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jueves, 12 de noviembre de 2026

Entrevistas de precampaña 2026: los candidatos ante los medios

A las puertas del inicio oficial de la campaña de las Elecciones Generales del 29 de noviembre (mañana mismo), los principales candidatos han intensificado su presencia en los medios de comunicación para presentar sus propuestas, defender sus respectivas trayectorias y marcar distancias con sus adversarios. Entrevistas en televisión, radio y prensa que han permitido conocer no sólo sus prioridades políticas, sino también sus estrategias electorales, sus contradicciones y sus posibles líneas rojas ante la formación del próximo Gobierno.

En este artículo repasamos las intervenciones más relevantes de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau, Irene Montero, Miriam González y Luis «Alvise» Pérez durante las semanas previas a la campaña. El objetivo no es elaborar una simple recopilación de declaraciones, sino contrastar sus planteamientos y valorar, desde una perspectiva liberal de derechas e independiente de cualquier formación, la coherencia de sus propuestas, su viabilidad y el modelo de país que defienden.

Este análisis sirve, además, como antesala de nuestra cobertura electoral: mañana abordaremos el arranque oficial de la campaña y el próximo 20 de noviembre examinaremos los debates, los principales mítines, las nuevas encuestas y las entrevistas del pódcast The Wild Project.

Pedro Sánchez (PSOE) 

Sánchez acudió el 22 de octubre a La Revuelta, donde defendió su continuidad al frente del Gobierno y abordó algunos de los principales problemas de la legislatura. Reconoció que los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos habían supuesto una «decepción doble», aunque separó esa responsabilidad de los procedimientos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, David Sánchez, condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, mediante una sentencia recurrida. Se limitó a defender la inocencia de ambos. Respecto a la crisis de Ceuta, admitió que pudo haberse gestionado mejor, mientras que en materia de vivienda reclamó una mayoría parlamentaria más amplia para impulsar nuevas medidas de intervención en el mercado. Sin embargo, el reconocimiento de errores no vino acompañado de una asunción de responsabilidades ni por las polémicas ni por la gestión de políticas públicas. Una actitud que, a mi juicio, refleja una constante de su discurso: admitir determinadas deficiencias sin cuestionar la responsabilidad del Gobierno que preside ni extraer consecuencias políticas de ellas. Tal vez por ello rechazase acudir a la entrevista de El Hormiguero y en consecuencia recibiese una dura (y muy merecida) crítica de Pablo Motos retratándolo.

Posteriormente, fue entrevistado en el nuevo canal La Séptima por Javier Ruiz, en un ambiente y conversación con marcado componente de mitin electoral. Circunstancias que no me extrañan nada tratándose del conductor que era. Sánchez apeló a una «movilización histórica» para reeditar una mayoría progresista, poniendo como referencias los recientes resultados electorales de Estados Unidos y Brasil. También recurrió a la corrupción para contraatacar al PP, reclamando que la Justicia investigue los pagos de la defensa de Koldo García y exigiendo explicaciones a Feijóo por la reunión entre el abogado del partido y el propio Koldo. En vivienda, defendió la regulación del mercado inmobiliario y la construcción de más vivienda protegida a precios asequibles, responsabilizando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox de obstaculizar la aplicación de la ley. Una explicación que, desde mi perspectiva, deja en segundo plano la responsabilidad del propio Ejecutivo en los resultados de su política de vivienda, marcada por una regulación contraproducente y un catálogo de promesas recurrentes que siguen sin materializarse. Resulta difícil presentar la falta de mayorías parlamentarias o la resistencia de otras administraciones como explicación suficiente cuando, después de años de Gobierno, los problemas estructurales del acceso a la vivienda continúan sin resolverse.

Alberto Núñez Feijóo (PP) 

Feijóo aprovechó sus entrevistas en Más de uno, de Onda Cero (27 de octubre), y en Al Rojo Vivo y El programa de Ana Rosa (3 de noviembre), para presentar al PP como alternativa de Gobierno y cuestionar la gestión del Ejecutivo, especialmente en materia migratoria y ferroviaria. Se comprometió a aprobar los Presupuestos Generales de 2027 y, en caso de no conseguirlo, convocar elecciones. Respecto a pensiones, defendió mantener su actualización anual conforme al IPC, aunque sin concretar nuevas medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sobre la crisis de Ceuta, prometió hacer públicos los informes del CNI y reforzar la protección de las fronteras. Respecto a la situación de la red ferroviaria, anunció una auditoría de los sistemas de seguridad y un plan de choque con recursos extraordinarios. En vivienda, defendió medidas para aumentar sustancialmente la oferta y entre ellas la modificación de las leyes del suelo y de propiedad horizontal. Posteriormente, en El Hormiguero, anunció su intención de derogar los denominados «decretos Maricarmen» y aprobar una nueva Ley del Suelo y otra contra la ocupación ilegal.

Más allá de su estrategia de confrontación con Sánchez, sus declaraciones dejaron cuestiones relevantes sobre su posible relación de Gobierno con Vox. Feijóo no ha descartado una coalición si los resultados electorales no le permiten gobernar en solitario, aunque insiste en que ambas formaciones mantienen programas y proyectos distintos. Defendió el acuerdo táctico alcanzado en el Senado como una «respuesta adulta», pero reivindicó que PP y Vox siguen siendo partidos diferentes, con programas y papeletas separados. En El Hormiguero reiteró que el acuerdo no implicaba una negociación de cargos ni una coalición previamente pactada. En materia de igualdad, marcó distancias con Vox al rechazar expresamente una modificación de la Ley contra la violencia de género, pese a las exigencias de esta formación, aunque anunció que el Ministerio de Igualdad quedaría integrado en otro departamento más amplio. Respecto a las pulseras telemáticas para maltratadores, propuso trasladar su control al Ministerio del Interior y reforzar el seguimiento de las víctimas, en respuesta a la polémica por los fallos detectados en estos dispositivos.

Finalmente, en el programa de Pablo Motos también permitió conocer algunas de sus propuestas en materia sociocultural. Feijóo anunció que reformaría la Ley de Eutanasia para reforzar el papel de los cuidados paliativos y revisar determinados aspectos de su aplicación, aunque sin eliminar el derecho a solicitarla en los supuestos legalmente previstos. También manifestó que no pretende modificar la Ley del Aborto y distinguió, en el caso de las menores de 16 y 17 años, entre el conocimiento de los padres y la exigencia de su consentimiento. Por otra parte, defendió modificar la Ley Trans para suprimir la autodeterminación registral basada exclusivamente en la declaración de voluntad e introducir informes de profesionales sanitarios. Asimismo, propuso establecer categorías deportivas atendiendo al sexo biológico y preservar espacios diferenciados en ámbitos como las prisiones y los vestuarios. Considero razonable revisar estas cuestiones para buscar un equilibrio entre los derechos individuales, la seguridad jurídica y la protección de la privacidad y seguridad de  las personas. Ahora bien, cualquier reforma debería garantizar también la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de las personas trans.

Santiago Abascal (Vox) 

Abascal ha trasladado un discurso especialmente duro contra el Gobierno en sus intervenciones mediáticas, con la estrategia de presentar a Vox como la única alternativa real a la continuidad de Sánchez. En su entrevista a El Mundo, apostó por la repatriación inmediata de quienes entren ilegalmente en España y la deportación de delincuentes. Sin embargo, esa propuesta de «remigración» (que apoyan fuerzas como AfD en Alemania o Reagrupamiento Nacional en Francia) es más que discutible si se hace sin el respeto a las garantías jurídicas mínimas que establece Europa, por mucho que nos parezca lógico. Así que deja bastantes dudas más allá de un mensaje que puede sonar populista. También propuso una auditoría completa del gasto público con la intención de suprimir partidas destinadas a agendas ideológicas y reorientar esos recursos hacia seguridad, sanidad, educación e infraestructuras. En su relación con el PP, defendió el gesto mutuo en el Senado y reclamó a los populares que no voten «a medias» si realmente quieren propiciar un cambio político. En Más de uno, de Onda Cero, volvió a subrayar la «prioridad nacional» como línea roja y defendió la despolitización de instituciones como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o RTVE. Por lo demás, repitió buena parte de los argumentos ya expuestos en otras declaraciones. Sin embargo, hubo una cuestión en la que, a mi juicio, evitó afrontar con claridad una contradicción: el modelo de capitalización mixta que Figaredo había esbozado en declaraciones públicas. Abascal no lo explicó ni lo defendió, y se limitó a reconocer que los pensionistas tienen «derechos adquiridos». Recordando su conocido reproche de «la derechita cobarde» al PP, quizá Vox debería revisar primero sus propias declaraciones antes de señalar quién puede ser más cobarde de los dos.

Pero la entrevista más polémica fue la de La Revuelta. Pudo confirmarse que el equipo de Abascal solicitó intervenir en la gestión de la asistencia del público habitual ante la previsible hostilidad que podía encontrar el invitado. Pero esa sólo fue la primera controversia. El encuentro terminó alejándose del tono habitual del programa y se convirtió en un intercambio especialmente tenso. La impresión de muchos es que Broncano reflejó palmarias dificultades para conducir una entrevista política de estas características, con repetidas vacilaciones y momentos de nerviosismo, mientras que Abascal se desenvolvió como político. El líder de Vox defendió sus posiciones sobre inmigración, las leyes de género y su política exterior. En este último ámbito, reveló que había pedido a Israel que no reconociera una eventual independencia de Cataluña y reafirmó su posición con una frase significativa: «Tenemos aliados, no somos vasallos de nadie».

Ada Colau (Frente Amplio)

Colau defendió en Onda Cero una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, con un impuesto para penalizar la especulación y medidas para movilizar viviendas hacia el alquiler asequible. También reclamó responsabilidades políticas por la crisis ferroviaria y criticó al PSOE por considerar insuficientes sus políticas de vivienda. Otra intervención fue en Nueva Economía Fórum, donde expuso su propuesta de impuesto y revisión de desgravaciones a grandes fortunas, su rechazo a aumentar el gasto militar y su postura de que España reformule su política exterior como orientada a la paz. Esto implicaría reducir considerablemente el presupuesto en Defensa y, por tanto, incumplir nuestras obligaciones comunitarias con la UE y la OTAN. Finalmente, en La Revuelta volvió a hablar de su temas estrella y sostuvo que trece fondos e inmobiliarias concentran más de cien mil viviendas. Esta cifra es respaldada por el propio Ministerio de Consumo, pero sin precisar su distribución territorial, sus condiciones ni cuántas son propiedad de esas entidades o si sólo están bajo su gestión. Conviene señalar, además, que se trata de viviendas destinadas al alquiler, por lo que su existencia no demuestra por sí misma que estén vacías ni retenidas con fines especulativos. También tuvo espacio para hacer gala del "patriotismo impositivo" de la izquierda: aseguró que existen "33 milmillonarios" y mencionó expresamente a Florentino Pérez. En resumen, sus intervenciones mostraron sus intentos de diferenciar a FA frente al PSOE, sin renunciar a la posibilidad de un Gobierno progresista.

Considero que el principal problema de su discurso es que vuelve a presentar el intervencionismo y la presión fiscal como respuestas prioritarias a problemas que también exigen aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y proporcionar seguridad jurídica a propietarios e inversores. La especulación puede merecer medidas específicas cuando existan prácticas abusivas, pero convertir a los grandes propietarios y fortunas en protagonistas recurrentes del debate corre el riesgo de desplazar la atención de las reformas estructurales que necesita el mercado inmobiliario. En materia fiscal, combatir la desigualdad no ha de confundirse con considerar sospechosa la acumulación legítima de riqueza. Los titulares de grandes patrimonios también pueden contribuir a la prosperidad colectiva a través de la inversión, la actividad empresarial, la creación de empleo y sus obligaciones tributarias. Una cosa es debatir sobre la progresividad fiscal y otra muy distinta convertir a los empresarios más ricos en protagonistas de un discurso que resulta más efectista que constructivo. Por cierto, conviene recordar que, según los datos del IRPF de 2024 recogidos en un gráfico de la Universidad de las Hespérides, las declaraciones con rentas superiores a 60.000 euros representaron aproximadamente el 9% de las declaraciones con cuota, pero concentraron más del 44% de la cuota total del impuesto. Un dato que invita a cuestionar el manido discurso de que las rentas altas apenas contribuyen a las arcas públicas.

Irene Montero (Podemos) 

Montero participó junto a Gabriel Rufián en La Revuelta, donde ambos abordaron la vivienda, la inmigración y la fragmentación de la izquierda. Montero defendió la necesidad de mantener un espacio político propio frente al PSOE y justificó la alianza con ERC como una vía para construir una izquierda capaz de negociar con los socialistas sin renunciar a sus posiciones. Posteriormente, en Las mañanas de RNE, insistió en que Podemos no está dispuesto a subordinarse al PSOE y condicionó su apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez a la adopción de sus medidas más ambiciosas, entre ellas la bajada de los alquileres y de los precios de los alimentos, así como mayores impuestos a las grandes fortunas. También defendió la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, dirigiendo sus críticas no solo contra los «especuladores y rentistas», sino también contra el propio Gobierno por su gestión de este problema.

En conjunto, sus declaraciones reflejan una estrategia de diferenciación respecto al PSOE y al FA, con el propósito de reivindicar a Podemos como una fuerza de presión dentro de la izquierda y evitar que el voto útil termine diluyendo su identidad política. Sin embargo, mi impresión es que las diferencias entre Podemos y el FA son mucho menos sustanciales de lo que sus dirigentes pretenden transmitir. Ambos comparten una concepción de la intervención pública y del papel del Estado que los sitúa en un espacio ideológico muy próximo. En ese escenario, mi sensación es que el esfuerzo comunicativo de Montero responde tanto a discrepancias políticas como a una permanente pugna por el protagonismo dentro de la izquierda.

Miriam González (Democracia 21)

Miriam González ha aprovechado sus entrevistas en Hoy por hoy, de la Cadena SER, y Las mañanas de RNE para presentar Democracia 21 como una alternativa a la política de bloques polarizados y reivindicándose como fuerza e centro liberal orientada a lo que denomina «limpieza democrática». Ha defendido los acuerdos entre partidos en cuestiones concretas, la independencia de las instituciones y el acceso a los puestos directivos de la Administración por mérito y capacidad frente a la colonización de asesores políticos puestos a dedo. También ha querido distanciarse tanto de la continuidad de Sánchez en el Gobierno como de una eventual entrada de Vox en La Moncloa, dejando claro que no permitiría ni una cosa ni otra. En materia fiscal, considera que los impuestos deben servir para financiar servicios públicos de calidad, pero sin asfixiar la iniciativa privada. En conjunto, su discurso conecta con la reivindicación de la regeneración institucional y de una política menos condicionada por la confrontación partidista. Su principal carta de presentación es que no hace falta tener muchos escaños para condicionar, puesto que entiende que con un parlamento fragmentado cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva. En ese sentido, como posible fuerza bisagra, también ha defendido la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y ha condenado que PP y PSOE se intercambien cromos frente a las advertencias de la Comisión Europea.

Desde mi perspectiva liberal, las propuestas de Democracia 21 en materia de regeneración democrática y modernización del Estado merecen una valoración muy positiva. Sin embargo, mantengo dos reservas que merecerían aclaración. La primera es su rechazo a una eventual participación de Vox en el Gobierno, difícil de justificar únicamente por la pertenencia de este partido a un determinado bloque ideológico, especialmente si obtiene una representación parlamentaria considerable. Considero que debería explicar con mayor precisión los criterios que fundamentan ese veto, del mismo modo que reclama expresamente al PSOE que no pacte con Bildu si podría hacerlo con FA o independentistas. La segunda reserva afecta a las pensiones. Aunque González ha defendido un nuevo Pacto de Toledo, se ha mostrado contraria a lo que denomina «privatización parcial» del sistema por la supuesta «polarización intergeneracional» que generaría. A mi juicio, esa interpretación resulta discutible, porque un modelo mixto de capitalización no equivale necesariamente a sustituir el sistema público de reparto ni a enfrentar a unas generaciones con otras. Son discrepancias relevantes, pero no desvirtúan los puntos de encuentro que mantengo con su proyecto, especialmente en la defensa de unas instituciones independientes, una Administración Pública basada en el mérito y la capacidad y una modernización del Estado desde planteamientos liberales. Ya le dedicamos un post completo en este enlace.

Alvise Perez (Se acabó la fiesta)

El polémico Alvise se presenta como un regenerador antisistema que quiere cambiar las reglas del juego, pero su entrevista en The Objective dejó preguntas importantes sobre la viabilidad de sus propuestas, la organización de su partido y la coherencia entre su discurso y trayectoria. En primer lugar, reconoció lo obvio, el carácter personalista de su formación porque concentra toda la atención mediática aunque lo excusase como algo habitual en los nuevos partidos. También admitió su error con los candidatos de las Europeas al haber priorizado currículos profesionales frente a la confianza y reputación. Recalcó que no busca un simple cambio de políticas sino de sistema institucional, dado que entiende que permite que cualquier Gobierno controle organismos y empresas públicas. Es una de las partes que mejor conectan con su discurso regenerador, pero existe una clara tensión entre su discurso contra la partitocracia y su disposición a negociar con partidos tradicionales sin que explique cómo evitaría reproducir las dinámicas que denuncia.

Sus propuestas políticas se articulan en torno a tres ámbitos: inmigración, seguridad y política exterior. En materia migratoria defiende las deportaciones masivas de irregulares, pero al mismo tiempo sostiene que España debería abrir sus puertas al mundo hispanoamericano por razones culturales, históricas y lingüísticas, así como por su contribución a afrontar el problema demográfico. Parece, por tanto, defender una política migratoria selectiva. En seguridad y justicia propone construir una macrocárcel inspirada en el modelo de Bukele y endurecer las condiciones para acceder al tercer grado y con especial énfasis en los condenados por corrupción. En política exterior se manifiesta partidario de abandonar la Unión Europea porque entiende que perjudica a España en beneficio de los intereses de Francia y Alemania. Pero lo más sorprendente no es eso, sino su propuesta de avanzar hacia unos «Estados Unidos de Hispanoamérica», una unión política, económica y militar con países latinoamericanos. Es una idea que ya abordamos parcialmente en un artículo anterior, si bien sólo como una reflexión y sin llegar a plantearla en términos tan ambiciosos.

Tampoco resolvió algunas polémicas. Quiso dar explicaciones sobre los 100.000 euros recibidos de Sentinel antes de las elecciones europeas, sosteniendo que, según su versión, se trató de un pago por una actividad profesional, declarado fiscalmente y ajeno a la financiación de la campaña. Una excusa que, francamente, resulta difícil de conciliar con su discurso contra las subvenciones y la financiación pública de los partidos. Finalmente, la afirmación de Alvise de que las ideologías sirven para engañar y dividir resulta, a mi entender, una falacia de libro. Las ideologías no son necesariamente instrumentos de manipulación, ya que representan distintas concepciones sobre el Estado, economía, la libertad, seguridad o la organización territorial. Pretender que esas diferencias desaparezcan no significa superar la política, sino evitar explicar qué modelo se quiere construir. Y esa es precisamente otra de las cuestiones que su entrevista deja sin resolver. 

Conclusiones

Las entrevistas de precampaña han permitido comprobar que las Elecciones Generales del 29-N no se dirimen únicamente entre la continuidad de Pedro Sánchez y la posibilidad de una alternancia política. También están en juego diferentes concepciones sobre el papel del Estado, la política económica, la vivienda, la inmigración, los derechos individuales, la organización institucional  y la propia manera de entender la acción de Gobierno. Es la lectura que nos ha dado una legislatura convulsa, controvertida y llena de escándalos políticos y problemas que afectan al bolsillo de los ciudadanos: la inflación y el tan mencionado acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez ha centrado buena parte de sus intervenciones en reivindicar su gestión y movilizar al electorado progresista, aunque sus explicaciones sobre la corrupción, la vivienda, la inmigración ilegal, el sistema ferroviario y otras múltiples controversias evidencian una falta de asunción de responsabilidades políticas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tratado de presentarse como una alternativa de Gobierno con propuestas concretas, pero tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a impulsar reformas de calado y a alcanzar acuerdos con Vox sin convertir sus diferencias en una fuente permanente de bloqueo. Santiago Abascal ha mantenido su discurso de ruptura con las políticas del Ejecutivo, aunque algunas de sus propuestas, especialmente en materia económica y de pensiones, necesitan mayor claridad y coherencia.

En el espacio de la izquierda, Ada Colau e Irene Montero comparten buena parte de sus planteamientos intervencionistas, especialmente en vivienda y fiscalidad, pese a sus esfuerzos por diferenciarse del PSOE y entre sí. Mientras tanto, Miriam González ha presentado una propuesta de regeneración institucional y modernización del Estado que merece especial atención desde posiciones liberales, aunque sus vetos políticos y algunas reservas programáticas susciten discrepancias. Finalmente, Alvise Pérez ha insistido en su discurso antisistema, pero continúa sin despejar cuestiones fundamentales sobre la viabilidad de sus propuestas y la coherencia de un proyecto que necesita demostrar que es algo más que una plataforma de movilización en Telegram.

España necesita una alternancia política que aborde reformas institucionales, responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, una economía capaz de generar prosperidad y un Estado eficaz que garantice los servicios esenciales sin invadir innecesariamente la libertad individual. Igualmente, necesita afrontar con seriedad los desafíos territoriales, migratorios y sociales, evitando tanto el inmovilismo como las soluciones simplistas de los populismos tanto de izquierda como derecha.

Pero para que esas reformas sean posibles, los partidos deberán explicar con claridad qué principios defienden, qué medidas están dispuestos a aplicar y qué compromisos asumirían ante sus electores. No basta con que Feijóo asegure que va a aprobar Presupuestos asumiendo que sumará mayoría absoluta con Vox. La política no necesita menos ideología, sino menos dogmatismo y más honestidad para defender las ideas. Porque quien renuncia a explicar qué piensa y qué modelo de sociedad defiende no está superando las ideologías sino evitando el debate. Una cuestión que también ha quedado de manifiesto en la controversia entre Santiago Abascal y Jordi Wild, de la que hablaremos próximamente.

martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

viernes, 28 de noviembre de 2025

La demagogia impositiva contra autónomos y trabajadores

He tenido que recortar el anterior post porque me temo que me había excedido añadiendo temas que realmente daban para otro artículo, así que he trasladado algunas de las ideas al presente y ampliado. En el presente voy a hablar sobre impuestos y autónomos y especialmente sobre la demagogia que se está aplicando para defender la mayor carga impositiva posible en España. Trabajadores y autónomos sufragan con sus sueldos impuestos directos (IRPF, Patrimonio), indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales), especiales (hidrocarburos, electricidad), cotizaciones, tasas, contribuciones especiales... y todo ello para supuestamente sostener servicios públicos y pagar las pensiones. Sin embargo, la realidad nos muestra que el panorama no es el que nos venden. El Gobierno de España utiliza los impuestos para hacer política y también para crear relato, pero merecía la pena dedicar un artículo aparte y analizar qué está afectando a todo empleado y familias.

Más recaudación a costa de la inflación

El gobierno actual de España de PSOE y SUMAR se caracteriza (como toda coalición socialista) por ser altamente intervencionista de la economía, necesitando justificar tanto sus brutales subidas de impuestos como la cantidad de dinero derrochado en sus redes clientelares y en cooperación exterior, donde el feminismo tiene una importancia capital. La Agencia Tributaria ha alcanzado recaudaciones récord en 2024 aproximándose a los 300 mil millones de euros, impulsada principalmente por el IVA y el IRPF. Pero, ¿por qué se ha llegado a esa cifra? Pues no ha sido un aumento automático ni directo ni tampoco se explica por la lucha contra el fraude que se contabiliza aparte sino por algo más indirecto, silencioso y sutil: la inflación.

Sí la inflación producida en los últimos años ha beneficiado precisamente al Estado. El IRPF es progresivo, es decir, si aumentan tus ingresos anuales lo hace también tu carga impositiva. El gobierno presuntamente progresista no ha actualizado los tramos del IRPF ni adaptado mínimos exentos y familiares ni modificado reducciones y deducciones con arreglo la inflación y a los salarios reales. Han aumentado los salarios nominales, eso los sabemos todos. Sin embargo, nada menos que desde 2002 se aplica un límite familiar exento de 8.000 euros que ha permanecido congelado y muchas familias ya no pueden aplicarlo a pesar de que su poder adquisitivo es mucho menor que entonces. Por tanto, la mayor parte del aumento de la recaudación vía IRPF viene precisamente del efecto inflacionario del que el Gobierno se ha beneficiado. Rallo nos lo desarrolla en este video. 

También existe un filón inflacionario con la subida de los precios de la vivienda, especialmente del IVA y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que han encarecido aquéllos de forma enorme. Ahora bien, tampoco hay que olvidar de otros de carácter municipal como el IBI en localidades especialmente tensionadas del que se aprovechan igualmente los Ayuntamientos. Que, por cierto, también se han beneficiado de la tasa de basuras que ha ido aumentando de forma exponencial su importe y en aquéllos consistorios donde gobierna el PP se han excusado en que venía impuesto por Pedro Sánchez por la Ley 7/2022, de 8 de abril y que establecía un plazo temporal de 3 años para que el importe comprendiese todo el coste del servicio de recogida de basuras.

Y por supuesto, otro impuesto que ha olvidado el problema del apagón es el de la electricidad, cuyas bonificaciones sociales son muy limitadas, asfixiando a clases medias y no tan medias para poder sufragar aquéllas. A finales del pasado año el IVA asociado al impuesto eléctrico volvió del 10% al 21% y las perspectivas son de seguir aumentando. 

En resumen, todos los contribuyentes, tanto los de rentas altas como bajas, están pagando más impuestos. La inflación ha degenerado en un empobrecimiento de las clases medias mientras que las arcas públicas se han permitido una mayor recaudación a costa de ese mayor expolio al contribuyente.

Servicios públicos deficitarios y derroche de dinero público

Pero, ¿realmente todo eso es invertido en Educación, Sanidad, carreteras y transporte? Nuestros servicios públicos, ¿están mejor que nunca con tanto dinero? Si ponemos La Sexta y especialmente el programa de La Sexta explica, tanto personas mayores como de mediana edad nos trasladan el mismo mensaje de publicidad institucional de que "los impuestos siempre vuelven" y que "sólo notarás que lo público funciona mejor". Con los años, hemos evolucionado de "Hacienda somos todos" a mensajes que tratan de justificar el aumento de impuestos.

Pues nada más lejos de la realidad. En Sanidad, las colas derivadas de lista de espera siguen siendo de varios meses y la insatisfacción de los ciudadanos es cada vez más creciente incluso después de la época del Covid-19. Incluso se permiten el lujo de llevar más de 4 años sin poner en funcionamiento las máquinas oncológicas, donadas por Amancio Ortega, demostrando la incapacidad logística y formativa de varias CCAA así como su financiación deficiente. En Educación, faltan muchos profesores para tantos alumnos y ni siquiera llegan los fondos europeos para cubrir las necesidades de financiación y ni siquiera las aulas están equipadas con todas las necesidades incluyendo aire acondicionado. Que vergüenza debería dar en mi pueblo San Pedro del Pinatar que haya que votar para esto. Sobre las carreteras, nunca han estado en peor estado con más de la mitad con necesidad de reparaciones y sobre transportes qué decir de la red ferroviaria con un ministro que pasa de todo y no ofrece soluciones a las innumerables incidencias con los trenes que ni siquiera se renuevan. 

Y por si fuera esto poco, el melón que se ha abierto por el derroche de transferencias corrientes, ayudas y subvenciones tanto a colectivos supuestamente feministas como sobre todo a cooperación exterior. Centenares de millones de euros que podrían ser destinados a los servicios deficitarios anteriores salen de España en dirección a otros países. ¿Y con qué tipo de garantía de retorno o repercusión en los españoles o residentes?

La cruzada contra los autónomos

El gobierno socialista ha visto en los autónomos un filón para aumentar la recaudación apoyado en el relato de mantener las pensiones. El Real Decreto Ley 20/2023, de 16 de marzo se aprobó con la intención de aplicar medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la medida más polémica es el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que es un complemento que aumenta la carga de cotizaciones sociales en las nóminas de los trabajadores para destinarse a la "hucha de las pensiones" y que el Gobierno prevé incrementar gradualmente hasta 2030.

Desde este 2025 se ha consolidado un nuevo sistema de cotización propio de autónomos por el cual lo hacen en función de sus ingresos netos reales con hasta 15 tramos. Hasta entonces, lo que había era que cada uno elegía la base y completaba su ahorro futuro con un plan de pensiones privado. Para los pequeños autónomos, ese nuevo sistema de cotización ha resultado ser un alivio, pero en términos generales se ha traducido en un aumento generalizado de las cuotas al tiempo que ha añadido más cargas burocráticas al imponer un sistema contable más avanzado, un software de facturación homologado y la obligación de emitir facturas electrónicas en la aplicación FACe. Estas adaptaciones no siempre son sencillas, pues para el avance y adaptación en digitalización muchos profesionales del sector servicios afirman no estar preparados por falta de herramientas, formación y tiempo. 

Más recientemente, el Gobierno anunció un plan para incrementar en 2026 y de forma brutal la cuota de los autónomos y lo hizo de tal manera que las quejas producidas le sirvieron para aplicar su plan B o realmente el que tenían pensado para así parecer que fuesen indulgentes. El caso es que esa aparente marcha atrás es ficticia porque la planificación de cara a 2030 es de seguir aumentando. Los autónomos están hartos de que sumado a sus liquidaciones trimestrales del IVA tengan que abonar una cuota cada vez mayor y que en los próximos ejercicios terminará subiendo igual. Así por ejemplo, algunas encuestas remarcan que pese a haberse incrementado la facturación durante 2025, una mayoría abrumadora afirma sufrir una carga fiscal asfixiante.

El afán recaudatorio del Gobierno se complementa con la reciente proposición de Ley presentada por el PSOE para que los profesionales mutualistas, es decir, los colegiados como abogados, médicos o procuradores, sean absorbidos por el RETA suprimiendo la alternativa que existía a cotizar bien en la Seguridad Social como autónomo ó en su mutua. Desgraciadamente, sólo Vox se ha posicionado en contra de esta medida antiliberal mientras que el PP ha pasado de defender la abstención a apoyarla. Lo que está detrás de esto es que los mutualistas que cotizan poco porque ingresan poco son la minoría que ha presionado para suprimir la libre elección y absorber a todos.

Pero lo que no habíamos visto venir es que en los medios afines se atreviesen a reinterpretar la mala noticia de que cada vez hay menos autónomos en España como una buena noticia, inventándose una falacia de conexión ilógica asociando la anterior como consecuencia de una mayor estabilidad laboral. Hay que matizar que, en realidad, al revés si es más probable que el trasvase se produzca. Es decir, la incapacidad de encontrar empleo por cuenta ajena sí estaría relacionado con crear un autonegocio unipersonal. Sin embargo, tantos palos en la rueda que introduce el Gobierno a base de impuestos y cotizaciones está restringiendo en la práctica poder ser autónomo si puedes permitirte contratar a alguien.

Los youtubers de Andorra y los funcionarios como cortinas de humo

Los youtubers españoles que residen en Andorra son acusados por el Sistema Contreras de evadir impuestos por el mero hecho de irse a vivir allí. Incluso a personas que no hablan de política ni son españoles como Coqui, que tiene un canal de cocina a un estilo más avanzado que Roro. La película a este respecto es que la monetización de estos creadores de contenido que ganan mucho dinero al tener cientos de miles de suscriptores y millones de visualizaciones recibe en España la tributación máxima del IRPF que es de un 45% para ingresos brutos anuales superiores a 60.000 euros y 47% si supera los 300.000 euros. Por el contrario, en Andorra el impuesto equivalente es de un 10% a partir de 40.000 anuales. Lo que no cuentan programas como los de la Sexta ni esas cuentas de redes sociales que hablan sin saber repitiendo mantras son varias cosas. 

Primero, que si esos creadores de contenido como UTBH, Begoña Gerpe, El Rubius, etc se fuesen a vivir a Francia o Portugal pagarían exactamente los mismos impuestos a España: cero. Sólo les reconcome que tributen menos, no que no contribuyan a engrosar las arcas de Hacienda. Segundo, frente a su estúpida exigencia de que no vuelvan a España a usar sus servicios, olvidan que por ejemplo en Sanidad cualquier prueba médica u hospitalización pública se efectúa en el marco de un convenio del Principado de Andorra con la Sanidad española y en todo caso paga tanto la propia Andorra como el paciente por mediación de su seguro médico privado contratado. Tercero, tanto a estos periodistas al servicio del discurso socialista como a los tuiteros se les olvida el verdadero fraude de las paguitas como subvenciones públicas, de las ayudas sociales como incapacidad y del desempleo. Todos esos últimos, señoras y señores mercenarios o palmeros del Sistema Contreras, todos esos son los auténticos evasores de impuestos y residen en España.

Y ya lo que faltaba es que nos situasen a los funcionarios en el centro de la diana incrementando nuestros sueldos para actualizarlos al IPC. Nada menos que una subida del 11% de los sueldos para los próximos años, pese al continuo bloqueo presupuestario y todo con un triple objetivo. Primero, para calmar a los sindicatos y que sigan pensando en tonterías y perdiendo el tiempo en causas que no nos afectan como Palestina; segundo, para intentar comprar nuestro voto cuando no mantener a raya a un colectivo que mayoritariamente suele ser más afín que detractor (aunque existen excepciones como yo mismo) y tercero, para dirigir las iras de autónomos y trabajadores contra los empleados públicos. Francamente, los funcionarios ya tenemos nuestro estatus de privilegiado que nuestro esfuerzo y dinero nos ha costado como para que se nos congele el sueldo mientras que el poder adquisitivo de las clases medias siga en caída. A todo esto se le une el continuo incremento del personal empleado público, que obviamente suma también coste y que habría que ver si esos servicios son más eficientes con más recursos humanos frente a otros donde hay escasez. Sí, no me escondo, me defino como funcionario liberal y en este otro post hablé sobre adelgazamiento del Estado y la Administración Pública.

Conclusiones

En resumen, la demagogia impositiva sólo puede sostenerse a través de relatos machacados mediáticamente dado que la realidad desmonta el mayor bulo que el socialismo difunde para tratar de vender sus logros. A costa de la inflación se ha favorecido un mayor crecimiento económico al margen del impacto que ha tenido la inmigración, pero igualmente se ha producido un descenso importante del poder adquisitivo de las clases medias sin que la redistribución ya sea en forma de subvenciones o servicios públicos genere el bienestar esperado. Cuando las estadísticas y las encuestas reflejan un descontento del ciudadano con los servicios públicos, las excusas son que no se está recaudando lo suficiente, que se privatizan (a pesar de que los datos liquiden el relato) o que los malvados youtubers tienen la culpa de emigrar precisamente a Andorra, sin importar que se marchen a Francia o Alemania.

Asistimos a una peor gestión pública cuya percepción se empeora cuando la gente lee que los funcionarios vamos a cobrar más o que se van a destinar millones de euros a cooperación exterior "feminista" al tiempo que los autónomos van cerrando en España porque no pueden soportar la carga de cuotas, declaraciones trimestrales, alquileres de locales, etc, etc.. Luego se preguntan por qué, al margen de la corrupción, en la calle, medios no controlados, las redes sociales y las plataformas de streaming no llega su narrativa. El ciudadano de a pie cada vez cree menos en la utilidad de pagar impuestos y sobre todo las generaciones más jóvenes, por lo que se entiende que su ideología escape de esta izquierda.

viernes, 25 de julio de 2025

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

viernes, 9 de noviembre de 2018

La hipocresía y demagogia sobre el impuesto de las hipotecas

El pasado martes 6 de esta misma semana, una noticia (tal vez esperada) sacudía los cimientos de la indignación en las redes sociales. El Tribunal Supremo, por una ajustada votación de 15 frente a 13 de sus magistrados, ha estimado revocar la sentencia establecida por una de sus salas que entendía que el sujeto pasivo del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la firma de las hipotecas debía de ser la entidad financiera. Esta polémica sentencia confirma que el obligado al pago es el cliente, como en realidad casi siempre ha sido desde que en 1993 entró en vigor mediante Real Decreto Legislativo aprobado por el Gobierno de Felipe González (PSOE).

La mayor indignación ha explotado en los círculos de la extrema izquierda populista (Podemos y sus marcas blancas) y en los independentistas. Unos, llaman a la guerra contra la Justicia y los bancos y montan una manifestación en la calle. Otros, aprovechan el tema para su pantomima separatista. 

Respecto a los primeros, hay que recordar que en Aragón (porque este impuesto se halla cedido a las Comunidades Autónomas) PSOE y Podemos, a iniciativa de este último, acordaron incrementar el impuesto hasta un 50%. Son los mismos partidos que defienden el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones, otro importante robo a la clase media. Y es que a ellos realmente no les importa un pito los hipotecados.

Respecto a los segundos, como Gabriel Rufián, hasta tienen el suficiente rostro de cemento como para aseverar que los "bancos están por encima de la Ley". No, chato. No pueden estar por encima de la Ley cuando ésta dice lo mismo desde hace 25 años. Pero siempre tendrás a tu manada que retuiteará tus mentiras y comparaciones absurdas.

Y ahora es cuando el PSOE, el mismo partido que estableció este impuesto hace 25 años y por el que nadie se ha quejado (de ninguna ideología), decide reaccionar en caliente y contaminado por los impulsos populistas de sus siniestros socios. Al igual que sucede con el SMI. Ahora es cuando Sánchez se erige como salvador del pueblo al anunciar un Real Decreto-Ley para modificar el impuesto y obligar a los bancos a pagar ese impuesto. Así de listo es nuestro presidente por accidente, en lugar de eliminarlo sin más y que no lo pague nadie. Porque convirtiendo a las entidades financieras en sujetos pasivos de ese impuesto lo único que van a conseguir es que se incrementen las comisiones bancarias que... pagaremos nosotros, como clientes. Pero es lo que tiene que la izquierda española demuestre no tener ni pajolera idea de economía, sólo de aplicar discursos cuñadiles y vacíos de contenido.

Otra "polémica" judicial que ha salido esta semana pero sin la misma repercusión es la relativa a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Arnaldo Otegi, que estima que "no tuvo un juicio justo". Nuevamente, ha sido utilizado por Podemos y separatistas para atacar a las instituciones del Estado. En lo que no se atreven a mencionar es que la causa no se fundamenta en la propia sentencia, ni en el funcionamiento democrático de la Justicia ni en la culpabilidad del condenado. Se trata de una recusación de la presidenta del tribunal que no fue estimada. El TEDH entendió que, tras no contestar a una pregunta relativa a si condenaba al terrorismo etarra, responder que "ya sabía yo que no iba a responder" era SUFICIENTE para recusar a la jueza. Juzguen ustedes mismos.