La tragedia ferroviaria de Urda: reacciones, señalización y contexto de responsabilidad

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) acaecido esta semana el 28 de octubre es el segundo más grave de la alta velocidad española en el siglo XXI, solo por detrás del de Angrois (Santiago) de 2013 y el segundo en menos de un año tras el de Adamuz (Córdoba) de enero. Sobre este último hablamos en este mismo blog en el artículo de este enlace. Pero el contexto en el que necesariamente ha de situarse esta nueva tragedia va más allá. Estamos hablando de que en este 2026 España se colocaba a la cabeza de víctimas mortales en tren en todo el mundo con 115 y acumulando el 72% de las muertes en el AVE. Así que no estamos hablando de un problema puntual, sino una desgracia que ha de tener reacciones y no sólo de exigencia de responsabilidades eventuales sino intervenciones activas para que esto no vuelva a suceder. Valga ante todo, al igual que hace diez meses, mi pésame a todas las familias que han perdido sus seres queridos y mis ánimos y fuerzas a los que los tienen hospitalizados o incluso desaparecidos sin tener noticias a fecha de hoy. Así que en el artículo de hoy voy a comentar lo que se sabe a día de hoy 30 de octubre de esta catástrofe, las reacciones y declaraciones del Gobierno y oposición, valoraciones de expertos, aportaciones de creadores de contenido y por último una reflexión sobre los problemas de mantenimiento. Por supuesto, no pueden establecerse conclusiones, pero sí ciertas consideraciones a la luz de que lo que sabemos.

Lo que se sabe

El pasado miércoles, cerca de las 9 de la mañana y en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (término de Los Yébenes, proximidades de Urda en la provincia de Toledo), un AVE de Renfe con salida de Atocha a las 8 y con 397 pasajeros embistió por detrás a un tren Iryo - en el mismo sentido hacia Sevilla - con 147 pasajeros y que permanecía parado. Como consecuencia de ello, varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén. El balance oficial establecido ese mismo día fue de 68 fallecidos (44 del Iryo y 24 del AVE según el Gobierno de Castilla-La Mancha). Ayer falleció otro más. Por otra parte, se asistió a más de un centenar de heridos con 53 hospitalizaciones en Castilla La Mancha y Madrid y 15 de ellos en estado crítico según la Comisión de investigación de accidentes ferroviarios. También se registraron 60 denuncias de desaparición. Evidentemente, la circulación en la línea quedó interrumpida por pruebas judiciales, reparación de la infraestructura y auditoría y reestablecimiento de los sistemas de seguridad.

Versión oficial del Gobierno

La cronología básica según las autoridades gubernamentales es que a las 8:30 se produjo una caída del sistema informático de seguridad LZB - que es el control automático de velocidad de distancia- en un tramo de 63 kilómetros. De esa manera, hasta seis trenes se detuvieron automáticamente. Pues bien, en ese momento lo que en teoría sucede es que se activa el ASFA digital. Consiste en unas balizas magnéticas en el suelo comprueban que el tren respeta las señales y si pasa alguna roja sin permiso lo frena automáticamente. La excepción es que se autorice pero ante todo sólo mide la velocidad, no los obstáculos. Minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha autorizó al AVE a reanudar la marcha al amparo del sistema BSL (bloqueo de señalización lateral) que es el sistema de respaldo. Así que el AVE recorrió hasta 25 kilómetros a 200 km/h con tan mala fortuna que colisionó contra el Yrio parado y que había comunicado problemas para reiniciar el sistema LZB. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de “inverosímil” y atribuyó la causa principal a una decisión “inexplicable” y “errónea” del centro de control de ADIF: autorizar la reanudación a “marcha normal” en lugar de “marcha a la vista” (velocidad reducida, máximo 40 km/h, que permite frenar ante obstáculos). Según él, el sistema mostraba en rojo la ocupación de la vía por el Iryo. Pedro Sánchez decretó tres días de luto oficial, se desplazó al lugar, admitió que no era asumible dos accidentes de tamaño calado en menos de un año y afirmó que “si ha habido negligencias se sabrá” actuando en tal caso con contundencia. Pese a estas palabras, Puente descartó dimitir y centró el foco (al igual que el máximo mandatario) en esclarecer los hechos, pero al mismo tiempo reduciendo a "error humano" el factor esencial de causalidad sobre lo acontecido. Les faltó añadir la famosa excusa de Dallas Review.

Existen dos contradicciones muy significativas. La primera y más importante es que el Gobierno señala que se le había dado autorización para reanudar la marcha a través de unos audios (presuntamente filtrados a la prensa) mientras que la compañía lo desmiente y tampoco se justifica que no se activase el ASFA. La segunda es que la empresa fija las 8:48 como momento de colisión cuando el Ministerio las 8:53.

Valoraciones de expertos

Varios expertos ferroviarios entrevistados por los medios de comunicación coinciden en que un simple error humano no debería bastar para provocar un choque por alcance en una línea de alta velocidad. Ricardo Díaz, ingeniero ferroviario, sostuvo en La Sexta que “un error humano por sí solo no puede provocar una tragedia así”. Apuntó a una falta de mantenimiento de los sistemas de seguridad y defendió que los mecanismos de respaldo (como los detectores de ocupación de cantones) deberían haber impedido la colisión. Así que propuso un “reseteo” de la alta velocidad española. José María Pérez Revenga, perito judicial, explicó que, al caer el LZB, el protocolo obliga a pasar a señalización lateral y a ordenar “marcha a la vista”, por lo que consideró posible un despiste del maquinista o del operador del centro de control. Ahora bien, subrayó que el LZB es ya un sistema obsoleto y que, en cambio, el estado físico de la vía era impecable. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, fue más contundente: “no deben circular sin la total garantía de seguridad” y criticó que protocolos críticos dependan de una sola persona. Antonio Martín Carrillo, ingeniero y ex directivo de ADIF, por su parte, expresó en TVE “incredulidad” y afirmó que “es imposible que ocurra lo que ha ocurrido” si el LZB estuviera funcionando correctamente, dado que el sistema debería haber detenido automáticamente a todos los trenes de la zona. Así que en conjunto estas opiniones apuntan a una combinación de obsolescencia tecnológica, posibles fallos en el mantenimiento de los sistemas de protección y vulnerabilidades en los protocolos de gestión, más que a un problema exclusivo de infraestructuras.

Reacciones de la oposición

Feijoo se declaró consternado y ante todo pidió respeto a víctimas y familiares. No obstante, añadió que el dolor no le obligaría a callar y que la serenidad no equivalía a silencio. En ese sentido, exigió una investigación gubernamental inmediata y otra judicial con todos los medios y sin interferencias, reclamó que España sepa "qué está pasando con las infraestructuras", el estado de las vías y sistemas de seguridad, así como qué advertencias y medidas se tomaron tras Adamuz. También exigió una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria y que se rinda cuentas por la diferencia ejecutada frente a lo anunciado, para finalmente anunciar la suspensión de actos de precampaña. Además, a esto se unió que la ex Ministra Fátima Báñez se confirmó como una de las fallecidas ayer jueves.

Santiago Abascal de Vox fue mucho mas contundente y directo en su primera declaración. No suspendió actos de precampaña aludiendo a que "quieren aprovechar el luto para amordazarnos" y acusó al Gobierno de ser una "banda criminal" que había descuidado las instituciones y buscaba de nuevo un chivo expiatorio para excusar su responsabilidad. Así que señaló directamente al ministro de Transportes Óscar Puente llamándolo "ministro de la muerte" y al Presidente Sánchez como responsables. Esta agresividad oral dió paso a una acción directa como denunciar al primero ante el Tribunal Supremo por presunto homicidio imprudente.

En cuanto a Frente Amplio, exigió que se asuman responsabilidad políticas más allá de las técnicas así como máxima claridad y transparencia mediante una auditoría independiente. Consideran inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en menos de un año y cancelaron su agenda de campaña hasta nuevo aviso. Así que, pese a hacerlo desde otro lado del espectro ideológico, coincidieron en buena parte con el fondo de la declaración del PP.

Creadores de contenido

También podemos echar un vistazo a varios comentaristas y creadores de contenido online a los que sigo y comparto plenamente sus impresiones en este asunto. Así, el canal VisualPolitik puso énfasis en la prioridad presupuestaria de inaugurar líneas frente a mantener y modernizar las existentes. Y eso es algo imputable tanto a PP como a PSOE durante este siglo XXI, la parafernalia de cortar cintas y presentar grandes proyectos como el AVE porque da rédito mediático y electoral. Por el contrario, el menos visible, más costoso a largo plazo y menos "fotogénico" es el mantenimiento. Así que mientras el tráfico de viajeros ha crecido de forma exponencial, la inversión en conservación no ha acompañado al mismo ritmo. Así, argumentan que España gasta claramente por debajo de la media europea y el resultado es una infraestructura cada vez más tensionada.

Esa misma línea de centrarse más en lo estructural que lo técnico es la seguida por Memorias de Pez. Enfatiza el descenso de inversión en en infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad a menos de 2.000 millones anuales entre 2013 y 2023 (salvo 2014), incluyendo tanto nuevas como reformas. Y a eso añadimos que los datos de ADIF no tienen en cuenta el efecto de la inflación y especialmente de la de los costes de ingeniería civil. También señala la complejidad de destinar más dinero con exigencias en pensiones o defensa, por no hablar del bloqueo presupuestario en los últimos años. Aún así, se han recibido fondos europeos. Dos accidentes mortales en diez meses, como concluye, exigen responsabilidades políticas y no solo técnicas.

Por su parte, Fonseca destaca el contraste entre la duplicación del tráfico de pasajeros tras la liberalización y el mencionado déficit crónico de inversión real en mantenimiento en varios tramos de una red de más tres décadas de antigüedad. Así que afirma que el relato ministerial del “mejor momento de la historia del ferrocarril” se ha derrumbado.

En un lado más crítico está Begoña Gerpe. Coincide con la visión de Vox en el sentido de que el Gobierno prefiere centralizar la investigación en una "cabeza de turco" repitiendo el mismo patrón percibido por muchos en Adamuz, que es señalar un error humano individual para evitar responsabilidades estructurales. Más duros son Juan Ramón Rallo y Juan Soto Ivars. El primero conecta ambos accidentes de este año como síntomas de una negligente gestión de la infraestructura y cuestiona abiertamente hasta cuándo se tolerará que nadie asuma responsabilidades políticas en fallos de mantenimiento, sistemas de seguridad e inversión pública no ejecutada. El segundo reaccionó al comunicado de Pedro Sánchez comentando su sensación de que el equipo de Moncloa trabajaba para "generar, seleccionar, cribar y pulir" un relato. Considera que la mala gestión previa permitió que se alinearan los elementos para una nueva catástrofe.

Problemas clave en el sistema de señalización

Existen críticas generales sobre la señalización en la red de alta velocidad española y especialmente en la línea Madrid-Sevilla. Primero está el riesgo de obsolescencia del sistema LZB. Es un sistema alemán ya antiguo y que se instaló en 1992 coincidiendo con la Expo, siendo el único corredor que a día de hoy lo mantiene. Técnicos y operadores lo describen como seguro pero antiguo. Esa antigüedad es problemática en el momento en que conecta con otra dificultad como los problemas de mantenimiento y repuestos. Hasta el propio Ministerio admite que está al final de la vida útil, ya no se fabrica y complica el mantenimiento y disponibilidad de repuestos. A eso se suma un brutal déficit de inversión ya mencionado. Por si fuera poco, los maquinistas ya habían comunicado fallos de señalización en dicha línea como pérdidas de transmisión y bloqueos del sistema e incluso operadores como Iryo y Ouigo señalaron en comisiones parlamentarias que la sustitución mejoraría la fiabilidad y calidad del servicio. En tercer lugar, los retrasos en la implantación del ERTMS para unificar la señalización con Europa. ADIF demoró dos veces el contrato por errores en los pliegos y por incidencias en evaluaciones de ofertas cuando debían de haber finalizado los trabajos en 2024. A fecha de 2026 sigue sin materializarse, con el contrato antiguo prorrogado al precisar la transición completa de todavía más pruebas. Finalmente (y conectado al anterior) los problemas de interoperabilidad y saturación. Al no ser el LZB plenamente compatible con el estándar europeo, ha dificultado la entrada y homologación de nuevos operadores. Además, con la liberalización del sector la línea ha pasado de tener mucha menos circulación a soportar una mayor presión sobre un sistema muy antiguo. A tal respecto, algunos sectores de la izquierda como en el mismo Ministerio prefieren apuntar el cañón al propio proceso de liberalización en lugar de reconocer los errores de la gestión pública. Gestión que no hay que olvidar que es, desde hace 8 años, suya. Aquí ya no cabe resquicio para echarle los muertos (con perdón) a las autonomías.

Consideraciones provisionales

Queda pendiente determinar qué orden se dio desde el centro de control y qué grado real de supervisión se ejecutó por el mismo, así como porqué el Iryo no pudo reiniciar el sistema, los fallos del ASFA digital y las conclusiones que puedan extraerse de las cajas negras y las investigaciones sobre el terreno. Así que con estos puntos abiertos aún no pueden extraerse conclusiones definitivas. Sin embargo, todo esto no obsta para valorar las críticas fundamentadas a la necesaria actualización de nuestro sistema ferroviario que debería ser (y ahora más que nunca) una prioridad absoluta para el próximo Gobierno que surja de las urnas y posterior investidura.

De igual modo, tampoco impide que después de coincidir dentro del mismo año semejantes catástrofes y cada una por circunstancias diferentes sea imperativo exigir las responsabilidades pertinentes. No se trata ya de que pudiera haberse cometido algún eventual fallo humano, sino que asistiríamos a una cadena de acontecimientos que ha desembocado en tragedias. Lo primero es que estamos hablando de una situación previa de avisos tanto en un desastre como en otro: en el de Adamuz sobre el mantenimiento de las vías y en el presente de Urda sobre el riesgo de inestabilidad del sistema. Lo segundo es el contexto de máxima recaudación tributaria histórica y mínimos de inversión ferroviaria. ¿Dónde está la calidad de nuestros servicios públicos de transporte? 

Por todo lo comentado, entiendo que no se puede reducir todo a la mala suerte o a errores puntuales. Y muy especialmente cuando asistimos a contradicciones en las versiones oficiales. Así que francamente y después del aún incompleto desarrollo de las investigaciones de Adamuz todavía no entiendo qué hace aún Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. Sí, el mismo que dijo aquello de "yo no soldé el carril".

Políticas climáticas: cuando las soluciones generan nuevos problemas

Otro de los temas de política pública en los que existen discursos más dispares, aparte del de la Vivienda, es el Medio ambiente y especialmente la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Existe consenso internacional en promover el desarrollo de un modelo productivo y energético respetuoso con el Medio ambiente, que no agote los recursos naturales y que contribuya a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante GEI). Sin embargo, cambiar el sistema es algo que requiere tiempo y los gobiernos cambian más rápido, pudiendo tomar direcciones distintas. Además, la política energética puede adoptar medidas contradictorias y generar nuevas externalidades que perjudiquen otros bienes u objetivos. Así que analizaré varias de esas fallas y exploraré las propuestas de los partidos más relevantes que concurrirán a las Elecciones Generales del 29-N. Aún no disponemos de programas electorales al completo, pero sí conocemos lo que han ido defendiendo en las de 2023 y Europeas de 2024.

Regresividad fiscal

El establecimiento de tipos impositivos verdes que modifican los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad más el Impuesto del Valor Añadido presentan externalidades regresivas. Así, en el caso del diésel, cuando el Gobierno de España planteó la equiparación de impuestos del combustible, el impacto no es en realidad neutro. Esto puede verse según datos del INE que señala que los hogares españoles asumieron en 2024 más del 40% de la recaudación por impuestos ambientales. También indica que pagaron el 72,4 % de los impuestos sobre el transporte y el 39,7 % de los impuestos sobre la energía. Por su parte, la OCDE ha hallado que los efectos distributivos de los precios de carbono suelen ser regresivos en países desarrollados. Por ejemplo, en Francia, la Contribution Climat Énergie se introdujo en 2014 en el país galo y fue incrementado hasta que en 2018 con la crisis de los chalecos amarillos pasó a congelarse. Y es que la carga adicional estimada sobre la renta del 10% más pobre resultó ser tres veces superior a la del 10% más rico. La OCDE relaciona este efecto con la mayor dependencia de los hogares de menores ingresos respecto de consumos intensivos en emisiones, de manera que destinan un porcentaje mucho mayor de su sueldo en necesidades básicas como calefacción, electricidad y gasolina o diésel para ir a trabajar. Así que podemos imaginar que los impuestos en la factura de la luz y el combustible merman la capacidad de ahorro de clases medias y bajas de forma desproporcionada.

Para compensarse, la OCDE entiende que deben efectuarse transferencias o devoluciones como deducciones tributarias. En España existen deducciones del 20%, 40% y 60% según se hagan obras en casa, así como por la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos y por adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por instalación de puntos de recarga. Sin embargo, puede haber más alternativas a encarecer el producto en el supermercado o en la gasolinera. En el IRPF, una alternativa teórica sería incorporar criterios relacionados con la huella de carbono al sistema tributario, de manera que la carga no recayera exclusivamente sobre el consumo de energía y combustible, sino que tuviera en cuenta también la capacidad económica y los patrones de consumo más contaminantes. Las rentas altas podrían asumir una mayor parte del coste, mientras que las bajas quedarían exentas o recibirían compensaciones. No obstante, trasladar esta idea a un sistema real plantearía importantes dificultades: habría que definir cómo calcular las emisiones atribuibles a cada contribuyente, garantizar la protección de datos y evitar errores, fraude e impugnaciones. La complejidad administrativa y tecnológica podría terminar siendo desproporcionada respecto a sus beneficios. Otra posibilidad sería reformar la fiscalidad indirecta del IVA para penalizar determinados consumos de lujo especialmente contaminantes y reducir la carga sobre bienes de primera necesidad. Esto podría traducirse, por ejemplo, en una tributación mayor de determinados servicios de aviación privada o vehículos de lujo muy contaminantes, frente a tipos reducidos para productos básicos y alternativas de menor impacto ambiental. Una reforma de este tipo exigiría, no obstante, estudiar su encaje en la normativa europea y evitar que la nueva clasificación generase distorsiones o dificultades de aplicación. Finalmente, las ayudas públicas deberían evitar importes fijos iguales para todos y modularse según el nivel de ingresos y la capacidad económica del beneficiario.

La trampa de la falta de alternativas

Subir las tasas al transporte para reducir emisiones choca frontalmente con la realidad del país. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética obligó a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Esto ha llevado a los ayuntamientos a establecer restricciones de circulación para determinados vehículos contaminantes, cuyo alcance depende de la ordenanza municipal y de las características de cada zona. Pero existen varios problemas. Primero, choca con la España vaciada en elementos como la desigualdad entre municipios, la disponibilidad real de transporte público y el coste de renovar el vehículo. En tal contexto, algunas familias trabajadoras de la periferia o de entornos rurales que acuden a trabajar a las capitales no tienen una red de trenes de Cercanías o autobuses interurbanos eficaz. Segundo, golpea también en una coyuntura actual cada vez más estructural, que es el progresivo encarecimiento de la vivienda y especialmente en las áreas más urbanizadas. En esa situación, muchos han optado por trasladarse no ya a pueblos sino a municipios periféricos y provincias limítrofes a las grandes áreas metropolitanas. Tercero, como el transporte público no cubre rutas de forma competitiva y ayudas estatales como el Plan Moves III no adelantan el dinero de los coches eléctricos, el ciudadano se encontraría en una encrucijada: o se arriesga a una multa mientras va a trabajar o asume un riesgo difícilmente asumible para cambiar de vehículo.

Así que subir impuestos para encarecer lo contaminante sólo funciona si el ciudadano tiene una opción "limpia" a su alcance. En muchas regiones y sobre todo en las rurales y periféricas, no existe transporte público eficiente y los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la clase media y baja. Un trabajador que viva en un municipio pequeño, no se pueda permitir un alquiler en la gran ciudad y necesite recorrer 40 kilómetros diarios en su vehículo será quien pueda sufrir mayor impacto. De esa manera, la política climática impositiva no tendría el mismo efecto sobre un habitante del centro de Madrid que se pueda mover por transporte público que alguien que viva en una zona rural. Y ya no digamos de otros aspectos como rehabilitación energética de viviendas e infraestructuras de recargas. Así que el impuesto tampoco cambiaría el comportamiento del ciudadano porque no tendría otra opción, sino que lo empobrecería y la medida degeneraría en puramente recaudatoria y no ecológica. 

La normativa europea estableció para 2035 un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO₂ de los coches y furgonetas nuevos, lo que afecta a su comercialización y no todos los Estados miembros están convencidos de esta fecha. No obstante, la Comisión presentó en diciembre de 2025 una propuesta de flexibilización que permitiría a los fabricantes alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de escape y compensar el resto por determinadas vías. Por su parte, a lo que apunta el Gobierno de España es a acelerar dichos hitos.

Fuga de carbono

España cuenta con una industria pesada e intensiva en energía pero muy localizada en comunidades como Asturias, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. El encarecimiento de los derechos de emisión de CO₂ en Europa representa un desafío por la llamada "fuga de carbono". Ésta es definida por la Comisión Europea como el traslado de emisiones de unos países a otros como consecuencia de políticas climáticas y reconoce que el riesgo es significativo en industrias del sector energético, por ser un sector más expuesto a la competencia internacional. Sucede también con materiales de construcción (cemento, hierro y acero) y fertilizantes. Cuando un país o región adopta leyes climáticas e impuestos muy estrictos, la producción industrial puede llegar a desplazarse en el sentido de que las fábricas se muden a países extracomunitarios en Asia o en América Latina con normativas ambientales más laxas o sin impuestos en carbono. Consecuentemente, el planeta seguiría recibiendo la misma cantidad de emisiones debido al transporte intercontinental, pero aquéllos países que implementaron el impuesto se arriesgarían a perder empleos y competitividad económica.

La solución que articula la UE y con los objetivos de defender la producción y el empleo industrial es el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). Esta herramienta pretende que determinados productos importados (cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) soporten un coste de carbono comparable al de la producción europea. Su límite de exención son 50 toneladas de los bienes cubiertos importados por comprador y año. Por lo tanto, es una medida que puede proteger la competitividad de la industria de la UE igualando precios frente a productores sometidos a exigencias climáticas menores, si bien genera costes administrativos y no cubre todas las cadenas de valor. También desincentiva importar materiales baratos en países donde las leyes climáticas sean más laxas, del mismo modo que incentiva la descarbonización de los productores extracomunitarios. En el lado negativo, no proporciona compensación de las exportaciones, no se aplica de forma general a todos los bienes manufacturados que incorporan acero o aluminio (como vehículos) y es una limitación relevante. Un posible efecto sería el riesgo de que podrían incentivarse su importación frente a materias primas perjudicando a las fábricas y sectores agrícolas y de construcción ven encarecerse fertilizantes y aluminios restándoles competitividad.

El mercado de carbono y las emisiones "compensadas"

Los mecanismos de compensación del carbono se han consolidado en las estrategias institucionales y corporativas, partiendo del Protocolo de Kyoto de 1997 mediante el mecanismo de desarrollo limpio y el artículo 6 del Acuerdo de París de la ONU. Con arreglo al principio de adicionalidad, las reducciones o absorciones de GEI sólo se considerarán válidas si se acreditase que no hubiesen sido posibles de no ser por el incentivo aportado por la venta de créditos de carbono. Por tanto, si el proyecto se iba a hacer de todos modos (por ejemplo, un parque eólico), no existiría un beneficio "adicional" para el clima. Así que se hace referencia a la viabilidad financiera, la voluntariedad de la actividad y en zonas sin amenaza real de deforestación. La sobreacreditación tiene lugar cuando un proyecto se calcula mal y obtiene más créditos de lo que realmente merece. Se suele dar en la protección de bosques y con la tentativa de que los promotores exageren la amenaza de incendios o talas. En cuanto a la verificación, es el proceso de auditoría que consiste en comprobar, mediante procedimientos y entidades independientes conforme al estándar aplicable, que las reducciones o absorciones declaradas cumplen los criterios exigidos. Sin embargo, no está exenta de posibles conflictos de intereses, dado que el desarrollador del proyecto de carbono suele ser quien contrata y paga a la empresa auditora pudiendo relevarla si fuese demasiado estricta. También tiene el inconveniente de que los madereros pueden moverse de parcela a seguir cortando árboles o incluso que un bosque certificado puede quemarse o sufrir plagas de un año a otro, contaminando la atmósfera pero con los créditos ya vendidos y gastados. Un tercer problema es la doble contabilidad en el país y en la empresa. El resultado de todo esto es el greenwashing, de manera que la empresa obtiene un beneficio publicitario real pero para el medio ambiente es nulo o incluso negativo. 

Existen investigaciones bastante contundentes. Un estudio publicado en Nature Communications en 2024 analizó los créditos utilizados por 20 grandes empresas entre 2020 y 2023. Encontró que el 87% presentaba un riesgo elevado de no proporcionar reducciones de emisiones reales y adicionales, es decir, de no producir el beneficio climático declarado. Además, el 97% de las compensaciones correspondía a proyectos de evitación (como la deforestación) en lugar de eliminación tecnológica o física de carbono y el 65% de los créditos procedía de proyectos muy antiguos que reducen drásticamente su impacto en la crisis climática. Otro estudio publicado en 2024 en Nature Sustainability por la Universidad de Berkeley de California encontró un problema en un estudio sobre proyectos de cocinas mejoradas en países en desarrollo. Los investigadores descubrieron que emitieron, en promedio, 9,2 veces más créditos de carbono que los que realmente les correspondían según las reducciones reales de emisiones. Por lo tanto, se asistió a un problema de sobreacreditación muy elevado en dicha muestra. Este desfase se habría debido a metodologías defectuosas que pueden subestimar el uso continuado de combustibles y sobrestimar el impacto de la recolección de leña en la degradación forestal. Para corregir estas deficiencias, el marco internacional ha ido evolucionando hacia mayores exigencias de rigor y transparencia para certificar estándares y créditos con alta integridad científica. En la UE se adoptaron diversas Directivas como la del Empoderamiento de consumidores para la transición ecológica (que evita diagnóstico de impacto basado exclusivamente en esquemas de compensación de emisiones) y el Marco de Certificación de la UE para la eliminación de Carbono (que establece criterios estrictos de calidad para certificar absorciones y reducción de emisiones reales garantizando transparencia). Actualmente sigue pendiente de tramitación la  Directiva de Alegaciones Ecológicas, que exige que cualquier declaración ambiental se respalde por metodologías científicas rigurosas y verificadas por terceros independientes).

Subsidios contradictorios y burocracia en ayudas públicas

A pesar del discurso pro-renovables, los subsidios a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) siguen aún en cifras enormes por razones de estabilidad económica. El FMI calcula que en 2024 los combustibles fósiles recibieron aproximadamente 725.000 millones de dólares en subsidios explícitos. Esta inyección directa de dinero público, que implica un coste fiscal directo, busca abaratar los precios de suministro para los consumidores, pero representa solo la punta del iceberg de las ayudas totales al sector. De otra parte y diferenciadas, se hallan las subvenciones indirectas que incluyen los costes ambientales y otras externalidades que no están incorporados en los precios y que suponen 6,7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5,8 % del PIB mundial. A menor escala se percibe esto en España. Durante las recientes crisis energéticas, el Gobierno ha recurrido a la bonificación directa de los carburantes (como el famoso descuento de los 20 céntimos por litro) y reducciones fiscales temporales en el gas natural y el diésel profesional para transportistas y agricultores. Todo esto conduce a una tensión entre objetivos climáticos y medidas de emergencia destinadas a proteger a consumidores y empresas. Destaca el que mientras que los Presupuestos Generales invierten millones de euros en la descarbonización, simultáneamente se destina mucho más a abaratar temporalmente el combustible fósil para evitar que la cadena de suministro colapse y se controle el descontento social.

Por otra parte, el acceso a los fondos verdes en España suele adolecer de una excesiva complejidad administrativa. El ejemplo más claro de laberinto de ayudas es la rehabilitación energética de edificios o la instalación de paneles solares mediante los fondos europeos Next Generation. Los propietarios se quejan de que las subvenciones tardan meses o años en cobrarse, pero también que los trámites burocráticos son tan complejos que muchas comunidades de vecinos desisten de pedirlas en barrios obreros. Por el contrario, en sitios de rentas altas que puedan contratar asesorías o adelantar dinero sí podría percibirse un riesgo distributivo. Así que con proyectos técnicos complejos, certificados de eficiencia energética previos y posteriores y un papeleo fiscal que requiere casi obligatoriamente la contratación de un "agente rehabilitador" se generan importantes cuellos de botella administrativos. Y eso sin contar que lograr consensos en comunidades grandes es otro factor de ralentización.

Qué proponen los partidos

Una vez expuestas las externalidades y contradicciones existentes en las políticas contra el cambio climático, vamos a explorar lo que hasta el momento han propuesto las principales cuatro fuerzas políticas que acudirán a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

En la izquierda. El PSOE defiende la transición energética apostando plenamente en las renovables y por la recaudación de un impuesto al CO₂ con el objetivo de destinarlo a un fondo de eficiencia energética, movilidad sostenible y apoyo social. A este último respecto, presentó en mayo un Plan Social para el Clima de más de 9.000 millones de euros destinados a hogares vulnerables y a la descarbonización de la movilidad. Las actuaciones previstas llegarían hasta 2032, pero a día de hoy aún no ha finalizado su tramitación. Pero resulta especialmente contradictorio que los criterios de acceso a las ayudas no se adapten a la evolución de las rentas. Un ejemplo es el de pensionistas con ingresos muy reducidos que pueden perder el bono social eléctrico tras una subida de su pensión si superan el umbral aplicable. Una mejora nominal de ingresos se traduciría en la pérdida de una ayuda esencial, por lo que una transición justa exigiría revisar estos efectos. Por lo demás, queda claro que los socialistas apuestan por más recaudación impositiva y sin incidir lo más mínimo en los puntos reseñados. En cuanto a Sumar (ahora Frente Amplio), propuso profundizar en la transición ecológica y en la descarbonización mediante inversión pública, industria verde y renovables para que llegue a todos los territorios incluyendo los rurales. Ello se financiaría con más subidas de impuestos a grandes empresas, bienes y servicios de altas emisiones y tasas al plástico, mientras que para evitar la "fuga de carbono" introducirían cláusulas antideslocalización para obligar a que se devuelvan ayudas percibidas. En las pasadas Generales de 2023 ya contemplaban una oficina de transición energética justa para agilizar la tramitación de ayudas y un observatorio contra el Greenwashing. Sin embargo, estos dos organismos no se crearon en esta legislatura. En definitiva, FA representaría dentro de la izquierda la orientación a cambiar el statu quo de las políticas climáticas con un enfoque en la "justicia distributiva".

En la derecha. El PP apuesta por el pragmatismo y prefiere una transición ecológica más gradual y menos acelerada que la izquierda buscando evitar costes desproporcionados para empresas y trabajadores así como para la actividad económica general. Concretamente pone el acento en la competitividad económica, los precios de la energía y la neutralidad tecnológica. Para ello, en sus propuestas recientes, plantea proteger a las industrias electrointensivas, ampliar la vida útil de las centrales nucleares, agilizar las compensaciones por fuga de carbono y compatibilizar la descarbonización. A este último respecto, muestran cautela frente a los objetivos comunitarios que consideran poco realistas en tiempo para la industria. Pero es Vox quien plantea una ruptura más clara y radical con los instrumentos climáticos actuales, de manera que su planteamiento es esencialmente desregulatorio. Exigen la derogación de las Leyes de cambio climático y transición energética, así como la ruptura de acuerdos internacionales anteponiendo los intereses del sector primario e industrial español. Su modelo se basa en un cambio de paradigma suprimiendo todos los impuestos verdes en la factura eléctrica y otras tasas ecológicas, eliminar el sistema de derechos de emisión de GEI, recuperar soberanía energética, apostar por la energía nuclear con nuevas plantas, un Plan Nacional de agua que conecte todas las cuencas hidrográficas y aumente las zonas de regadíos y la explotación de recursos nacionales protegiendo el suelo productivo de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica. Esto último ya se pudo leer en sus programas autonómicos.

Conclusiones

El mundo ha avanzado mucho pero no parece estar preparado del todo para culminar la transición ecológica. Quizá, en algunos aspectos, haya dado pasos precipitados y en otros los haya hecho lentos, pero una amplia mayoría no sólo de sectores científicos considera que adaptarse es una necesidad irrenunciable tanto en lo económico como social y no sólo medioambiental. Lo cultural es lo que está siendo complicado de adaptar. También es evidente que las cuestiones de debate seguramente sean muchas más de las que hemos hablado como el diseño del sistema energético, pero las dejaremos para otro momento. Dentro de una cuestión enormemente compleja, lo que convendría después de lo expuesto en este artículo, sería estudiar qué se puede proponer desde la política para corregir las mencionadas externalidades y costes colaterales y que el cambio de modelo energético sea lo menos contradictorio posible. Por ello creo que el próximo Gobierno tendrá mucha responsabilidad en ello.

Vistas las propuestas, considero que existe una vía intermedia entre el statu quo de facto que defiende el PSOE - con afán impositivo y ausencia de propuestas para corregir las fallas - y la ruptura de Vox, para el que la política medioambiental ocupa un segundo plano supeditada al plano económico (sector primario e industrial). Frente Amplio pretende amortiguar el impacto sobre las personas vulnerables, pero confía buena parte de la transición a una mayor presión fiscal sobre las empresas y a incentivos y sanciones económicas para acelerar el cambio productivo. El problema es que ese enfoque puede perjudicar la inversión, la competitividad y el empleo, demostrando que los cambios desde la izquierda de los socialistas pueden generar aún más contradicciones.

Por el contrario, el PP opta por una transición más escalonada, defendiendo la continuidad de las centrales nucleares mientras cumplan los requisitos de seguridad y contribuyan a garantizar un suministro estable, junto con el despliegue de las renovables. A este respecto nos referimos en un artículo anterior en relación con las tecnologías que doten de mayor inercia para proveer al sistema energético de más estabilidad. Por todo ello, considero que el modelo del PP es el que más se aproxima a mis convicciones liberales: neutralidad tecnológica, competitividad, costes asumibles y una transición acompasada a las alternativas realmente disponibles. Esto no significa dar carta blanca a sus propuestas ni ignorar sus posibles contradicciones, sino priorizar una política climática que combine objetivos ambientales con realismo económico. La transición energética no puede convertirse en un lujo reservado a quienes pueden pagarla, pero tampoco debería utilizarse como justificación para imponer costes que una parte de la población no tiene capacidad real de evitar.

Democracia 21: ¿una alternativa para la política española?

El pasado 10 de octubre se presentó en el espacio Domo 360 de Madrid una nueva formación política de corte centro liberal con el nombre de Democracia 21. Este partido no se ha creado a raíz de la convocatoria anticipada de Elecciones Generales, sino que tiene una historia previa detrás y su presentación estaba programada antes de la noticia del pasado dia 5. Ante la celeridad de los acontecimientos, sólo presentará listas por Madrid y Barcelona y si consigue alcanzar el mínimo de avales requerido para ello, que constituye el 0,1% del censo electoral respectivo al partir de no tener representación. No concurrirá por sí sola porque alcanzó un acuerdo con Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) para participar como coalición centrista. Esto sucede en un momento en que este espacio político se encuentra más huérfano que nunca por la deriva personalista, semiautoritaria y manchada de corrupción del Gobierno Sanchista y un populismo de derecha centrado en la explotación de la confrontación. Vamos a dedicar el presente artículo a comentar quién está detrás del proyecto, cómo surgió, las principales propuestas que se han esbozado o comunicado, a qué aspira y qué posibilidades tiene de cara al futuro.

Miriam González, el rostro del proyecto

Miriam González Durántez nació en Olmedo (Valladolid) en 1968. Es titulada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en el Colegio de Europa de Brujas. Es profesional abogada especializada en comercio internacional y Derecho de la Unión Europea. Su carrera comenzó en el ámbito europeo, dado que trabajó durante casi una década en la Comisión Europea. Posteriormente desarrolló parte de su actividad profesional en el Reino Unido (incluido un periodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico) y ejerció en despachos internacionales como DLA Piper y Dechert. También ha formado parte de consejos de administración y órganos asesores de distintas instituciones y empresas. Por otra parte, es fundadora de Inspiring Girls International, una iniciativa destinada a ampliar las expectativas profesionales de niñas y jóvenes y que posteriormente se extendió a numerosos países. En definitiva, en palabras suyas, su aproximación a la política española procede precisamente de esa experiencia profesional y de su preocupación por el funcionamiento de las instituciones. Pero antes de plantearse crear un partido, su apuesta fue actuar desde la sociedad civil. En septiembre González presentó junto a Rubén Amón su libro 'Devuélveme la democracia. Por qué urge una reforma radical en España', donde desarrolla buena parte de su diagnóstico sobre las instituciones españolas y la necesidad de reforzar los controles al poder. Pero veamos primero como empezó todo.

España Mejor: el precedente de Democracia 21

El planteamiento de Miriam cristalizó en España Mejor, una plataforma sin ánimo de lucro fundada con la finalidad de movilizar a la sociedad civil y promover propuestas de políticas públicas. Esta organización se definía como apartidista, diversa y transversal ideológicamente, tratando de reunir a personas procedentes de distintas sensibilidades alrededor de propuestas concretas. Por lo tanto, España Mejor no nació inicialmente como un proyecto electoral, sino que su objetivo era introducir en el debate público propuestas elaboradas desde fuera de los partidos y aprovechar el conocimiento de profesionales y ciudadanos que no desarrollaban su actividad en la política. González explicaba en 2024 que pretendían crear un espacio para que ciudadanos de distintas ideologías pudieran participar en el diseño de políticas públicas.

Entre las iniciativas impulsadas por España Mejor se encuentran la eliminación de los aforamientos como medida de regeneración democrática, una Educación económica básica para los jóvenes, un debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la equidad intergeneracional, propuestas para transformar el modelo turístico hacia otro más sostenible y beneficioso para los residentes, una política hídrica basada en la despolitización de la gestión, la inversión sostenida y la tecnología punta, una política de vivienda orientada a incrementar la oferta de alquileres con desregulación y liberalización, nueva fiscalidad en la que tengan especial importancia los trabajadores jóvenes emancipados, unas políticas de empleo más orientadas a anticiparse al mercado, racionalizando tiempos y más personalizadas y un código ético de 99 principios dirigido a las administraciones y responsables públicos. En resumen, España Mejor insistió desde el primer momento en cuestiones como los controles al poder, la transparencia, la responsabilidad de los gobernantes y la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales. Es decir, justo lo contrario a lo que se ha dedicado el Gobierno Sánchez en muy especialmente esta última legislatura.

El salto a Democracia 21 se produjo después de que González considerase que la vía exclusivamente cívica no lograría que las propuestas fuesen asumidas por los partidos existentes. En 2025 ya hablaba de la creación de una formación política como un "plan B" y en junio de 2026 se registró formalmente Democracia 21 en el Ministerio del Interior. La propia González ha apostado que el nuevo partido pueda incorporar a personas procedentes de fuera de la política profesional, dado que, a su juicio, existe mucho talento fuera de las estructuras políticas tradicionales. 

Qué propone. Pinceladas de su programa electoral

En una entrevista concedida al podcast de El director de David Jiménez en septiembre de 2025, González ya expresaba su preocupación por el deterioro de la confianza institucional debido al clientelismo y la falta de respuesta de las formaciones ante las demandas de regeneración y la necesidad de la reforma de la Administración Pública. Entre sus propuestas ya figuraban reforzar controles sobre los gestores públicos, prevenir conflictos de interés, aumentar la transparencia de nombramientos y exigir responsabilidades por comportamientos que, aún situándose dentro de los márgenes de legalidad, pudieran resultar contrarios a la ética pública. En ese marco hablaron del caso de Begoña Gómez, pero también criticó la Ley de conflictos de interés de la era Rajoy. Lo primero por anticuada, pues salió en 2015 y no cumplía con unos estándares de la OCDE. Así que lo importante para Miriam ya era la prevención y esta crítica se extendía lógicamente al funcionamiento de los partidos y su tendencia a anteponer intereses privados electorales a la búsqueda de soluciones y reformas, mintiendo deliberadamente en sede parlamentaria. Y aquí obviamente el mejor ejemplo era Pedro Sánchez y su entorno, de hecho buena parte de las propuestas de dicho bloque van dirigidas a evitar que sucedan esas cosas.

El viernes 16 se publicó en la web el primer pilar del programa electoral, el de la regeneración política. El problema básico son las redes clientelares. En materia de reducción del aparato político, proponen suprimir los aforamientos, reducir el 90% de asesores políticos, publicar sus CV y salarios, establecer procedimientos basados en mérito y capacidad para puestos de la Administración y empresas públicas y tipificar el enchufismo como delito en el Código Penal. En lucha contra la corrupción, se proponen crear Juzgados especializados en corrupción, institucionalizar una Oficina administrativa anticorrupción con capacidad sancionadora, más recursos para la Fiscalía, controles automatizados de la contratación pública mediante IA, que no prescriban los delitos de corrupción e inhabilitación permanente de los condenados en firme. En independencia institucional, despolitizar el CGPJ para que sean los propios jueces los que designen a los vocales, que el Ministerio Fiscal responda ante el Parlamento y no ante el Presidente, recortar subvenciones a partidos y sindicatos, limitar a dos mandatos todos los cargos públicos y establecer nuevas incompatibilidades para acceder a órganos independientes. En control ciudadano y rendición de cuentas, se importan varias ideas del sistema británico: comparecencia anual del Presidente ante una asamblea ciudadana, obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes cada quince días en sus circunscripciones, sanciones por ausencias parlamentarias y evaluaciones públicas de políticas públicas y su gasto dotando de esta manera de mayor transparencia. Finalmente, en ética política y sistema electoral se introduce el código ético, la reforma de la Ley de conflictos de interés, limitación de mandatos a 2 u 8 años y una reforma electoral para introducir listas abiertas y desbloqueadas.

Los otros dos pilares son modernización (administrativa, educativa, autónomos y servicios públicos) y social (vivienda, inmigración, seguridad, sanidad, familia y cambio climático), que aún no están publicados pero sí nos podemos referir a propuestas comunicadas en la presentación. Sobre Vivienda, apuesta por favorecer un alquiler asequible, entendido porque una persona que gane 1.300 no deba de destinar más de 350-400 euros al mes. Apuesta por impulsar la oferta incrementando el parque público y mediante la cooperación entre sector público y privado. Además, recalcó la importancia de diversificar las fórmulas de arrendamiento y dotar de mayor seguridad jurídica, justo lo contrario a lo que existe hoy día. El problema ya lo apuntaba claramente. Es una política enormemente polarizada e ideologizada en la que los partidos no tienen voluntad de acuerdo en ningún punto sino que priorizan su cálculo político y electoral. Al no ceder en ningún espacio, la ciudadanía queda al margen. En la presentación del partido añadió como propuestas un Plan Nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales a diez años para más seguridad jurídica, suprimir todos los impuestos de compra de vivienda para menores de 35 años y destinar 10.000 millones de euros de Fondos Europeos no ejecutados a un fondo de vivienda protegible y asequible. También aboga por simplificar los procedimientos administrativos para acelerar la construcción y reducir los costes derivados de los retrasos.

También habló de que existe una importante brecha generacional con un ascensor social roto salvo herencias particulares. Como sabemos, el sistema protege a las generaciones mayores con subidas de pensiones y ello se traduce en una participación electoral muy alta. En los jóvenes sucede lo contrario, que sienten que el sistema no les escucha cuando se diseñan las políticas públicas ni les proporciona resultados, por lo que su abstención es muy alta. Además, siendo el futuro del país no apuestan por el emprendimiento y muchos se centran en opositar a funcionarios (que no está nada mal, yo soy uno de ellos) pero más por la seguridad y estabilidad laboral que por vocación. Así que a este respecto Miriam apuesta por remover obstáculos y trámites agilizando el acceso empresarial y la movilidad social para los jóvenes, más teniendo en cuenta la malla de administraciones entre Estado, CCAA, diputaciones y Ayuntamientos. Algunas de esas barreras supuestamente se introducen por intereses públicos, pero otras se disfrazan y esconden intereses políticos contradictorios. Así que entiende además que se debe de avanzar en la armonización de normativas. Sobre los jóvenes se podrá preguntar en el evento que mañana tendrá Miriam en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otras propuestas son aliviar la presión fiscal, reforma educativa con más flexibilidad en los grados, más prácticas y especial atención a la comprensión lectora y visión positiva de la inmigración como activo pero con claras reglas de entrada, permanencia y salida.

Qué espacio político busca ocupar

Su perfil ideológico, su europeísmo y su relación con el electorado moderado desencantado con los partidos tradicionales lo sitúa en un claro plano de relanzamiento de lo que en su día quiso Ciudadanos y tiempo antes UPyD. En un momento de polarización máxima, con un PSOE cuyo proceso de podemización se ha consolidado en esta última legislatura y un PP que no puede alejarse de Vox como socio prioritario, un proyecto de centro liberal no es descabellado como pueda parecer. No hay que olvidar que se daba por hecho que la ausencia de CS le daría victoria cómoda al PP en 2023 y no fue así. Después de tanto martillearle como "muleta del Sanchismo". Es más, ya hemos hablado por aquí varias veces de que el PP no es capaz ni por voluntad de transformar o cambiar algunas de las políticas del PSOE y viceversa.

Ciudadanos es una fórmula hoy día plenamente agotada como partido político, pero no el espacio al que inicialmente aspiraba. Tras los sucesos de 2019 y 2021 (especialmente los primeros), su credibilidad política cayó por los suelos. Ya no eran sus líderes, sino la propia marca. Así que los sucesivos intentos de "refundación" fueron operaciones infructuosas de lavado y planchado que no sirvieron para nada. Ni los nuevos Estatutos ni las primarias ni nada. Como ya conté en este blog, aunque me salté toda la etapa de crisis y barrena, tras las Europeas de 2024 no merecía la pena seguir y pedí mi desafiliación. Sin embargo, dio la impresión de que muchísima gente había quedado huérfana de voto, entre los que se moverían a la abstención o votarían con la nariz tapada a otras listas. Todos ellos estarían decepcionados con CS pero al mismo tiempo con la política nacional. De igual manera que no es lo mismo ejercer un voto anti-Sánchez que otro propositivo. La gente sin duda merece votar en positivo y es donde Democracia 21 debería de orientar su estrategia. De ahí que "volver a creer" sea un buen lema de punto de partida y que conecta con un escenario de espectacular deterioro de la confianza institucional.

Así que su espacio político es y debe ser el de todas aquéllas personas que no entienden la política como un acto de fichaje el día de las urnas sin más. La desafección no sólo es síntoma de que haya decepcionado la política tradicional, sino también los populismos orientados hacia los extremos que a su vez están creciendo en Europa. El clientelismo que promueve derroche de dinero público, la corrupción, la falsa ética y las promesas vacías son los elementos de la vieja política que los extremos aspiran a transformar en su beneficio y lo han demostrado. Por lo tanto, frente a las concepciones que entienden a la política como una religión de feligreses palmeros, se ha de apostar por propuestas que superen tanto la ideología de culto al líder - que es lo que representa el Sanchismo - como soluciones antisistema basadas en la confrontación continua.

Qué posibilidades tiene de consolidarse

Por el momento, su implantación territorial es inexistente, aunque existen ya interesados de diversos puntos de España. Todos los nuevos partidos comienzan con cero recursos y por tanto han de arrancar con cuotas de afiliados. En su página web se abrieron desde el pasado día 10 con algunos precios reducidos para jubilados, desempleados y jóvenes. Es un coste medio algo mayor que cuando estaba CS, pero hay que tener en cuenta que el partido naranja cobraba subvenciones públicas. Pero su consolidación dependerá de muchos factores. 

El primero concierne a cómo se organice y su capacidad para convertir propuestas en apoyo electoral. Pero en su crecimiento, en su músculo humano, debe de tener especial cuidado. He comparado ya varias veces con experiencias pasadas, pero es que es inevitable. CS fue un ejemplo de lo que no hay que hacer, como impulsarse con miles de personas que no creían ni en el partido ni en su programa. Realmente eran más cercanos al PP, pero valoraban que de primeras no medrarían allí. Así que en su selección de cuadros deberá de tener especial cuidado. No se puede convertir al partido en un submarino de otro, pero tampoco favorecer la heterogeneidad de familias convivientes si no creen en un proyecto básico y de equipo. Porque luego toca posicionarse en temas más controvertidos que los arriba indicados y no todo el mundo está dispuesto a entender que el liberalismo no es exclusivamente económico sino también social y cultural. En tercer lugar, no menos importante será la comunicación. No es sólo realizar declaraciones y entrevistas públicas en medios, sino también manejar correctamente la transmisión de los mensajes sin contradicciones y sin dar pie a manipulaciones y bulos. Porque los rivales de izquierda a derecha fomentarán desinformación interesada. De hecho ya lo están haciendo. Y si me permiten, añadiría una cuarta. No monopolizar su discurso en torno al unionismo y contra el independentismo como hizo CS. Los naranjas creyeron que con exactamente el mismo discurso de Cataluña triunfarían en toda España. Hay que superar esa concepción que agotó también buena parte del relato de centro liberal, porque como sabemos terminó emergiendo un partido que defendía "mejor" a los ojos de los votantes ese españolismo. Y tuvo especial contribución a ello la coalición Socialpodemita seguida de la Socialsumarista por alimentar y visibilizar al extremo contrario con su política igualmente extremista.

La incógnita electoral

De cara al 29-N, Democracia 21 presentará listas en Madrid y Barcelona que son las dos circunscripciones más proporcionales de las 52 que existen. De momento siguen en la captación de firma de avales para poder presentarse en diversos puntos de las ciudades e informando sobre el partido. El pasado martes 14 se oficializó un acuerdo con Ciudadanos y UCIN para presentarse en coalición en dichas provincias y con el nombre "Democracia para el siglo XXI". La oferta política electoral en una y otra es muy competitiva, pero el utilitarismo no debería ser el motivo principal para ejercer el voto. Conviene más votar por lo que uno cree y que responde a sus principios, pese a las voces tan difundidas últimamente en redes sociales que apuntan a lo contrario. Incluso desde los rescoldos de UPyD que parecen el típico/a tóxico/a que no permite que su ex pareja encuentre otra persona en la que confiar. Democracia 21 ha de lidiar sobre todo contra los que creen que viene a dividir el voto, cuando a lo que fundamentalmente aspira es a adquirir visibilidad en provincias donde, o o bien el PP y Vox son ya de por sí minoría (Barcelona) o una mayoría (Madrid). Estamos hablando de lograr más de 90.000 votos de media y la cifra es mucho mayor para los menos votados por culpa de los efectos de la fórmula electoral. Con tampoco tiempo es casi imposible, PERO cosas más raras se han visto como que Alvise obtuviese más de 100.000 votos en la provincia de Madrid en las Europeas de 2024. Y eso sin más programa que su canal de Telegram. Vale que lo antisistema vende y no se puede subestimar la capacidad de movilización del populismo extremo, pero no intentarlo es de cobardes.

El hecho de no concurrir en el resto de España para estas Elecciones es inteligente por dos razones: primera, porque no es el momento aún en su estreno y sobre todo porque ha venido muy inmediata la convocatoria tras su presentación. No hay tiempo para más. Madrid y Barcelona son las plazas en las que más y mejor puede darse a conocer y, ante todo, obtener los avales necesarios para poder presentarse. La segunda es que de esta manera desactiva buena parte de las teorías de la conspiración que entienden que es un "invento del Sanchismo" para desagregar el voto. Alegar la patrimonialización del voto es el mayor absurdo antidemocrático que puede echarse en la cara del votante. Ese acto es el más libre de nuestro sistema porque se puede ejercer o no y, en caso afirmativo, en el sentido que se desee. Así que esa papeleta no es propiedad de nadie más que de nosotros mismos y con acusaciones como las que circulan se hace más necesario ejercer nuestra libertad de voto mal que les pese.

Teletrabajo en la Administración Pública: desarrollo desigual en AGE, CARM y Ayuntamientos

En el día de hoy me voy a referir a un tema que debería estar dentro de los programas electorales del 29-N de cara a proteger y mejorar los derechos de los empleados públicos. Desde el punto de vista administrativo, si alguna lección pudo extraerse de la pandemia del Covid-19 fue sin ningún género de duda que las tecnologías debían de facilitar el trabajo y la atención no presencial. Así, en el sector privado, algunas entidades de especial relevancia en distintas áreas como BBVA en el área bancaria, Axa y Mapfre en Seguros o Campofrío en Alimentación han desarrollado sus sistemas de teletrabajo en la medida en que cierta parte de sus procesos de trabajo son viables. En el sector público, que en muchos aspectos ha sido pionero como en derechos de los empleados, no parece haberse generalizado y aplicado del todo. Así que en el presente artículo exploraré los antecedentes y estado de la cuestión en la Administración General del Estado como marco normativo básico y muy especialmente en lo que está pasando en la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. Por último, comentaré y analizaré varias iniciativas de Ayuntamientos de esta misma Región que han aprobado Reglamentos regulatorios del teletrabajo en sus administraciones. Aclaro que no añado municipios como Murcia que disponen de un acuerdo no reglado o Molina de Segura que está pendiente de aprobación definitiva desde abril. Esta triple revisión nos permitirá tener un conocimiento de cómo se encuentra regulado y adaptado cuando la mencionada pandemia es hoy día un triste, mal pero a su vez algo lejano recuerdo.

El modelo normativo básico de la Administración General del Estado

Durante 2020, la Administración General del Estado funcionaba fundamentalmente con las medidas extraordinarias derivadas de la pandemia. El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, introduce el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público, Ese artículo conceptúa el teletrabajo como una prestación de servicios a distancia (fuera de dependencias administrativas) mediante tecnologías de la información, compatible con el trabajo presencial y de carácter voluntario y reversible. Por lo tanto, no es un acceso remoto sin más, sino que se corresponde con una prestación efectiva de servicios públicos. El texto legal se remite al desarrollo ya sea legal o reglamentario y bajo negociación con los sindicatos para, entre otras cosas, determinar criterios objetivos para el acceso a dicha modalidad de trabajo. La norma se refiere a la necesidad de contribuir a una mejor organización del trabajo tanto en identificación de objetivos como en evaluación de su cumplimiento, así como a la igualdad de derechos y obligaciones salvo aquellos estrictamente relacionados con el servicio presencial. Por supuesto, también ha de evaluarse previamente la prevención de riesgos en el domicilio. Las Administraciones serán responsables de proporcionar los medios tecnológicos necesarios, entendiéndose por tales el acceso remoto a las aplicaciones y algún dispositivo como una cámara de vídeo. Lo básico, es decir, el hardware (monitor o portátil) y el lugar apropiado, será responsabilidad de la persona empleada.

En abril de 2021 existían 46.760 empleados de la AGE en modalidad no presencial frente a 127.691 presenciales, lo que representa que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores desempeñaba sus servicios a distancia. Pero aquello no era aún el modelo estructural definitivo. El 12 de abril de 2021 llegó el hito clave. La Mesa General de Negociación de la AGE firmó el Acuerdo sobre criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo negoció con CCOO, UGT, CSIF y CIG y fue tramitado por la Secretaría de Estado de Función Pública. El planteamiento era bastante claro con un modelo general de 3 días máximo de teletrabajo más 2 días presenciales por semana. También se contemplaban situaciones especiales para determinadas zonas de difícil cobertura o con problemas demográficos (España vaciada), donde el porcentaje de presencialidad podía ser mucho menor. Pero el problema es que el acuerdo necesitaba desarrollo normativo a través de Real Decreto del Gobierno.

El Gobierno aprobó en mayo de 2022 un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado incorporando el teletrabajo como una de aquéllas. Y aquí encontramos otra vez el modelo de tres días a distancia y dos presenciales como regla general. También se permitían dos días a distancia por razones organizativas y otros sistemas excepcionales y el porcentaje de presencialidad nunca podía ser inferior al 40% de la jornada semanal. Sin embargo, esta modalidad se vinculaba estrictamente al  plan energético y poco tenía que ver con el modelo estructural de 2021. En noviembre se aprobó el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y el Gobierno se comprometía a impulsar, entre otras medidas, la "puesta en marcha inmediata del Teletrabajo". Así constaba en la Resolución de 14 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se publicó aquél. Sin embargo, el esperado Real Decreto continuó retrasándose por no decir que nunca llegó. En junio de ese mismo 2022, CSIF denunciaba públicamente que el Gobierno todavía no lo había aprobado teniendo en cuenta que la mayoría de restricciones sanitarias habían sido levantadas. En febrero de 2023 el mismo sindicato llegó a presentar una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio por la demora. 

En los años siguientes (2024-2025), el Gobierno frena las expectativas de una transición total al entorno virtual. Con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE, se deja claro que el teletrabajo no se conceptúa como un derecho del empleado público, sino una "modalidad de organización temporal supeditada a las necesidades del servicio". A fecha actual de 2026 no ha pasado todavía de fase de enmiendas, por lo que ni tan siquiera puede darse luz verde a su desarrollo reglamentario. Pese a dicha circunstancia, el teletrabajo volvió a estar sobre la mesa con la implantación de la jornada laboral de 35 horas y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Ahora bien, la aplicación práctica se ha fragmentado. Mientras departamentos muy tecnificados como la AEAT ó el CSIC funcionan con instrucciones estables de 2 días semanales, en varios ministerios y sobre todo en cuerpos de atención al ciudadano se mantiene una presencialidad prácticamente total. Por último, la Resolución de 14 de abril de 2026 sobre jornada y horarios de la AGE es la normativa más reciente sobre organización general del trabajo en la Administración estatal y guarda silencio al respecto de teletrabajo.

El modelo de la Administración Regional de la CARM

La CARM ya había impulsado el teletrabajo antes de 2020. Así, existieron dos acuerdos marco de la Mesa General de Negociación de fechas 6 de octubre de 2015 y 12 de noviembre de 2018, que impulsaron su implantación. A partir de ellos se realizaron proyectos piloto. El primero comenzó en 2015 en la Consejería de Hacienda con quince personas y el segundo se extendió en 2018 al conjunto de consejerías con 80 participantes. La propia Administración Regional consideró que aquellas experiencias fueron un interesante antecedente. Los requisitos en el primer proyecto eran conocimientos informáticos suficientes, una serie de requisitos técnicos de su equipo personal, cumplimentar un cuestionario previo de autoevaluación de riesgos en el domicilio y un máximo de 3 días en el domicilio. La diferencia con el segundo es que los nuevos cursaron formación específica previa, el seguimiento era a más largo plazo (un año prorrogable) y se abrió un procedimiento reglado para solicitarlo.

Pero no fue hasta el 5 de junio cuando de 2020, poco después de levantarse el último Estado de alarma por la pandemia del Covid-19, cuando en Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios se firmaron los criterios para la llamada "nueva normalidad", manteniéndose modalidades presenciales y no presenciales. Entre ellos, se establecieron reglas temporales para aplicar el teletrabajo mientras durase la crisis sanitaria. Posteriormente sería prorrogado hasta el 30 de junio de 2021. En aquél mismo mes de junio de 2020 incorporó su propia regulación legal a través del Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio. Esta norma añadió la disposición adicional decimosexta al Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. Dicha previsión establece que la Administración Regional podrá implantar el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita y se garantice la correcta prestación del servicio. También reconoce la viabilidad de que pueda ser parcial o total en relación con las funciones del puesto desempeñadas a distancia y desarrollándose los términos y condiciones mediante negociación entre la Consejería de Función Pública y las Organizaciones sindicales destacando lo relativo a la salud y a la conciliación personal, laboral y familiar del personal empleado público.

En base a esto, CARM y Sindicatos alcanzaron el Pacto de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 25 de junio de 2021 (BORM de 9 de julio). El Pacto establece que el teletrabajo sería, en los mismos términos que lo establecido en el EBEP, sólo que añadiendo algunas condiciones interesantes. Respecto a su ámbito, reitera su carácter voluntario, reversible y condicionado a la continuidad del servicio público, pero también aclara que no se configura como una prestación ordinaria de servicios. Por lo tanto, ya avisa que el teletrabajo sería complementario o excepcional. Puede ser obligatorio solo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, como por ejemplo ya se estaba aplicando en contextos de despachos amplios y con un número elevado de personas. Fue mi caso con anterioridad a este pacto, dado que en el espacio en el que me encontraba éramos hasta 16 puestos de trabajo en un mismo macro-despacho. No aplica directamente al personal docente, sanitario o de servicios sociales, ya que cuentan con regulación propia. 

Acceso y condiciones de prestación. Se accederá por convocatorias públicas periódicas o bien por solicitudes de gestión permanente y requiere estar en servicio activo, contar con un mínimo de 6 meses de antigüedad en la unidad y obtener informe del superior jerárquico. Se valoran situaciones prioritarias (discapacidad, salud, violencia de género, familias monoparentales, etc.). Sobre las condiciones de prestación, se permite un máximo de 3 días semanales ampliable en situaciones de emergencia y la autorización se formaliza en un acuerdo con una duración máxima de 2 años prorrogable, modificable, renunciable y revocable. Además, se precisa fijar un sistema de trabajo por objetivos e indicadores de medición así como registrar la jornada e identificar horario fijo. La CARM será responsable de aportar acceso a las aplicaciones, formación, seguridad y verificar prevención de riesgos, al tiempo que se contemplan los derechos de intimidad y desconexión digital para ser regulados con los sindicatos junto con todo el desarrollo reglamentario pendiente. Por lo tanto, este pacto era la primera puesta en común pero no el final.

En 2023 aparece un nuevo compromiso, que es el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y recuperación de condiciones de trabajo y que se plasmó en la Resolución de 11 de mayo de 2023 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación digital (BORM nº 109, de 13 de mayo), vuelve a ocuparse expresamente del teletrabajo. El acuerdo establecía en su apartado 5 la creación en junio de aquél año de una comisión técnica dependiente de la Mesa General de Negociación para elaborar una propuesta de acuerdo destinada a regular el teletrabajo. Según el acuerdo, los trabajos debían estar terminados antes del 31 de diciembre de 2023. Pues bien, llegado mayo de 2024 el sindicato UGT denunció que tras un año todavía no se había hecho nada. No se retomó hasta octubre cuando se constituye la comisión, pero fue una reunión sin continuidad.

Llegamos a febrero de 2026 e Intersindical denunció que no se había avanzado nada y reclamó retomar esas negociaciones. Incluso en un acta del Comité de Seguridad y Salud de la Administración regional de 2025 aparecía recogida la petición de regulación del teletrabajo y ya señaló que desde el 8 de octubre de 2024 no se había vuelto a convocar el grupo de trabajo. Lo cierto es que las circunstancias excepcionales de la pandemia provocaron aquella aplicación temporal y, una vez terminada su vigencia, el 1 de julio de 2021 se produjo la vuelta a la presencialidad de todo el personal. Paradójicamente, a día de hoy lo único que existe es el acceso remoto a carpetas corporativas y aplicaciones específicas pero no en régimen de Teletrabajo sino de forma complementaria. Menos se entiende con la progresiva sustitución de los discos duros compartidos (T:) por la nube (One Drive) y las herramientas de Microsoft como Teams, siendo tanta una como otras ya accesibles desde casa y sin permisos especiales. Esta situación actual, que puede permitir un salvavidas en ocasiones urgentes con aplicaciones específicas como Portafirmas, PLACRM (contratos) y otras contables o de gestión personal, desde luego no es lo que estamos esperando los empleados públicos y tampoco resulta muy amigo del derecho a la desconexión digital.

El teletrabajo en la Administración Local 

Jumilla fue la pionera publicando en el BORM en 22 de febrero de 2022 la versión definitiva de su reglamento. Se requiere una antigüedad de 12 meses consecutivos en el mismo puesto (siempre que sea susceptible de teletrabajo) con dispensa si el puesto lo tuviese reservado. Se establecen una serie de colectivos prioritarios como mayores de 60 años o personas que vivan lejos. El procedimiento se inicia con una solicitud a la Alcaldía o Concejalía delegada de Personal, informa la jefatura de servicio de adscripción del solicitante sin más trámite y con resolución de la Concejalía de Personal. La autorización será por tiempo determinado y máximo 6 meses, siendo prorrogable si nadie dice nada hasta otros seis más. El plazo de resolución es de un mes con sentido desestimatorio del silencio administrativo. Una comisión de seguimiento velará por la correcta ejecución. Finalmente, se reconoce el derecho a la desconexión.

En Los Alcázares (publicado el 25 de abril de 2022) se precisan 6 meses de antigüedad en el puesto para el personal interino o temporal pero con previsión de permanencia de más de un año. Se prohíbe para puestos de registro e información al ciudadano, personal eventual, servicios presenciales por su naturaleza y los que justifique la Alcaldía por Decreto. Se permite un máximo de tres días durante seis meses y pueden ser alternos y rotatorios como estime la jefatura de servicio. La autorización ha de ser por tiempo determinado, pero en esta ocasión es de año máximo prorrogable por otro. Al segundo año hay que reiniciar el procedimiento. Se precisa informe de la jefatura, visto bueno del titular de la concejalía de adscripción, informe de recursos humanos y otro de informática resolviendo la Concejalía de Personal. Se reconoce una buena gama de derechos haciendo referencia a la protección de datos y privacidad aparte de desconexión, reconoce también colectivos prioritarios y es el más completo. No indica plazo, pero ha de entenderse de 3 meses en aplicación supletoria de la Ley 39/15 y silencio positivo.

Mazarrón, con su Reglamento publicado el 24 de octubre de 2022, es el Ayuntamiento que tiene un procedimiento más complejo, ya que precisa hasta cuatro informes: Jefatura de adscripción, responsable de personal, Comisión de Teletrabajo y del Técnico de Administración General donde se presenten servicios. También es el más restrictivo, ya que sus destinatarios exclusivos son padres y madres de hijos menores de 14 años, víctimas de violencia de género o terrorista y empleados con discapacidad. Por tanto, no se menciona gente mayor de 60 años. Además, circunscribe qué funciones son susceptibles de ser desempeñadas a distancia y excluye las mismas que Los Alcázares, aunque el ámbito positivo lo dejaba abierto. La antigüedad mínima requerida en el puesto son 6 meses consecutivos con independencia de ser fijo o temporal. En cuanto a plazos de duración son los mismos que Los Alcázares y se establece un porcentaje máximo del 20% de la jornada laboral (dos días). Al no mencionarse plazo expreso de resolución, se entiende que son tres meses y silencio estimatorio.

En 27 de octubre de 2022 se publicó el del Ayuntamiento de San Javier. Prevé adaptación de la Relación de puestos de trabajo tras definir con mayor detalle aquellas funciones susceptibles de ser prestadas en régimen de teletrabajo. La solicitud puede ser individual pero se permite que pueda ser colectiva. No existe ninguna previsión ni de destinatarios exclusivos ni prioritarios. En cuanto al procedimiento administrativo, es el mismo que el de Mazarrón excluyendo el informe técnico y denominándose "técnica" la comisión. La antigüedad mínima requerida es la más baja con sólo tres meses consecutivos en el puesto salvo que se disponga en reserva. Se concede por plazo indefinido salvo que cambien las circunstancias, como si se tratase de una autorización de compatibilidad. El texto menciona expresamente condiciones como la edad o la salud como factores a tener en cuenta. El sentido del silencio administrativo desestimatorio siendo el plazo máximo de resolución de 20 días hábiles desde la solicitud. Por lo tanto, es el más corto de los cuatro.

Ceutí publicó su aprobación definitiva en 11 de mayo de 2023. En el caso del personal temporal o interino se exige una antigüedad previa de un año en el puesto. La autorización se concede por máximo de seis meses y no existe prórroga implícita. Se puede optar a un máximo de 2 días y el procedimiento requiere informe de la jefatura, visto bueno de la concejalía e informe-propuesta de Personal. Ante la no previsión, se entiende un plazo máximo de 3 meses con silencio estimatorio. Sorprendentemente, se reconocen colectivos prioritarios pero no se menciona a los mayores de 60 años.

En 26 de agosto de 2026 fue Abarán que publicó el texto más corto de todos. El procedimiento es también el más simple con una mera solicitud a la Concejalía de Personal que resuelve de forma motivada. Pese a no requerir ninguna antigüedad (salvo para priorizar) es bastante restrictivo porque será aquél departamento quién decida qué tipo de puestos son viables para desempeñar teletrabajo a propuesta de las demás concejalías e incluso puede determinar periodos en los que se prohibirá. Además, entre los colectivos prioritarios no se relaciona a las mayores de 60 años y se baja el tope hasta los 6 años respecto a los hijos de las personas empleadas. Por el contrario, se faculta a un máximo de 50% de la jornada laboral mensual y se concede por tiempo de hasta un año pudiendo ser prorrogable automáticamente hasta llegar a los dos años.

Tengo que hacer un inciso importante y es que en los casos de Jumilla y San Javier no tengo claro que sea correcto el silencio administrativo negativo impuesto por dos normas reglamentarias. Que sepa, ninguna Ley estatal ni autonómica menciona expresamente que no sea estimatorio. Hay que tener en cuenta que con arreglo al artículo 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el carácter del silencio administrativo será siempre positivo salvo algunas excepciones tasadas más cláusula remitiéndose a otras normas con rango de Ley. Y a tal respecto considero que no encaja en las excepciones al sentido general estimatorio. Y la Ley 53/84 - en la que tal vez se escuden - trata en su prescripción de silencio negativo de las incompatibilidades por prestar una segunda actividad en el sector público, no de teletrabajo. Pero esa presunta irregularidad no anula lo más importante, que es que varios administraciones municipales se hayan anticipado en 2022 con la regulación del teletrabajo pese a hacerlo de forma dispar. Me preocupa más ese detalle, que haya tanta diversidad de criterios así como pocas iniciativas. Así que llegado a este punto... ¿por qué no se aplica el teletrabajo en la Administración de la CARM y por qué en la AGE se ha quedado en una aplicación descentralizada y nada uniforme?

Conclusiones

La primera de las razones por la que creo que no ha terminado de avanzar la regulación del teletrabajo es por la ausencia de una cultura del mismo. El cambio de paradigma en la Administración se ha orientado a convertirla en más accesible y transparente al ciudadano, así como más ágil y menos compleja. Sin embargo, en lo que respecta a sus propios empleados se ha estancado. Muchos ya tienen una perspectiva anclada en que los funcionarios somos unos privilegiados que debemos de permanecer en nuestros puestos de trabajo no vaya a ser que nos escapemos más de media hora a desayunar o peor, al supermercado o a casa a dormir. Así que uno de los elementos que puede estar detrás es la desconfianza en que el rendimiento telemático sea medible, cuantificable y efectivo.

En segundo lugar, el teletrabajo se ha venido circunscribiendo más a una circunstancia excepcional que a un derecho del empleado público conectado con la conciliación familiar y personal y/o con la salud. Y por mucho que se hubiese declarado en acuerdos sindicales elevados a público en los boletines oficiales. Si las Leyes no lo contemplan como tal, no puede protegerse como derecho. Esto se ha comprobado una vez que se ha esfumado la etapa del Covid-19 y sus fases de desescalada hasta que el 1 de julio de 2021 se acabó cualquier modalidad de teletrabajo fuese voluntaria u obligatoria. El hecho más significativo al respecto ha sido la ocurrencia de habilitar acceso remoto a las aplicaciones desde dispositivos personales en una modalidad de trabajo complementario fuera del horario normal.

En tercer lugar, creo que la CARM va a rebufo de la AGE y sobre todo a raíz de la pandemia en lo que a regulación se refiere. El hecho de que ninguna norma con rango de Ley ni tan siquiera reglamentaria haya visto la luz en el Estado es muy posible que sea el motivo por el que Murcia haya optado por no reformar su Ley de la Función Pública. Además, también tiene lugar esta ausencia de adaptación normativa en un contexto de futuro proyecto de nueva Ley que lleva años retrasándose, por lo que por ahí tampoco tiene motivación para adelantarse. Y, por si fuera poco, en cualquiera de los casos tampoco puede eludirse el clásico miedo a la inconstitucionalidad por si se invadiese el orden de competencias. Ojalá que tras las Elecciones Generales el próximo Gobierno se tome en serio y desencalle el teletrabajo porque considero que es la pieza del dominó que puede mover el resto y por supuesto a la CARM.

En cuarto lugar, la aplicación de la IA y el problema del envejecimiento de los recursos humanos en la Administración Pública son dos cuestiones que por el momento no son conectadas por los políticos con el Teletrabajo. La primera está experimentado avances importantes en el trabajo interno, pero de cara al público aún no. Así que por el momento los puestos de trabajo vinculados con atención al ciudadano son muy complejos de resolver exclusivamente mediante IA. Respecto al segundo, las soluciones que se están viendo son prolongar en el servicio activo a aquéllos con más de 65 años que estén dispuestos y poner sobre la mesa la movilidad de puestos. Pero no se plantean fomentarlo con teletrabajo.

Por último, casos como el de Los Alcázares y San Javier son muy positivos, ya que entran en qué tipo de funciones pueden ser perfectamente desempeñadas desde casa, bajo qué condiciones y mediante qué procedimiento administrativo. Se han basado exclusivamente en la legislación estatal que le es aplicable, pero al no existir más que un marco general han optado por resoluciones muy dispares en requisitos de antigüedad, colectivos destinatarios y preferentes, burocracia procesal, duración y hasta efectos del silencio administrativo. Es una pena que la Administración autonómica no tome ese ejemplo y adoptase la opción más restrictiva, lo que redunda en que las experiencias locales no pudieran ser más tanto más uniformes como extendidas al resto del mapa regional.