Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas

viernes, 16 de octubre de 2026

Teletrabajo en la Administración Pública: desarrollo desigual en AGE, CARM y Ayuntamientos

En el día de hoy me voy a referir a un tema que debería estar dentro de los programas electorales del 29-N de cara a proteger y mejorar los derechos de los empleados públicos. Desde el punto de vista administrativo, si alguna lección pudo extraerse de la pandemia del Covid-19 fue sin ningún género de duda que las tecnologías debían de facilitar el trabajo y la atención no presencial. Así, en el sector privado, algunas entidades de especial relevancia en distintas áreas como BBVA en el área bancaria, Axa y Mapfre en Seguros o Campofrío en Alimentación han desarrollado sus sistemas de teletrabajo en la medida en que cierta parte de sus procesos de trabajo son viables. En el sector público, que en muchos aspectos ha sido pionero como en derechos de los empleados, no parece haberse generalizado y aplicado del todo. Así que en el presente artículo exploraré los antecedentes y estado de la cuestión en la Administración General del Estado como marco normativo básico y muy especialmente en lo que está pasando en la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. Por último, comentaré y analizaré varias iniciativas de Ayuntamientos de esta misma Región que han aprobado Reglamentos regulatorios del teletrabajo en sus administraciones. Aclaro que no añado municipios como Murcia que disponen de un acuerdo no reglado o Molina de Segura que está pendiente de aprobación definitiva desde abril. Esta triple revisión nos permitirá tener un conocimiento de cómo se encuentra regulado y adaptado cuando la mencionada pandemia es hoy día un triste, mal pero a su vez algo lejano recuerdo.

El modelo normativo básico de la Administración General del Estado

Durante 2020, la Administración General del Estado funcionaba fundamentalmente con las medidas extraordinarias derivadas de la pandemia. El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, introduce el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público, Ese artículo conceptúa el teletrabajo como una prestación de servicios a distancia (fuera de dependencias administrativas) mediante tecnologías de la información, compatible con el trabajo presencial y de carácter voluntario y reversible. Por lo tanto, no es un acceso remoto sin más, sino que se corresponde con una prestación efectiva de servicios públicos. El texto legal se remite al desarrollo ya sea legal o reglamentario y bajo negociación con los sindicatos para, entre otras cosas, determinar criterios objetivos para el acceso a dicha modalidad de trabajo. La norma se refiere a la necesidad de contribuir a una mejor organización del trabajo tanto en identificación de objetivos como en evaluación de su cumplimiento, así como a la igualdad de derechos y obligaciones salvo aquellos estrictamente relacionados con el servicio presencial. Por supuesto, también ha de evaluarse previamente la prevención de riesgos en el domicilio. Las Administraciones serán responsables de proporcionar los medios tecnológicos necesarios, entendiéndose por tales el acceso remoto a las aplicaciones y algún dispositivo como una cámara de vídeo. Lo básico, es decir, el hardware (monitor o portátil) y el lugar apropiado, será responsabilidad de la persona empleada.

En abril de 2021 existían 46.760 empleados de la AGE en modalidad no presencial frente a 127.691 presenciales, lo que representa que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores desempeñaba sus servicios a distancia. Pero aquello no era aún el modelo estructural definitivo. El 12 de abril de 2021 llegó el hito clave. La Mesa General de Negociación de la AGE firmó el Acuerdo sobre criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo negoció con CCOO, UGT, CSIF y CIG y fue tramitado por la Secretaría de Estado de Función Pública. El planteamiento era bastante claro con un modelo general de 3 días máximo de teletrabajo más 2 días presenciales por semana. También se contemplaban situaciones especiales para determinadas zonas de difícil cobertura o con problemas demográficos (España vaciada), donde el porcentaje de presencialidad podía ser mucho menor. Pero el problema es que el acuerdo necesitaba desarrollo normativo a través de Real Decreto del Gobierno.

El Gobierno aprobó en mayo de 2022 un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado incorporando el teletrabajo como una de aquéllas. Y aquí encontramos otra vez el modelo de tres días a distancia y dos presenciales como regla general. También se permitían dos días a distancia por razones organizativas y otros sistemas excepcionales y el porcentaje de presencialidad nunca podía ser inferior al 40% de la jornada semanal. Sin embargo, esta modalidad se vinculaba estrictamente al  plan energético y poco tenía que ver con el modelo estructural de 2021. En noviembre se aprobó el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y el Gobierno se comprometía a impulsar, entre otras medidas, la "puesta en marcha inmediata del Teletrabajo". Así constaba en la Resolución de 14 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se publicó aquél. Sin embargo, el esperado Real Decreto continuó retrasándose por no decir que nunca llegó. En junio de ese mismo 2022, CSIF denunciaba públicamente que el Gobierno todavía no lo había aprobado teniendo en cuenta que la mayoría de restricciones sanitarias habían sido levantadas. En febrero de 2023 el mismo sindicato llegó a presentar una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio por la demora. 

En los años siguientes (2024-2025), el Gobierno frena las expectativas de una transición total al entorno virtual. Con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE, se deja claro que el teletrabajo no se conceptúa como un derecho del empleado público, sino una "modalidad de organización temporal supeditada a las necesidades del servicio". A fecha actual de 2026 no ha pasado todavía de fase de enmiendas, por lo que ni tan siquiera puede darse luz verde a su desarrollo reglamentario. Pese a dicha circunstancia, el teletrabajo volvió a estar sobre la mesa con la implantación de la jornada laboral de 35 horas y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Ahora bien, la aplicación práctica se ha fragmentado. Mientras departamentos muy tecnificados como la AEAT ó el CSIC funcionan con instrucciones estables de 2 días semanales, en varios ministerios y sobre todo en cuerpos de atención al ciudadano se mantiene una presencialidad prácticamente total. Por último, la Resolución de 14 de abril de 2026 sobre jornada y horarios de la AGE es la normativa más reciente sobre organización general del trabajo en la Administración estatal y guarda silencio al respecto de teletrabajo.

El modelo de la Administración Regional de la CARM

La CARM ya había impulsado el teletrabajo antes de 2020. Así, existieron dos acuerdos marco de la Mesa General de Negociación de fechas 6 de octubre de 2015 y 12 de noviembre de 2018, que impulsaron su implantación. A partir de ellos se realizaron proyectos piloto. El primero comenzó en 2015 en la Consejería de Hacienda con quince personas y el segundo se extendió en 2018 al conjunto de consejerías con 80 participantes. La propia Administración Regional consideró que aquellas experiencias fueron un interesante antecedente. Los requisitos en el primer proyecto eran conocimientos informáticos suficientes, una serie de requisitos técnicos de su equipo personal, cumplimentar un cuestionario previo de autoevaluación de riesgos en el domicilio y un máximo de 3 días en el domicilio. La diferencia con el segundo es que los nuevos cursaron formación específica previa, el seguimiento era a más largo plazo (un año prorrogable) y se abrió un procedimiento reglado para solicitarlo.

Pero no fue hasta el 5 de junio cuando de 2020, poco después de levantarse el último Estado de alarma por la pandemia del Covid-19, cuando en Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios se firmaron los criterios para la llamada "nueva normalidad", manteniéndose modalidades presenciales y no presenciales. Entre ellos, se establecieron reglas temporales para aplicar el teletrabajo mientras durase la crisis sanitaria. Posteriormente sería prorrogado hasta el 30 de junio de 2021. En aquél mismo mes de junio de 2020 incorporó su propia regulación legal a través del Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio. Esta norma añadió la disposición adicional decimosexta al Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. Dicha previsión establece que la Administración Regional podrá implantar el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita y se garantice la correcta prestación del servicio. También reconoce la viabilidad de que pueda ser parcial o total en relación con las funciones del puesto desempeñadas a distancia y desarrollándose los términos y condiciones mediante negociación entre la Consejería de Función Pública y las Organizaciones sindicales destacando lo relativo a la salud y a la conciliación personal, laboral y familiar del personal empleado público.

En base a esto, CARM y Sindicatos alcanzaron el Pacto de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 25 de junio de 2021 (BORM de 9 de julio). El Pacto establece que el teletrabajo sería, en los mismos términos que lo establecido en el EBEP, sólo que añadiendo algunas condiciones interesantes. Respecto a su ámbito, reitera su carácter voluntario, reversible y condicionado a la continuidad del servicio público, pero también aclara que no se configura como una prestación ordinaria de servicios. Por lo tanto, ya avisa que el teletrabajo sería complementario o excepcional. Puede ser obligatorio solo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, como por ejemplo ya se estaba aplicando en contextos de despachos amplios y con un número elevado de personas. Fue mi caso con anterioridad a este pacto, dado que en el espacio en el que me encontraba éramos hasta 16 puestos de trabajo en un mismo macro-despacho. No aplica directamente al personal docente, sanitario o de servicios sociales, ya que cuentan con regulación propia. 

Acceso y condiciones de prestación. Se accederá por convocatorias públicas periódicas o bien por solicitudes de gestión permanente y requiere estar en servicio activo, contar con un mínimo de 6 meses de antigüedad en la unidad y obtener informe del superior jerárquico. Se valoran situaciones prioritarias (discapacidad, salud, violencia de género, familias monoparentales, etc.). Sobre las condiciones de prestación, se permite un máximo de 3 días semanales ampliable en situaciones de emergencia y la autorización se formaliza en un acuerdo con una duración máxima de 2 años prorrogable, modificable, renunciable y revocable. Además, se precisa fijar un sistema de trabajo por objetivos e indicadores de medición así como registrar la jornada e identificar horario fijo. La CARM será responsable de aportar acceso a las aplicaciones, formación, seguridad y verificar prevención de riesgos, al tiempo que se contemplan los derechos de intimidad y desconexión digital para ser regulados con los sindicatos junto con todo el desarrollo reglamentario pendiente. Por lo tanto, este pacto era la primera puesta en común pero no el final.

En 2023 aparece un nuevo compromiso, que es el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y recuperación de condiciones de trabajo y que se plasmó en la Resolución de 11 de mayo de 2023 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación digital (BORM nº 109, de 13 de mayo), vuelve a ocuparse expresamente del teletrabajo. El acuerdo establecía en su apartado 5 la creación en junio de aquél año de una comisión técnica dependiente de la Mesa General de Negociación para elaborar una propuesta de acuerdo destinada a regular el teletrabajo. Según el acuerdo, los trabajos debían estar terminados antes del 31 de diciembre de 2023. Pues bien, llegado mayo de 2024 el sindicato UGT denunció que tras un año todavía no se había hecho nada. No se retomó hasta octubre cuando se constituye la comisión, pero fue una reunión sin continuidad.

Llegamos a febrero de 2026 e Intersindical denunció que no se había avanzado nada y reclamó retomar esas negociaciones. Incluso en un acta del Comité de Seguridad y Salud de la Administración regional de 2025 aparecía recogida la petición de regulación del teletrabajo y ya señaló que desde el 8 de octubre de 2024 no se había vuelto a convocar el grupo de trabajo. Lo cierto es que las circunstancias excepcionales de la pandemia provocaron aquella aplicación temporal y, una vez terminada su vigencia, el 1 de julio de 2021 se produjo la vuelta a la presencialidad de todo el personal. Paradójicamente, a día de hoy lo único que existe es el acceso remoto a carpetas corporativas y aplicaciones específicas pero no en régimen de Teletrabajo sino de forma complementaria. Menos se entiende con la progresiva sustitución de los discos duros compartidos (T:) por la nube (One Drive) y las herramientas de Microsoft como Teams, siendo tanta una como otras ya accesibles desde casa y sin permisos especiales. Esta situación actual, que puede permitir un salvavidas en ocasiones urgentes con aplicaciones específicas como Portafirmas, PLACRM (contratos) y otras contables o de gestión personal, desde luego no es lo que estamos esperando los empleados públicos y tampoco resulta muy amigo del derecho a la desconexión digital.

El teletrabajo en la Administración Local 

Jumilla fue la pionera publicando en el BORM en 22 de febrero de 2022 la versión definitiva de su reglamento. Se requiere una antigüedad de 12 meses consecutivos en el mismo puesto (siempre que sea susceptible de teletrabajo) con dispensa si el puesto lo tuviese reservado. Se establecen una serie de colectivos prioritarios como mayores de 60 años o personas que vivan lejos. El procedimiento se inicia con una solicitud a la Alcaldía o Concejalía delegada de Personal, informa la jefatura de servicio de adscripción del solicitante sin más trámite y con resolución de la Concejalía de Personal. La autorización será por tiempo determinado y máximo 6 meses, siendo prorrogable si nadie dice nada hasta otros seis más. El plazo de resolución es de un mes con sentido desestimatorio del silencio administrativo. Una comisión de seguimiento velará por la correcta ejecución. Finalmente, se reconoce el derecho a la desconexión.

En Los Alcázares (publicado el 25 de abril de 2022) se precisan 6 meses de antigüedad en el puesto para el personal interino o temporal pero con previsión de permanencia de más de un año. Se prohíbe para puestos de registro e información al ciudadano, personal eventual, servicios presenciales por su naturaleza y los que justifique la Alcaldía por Decreto. Se permite un máximo de tres días durante seis meses y pueden ser alternos y rotatorios como estime la jefatura de servicio. La autorización ha de ser por tiempo determinado, pero en esta ocasión es de año máximo prorrogable por otro. Al segundo año hay que reiniciar el procedimiento. Se precisa informe de la jefatura, visto bueno del titular de la concejalía de adscripción, informe de recursos humanos y otro de informática resolviendo la Concejalía de Personal. Se reconoce una buena gama de derechos haciendo referencia a la protección de datos y privacidad aparte de desconexión, reconoce también colectivos prioritarios y es el más completo. No indica plazo, pero ha de entenderse de 3 meses en aplicación supletoria de la Ley 39/15 y silencio positivo.

Mazarrón, con su Reglamento publicado el 24 de octubre de 2022, es el Ayuntamiento que tiene un procedimiento más complejo, ya que precisa hasta cuatro informes: Jefatura de adscripción, responsable de personal, Comisión de Teletrabajo y del Técnico de Administración General donde se presenten servicios. También es el más restrictivo, ya que sus destinatarios exclusivos son padres y madres de hijos menores de 14 años, víctimas de violencia de género o terrorista y empleados con discapacidad. Por tanto, no se menciona gente mayor de 60 años. Además, circunscribe qué funciones son susceptibles de ser desempeñadas a distancia y excluye las mismas que Los Alcázares, aunque el ámbito positivo lo dejaba abierto. La antigüedad mínima requerida en el puesto son 6 meses consecutivos con independencia de ser fijo o temporal. En cuanto a plazos de duración son los mismos que Los Alcázares y se establece un porcentaje máximo del 20% de la jornada laboral (dos días). Al no mencionarse plazo expreso de resolución, se entiende que son tres meses y silencio estimatorio.

En 27 de octubre de 2022 se publicó el del Ayuntamiento de San Javier. Prevé adaptación de la Relación de puestos de trabajo tras definir con mayor detalle aquellas funciones susceptibles de ser prestadas en régimen de teletrabajo. La solicitud puede ser individual pero se permite que pueda ser colectiva. No existe ninguna previsión ni de destinatarios exclusivos ni prioritarios. En cuanto al procedimiento administrativo, es el mismo que el de Mazarrón excluyendo el informe técnico y denominándose "técnica" la comisión. La antigüedad mínima requerida es la más baja con sólo tres meses consecutivos en el puesto salvo que se disponga en reserva. Se concede por plazo indefinido salvo que cambien las circunstancias, como si se tratase de una autorización de compatibilidad. El texto menciona expresamente condiciones como la edad o la salud como factores a tener en cuenta. El sentido del silencio administrativo desestimatorio siendo el plazo máximo de resolución de 20 días hábiles desde la solicitud. Por lo tanto, es el más corto de los cuatro.

Ceutí publicó su aprobación definitiva en 11 de mayo de 2023. En el caso del personal temporal o interino se exige una antigüedad previa de un año en el puesto. La autorización se concede por máximo de seis meses y no existe prórroga implícita. Se puede optar a un máximo de 2 días y el procedimiento requiere informe de la jefatura, visto bueno de la concejalía e informe-propuesta de Personal. Ante la no previsión, se entiende un plazo máximo de 3 meses con silencio estimatorio. Sorprendentemente, se reconocen colectivos prioritarios pero no se menciona a los mayores de 60 años.

En 26 de agosto de 2026 fue Abarán que publicó el texto más corto de todos. El procedimiento es también el más simple con una mera solicitud a la Concejalía de Personal que resuelve de forma motivada. Pese a no requerir ninguna antigüedad (salvo para priorizar) es bastante restrictivo porque será aquél departamento quién decida qué tipo de puestos son viables para desempeñar teletrabajo a propuesta de las demás concejalías e incluso puede determinar periodos en los que se prohibirá. Además, entre los colectivos prioritarios no se relaciona a las mayores de 60 años y se baja el tope hasta los 6 años respecto a los hijos de las personas empleadas. Por el contrario, se faculta a un máximo de 50% de la jornada laboral mensual y se concede por tiempo de hasta un año pudiendo ser prorrogable automáticamente hasta llegar a los dos años.

Tengo que hacer un inciso importante y es que en los casos de Jumilla y San Javier no tengo claro que sea correcto el silencio administrativo negativo impuesto por dos normas reglamentarias. Que sepa, ninguna Ley estatal ni autonómica menciona expresamente que no sea estimatorio. Hay que tener en cuenta que con arreglo al artículo 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el carácter del silencio administrativo será siempre positivo salvo algunas excepciones tasadas más cláusula remitiéndose a otras normas con rango de Ley. Y a tal respecto considero que no encaja en las excepciones al sentido general estimatorio. Y la Ley 53/84 - en la que tal vez se escuden - trata en su prescripción de silencio negativo de las incompatibilidades por prestar una segunda actividad en el sector público, no de teletrabajo. Pero esa presunta irregularidad no anula lo más importante, que es que varios administraciones municipales se hayan anticipado en 2022 con la regulación del teletrabajo pese a hacerlo de forma dispar. Me preocupa más ese detalle, que haya tanta diversidad de criterios así como pocas iniciativas. Así que llegado a este punto... ¿por qué no se aplica el teletrabajo en la Administración de la CARM y por qué en la AGE se ha quedado en una aplicación descentralizada y nada uniforme?

Conclusiones

La primera de las razones por la que creo que no ha terminado de avanzar la regulación del teletrabajo es por la ausencia de una cultura del mismo. El cambio de paradigma en la Administración se ha orientado a convertirla en más accesible y transparente al ciudadano, así como más ágil y menos compleja. Sin embargo, en lo que respecta a sus propios empleados se ha estancado. Muchos ya tienen una perspectiva anclada en que los funcionarios somos unos privilegiados que debemos de permanecer en nuestros puestos de trabajo no vaya a ser que nos escapemos más de media hora a desayunar o peor, al supermercado o a casa a dormir. Así que uno de los elementos que puede estar detrás es la desconfianza en que el rendimiento telemático sea medible, cuantificable y efectivo.

En segundo lugar, el teletrabajo se ha venido circunscribiendo más a una circunstancia excepcional que a un derecho del empleado público conectado con la conciliación familiar y personal y/o con la salud. Y por mucho que se hubiese declarado en acuerdos sindicales elevados a público en los boletines oficiales. Si las Leyes no lo contemplan como tal, no puede protegerse como derecho. Esto se ha comprobado una vez que se ha esfumado la etapa del Covid-19 y sus fases de desescalada hasta que el 1 de julio de 2021 se acabó cualquier modalidad de teletrabajo fuese voluntaria u obligatoria. El hecho más significativo al respecto ha sido la ocurrencia de habilitar acceso remoto a las aplicaciones desde dispositivos personales en una modalidad de trabajo complementario fuera del horario normal.

En tercer lugar, creo que la CARM va a rebufo de la AGE y sobre todo a raíz de la pandemia en lo que a regulación se refiere. El hecho de que ninguna norma con rango de Ley ni tan siquiera reglamentaria haya visto la luz en el Estado es muy posible que sea el motivo por el que Murcia haya optado por no reformar su Ley de la Función Pública. Además, también tiene lugar esta ausencia de adaptación normativa en un contexto de futuro proyecto de nueva Ley que lleva años retrasándose, por lo que por ahí tampoco tiene motivación para adelantarse. Y, por si fuera poco, en cualquiera de los casos tampoco puede eludirse el clásico miedo a la inconstitucionalidad por si se invadiese el orden de competencias. Ojalá que tras las Elecciones Generales el próximo Gobierno se tome en serio y desencalle el teletrabajo porque considero que es la pieza del dominó que puede mover el resto y por supuesto a la CARM.

En cuarto lugar, la aplicación de la IA y el problema del envejecimiento de los recursos humanos en la Administración Pública son dos cuestiones que por el momento no son conectadas por los políticos con el Teletrabajo. La primera está experimentado avances importantes en el trabajo interno, pero de cara al público aún no. Así que por el momento los puestos de trabajo vinculados con atención al ciudadano son muy complejos de resolver exclusivamente mediante IA. Respecto al segundo, las soluciones que se están viendo son prolongar en el servicio activo a aquéllos con más de 65 años que estén dispuestos y poner sobre la mesa la movilidad de puestos. Pero no se plantean fomentarlo con teletrabajo.

Por último, casos como el de Los Alcázares y San Javier son muy positivos, ya que entran en qué tipo de funciones pueden ser perfectamente desempeñadas desde casa, bajo qué condiciones y mediante qué procedimiento administrativo. Se han basado exclusivamente en la legislación estatal que le es aplicable, pero al no existir más que un marco general han optado por resoluciones muy dispares en requisitos de antigüedad, colectivos destinatarios y preferentes, burocracia procesal, duración y hasta efectos del silencio administrativo. Es una pena que la Administración autonómica no tome ese ejemplo y adoptase la opción más restrictiva, lo que redunda en que las experiencias locales no pudieran ser más tanto más uniformes como extendidas al resto del mapa regional.

miércoles, 15 de julio de 2026

El nuevo centro de salud de Lo Pagán: crónica de un contrato fallido

Después de unos meses vuelvo a hablar de contratación administrativa en un sentido amplio, si bien en esta ocasión se trata de competencia autonómica para servicios permanentes prestados en el ámbito local. Se trata del contrato de obras para la construcción de un nuevo centro de salud en Lo Pagán, la pedanía más importante de San Pedro del Pinatar. Lo es no ya por extensión sino porque es un área con un nivel relevante de turismo por situarse junto a la playa y existir numerosas viviendas y pisos que se cubren en verano. Por ello, por el crecimiento de la población y por las dudosas condiciones de habitabilidad del centro antiguo se justificó que fuese necesario edificar uno nuevo. Sin embargo, la ejecución del contrato ha estado envuelta de una importante polémica que ha desembocado en la resolución del mismo, es decir, la anulación. Analizaremos a continuación paso a paso lo sucedido.

La tramitación administrativa

Mediante expediente 12028/2022 iniciado en noviembre de 2022, se aprobó en fecha 30 de diciembre el contrato de Obras de demolición de edificio, acondicionamiento del solar resultante como aparcamiento y construcción de Centro de Salud de Lo Pagan, susceptibles de cofinanciación europea por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia y con un valor estimado cercano a los 3 millones de euros (2.930.289,37 €). Esta actuación se incluyó además en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 del Plan Estratégico de Construcción y Rehabilitación Sostenible de los Centros de Atención Primaria de la Consejería de Salud, que tiene por objeto la mejora de aquéllos mediante el establecimiento de altos niveles de exigencia de calidad tanto en los edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de los existentes. Este es el enlace a la documentación obrante en el perfil del contratante.

El procedimiento de adjudicación era el abierto mediante tramitación ordinaria por concurso y varios criterios y al expediente, obviamente se unieron la memoria justificativa, los pliegos de cláusulas técnicas particulares, los de cláusulas administrativas y la composición de la mesa de contratación. Se presentaron hasta 6 licitadores. En enero de 2023 se abrió el sobre con la documentación administrativa y en febrero el de los criterios evaluables mediante juicio de valor y el de las ofertas económicas y los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas. En el mismo mes se emitió por la técnica consultora el informe técnico al respecto sobre la estructura y claridad, organización de las obras, organización de recursos, soluciones y procesos constructivos proyectados y prevención de riesgos laborales. En la valoración, la empresa SERVIMAR 2008, S.LU. obtuvo una puntuación arrolladora de 29,85 sobre un 35 máximo y con mucha diferencia respecto de sus competidores.

El día 22 de febrero de 2023 se clasifican las empresas en base a los distintos criterios de adjudicación y resulta ser SERVIMAR la empresa con mayor puntación pero a muy poca distancia de la segunda que fue PEFERSAN, SA. (84 frente a 81,75). Ésta última aportó una oferta económica y criterios evaluables mediante fórmulas que obtuvo el máximo (50 de 50). Sin embargo, obtuvieron una puntuación baja en el informe técnico en el que SERVIMAR fue muy bien valorada. Así que en marzo se aprobó un reajuste de anualidades, la mesa propuso la contratación de dicha empresa y así se autorizó y adjudicó el contrato por valor de 2.397.509,49 € en fecha del 24 de marzo para firmarse el 3 de abril. El plazo de las obras constaba de dos etapas, una de 16 meses desde la comprobación del replanteo y otra de 2 una vez finalizada la anterior.

En abril de 2023, el Consejero de Salud y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar informaron de las obras que permitirían construir el nuevo centro de salud de Lo Pagán en la antigua Casa del Mar. El edificio constaría de tres plantas (baja y dos en altura) con posibilidad de ampliación de infraestructuras más aparcamientos (incluyendo el derrumbe del centro antiguo) y zonas ajardinadas. Se dispondrían de seis consultas de medicina general (ampliándose dos), cinco de enfermería (ampliándose tres) y dos de pediatría (ampliándose una). Los trabajos empezarían ese mismo mes de abril y solventarían las deficiencias del antiguo centro aquejado de humedades, al margen del notable incremento de la población y el importante componente del turismo.

Un tortuoso proceso de ampliaciones y reclamaciones

El replanteo, que es el acto esencial por el que se da visto bueno al inicio de unas obras, tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2023. Por lo tanto, en teoría debían de finalizar el 5 noviembre de 2024. Sin embargo, no fue así. Ni el año siguiente. Ni al posterior. ¿Por qué? Vamos con ello.

En julio de 2024, en pleno verano, la contratista solicitó una ampliación de la Fase 1 debido a circunstancias que entendía ajenas a su voluntad. A saber, cálculos sobre la estructura y cimentación del edificio, celebración de un concierto (el Playa 40) y condiciones meteorológicas. La ampliación fue estimada, de manera que el plazo se incrementó en tres meses y diez días. Sin embargo, en noviembre volvieron otra vez a solicitarlo alegando "indecisiones de la dirección de las obras y demoras en contestaciones a dudas sobre la ejecución". Ni estas acusaciones ni la nueva ampliación fueron estimadas y en lugar de ello se acordó en diciembre por la Consejería imponer penalidades por demora en base a "deficiente gestión de las obras", si bien aprobó una ampliación de oficio hasta febrero de 2025. La guerra no había hecho más que comenzar. Mientras tanto, se le confundía a la prensa afirmando a finales de año que el centro abriría a partir del verano de 2025. En la primera mitad del año se había finalizado la fase de construcción de la estructura.

En enero de 2025, la empresa aportó alegaciones sobre las penalidades imputando la responsabilidad a la Dirección de obra e instando a que se emitiese informe sobre los cambios producidos en el proyecto y su incidencia en la ejecución. No fueron estimadas y en febrero aportaron la tercera solicitud de ampliación hasta junio de 2025 por idénticos motivos de la anterior, especificando unos recálculos sobre el pilotaje realizado. Esto consiste en la revisión y actualización del diseño de una cimentación profunda (pilotes) y se realiza durante la ejecución de la obra cuando los datos reales del terreno difieren del estudio geotécnico original o se modifican las cargas estructurales. No fueron estimadas ni estas ni los supuestos retrasos de la Dirección, dado que la Consejería entendía que las obras no pueden paralizarse porque se emita cualquier consulta. En marzo sí se estimó la solicitud de ampliación, pero vino unida a nuevas penalizaciones por demora por entender una vez más que las causas seguían siendo imputables al contratista y con más de un cuarto de la obra sin ejecutar. En junio se desestimaría la solicitud de redacción de un proyecto de obra modificado.

Resolución del contrato y querella criminal

Otra solicitud más de ampliación se registró en junio de 2025 para extenderla hasta agosto. Sin embargo, la paciencia de la Consejería ya se había colmado y antes de llegar aquella se instó el procedimiento de resolución del contrato. Según el artículo 193.4 de la Ley 9/2017, si las penalidades alcanzasen un múltiplo del 5% del contrato IVA excluido, el órgano de contratación se reservaba la facultad para resolverlo, liquidarlo y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Así que, obviamente, esa última solicitud fue desestimada. En septiembre y octubre se realizaron varios informes y se verificó que no se había avanzado prácticamente desde julio y, aún así, incomprensiblemente el procedimiento de resolución caducó teniéndose que abrir otro en octubre. Entre lo que la contratista alegó destacaba su consideración de que “se han introducido, por solicitud de la Administración, determinadas partidas o unidades de obra para las cuales es necesaria la aprobación del proyecto modificado ya que, o exceden el 10% de las mediciones inicialmente previstas, o suponen la incorporación de unidades nuevas en un porcentaje superior al 3%". 

Sin embargo, fueron desestimadas y todos los informes a favor de la resolución (Servicio económico, Servicio Jurídico, Dirección de los Servicios Jurídicos...) y, al oponerse el contratista a la propuesta de resolución, se remitió aquella al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Mientras tanto, la contratista escaló otro nivel y registró una querella por prevaricación contra varios altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud como el secretario general, una arquitecta, los directores de obra y los responsables de contratación y de los servicios jurídicos, acusándoles de una "asfixia financiera deliberada". Estas declaraciones las emitieron en el contexto de que las penalizaciones por demora les habían hecho emitir facturas de cero euros mientras se les incautaba la garantía. Aseguraban que el edificio estaba terminado al 95% a falta de rodapiés y otros detalles (incluyendo la fase 2 de demolición del edificio antiguo para aparcamientos), pero que no finalizarían hasta que la CARM no les pagase. Obviamente, si no lo hacía es porque estaba suspendido el contrato por el expediente de resolución del mismo, pero aun así exigen vía judicial más de 700.000 euros a la Consejería de Salud entre multas y daños y perjuicios.

Este mes de julio de 2026 fue emitido el dictamen 166/2026 del CJRM siendo favorable a la resolución del contrato, por lo que la Consejería de Salud tiene el visto bueno. Entre las claves para el mismo, destacan las dos siguientes: Primero, la carga de la prueba relativa a la deficiente concreción del proyecto de obra y sus soluciones correspondía a la contratista y no se aportó ningún informe pericial que sacara a relucir sus acusaciones. Segundo, la propuesta de modificación del contrato formulada por la contratista no aparece debidamente justificada, ni encaja en ninguno de los supuestos que a tal efecto se establecen en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, es decir, tanto los relativos a las modificaciones previstas en los pliegos como no previstas, lo que impedía a la Administración ejercer su potestad de modificación de los términos del contrato y menos a ser obligada. Por lo demás, el CJRM se limitó a señalar la Ley y la prerrogativa del 193.4 una vez superadas las penalidades el porcentaje y dados los retrasos imputables casi todos ellos a la empresa contratista.

Resultados

La prensa ha señalado que la demora acumulada ha ocasionado que la Consejería de Salud tuviese que renunciar a la cofinanciación de fondos europeos. Sin embargo, esta última matiza que no es que la subvención se haya perdido, sino que se destinará a construir otras infraestructuras. Este detalle es importante, puesto que se está difundiendo que son inaplicables y tendrán que devolverse sin más. Esperemos que la versión de la Consejería sea correcta.

La contratista, por su parte, entiende que no existe ningún informe que refleje irregularidades o problemas en su trabajo ejecutado y atribuye las demoras primero a la Dirección de las obras y segundo a los impagos. Sin embargo, sus reclamaciones tienen muy pocos visos de prosperar.

Todo esto ha provocado que los más perjudicados sean los propios vecinos de Lo Pagán, que a los problemas de inseguridad de los que hablamos en este mismo blog se une el hecho de seguir asistiendo a un centro obsoleto, con grietas y humedades y bajas condiciones de habitabilidad que además se ha quedad pequeño para las necesidades y exigencias de buena parte de pinatarenses y turistas.

Consideraciones

Esta controversia entre la Administración y la contratista se resolverá necesariamente en instancias judiciales. Sin embargo, a tenor de las circunstancias y hechos acaecidos durante la ejecución del contrato y, muy especialmente, visto el informe dictamen del CJRM que es público y que aporta toda la información del caso, todo apunta a que se ha asistido a un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la empresa. Por consiguiente, en respuesta a esa actuación y actitud contraria a lo que pueda esperarse de su profesionalidad, el uso de las prerrogativas de la Administración serían legítimas con arreglo a las potestades que el Derecho Administrativo le reconoce en atención a los intereses públicos protegidos. Tanto la imposición de penalidades por demora en la ejecución imputable a la contratista como la decisión unilateral de resolver el contrato tienen cobertura legal y están amparadas por unos hechos en los que la empresa, incomprensiblemente, retrasa la ejecución y cumplimiento de los plazos enfrentándose continuamente a la Dirección de obras. 

Se da la circunstancia, no obstante, que en octubre de 2025 y cuando se abrió el segundo expediente sancionador, se constató que el estado de la ejecución era el mismo que en julio, es decir, que sólo se había terminado la obra en un 70%. Sin embargo, a fecha de marzo de 2026 cuando registraron la querella se aseguraba que la ejecución se había detenido en torno a un 95% por presunto impago de la Consejería. Se desconoce si esa decisión disfrazaría una táctica de presión negociadora indirecta para que aquélla desistiera de la resolución del contrato. Así que la pregunta a este respecto sería si la CARM se podría haber esperado o no para que el nuevo Centro de Salud fuese ya una realidad a expensas de la segunda fase de demolición del antiguo. Personalmente, mi respuesta es que la Administración no podía ceder ante lo que, si no era expresamente, en buena parte se parecía a un chantaje. Y el motivo es que el daño ya había sido producido.

Teniendo en cuenta que la empresa había sido la mejor puntuada con diferencia en todos los criterios subjetivos, se hubiese esperado de ella que su actuación fuese más proactiva y menos supeditada a continuos parones, más aún tratándose de una entidad con experiencia por ser fundada en el año 2008 (casi 20 años). Por lo tanto, siendo imputable a su responsabilidad el incumplimiento de plazos también lo es el que los ciudadanos de Lo Pagán no hayan podido acceder tras dos años a un Centro de salud en condiciones. Consecuentemente, no sólo tendrían que indemnizar a la Consejería por daños y perjuicios, sino incluso ser abierto un expediente sancionador aparte para prohibir que sea contratada por la CARM entre uno y 3 años con arreglo a la LCSP.

Dada la necesidad de solventar el problema generado por la parálisis y por razones de necesidad e interés público, a lo que debería proceder la Consejería es a convocar un nuevo contrato y por el procedimiento de urgencia del artículo 119 de la LCSP. Reduciéndose plazos de licitación y adjudicación e incluso bajo la modalidad de procedimiento negociado, una nueva empresa se comprometería a terminar pronto el edificio si es verdad que sólo le falta un 5%. La fase 2 de demolición del antiguo edificio y construcción de más aparcamientos puede esperar más tiempo, aunque sólo se necesitarían dos meses para la materialización de esos trabajos.

Al margen de este análisis que aquí concluyo, no puedo evitar despedirme en la fecha de hoy tras la victoria ayer contra Francia que nos pone en la gran final del Mundial 2026 con un...

¡¡VAMOS ESPAÑA!!

viernes, 12 de junio de 2026

¿Corrupción en el SMS? La trama de las prótesis

En este año ha saltado a la esfera pública la investigación de un presunto fraude sistemático dentro del Servicio Murciano de Salud (en adelante SMS) relacionado con la compra de prótesis y stents vasculares, material fungible sanitario y operaciones derivadas a hospital concertado. Se apunta a la participación de funcionarios, personal sanitario y empresas proveedoras, entre ellas la valenciana Logimed. Los delitos investigados incluyen malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, alcanzándose un fraude estimado en torno a los 7 millones de euros.

Antecedentes. Los contratos mayores de prótesis (2016-2023)

Las prótesis que centran la investigación son unos tapones de embolización que se usan para reducir el flujo sanguíneo en arterias pequeñas. De esa manera, se tratan problemas agudos y crónicos como aneurismas, hemorragias o tumores vasculares en contexto de cirugías complejas. Por tanto, su importancia es capital a efectos de evitar la rotura de vasos sanguíneos.

En 2016, el SMS ya gestionaba contratos centralizados de prótesis vasculares mediante acuerdo marco y compras especializadas. Por tanto, la central ya concentraba una importante capacidad de decisión y especialmente en productos de alto coste, pero por aquél entonces no se detectaron indicios de irregularidad. El valor estimado del expediente contractual fue mucho menor que el posterior, de 457.760 € y de ocho lotes formalizándose los contratos en febrero de 2018. Dos de esos lotes fueron adjudicados a una de las empresas bajo la lupa actualmente, Logimed, por 24 meses ampliables a otro dos más.

Fue en febrero de 2022 cuando se volvió a convocar mediante procedimiento abierto el nuevo contrato de prótesis óseas con destino a los hospitales regionales por 3,2 millones de euros y dividido en once lotes. Cada contrato de lote era prorrogable a otro dos años más y se incluían injertos óseos, biomateriales y productos quirúrgicos especializados. Mediante Resolución de la presidenta de la Junta de Contratación del SMS, se adjudicaron los lotes el 21 de diciembre de dicho año, formalizándose los contratos en 30 de enero de 2023. En este enlace del perfil del contratante se localiza la documentación del expediente del contrato mayor de Suministro de prótesis valvulares con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS.

En los últimos años, el SMS ha impulsado numerosas licitaciones millonarias en materia de logística, material de laboratorio, medicamentos, material oncológico, cirugía robótica... incrementándose sustancialmente el volumen económico gestionado vía contratos mayores de suministros. Consecuentemente, se ha concentrado un relevante poder administrativo en la central de compras. Hay que señalar dos cosas, primero la gran fragmentación en lotes dada la existencia de categorías técnicas complejas y suministros altamente especializados. Es algo completamente normal en Sanidad, dada la necesidad, por ejemplo, de adaptar productos a especialidades médicas concretas. Pero los lotes pueden diseñarse bien de forma abierta o muy específica. En el peor de los casos, los contratos por lotes técnicos especializados permiten potencialmente diseñar requisitos muy concretos, limitando la competencia real y favoreciendo productos específicos ya sea por compatibilidad con instrumental, composiciones químicas, métodos de implantación, etc.... Esto nos conduce a la segunda nota, que es la aparente dependencia de proveedores concretos, dado que existen pocos licitadores o en ocasiones sólo uno, redundando en una baja competencia efectiva en algo tan sensible como la tecnología sanitaria. Esta es una circunstancia que no tiene por qué ser achacable a los pliegos, pero da una idea de la situación del mercado.

De la investigación interna a la UDEF (2024-2025)

En noviembre de 2024, se dió a conocer que el SMS abrió una investigación interna a consecuencia de una auditoría encargada en verano de aquél año a los propios servicios de inspección de la Consejería de Salud y que detectó significativas irregularidades. Con motivo de la adquisición de suministros de prótesis valvulares, se habría disparado el coste en más de 700 mil euros en sólo el año 2023, es decir, de 400.000 euros a un millón cien mil que constituye el triple. Un entramado protagonizado por un facultativo (médico cirujano en el hospital público de La Arrixaca), un funcionario A-1 de la Unidad de Aprovisionamiento (contratación) y el representante de una empresa, estarían detrás del presunto fraude. El segundo, junto con un jefe de sección y un radiólogo estarían desde entonces suspendidos de empleo y sueldo mediante expediente disciplinario como medida cautelar. El cirujano, por su parte, se acogió a una excedencia. En cuanto a la empresa, se inició un procedimiento administrativo para exigirles el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Desde entonces, la Consejería colaboró con la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Murcia del mismo modo que aportó documentación a la Fiscalía y varios centros de titularidad privada y concertados con el SMS estarían también bajo sospecha.

En enero de 2025, el caso llegó a la UDEF y, examinando los sistemas contables, detectaron una actividad administrativa presuntamente fraudulenta. Personal funcionario con responsabilidad en la central de compras y facturación del SMS habría sido cómplice de introducir datos falsos aprovechando los puntos débiles del sistema informático y bajo las instrucciones del entramado al que ellos mismos pertenecerían. El objetivo habría sido blanquear productos sanitarios no autorizados - al no existir en el catálogo - usando códigos que pertenecían los que sí estaban aprobados. Aprovechaban entonces para establecer unos elevados precios de compra desplazando los homologados que tenían un coste muy inferior, afectando no sólo a las mencionadas prótesis sino a material sanitario fungible. Además, la ausencia de licitaciones públicas habría favorecido todo tipo de negociaciones secretas entre la empresa y los empleados públicos, constituyendo por tanto el caldo de cultivo para todo tipo de actos absolutamente contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la ética que debe de presidir la actuación del funcionario.

Concretamente, desde la UDEF se advirtió que, en las operaciones médicas que fueron derivadas desde el SMS a centros privados concertados, se habrían abonado sobrecostes de hasta un 1.287%. Lo peor es que se habrían facturado por servicios que realmente debían de ser gratuitos, por material sanitario no utilizado e incluso productos sanitarios caducados. De esa manera no sólo se estaría hablando de falsedad documental, de malversación de fondos públicos y la existencia de una organización criminal, sino de un delito contra la salud pública de los murcianos. 

Fase de instrucción judicial e investigación de la trama (2026)

El 27 de febrero de 2026 es cuando se hace público en la prensa regional, aludiéndose a un desfalco en sobrecostes cercano a 5 millones de euros. Pero no es hasta mayo cuando sucede la detención, autorizada por el Tribunal nº 7 de Instrucción de Murcia, de 11 personas incluyendo funcionarios, médicos y comerciales y elevando el fraude a 6,8 millones. Además, también se menciona expresamente a la mercantil Logimed, radicada en Valencia como la empresa suministradora que estaría detrás del fraude, a Sergio D. como el comercial que operó en su nombre y a un médico cirujano del hospital público de La Arrixaca que habría participado en el entramado. El facultativo, de nombre Rubén T. ha sido puesto en libertad condicional, se le ha retirado su pasaporte y, al igual que a los restantes investigados, se le han bloqueado sus cuentas, propiedades y vehículos.

El fraude podría haberse gestado desde la misma tramitación del contrato. La UDEF sospecha en su atestado que se podrían haber manipulado los pliegos del concurso. Se acusaría de arbitrariedad al referirse a unos e-mails de 2022 que un funcionario de contratación, Vicente F. le enviaría a Sergio, el comercial de manera que le facilitaría adjunto el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de orta para su revisión. En las respuestas, va realizando modificaciones e incluso alterando lotes para después remitirse al Jefe de Sección. Por otra parte, también entiende que existió un procedimiento de "homologación" acelerado para que se adjudicasen códigos SAP de facturación a los productos, puesto que para ello deben de materializarse unos trámites y autorizaciones que jamás se abordaron ni solicitaron.

También se sospecha que los investigados habrían desviado dinero de sus cuentas, para lo cual se valora solicitar informe a la Agencia Tributaria e incluso abrir una pieza separada. Sin embargo, aparte del destino, tampoco estaría mal investigar cuál sería el origen. Por ejemplo, el cirujano ingresó entre 2019 y 2025 de más de 500.000 euros para al final del año disponer de poco más de 5.000. Además, en dos años compró hasta 3 vehículos. El jefe de sección de la Arrixaca abonó al banco con carta de pago 300.000 mil euros. El jefe de servicio de la UAI adquirió un inmueble abonando 150.000 euros "a tocateja" y el resto financiado. El jefe de sección y su esposa multiplicaron por 7 sus saldos bancarios. Finalmente, el comercial y su esposa, aparte de su propia empresa, vieron reducidas en más de un 70% sus cuentas en el último año sin que se halle explicación alguna. O sí, que podría estar detrás de todos estos casos lo que cualquiera que no se haga el loco... Pensaría.

Investigación interna y policial de las prótesis caducadas

Se descubrió que Logimed operaba con un intermediario denominado Dycom Risk, S.L. y que el hospital concertado al que la Arrixaca habría derivado los pacientes durante estos cinco años post-Covid se habría embolsado más de 8 millones de euros de las arcas del SMS y en concepto de procedimientos quirúrgicos de las listas de espera, de acuerdo con la información obrante en el Portal de Transparencia que el propio SMS comunicó en cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha no existen indicios de ilegalidades en dicho centro. Que por cierto, se ha difundido el rumor de qué hospital concreto es, pero como ningún medio lo menciona expresamente, no lo indicaré.

Sin embargo, existe cierto choque de versiones que ha motivado activar una investigación paralela. Por un lado, la Policía sostiene, como se ha mencionado, que pudieron utilizarse productos caducados y material no homologado. Así lo considera tras detectar en atención a correos electrónicos que los implicados reconocerían ser conscientes de la facturación de productos caducados. A final de mayo, habiendo analizado un 8% de las intervenciones realizadas por el cirujano, aseguraron haber constatado la implantación de un stent caducado de un mes respecto de la fecha de la operación. Esto contradice la versión de la Consejería de Salud que aseguró que no constaba evidencia de implantes caducados en pacientes y que el fraude habría sido exclusivamente económico. Para curarse en salud (y nunca mejor dicho), ya anunció en febrero la revisión urgente individualizada de 378 pacientes intervenidos para terminarla antes de septiembre. Todos ellos fueron atendidos por Rubén T. entre mayo de 2018 y noviembre de 2025 previa derivación de La Arrixaca a un hospital concertado. En una primera muestra de cinco casos catalogados como sospechosos al haber sufrido infecciones posteriores se descartó que se hubiesen utilizado prótesis caducadas. 

En declaraciones a RTVE, una persona dio su testimonio de que su padre fallecido en 2022 habría sufrido una infección derivada de una presunta prótesis caducada. En información al medio Eldiario.es, esa misma persona matizó sus palabras en el sentido de que su padre no fue operado por el detenido, sino por su equipo y además en La Arrixaca y no en un centro concertado. Por ello y no habiéndose demostrado la caducidad de aquélla prótesis prefiero ser prudente. Pero con este caso tampoco habría que dejar de estar alerta.

Reacciones ante el escándalo: CARM, oposición, entidades sociales, acusado y defensa

La CARM se ha personado como parte perjudicada y por lo tanto podría solicitar diligencias de investigación y participar en el juicio a efectos de reclamar indemnizaciones. Al mismo tiempo, sigue trabajando para recuperar el dinero presuntamente defraudado y el ex Consejero de Sanidad Juan José Pedreño aseguró que los procedimientos de reintegro antes citados les habían reportado hasta la fecha la devolución de 300.000 euros de dinero público por la actividad fraudulenta reportada entre 2018 y 2024. Y digo ex Consejero porque antes de que acabase el mes lo destituyó López Miras en una remodelación a un año vista de las elecciones de 2027, siendo reemplazado por Isabel Ayala que hasta entonces era la gerente del propio SMS.

La oposición del PSOE y Podemos han aprovechado para desenfocar la naturaleza administrativa del caso y proyectarla al nivel político. En el caso de los socialistas han anunciado que se personarán como acusación particular en el juicio y, al mismo tiempo, solicitarán la comparecencia de la Consejera en una comisión de investigación en curso sobre presuntas derivaciones irregulares a la Sanidad concertada. También acusan a López Miras de no haber dado explicaciones. Vayamos por partes. Primero, no existe a día de hoy ningún indicio ni tan siquiera insinuado por la UDEF de que cargos por encima del Jefe de Servicio estén implicados o hayan tenido conocimiento del caso hasta la auditoría mencionada. Segundo, las acusaciones de que la política de concierto sanitario tenga que ver con la derivación quirúrgica de operaciones con prótesis son igualmente infundadas. El foco de lo investigado está en los sobrecostes de suministros, mientras que la propia CARM rastrea si pudo haber algún perjuicio para pacientes. Pero el problema de fondo no es que existan conciertos sanitarios con hospitales, sino que un agujero de gusano en la contratación pública por culpa de la corrupción administrativa.

En el ámbito de entidades sociales, la Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado también como acusación popular después de que, según han informado, 300 personas a las que se les intervino con prótesis se hayan dirigido a ellos. Desde su posición, exigen también la intervención del Consejo Asesor de Salud.

El medio El Español entrevistó a Sergio, el ex comercial cuyo contrato se rescindió a raíz del estallido del caso. Negó ser el cabecilla de la operación señalada por la UDEF alegando su incompetencia para decidir lo que se contrata en la Administración. Se definió como "cabeza de turco" y se justificó en que, por razones de urgencia y dada la lentitud burocrática, se utilizaron códigos de productos "similares" ya homologados para adquirir los suministros. Por tanto, la versión de Sergio es que se recurrió a una irregularidad administrativa cometida por funcionarios por necesidad asistencial y adaptación práctica. En cuanto a los sobreprecios, sus respuestas sugirieron nuevas contradicciones. Se basó en que no existía contrato marco y que tenía que someterse al "libre mercado", así como que los plazos de pago del SMS eran a dos años vista y que afectaría al precio final. Una explicación que resulta muy difícil de conciliar con los sobreprecios detectados por la investigación, que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287%. Y sobre las prótesis caducadas, descargó cualquier responsabilidad señalando que existen múltiples controles para ello (almacén, servicios hospitalarios, quirófano, trazabilidad posterior...). Sin embargo, esta explicación choca con algunos de los correos electrónicos incorporados a la investigación, en los que se hace referencia expresa a material próximo a caducar o ya caducado, circunstancia que la UDEF interpreta como un indicio relevante de la trama. Por último, respecto de la evolución súbita de su patrimonio se limitó a asegurar que las compras inmobiliarias eran "inversiones normales" y que todo lo que había ganado de autónomo estaba declarado.

En cuanto al abogado del acusado de la empresa, Alí Martínez, ante los 112 folios de la UDEF, negó rotundamente las irregularidades y comunicó que solicitará una auditoría para demostrar que no ha existido desfalco. Justificó las variaciones del catálogo porque los médicos solicitaban "productos novedosos" que no estaban incorporados a la base de datos de la Región de Murcia y que fueron facturados correctamente. También rechazó que fuese cierto que se implantasen prótesis caducadas en la misma línea que su defendido. Finalizó sus declaraciones aludiendo a una supuesta "mano negra" con interés y afirmando que solicitará el archivo de la causa.

Consideraciones

Como funcionario y empleado público que soy, no puedo sentir más vergüenza ni indignación de pensar que otros iguales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la que pertenezco, pudieran haber participado en semejante fraude y delitos. Respeto las posiciones del abogado de la parte acusada, que evidentemente parten de su rol de defender a su clientes. Sin embargo, con la información que disponemos, me inclino a darle más credibilidad a un informe tan extenso de la Policía Nacional a través de la UDEF. Aún no puede demostrarse que hayan percibido comisiones, pero si se confirmasen judicialmente los indicios recogidos por la investigación, estaríamos hablando de una malversación de fondos públicos de ingente valor. No es justificable que se esconda el valor antieconómico de unos suministros en el carácter "novedoso" de esos productos y el único interés privado que habría menoscabado el interés público protegido por las Leyes sería precisamente el de la empresa y el de los funcionarios implicados. Por lo tanto, en base a la información recogida y en lo que se espera del funcionariado, no puedo sino manifestar mi completa desaprobación ante estos presuntos comportamientos.

También debo señalar que me resulta especialmente llamativo que nadie detectara antes anomalías en la tramitación de estas compras, particularmente en lo relativo al coste de los suministros. Según la información conocida hasta ahora, fue una auditoría interna realizada en 2024 la que permitió aflorar las irregularidades que posteriormente dieron lugar a la intervención de la Fiscalía y de la UDEF. Sin embargo, la propia investigación sitúa el origen de la presunta trama varios años atrás, al menos desde 2018 y, en cualquier caso, durante un largo periodo que incluye la pandemia.

Precisamente por ello, una de las cuestiones que más me inquietan no es solo qué ocurrió, sino por qué tardó tanto tiempo en detectarse. Resulta difícil comprender cómo unos sobrecostes de semejante magnitud, una supuesta utilización irregular de códigos de catálogo y una operativa que habría afectado a cientos de procedimientos pudieron mantenerse durante años sin que ningún mecanismo interno de control activara antes las alarmas. No afirmo con ello que existan más responsables ni mucho menos que deban señalarse cargos políticos sin pruebas, algo que rechazo de forma expresa. Pero sí considero que una investigación rigurosa debe llegar hasta donde sea necesario para aclarar no solo quiénes participaron presuntamente en los hechos, sino también por qué los sistemas de supervisión no lograron detectarlos antes.

Porque, al margen de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, sigue existiendo una pregunta que merece respuesta: si las irregularidades eran tan graves como sostiene la investigación, ¿por qué hubo que esperar hasta 2024 para descubrirlas?

jueves, 30 de abril de 2026

Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.

viernes, 27 de febrero de 2026

El dilema entre Sanidad pública y privada forzado por el Gobierno

Desde febrero y hasta junio se ha planeado convocar y ejercer, desde el personal sanitario de muchas regiones, una huelga de cinco días a la semana con motivo del polémico proyecto de Ley de nuevo Estatuto Marco del personal sanitario cuyo borrador puede consultarse aquí. Se trata de la Ley básica estatal que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, es decir, personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios. La propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad, bajo la ministra Mónica García, pretende sustituir un marco vigente desde 2003 y que por lo tanto habría quedado obsoleto. En esta ocasión, como en la huelga se apunta al Gobierno, se están produciendo las graciosas reacciones de los típicos adláteres mediáticos que enfocan a los participantes en la huelga para disculpar a la ministra. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maestre a nivel nacional y a Miguel Hernández en la Región de Murcia, que despacha su artículo de "opinión" con un párrafo final absolutamente delirante. Y es que la propia ministra deslegitima la huelga expresando bulos y acusando de desatender pacientes oncológicos y en diálisis, algo absolutamente impresentable pero que retrata lo que es. Por si fuera poco, este mes se aprobó también el anteproyecto de Ley de Gestión pública e integridad del sistema de salud para derogar la Ley 15/1997 que se aprobó en la primera legislatura de Aznar y priorizar la gestión directa de hospitales públicos y restringir y limitar las concesiones. Antes de comentar los principales puntos de crítica, vamos a situar un poco en contexto la situación de la Sanidad pública en España y qué papel juega la Sanidad privada.

Marco constitucional básico

El artículo 43 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización y tutela a través tanto de medidas preventivas como de prestaciones y servicios. A tal respecto, se remite a la Ley para establecer derechos y deberes concretos. En la disposición 16ª del artículo 149.1 se establece como competencia exclusiva del estado la legislación sobre bases y coordinación general de la sanidad y de los productos farmacéuticos. 

El Estado no gestiona directamente ni hospitales ni centros de salud, pero sí fija el marco común. Sus funciones principales son importantes y amplias: legislación básica y coordinación (estableciendo bases legislativas del Sistema Nacional de Salud, garantizando un mínimo de derechos sanitarios en toda España y coordinando a las CCAA a través del Consejo Interterritorial del SNS), definir una cartera común básica de servicios en atención primera, especializada, urgencias y salud pública (que las CCAA pueden ampliar, no reducir), ejercer la política farmacéutica (autorizando medicamentos, financiación pública o fijando precios de referencia), garantizar la salud pública (normativa básica en vacunación, alertas sanitarias, coordinación ante pandemias o crisis sanitarias), regular formación y profesiones (títulos universitarios, homologación de títulos extranjeros, formación como el MIR y bases de estatutos profesionales) y la Sanidad exterior (control fronterizo y alertas internacionales).

Por su parte, las CCAA tienen atribuidas a través de sus Estatutos de Autonomía la legislación en materia de desarrollo y la ejecución (potestad reglamentaria) dentro de esas bases de conformidad con el artículo 148.1.21ª. Son las auténticas gestoras del sistema sanitario dentro del marco que les habilita el Estado que no es cuestión baladí. Asumen competencias de organización y gestión de sus servicios sanitarios (planificación y modelos de gestión de hospitales, centros de salud y urgencias), funcionamiento ordinario (gestión de listas de espera), personal sanitario (contratación, retribución y carrera profesional), presupuesto público (incluyendo infraestructuras aunque reciban financiación estatal), ampliación eventual de servicios (incluyendo programas específicos para colectivos) y promoción de la salud pública autonómica. Este modelo descentralizado permite una mayor cercanía a la realidad local de cada territorio, pudiendo gestionar la adaptación y organización. Sin embargo, la propia fragmentación del sistema en 17 es el principal problema estructural. En teoría, el SNS garantiza universalidad, equidad y cohesión territorial, pero en la práctica funciona como 17 sistemas sanitarios distintos con normativa propias, presupuestos diferentes y dispares modelos de gestión precisamente por el enorme margen que se le deja a las autonomías. De esa manera, el derecho reconocido en el artículo 43 de la CE no se ejerce igual según el territorio.

Fallos de coordinación y desigualdades territoriales

El Consejo Interterritorial del SNS tiene el problema de que sus decisiones son sólo recomendaciones no vinculantes y aún así se requieren consensos políticos difíciles, convirtiéndose más en un foro de confrontación partidista que de coordinación. Especialmente en la época de la pandemia del COVID quedó claro que no existían mecanismos eficaces para implementar criterios comunes y que cada región interpretaba y aplicaba a su manera. Es cierto que imponer sus decisiones podría suponer una percepción de centralismo o de imposición de la mayoría, pero la descentralización sin coordinación sólo puede incentivar la desigualdad.

El sistema dual que caracteriza a la Sanidad española favorece el traspaso de culpas permanente y la renuncia a la asunción de responsabilidades. Desde el Gobierno central siempre se apunta a las autonomías - especialmente si son de diferente color político diferente - por ser las encargadas de su gestión ordinaria. Desde aquellas se apunta al Estado tanto por la financiación insuficiente como por la legislación básica limitante. De ahí nos vamos a inevitables comparaciones entre modelos autonómicos y simplificando el debate al sustituirlo por la dialéctica de privatización frente a defensa de lo público sin entrar a valorar gestión y bloqueando reformas estructurales. En esta tesitura y, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos políticos en los que se van alternando ejecutivos nacionales y regionales, no existen incentivos claros para planificar a largo plazo.

Pero al ciudadano le afectan de forma más directa muchos aspectos. Por ejemplo, como cada región usa diferente software, los sistemas de información no son plenamente interoperables, causando que las historias clínicas electrónicas no son del todo compartidas. Eso complica el seguimiento de pacientes desplazados y la evaluación real de resultados, así como la movilidad de profesionales. Además, conlleva la duplicidad de pruebas con la ineficiencia y pérdida de tiempo que trae aparejada y a una peor continuidad asistencial.

También existen importantes diferencias en inversión presupuestaria en Sanidad, desigualdades que han de explicarse en atención a otras variables como la capacidad fiscal de las autonomías y la financiación estatal que reciben, que igualmente es dispar y no exenta de polémicas. Pero también afecta esta disparidad financiera a tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas de especialistas y en cobertura de servicios ampliados. No existen los mismos servicios en las CCAA relativos por salud bucodental y salud mental, más desarrollados, con más recursos y con menores listas de espera en Cataluña, Madrid, País Vasco y Cataluña. Hasta en materia de reproducción asistida se incluyen límites de edad diferentes. 

El papel de la Sanidad privada como válvula de descarga del sistema público

Esta fragmentación y los problemas de coordinación tienen un efecto indirecto que es la contratación de seguros personales y/o familiares privados por parte de los usuarios de la Sanidad pública. Cuando una parte de la población opta por ello, precisamente se reduce la presión sobre la atención primaria, las consultas especializadas y las listas de espera y, por lo tanto, menos pacientes en la pública implica más capacidad para quienes más dependan de la misma. No es ningún absurdo tratándose de un contexto actual en el que el envejecimiento poblacional se acelera unido a la mayor esperanza de vida, la creciente población inmigrante y los repuntes de demanda de profesionales sanitarios coincidiendo con bajas temporales. Quien puede hacerlo, elige tiempos y profesionales y paga su seguro.

Al margen de ello, el SNS ya opera de forma habitual con hospitales concertados y clínicas privadas o bien deriva la realización de pruebas diagnósticas y cirugías, reduciendo tiempos de espera y costes administrativos, acelerando diagnósticos y evitando cuellos de botella. En síntesis, mejorando la eficacia del sistema. Los conciertos sanitarios no son otro instrumento que gestión indirecta de servicios públicos en los que la Administración Pública financia y mantiene el control e inspección mientras que la empresa presta el servicio bajo condiciones contractuales de precio, tiempos, estándares de calidad y auditorías. No se trata de "privatizar" o "vender" la Sanidad pública como la izquierda siempre cacarea, sino de externalizar prestaciones. Los hospitales concertados funcionan como parte de la red asistencial, pues atienden a pacientes usuarios de la Sanidad pública y de hecho resultan imprescindibles para garantizar la cobertura. Sobre todo permiten una mayor flexibilidad en picos de demanda y pudiendo absorber los retrasos acumulados. Otra ventaja es que se optimizan los recursos en los casos en que se usa la infraestructura pública ya existente, evitando costosas inversiones públicas y permite focalizar lo público en urgencias, patologías complejas y atención a crónicos.

En lo negativo, el abuso del modelo de gestión privada podría cronificar la falta de inversión pública y minimizar el desarrollo de la capacidad interna, es decir, mejora del equipamiento e infraestructuras. La Sanidad privada puede desenvolverse perfectamente en procesos simples y económicamente rentables, pero en casos más complicados (cánceres y pandemias) y que puedan provocar desequilibrios financieros es preciso que el sistema público se haga cargo. Por otra parte, es preciso que en los pliegos contractuales queden claras y bien establecidas las disposiciones relativas a costes reales y evaluación de resultados, así como control público que evite sobrecostes e ineficiencias que perjudiquen al sistema. En definitiva, el concierto debe de ser complemento pero nunca sustituto. 

La Ley anti-privatización de Mónica García

Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es apuntalar la narrativa de que la gestión privada de la Sanidad pública desmonta a esta. Para combatirla, optan por lo que más les gusta como socialistas que son que es la burocracia y la hiperregulación. Para empezar, se prohibirá que una empresa que construya un hospital tenga la posibilidad de gestionarlo y se asesorarán a centros para abordar procesos de reversión de gestiones privadas con la intervención de la Alta Inspección del Ministerio. Por otra parte, se fomentarán consorcios sanitarios con entidades públicas en lugar de privadas, lo que implica que seguramente se constituyan nuevos chiringuitos administrativos financiados con dinero público. No olvidemos nunca que es en lo que consiste el socialismo. La gestión indirecta, aparte de limitarse a lo "excepcional", requerirá evaluación previa por "comités técnicos" que habría que ver qué tipo de composición tendrían, aunque refieren a profesionales, expertos y sociedad civil (eufemismos de sindicalistas y personal con afinidad ideológica). En dicho procedimiento se añadirán informes como el emitido por la Oficina nacional de evaluación para medir la sostenibilidad financiera. Esta futura Ley no es más que una ofensiva del Gobierno y especialmente de la ministra Mónica García contra Isabel Ayuso, tal y como se destapó cuando presentó dicho anteproyecto. Sin embargo, podemos comparar las redes de hospitales públicos y privados por autonomías en las que, en contra del relato clásico, Madrid no es precisamente de las que más abusa con un 14% de hospitales de gestión privada mientras que Cataluña tiene el 58%.

El nuevo Estatuto Marco del SNS

El colectivo médico considera que dadas sus características particulares como su formación (6 años de carrera universitaria más el MIR), sus responsabilidades legales y su régimen de guardas, precisan de un estatuto propio diferenciado que el borrador no contempla. Además, afecta más a ellos la fuga al extranjero o al ámbito privado alegando precariedad laboral (si, existe también en el cuerpo médico).

En materia de clasificación y carrera profesional, el Ministerio pretende actualizar categorías, homogeneizar criterios y promover la movilidad voluntaria entre CCAA. Sin embargo, las críticas consideran que se queda en la arquitectura y no entra en materia, puesto que entienden que no se garantiza en especializaciones y la progresión profesional depende más de decisiones políticas y presupuestarias que de mérito. Además, las disposiciones de movilidad dependen de la planificación y los desequilibrios territoriales y la falta de incentivos en zonas de difícil cobertura las complican.

En materia de jornada laboral se establece un límite general a la ordinaria y teóricamente se restringen las guardias de 24 horas estableciendo excepciones amplias por motivos asistenciales o necesidades organizativas. Las guardias no pasan a considerarse horas extraordinarias, manteniendo un régimen retributivo específico y separado de la jornada ordinaria. Por tanto, deja margen para que sigan como están y favoreciendo la percepción de que no existen garantías efectivas para evitar sobrecargas de trabajo. Por otra parte, las críticas también apuntan a que no contribuye a resolver problemas estructurales como falta de profesionales y deterioro de la imagen del sistema público.

Sobre la colaboración público-privada, se somete a la visión ideológica del Gobierno, que es la de minimizar el trabajo de profesionales públicos en la privada. Fundamentalmente altera el marco de incentivos, dado que establece un régimen de incompatibilidades más restrictivo. Así, el personal directivo profesional (gerentes, directores médicos...) limitarán su actividad exclusivamente al sector público mientras que los mandos intermedios como jefes de servicio o de sección podrán hacerlo con arreglo a la Ley 53/84, los facultativos que terminen su formación (MIR) no podrán ejercer en la privada hasta pasados cinco años de su especialización y para el personal facultativo sanitario (no administrativo) que compatibilice deberá de renunciar al complemento específico mientras que el que no lo haga no recibe ninguna compensación, es decir, sin mejorar retribuciones públicas. Es de sobra conocido que médicos especialistas de la pública también lo hacen en la privada, compatibilizando por lo tanto sus trabajos. Pero el SNS camina hacia la exclusividad sin compensación ni resolver problemas de sobrecarga o guardias. Se puede debilitar tanto la Sanidad concertada como la pública, pues puede darse también el hecho de que profesionales reduzcan su vinculación con el sistema público aumentando el déficit de médicos y suprimiendo las ventajas de la gestión privada. Igual lo que cree la ministra es que los servicios públicos se resentirán si sus profesionales dedican parte de su jornada a la privada pero no, es injusto usarlos de chivo expiatorio contra la situación de la Sanidad Pública.

Conclusiones

El Estatuto Marco es una norma eminentemente organizativa - dictada en el ámbito de las competencias del Estado - que trata de regular el trabajo sanitario y homogeneizar derechos, pero que no aporta novedades ni modificaciones sustanciales para ayudar a resolver la crisis del sistema. No soluciona demandas habituales de los profesionales, sino que responde a claros objetivos políticos. Así que se explica en ellos el motivo por el que se ha elaborado sin contar con los anteriores.

Considero que el personal médico tiene las suficientes particularidades como para que gocen de un estatuto propio, ya que no se comparten igual con otros cuerpos como la enfermería, el personal celador, etc... y son sin duda profesionales con una carga de trabajo física y mental difícil de comparar y más teniendo en cuenta las enormes guardias sin que se reemplace personal. En lugar de ello, el Ministerio de Sanidad propone el típico "cambio para que nada cambie" y lo hace por claros motivos ideológicos y políticos, que es evitar que el personal trabaje en la Sanidad privada. De ahí que refuerce las incompatibilidades al mismo tiempo que sólo propone cambios higiénicos en las guardas que seguirían siendo exigentes y duras, cargándoles a las autonomías la responsabilidad de gestionar ese panorama.

Pero la cruzada contra la Sanidad privada se percibe más claramente en la burocracia y el control contra ella y en el mensaje político que se comunica para supuestamente comandar una revolución en favor de la Sanidad pública. El Gobierno de España es claramente un ejecutivo amante del intervencionismo y no le basta con restringir que los profesionales a los que paga puedan compatibilizar su trabajo público en una entidad privada. Tampoco puede permitir que profesionales de entidades privadas aporten su talento y trabajo e incluso instalaciones para descargar responsabilidad, aumentar eficiencia y ahorrar dinero al Estado que se recauda de nuestros impuestos. No. Prefiere ahondar en la creación de órganos y entidades públicas hinchando los presupuestos nacionales y autonómicos sin aumentar la financiación a las regiones y, de paso, tratar de adelantar por la izquierda en el relato de que lo público siempre funciona mejor si es público. Que la gestión privada consiste en privatización y desmonte del Estado es el mantra que trata de reforzarse con estas leyes más enfocadas como ofensiva que como instrumentos al servicio del bienestar ciudadano. Mientras, seguiremos con crecientes listas de espera e igualmente progresivo descontento de la gente con la Sanidad.