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domingo, 4 de octubre de 2026

Decretos de Vivienda tumbados: ¿Legislatura agotada?

En este blog he hablado varias veces sobre la vivienda en diferentes planos para recalcar la improcedencia de las políticas intervencionistas en lo que siempre ha sido un mercado. Por la propia naturaleza del bien es imposible que deje de serlo. En octubre de 2024, publiqué una breve reflexión sobre la errónea lectura socialista del problema apoyándome en un vídeo de Juan Ramón Rallo. Al año siguiente, realicé dos artículos con distintos objetivos. En abril de 2025, en el de este enlace, realicé un diagnóstico de las causas de la escasez de vivienda y las contradicciones de las políticas intervencionistas. Seguidamente, en octubre del mismo año, comenté aquí todos los elementos existentes en la legislación española que, sin reconocerla abiertamente, favorecen la ocupación en la que necesariamente se incluye la inquiokupación. Finalmente, en agosto de este 2026, publiqué este otro relativo a los bulos que circulan en la izquierda política y mediática para esconder la crisis de oferta. Hoy toca analizar dos Decretos Leyes que se activaron tras un hecho social impactante. El momento del desahucio de la anciana Mari Carmen Abascal el pasado miércoles 23 de septiembre hizo explotar una ola de indignación y preocupación. Este hecho, que es complejo y no sólo por lo jurídico, ha sido aprovechado social y políticamente para rescatar el problema del alquiler de vivienda con medidas absolutamente descabelladas. Tras ser tumbados ambos Decretos en sesión extraordinaria del Congreso del pasado viernes y no aprobarse su convalidación, los comentaré convirtiendo el presente en pasado y el futuro en condicional.

El caso Mari Carmen como contexto de partida 

En este punto seré breve, porque no merece la pena extenderse en las circunstancias personales tal y como medios de un lado y de otro se han dedicado de forma extrema. En base a la Ley de renta antigua del régimen de Franco, la madre de la funcionaria jubilada Mari Carmen Abascal pudo subrogarse en el contrato de alquiler que firmó su marido en 1956 y tras su fallecimiento en 1961. Las condiciones eran indefinidas y manteniéndose la renta inmutable. Una reforma posterior en 1964 permitiría una segunda subrogación. En 2005 fallece la madre, pero en las décadas anteriores los Gobiernos del PSOE de Felipe González modificaron la normativa. El Real Decreto Ley 2/1985 suprimió esa subrogación automática indefinida y estableció libertad de pactos, pero no afectó retroactivamente a los contratos de renta antigua. El cambio más importante fue el de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 que restringió las condiciones para subrogarse como tener discapacidad en más del 65% (en la fecha en que se evaluó a Mari Carmen tenía un 50%) y propició la extinción progresiva de las rentas antiguas. Así que con el fallecimiento de la madre y un periodo de cadencia de 2 años, en 2007 ya había caducado el derecho de la inquilina. Desde ahí, no fue hasta 2018 cuando el propietario vende el inmueble a Urbagestión y se abrió una dura etapa de negociaciones, pleitos y recursos judiciales. La anciana rechazó sistemáticamente cualquier acuerdo que supusiera modificar su posición como abonar un alquiler mayor, adquirir dicho inmueble a precio de mercado o desplazarse a otro lugar. 

La acampada activista en la Puerta del Sol

El mencionado suceso ha tenido algo más que un impacto político, puesto que en lo social ha alumbrado a un movimiento que recuerda al del 15-M (con movilizaciones fuera de Madrid) pero con cruciales diferencias. Primero, mientras que por aquél entonces era un movimiento más transversal, el que se ha dedicado a acampar desde el pasado lunes por la noche es claramente anticapitalista y de extrema izquierda. No por la estética y banderas, sino por las consignas que emplean y las propuestas radicales que defienden. En segundo lugar, frente al carácter internamente horizontal, en esta ocasión emergen unos líderes desde el minuto cero como son los representantes del llamado "sindicato de inquilinas" como Valeria Racu, Alicia del Río y Fernando de los Santos. En tercer lugar, el 15-M no señaló específicamente a políticos concretos mientras que el actual apuntó a Isabel Díaz Ayuso y a Almeida. Aún siendo crítico por no ser lo suficientemente intervencionistas, el "sindicato" terminó pidiendo el voto a ambos Decretos. Pero es curioso que esta gente no se haya movido igual en Barcelona donde, precisamente, los desahucios son mucho mayores que en Madrid. Así que el plumero es tan ostensible que, en esta ocasión, ya no cuela. Y ya si comparamos sus quejas de acoso por las campanadas de Sol con lo que han recibido en Urbagestión creo que está todo dicho. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid hizo caso omiso y permitió que toda esta gente permaneciese toda la semana usurpando un espacio público.

Los Decretos-Leyes

El evento particular y marco social reseñados animaron al Gobierno a acelerar la redacción de la normativa pendiente. El acuerdo entre el Alcalde Almeida y la empresa Urbagestión para que Mari Carmen regrese al piso en condiciones muy ventajosas no zanjó la polémica porque simplemente llegó tarde. Si acaso evitó la expropiación que sobrevolaba en las cabezas del socio de coalición del PSOE. El pasado miércoles 30 de septiembre se publicó en el BOE, entre otros referidos a ayudas por la DANA de Valencia y la crisis energética por la guerra en Irán, el Real Decreto Ley 26/2026 de Medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta de vivienda asequible. De sus 96 páginas, ocupaba casi un tercio una oportunista, profundamente ideologizada y tramposa exposición de motivos. Esto último sobre todo porque echa la culpa a la legislación de la dictadura que precisamente le beneficiaba a Mari Carmen frente a las modificaciones posteriores en gobiernos socialistas de 1985 y 1994 y alude a exigencia de la ONU cuando en realidad fue un simple relator. Al día siguiente, 1 de octubre, se publicó el Real Decreto Ley 27/2026 de Medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Aquí eran 8 páginas con la mitad de exposición de motivos, pero siendo aún más polémico que el anterior. Vamos a continuación a explorar el contenido de ambos en varios apartados.

Regulación de conceptos. El primer artículo del Decreto "grande" se dedicaba a identificar en términos jurídicos a lo que mediática y políticamente se tacha de "fondos buitre" con la intención de cortar la supuesta compra especulativa, aún no disponiendo de más de un 8% de todos los activos inmobiliarios en alquiler. Se tratarían de entidades con o sin personalidad jurídica que tengan en su objeto social la adquisición de inmuebles a título oneroso. Se les iba a prohibir comprar inmuebles por precio inferior al 70% del de mercado y siempre que constituyesen obras acabadas que ostentasen condiciones para obtener cédula de habitabilidad (no que las posean, ojo). Se excluía de dicho límite el destino a la vivienda a precio "asequible" (es decir, lo que determinase el RDL) por al menos 5 años, residencias de asistencia sociosanitaria, protección de víctimas de violencia de género y adhesión a códigos de buenas prácticas. Y, por supuesto, tal restricción no operaría con la Administración. Por lo que quién pretendiera vender sus propiedades en condiciones ventajosas para compensar situaciones como okupas o inquiokupas sólo podría hacerlo al Estado. Éste podría "buitrear" lo que hiciera falta incrementando el parque público y expulsando del mercado a posibles competidores como bien apunta Rallo en este vídeo. Por otra parte, la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 iba a añadir el concepto de Gran tenedor. Sería todo aquél que disponga de más de diez inmuebles o superficie para construir de más de 1.500 metros cuadrados quitando garajes y trasteros. También se imponía la obligación de certificarse registralmente esta condición. 

Suspensión de desahucios. Después de que decayera en abril de 2026, se puso otra vez sobre la mesa la imposibilidad de echar a inquilinos (pese a ser morosos) hasta el 31 de diciembre de 2030, que fuesen declarados "vulnerables" con arreglo a informes de servicios sociales y careciesen de "alternativa habitacional", recayendo en las D.G. de Vivienda de las CCAA la responsabilidad de aportarla. Además, se imponía que dichas administraciones regionales pagasen a los arrendadores, subrogándose como deudoras respecto a la posición de los arrendatarios. Esto implicaba una considerable presión a las autonomías, por mucho que la AGE debiera compensar los gastos salvo intereses y sin entrar a valorar en qué condiciones. Estamos hablando de que a través de dinero público se resarciese a las víctimas de la inquiokupación. También se introducían cambios procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil para precisamente facilitar las suspensiones de lanzamientos.

Regulación de contratos temporales y prórroga obligatoria. A través de reforma de la LAU 29/1994, el primer Decreto equiparaba en todos los derechos el alquiler de una habitación al de un piso o vivienda completa, con las particularidades de su propia naturaleza. Pero no es lo más relevante. Respecto a la duración, se restringían los nuevos contratos temporales limitando a 31 días los relacionados con el turismo y a 12 meses los que no, recayendo en todo caso en el arrendador la carga de la prueba de que el alquiler sea temporal. De lo contrario, se convertiría en contrato de vivienda habitual con duración de mínimo 5 años siendo el arrendador persona física y 7 si jurídica. Por si no quedara claro todavía el señalamiento al propietario, el preaviso de la no renovación era de 4 meses para éste y 2 para el arrendatario. Si no fuese así, se prorrogaría forzosamente. Otra desigualdad es que se podría desistir del contrato con preaviso de 30 días y habiendo transcurrido un mínimo de 6 meses. En cuanto a los contratos temporales ya sujetos a la Ley 29/1994, en caso de finalizar antes de 31 de diciembre de 2028, el primer Decreto fijaba una prórroga obligatoria si el arrendatario lo solicitase y estuviese al corriente de hasta dos años adicionales. De esta manera, se impediría que el arrendador pueda establecer cualquier novación. La única alternativa se parecía más a un chantaje: acordar un nuevo contrato rebajando el precio en más del 5%. En caso de finalizar dentro de 2027, se establecía restricción a la actualización de la renta. Así que de nuevo se reforzaba el poder negociador del inquilino respecto del propietario.

Regulación de contratos de vivienda habitual, prórroga e indemnización. Aquí viene lo bueno. En el primer Decreto, se prorrogaban en periodos anuales hasta un máximo de 3. Pero en el segundo, pasaba a ser de directamente 5 si el arrendador era persona física y 7 si jurídica. Si esto les parece fuerte, lo mejor es lo que hay a continuación. De no querer prorrogar el arrendador, se le impondría que indemnizase al arrendatario con doce mensualidades de renta salvo que imperiosamente la necesitase (ejemplos, caso de desahucio de donde estaba, divorcio o le ofrezca otra vivienda suya). Este disparate jurídico-ideológico no puede calificarse de otra manera que de extorsión y es lo que impuso la extrema izquierda "edulcorada" de Sumar para aprobar los Decretos en Consejo de Ministros. El tercer dislate, porque esto no se queda ahí, es que se prohibía la libertad de pactos que permite el Código Civil si fuese para mejorar las condiciones del arrendador. Es decir, ni siquiera podría el arrendatario renunciar a parte de esa desproporcionada indemnización. Y para rematar, el socio Sumar lo dejó bien atado reduciendo la posibilidad de que el arrendatario rechazase la prórroga a que no aceptara una renovación con renta a la baja indexada a la referencia que marque el Gobierno. Por tanto, si la rechazase por habérsela subido, tendría derecho a indemnización.

Control de precios. La renta se actualizaría cada año según medida que se pacto o, en ausencia de su detalle, el índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda. Ahora bien, si no existiera acuerdo expreso entre las partes directamente no habría actualización y una vez más se beneficiaba al inquilino. Además, en zonas tensionadas (donde existe un desequilibrio grave entre oferta y demanda) tampoco se podría subir en función del precio de los últimos cinco años. Tampoco se le podrían repercutir cargas e impuestos al arrendatario si no estuviesen antes. Sobre la existencia de daños y desperfectos en la vivienda, el arrendatario podría reclamar y si no pagase el arrendador podría gestionarlo por su propia cuenta y deducirlo de sus mensualidades de alquiler. Esto no tiene en cuenta las posibles discrepancias respecto a qué deba ser reparable ni las circunstancias de los defectos producidos ni mucho menos la imputabilidad. En caso de venta del inmueble, se reservaría el arrendatario un lógico derecho de tanteo o retracto de 30 días naturales. Finalmente, se endurecía el régimen sancionador.

Medidas fiscales y tributarias. En materia de IRPF se iban a aplicar reducciones al arrendador desde el 70% hasta el 100% en caso de firma de nuevos contratos, no fuese gran tenedor y rebajase el precio en más de un 5%. Otras circunstancias que modulaban los porcentajes serían seguir el sistema de precios del Ministerio, alquilar a jóvenes de entre 18-35 años, contrato previo de al menos 5 años y zonas tensionadas. Por estas últimas, en aplicación de la Ley 12/2023, se entienden aquéllas en donde el coste medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos del hogar ó tres puntos el IPC regional en 5 años. En cuanto a los arrendatarios, se deducirían el alquiler si su base imponible fuese inferior a 33.000 €. En dicho importe, evidentemente, no computarían ni el IMV ni prestaciones sociales ni becas, pero tampoco en el de los propietarios ni las ayudas a rehabilitación ni la ganancia patrimonial que obtuviesen por venta si el inmueble lo adquiriese un organismo público. Respecto al IVA, se aplicaba un tipo reducido del 10% a los costes de reparación y un superreducido del 4% para entrega de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida. En cuanto a los alquileres turísticos que estaban exentos de pagar IVA, se iba a establecer del 10% cuando se barajaba el 21%. En Haciendas Locales, los Ayuntamientos podían subir el IBI a edificios de uso residencial desocupados que no estuviesen en zona tensionada con hasta un 50% de recargo y 100% si permaneciesen más de 3 años. Esto, que constituye más otra medida de presión que de fomento, la podían imponer en sus ordenanzas fiscales salvo alegaciones del contribuyente ya tasadas en el texto del RDL. Esto probablemente sería más un arma política que instrumento económico dependiendo del color del gobierno municipal. Por otra parte, se actualizaban coeficientes del IVTNU (plusvalía municipal). Finalmente, se reordenaba la fiscalidad de las SOCIMI, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Ley 11/2009) con un gravamen especial que iba del 15% al 100% de sus beneficios si no se reinvirtiese en vivienda asequible. En resumen, afán confiscatorio.

Parque público de vivienda y otras medidas. Sobre el parque público estatal, preveía la cesión de inmuebles a la entidad pública Casa 47, creaba el Fondo de vivienda de impacto social con el objetivo de financiar proyectos y se limitaban los precios de venta de VPO para que no superasen el 30% del precio medio con todos los gastos asociados. Sobre préstamos y avales destacaban dos. Primero, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial se concederían avales de hasta 2.000 millones de euros a promotores públicos y privados, adquiriendo la condición de créditos ampliables en los Presupuestos Generales del Estado. Segundo, se creaba el mecanismo Tu casa como un préstamo complementario en el acceso a primera vivienda habitual. Sólo se devolverían en un plazo de diez años cuando ya se haya pagado toda la hipoteca (máximo 30 años). Cubriría hasta el 20% del valor de la Vivienda con un importe máximo de 50.000 euros. Así que esto supondría un crédito importante con el Estado que dependería de la capacidad de ahorro de estas personas. Finalmente, sobre planes de ahorro la Cuenta ahorro individual e Inversión financia Europa eran dos instrumentos regulados de forma muy restrictiva y remitiéndose a desarrollo reglamentario. Serían planes a largo plazo pero con límites de  aportaciones de 5.000 al año la primera y 10.000 la segunda con máximo total de 150.000 euros. Se prohibía expresamente invertir en Sociedades de mercado inmobiliario (que no falte ahí tampoco el señalamiento). Sólo se podría en activos declarados elegibles por la CNMV, con un 70% al menos en países del Espacio económico europeo y no menos de 50% en renta variable.

Reacciones en la votación

La oposición representada por PP y Vox manifestó su rechazo aludiendo que los Decretos Leyes apuntalaban ofensivas a la seguridad jurídica, propiedad privada y con medidas confiscatorias. Hernández Quero de Vox denunció la disminución brutal de oferta en estos ocho años y las políticas contradictorias de control de precios, argumentando que sólo se le ocurre al Gobierno subsidiar la demanda y con ningún plan con los propietarios. También señaló los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y su compañero Figaredo recalcó el fracaso de viviendas sociales entregadas. De hecho, hace poco se conoció que el Gobierno desvío el 21% de un plan de viviendas sociales financiado Por Europa para pagar pensiones y que se une a que aquí sólo existe un 2% frente a la media de 9% en la UE. Por su parte, Bravo Baena del PP recalcó la improvisación del PSOE por no ser capaz ni de explicar a los medios los Decretos, así como la necesidad de construir vivienda y dotar de más seguridad jurídica a empresas, propietarios e inquilinos para finalizar en clara clave preelectoralista. El regionalista UPN confirmó su voto negativo acusando al Gobierno de pactar con la extrema izquierda en lugar de tramitar una Ley con sus plazos y enmiendas.

Desde el PNV se aseguró que se votaría a favor del primer Decreto con un "sí crítico" y que se rechazaría el segundo. Hace más de un año que este socio desconfía, pero en este tema no deseaba quemarse y temía más a un sorpasso de Bildu. Más que nada porque pese a haber apoyado disolver las cámaras en otras ocasiones y considerar la legislatura más que amortizada, unas elecciones anticipadas tras tirar ambos Decretos sería una bomba electoral. En un espectro parecido pero en Canarias, CC admitió el mismo sentido de voto pero aclarando que lo hacía para parar la presión turística echándole la culpa a los "fondos buitres" y que era necesario acordar unos mínimos.

En el caso de Junts existía también miedo a elecciones pero por otro motivo: el riesgo de que se frenase la amnistía de Puigdemont tras corregir el Tribunal Constitucional al Supremo. Sólo ese logro les ayudaría a cortar una sangría demoscópica brutal aún no presentándose Alianza Catalana a las eventuales Generales anticipadas. Así que finalmente optó por el doble voto en contra creyendo que Sánchez no activaría aún la palanca. Adujo que ambos Decretos ahogarían la oferta y encarecerían aún más los precios aparte de señalar a los pequeños propietarios de Cataluña. En eso coinciden con PP y Vox, pero en discurso en catalán desde el atril del Congreso Miriam Nogueras añadió que no se penalizaba lo suficiente a los "fondos buitre". A su juicio podían seguir especulando (comprando con descuento inferior al 30%) y desde su formación no cederían al "chantaje ideológico de los extremos". Así que su oferta fue retirar el primer Decreto y negociar para uno nuevo que no fue aceptada. En respuesta, la ministra Rodríguez aludió a qué, según una cláusula, el derecho civil catalán podría regular sus propias normas al respecto y que no se aplicaría el Decreto a Cataluña, lo que añadió una capa más de surrealismo a la promoción del voto positivo.

El resto de independentistas afirmaron desde el principio que aprobarían ambas normas. Fue especialmente dura la intervención de Gabriel Rufián enfocando su crítica en Junts en modo pre-electoral promoviendo cordón sanitario, mientras que Comuns y BNG (en gallego) tiraron de demagogia culpando de desahucios dramáticos... al PP. Pero la palma se la llevó Compromís acusando a los diputados del "no" de inducir a, digamos, "poner fin a su trayectoria vital" a millones de personas. Bildu, en un discurso mixto vasco y castellano, apuntó al PNV y enfocó la continuidad del inquilino como "seguridad" para el propietario interpretando que nunca iban a existir casos problemáticos. En los partidos de ámbito estatal, Podemos se reservó un tiempo para pensarlo por si los consideraba insuficientes, pero finalmente anunció su visto bueno el 1 de octubre tras conversaciones con el "sindicato". Y hablando de sindicatos auténticos y no disfrazados, UGT y CCOO declararon su apoyo y animaron al Congreso a convalidarlos. Tanto estos como el otro remataron con un aliento a una huelga general antes y después de las votaciones.

Conclusiones generales: la política de vivienda

El rechazo a estos dos Decretos Leyes ha confirmado que, a día de hoy, la vivienda se ha convertido en una política pública en la que la urgencia social, las diferencias ideológicas y la aritmética parlamentaria dificultan cada vez más la construcción de acuerdos estables. En este episodio podemos distinguir tres problemas relacionados: 

Primero, la dificultad de alcanzar un consenso sobre el diagnóstico. Aunque exista una preocupación compartida por el acceso a la vivienda, no se alcanza acuerdo ni sobre sus causas ni sobre las soluciones. El Gobierno y la izquierda pone el acento en la protección del inquilino, la restricción de la inversión inmobiliaria y la intervención sobre los precios, mientras que la oposición en la escasez de oferta frente a una demanda desmesurada, la inseguridad jurídica y los incentivos para los propietarios. Así que si el diagnóstico es diferente, las medidas que cada partido considere aceptables también lo serán. Segundo, la negociación parlamentaria sometida a la presión política. La división del paquete en dos decretos permitía separar medidas de distinta naturaleza, pero no ha sido suficiente para garantizar su convalidación. El rechazo de ambos textos evidencia que las negociaciones previas (si es que existieron) no consiguieron reunir los apoyos necesarios. Ahora bien, convendría distinguir entre la presión legítima que ejercen los partidos para defender sus posiciones y una dinámica en la que las amenazas, los ultimátums o la vinculación con otras cuestiones terminan dificultando e incluso reventando los acuerdos. Y tercero, la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas. Cuando las medidas se convierten en instrumentos de negociación entre partidos y cada votación se vincula a la supervivencia política del Gobierno, resulta más difícil garantizar una política estable a largo plazo. Esto afecta a los inquilinos, pero también a propietarios,  promotores y administraciones que necesitan planificar inversiones a varios años vista.

Conclusiones particulares: detrás de la estrategia

Legitimar a los inquiokupas, derivar responsabilidad y deudas en las CCAA, expropiación simulada de viviendas, ahogar inversión privada inmobiliaria, desincentivar alquileres, restringir operativas de planes de ahorros, préstamos a pagar al Estado desde diez años vista... Me viene a la cabeza la frase de Torrente en Operación Eurovegas: "es un plan perfecto. Sin fisuras". Estas medidas tendrían todos los visos de ser inconstitucionales. Con todo, pienso que hasta el propio Gobierno lo sabía, pero siempre podía contar con el visto bueno de un TC controlado. Sin embargo, el punto es que realmente no se trataba de una normativa urgente para solucionar problemas que requiriesen reacciones urgentes. El motivo sería aprovechar una ola de indignación social para politizarla, cubrir con esa capa todo lo que está sucediendo en Ceuta y la relación con Marruecos y de paso silenciar mediáticamente el avance de las investigaciones de presunta corrupción relativas a los casos de Zapatero y Leire Díez. Sólo así se explica redactar de forma tan acelerada y someter a votación en menos de 48 horas, sin que la propia Ministra de Vivienda acuda preparada a la rueda de prensa.

Así que el relato ya era claro. Fomentar un entorno extremadamente polarizado para que la situación estallase y aprovechar la referencia individual perfecta para su electorado. ¿Un joven sin acceso a vivienda? No. Una mujer de avanzada edad, jubilada, pensionista y de Madrid. Tirar de populismo es un recurso menos complejo en política que la aplicación racional de soluciones a problemas. Quizá supieran que no iban a pasar el filtro del Congreso pero, en un momento en que todo va en barrena y cada vez está más solo el Gobierno en la UE, vieron la oportunidad de que la crispación social y política abriese una ventana de oxígeno. A eso también contribuye Sumar instigando a quedarse con la cara de los diputados que votaron No. Pero como en todo movimiento de Sánchez, con ese Gobierno Frankenstein del que ya hablaba en 2018, no se da puntada sin hilo y sin plan "B". Y es entregarle a la oposición el relevo como Gobierno acompañado de una sociedad indignada y calles incendiadas por la extrema izquierda. Sin olvidar a la nueva tele del 'System Contreras', la Séptima, como heredera de TVE.

El Gobierno Sanchista ya hace tiempo que dejó la vía socialdemócrata para abrazar al radicalismo como doble estrategia. Primero, para tratar de subsumir al electorado a su izquierda y liquidar a sus competidores, pero al mismo tiempo darles algún respiro para evitar que sus incondicionales se abstengan (tema vivienda). Segundo, reivindicándose como escudo frente a la "ultraderecha" en la que etiqueta a absolutamente todo el opositor a su programa. Con semejante vacío de contenido del término más la perversión del lenguaje en comunicación formal e informal, el ejecutivo de Pedro Sánchez no vacila en pasarse de frenada con una autopercepción de impunidad sin límites. Pero con una mayoría negativa tan consolidada ya en esta espeluznante legislatura, nadie con un mínimo de raciocinio y sentido crítico, aunque fuese simpatizante socialista, no la daría ya como totalmente agotada.

martes, 3 de febrero de 2026

La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley que no se supeditan a la potestad reglamentarias y son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Los Decretos Leyes han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 se centraron en la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se sumó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, aunque añadiendo los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía y sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el eje central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de (una vez más) las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.

viernes, 25 de julio de 2025

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

lunes, 27 de agosto de 2018

Un Decreto Ley para Franco y el Valle de los Caídos

El pasado sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley del Gobierno Sánchez por el que circunscribe la funcionalidad del cementerio del Valle de los Caídos a albergar los féretros de todos aquellos que perdieron la vida por causa de la Guerra Civil (1936-1939). Sin mencionarse, evidentemente se hace con la intención de que el del dictador Francisco Franco salga de ese espacio en el que conviven tanto nacionales como republicanos y muy cerca de su lugar el de José Antonio Primo de Rivera. En resumen, lo que se conoce técnicamente como exhumación.

¿Por qué un Real Decreto Ley si la Constitución Española circunscribe el recurso a este modelo en casos de urgencia y extrema necesidad? ¿Qué prisa hay cuando han pasado más de 40 años desde la muerte de Franco y después de 23 años de socialismo no se ha llegado a materializar nunca? En el fondo, tiene sentido si recordamos que ya van 7 Reales Decretos Leyes en los 3 meses que lleva este gobierno en el poder. Todos ellos para limpiar RTVE y diseñarla a su gusto, universalizar la sanidad pública gratuita para inmigrantes sin permiso de residencia, adaptar la legislación a la normativa comunitaria de protección de datos, nueva oferta de empleo público sin negociar con sindicatos ni nada, pacto de violencia de género sin debatir con los parlamentarios, programa de activación del empleo y el presente. La única que veo lógica en su urgencia es la de protección de datos, mientras que en la mayoría se evita claramente huir del debate parlamentario y controlar la televisión pública expulsando a sus no afines (Sergio Martín, Javier Cárdenas...).

El Decreto Ley, que también pueden dictar los gobiernos de muchas CCAA, tiene la particularidad de que la intervención del Congreso de los Diputados se resume a aprobar si sí o si no, sin que exista ninguna posibilidad de enmendar la norma a no ser que sea rechazada por mayoría absoluta. En ese supuesto, se tramitaría como Ley. Pero no va a darse el caso, ya que es de lo poco en lo que el PSOE puede ponerse de acuerdo con Podemos y separatistas.

Creo que sería justo que el Valle de los Caídos responda a su nombre y sólo haya tumbas de personas fallecidas durante la Guerra. Pero se ha de hacer de otra forma, con una Ley moderna y negociada y debatida por todas las fuerzas políticas representadas. Se echa en cara que el mantenimiento del lugar cuesta 11 millones de euros (los cuñaos de las redes sociales), creyendo que es única y exclusivamente por el cadáver de Franco. También se alude que el dictador no merece que exista un mausoleo para su homenaje, cuando es evidente que allá donde lo trasladen sus familiares (guste o no), seguramente sea donde vayan sus nostálgicos o admiradores.

Por cierto, que yo mismo estuve allí en ese lugar hace unos años. En 2012, concretamente. Ví la basílica y las lápidas de las tumbas más populares, que ya he mencionado. Y sí, había gente que miraba con cierta admiración ambas y especialmente una de ellas. La otra, precisamente pertenece al personaje histórico del que más mentiras se han pronunciado en la historia. Tantas, que se hace difícil clasificarlo, más aún con las interpretaciones que hacen hoy día ciertos seguidores en redes sociales que distan mucho de votar a la derecha. Sí, es José Antonio Primo de Rivera. Al que los podemitas quieren expulsar también pero el PSOE ha dicho que de eso nada, que fue una víctima más de la Guerra. Asesinado por milicianos republicanos al igual que lo fuera Calvo Sotelo, líder de un partido de la oposición en la última legislatura de la II República.

Pero esa memoria no interesa a la rancia izquierda española. Se tiene que pasar página y enterrar cualquier recuerdo con ETA y sus 300 crímenes sin resolver, pero no se puede optar por reconciliar a la sociedad española después de la exitosa época de la Transición. El PSOE acierta en que sólo se mueva a Franco, pero esta no es la manera apropiada de hacerlo y tampoco la de quitarle el sambenito al Valle de los Caídos. Lo que sucede, evidentemente, es que los Reales Decretos Leyes son la única herramienta que tiene el gobierno Sánchez para hacer las cosas rápidas, sin contar con nadie, copar algunas noticias mediáticas y dar la sensación de que está haciendo mucho cuando realmente no es así.

Y hay que recordarles una vez más que siguen con los presupuestos del PP, los que (en palabras textuales de Rajoy) se va a tener que seguir comiendo con patatas. Y dudo muchísimo que con toda la manada de independentistas y marcas podemitas sean capaces de consensuar unos presupuestos para 2019.