente incluso después de la época del Covid-19. Incluso se permiten el lujo de llevar más de 4 años sin poner en funcionamiento las máquinas oncológicas, donadas por Amancio Ortega, demostrando la incapacidad logística y formativa de varias CCAA así como su financiación deficiente. En Educación, faltan muchos profesores para tantos alumnos y ni siquiera llegan los fondos europeos para cubrir las necesidades de financiación y ni siquiera las aulas están equipadas con todas las necesidades incluyendo aire acondicionado. Que vergüenza debería dar en mi pueblo San Pedro del Pinatar que haya que votar para esto. Sobre las carreteras, nunca han estado en peor estado con más de la mitad con necesidad de reparaciones y sobre transportes qué decir de la red ferroviaria con un ministro que pasa de todo y no ofrece soluciones a las innumerables incidencias con los trenes que ni siquiera se renuevan. 

Y por si fuera esto poco, el melón que se ha abierto por el derroche de transferencias corrientes, ayudas y subvenciones tanto a colectivos supuestamente feministas como sobre todo a cooperación exterior. Centenares de millones de euros que podrían ser destinados a los servicios deficitarios anteriores salen de España en dirección a otros países. ¿Y con qué tipo de garantía de retorno o repercusión en los españoles o residentes?

La cruzada contra los autónomos

El gobierno socialista ha visto en los autónomos un filón para aumentar la recaudación apoyado en el relato de mantener las pensiones. El Real Decreto Ley 20/2023, de 16 de marzo se aprobó con la intención de aplicar medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la medida más polémica es el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que es un complemento que aumenta la carga de cotizaciones sociales en las nóminas de los trabajadores para destinarse a la "hucha de las pensiones" y que el Gobierno prevé incrementar gradualmente hasta 2030.

Desde este 2025 se ha consolidado un nuevo sistema de cotización propio de autónomos por el cual lo hacen en función de sus ingresos netos reales con hasta 15 tramos. Hasta entonces, lo que había era que cada uno elegía la base y completaba su ahorro futuro con un plan de pensiones privado. Para los pequeños autónomos, ese nuevo sistema de cotización ha resultado ser un alivio, pero en términos generales se ha traducido en un aumento generalizado de las cuotas al tiempo que ha añadido más cargas burocráticas al imponer un sistema contable más avanzado, un software de facturación homologado y la obligación de emitir facturas electrónicas en la aplicación FACe. Estas adaptaciones no siempre son sencillas, pues para el avance y adaptación en digitalización muchos profesionales del sector servicios afirman no estar preparados por falta de herramientas, formación y tiempo. 

Más recientemente, el Gobierno anunció un plan para incrementar en 2026 y de forma brutal la cuota de los autónomos y lo hizo de tal manera que las quejas producidas le sirvieron para aplicar su plan B o realmente el que tenían pensado para así parecer que fuesen indulgentes. El caso es que esa aparente marcha atrás es ficticia porque la planificación de cara a 2030 es de seguir aumentando. Los autónomos están hartos de que sumado a sus liquidaciones trimestrales del IVA tengan que abonar una cuota cada vez mayor y que en los próximos ejercicios terminará subiendo igual. Así por ejemplo, algunas encuestas remarcan que pese a haberse incrementado la facturación durante 2025, una mayoría abrumadora afirma sufrir una carga fiscal asfixiante.

El afán recaudatorio del Gobierno se complementa con la reciente proposición de Ley presentada por el PSOE para que los profesionales mutualistas, es decir, los colegiados como abogados, médicos o procuradores, sean absorbidos por el RETA suprimiendo la alternativa que existía a cotizar bien en la Seguridad Social como autónomo ó en su mutua. Desgraciadamente, sólo Vox se ha posicionado en contra de esta medida antiliberal mientras que el PP ha pasado de defender la abstención a apoyarla. Lo que está detrás de esto es que los mutualistas que cotizan poco porque ingresan poco son la minoría que ha presionado para suprimir la libre elección y absorber a todos.

Pero lo que no habíamos visto venir es que en los medios afines se atreviesen a reinterpretar la mala noticia de que cada vez hay menos autónomos en España como una buena noticia, inventándose una falacia de conexión ilógica asociando la anterior como consecuencia de una mayor estabilidad laboral. Hay que matizar que, en realidad, al revés si es más probable que el trasvase se produzca. Es decir, la incapacidad de encontrar empleo por cuenta ajena sí estaría relacionado con crear un autonegocio unipersonal. Sin embargo, tantos palos en la rueda que introduce el Gobierno a base de impuestos y cotizaciones está restringiendo en la práctica poder ser autónomo si puedes permitirte contratar a alguien.

Los youtubers de Andorra y los funcionarios como cortinas de humo

Los youtubers españoles que residen en Andorra son acusados por el Sistema Contreras de evadir impuestos por el mero hecho de irse a vivir allí. Incluso a personas que no hablan de política ni son españoles como Coqui, que tiene un canal de cocina a un estilo más avanzado que Roro. La película a este respecto es que la monetización de estos creadores de contenido que ganan mucho dinero al tener cientos de miles de suscriptores y millones de visualizaciones recibe en España la tributación máxima del IRPF que es de un 45% para ingresos brutos anuales superiores a 60.000 euros y 47% si supera los 300.000 euros. Por el contrario, en Andorra el impuesto equivalente es de un 10% a partir de 40.000 anuales. Lo que no cuentan programas como los de la Sexta ni esas cuentas de redes sociales que hablan sin saber repitiendo mantras son varias cosas. 

Primero, que si esos creadores de contenido como UTBH, Begoña Gerpe, El Rubius, etc se fuesen a vivir a Francia o Portugal pagarían exactamente los mismos impuestos a España: cero. Sólo les reconcome que tributen menos, no que no contribuyan a engrosar las arcas de Hacienda. Segundo, frente a su estúpida exigencia de que no vuelvan a España a usar sus servicios, olvidan que por ejemplo en Sanidad cualquier prueba médica u hospitalización pública se efectúa en el marco de un convenio del Principado de Andorra con la Sanidad española y en todo caso paga tanto la propia Andorra como el paciente por mediación de su seguro médico privado contratado. Tercero, tanto a estos periodistas al servicio del discurso socialista como a los tuiteros se les olvida el verdadero fraude de las paguitas como subvenciones públicas, de las ayudas sociales como incapacidad y del desempleo. Todos esos últimos, señoras y señores mercenarios o palmeros del Sistema Contreras, todos esos son los auténticos evasores de impuestos y residen en España.

Y ya lo que faltaba es que nos situasen a los funcionarios en el centro de la diana incrementando nuestros sueldos para actualizarlos al IPC. Nada menos que una subida del 11% de los sueldos para los próximos años, pese al continuo bloqueo presupuestario y todo con un triple objetivo. Primero, para calmar a los sindicatos y que sigan pensando en tonterías y perdiendo el tiempo en causas que no nos afectan como Palestina; segundo, para intentar comprar nuestro voto cuando no mantener a raya a un colectivo que mayoritariamente suele ser más afín que detractor (aunque existen excepciones como yo mismo) y tercero, para dirigir las iras de autónomos y trabajadores contra los empleados públicos. Francamente, los funcionarios ya tenemos nuestro estatus de privilegiado que nuestro esfuerzo y dinero nos ha costado como para que se nos congele el sueldo mientras que el poder adquisitivo de las clases medias siga en caída. A todo esto se le une el continuo incremento del personal empleado público, que obviamente suma también coste y que habría que ver si esos servicios son más eficientes con más recursos humanos frente a otros donde hay escasez. Sí, no me escondo, me defino como funcionario liberal y en este otro post hablé sobre adelgazamiento del Estado y la Administración Pública.

Conclusiones

En resumen, la demagogia impositiva sólo puede sostenerse a través de relatos machacados mediáticamente dado que la realidad desmonta el mayor bulo que el socialismo difunde para tratar de vender sus logros. A costa de la inflación se ha favorecido un mayor crecimiento económico al margen del impacto que ha tenido la inmigración, pero igualmente se ha producido un descenso importante del poder adquisitivo de las clases medias sin que la redistribución ya sea en forma de subvenciones o servicios públicos genere el bienestar esperado. Cuando las estadísticas y las encuestas reflejan un descontento del ciudadano con los servicios públicos, las excusas son que no se está recaudando lo suficiente, que se privatizan (a pesar de que los datos liquiden el relato) o que los malvados youtubers tienen la culpa de emigrar precisamente a Andorra, sin importar que se marchen a Francia o Alemania.

Asistimos a una peor gestión pública cuya percepción se empeora cuando la gente lee que los funcionarios vamos a cobrar más o que se van a destinar millones de euros a cooperación exterior "feminista" al tiempo que los autónomos van cerrando en España porque no pueden soportar la carga de cuotas, declaraciones trimestrales, alquileres de locales, etc, etc.. Luego se preguntan por qué, al margen de la corrupción, en la calle, medios no controlados, las redes sociales y las plataformas de streaming no llega su narrativa. El ciudadano de a pie cada vez cree menos en la utilidad de pagar impuestos y sobre todo las generaciones más jóvenes, por lo que se entiende que su ideología escape de esta izquierda.

miércoles, 11 de junio de 2025

Adelgazamiento y racionalización del Estado: qué elementos son necesarios

Un debate del se rehúye más de lo que se debería es el del adelgazamiento del Estado. En los 40 años de extensión del sistema democrático nacido de la Constitución Española de 1978, la burocracia estatal y autonómica no ha cesado de crecer y, con ello, tanto las regulaciones legales y administrativas como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Yo soy uno de ellos y tengo claro que si viviese cien vidas, en todas ellas seguiría tomando la decisión de opositar. Seguramente la mejor que he materializado. Ahora bien, por el mero hecho de ser funcionario de carrera hay gente que considera que estoy totalmente desacreditado para opinar a este respecto y me etiquetan como socialdemócrata cuando no afín a un régimen estatista o antiliberal. Es más, se atreven a azuzar el hombre de paja señalando que los impuestos que yo pago, tanto los directos como indirectos son en realidad un menor sueldo o, dicho de otra manera, existe un flujo de entrada y salida de fondos del Estado porque cobro del mismo (en mi caso de la CARM, pero en su pedrada de argumento no varía mucho). Para mí esa es la parte más cuñada del anarcocapitalismo, la que cree que los funcionarios no sufrimos igual el expolio del Estado simplemente porque retribuye nuestra nómina y por lo tanto nos desacredita para opinar. Pues NO. Los funcionarios liberales existimos. 

Una mirada internacional

En Argentina se habla de que Milei tiene interés en desactivar el Estado peronista y achicar el elefantiásico entramado burocrático y administrativo que los anteriores gobernantes han tejido allí. De momento, ha suprimido muchas regulaciones, ha revertido el déficit público y tornado en superávit público y ha reducido el personal empleado público pero ojo, no ha expulsado a funcionarios de planta permanente (como se llama a los funcionarios de carrera allí) sino que más bien no ha renovado y ha rescindido contratos laborales que son básicamente el personal empleado público más extendido en dicho aparato administrativo argentino. Personalmente, apruebo sin duda alguna la gestión económica de Javier Milei en el tiempo que lleva y en algún momento le dedicaré un post y me extenderé más. La otra cara de la moneda es Elon Musk, que hace poco abandonó la oficina DOGE por la eficiencia burocrática después de apenas haber cerrado USAID (que supone un porcentaje ínfimo del presupuesto estadounidense) y haber terminado muy mal con Donald Trump por discrepancias. Ahora bien, con independencia de estas experiencias internacionales, ¿qué se puede hacer en España y qué se haría desde la perspectiva de un funcionario liberal?

Desregulaciones y tijeretazos a subvenciones

Para empezar, el Estado no se puede desactivar así sin más. En primer lugar y antes de suprimir puestos de trabajo y personal empleado, la tijera que debe de abrir el camino está en las regulaciones. Como en todo, lo formal ha de ir por delante de lo material. Hay sectores que funcionan mejor sin una excesiva burocracia, como por ejemplo la Vivienda, el suelo o la energía. Y también existe legislación duplicada y poca coordinación entre administraciones de distinto nivel, que empeora cuando el color político es distinto. Es cierto que se ha avanzado mucho gracias a las plataformas de interoperabilidad y la Administración Digital, que igualmente es una gran oportunidad tanto para el autónomo como para el particular empleado. Ahora bien, de poco sirve esa conexión digital si siguen existiendo enormes trabas y controles administrativos que requieren documentación, plazos y procedimientos que tardan en resolverse. Por otra parte, también existen sectores en los que el Estado por motivos ideológicos y políticos se ha querido inmiscuir, como las nuevas regulaciones sobre tenencia de animales para uso doméstico y, a mucha más escala, el famoso Ministerio de Igualdad. Y eso nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, el Estado y por extensión las Comunidades Autónomas desembolsan importantes cantidades económicas como transferencias o subvenciones donde antes no lo hacían, fundamentándose en un relato apoyado en nueva legislación y políticas públicas asociadas. Así, el Ministerio de Igualdad disfrutó en 2024 de un presupuesto de nada menos que 573 millones de euros mientras que en 2019 era de 181 millones. Es decir, teniendo en cuenta las crisis del Covid y de la inflación derivada de la guerra en Ucrania el gobierno de coalición capitaneado por el PSOE ha multiplicado en más de 3 veces el dinero destinado a mantener un Ministerio que fundamentalmente se dedica a entregar dinero, tanto en el interior de España como fuera por motivos de cooperación internacional. Amparándose en principios loables como la igualdad o la lucha contra la violencia de género, financia enormes gastos corrientes y engrosa nóminas de muy dudoso impacto público y social (que puede verificarse con datos y estadísticas). Pero la cuestión no se encierra en dicho Ministerio, pues existe también una tendencia a la departamentalización excesiva, como ya hemos comprobado en la última legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso de la historia democrática de España.

Gastos de personal: el dilema

En tercer lugar, lo del personal es sin duda lo más complicado por su complejidad. A la gente no se le puede echar así como así. Lo primero es que los funcionarios gozan de estabilidad e inamovilidad precisamente porque es garantía para el sistema administrativo que no dependa su continuidad del poder político. De lo contrario, el Gobierno de turno sea nacional o regional podría despedir a todos los que no sean de su cuerda y contratar a los suyos para que sigan una línea. Y eso favorecería tremendamente la corrupción. Los antifuncionarios tampoco son capaces de entender esto en sus odas envidiosas. En lugar de barrer y hacer reemplazo, los gobiernos sólo pueden suprimir los puestos de trabajo y mover a esos funcionarios a otros puestos en los que sean más necesarios (por ejemplo, Servicios Sociales y Dependencia). Sería una de las primeras medidas en lo que a recursos humanos se refiere, que en ocasiones podría tener aparejada tanto el cierre de alguna empresa pública o sociedad mercantil o el cambio de la normativa. Con los laborales el procedimiento puede ser menos costoso si se efectúa con los temporales a los que no se les renueva el contrato, del mismo modo que el programa del interino. Los laborales fijos son otro cantar, pues evidentemente es imperativo abonar una importante indemnización como a todo trabajador despedido y no es nada recomendable al incrementar los costes para la Administración. En consecuencia, la reducción del personal ha de ser más bien largoplacista y supeditada a los puntos anteriores, de tal forma que sólo afectaría a algunos sectores de la esfera pública que por su naturaleza sean viables y acompañándose de una ralentización del crecimiento de las ofertas de empleo público. También queda aún pendiente una adecuada implantación de la evaluación del rendimiento que después de casi 20 años que consta en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) todavía no se ha puesto en práctica, tal vez por dudas respecto de la objetividad del sistema, pero es algo que hay que seguir abordando y con garantías.

Sí, es cierto que recortar personal es lo más impopular. Pero no hay que olvidar que hemos entrado en una época en la que la generación baby boomer se está jubilando y van a quedar muchas plazas disponibles. Esas plazas pueden ser cubiertas tanto por gente ya dentro del entramado burocrático como por personal nuevo. Una alternativa podría traer aparejada la supresión del puesto bien del liberado por la persona jubilada o del de la persona que le sustituya. Sin embargo, para ello es necesario hacer un estudio concienzudo. No se pueden hacer las cosas a la ligera. También se choca con la mentalidad de la gente, dado que el relato contrario a esto (y difundido de forma muy eficaz por el socialismo) es acusar de que te estás cargando el Estado del bienestar y las oportunidades de la gente para obtener un empleo público. Ese relato de la izquierda moderna que en realidad sólo esconde que quiere seguir convirtiendo a la Administración Pública en su juguete para desarrollar redes clientelares al igual que pretende hacer la derecha estatista. Es por eso por lo que insisto en que reducir el personal es algo muy impopular y que sólo podría realizarse por fases. Lo populista sería anunciarlo a los cuatro vientos para ganar elecciones, pero otra cosa es ponerlo a prueba. Y el achicamiento del personal del Estado no puede hacerse en cuestión de meses ni de un año o dos, sino más.

Por tanto, los primeros pasos a seguir son los que son: modificar el marco legislativo y reglamentario, cerrar los centros físicos (ahorrándose además arrendamientos) y oficinas imaginarias donde pululan los chiringuitos, retirar asignaciones presupuestarias a destinos improductivos o más relacionados con redes clientelares que con finalidades de interés público y ordenada reducción del personal sin caer en una merma de los servicios públicos e internos indispensables.

Por un Estado más racional en gasto público y pensiones

Con todo, es posible que incluso con estas operaciones el Estado siga presente en muchas de las esferas de nuestra actividad privada. Que quede claro, por si no lo he explicitado aún, que no soy partidario de desactivarlo o erosionarlo hasta sus cimientos, como defiende el liberalismo radical y a pesar de que sea muy admirador de Juan Rallo. Ahora bien, el Estado debería estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del mismo, puesto que ya contribuimos sobradamente con nuestros impuestos tanto trabajadores como autónomos. Esos impuestos han sido incrementados para poder hacer frente al ingente disparo del gasto público en los últimos años. Así que la reducción de aquéllos sólo será viable si somos capaces de frenar dicho gasto público y por extensión la cifra de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y es que quien prometa reducir los impuestos, si no baja el gasto público, directamente miente. Y en eso el PP tiene harta experiencia. Sólo bajando el gasto será posible ejecutar los créditos presupuestarios sin necesidad de acudir en exceso a la Deuda pública y generar déficit público cada año que, como siempre, termina pagándolo el ciudadano trabajador. Y es que esto nos lleva a un cuarto punto que en realidad estaría dentro del primero: el sistema de pensiones.

Como ya hablé en un post anterior sobre una entrevista a Albert Rivera, el sistema público de pensiones se está convirtiendo en insostenible por cuanto es 100% de capital público o, mejor dicho, financiado tanto con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales como por la mencionada emisión de deuda pública. El sistema, necesariamente, debería de promoverse a un nuevo mixto público-privado en el que cada uno tenga opcionalmente un plan de pensiones privado que no sea penalizado y que por el contrario desgrave un porcentaje en el IRPF. No podemos hipotecar al Estado que debería ser un complemento y no el actor principal de las pensiones, que son el gasto público de mayor volumen de todo lo que se sufraga año tras año. Y los visos futuros, de menos gente trabajando y más gente sostenida por el Estado (aunque sea así con todo el merecimiento del mundo) no es un futuro muy halagüeño dada la situación actual y futura de la pirámide de población.

Y es que la realidad es que ningún partido político que apoye reducir las pensiones o incluso congelarlas en su programa electoral será capaz de llegar lejos en las urnas. Los pensionistas son amplísima mayoría y por tanto los que conforman las mayorías parlamentarias que terminan gobernando. Y como todos votamos según nuestros propios intereses personales, jamás darán su voto a alguien que proponga reducir o bloquear lo que se consideran derechos inmutables. Máxime cuando otros partidos tanto de izquierda como derecha santifican las pensiones y especialmente de los jubilados. Personalmente, no creo que efectivamente lo mejor sea reducir las pensiones pero sí al menos NO subirlas más de forma transitoria al mismo tiempo que se evolucione a un nuevo sistema mixto que descargue gran parte de esa responsabilidad al Estado. Lamentablemente, la izquierda española es más estatista que nunca e igualmente cataloga de acción demoníaca el descargar en el sector privado tanto la Educación como la Sanidad, que está demostrando que es muy eficaz frente a las interminables listas de espera. Y es que nadie piensa cómo con los mayores presupuestos en Sanidad de la historia todavía la Sanidad Pública sigue con los mismos problemas de siempre. Igual no es un tema económico sino de GESTIÓN. Pero el socialismo no lo va a reconocer nunca.

Gestión privada de servicios públicos

Por lo tanto sí, sí estoy a favor de privatizaciones eficientes que en realidad no suponen ninguna venta de la soberanía popular ni erosión del Estado. Aclaro que no me refiero ni a suprimir potestades públicas que han de seguir vigentes ni a destruir el Estado como aboga el anarcocapitalismo, sino que el sector privado coopere donde es más eficaz, más técnico, más experto y en ocasiones más responsable. En definitiva, aplicar un complemento y una competencia eficaz frente al Estado que, sobre todo, está absolutamente desbordado en las políticas sociales. ¿Por qué la gente se hace seguros privados? ¿Por qué contratan planes de pensiones privados? ¿No se han parado a pensar por qué y sin ser precisamente de economía particular boyante? Pero no, los obsesionados con el control político denuncian incluso los contratos de concesiones que son realizados por agentes privados con más conocimientos y técnicas experimentadas. Del mismo modo, la educación concertada ahorra dinero al Estado y CCAA y cuenta con profesionales preparados para impartir docencia de todos los niveles, de infantil hasta la universidad. Basta ya de demonizar al sector privado y a su iniciativa. 

Conclusiones

No podemos destruir el Estado de un plumazo y ni tan siquiera sería lo mejor, porque es necesario e imperativo en no pocas áreas de nuestra vida. Pero sí es posible detener y retroceder en toda esta vorágine socialista que ha contaminado las administraciones públicas y con la aquiescencia del Partido Popular que no ha hecho nada por frenarlo por simple cálculo electoralista. Sí es posible pero de forma gradual y al mismo tiempo seguir trabajando en difundir un relato cultural que abras las mentes y combata la demonización del sector privado. Y es que del mismo modo que me toca los innombrables que a los funcionarios nos generalicen y nos etiqueten como parte del problema, también sucede cuando se desprecia tanto a las personas y empresas que generan empleo y levantan a este país. Creo que todos podemos vivir sin ser enemigos si se racionaliza el Estado y se frena en esa brutal lucha de clases que la política más rastrera ha usado y usa como arma para mantenerse en el poder. Mintiendo de forma deliberada, retorciendo el lenguaje y apoyándose en una prensa que ya no fiscaliza al poder sino que sirve los intereses de su amo como RTVE. El Estado es un actor imprescindible y necesario, pero no puede ser la autoridad absoluta que ahogue la iniciativa privada y sólo le interese comprar su docilidad con dinero y corruptelas. Así que fíjense si somos importantes y necesarios los funcionarios liberales en un sector donde, desde un punto de vista ideológico, se nos ningunea hasta por los que se supone que comparten algunos principios con nosotros.

viernes, 10 de enero de 2025

Albert Rivera, las pensiones y la hipocresía del militante político

Hace unos días, en una entrevista concedida a José Elías, el que en su día fuese mi político más admirado Albert Rivera emitió unas polémicas declaraciones que han dado mucho que hablar. Vino a calificar el actual sistema público de pensiones como una estafa piramidal o de forma más concreta como un esquema de Ponzi. El motivo y que recalcó es que los trabajadores vemos detraída una porción de nuestro sueldo como cotizaciones sociales que no es en realidad destinada para nuestra hucha de pensiones. No. En realidad son un impuesto más que va destinado a pagar las pensiones actuales, no futuras. Por lo tanto, no nos genera ningún derecho futuro sino tan sólo una expectativa de derecho que nadie nos garantiza con la sola excepción del número de años que hayamos cotizado. Porque nadie nos garantiza que cuando lleguemos el dinero escasee, los cotizantes hayan disminuido y el Gobierno de turno tenga que recortar después de que las desastrosas políticas socialistas (OJO, ejercidas tanto por PSOE como por PP) hayan generado un impresionante déficit público.

No obstante, lo que más ha llamado la atención no ha sido esa comparación con la que cualquier trabajador que haya perdido poder adquisitivo debería estar de acuerdo. Lo más relevante es que apostilló que esto no hubiese sido capaz de afirmarlo en campañas electorales o mientras era político porque él quería ganar apoyos y elecciones. Esa matización es sin duda la afirmación expresa de que absolutamente todos los políticos mienten como bellacos y no defienden todo lo que realmente creen. Y, aún más si cabe, refuerza mi decisión tomada en junio del pasado año de abandonar Ciudadanos y no plantearme militar en ningún otro partido ni de ámbito autonómico ni nacional. No descarto del todo participar en alguna opción localista, pero aún así también tengo límites.

Vayamos por partes porque he mezclado un par de cosas. Por lo que respecta al sistema de pensiones, estoy absolutamente de acuerdo con lo que opina el "libre" Albert Rivera. La mejor opción debería ser un sistema de pensiones de capitalización y no de reparto, ya sea de forma pública o privada, de forma que cada ciudadano voluntariamente añadiera a su hucha personal una cantidad de dinero. Pero sobre todo mientras gobierne un infame ejecutivo como el actual que ha asumido buena parte de los postulados hiperintervencionistas de Podemos (salvo el fanatismo por dictaduras latinas), le interesa más penalizar el ahorro privado. 

La pirámide invertida de población nos avisa que en un futuro podría no haber trabajadores suficientes para pagar las pensiones de los próximos pensionistas incluso con flujos de migrantes. Así que ahora el Gobierno se inventa un cuota de solidaridad que aunque en principio es para las rentas más altas nada impide que en un futuro cercano vaya reduciendo el umbral. Tal vez sería acertado que esos "patriotas" como así se autodenominan al igual que proclaman que son de izquierdas vayan uno por uno solicitando que le aumenten las cotizaciones, dado que entienden que cualquier subida de impuestos por brutal que sea les viene de vuelta.

En cuanto a la hipocresía de los políticos, por supuesto que Albert Rivera es simplemente uno más y no ha inventado la pólvora. El Rey absoluto sabemos todos que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que sin embargo ha sido capaz de manejar a la perfección ese discurso cambiante con un relato triunfal que la prensa sincronizada se ha encargado de difundir. Un relato en cuya construcción y difusión ha ayudado también mucho la existencia de una sociedad... bueno, dejemos por un momento que sea Frank Cuesta el que nos lo explique.

No puedo imaginar volver a pertenecer a un partido político y tener que asumir su ideario al 100% y más después de estas declaraciones del que más admiraba, a pesar de que me tiene bloqueado en Twitter desde octubre de 2022 por mencionarlo en un comentario dirigido a Marcos de Quinto responsabilizando a ambos de la caída de diputados de 2019, sin insultar en absoluto. No bloqueó a ninguno de los innumerables fachas independentistas o comunistas y me bloqueó a mí cuando ya nadie le escribía.

De Ciudadanos he terminado por no entender su masoquismo con el bochornoso feminismo institucional que ha demostrado ir en otra dirección del feminismo social, el de las familias. ¿Por qué había que asistir a unos actos en los que una turba de totalitarios nos insulta y nos agrede? Ídem en relación con el movimiento LGTBi, siendo destruida la no discriminación por la promoción de aquelarres en los que se exhibía y se exhibe odio contra gays y lesbianas por ideología. Actualmente, tanto el feminismo como el LGTBi institucionales están contaminados del virus wokista que los convierte en dos patas del socialismo más autoritario, que no democrático. Y eso por no mencionar los millones y millones de euros que se pierden en chiringuitos y actos que no aportan nada mientras se siguen produciendo violaciones y (lo voy a decir también) denuncias falsas a hombres inocentes.

De Vox no entiendo su obcecación contra el Medio Ambiente y el cambio climático, así como contra la protección del Mar Menor incluyendo su personalidad jurídica. Todo esto entronca con una corriente negacionista de la ciencia, muy presente en la mayoría de sus simpatizantes más radicales. Por ejemplo, quien piense que las DANAS son simplemente las gotas frías de toda la vida está muy errado. Sólo hay que tener una memoria aceptable para conocer que han tenido lugar bastantes lluvias torrenciales en pocos años (2016, 2018, 2019, 2021 y 2024). Por otro lado, como solución al Mar Menor defienden la barbaridad incalificable de abrir las golas del Mediterráneo para proteger a sus lobbys agrícolas que son dominados por empresarios y terratenientes afines a Vox.

En cuanto al PP, no es más que otro partido socialdemócrata que no ha hecho nada por reducir el Estado. Es más, ni tan siquiera ha felicitado a Javier Milei por su victoria en las elecciones argentinas de diciembre de 2023. Al margen de que aún recuerde la horrorosa afrenta del PP de 2021 con los tránsfugas y la destrucción progresiva de Ciudadanos, no tiene líderes que defiendan las suficientes banderas contra este siniestro Gobierno de Sánchez. Tampoco me parece buen presidente López Miras. Hoy día pienso que lo menos malo sería votar al PP sólo para que Sánchez y su miserable banda se vayan a la calle, pero lo haría con la nariz tapada porque no hay NADIE que me convenza. En Murcia es otro cantar, pues mientras siga López Miras no pienso votarle a él ni a nadie que legitime la caciquil política local que han tenido ciertos municipios. Del mismo modo, a nivel local el PP no se va a llevar mi voto.

Y por ejercer de funcionario de carrera no quiere decir que no tenga autoridad ninguna para denunciar la existencia de un Estado elefantiásico y abogar por una reducción tanto del intervencionismo como la regulación y el gasto público. Sí, existen los funcionarios liberales. Y si no fuera por nosotros no habría esperanza ninguna. No defiendo obviamente un estado mínimo o minarquista como defendería mi admiradísimo Juan Ramón Rallo, pero sí uno más racionalizado con menos duplicidades y más eficiente. Como funcionario he leído (y recibido) muchas críticas infundadas de anarco-capitalistas y anti-funcionarios que entienden que no pago impuestos sino que son un "menor sueldo". Por esos comentarios difícilmente podría llegar a participar en el PLiB, aunque realmente no sé qué opinarían de mí en razón de mi dedicación profesional. Con todo, aunque les cayera bien, faltaría lo más importante: que sean una opción con una mínima fuerza social, que en realidad es una utopía.

¿La izquierda? De la izquierda no hablo. Podemos es totalitarismo puro, Sumar es una versión "amable y cuqui" de estos últimos y el PSOE ha absorbido todo lo peor de estos.