Mostrando entradas con la etiqueta Inmigración. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Inmigración. Mostrar todas las entradas

jueves, 12 de noviembre de 2026

Entrevistas de precampaña 2026: los candidatos ante los medios

A las puertas del inicio oficial de la campaña de las Elecciones Generales del 29 de noviembre (mañana mismo), los principales candidatos han intensificado su presencia en los medios de comunicación para presentar sus propuestas, defender sus respectivas trayectorias y marcar distancias con sus adversarios. Entrevistas en televisión, radio y prensa que han permitido conocer no sólo sus prioridades políticas, sino también sus estrategias electorales, sus contradicciones y sus posibles líneas rojas ante la formación del próximo Gobierno.

En este artículo repasamos las intervenciones más relevantes de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau, Irene Montero, Miriam González y Luis «Alvise» Pérez durante las semanas previas a la campaña. El objetivo no es elaborar una simple recopilación de declaraciones, sino contrastar sus planteamientos y valorar, desde una perspectiva liberal de derechas e independiente de cualquier formación, la coherencia de sus propuestas, su viabilidad y el modelo de país que defienden.

Este análisis sirve, además, como antesala de nuestra cobertura electoral: mañana abordaremos el arranque oficial de la campaña y el próximo 20 de noviembre examinaremos los debates, los principales mítines, las nuevas encuestas y las entrevistas del pódcast The Wild Project.

Pedro Sánchez (PSOE) 

Sánchez acudió el 22 de octubre a La Revuelta, donde defendió su continuidad al frente del Gobierno y abordó algunos de los principales problemas de la legislatura. Reconoció que los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos habían supuesto una «decepción doble», aunque separó esa responsabilidad de los procedimientos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, David Sánchez, condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, mediante una sentencia recurrida. Se limitó a defender la inocencia de ambos. Respecto a la crisis de Ceuta, admitió que pudo haberse gestionado mejor, mientras que en materia de vivienda reclamó una mayoría parlamentaria más amplia para impulsar nuevas medidas de intervención en el mercado. Sin embargo, el reconocimiento de errores no vino acompañado de una asunción de responsabilidades ni por las polémicas ni por la gestión de políticas públicas. Una actitud que, a mi juicio, refleja una constante de su discurso: admitir determinadas deficiencias sin cuestionar la responsabilidad del Gobierno que preside ni extraer consecuencias políticas de ellas. Tal vez por ello rechazase acudir a la entrevista de El Hormiguero y en consecuencia recibiese una dura (y muy merecida) crítica de Pablo Motos retratándolo.

Posteriormente, fue entrevistado en el nuevo canal La Séptima por Javier Ruiz, en un ambiente y conversación con marcado componente de mitin electoral. Circunstancias que no me extrañan nada tratándose del conductor que era. Sánchez apeló a una «movilización histórica» para reeditar una mayoría progresista, poniendo como referencias los recientes resultados electorales de Estados Unidos y Brasil. También recurrió a la corrupción para contraatacar al PP, reclamando que la Justicia investigue los pagos de la defensa de Koldo García y exigiendo explicaciones a Feijóo por la reunión entre el abogado del partido y el propio Koldo. En vivienda, defendió la regulación del mercado inmobiliario y la construcción de más vivienda protegida a precios asequibles, responsabilizando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox de obstaculizar la aplicación de la ley. Una explicación que, desde mi perspectiva, deja en segundo plano la responsabilidad del propio Ejecutivo en los resultados de su política de vivienda, marcada por una regulación contraproducente y un catálogo de promesas recurrentes que siguen sin materializarse. Resulta difícil presentar la falta de mayorías parlamentarias o la resistencia de otras administraciones como explicación suficiente cuando, después de años de Gobierno, los problemas estructurales del acceso a la vivienda continúan sin resolverse.

Alberto Núñez Feijóo (PP) 

Feijóo aprovechó sus entrevistas en Más de uno, de Onda Cero (27 de octubre), y en Al Rojo Vivo y El programa de Ana Rosa (3 de noviembre), para presentar al PP como alternativa de Gobierno y cuestionar la gestión del Ejecutivo, especialmente en materia migratoria y ferroviaria. Se comprometió a aprobar los Presupuestos Generales de 2027 y, en caso de no conseguirlo, convocar elecciones. Respecto a pensiones, defendió mantener su actualización anual conforme al IPC, aunque sin concretar nuevas medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sobre la crisis de Ceuta, prometió hacer públicos los informes del CNI y reforzar la protección de las fronteras. Respecto a la situación de la red ferroviaria, anunció una auditoría de los sistemas de seguridad y un plan de choque con recursos extraordinarios. En vivienda, defendió medidas para aumentar sustancialmente la oferta y entre ellas la modificación de las leyes del suelo y de propiedad horizontal. Posteriormente, en El Hormiguero, anunció su intención de derogar los denominados «decretos Maricarmen» y aprobar una nueva Ley del Suelo y otra contra la ocupación ilegal.

Más allá de su estrategia de confrontación con Sánchez, sus declaraciones dejaron cuestiones relevantes sobre su posible relación de Gobierno con Vox. Feijóo no ha descartado una coalición si los resultados electorales no le permiten gobernar en solitario, aunque insiste en que ambas formaciones mantienen programas y proyectos distintos. Defendió el acuerdo táctico alcanzado en el Senado como una «respuesta adulta», pero reivindicó que PP y Vox siguen siendo partidos diferentes, con programas y papeletas separados. En El Hormiguero reiteró que el acuerdo no implicaba una negociación de cargos ni una coalición previamente pactada. En materia de igualdad, marcó distancias con Vox al rechazar expresamente una modificación de la Ley contra la violencia de género, pese a las exigencias de esta formación, aunque anunció que el Ministerio de Igualdad quedaría integrado en otro departamento más amplio. Respecto a las pulseras telemáticas para maltratadores, propuso trasladar su control al Ministerio del Interior y reforzar el seguimiento de las víctimas, en respuesta a la polémica por los fallos detectados en estos dispositivos.

Finalmente, en el programa de Pablo Motos también permitió conocer algunas de sus propuestas en materia sociocultural. Feijóo anunció que reformaría la Ley de Eutanasia para reforzar el papel de los cuidados paliativos y revisar determinados aspectos de su aplicación, aunque sin eliminar el derecho a solicitarla en los supuestos legalmente previstos. También manifestó que no pretende modificar la Ley del Aborto y distinguió, en el caso de las menores de 16 y 17 años, entre el conocimiento de los padres y la exigencia de su consentimiento. Por otra parte, defendió modificar la Ley Trans para suprimir la autodeterminación registral basada exclusivamente en la declaración de voluntad e introducir informes de profesionales sanitarios. Asimismo, propuso establecer categorías deportivas atendiendo al sexo biológico y preservar espacios diferenciados en ámbitos como las prisiones y los vestuarios. Considero razonable revisar estas cuestiones para buscar un equilibrio entre los derechos individuales, la seguridad jurídica y la protección de la privacidad y seguridad de  las personas. Ahora bien, cualquier reforma debería garantizar también la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de las personas trans.

Santiago Abascal (Vox) 

Abascal ha trasladado un discurso especialmente duro contra el Gobierno en sus intervenciones mediáticas, con la estrategia de presentar a Vox como la única alternativa real a la continuidad de Sánchez. En su entrevista a El Mundo, apostó por la repatriación inmediata de quienes entren ilegalmente en España y la deportación de delincuentes. Sin embargo, esa propuesta de «remigración» (que apoyan fuerzas como AfD en Alemania o Reagrupamiento Nacional en Francia) es más que discutible si se hace sin el respeto a las garantías jurídicas mínimas que establece Europa, por mucho que nos parezca lógico. Así que deja bastantes dudas más allá de un mensaje que puede sonar populista. También propuso una auditoría completa del gasto público con la intención de suprimir partidas destinadas a agendas ideológicas y reorientar esos recursos hacia seguridad, sanidad, educación e infraestructuras. En su relación con el PP, defendió el gesto mutuo en el Senado y reclamó a los populares que no voten «a medias» si realmente quieren propiciar un cambio político. En Más de uno, de Onda Cero, volvió a subrayar la «prioridad nacional» como línea roja y defendió la despolitización de instituciones como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o RTVE. Por lo demás, repitió buena parte de los argumentos ya expuestos en otras declaraciones. Sin embargo, hubo una cuestión en la que, a mi juicio, evitó afrontar con claridad una contradicción: el modelo de capitalización mixta que Figaredo había esbozado en declaraciones públicas. Abascal no lo explicó ni lo defendió, y se limitó a reconocer que los pensionistas tienen «derechos adquiridos». Recordando su conocido reproche de «la derechita cobarde» al PP, quizá Vox debería revisar primero sus propias declaraciones antes de señalar quién puede ser más cobarde de los dos.

Pero la entrevista más polémica fue la de La Revuelta. Pudo confirmarse que el equipo de Abascal solicitó intervenir en la gestión de la asistencia del público habitual ante la previsible hostilidad que podía encontrar el invitado. Pero esa sólo fue la primera controversia. El encuentro terminó alejándose del tono habitual del programa y se convirtió en un intercambio especialmente tenso. La impresión de muchos es que Broncano reflejó palmarias dificultades para conducir una entrevista política de estas características, con repetidas vacilaciones y momentos de nerviosismo, mientras que Abascal se desenvolvió como político. El líder de Vox defendió sus posiciones sobre inmigración, las leyes de género y su política exterior. En este último ámbito, reveló que había pedido a Israel que no reconociera una eventual independencia de Cataluña y reafirmó su posición con una frase significativa: «Tenemos aliados, no somos vasallos de nadie».

Ada Colau (Frente Amplio)

Colau defendió en Onda Cero una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, con un impuesto para penalizar la especulación y medidas para movilizar viviendas hacia el alquiler asequible. También reclamó responsabilidades políticas por la crisis ferroviaria y criticó al PSOE por considerar insuficientes sus políticas de vivienda. Otra intervención fue en Nueva Economía Fórum, donde expuso su propuesta de impuesto y revisión de desgravaciones a grandes fortunas, su rechazo a aumentar el gasto militar y su postura de que España reformule su política exterior como orientada a la paz. Esto implicaría reducir considerablemente el presupuesto en Defensa y, por tanto, incumplir nuestras obligaciones comunitarias con la UE y la OTAN. Finalmente, en La Revuelta volvió a hablar de su temas estrella y sostuvo que trece fondos e inmobiliarias concentran más de cien mil viviendas. Esta cifra es respaldada por el propio Ministerio de Consumo, pero sin precisar su distribución territorial, sus condiciones ni cuántas son propiedad de esas entidades o si sólo están bajo su gestión. Conviene señalar, además, que se trata de viviendas destinadas al alquiler, por lo que su existencia no demuestra por sí misma que estén vacías ni retenidas con fines especulativos. También tuvo espacio para hacer gala del "patriotismo impositivo" de la izquierda: aseguró que existen "33 milmillonarios" y mencionó expresamente a Florentino Pérez. En resumen, sus intervenciones mostraron sus intentos de diferenciar a FA frente al PSOE, sin renunciar a la posibilidad de un Gobierno progresista.

Considero que el principal problema de su discurso es que vuelve a presentar el intervencionismo y la presión fiscal como respuestas prioritarias a problemas que también exigen aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y proporcionar seguridad jurídica a propietarios e inversores. La especulación puede merecer medidas específicas cuando existan prácticas abusivas, pero convertir a los grandes propietarios y fortunas en protagonistas recurrentes del debate corre el riesgo de desplazar la atención de las reformas estructurales que necesita el mercado inmobiliario. En materia fiscal, combatir la desigualdad no ha de confundirse con considerar sospechosa la acumulación legítima de riqueza. Los titulares de grandes patrimonios también pueden contribuir a la prosperidad colectiva a través de la inversión, la actividad empresarial, la creación de empleo y sus obligaciones tributarias. Una cosa es debatir sobre la progresividad fiscal y otra muy distinta convertir a los empresarios más ricos en protagonistas de un discurso que resulta más efectista que constructivo. Por cierto, conviene recordar que, según los datos del IRPF de 2024 recogidos en un gráfico de la Universidad de las Hespérides, las declaraciones con rentas superiores a 60.000 euros representaron aproximadamente el 9% de las declaraciones con cuota, pero concentraron más del 44% de la cuota total del impuesto. Un dato que invita a cuestionar el manido discurso de que las rentas altas apenas contribuyen a las arcas públicas.

Irene Montero (Podemos) 

Montero participó junto a Gabriel Rufián en La Revuelta, donde ambos abordaron la vivienda, la inmigración y la fragmentación de la izquierda. Montero defendió la necesidad de mantener un espacio político propio frente al PSOE y justificó la alianza con ERC como una vía para construir una izquierda capaz de negociar con los socialistas sin renunciar a sus posiciones. Posteriormente, en Las mañanas de RNE, insistió en que Podemos no está dispuesto a subordinarse al PSOE y condicionó su apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez a la adopción de sus medidas más ambiciosas, entre ellas la bajada de los alquileres y de los precios de los alimentos, así como mayores impuestos a las grandes fortunas. También defendió la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, dirigiendo sus críticas no solo contra los «especuladores y rentistas», sino también contra el propio Gobierno por su gestión de este problema.

En conjunto, sus declaraciones reflejan una estrategia de diferenciación respecto al PSOE y al FA, con el propósito de reivindicar a Podemos como una fuerza de presión dentro de la izquierda y evitar que el voto útil termine diluyendo su identidad política. Sin embargo, mi impresión es que las diferencias entre Podemos y el FA son mucho menos sustanciales de lo que sus dirigentes pretenden transmitir. Ambos comparten una concepción de la intervención pública y del papel del Estado que los sitúa en un espacio ideológico muy próximo. En ese escenario, mi sensación es que el esfuerzo comunicativo de Montero responde tanto a discrepancias políticas como a una permanente pugna por el protagonismo dentro de la izquierda.

Miriam González (Democracia 21)

Miriam González ha aprovechado sus entrevistas en Hoy por hoy, de la Cadena SER, y Las mañanas de RNE para presentar Democracia 21 como una alternativa a la política de bloques polarizados y reivindicándose como fuerza e centro liberal orientada a lo que denomina «limpieza democrática». Ha defendido los acuerdos entre partidos en cuestiones concretas, la independencia de las instituciones y el acceso a los puestos directivos de la Administración por mérito y capacidad frente a la colonización de asesores políticos puestos a dedo. También ha querido distanciarse tanto de la continuidad de Sánchez en el Gobierno como de una eventual entrada de Vox en La Moncloa, dejando claro que no permitiría ni una cosa ni otra. En materia fiscal, considera que los impuestos deben servir para financiar servicios públicos de calidad, pero sin asfixiar la iniciativa privada. En conjunto, su discurso conecta con la reivindicación de la regeneración institucional y de una política menos condicionada por la confrontación partidista. Su principal carta de presentación es que no hace falta tener muchos escaños para condicionar, puesto que entiende que con un parlamento fragmentado cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva. En ese sentido, como posible fuerza bisagra, también ha defendido la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y ha condenado que PP y PSOE se intercambien cromos frente a las advertencias de la Comisión Europea.

Desde mi perspectiva liberal, las propuestas de Democracia 21 en materia de regeneración democrática y modernización del Estado merecen una valoración muy positiva. Sin embargo, mantengo dos reservas que merecerían aclaración. La primera es su rechazo a una eventual participación de Vox en el Gobierno, difícil de justificar únicamente por la pertenencia de este partido a un determinado bloque ideológico, especialmente si obtiene una representación parlamentaria considerable. Considero que debería explicar con mayor precisión los criterios que fundamentan ese veto, del mismo modo que reclama expresamente al PSOE que no pacte con Bildu si podría hacerlo con FA o independentistas. La segunda reserva afecta a las pensiones. Aunque González ha defendido un nuevo Pacto de Toledo, se ha mostrado contraria a lo que denomina «privatización parcial» del sistema por la supuesta «polarización intergeneracional» que generaría. A mi juicio, esa interpretación resulta discutible, porque un modelo mixto de capitalización no equivale necesariamente a sustituir el sistema público de reparto ni a enfrentar a unas generaciones con otras. Son discrepancias relevantes, pero no desvirtúan los puntos de encuentro que mantengo con su proyecto, especialmente en la defensa de unas instituciones independientes, una Administración Pública basada en el mérito y la capacidad y una modernización del Estado desde planteamientos liberales. Ya le dedicamos un post completo en este enlace.

Alvise Perez (Se acabó la fiesta)

El polémico Alvise se presenta como un regenerador antisistema que quiere cambiar las reglas del juego, pero su entrevista en The Objective dejó preguntas importantes sobre la viabilidad de sus propuestas, la organización de su partido y la coherencia entre su discurso y trayectoria. En primer lugar, reconoció lo obvio, el carácter personalista de su formación porque concentra toda la atención mediática aunque lo excusase como algo habitual en los nuevos partidos. También admitió su error con los candidatos de las Europeas al haber priorizado currículos profesionales frente a la confianza y reputación. Recalcó que no busca un simple cambio de políticas sino de sistema institucional, dado que entiende que permite que cualquier Gobierno controle organismos y empresas públicas. Es una de las partes que mejor conectan con su discurso regenerador, pero existe una clara tensión entre su discurso contra la partitocracia y su disposición a negociar con partidos tradicionales sin que explique cómo evitaría reproducir las dinámicas que denuncia.

Sus propuestas políticas se articulan en torno a tres ámbitos: inmigración, seguridad y política exterior. En materia migratoria defiende las deportaciones masivas de irregulares, pero al mismo tiempo sostiene que España debería abrir sus puertas al mundo hispanoamericano por razones culturales, históricas y lingüísticas, así como por su contribución a afrontar el problema demográfico. Parece, por tanto, defender una política migratoria selectiva. En seguridad y justicia propone construir una macrocárcel inspirada en el modelo de Bukele y endurecer las condiciones para acceder al tercer grado y con especial énfasis en los condenados por corrupción. En política exterior se manifiesta partidario de abandonar la Unión Europea porque entiende que perjudica a España en beneficio de los intereses de Francia y Alemania. Pero lo más sorprendente no es eso, sino su propuesta de avanzar hacia unos «Estados Unidos de Hispanoamérica», una unión política, económica y militar con países latinoamericanos. Es una idea que ya abordamos parcialmente en un artículo anterior, si bien sólo como una reflexión y sin llegar a plantearla en términos tan ambiciosos.

Tampoco resolvió algunas polémicas. Quiso dar explicaciones sobre los 100.000 euros recibidos de Sentinel antes de las elecciones europeas, sosteniendo que, según su versión, se trató de un pago por una actividad profesional, declarado fiscalmente y ajeno a la financiación de la campaña. Una excusa que, francamente, resulta difícil de conciliar con su discurso contra las subvenciones y la financiación pública de los partidos. Finalmente, la afirmación de Alvise de que las ideologías sirven para engañar y dividir resulta, a mi entender, una falacia de libro. Las ideologías no son necesariamente instrumentos de manipulación, ya que representan distintas concepciones sobre el Estado, economía, la libertad, seguridad o la organización territorial. Pretender que esas diferencias desaparezcan no significa superar la política, sino evitar explicar qué modelo se quiere construir. Y esa es precisamente otra de las cuestiones que su entrevista deja sin resolver. 

Conclusiones

Las entrevistas de precampaña han permitido comprobar que las Elecciones Generales del 29-N no se dirimen únicamente entre la continuidad de Pedro Sánchez y la posibilidad de una alternancia política. También están en juego diferentes concepciones sobre el papel del Estado, la política económica, la vivienda, la inmigración, los derechos individuales, la organización institucional  y la propia manera de entender la acción de Gobierno. Es la lectura que nos ha dado una legislatura convulsa, controvertida y llena de escándalos políticos y problemas que afectan al bolsillo de los ciudadanos: la inflación y el tan mencionado acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez ha centrado buena parte de sus intervenciones en reivindicar su gestión y movilizar al electorado progresista, aunque sus explicaciones sobre la corrupción, la vivienda, la inmigración ilegal, el sistema ferroviario y otras múltiples controversias evidencian una falta de asunción de responsabilidades políticas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tratado de presentarse como una alternativa de Gobierno con propuestas concretas, pero tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a impulsar reformas de calado y a alcanzar acuerdos con Vox sin convertir sus diferencias en una fuente permanente de bloqueo. Santiago Abascal ha mantenido su discurso de ruptura con las políticas del Ejecutivo, aunque algunas de sus propuestas, especialmente en materia económica y de pensiones, necesitan mayor claridad y coherencia.

En el espacio de la izquierda, Ada Colau e Irene Montero comparten buena parte de sus planteamientos intervencionistas, especialmente en vivienda y fiscalidad, pese a sus esfuerzos por diferenciarse del PSOE y entre sí. Mientras tanto, Miriam González ha presentado una propuesta de regeneración institucional y modernización del Estado que merece especial atención desde posiciones liberales, aunque sus vetos políticos y algunas reservas programáticas susciten discrepancias. Finalmente, Alvise Pérez ha insistido en su discurso antisistema, pero continúa sin despejar cuestiones fundamentales sobre la viabilidad de sus propuestas y la coherencia de un proyecto que necesita demostrar que es algo más que una plataforma de movilización en Telegram.

España necesita una alternancia política que aborde reformas institucionales, responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, una economía capaz de generar prosperidad y un Estado eficaz que garantice los servicios esenciales sin invadir innecesariamente la libertad individual. Igualmente, necesita afrontar con seriedad los desafíos territoriales, migratorios y sociales, evitando tanto el inmovilismo como las soluciones simplistas de los populismos tanto de izquierda como derecha.

Pero para que esas reformas sean posibles, los partidos deberán explicar con claridad qué principios defienden, qué medidas están dispuestos a aplicar y qué compromisos asumirían ante sus electores. No basta con que Feijóo asegure que va a aprobar Presupuestos asumiendo que sumará mayoría absoluta con Vox. La política no necesita menos ideología, sino menos dogmatismo y más honestidad para defender las ideas. Porque quien renuncia a explicar qué piensa y qué modelo de sociedad defiende no está superando las ideologías sino evitando el debate. Una cuestión que también ha quedado de manifiesto en la controversia entre Santiago Abascal y Jordi Wild, de la que hablaremos próximamente.

miércoles, 2 de septiembre de 2026

Crisis global en Ceuta: un mes tras la avalancha migratoria

En el día de hoy se celebra la festividad de Ceuta, pues fue cuando Pedro de Menezes se convirtió en el primer gobernador tras la conquista por Portugal el 2 de septiembre de 1415. Unos 250 años más tarde, en 1668, es incorporada a la Corona española mediante el Tratado de Lisboa que sella la paz entre españoles y portugueses. Desde entonces, Ceuta siempre ha sido española y es ciudad autónoma en el marco de la Constitución Española de 1978. Con el presente artículo actualizo lo publicado el pasado 5 de agosto y tras varias semanas de la invasión migratoria de decenas de miles de personas procedentes de la frontera con Marruecos. Desgranaré los pormenores y circunstancias de cada una de las caras de esta crisis global en Ceuta para ofrecer una visión completa del panorama. Esta tarde, además, tendrán lugar multitudinarias concentraciones en Ayuntamientos de apoyo a Ceuta convocadas por la FEMP. Y ellos a pesar de que el Gobierno trate de desactivarlas con el argumento sin precedente de que los Ayuntamientos no pueden ejercer derecho de reunión a tenor del artículo 2 de la Ley 9/1983.

Crisis migratoria

Después de asegurar que las decenas de miles de inmigrantes que entraron ilegalmente el 30 de julio habían regresado a Marruecos por su propio pie, los hechos desmintieron al Gobierno. Y no sería la única evidencia. En las primeras semanas se habilitaron por el Ministerio de Migraciones varios espacios temporales para el asentamiento de aproximadamente 1.500 personas como un parking o un campo de fútbol. Ahora bien, según declaraciones de Marlaska el pasado viernes la cifra de inmigrantes apalancados era de 5.000, por lo que podemos imaginar muchísimos más. El Estado, con arreglo a la Ley de Extranjería y su Reglamento, debe de realizar complejos y lentos trámites burocráticos para identificar (si es que puede) a esta gente y resolver sobre la situación de asilo o deportación. El Gobierno descartó no ya un Estado de alarma en julio sino un Estado de excepción que hubiese expulsado a todo el mundo tal vez porque hubiese implicado convocar al Congreso de forma extraordinaria en pleno agosto por no ser competente la Diputación permanente. Ésta sólo podría hacerlo si estuviese disuelto o expirado su mandato, no de vacaciones. Sin embargo, experiencias previas y los próximos hechos que vamos a relatar nos hacen pensar que tampoco se hubiese aceptado. 

También hay que mencionar la actitud y comportamiento de muchos de los inmigrantes. Buena parte de ellos no sólo carecen de pasaporte sino que se han deshecho de sus móviles para retrasar su estancia lo máximo posible mientras se tramita y se resuelve sobre su situación. Aquí no existen centros de deportación como dispone Italia. También se asistieron a escenas de rebeldía con inmigrantes que regresaban a la playa del Trampolín tras ser desalojados para realizar operaciones de limpieza. Los mismos exigían derecho de asilo y se negaban a volver a Marruecos, responsabilizando indirectamente a las instituciones españolas de su situación. Además, otros han llegado a ocupar y destrozar mobiliario de colegios públicos a escasas semanas de la vuelta. Así que, ante este panorama, ¿cómo se puede pretender hacer creer que existe normalidad? Para mayor perplejidad, el Ministerio de Exteriores publicó un comunicado desmintiendo expresamente que el rechazo en frontera no fuese posible. En base al mismo, ¿qué hacía toda esa gente ahí aún? Y esta es sólo una de las múltiples contradicciones en que ha incurrido el Gobierno de España.

Crisis institucional

Juan Vivas, Presidente de Ceuta, reclamó al Gobierno de España dos dias antes del 30 de julio que declarase la emergencia nacional y el mismo día que asumiera el mando único. Se rechazó desde el primer momento por el Ejecutivo central alegando que ya se estaba garantizando la seguridad con el Ejército al tiempo que el Ministro de Transportes Óscar Puente (al que dedicaré un post próximamente), "decretaba" como resuelta la crisis a 31 de julio a través de un mensaje en la red social X. 

Hasta el 10 de agosto no visitó la ciudad el Ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres a los meros efectos de coordinación. Dos semanas después, fue nombrado para ejercer el mando único hasta el 31 de diciembre y coordinar a 5 departamentos: Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones y Juventud e Infancia. Para ese mismo día 25 de agosto se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que asesora y coordina al Presidente y ministros con intervención del Director del CNI e invitado Juan Vivas vía telemática. En tercer lugar, se declaró en Consejo de Ministros a Ceuta en situación excepcional de seguridad nacional y aprobando un borrador de Decreto. Hasta entonces, Pedro Sánchez sólo había mantenido dos videoconferencias los días 7 y 17 de agosto aparte de la fugaz visita el 31 de julio. Así que a la pregunta de por qué se ha demorado tanto todo esto, preferiría pensar que no hay más allá que la propia incapacidad del Gobierno de España de coordinarse a sí mismo y no las vacaciones en La Mareta de P.S. Pero me lo pone muy difícil cuando, tras el Consejo extraordinario, se marchó un fin de semana a Andorra que tuvo que ser suspendido tras ser filtrado. Francamente esto es más propio de un Estado disfuncional que democrático. 

Vivas rechazó el borrador del Decreto para Ceuta alegando "falta de lealtad institucional" y afirmó con rotundidad que no permitiría ni el uso de todas las instalaciones polideportivas ni el "despropósito" de utilizar recintos situados en plena barriadas residencial o integrados en centros escolares (como Santa Amelia y Puertas del Campo). Además, se ignoró el listado de propuestas alejadas de núcleos urbanos y se convertía a la ciudad de Ceuta en un CETI masivo con el riesgo de convivencia que eso genera. La respuesta de Torres fue asegurarle que se retirarían los polideportivos.

Por si fuera poco todo esto, fuentes aseguraron que el Rey Felipe VI pretendió hacer una visita institucional a Ceuta. Esto es, del mismo modo que lo hizo a Paiporta con la Dana pero que Moncloa la habría rechazado esta vez. Y precisamente recordando los incidentes de aquél día en que el Rey permaneció y Sánchez y Mazón huyeron como cobardes. Puente metió otra marcha corrigiendo a la otra ministra Saiz afirmando que es el Gobierno quien decide la agenda del Rey, siendo el mismo que lo criticó públicamente por hacerse una foto con Javier Negre. En tercer lugar, Pedro Sánchez remató en su lamentable entrevista en la SER del 31 de agosto, ya que de la manera más hipócrita lanzó un dardo velado al Rey por no haber visitado la ciudad durante su reinado siendo 8 de los 12 años durante su Gobierno. Esto habría motivado una reunión no programada de 3 horas y media con el Rey. Así que el choque Gobierno-Jefatura del Estado es evidente.

Crisis humanitaria y de acogida

Las ONGs como Cruz Roja y Luna Blanca de Ceuta han estado repartiendo comida y asistencia sociosanitaria. Sin embargo, esto no son más que parches para un problema que va mucho más allá. Lo más delicado es la acogida de menores. La Policía Nacional ha identificado a más de 2.000 supuestos menores de edad y lo digo así porque sin pasaportes es muy complicado determinar la edad de algunos que pudieran hacerse pasar siendo mayores. La Comisión Europea ha defendido que los menores extranjeros no acompañados (MENAS) puedan ser retornados a Marruecos con arreglo al Derecho comunitario y las garantías pertinentes, es decir, la Directiva de Retornos que próximamente pasará a ser Reglamento y, por tanto, de aplicabilidad directa y sin trasposiciones particulares. Esto implica, por tanto, que en gran parte sea con arreglo al propio Derecho español.

Mediante Real Decreto Ley ya se modificó de forma tramposa la Ley Orgánica de Extranjería añadiendo un artículo 35 y varias disposiciones adicionales que afectan precisamente a contingencias de este calibre. Y como querían tenerlo todo atado y bien atado lo desarrollaron con normativa reglamentaria en el RD 658/2025. En este marco, el Gobierno de España se ha negado a hacer una devolución automática (que hasta el propio homólogo de Marruecos admite disponibilidad) alegando la complejidad burocrática. Concretamente, defiende que cada menor ha de ser identificado y valorar su situación con arreglo a la Fiscalía de Menores, que es incluso más tajante rechazando devolverlos en atención al "interés superior" de los mismos que no es sino llegar a la Península y no volver a casa. De hecho, se asegura el traslado de hasta 500 niñas a centros de las autonomías. Pero es que, además, se une una sentencia del TS de 2024 que declaró contrarias a la Ley de Extranjería las devoluciones masivas en Ceuta en 2021. Así que el tremendo agujero de la Directiva actual que es cubierto por la Ley de Extranjería constituye un nuevo elemento de efecto llamada y cuya presión experimentarán, una vez más, las Comunidades Autónomas. Por ello no extraña que hasta 14 de 17 voten a favor de darle dinero a Ceuta porque no quieren acoger a más inmigrantes.

Crisis sanitaria 

Se han detectado problemas de salud que han justificado mediadas preventivas: hasta 18 menores con mantoux positivo y dos casos confirmados de tuberculosis, aparte de consultas por gastroenteritis, sarna e impétigo. Hay que hacer especial mención a la sarna, pues hasta 24 militares de la Comandancia de Ceuta se contagiaron. La Sociedad española de epidemiología descartó que se tratase de una amenaza y que estaría más relacionado con hacinamiento o falta de higiene. Así que la demanda de Feijoo de confinar Ceuta por motivos sanitarios sólo se califica de desproporcional e inoportuna, aparte de que trae recuerdos bastante polémicos de la gestión del Covid-19. Podemos leer en este artículo al experto virólogo José Antonio López que descarta igualmente que haya riesgo epidemiológico pero ojo, al menos en estadios iniciales, dado que la situación de precariedad sanitaria de esas personas si se prolonga demasiado sí puede representar un riesgo. Aún así, como el Gobierno no se fía de que la situación se la vaya de las manos (también) en este área, envió al célebre Fernando Simón para analizar y asesorar sobre los riesgos. Creo que esto se comenta solo.

El lunes 24 de agosto se celebró una reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con objeto de activar el mecanismo de solidaridad y remitir vacunas para Ceuta. De esta manera, se les iba a solicitar a las CCAA que aportasen vacunas para la triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. Este tipo de peticiones no son casualidad ni baladí. Estas circunstancias que sufre Ceuta son absolutamente extraordinarias para una ciudad de 80.000 habitantes, pues por mucho que tenga las competencias en materia de Salud Pública no es capaz de proveer servicios con urgencia de esta manera. Lo digo por las típicas excusas de relegar responsabilidad a las CCAA para excusar que el Estado no deba de hacer nada. Y es que lo propios profesionales sanitarios denunciaron una enorme presión asistencial.

Crisis de seguridad

Durante estas semanas, la percepción de inseguridad ciudadana se ha incrementado notablemente y la sensación más generalizada entre los vecinos es la de abandono. Fuentes de la Policía local de Ceuta informaron de que se han estado registrando alrededor de 200 denuncias al día superando la estadística en diez veces los números antes del 30 de julio. Esto, obviamente, ha saturado los recursos. Pero más lamentable ha sido detectar que en pisos se estaba captando prostitución de menores llegadas a cambio de comida y por parte de supuestos "compatriotas". Por su parte, las Fuerzas Armadas decomisaron centenares de armas blancas, martillos y machetes. Y la situación ha ido escalando tanto con emboscadas y agresiones a militares que han denunciado indefensión y la necesidad de aplicar el artículo 20.4 del Código relativo a la legítima defensa bajo proporcionalidad. Sin embargo, la patética resolución ha sido cargar un fusil para cada 4 soldados. En tercer lugar, la Guardia Civil confirmó a mediados de agosto hasta quince violaciones y la detención de un condenado por terrorismo. A 31 de agosto la cifra de agresiones sexuales quedó según Fiscalía en 23, siendo 5 de ellas con penetración, 9 cometidas a menores incluyendo alguna manada y una víctima varón del colectivo LGTBi. A fecha 31 de agosto habían sido detenidos 8 hombres: 4 de nacionalidad marroquí, 3 española y 1 belga. En cuarto lugar, la Policía Nacional detectó la infiltración de varios radicales entre los inmigrantes que se colaron en julio y que estarían azuzando a la rebeldía y violencia durante agosto. Es más, hasta 10 expulsados por radicalismo que se habían vuelto a colar. También detuvieron ayer a un menor por presunta agresión sexual a 3 menores en un centro. 

Además, existen numerosos testimonios de vecinos que viven con miedo y especialmente en las barriadas cercanas a los asentamientos y viviendas con alquileres ilegales. Estamos hablando de robos con fuerza, peleas, allanamientos e incluso presuntos delitos de tráfico de drogas en una situación de descontrol manifiesto. Pero los ceutíes han tenido que soportar a activistas de extrema izquierda como Barbie Gaza o Alem Velasco de Canal Red paseándose por allí para blanquear la inseguridad ciudadana. Pretendieron convencer de que no pasaba nada, criticando la presencia del Ejército que al mismo tiempo les protegía y echando la culpa de toda la situación a las instituciones y al supuesto "racismo" de la gente. Todo esto mientras se produjeron agresiones sexuales que relativizaron al ser presuntamente inmigrantes las agredidas, como si así fuese menos grave. Es el giro del discurso cuando el perfil del agresor no les encaja en el clásico señor del Cáucaso. Venir para soltar su chapa política de discurso buenista y polarizador sólo retrata su mezquindad. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas ya que la gente que sufre los problemas le estampa la realidad en su cara activista. Aunque a veces pasa que otras "influencers" como Elena Reines cometen un "sincericidio" admitiendo que las niñas inmigrantes huyen de un país donde no se respetan los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, ahí sí le vale hablar de presunción de inocencia. Dale una vuelta, Elena, a ver si te imaginas la de gente que puede entrar aquí con cierta "cultura".

Crisis política y de partido

Dos diputados socialistas de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, criticaron públicamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos afirmaron anteponer los intereses de Ceuta a la disciplina de partido. León llegó a reprochar que las visitas de ministros habían dejado "buenas intenciones" pero no que no aportaron soluciones concretas. Sus posturas chocaron claramente con Moncloa, dado que coincidían en las exigencias de Vivas sobre declarar Estado de alarma, reforzar los recursos sanitarios, presencia permanente de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y cumplir el compromiso de Interior de que los inmigrantes que entraron irregularmente no permanecieran en Ceuta. El primero de ellos pasó de minimizar la situación causada por los inmigrantes ilegales a denunciar que su hija no podía bajar a la calle tranquila. Por supuesto, el PSOE ha reaccionado con su maquinaria advirtiéndoles a los "díscolos" de cesar en su actuación para seguidamente iniciar un expediente de suspensión con previsible expulsión.

Hasta dentro del propio Gobierno se generó una fisura por las declaraciones de la Ministra de Defensa Margarita Robles respecto a que el CNI aportó información de lo que se venía en la frontera, mientras que Marlaska y la Delegación del Gobierno en Ceuta lo han negado en respuesta. Robles confirmó hasta dos reuniones en 27 y 29 de julio avisando el CNI a Delegación del Gobierno y Ceuta de que se estaba orquestando una llegada masiva coincidiendo con una fiesta del país vecino. Supuestamente los avisos no estimaban decenas de miles de personas, aunque ABC llegó a hablar según fuentes del CNI de potenciales 180.000. La realidad incontestable es que no existió ningún tipo de dispositivo de seguridad y se delegó todo en Marruecos, es decir, "el socio confiable". Únicamente Patxi López tiró por la calle de en medio señalando que los dos puntos de vista eran ciertos a la vez.

Lo último en el PSOE ha sido remitir un comunicado a sus cargos públicos de toda España desautorizando las concentraciones de hoy para que no se sumasen y acusando a aquéllas de ser convocadas e instrumentalizadas por PP y Vox. Esto, con la firma de la ex Ministra María Jesús Montero, responde una vez más al modus operandi Sanchista. Aquí se trata de desactivar y desacreditar cualquier movimiento o corriente que genere crítica contra la gestión del PSOE, ya que a tanto no llega TVE. Al hacerse público esto, IU se cayó también remitiendo comunicado a sus Alcaldes.

Crisis diplomática y territorial

El Ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha aprovechado esta situación sin ningún complejo para reivindicar la soberanía de Ceuta y Melilla en dos ocasiones y sazonar sarcasmo respecto a la invasión. Primero lo introdujo suavemente señalándolo como "asunto pendiente" y días después el 21 de agosto como "derecho histórico y geográfico". Lo expresó reclamando un mecanismo de diálogo para encontrar una solución que permitiese el "retorno" a manos del régimen dictatorial de Rabat. Días más tarde, en plena ceremonia religiosa, el ministro de Asuntos Islámicos Ahmed Toufiq lanzó otro órdago defendiendo la liberación de las "ciudades ocupadas". Y ya para rematar, la prensa afín al régimen de Rabat llegó a insinuar la posibilidad de iniciar una guerra comercial con España

Ante estos comentarios, sólo tras lo declarado por el primero, el Ministerio de Exteriores publicó una nota recordando que son españolas y que forman parte de la soberanía de España y de la Unión Europea. Esto contrasta tanto con la llamada a consultas a la embajadora de Argentina por insultos a Begoña Gómez como con el pasado 30 de julio con el embajador italiano. En este caso último fue por cerrar el espacio Schengen a los españoles y, por tanto, tener que pasar controles y enseñar sus pasaportes. Pero con Marruecos... nada. La estrategia diplomática española sigue siendo más blanda que el pan de leche que compro a mis hijos. 

La implicación directa de Rabat se pone de manifiesto en dos notas. Primero, se conoció que el grupo hacker argelino Jabaroot filtró la identidad de 7.000 agentes espías marroquíes que estarían detrás del vasto equipo coordinador de la operación y a las órdenes de un consejero real. Segundo, en la tarde de ayer, se conoció que el centro Nacional de inmigración y fronteras de la Policía remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que concluía que gendarmes marroquíes colaboraron en la planificación y ejecución de la invasión migratoria. Concretamente, en las primeras fases entraron adultos y seguidos de niños y mujeres para contener al ejército. En resumen, se apuntaría a la autoría intelectual de Marruecos.

El último giro de versión del Gobierno, a través del Ministro Albares, ha sido acusar a la "injerencia extranjera" de esparcir una campaña de odio y desinformación para desestabilizar la UE. Concretamente, en comparecencia del 28 de agosto y tras casi un mes de la de Pedro Sánchez, aludió a redes rusas y a "mega influencers conservadores" como Elon Musk. Se basó en supuestos informes de la seguridad ucraniana y actividad en la red X y les acusó de manipular la realidad de la crisis a los ojos socialistas, que se ve que es la percepción universal inmutable. El lunes 31, en entrevista a la SER, el Presidente añadió a Israel a un eje de "internacional reaccionaria" insistiendo en la inocencia de Rabat y en un tono que nada tenía que ver con el de justo hace un mes. Es más, redujo el apalancamiento ilegal de los inmigrantes a necesidades económicas de aquéllos. Obviamente, estas declaraciones conllevaron reacciones tanto de Israel - tachando de mentiroso a P.S. - como de Rusia, que exigió explicaciones de qué pruebas disponía el Gobierno para semejantes acusaciones.

El descargo de la responsabilidad de Marruecos, que controla las fronteras, fue completado por el Ministro Bolaños acusando a la oposición de faltar al respeto... a Marruecos. Desplazar el debate de las causas y gestión a las reacciones externas posteriores y haciendo pasar estas últimas como las primeras es una estrategia tramposa. No hace falta que la Comisión Europea desmienta la ubicación temporal. Pero sacar de la ecuación a Mohamed VI y meter a Putin, Netanyahu y Musk como villanos es un ejercicio tan audaz de comunicación política de crisis como fuera de todos los límites de validación de tomadura de pelo.

Crisis económica

El ministro Carlos Cuerpo viajó a Ceuta el lunes 24 para reunirse con el Gobierno autonómico, empresarios y agentes sociales y evaluar las cuantiosas pérdidas económicas y qué soluciones aportar desde el Ejecutivo central. Sectores afectados y sobre todo el pequeño comercio que tuvo que cerrar esperan respuestas y podría llegar a los 15 millones de euros incluyendo medidas para reactivar la economía, ayudas directas, medidas fiscales y reducción de cotizaciones. En la hostelería, especialmente los establecimientos situados en las zonas de playa más afectadas, han comunicado pérdidas de entre el 80% y 90% de los ingresos. Además, la crisis ha perjudicado la imagen exterior de Ceuta y con ella su actividad turística cancelándose muchas reservas. Pero también hay que tener en cuenta que la economía particular de esta ciudad autónoma ya arrastraba problemas estructurales con bajo consumo y PIB per cápita y alto desempleo juvenil. Por tanto, la crisis ha acentuado la situación de una economía que no partía de una posición sobradamente cómoda.

Consideraciones

La crisis acontecida en Ceuta a raíz de la invasión migratoria del 30 de julio ha derivado en una multidimensionalidad en la que el Gobierno de España incurre en una indubitada responsabilidad y en una nefasta gestión. Y son muchos los motivos que me llevan a considerarlo: una legislación y burocracia proclives a facilitar y alargar la entrada y permanencia ilegal, una política exterior orientada a favorecer la inmigración masiva y restringir devoluciones y deportaciones, una diplomacia con Marruecos basada en el apaciguamiento y financiación millonaria sin exigir responsabilidad alguna y una gestión de lo sucedido marcada por la ausencia de prevención, tardanza y contradicciones.  

La legislación española resulta tan "amistosa" con la inmigración ilegal que, de cara a la aplicación de la futura normativa comunitaria, los socialistas aprovechan el menor resquicio para mantener su orientación. En el anteproyecto de Ley de Asilo pretenden reservarse la firma de externalización de centros de deportación para no contratarlos, consideran no usar de forma expansiva los retornos y también abogan por un criterio menos flexible de países seguros para rechazar automáticamente peticiones de asilo. Esto es, sin duda, una política legislativa de efecto llamada y no sólo de la inmigración masiva e ilegal sino de problemas de la magnitud de lo acontecido. Esto es así porque el Gobierno del PSOE es de hecho el primero de los problemas.

Mover la portería es un clásico, no ya del político sino también del periodista activista. Así que no me refiero sólo a la estrategia de apuntar a EEUU, Rusia, Israel e incluso Italia. Hemos podido leer números artículos (a diario) por ejemplo de El Pais centrando la actualidad en torno a historias dramáticas de los inmigrantes que permanecen en la ciudad mientras se resuelve su destino. Realmente, ¿quién les invitó a entrar allí? La primera reacción de P.S. en sus 105 minutos en Ceuta fue calificar lo sucedido de "agresión a la soberanía territorial de España". No puede negarse la vertiente humanitaria de esta crisis en la que ha habido cerca de 90 muertos, pero tampoco su estructura múltiple. Porque detrás de esos relatos de aparente empatía se halla el propósito de silenciar el resto de áreas y, ante todo, la responsabilidad pública. Así que prefiero disentir de esa estrategia, por principios.

El artículo 4 del Tratado de Washington de la OTAN es el que activaría consultas políticas entre los 32 miembros en caso de ataque a la soberanía territorial de un Estado miembro. Sin embargo, en el caso de las ciudades autónomas no activa automáticamente la cláusula de defensa mutua del artículo 5 y ya lo comenté en el anterior post. Por lo tanto, cualquier decisión en torno al artículo 4 debería ser adoptada por consenso. En términos estratégicos, tras la Cumbre de Madrid sí podrían tener un eventual apoyo, pero no sería seguro. Por su parte, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que si un país de la UE sufre un ataque armado en su territorio, los demás socios tienen el deber de ayudarlo con todos los medios que tengan. Esa cláusula de defensa mutua se aprobó con el Tratado de Lisboa en 2009 y hasta la fecha sólo la ha activado Francia en 2015 con el atentado terrorista en París.

La realidad es que la actuación de Marruecos es mucho más sibilina, más allá de su presumible autoría intelectual de esta situación. Se trata de una guerra híbrida en la que estaría instrumentalizando a sus ciudadanos a través de espías, mafias y medios de comunicación. España tendría más margen de maniobra cerrando las fronteras, castigando económicamente a Marruecos con el visto bueno de la UE y atravesando varias fases como estrategia de disuasión. Sin embargo, no es algo a lo que el Gobierno de España se atreva y prefiere usar de escudo un relato rocambolesco que exculpe a Rabat y ataque a otras potencias entre las que se encuentran sus aliados más destacables. ¿Tendrá que ver Pegasus? 

Finalmente, se une la mezquindad sin límites de un Gobierno que se cree impune pese a los múltiples casos de corrupción en investigación, fase de juicio o condena, que no le hace ascos a mentir de forma compulsiva y que es conocedor de que un enfrentamiento contra el Rey carecería de respuesta visible por parte de la Casa Real. Por tanto, en su afán de atraer el apoyo de la extrema izquierda republicana y azuzar a la extrema derecha antimonárquica, sabe que explotar la polarización es su herramienta básica para perpetuarse en el sofá de Moncloa.

Todo mi apoyo a Ceuta y sus vecinos. Ceuta es España.

martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

miércoles, 5 de agosto de 2026

Caos migratorio en Ceuta: antecedentes, decisiones y consecuencias

El pasado jueves 30 de julio, tras una semana en la que venían entrando a Ceuta varios centenares de inmigrantes procedentes de Marruecos y por vía marítima, se asistió a una impresionante avalancha que se llegó a contar por varias decenas de miles de personas. Inicialmente se estimaron 50.000 según el Ministerio del Interior y finalmente ascendió la cifra a 70.000 cuando el caos había remitido. El símil más acertado que he escuchado es que sucedió como si jugásemos a una partida del Age of empires. Que primero te va llegando poco a poco gente invadiendo tu área para después llegar una masa totalmente imposible de controlar que te destruye todo el fuerte. Así terminaban mis partidas. Pero tampoco se aleja mucho la comparación con la película Guerra mundial Z con semejante espectáculo que, ironías y bromas aparte, no puede calificarse de otra manera que de invasión. Creo que no caben medias tintas. Lo que se vio el jueves no merece otra calificación que esa, sin paños calientes que valgan. Lo que se ha colocado como detonante es una reciente sentencia del Tribunal Supremo, pero será mejor que primero vayamos de forma ordenada y pongamos en contexto las relaciones históricas entre España y Marruecos y, seguidamente, analicemos las sentencias, hipótesis, reacciones internacionales y gestiones realizadas.

Antecedentes de las relaciones España-Marruecos

Marruecos alcanzó la independencia tras un acuerdo muto entre Francia y España en 1956. Al año siguiente sufrieron una derrota militar ante España tras una sublevación por el Sáhara occidental. Así que esperaron casi dos décadas a un momento de debilidad - el 6 de noviembre de 1975 - con la conocida "Marcha Verde". Aprovechando la agonía del dictador y general Franco, el reino de Marruecos de Hassan II invadió el Sáhara occidental desplegando como escudos humanos a 350 mil civiles. Días más tarde España firmó un tratado de cesión de administración de su colonia a Mauritania y a Marruecos, si bien su soberanía quedó en el limbo. La ONU jamás se la reconoció a Rabat. Con la democracia, las relaciones mejoraron y desde 1992 existe un convenio de cooperación bilateral en materia migratoria. Mediante el mismo, Marruecos ejerce labores de vigilancia y contención en su propio territorio para evitar cruces irregulares hacia suelo español. Esto es importante para entender lo siguiente en la época más actual.

En abril de 2021, España permitió la entrada por motivos humanitarios de Brahim Ghali, presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, para ser tratado de COVID-19 en un hospital de Logroño. Marruecos interpretó esta decisión como un respaldo implícito a la causa saharaui y una deslealtad por parte del Gobierno español, ya que considera el Sáhara Occidental parte de su territorio. Como respuesta, entre el 17 y el 18 de mayo, las autoridades marroquíes relajaron de forma extraordinaria los controles fronterizos en la zona de Ceuta. Miles de personas, en su mayoría marroquíes pero también subsaharianos, aprovecharon la ausencia de vigilancia para cruzar a pie, a nado o bordeando los espigones del Tarajal. En apenas 48 horas entraron más de 8.000 personas, entre ellas alrededor de 1.500 menores no acompañados, provocando la mayor crisis fronteriza en Ceuta hasta este año.

El Gobierno de España desplegó al Ejército para apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la frontera y se activó el acuerdo bilateral con Marruecos para devolver rápidamente a la mayoría de los adultos que habían entrado de forma irregular. En pocos días fueron retornadas miles de personas con la excepción de los menores que fueron acogidos generando un peligroso precedente. La Unión Europea respaldó públicamente a España, recordando que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior de la UE y rechazó cualquier utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política. 

Pocos meses después, se asistió al vergonzoso cambio de postura sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. El Gobierno de España, a través de una carta dirigida al monarca de Marruecos, respaldó el plan de autonomía para resolver el conflicto en el que no contemplaba ningún referéndum de autonomía. El gobierno argelino calificó ese giro de traición histórica y suspendió temporalmente el tratado de amistad con España. Las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar de izquierda a a derecha y, por supuesto, entre los representantes del pueblo saharaui se interpretó como un chantaje y un desdeño de las resoluciones de la ONU. ¿Por qué sucedió esto?

Tiempo más tarde se supo que, a través del uso del programa espía Pegasus (creado por Israel), se infectó el teléfono del Presidente y el de la Ministra de Defensa Margarita Robles justo coincidiendo con el viaje a Ceuta antes mencionado. Esto fue admitido por el Gobierno. No obstante, los servicios secretos marroquíes, según fuentes del CNI a The Objective, habrían sido los responsables del uso de ese software y no sólo contra España sino también contra Emmanuel Macron en Francia y diversos periodistas. Esa línea es compartida por otros medios como The Guardian, Le Monde e incluso un informe del Parlamento Europeo en base al laboratorio canadiense Citizen Lab. Todos ellos apuntaron a Marruecos como responsable de la filtración de números y relacionados con los programas espía. Tanto Rabat como el Gobierno de Sánchez siempre rechazaron esto, si bien desde entonces no ha dejado de resonar una pregunta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?

Sentencia del Tribunal Supremo

El pasado 29 de junio, la sección quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que aplicó doctrina jurisprudencial en resolución a un recurso de casación y en relación con la aplicación de la Ley Orgánica de Extranjería. En atención a su disposición adicional séptima, entendía que las "devoluciones en caliente" no procedían cuando el acceso era por alta mar, de manera que sólo se podía aplicar procedimiento de expulsión con las garantías del artículo 58.3. El motivo era el hecho de "no superar un elemento de contención fronterizo" como por ejemplo son las vallas. Además, en ese concepto no entrarían elementos como drones, sensores u otros elementos tecnológicos, como defendía el abogado del Estado en dicho recurso. Consecuentemente, cuando un inmigrante alcanzase aguas territoriales, se le debía de identificar, otorgarle asistencia jurídica e intérprete y tramitarse un expediente administrativo individualizado para evaluar eventual asilo, protección internacional y situación de vulnerabilidad.

En esta sentencia se avaló el criterio adoptado en 2024 por el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta, que pese a rechazar la indemnización, sí estimaba las pretensiones del demandante argelino. Al año siguiente, en 2025, fue ratificada aquella sentencia en todos sus términos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esa manera, la primera crítica que se ha hecho es que el Gobierno no activó la reforma de la Ley para proteger las entradas ilegales en aguas territoriales y añadir los medios de contención tecnológicos.

Hipótesis de lo sucedido

El Gobierno y el Ministerio del Interior sostienen que detrás de esto se hallarían las mafias que difundieron de forma interesada las implicaciones de la sentencia y que hicieron creer que ya no sería posible bloquear a quienes llegasen nadando. En ese relato, el mensaje difundido habría animado a invadir Ceuta y es la misma versión que argumentó el régimen de Rabat. Al mismo tiempo, Marlaska exculpó a éste aludiendo a que había ofrecido cooperación y evitó usar el término "devoluciones en caliente" para comunicarlas como "rechazos en frontera". El hecho de que el Ministro del Interior protagonizase la comunicación de la crisis revela que se enfocó como un problema exclusivamente interno. Sin embargo, considero que realmente no dejó al Gobierno en el buen lugar que entendió.

De otra banda, muchos analistas como la abogada penalista, experta en migraciones y Premio nacional de Derechos Humanos en 2022 Patuca Fernández, consideran que el factor principal fue otro y apuntan a la instrumentalización de la presión migratoria como instrumento diplomático. Se habría manifestado en una nueva relajación de los controles marroquíes y en el contexto de recientes reuniones recientes entre España y Argelia, con motivo del suministro de gas y limar asperezas. La sentencia por sí sola no explicaría una entrada masiva de tal magnitud, dado que estamos hablando de 70.000 personas en 24 horas entrando a una ciudad donde residen 80.000. Así que difícilmente en tan poco tiempo se moviliza a tantas personas. El régimen de Marruecos, que ansía apoderarse de Ceuta y Melilla, ya lleva un largo tiempo forzando la situación para construir un escenario cómodo para sus intereses y posiciones negociadoras, llegando a usar a sus jóvenes. Así que de esta perspectiva no se trataría de una crisis migratoria sino de derechos humanos.

También se halla la hipótesis mixta que en realidad sería la más probable. La sentencia podría haber servido como incentivo psicológico y, a través de las redes sociales, miles de personas creerían que las posibilidades de permanecer en España serían muy altas. Las mafias habrían promovido la difusión de la información vía RRSS y Telegram mientras que Rabat habría facilitado la logística y la invasión colaborando con aquéllas y, de paso, liberarse de miles de delincuentes indultados justo el 29 de julio día de la "fiesta del trono". A tal respecto, el New York Times señala que testigos que participaron en la avalancha migratoria afirmaron haber sido animados por las autoridades marroquíes, diversos vídeos muestran a gendarmes trasladando a gente en camiones y, por si no fuera suficiente, la Guardia Civil detectó a agentes de inteligencia de Marruecos a través del sistema de videovigilancia.

Luego están la cuarta y la quinta que entran ya en el terreno de la teoría de la conspiración. La defendida por Gabriel Rufián y Alvise Pérez apuntaría a EEUU e Israel como responsables intelectuales y logísticos con Marruecos como ejecutor y con el leit motiv de venganza por la política exterior de Sánchez. La apoyada por Infovlogger situaría una operación de falsa bandera para que el PSOE emerja como el salvador de una crisis en tiempo express y que a cambio se quede con mil menores.

Reacciones en Europa y EEUU

Entre las reacciones que culpabilizan directamente al gobierno español, Italia ha sido quien más elevó el tono. Giorgia Meloni acusó al Gobierno español de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión Europea, criticó su política migratoria afirmando que genera un "efecto llamada" y planteó la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España. Y de hecho lo hizo. Esa misma línea expresaron Finlandia y Dinamarca. Las respuestas de los ministros Albares de Exteriores y Marlaska de Interior fue llamar a consultas al embajador italiano y calificar las declaraciones de "irresponsables e insolidarias". Esa contundencia no se percibió en relación al régimen de Rabat, si bien el choque se inserta en un contexto de disensos sobre política inmigratoria en Europa donde el gobierno de Sánchez va por una dirección distinta. 

En EEUU la portavoz adjunta de la Casa Blanca Anna Kelly criticó la política migratoria del Gobierno español atribuyendo la crisis a las políticas globalistas de la izquierda. El presidente Donald Trump, fiel a su estilo yenkista pasó de condenar a Marruecos tildando de invasión lo sucedido para luego reconocer públicamente su soberanía en el Sáhara occidental. Creo que lo de este señor se comenta solo.

Israel, que reconoce la soberanía española, aprovechó no obstante para disparar dos dardos dadas las terribles relaciones diplomáticas. Su embajador ante la ONU emitió unas polémicas declaraciones en las que acusaba al gobierno de España de "mantener enclaves coloniales en África". Esta pasada de frenada trajo como consecuencia una desautorización pública por parte de la embajadora de Israel en España, Dana Erlich. Otra declaración controvertida fue la del ministro del interior Ben Gvir felicitando con ironía y animando a acoger inmigrantes de Gaza.

En otro plano estuvieron los que evitaron responsabilizar expresamente al gobierno de España y a Marruecos, si bien el primero sí se dio por aludido. La UE, a través de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, condenó la invasión migratoria, manifestó apoyo operativo y financiero y confío en la "colaboración" de Rabat. También exigió devoluciones rápidas y desmantelar las redes de mafias que considera responsables exclusivas para finalmente felicitar a las dos partes al tiempo que exigió se binde y ofrezca más seguridad en las fronteras. En Francia, Alemania y Reino Unido la prioridad no era sino evitar un nuevo desbordamiento migratorio dentro del espacio Schengen, por lo que sus autoridades mostraron preocupación por la magnitud de la crisis e insistieron en la necesidad de reforzar el control de sus fronteras exteriores de la UE. Por ejemplo, Francia ordenó a sus servicios reforzar los controles en la frontera con España con patrullas terrestres, aviones y drones. Finalmente, la reunión en videoconferencia de Ministros del Interior, según Marlaska, se centró en analizar las consecuencias y las impresiones generales fueron que a priori no tuvo efectos en fronteras con otros países.

Reacciones en España y gestión de la crisis

Conforme a la Constitución Española de 1978, el Estado ostenta la competencia exclusiva en fronteras, extranjería (política inmigratoria y devoluciones), dirección de la Guardia Civil y Policía Nacional y relaciones internacionales. Por su parte, la ciudad autónoma de Ceuta gestiona la acogida y menores, servicios sociales y atención sanitaria. Este desequilibrio y la situación permiten entender por qué el presidente Juan Jesús Vivas insistió en reclamar el estado de emergencia con cierre de fronteras y el mando único estatal. Más aún cuando el servicio marítimo de la Guardia Civil en Ceuta apenas dispone de dos embarcaciones y cuatro lanchas. Todos los partidos con representación en la ciudad autónoma se unieron a esas declaraciones. El presidente de Melilla Juan José Imbroda fue aún más crítico y calificó todo del mayor despropósito, temeroso de que sucediese algo similar en su ciudad.

Hasta el día de la avalancha, el ministro Fernando Grande-Marlaska minimizó las exigencias de Vivas defendiendo las relaciones con Marruecos como "cercanas y basadas en la lealtad" y que trabajan en "evitar una situación compleja". Las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno apuntaban a mil personas entre el 20 y el 26 de julio, si bien no habían dejado de crecer y especialmente en horas nocturnas y aprovechando la niebla. El Gobierno ordenó el jueves con varias horas de demora la movilización del Ejército de Tierra. Se sumó a 400 agentes de la GC y PN (incluyendo Unidad de intervención policial y Unidad de prevención y reacción), helicópteros, patrones de embarcación, pilotos de drones, buceadores especializados para vigilancia y rescate y otros especialistas. La misión no sólo era preventiva, es decir, para que no entrase más gente, sino para expulsar a esas personas con la anunciada colaboración de Marruecos.

La oposición no tardó en exigir responsabilidades, como así debe ser. Desde el PP se ha catalogado de dejación de funciones, dado que anteriormente se solicitó la reforma de la Ley de Extranjería precisamente para asegurar el rechazo en frontera en las entradas a nado. VOX ha sido más duro en su línea habitual recalcando no obstante una evidencia, y es que la inmensa mayoría de las personas que aparecen en las imágenes son hombres jóvenes y en edad militar. Resulta icónica y muy representativa la escena en la que uno de ellos grita a la cámara "Viva España, viva Pedro Sánchez". Los de Abascal también exigieron la comparecencia del Ministro del Interior, la de Defensa y el director de Seguridad Nacional.  En la izquierda, Podemos coincidió con el presidente de Ceuta en declarar la emergencia nacional y exigió la dimisión de Marlaska, IU exigió un cambio de estrategia diplomática apaciguadora con Marruecos por no ser un socio fiable y Sumar apuntó a Rabat como el eje de la desestabilización.

Al día siguiente, el 31 de julio, el presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta. En comparecencia pública allí condenó enérgicamente lo sucedido como una "violación integral de la soberanía territorial de España" y agradeció la colaboración de Marruecos. También anunció como solución de contención la instalación de boyas por parte de la Armada y la empresa pública de Salvamento Marítimo. ¿En serio no pudo hacerlo mucho antes, desde 2024? Otra polémica es que Marlaska insistió en que el Gobierno "no sabía ni anticipaba nada" e informó que se habían marchado por su propio pie buena parte de toda la gente (50.000) y aprovechando que Marruecos abrió el paso. Respecto a lo primero, fuentes de inteligencia aseguran que existieron informes del CNI y se están haciendo eco cada vez más medios. pese a que el Gobierno lo ha negado tajantemente. Respecto a lo segundo, quedaban aún varios miles en procesos de identificación, acogida o retorno. Así, el domingo por la tarde salieron varios camiones del ejército español para deportar a gente. Pero es que Pedro Sánchez anunció también que las CCAA se tendrían que hacer cargo de los 7.000 presuntos menores que entraron en estos días y dicho anuncio no ha gustado nada a las autonomías del PP. Porque, para empezar, ¿qué pruebas hay reales de que esos individuos sean menores? ¿Dónde están sus padres? ¿por qué España ha de pagar una operación injusta?

Todo esto no aplacó la frustración general que sintieron los ceutíes, habiéndose cerrado comercios por miedo e incluso sufrido delincuencia en sus hogares. Creen que el caos parece controlado, pero que realmente no está aún cerrada la crisis con miles de personas en las calles. Además, aunque se haya contenido la emergencia, persiste una profunda preocupación por la posibilidad de que vuelva a producirse una nueva avalancha. Ello es debido a la falta de garantías de que no se repita. Según fuentes del ejecutivo de Ceuta, ha habido 88 muertos y según Delegación del Gobierno 76 víctimas. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar los orígenes de esto y si pudo deberse a una acción concertada.

Consideraciones 

Tras los hechos acaecidos la pasada semana en Ceuta y teniendo en cuenta tanto los antecedentes de sentencias judiciales como de la relación con Marruecos, el Gobierno de España llega (una vez más) tarde. Su responsabilidad, al igual que en otras cosas (DANA, Adamuz, apagón eléctrico...) radica en una absoluta falta de previsión teniendo en cuenta sobre todo que las posibles implicaciones del criterio del TS ya se conocían en anteriores instancias. El Gobierno socialista no hizo absolutamente nada por guardarse las espaldas en caso de una avalancha migratoria vía marítima, precisamente porque estamos hablando de un partido político y de un ejecutivo favorables a la inmigración masiva. Tanto sus acciones (regularización extraordinaria con requisitos laxos e impulsión de acogida de Menas) como sus omisiones (en este caso no reformar la Ley de Extranjería) y oposición a contenciones vía Unión Europea (Reglamente UE de retornos) expresan una política nociva y carente de cualquier sentido planificador y racional. Ahora, una vez sucedido el desastre, es cuando promete asegurar la frontera marítima, por lo que las palabras de Sánchez el pasado viernes, una vez más, sonaron a huecas. Sobre todo cuando se unen informaciones sobre avisos previos de inteligencia y la sensación es de un relato impostado de crisis resuelta cuando no han hecho absolutamente nada extraordinario.

A esa falta de previsión y asunción de responsabilidad, se le une la figura alargada del régimen de Rabat. La historia, tanto en el pasado lejano como en el más reciente, nos deja buen número de episodios en los que el rey absolutista de turno de Marruecos ha forzado un pulso contra España. Nunca ha admitido la españolidad de Ceuta y Melilla y hasta la prensa oficialista ha aprovechado el lío de forma muy mezquina para reclamarlas. Y ni siquiera he hecho mención al episodio de Perejil en 2002. Que aquélla dictadura use a sus ciudadanos como escudo y arma a la vez no es novedoso y, a pesar de que no confiese Rabat su operación, la coincidencia de hechos en el tiempo, los informes y pruebas de inteligencia así como los testimonios, apuntan a que toda esa masa de personas no vino por exclusiva voluntad. Ni tan siquiera las mafias, esas lacras internacionales que se lucran del dolor y la desesperación de la gente son capaces de organizar por sí solas una convocatoria tan enorme en tan poco tiempo. A esto se le llama guerra híbrida. Además, por si fuera poco, esto ha servido para que se colaran varios yihadistas expulsados aprovechando los momentos de descontrol y la Policía y Guardia Civil sigue trabajando en ello. Mientras tanto, el Gobierno de España sigue rindiendo genuflexiones ante un régimen corrupto y probablemente la dictadura más blanqueada por los socialistas. Ni tan siquiera su izquierda sigue el mismo ejercicio, escuchadas sus declaraciones.

Mi admirado Fonseca aporta varios apuntes muy relevantes sobre un hipotético conflicto armado. Por una parte, a favor de Marruecos juega que cuenta con un ejército y armas mucho más avanzado que el español. Eso ha sido gracias a las inversiones y negocios con EEUU e Israel, que son dos importantes aliados geopolíticos. El primero lo es desde el momento en que Rabat fue el primer ejecutivo que reconoció la independencia de EEUU y el segundo por rivalidad con los países árabes y a cambio del reconocimiento de la soberanía en el Sáhara occidental. España, sin embargo, se ha quedado muy atrás. Además, para colmo, Ceuta y Melilla no están cubiertas bajo el paraguas de la OTAN dado que el artículo 5 del Tratado se refiere a territorio europeo y aquéllas localidades se hallan en África. Pese a todo esto, Marruecos depende comercialmente en muy buena medida de España y de la UE, dado que el 30% de sus transacciones son con la primera y seguidamente con el resto de Europa. Así que en un hipotético conflicto, el ahogamiento económico de Marruecos vía bloqueos comerciales y aranceles sería devastador.

Ceuta y Melilla son España, pero el tema va mucho más allá de eso. Este suceso es resultado una vez más de una política inmigratoria laxa y que vive de una portada de multiculturalismo e integración que no viene soportada de contenido regulatorio, tanto que le interesa intervenir en todas las esferas de la vida pública a este Gobierno. Sus continuos gestos a Marruecos son muestras de debilidad tal vez por un reconocimiento implícito y nunca confesado de que están en una posición tan aventajada como se cree. Hasta el pasotismo con la final del Mundial 2030. Y, de todo esto, se aprovecha el régimen de Mohammed VI, el cual no es ningún aliado sino un enemigo. Así que los pasos para revertir esto serían dos. En primer lugar, aplicar una política migratoria más cercana a Europa que como tal está siendo de contención y en segundo lugar minimizar los espacios chantajistas que Marruecos pueda trazar. Y seguramente pase porque el PSOE salga del poder. Pero cuidado, que aunque a la izquierda del PSOE haya formaciones mas criticas con Rabat a su vez son partidarias de una política inmigratoria todavía más laxa e irresponsable.