Dependencia, discapacidad y ELA: retos de los servicios sociales en Murcia

Los Servicios Sociales son fundamentales en nuestro Estado social y democrático de Derecho por cuanto son garantía del bienestar de las personas con discapacidad. Igualmente, cualquier sistema liberal que crea en la igualdad de oportunidades ha de velar porque el Estado limitado priorice recursos en dicho área. Me parece muy necesario explorar la situación de las políticas de Dependencia, reconocimiento de discapacidad y enfermedades raras con especial mención al ELA. Me centraré en la Región de Murcia, pero al mismo tiempo prestaré atención a qué proponen y defienden los principales partidos que concurren a las Elecciones del 29-N.

Distribución de competencias

Las competencias en materia de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se regulan principalmente a través de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Los niveles y distribución de competencias son los siguientes: la Atención Primaria constituye el normal cauce de acceso al sistema y los Ayuntamientos ofrecen una atención integrada y polivalente en el entorno más próximo al ciudadano y su familia. Se provén programas básicos de información, valoración, orientación, ayuda a domicilio, prevención e inserción y cooperación social. Después está la Atención Especializada que es ejercida por la CARM y que corresponde a niveles que exigen recursos más técnicos y personalizados. Se gestiona a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que específicamente se encarga del desarrollo y gestión de servicios, programas, prestaciones técnicas y la valoración del grado de Dependencia. Finalmente, la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad impulsa, promueve y coordina la atención primaria, elabora planes generales y coordina los sistemas de protección social frente a la vulnerabilidad.

Dependencia

El sistema de atención a la dependencia en la Región de Murcia atraviesa graves dificultades estructurales. Según los datos oficiales del Observatorio Estatal para la Dependencia, gestionado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad Autónoma se sitúa repetidamente a la cola del país en cuanto a agilidad y cobertura. Revisando los datos del SAAD del Ministerio arrojan varias tendencias crecientes que no van al mismo ritmo. Entre 2019 y 2026, las solicitudes han aumentado en un 42,6%, las resoluciones un 54% y el número de personas con derecho a prestación un 45,6%. A fecha de cierre de septiembre de 2026, las personas con derecho reconocido alcanzaron un 78,52% de las solicitudes registradas y con derecho a prestación. El resumen es que la CARM ha incrementado notablemente su actividad administrativa entre 2019 y 2026, pero eso no ha impedido que persistan importantes problemas de demora. Las prestaciones se han incrementado en más de un 58% y con el crecimiento más acusado desde 2023 hasta 2025. Ahora bien, tampoco se puede interpretar como número de personas atendidas porque hay quienes reciben más de una prestación.

Evolución del sistema de Dependencia en la Región de Murcia (2019-2026)

Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones. 

Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones

Año	Solicitudes	Resueltas	Con derecho reconocido	Prestaciones
2019	53.719	46.430	41.312	44.054
2020	52.094	45.294	40.012	44.045
2021	54.205	47.556	42.082	46.064
2022	55.440	50.117	44.287	47.227
2023	62.760	54.056	47.580	50.551
2024	66.811	59.427	51.617	57.972
2025	74.588	67.138	57.566	66.770
2026*	76.618	71.492	60.166	69.797

*Datos correspondientes a septiembre de 2026.
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Elaboración propia.

Los principales problemas identificados se concentran en los siguientes puntos: 

Tiempos de espera extremos: La Región de Murcia lidera la mayor demora de España para tramitar un expediente de dependencia. El tiempo medio necesario para completar un expediente (desde la solicitud hasta la concesión de la ayuda) supera los 550 días, desbordando ampliamente el plazo máximo de 6 meses (180 días) fijado por la normativa estatal. La media nacional se sitúa bastante por debajo, en torno a los 320 días. El limbo de la dependencia llega a cifras como que el 18,6% de los solicitantes en Murcia permanecen a la espera de recibir alguna valoración o la prestación que legalmente ya tienen reconocida. Esto sitúa a la Región como una de las que presenta un mayor porcentaje de personas desatendidas en todo el territorio español. Actualmente, más de 14.000 personas se encuentran atrapadas en esta lista de espera. Pero el impacto más crítico de estas demoras administrativas es el elevado volumen de personas vulnerables que fallecen esperando una respuesta. Durante el primer semestre, más de 700 dependientes murcianos murieron mientras figuraban en las listas de espera sin haber llegado a percibir sus prestaciones o servicios.

Déficit de recursos e infraestructuras públicas: Diversos colectivos y portavoces del sector social alertan de una preocupante falta de cobertura en equipamientos básicos. Se estima un déficit de aproximadamente 8.000 plazas en residencias y centros de día públicos, lo que congestiona las opciones de cuidado formal de los dependientes graves. Además, se asiste a una marcada disputa política en torno a los recursos económicos. El Gobierno autonómico denuncia una infrafinanciación por parte del Estado, señalando que la administración central aporta aproximadamente el 30% del gasto frente al 50% que estipula la ley nacional. Por su parte, colectivos sociales y de la oposición atribuyen la situación a una falta de priorización presupuestaria y a la excesiva complejidad burocrática interna del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Por su parte, el argumento central del Ejecutivo regional y de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es la infrafinanciación y deuda del Estado. La CARM denuncia que asume cerca del 75% del coste total del sistema de Dependencia, mientras que la ley nacional estipula que la financiación debería repartirse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. De esa manera, el Gobierno autonómico cifra en más de 600 millones de euros la deuda acumulada que el Ministerio tiene con la Región de Murcia en materia de Dependencia desde 2018. También aseguran que si contaran con, su entender, una financiación estatal justa (como la que reciben otras comunidades con regímenes forales), se habrían eliminado los tiempos de espera y reforzado de manera inmediata los recursos de atención. Por otra parte, trata de contrarrestar las críticas de parálisis publicando sus propios balances de gestión a través del IMAS y destacan que en los últimos periodos se ha logrado un incremento histórico, resolviendo más de 50.300 valoraciones anuales entre discapacidad y dependencia (un aumento superior al 22%). También que el sistema atiende de forma activa a más de 66.770 beneficiarios, incorporando miles de personas nuevas al sistema año tras año.

En cuanto a la reducción de las listas y "cuellos de botella", el Gobierno regional sostiene que las listas de espera están disminuyendo de forma sostenida gracias a planes de choque internos. Afirman que se están acelerando los expedientes y que la tendencia del IMSERSO refleja que se tramitan miles de prestaciones nuevas cada trimestre. En términos de modernización del modelo y simplificación burocrática, para atajar el problema de los más de 530 días de retraso medio, la CARM ha implementado reformas como una nueva solicitud simplificada para fusionar la solicitud de valoración del grado con la de la prestación o servicio (evitando duplicar tiempos de espera), extensión de las valoraciones telemáticas priorizando casos más graves y, tras el Decreto-Ley del nuevo grado III (dependencia extrema), enfocarse en asistencia domiciliaria de 24 horas y apoyo económico a familias con enfermedades como ELA. 

Solicitud y reconocimiento del grado de minusvalía

En la Región de Murcia, el procedimiento para el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del grado de discapacidad (históricamente llamado minusvalía) también presenta importantes fricciones burocráticas y problemas de tiempos de espera similares a los de la dependencia. El órgano responsable de tramitarlo y evaluarlo es el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Para poder acceder a los beneficios fiscales, laborales, educativos y de movilidad, el grado mínimo dictaminado debe ser igual o superior al 33%. Puede solicitarse tanto online (mediante certificado digital o Cl@ve en la Sede Electrónica) como presencialmente en las oficinas del IMAS con cita previa. Se deben aportar informes médicos oficiales (de especialistas de la Seguridad Social o privados) y abonar una tasa de solicitud inicial (el modelo T-173.1, salvo colectivos exentos por bajos ingresos). La evaluación debe ser realizada por los equipos multipersonales de Valoración y Orientación como médicos, psicólogos y trabajadores sociales y aquélla ha de medirse aplicando el baremo estatal regulado por el Real Decreto 888/2022.

El mayor conflicto en torno al reconocimiento de la discapacidad reside en el colapso del sistema de citas y evaluación. Para empezar, se incumple el plazo legal, dado que la norma estipula un plazo máximo de 6 meses para resolver la solicitud. Sin embargo, según informes de entidades del sector como el CERMI y debates en la Asamblea Regional, el retraso medio para conseguir la cita y dictamen definitivo supera los 16 meses (unos 513 días de media) y en algún caso personal llevamos esperando sólo la cita casi 2 años. Ante el silencio administrativo, cabe recurso de alzada ante el titular de la Consejería y, en caso de nuevo silencio, su sentido es de carácter estimatorio. Sin embargo, eso no faculta en realidad para obtener un derecho automático, pues sólo implica que te tengan que citar y la certificación de la estimación presunta tan sólo nos valdría para interponer recurso contencioso-administrativo. El propio Defensor del Pueblo ha emitido advertencias formales a la CARM por estas demoras crónicas, ya que genera un indudable impacto en los usuarios, pero no ha recibido en ningún caso respuesta. Este atasco perjudica gravemente a familias con niños que necesitan tratamientos urgentes de atención temprana, a trabajadores que necesitan adaptar sus puestos y a personas con patologías graves que no pueden acceder a pensiones o beneficios de inclusión laboral mientras esperan.

Ante esta situación, el Gobierno de la Región de Murcia sostiene que está aplicando medidas medidas correctoras. Respecto a la falta de personal técnico, la Administración reconoce de manera indirecta las carencias estructurales en las plantillas médicas y psicológicas de los Centros de Valoración, además de admitir dificultades para cubrir las bajas laborales. Con el fin de evitar que las personas cuyas tarjetas temporales caduquen queden desamparadas económicamente durante la espera de su revisión, el IMAS ha emitido resoluciones extraordinarias para prorrogar automáticamente la vigencia de los grados de discapacidad reconocidos. Asimismo, defienden que el nuevo baremo digitalizado agilizará el cruce de datos con el SMS, permitiendo emitir dictámenes por informe médico en los casos más severos y reduciendo la necesidad de evaluaciones presenciales complejas. Estas perspectivas optimistas tienen sus reservas en opinión de algunas asociaciones en España. Pero sobre todo pierden fuerza por su propio peso, al constatar que el principal cuello de botella se origina en el primer trámite de asignación de citas, es decir, una gestión esencialmente administrativa y no técnica.

Enfermedades raras, Ley ELA y su aplicación en la Región de Murcia

La atención a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a las enfermedades raras ha sido objeto de debate legal y presupuestario tanto a nivel nacional como autonómico, no sin antes ser postergada su aprobación hasta tres años siendo postergada más de 40 veces desde su toma en consideración en 2022 a iniciativa de Ciudadanos. Muchos pensamos que el hecho de que fuese presentada por esta formación, aparte de la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado fueron los principales motivos peregrinos para retrasarla, demostrando con su aprobación mediante la Ley 3/2024 y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto-Ley 11/2025 que no era necesario esperar tanto. 

Estas normativas reconocieron derechos históricos para pacientes de ELA y otras dolencias irreversibles de alta complejidad, permitiendo a la Región de Murcia implementar importantes novedades normativas. En primer lugar, creó el Grado III+ (dependencia extrema) a través del Decreto-Ley 1/2026, de 7 de mayo, específico para enfermos de ELA en fase avanzada. Esto permitiría agilizar la atención domiciliaria continua de hasta 24 horas y otorgar un blindaje económico directo a las familias que puede alcanzar hasta los 9.859 euros mensuales por enfermo según las necesidades de supervisión. Por otra parte, el Ejecutivo autonómico prometió la supresión total de copagos en las prestaciones para las personas diagnosticadas con ELA y patologías irreversibles de curso rápido. Esta medida contó con el consenso de las fuerzas políticas de la Asamblea Regional para integrarse plenamente en el presupuesto ordinario y la Ley entraría en vigor a finales de año. Finalmente, el IMAS mantiene líneas de subvención de concurrencia no competitiva destinadas a sufragar gastos no cubiertos por el sistema ordinario de salud, gestionadas de forma complementaria junto a asociaciones como ELA Región de Murcia.

El Sistema de Información sobre Enfermedades Raras de la Región de Murcia (SIER) tiene identificadas a más de 86.000 personas con alguna de estas patologías en la comunidad. La Consejería de Salud trabaja en la actualización del Plan Regional Integral de Enfermedades Raras con el objetivo prioritario de acortar los tiempos de diagnóstico (que a nivel nacional suelen superar los 5 años) y unificar las vías de derivación sanitaria. En abril de este año se inauguró el Centro Regional de Enfermedades raras ubicado en el Hospital público de La Arrixaca con programas como ImPaCT Genómica para los casos complejos y asume funciones de detección precoz, diagnóstico y seguimiento. Por otra parte, existen ayudas fiscales y económicas. En las primeras, existe una deducción autonómica en el IRPF de hasta 300 euros para ayudar a cubrir costes de tratamientos, terapias y medicamentos de las personas diagnosticadas. En las segundas, existen convenios de atención familiar mediante los que se canalizan vía Presupuestos subvenciones nominativas a entidades como la Federación Española de Enfermedades Raras y asociaciones locales (D'Genes). De esa forma se financian servicios de atención psicológica, logopedia, fisioterapia y orientación social especializada en sus centros de día autorizados.

A pesar de los avances legislativos, plataformas de afectados como la Confederación Nacional ConELA y diversas asociaciones de enfermedades raras denuncian la existencia de múltiples barreras que impiden una aplicación efectiva y equitativa de la norma. El problema fundamental radica en el propio retraso administrativo que anula el impacto de la Ley estatal. Aunque esta exige que los procesos se resuelvan por la vía de urgencia, el colapso del sistema provoca que muchos afectados fallezcan antes de recibir la ayuda económica o la asistencia domiciliaria solicitadas. Asimismo, las familias recalcan que las demoras se ven agravadas por unos sistemas informáticos de gestión en el IMAS que aún no están completamente adaptados ni unificados. A este escenario se suman los retrasos en el diagnóstico de las enfermedades raras, pues el tiempo para obtener un diagnóstico certero sigue superando los cinco años. Consecuentemente, los pacientes se hallan en un limbo administrativo y social que les impide solicitar las deducciones fiscales de 300 € en el IRPF o las prestaciones por discapacidad. Por último, tampoco puede obviarse la exclusión de patologías similares, como las neuromusculares; pese a que la Asamblea Regional aprobó por unanimidad extender los beneficios y ayudas de la ELA a condiciones como las distrofias musculares de Duchenne o Becker, las convocatorias de ayudas publicadas hasta la fecha solo han incluido el diagnóstico estricto de ELA. Por lo tanto, no puede obviarse una irrenunciable responsabilidad pública.

Qué proponen los partidos

El debate sobre la Dependencia ya no gira en torno a la ampliación de derechos, sino en la sostenibilidad económica del sistema ante el envejecimiento poblacional y la agilización de las listas de espera. El PSOE, tras la aprobación de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica las Leyes de Derechos de personas con Discapacidad y de Dependencia, centra su dirección en: blindar la financiación estatal para alcanzar el 50% de aportación vía PGE, eliminar incompatibilidades y garantizar la simultaneidad de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día para finalmente establecer plazos máximos legales de resolución de 3 meses al objeto de erradicar el limbo de la Dependencia.  Frente amplio (antes Sumar) va más allá priorizando la gestión pública directa de los servicios de cuidados, universalidad del sistema, subida de cotizaciones a las cuidadoras no profesionales y fiscalizar los baremos de valoración para que se adapten a las realidades multipatológicas. Eso es lo que ha promovido el Ministerio de Derechos Sociales Por lo tanto, entre la izquierda la diferencia es presupuestaria e intervencionista. Por una parte, centraliza gastos en el Estado y descarga de las CCAA, pero limita al sector privado y lo más importante, genera un incremento sustancial del compromiso presupuestario que debería responsabilizarse el próximo Gobierno.

En la derecha, el PP apuesta por una modificación profunda de la Ley de Dependencia simplificando trámites administrativos mediante ventanilla única, introducir una cartera de servicios básica y común para todas las CCAA y teleasistencia avanzada y soporte en el entorno familiar para los que permanezcan en sus hogares. A nivel de Murcia, López Miras ha prometido más de 1.600 plazas nuevas para mayores y discapacitados y también un convenio con el IMSERSO para destinar 46 millones de euros en materia de Dependencia. No hay que perder de vista que estas cifras se han hecho públicas días después de la convocatoria electoral. Por su parte, Vox marca una apuesta decidida por la recentralización. Propone un modelo de tarjeta sanitaria (como propuso en su día Ciudadanos), que las competencias sean asumidas por el Estado para que no haya disparidad de prestaciones por regiones y propone subir las deducciones fiscales para los cuidadores familiares. Así que el resumen aquí es que la derecha se mueve más por unidad de mando, igualdad de derechos y beneficios fiscales, pero es más acusado en Vox que en mayor proporción desconfía de la gestión autonómica.

Sobre las enfermedades raras, tanto el PSOE como el PP coincidieron en una proposición de Ley presentado por el primero para agilizar el diagnóstico expandiendo y homogeneizando el cribado neonatal (prueba del talón). En materia de medicamentos, la izquierda propone revisar y flexibilizar los criterios de financiación pública de los fármacos de última generación para que se incorporen lo antes posible al SNS. También hubo consenso en aprobar iniciativas de PP y Vox para mejorar avances en los tratamientos y el segundo para el acceso al fármaco contra la piel mariposa. Sin embargo, el PP cree también urgente acelerar las aprobaciones en sintonía con la Agencia Europea de medicamentos y conceder incentivos fiscales a la investigación biotecnológica. Sobre especializaciones sanitarias, el PSOE plantea incentivar la genética clínica y enfermedades minoritarias mientras que Vox respalda que se concentren los recursos en centros nacionales dotados con presupuestos específicos. Pero específicamente sobre la ELA, el PSOE se propone desbloquear los Decretos pendientes que desarrollen la Ley como la prórroga de la ayuda CUMU y una dotación presupuestaria garantizada a las CCAA para la atención especializada domiciliaria. Frente Amplio añade a esta última que se blinde por Ley junto con los cuidados domiciliarios pero en régimen siempre público, así como apoyo psicológico continuo al núcleo familiar. El PP promueve la creación de un Centro nacional de investigación de ELA y acelerar el reconocimiento del diagnóstico de la enfermedad para acelerar las ayudas. Finalmente, Vox vuelve a apostar por la centralización con la coordinación de las unidades ELA interprovinciales a efectos de evitar traslados gravosos a los enfermos y asegurar los cuidados paliativos avanzados.

Conclusiones: los derechos sociales se demuestran con resultados

La Región de Murcia tiene ante sí un reto que no puede seguir aplazándose: conseguir que los derechos reconocidos en materia de dependencia, discapacidad y enfermedades raras se traduzcan en atención efectiva. Porque una prestación que llega tarde, una valoración que se demora durante meses o una ayuda que no alcanza a quien la necesita pierde todo su sentido. Detrás de cada expediente hay personas y familias que no pueden esperar indefinidamente a que la Administración resuelva sus problemas.

Es evidente que la financiación estatal, la distribución de competencias y la sostenibilidad económica condicionan el funcionamiento del sistema. El Gobierno regional tiene motivos legítimos para reclamar una financiación más justa y suficiente y el Estado debe asumir sus obligaciones. Pero esa reivindicación no puede convertirse en una explicación permanente de todas las deficiencias. La Administración autonómica también debe responder por su gestión, sus prioridades presupuestarias, la dotación de personal, la organización del IMAS y la eficacia de las medidas que anuncia. No basta con aprobar planes de choque, simplificar formularios o presentar balances de actividad. Hay que demostrar que las listas de espera disminuyen y que las personas reciben la atención que tienen reconocida.

El reconocimiento administrativo de la discapacidad tampoco debería convertirse en una carrera de obstáculos para acceder a derechos básicos. Es por eso por lo que se deberían de proveer todos los medios humanos y técnicos posibles para agilizarlo. Y en el caso de la ELA y otras enfermedades raras, la aprobación de nuevas leyes y ayudas solo representa un avance real si llega a tiempo, alcanza a quienes lo necesitan y se aplica sin dejar fuera a pacientes con patologías de necesidades similares. Así que la urgencia de estas situaciones exige algo más que declaraciones institucionales y compromisos sobre el papel.

Las propuestas de los partidos ofrecen enfoques diferentes: más financiación estatal y ampliación de servicios, gestión pública directa, simplificación administrativa, homogeneización territorial, apoyo a los cuidadores familiares o mayor coordinación estatal. Algunas pueden ser complementarias y otras plantean diferencias relevantes sobre el papel de las Administraciones y la participación de los distintos proveedores, puesto que la izquierda prioriza la responsabilidad y el gasto públicos y la derecha valora la colaboración privada y apuesta por la unidad. Pero todas coinciden en una reactivación electoralista cuando no aprobaciones sobre la campana de dicho botón del 29-N. Y eso es lo que menos confianza da.

Desde una perspectiva liberal, la protección social no se mide por el tamaño de la Administración ni por el número de normas aprobadas, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y utilizar responsablemente los recursos públicos. Por tanto, un Estado eficiente debe priorizar a quienes más apoyo necesitan, reducir la burocracia y evaluar sus políticas por los resultados, no por la propaganda. Por ello la Región de Murcia no necesita más promesas que se pierdan entre expedientes, anuncios y disputas entre Administraciones. Necesita servicios sociales que funcionen, plazos que se respeten y responsabilidades políticas que se asuman. Porque la Dependencia, la discapacidad y las enfermedades raras no pueden esperar a que termine la próxima campaña electoral.

Elecciones 'Midterm' 2026: los demócratas recuperan el control del Congreso

En el día de ayer 3 de noviembre se celebraron en EEUU las conocidas como Midterm Elections (elecciones de medio mandato). Ante todo, no hay que olvidar que el sistema parlamentario del país del Tío Sam es presidencialista, dado que ni existe primer ministro ni el Presidente es elegido por el poder legislativo. Sin embargo, éste sí puede determinar buena parte de la política gubernamental precisamente desde mediados de la legislatura. Los estadounidenses renuevan toda la Cámara de Representantes cada dos años y el Senado por tercios también cada dos, de manera que cada senador ejerce cargo por 6 años. Así que en estas elecciones se iban a renovar 35 senadores con un suelo inicial de 34 para los demócratas y 33 para los republicanos. Por su parte, la composición vigente de la Cámara desde las elecciones de 2024 (en las que regresó Trump a la Casa Blanca) era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y 2 vacantes por dimisiones en Florida (demócrata) y Texas (republicano). En el senado, 53 republicanos y 45 demócratas, 2 independientes. Las elecciones han dejado un resultado mucho más contundente de lo que inicialmente podía anticiparse, pues los demócratas han conseguido recuperar el control de las dos cámaras del Congreso, así que vamos a analizar todo lo ocurrido en estos comicios que han dejado a Donald Trump ante una segunda mitad de mandato marcada por la oposición parlamentaria.

Antecedentes (I): las elecciones de medio mandato

El resultado de las MidTferm siempre ha solido interpretarse como una evaluación de la gestión presidencial y es lo que les otorga especial interés. Con arreglo a los datos recogidos por el American Presidency Project, entre 1934 y 2022 el partido del Presidente perdió de media 27 escaños en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado. Solo en tres ocasiones aumentó su representación en la Cámara. Ello puede verse en la siguiente tabla, de manera que desde 2006 en adelante siempre ha perdido fuerza en la Cámara de representantes el partido del presidente en el mandato:

Año	Presidente	Resultado para su partido
1994	Bill Clinton	−54 representantes y −8 senadores. Los republicanos controlaron ambas cámaras.
2006	George W. Bush	−30 representantes y −6 senadores.
2010	Barack Obama	−63 representantes y −6 senadores.
2014	Barack Obama	−13 representantes y −9 senadores.
2018	Donald Trump	−41 representantes y +2 senadores.
2022	Joe Biden	−9 representantes y +1 senador.

La excepción más llamativa en estos últimos 30 años fue 2002, cuando los republicanos de George W. Bush subieron 8 diputados y 2 senadores tras los atentados del 11-S. Esos resultados superaron los apenas 4 diputados más de Clinton en 1998. Esto permite explicar que la tendencia histórica, pese a mantenerse en los últimos años, tampoco es una ley electoral invariable: los acontecimientos extraordinarios, la popularidad presidencial, la economía o los candidatos concretos pueden alterar el resultado ya sea para bien o para mal. Sin embargo, Memorias de pez apunta otros factores adicionales como podría ser el efecto movilizador de los descontentos con la gestión del presidente y que contrasta con la relajación de los que la valoran bien.

La particularidad en el caso de 2026 es que Trump afrontaba estas elecciones durante un segundo mandato no consecutivo. Así que resultaba interesante comparar estos resultados con los de su primer examen electoral de mitad de mandato en 2018, así como también con otros presidentes que atravesaron periodos de impopularidad.

Antecedentes (II): primer mandato de Trump. Las Midterm de 2018

Ante todo, existe una diferencia importante entre el escenario de entonces y el actual. En 2018, la economía estadounidense crecía y el desempleo era bajo. Trump podía defender su balance económico, aunque los aranceles a China hubiesen generado fricciones comerciales. En 2026, la cuestión económica se vincula por el contrario a una combinación más amplia y agresiva de aranceles, tensión de precios energéticos y guerra con Irán. Por otra parte, la sanidad y la economía estuvieron entre las prioridades de los votantes, mientras que la inmigración tuvo una importancia especial en la campaña y en la movilización republicana. Las principales polémicas de esos dos primeros años, antes de lo que se avecinaba con el Covid-19 y el espectáculo del Capitolio, fueron las siguientes:

La agresiva política anti-inmigratoria. En mayo de 2018, la Administración Trump aplicó una política de tolerancia cero que condujo a la separación de miles de menores de sus padres en la frontera con México. Las imágenes y las denuncias provocaron una oleada de críticas nacionales e internacionales y Trump acabó firmando una orden para poner fin a ello en junio. Meses después, en las semanas finales de la campaña, Trump convirtió la caravana de migrantes centroamericanos que avanzaba hacia EEUU en uno de los ejes de sus mítines. Ordenó desplegar militares en la frontera y etiquetó la inmigración como una amenaza para la seguridad sin promocionar un modelo alternativo.

La cercanía a Putin y la investigación rusa. En julio, Trump se reunió con Vladimir Putin en Helsinki. Recibió críticas de republicanos y demócratas por no respaldar públicamente las conclusiones de Inteligencia sobre la injerencia rusa en las Elecciones de 2016. Al mismo tiempo, la investigación del fiscal Robert Mueller avanzaba: en agosto, Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, se declaró culpable de varios delitos incluido uno relacionado con la financiación de la campaña, mientras Paul Manafort, exdirector de campaña, fue declarado culpable de delitos financieros. De cualquier manera, tampoco pudo demostrarse una conspiración de Trump con Rusia.

La sanidad y la protección de las enfermedades preexistentes. Los intentos republicanos de derogar o debilitar partes de la reforma sanitaria de Barack Obama (Ley ACA) fueron un tema electoral importante. Los demócratas, en su día, quisieron ampliar la cobertura médica a aquéllos que no tenían seguro mediante subsidios, la expansión de Medicaid y la prohibición de denegar seguros por enfermedades preexistentes. No se alcanzó a ningún consenso sobre un nuevo modelo y también existía cierto temor a las consecuencias sociales. Sin embargo, los demócratas centraron buena parte de su campaña en la defensa del modelo.

Principales controversias de la segunda legislatura de Trump

La economía como frente de desgaste: guerra arancelaria y el coste de la vida. Tras la legislatura de Biden, EEUU llegó a unas cotas muy elevadas de deuda pública e inflación que se percibieron social y mediáticamente relacionadas con los costes de la guerra entre Rusia y Ucrania y especialmente a la colaboración norteamericana con esta última. Trump llegó a su inesperado segundo mandato con la promesa de abaratar la vida de los estadounidenses. Sin embargo, muy pronto apostó por el mantenimiento de una política arancelaria agresiva y señalando especialmente a China, a quien vio como el principal rival de EEUU ya desde su primer mandato. Los aranceles encarecen las importaciones y trasladan buena parte de ese coste a empresas y consumidores internos, aunque su efecto final dependa de los productos afectados, los márgenes empresariales y las respuestas de los países afectados. Los expertos como en el canal VisualEconomik apuntaron esa guerra comercial como una posible estrategia para lograr dos cosas: primero, que el dólar se depreciase y así fuese más competitivo y segundo, forzar a la Reserva Federal (FED) a que bajase los tipos de interés para disminuir el coste de la deuda. Sin embargo, lo que ha terminado favoreciendo Trump es una mayor incertidumbre. Los datos de una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 9 de octubre de 2026 son incontestables: el 78% de los encuestados atribuía al menos parte de la subida de precios a las políticas de Trump, el 64% de los republicanos también señalaba alguna responsabilidad de la Casa Blanca y finalmente el 57% de los republicanos consideraba que los precios crecían más rápido que sus ingresos.

Política exterior bajo presión: La guerra con Irán y el encarecimiento de la energía. El conflicto iniciado en febrero de 2026, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, constituye otro de los asuntos centrales. La guerra ha contribuido a elevar los precios energéticos, con repercusiones en el combustible, el transporte y el coste general de la vida. Trump presentó la operación Furia Épica como una campaña que permitiría alcanzar sus objetivos militares en poco tiempo. Sin embargo, sus sucesivos anuncios sobre la proximidad del final del conflicto contrastaron con la persistencia de las hostilidades y alimentaron la incertidumbre sobre su duración. 

Así, el 1 de abril afirmó desde la Casa Blanca que la guerra terminaría en un plazo máximo de dos o tres semanas al tiempo que aseguraba que los objetivos militares estaban cerca de cumplirse. El 1 de mayo comunicó al Congreso en la que anunciaba el "fin de las hostilidades" argumentando que no se habían producido intercambios de fuego entre las fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril. La declaración tenía, además, una dimensión jurídica: permitía a la Administración defender que no necesitaba solicitar una nueva autorización del Congreso para continuar las operaciones. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses seguían presentes en la región y persistían las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. El 12 de junio declaró en un mitin telefónico para Georgia que "no sé si se enteraron, pero hoy pusimos fin a la guerra con Irán" tras alcanzar un memorando programado para el 19 de junio. Con la misma facilidad que puede salir una risa floja ante tamaño comentario, el alto el fuego terminó quebrándose semanas después en julio. El 9 de septiembre pronosticó que el conflicto concluiría de forma inmediata justo después de las Midterm Elections. En octubre ya entró en barrena comunicativa reiterando a primeros que no habría más ataques por "conversaciones productivas", a mediados que el fin de la guerra ocurriría ya fuera "por las buenas o por las malas" y a finales que la resolución se pospondría "para un par de semanas". 

Estas idas y venidas desprovistas de la misma seriedad y responsabilidad que un "a ver si nos vemos un día" no pudieron ocultar la realidad: tras diversas treguas y negociaciones, se había llegado a noviembre sin la crisis resuelta y con el estrecho de Ormuz parcialmente cerrado. Además, por si fuera poco, la situación en Oriente Medio se ha recrudecido con los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí. El desgaste político también se reflejaba en la opinión pública. Según una encuesta de AP-NORC publicada el 1 de octubre, el 69% de los estadounidenses consideraba que no había merecido la pena librar la guerra, mientras que el 71% desaprobaba la gestión de Trump sobre Irán. Solo el 28% aprobaba su actuación en este asunto. 

El acuerdo energético con Rusia. En octubre, a pocas semanas de las elecciones, Trump anunció un acuerdo con Putin para reanudar las exportaciones de diésel ruso a EEUU. Ahora bien, el primer cargamento identificado debía llegar a Nueva York el 7 de noviembre, después de las elecciones. Este movimiento pudo deberse a un intento de relajar a los mercados e intentar abaratar el coste del petróleo máxime cuando se complicaba la situación en Oriente Medio. Pocos días después, Trump anunció la suspensión del paquete de sanciones contra Rusia que se llevaba tramitando desde finales de verano y debía de ratificarse en noviembre en la Cámara de representantes. Todo esto, obviamente terminó siendo celebrado por Putin. Pero la contradicción política es evidente: después de mantener la presión económica sobre Rusia por la invasión de Ucrania, la Administración Trump flexibiliza restricciones energéticas para intentar aliviar los precios internos y esconder el fracaso rotundo de su incursión contra Irán. A esto se le une que no parece que a corto plazo vaya a generar beneficio tangible para EEUU, como tampoco tendría visos de alivio importante para Rusia. Así que en este caso, a la luz de muchos espectadores, la sensación es que prima más un lavado de imagen de dos auténticos autócratas.

Popularidad de Trump e intención de voto al partido republicano

El promedio de encuestas de octubre arroja una aprobación de 38,3% de la gestión de Donald Trump y una desaprobación del 60,3%, con un saldo neto de -22. Esto se traduce en un promedio de intención de voto de 51,1% favorable a los demócratas frente a un 42,8% de los republicanos, es decir, una ventaja de 8,3 puntos. En cuanto a la movilización electoral, Pew Research Center publicó un estudio que aporta una dimensión importante. El 44% de los votantes registrados afirmaba que votaría principalmente contra Trump, frente al 19 % que decía hacerlo a favor de él. Por intención de voto, los simpatizantes demócratas declaraban una motivación especialmente elevada para participar y hasta el 84% consideraba la economía como un elemento central con preocupación por la inflación y el coste de la energía. Por otra parte, hay datos de participación anticipada que merecen seguimiento. Associated Press informó de que ya se habían emitido más de 13 millones de votos anticipados o por correo, frente a unos 9 millones en el mismo punto de 2022. Ahora bien, el aumento no demuestra por sí solo una ventaja para ningún partido, pero es una circunstancia que puede insinuar que la subida de participación puede ser considerable.

La comparación con el primer mandato de Trump permite plantear una diferencia relevante. En octubre de 2018, el presidente llegaba a las elecciones con una valoración negativa, pero el saldo de aprobación era menos desfavorable que el que registran ahora varios agregadores. En 2026, como ya hemos dicho, la guerra con Irán, el encarecimiento de la energía y las relaciones con Rusia han añadido una dimensión económica y exterior muy marcada. El problema para la Casa Blanca no era únicamente el coste militar o el encarecimiento de la energía, sino también la enorme distancia entre las expectativas que había generado sobre una operación breve y la prolongación de un conflicto sin una salida perceptible para la opinión pública. Así que, en definitiva, esta campaña ya ha estado marcada por una valoración muy desfavorable de Donald Trump y una ventaja demócrata en la intención de voto nacional para el Congreso.

Resultados electorales: una derrota republicana de alcance histórico

Con el recuento todavía pendiente de concluir en este 4 de noviembre, los demócratas cuentan con 54 senadores frente a 44 republicanos, restando sólo dos escaños por adjudicar. De los 35 puestos senatoriales que se renovaban, los demócratas han ganado 20 y los republicanos 13. En la Cámara de Representantes, el balance provisional es de 228 escaños demócratas frente a 139 republicanos, con otros 68 todavía pendientes de asignación. Aunque estas cifras aún pueden variar, las mayorías demócratas en ambas cámaras ya están aseguradas.

Los resultados más llamativos se han producido en Texas (tradicional bastión republicano) y en Carolina del Sur. En Texas, el demócrata James Talarico ha derrotado a Ken Paxton en la carrera al Senado, poniendo fin a casi cuatro décadas sin una victoria demócrata en unas elecciones senatoriales allí. Pero el vuelco no se ha limitado a esa contienda. Gina Hinojosa también ha derrotado al gobernador republicano Greg Abbott. Se trata de un resultado especialmente significativo en un estado que Trump había ganado con claridad en las presidenciales de 2024. Y en Carolina del Sur Annie Andrews ha derrotado a Darline Graham en otra victoria histórica para el partido que llevaba décadas sin conseguir un escaño senatorial en dicho estado. A ello se suman la recuperación del escaño de Ohio por Sherrod Brown, la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte y el resultado histórico de Kansas, donde los demócratas han vuelto a conseguir un senador por primera vez desde la Gran Depresión.

La reacción de Trump tampoco estuvo exenta de contradicciones. Por una parte, afirmó que acepta los resultados. Por otra, durante la campaña había pedido reiteradamente a los estadounidenses (como en Texas) que votaran como si su nombre apareciera en las papeletas, convirtiendo las elecciones en una especie de plebiscito sobre su presidencia. Sin embargo, tras la derrota republicana, recurrió precisamente al argumento contrario: «Yo no estaba en la papeleta y, de haberlo estado, ¡habríamos arrasado!», escribió en Truth Social. A la vista de los resultados, está claro que los ciudadanos estadounidenses se tomaron al pie de la letra su mensaje de campaña.

Consecuencias

La nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puede bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump, aunque el presidente conserve su poder de veto (sólo rebatible por dos tercios de dicha Cámara) y amplias competencias ejecutivas siempre sujetas a los límites legales y al control judicial. Las negociaciones presupuestarias también serán mucho más difíciles, ya que los demócratas podrán condicionar el gasto, oponerse a determinadas partidas y recurrir a la financiación federal como instrumento de presión. Esto abre la puerta a enfrentamientos políticos y al riesgo de bloqueos presupuestarios que podrían tener consecuencias sobre el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos. 

Además, la mayoría demócrata controlará las comisiones pudiendo convocar comparecencias, solicitar documentación y abrir investigaciones sobre decisiones de la Administración, posibles conflictos de intereses o actuaciones de sus responsables. Las citaciones y requerimientos de información pueden, a su vez, provocar enfrentamientos jurídicos si la Casa Blanca se niega a colaborar o invoca determinados privilegios para no entregar documentos.

De manera más específica, la presión demócrata podría afectar a cinco frentes relevantes de la Administración Trump: la guerra con Irán (condicionando su financiación, exigiendo autorizaciones legislativas y reforzando investigaciones y control político); Ucrania y Rusia (revisando ayuda militar, sanciones y acuerdos energéticos); Israel (revisando o condicionando la ayuda militar cuya retirada progresiva anunció Trump precisamente el día de las elecciones); inmigración (limitando la financiación y fiscalizando operaciones de deportación) y economía y aranceles (reforzando el control presupuestario e intentando limitar algunas de las facultades delegadas al presidente).

En cuanto al Senado, los demócratas podrán bloquear o condicionar numerosos nombramientos presidenciales que requieren su consentimiento, tanto en la Administración como en la Justicia. Esto estrechará el margen de Trump para renovar equipos, cubrir vacantes estratégicas y configurar a largo plazo determinadas instituciones federales.

En el escenario más extremo, la Cámara de Representantes podría aprobar, por mayoría simple, artículos de acusación política (impeachment) contra el presidente. El procedimiento pasaría entonces al Senado, que celebraría el juicio y necesitaría el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes para condenarlo y destituirlo. No estamos, por tanto, ante una moción de censura como la que conocemos en España: el presidente no es sustituido por una nueva mayoría parlamentaria, sino que se somete a un procedimiento constitucional específico de acusación y eventual destitución.

En la memoria de muchos está el caso de Bill Clinton, sometido a este procedimiento entre 1998 y 1999 tras las investigaciones sobre su relación con Monica Lewinsky y las declaraciones que realizó bajo juramento. La Cámara aprobó dos artículos de acusación, por perjurio y obstrucción a la justicia, pero el Senado terminó absolviéndolo en febrero de 1999. La votación quedó lejos de los dos tercios necesarios: 55 senadores votaron por la absolución en el cargo de perjurio y el resultado fue de empate, 50 a 50, en el de obstrucción a la justicia. La división entre los propios republicanos impidió que prosperase la condena. Al menos, todo aquel episodio nos dejó un cómic de Mortadelo y Filemón: ¡Impeachment!, publicado en el número 150 de la colección Olé.

Donald Trump, por su parte, ya conoce de sobra este procedimiento. En 2019 fue sometido a un primer impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso, a raíz de sus presiones sobre Ucrania. En 2021 llegó el segundo, por incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. En ambos casos la Cámara aprobó los artículos de acusación, pero el Senado no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo. En el segundo proceso, además, el juicio se celebró después de que Trump hubiera abandonado la presidencia. Por tanto, una eventual tercera acusación política no supondría automáticamente su destitución. Sí podría convertirse en un nuevo foco de confrontación institucional y desgaste político, aunque sus consecuencias dependerían de las pruebas aportadas, los eventuales apoyos parlamentarios de algunos senadores republicanos y la estrategia que finalmente adoptasen los demócratas.

En definitiva, los resultados de estas elecciones pueden convertir los dos últimos años de Trump en una etapa especialmente complicada. La nueva mayoría demócrata no podrá sustituirlo en la Casa Blanca ni anular por sí sola sus competencias ejecutivas, pero sí limitar considerablemente su margen de maniobra. A los demócratas les basta con conseguir que mantener su agenda le resulte a Trump mucho más difícil, costoso y políticamente incómodo. 

La tragedia ferroviaria de Urda: reacciones, señalización y contexto de responsabilidad

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) acaecido esta semana el 28 de octubre es el segundo más grave de la alta velocidad española en el siglo XXI, solo por detrás del de Angrois (Santiago) de 2013 y el segundo en menos de un año tras el de Adamuz (Córdoba) de enero. Sobre este último hablamos en este mismo blog en el artículo de este enlace. Pero el contexto en el que necesariamente ha de situarse esta nueva tragedia va más allá. Estamos hablando de que en este 2026 España se colocaba a la cabeza de víctimas mortales en tren en todo el mundo con 115 y acumulando el 72% de las muertes en el AVE. Así que no estamos hablando de un problema puntual, sino una desgracia que ha de tener reacciones y no sólo de exigencia de responsabilidades eventuales sino intervenciones activas para que esto no vuelva a suceder. Valga ante todo, al igual que hace diez meses, mi pésame a todas las familias que han perdido sus seres queridos y mis ánimos y fuerzas a los que los tienen hospitalizados o incluso desaparecidos sin tener noticias a fecha de hoy. Así que en el artículo de hoy voy a comentar lo que se sabe a día de hoy 30 de octubre de esta catástrofe, las reacciones y declaraciones del Gobierno y oposición, valoraciones de expertos, aportaciones de creadores de contenido y por último una reflexión sobre los problemas de mantenimiento. Por supuesto, no pueden establecerse conclusiones, pero sí ciertas consideraciones a la luz de que lo que sabemos.

Lo que se sabe

El pasado miércoles, cerca de las 9 de la mañana y en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (término de Los Yébenes, proximidades de Urda en la provincia de Toledo), un AVE de Renfe con salida de Atocha a las 8 y con 397 pasajeros embistió por detrás a un tren Iryo - en el mismo sentido hacia Sevilla - con 147 pasajeros y que permanecía parado. Como consecuencia de ello, varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén. El balance oficial establecido ese mismo día fue de 68 fallecidos (44 del Iryo y 24 del AVE según el Gobierno de Castilla-La Mancha). Ayer falleció otro más. Por otra parte, se asistió a más de un centenar de heridos con 53 hospitalizaciones en Castilla La Mancha y Madrid y 15 de ellos en estado crítico según la Comisión de investigación de accidentes ferroviarios. También se registraron 60 denuncias de desaparición. Evidentemente, la circulación en la línea quedó interrumpida por pruebas judiciales, reparación de la infraestructura y auditoría y reestablecimiento de los sistemas de seguridad.

Versión oficial del Gobierno

La cronología básica según las autoridades gubernamentales es que a las 8:30 se produjo una caída del sistema informático de seguridad LZB - que es el control automático de velocidad de distancia- en un tramo de 63 kilómetros. De esa manera, hasta seis trenes se detuvieron automáticamente. Pues bien, en ese momento lo que en teoría sucede es que se activa el ASFA digital. Consiste en unas balizas magnéticas en el suelo comprueban que el tren respeta las señales y si pasa alguna roja sin permiso lo frena automáticamente. La excepción es que se autorice pero ante todo sólo mide la velocidad, no los obstáculos. Minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha autorizó al AVE a reanudar la marcha al amparo del sistema BSL (bloqueo de señalización lateral) que es el sistema de respaldo. Así que el AVE recorrió hasta 25 kilómetros a 200 km/h con tan mala fortuna que colisionó contra el Yrio parado y que había comunicado problemas para reiniciar el sistema LZB. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de “inverosímil” y atribuyó la causa principal a una decisión “inexplicable” y “errónea” del centro de control de ADIF: autorizar la reanudación a “marcha normal” en lugar de “marcha a la vista” (velocidad reducida, máximo 40 km/h, que permite frenar ante obstáculos). Según él, el sistema mostraba en rojo la ocupación de la vía por el Iryo. Pedro Sánchez decretó tres días de luto oficial, se desplazó al lugar, admitió que no era asumible dos accidentes de tamaño calado en menos de un año y afirmó que “si ha habido negligencias se sabrá” actuando en tal caso con contundencia. Pese a estas palabras, Puente descartó dimitir y centró el foco (al igual que el máximo mandatario) en esclarecer los hechos, pero al mismo tiempo reduciendo a "error humano" el factor esencial de causalidad sobre lo acontecido. Les faltó añadir la famosa excusa de Dallas Review.

Existen dos contradicciones muy significativas. La primera y más importante es que el Gobierno señala que se le había dado autorización para reanudar la marcha a través de unos audios (presuntamente filtrados a la prensa) mientras que la compañía lo desmiente y tampoco se justifica que no se activase el ASFA. La segunda es que la empresa fija las 8:48 como momento de colisión cuando el Ministerio las 8:53.

Valoraciones de expertos

Varios expertos ferroviarios entrevistados por los medios de comunicación coinciden en que un simple error humano no debería bastar para provocar un choque por alcance en una línea de alta velocidad. Ricardo Díaz, ingeniero ferroviario, sostuvo en La Sexta que “un error humano por sí solo no puede provocar una tragedia así”. Apuntó a una falta de mantenimiento de los sistemas de seguridad y defendió que los mecanismos de respaldo (como los detectores de ocupación de cantones) deberían haber impedido la colisión. Así que propuso un “reseteo” de la alta velocidad española. José María Pérez Revenga, perito judicial, explicó que, al caer el LZB, el protocolo obliga a pasar a señalización lateral y a ordenar “marcha a la vista”, por lo que consideró posible un despiste del maquinista o del operador del centro de control. Ahora bien, subrayó que el LZB es ya un sistema obsoleto y que, en cambio, el estado físico de la vía era impecable. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, fue más contundente: “no deben circular sin la total garantía de seguridad” y criticó que protocolos críticos dependan de una sola persona. Antonio Martín Carrillo, ingeniero y ex directivo de ADIF, por su parte, expresó en TVE “incredulidad” y afirmó que “es imposible que ocurra lo que ha ocurrido” si el LZB estuviera funcionando correctamente, dado que el sistema debería haber detenido automáticamente a todos los trenes de la zona. Así que en conjunto estas opiniones apuntan a una combinación de obsolescencia tecnológica, posibles fallos en el mantenimiento de los sistemas de protección y vulnerabilidades en los protocolos de gestión, más que a un problema exclusivo de infraestructuras.

Reacciones de la oposición

Feijoo se declaró consternado y ante todo pidió respeto a víctimas y familiares. No obstante, añadió que el dolor no le obligaría a callar y que la serenidad no equivalía a silencio. En ese sentido, exigió una investigación gubernamental inmediata y otra judicial con todos los medios y sin interferencias, reclamó que España sepa "qué está pasando con las infraestructuras", el estado de las vías y sistemas de seguridad, así como qué advertencias y medidas se tomaron tras Adamuz. También exigió una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria y que se rinda cuentas por la diferencia ejecutada frente a lo anunciado, para finalmente anunciar la suspensión de actos de precampaña. Además, a esto se unió que la ex Ministra Fátima Báñez se confirmó como una de las fallecidas ayer jueves.

Santiago Abascal de Vox fue mucho mas contundente y directo en su primera declaración. No suspendió actos de precampaña aludiendo a que "quieren aprovechar el luto para amordazarnos" y acusó al Gobierno de ser una "banda criminal" que había descuidado las instituciones y buscaba de nuevo un chivo expiatorio para excusar su responsabilidad. Así que señaló directamente al ministro de Transportes Óscar Puente llamándolo "ministro de la muerte" y al Presidente Sánchez como responsables. Esta agresividad oral dió paso a una acción directa como denunciar al primero ante el Tribunal Supremo por presunto homicidio imprudente.

En cuanto a Frente Amplio, exigió que se asuman responsabilidad políticas más allá de las técnicas así como máxima claridad y transparencia mediante una auditoría independiente. Consideran inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en menos de un año y cancelaron su agenda de campaña hasta nuevo aviso. Así que, pese a hacerlo desde otro lado del espectro ideológico, coincidieron en buena parte con el fondo de la declaración del PP.

Creadores de contenido

También podemos echar un vistazo a varios comentaristas y creadores de contenido online a los que sigo y comparto plenamente sus impresiones en este asunto. Así, el canal VisualPolitik puso énfasis en la prioridad presupuestaria de inaugurar líneas frente a mantener y modernizar las existentes. Y eso es algo imputable tanto a PP como a PSOE durante este siglo XXI, la parafernalia de cortar cintas y presentar grandes proyectos como el AVE porque da rédito mediático y electoral. Por el contrario, el menos visible, más costoso a largo plazo y menos "fotogénico" es el mantenimiento. Así que mientras el tráfico de viajeros ha crecido de forma exponencial, la inversión en conservación no ha acompañado al mismo ritmo. Así, argumentan que España gasta claramente por debajo de la media europea y el resultado es una infraestructura cada vez más tensionada.

Esa misma línea de centrarse más en lo estructural que lo técnico es la seguida por Memorias de Pez. Enfatiza el descenso de inversión en en infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad a menos de 2.000 millones anuales entre 2013 y 2023 (salvo 2014), incluyendo tanto nuevas como reformas. Y a eso añadimos que los datos de ADIF (fuente de esta información) no tienen en cuenta el efecto de la inflación y especialmente de la de los costes de ingeniería civil. También señala Borja Fernández la complejidad de destinar más dinero con exigencias en pensiones o defensa, por no hablar del bloqueo presupuestario en los últimos años. Aún así, se han recibido fondos europeos. Dos accidentes mortales en diez meses, como concluye, exigen responsabilidades políticas y no solo técnicas.

Por su parte, Fonseca destaca el contraste entre la duplicación del tráfico de pasajeros tras la liberalización y el mencionado déficit crónico de inversión real en mantenimiento en varios tramos de una red de más tres décadas de antigüedad. Así que afirma que el relato ministerial del “mejor momento de la historia del ferrocarril” se ha derrumbado.

En un lado más crítico está Begoña Gerpe. Coincide con la visión de Vox en el sentido de que el Gobierno prefiere centralizar la investigación en una "cabeza de turco" repitiendo el mismo patrón percibido por muchos en Adamuz, que es señalar un error humano individual para evitar responsabilidades estructurales. Más duros son Juan Ramón Rallo y Juan Soto Ivars. El primero conecta ambos accidentes de este año como síntomas de una negligente gestión de la infraestructura y cuestiona abiertamente hasta cuándo se tolerará que nadie asuma responsabilidades políticas en fallos de mantenimiento, sistemas de seguridad e inversión pública no ejecutada. El segundo reaccionó al comunicado de Pedro Sánchez comentando su sensación de que el equipo de Moncloa trabajaba para "generar, seleccionar, cribar y pulir" un relato. Considera que la mala gestión previa permitió que se alinearan los elementos para una nueva catástrofe.

Problemas clave en el sistema de señalización

Existen críticas generales sobre la señalización en la red de alta velocidad española y especialmente en la línea Madrid-Sevilla. Primero está el riesgo de obsolescencia del sistema LZB. Es un sistema alemán ya antiguo y que se instaló en 1970 mientras que la línea se inauguró en 1992 coincidiendo con la Expo, siendo el único corredor que a día de hoy lo mantiene. Técnicos y operadores lo describen como seguro pero antiguo. Esa antigüedad es problemática en el momento en que conecta con otra dificultad como los problemas de mantenimiento y repuestos. Hasta el propio Ministerio admite que está al final de la vida útil, ya no se fabrica y complica el mantenimiento y disponibilidad de repuestos. A eso se suma un brutal déficit de inversión ya mencionado. Por si fuera poco, los maquinistas ya habían comunicado fallos de señalización en dicha línea como pérdidas de transmisión y bloqueos del sistema e incluso operadores como Iryo y Ouigo señalaron en comisiones parlamentarias que la sustitución mejoraría la fiabilidad y calidad del servicio. En tercer lugar, los retrasos en la implantación del ERTMS para unificar la señalización con Europa. ADIF demoró dos veces el contrato por errores en los pliegos y por incidencias en evaluaciones de ofertas que les movieron a modificar las cláusulas y abaratar costes, cuando debían de haber finalizado los trabajos en 2024. A fecha de 2026 sigue sin materializarse, con el contrato antiguo prorrogado al precisar la transición completa de todavía más pruebas. Finalmente (y conectado al anterior) los problemas de interoperabilidad y saturación. Al no ser el LZB plenamente compatible con el estándar europeo, ha dificultado la entrada y homologación de nuevos operadores. Además, con la liberalización del sector la línea ha pasado de tener mucha menos circulación a soportar una mayor presión sobre un sistema muy antiguo. A tal respecto, algunos sectores de la izquierda como en el mismo Ministerio prefieren apuntar el cañón al propio proceso de liberalización en lugar de reconocer los errores de la gestión pública. Gestión que no hay que olvidar que es, desde hace 8 años, suya. Aquí ya no cabe resquicio para echarle los muertos (con perdón) a las autonomías.

Consideraciones provisionales

Queda pendiente determinar qué orden se dio desde el centro de control y qué grado real de supervisión se ejecutó por el mismo, así como porqué el Iryo no pudo reiniciar el sistema, los fallos del ASFA digital y las conclusiones que puedan extraerse de las cajas negras y las investigaciones sobre el terreno. Así que con estos puntos abiertos aún no pueden extraerse conclusiones definitivas. Sin embargo, todo esto no obsta para valorar las críticas fundamentadas a la necesaria actualización de nuestro sistema ferroviario que debería ser (y ahora más que nunca) una prioridad absoluta para el próximo Gobierno que surja de las urnas y posterior investidura.

De igual modo, tampoco impide que después de coincidir dentro del mismo año semejantes catástrofes y cada una por circunstancias diferentes sea imperativo exigir las responsabilidades pertinentes. No se trata ya de que pudiera haberse cometido algún eventual fallo humano, sino que asistiríamos a una cadena de acontecimientos que ha desembocado en tragedias. Lo primero es que estamos hablando de una situación previa de avisos tanto en un desastre como en otro: en el de Adamuz sobre el mantenimiento de las vías y en el presente de Urda sobre el riesgo de inestabilidad del sistema. Lo segundo es el contexto de máxima recaudación tributaria histórica y mínimos de inversión ferroviaria. ¿Dónde está la calidad de nuestros servicios públicos de transporte? 

Por todo lo comentado, entiendo que no se puede reducir todo a la mala suerte o a errores puntuales. Y muy especialmente cuando asistimos a contradicciones en las versiones oficiales. Así que francamente y después del aún incompleto desarrollo de las investigaciones de Adamuz todavía no entiendo qué hace aún Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. Sí, el mismo que dijo aquello de "yo no soldé el carril".

**Actualización: la dimisión de Óscar Puente**

Seis días después del accidente, Óscar Puente anunció su dimisión como Ministro de Transportes el 3 de noviembre y durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, renunciando también a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid. El ministro declaró que había tomado la decisión el mismo día de la tragedia y justificó su salida señalando que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de un año.

La dimisión supone asumir una responsabilidad que no podía seguir eludiéndose, pero llega después de varios días en los que el ministro había descartado públicamente esa posibilidad. Cabe preguntarse si fue el propio Pedro Sánchez quien estuvo disuadiéndole de dimitir inicialmente y si el deterioro de las expectativas electorales terminó convenciendo a Moncloa de que mantenerlo en el cargo tenía un coste político demasiado elevado. No sería la primera vez que los giros de este Gobierno parecen responder más a las necesidades de supervivencia política que a una asunción temprana de responsabilidades.

Con todo, su salida no puede cerrar el debate ni sustituir las explicaciones que todavía se deben a las víctimas y a los ciudadanos. La responsabilidad política no termina con la salida de un ministro. Deben esclarecerse también las decisiones de gestión, las deficiencias de mantenimiento, los retrasos en la modernización ferroviaria y el funcionamiento de los protocolos de seguridad. Dimite el ministro, pero las preguntas sobre la gestión del sistema ferroviario bajo los socialistas siguen abiertas.

Políticas climáticas: cuando las soluciones generan nuevos problemas

Otro de los temas de política pública en los que existen discursos más dispares, aparte del de la Vivienda, es el Medio ambiente y especialmente la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Existe consenso internacional en promover el desarrollo de un modelo productivo y energético respetuoso con el Medio ambiente, que no agote los recursos naturales y que contribuya a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante GEI). Sin embargo, cambiar el sistema es algo que requiere tiempo y los gobiernos cambian más rápido, pudiendo tomar direcciones distintas. Además, la política energética puede adoptar medidas contradictorias y generar nuevas externalidades que perjudiquen otros bienes u objetivos. Así que analizaré varias de esas fallas y exploraré las propuestas de los partidos más relevantes que concurrirán a las Elecciones Generales del 29-N. Aún no disponemos de programas electorales al completo, pero sí conocemos lo que han ido defendiendo en las de 2023 y Europeas de 2024.

Regresividad fiscal

El establecimiento de tipos impositivos verdes que modifican los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad más el Impuesto del Valor Añadido presentan externalidades regresivas. Así, en el caso del diésel, cuando el Gobierno de España planteó la equiparación de impuestos del combustible, el impacto no es en realidad neutro. Esto puede verse según datos del INE que señala que los hogares españoles asumieron en 2024 más del 40% de la recaudación por impuestos ambientales. También indica que pagaron el 72,4 % de los impuestos sobre el transporte y el 39,7 % de los impuestos sobre la energía. Por su parte, la OCDE ha hallado que los efectos distributivos de los precios de carbono suelen ser regresivos en países desarrollados. Por ejemplo, en Francia, la Contribution Climat Énergie se introdujo en 2014 en el país galo y fue incrementado hasta que en 2018 con la crisis de los chalecos amarillos pasó a congelarse. Y es que la carga adicional estimada sobre la renta del 10% más pobre resultó ser tres veces superior a la del 10% más rico. La OCDE relaciona este efecto con la mayor dependencia de los hogares de menores ingresos respecto de consumos intensivos en emisiones, de manera que destinan un porcentaje mucho mayor de su sueldo en necesidades básicas como calefacción, electricidad y gasolina o diésel para ir a trabajar. Así que podemos imaginar que los impuestos en la factura de la luz y el combustible merman la capacidad de ahorro de clases medias y bajas de forma desproporcionada.

Para compensarse, la OCDE entiende que deben efectuarse transferencias o devoluciones como deducciones tributarias. En España existen deducciones del 20%, 40% y 60% según se hagan obras en casa, así como por la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos y por adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por instalación de puntos de recarga. Sin embargo, puede haber más alternativas a encarecer el producto en el supermercado o en la gasolinera. En el IRPF, una alternativa teórica sería incorporar criterios relacionados con la huella de carbono al sistema tributario, de manera que la carga no recayera exclusivamente sobre el consumo de energía y combustible, sino que tuviera en cuenta también la capacidad económica y los patrones de consumo más contaminantes. Las rentas altas podrían asumir una mayor parte del coste, mientras que las bajas quedarían exentas o recibirían compensaciones. No obstante, trasladar esta idea a un sistema real plantearía importantes dificultades: habría que definir cómo calcular las emisiones atribuibles a cada contribuyente, garantizar la protección de datos y evitar errores, fraude e impugnaciones. La complejidad administrativa y tecnológica podría terminar siendo desproporcionada respecto a sus beneficios. Otra posibilidad sería reformar la fiscalidad indirecta del IVA para penalizar determinados consumos de lujo especialmente contaminantes y reducir la carga sobre bienes de primera necesidad. Esto podría traducirse, por ejemplo, en una tributación mayor de determinados servicios de aviación privada o vehículos de lujo muy contaminantes, frente a tipos reducidos para productos básicos y alternativas de menor impacto ambiental. Una reforma de este tipo exigiría, no obstante, estudiar su encaje en la normativa europea y evitar que la nueva clasificación generase distorsiones o dificultades de aplicación. Finalmente, las ayudas públicas deberían evitar importes fijos iguales para todos y modularse según el nivel de ingresos y la capacidad económica del beneficiario.

La trampa de la falta de alternativas

Subir las tasas al transporte para reducir emisiones choca frontalmente con la realidad del país. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética obligó a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Esto ha llevado a los ayuntamientos a establecer restricciones de circulación para determinados vehículos contaminantes, cuyo alcance depende de la ordenanza municipal y de las características de cada zona. Pero existen varios problemas. Primero, choca con la España vaciada en elementos como la desigualdad entre municipios, la disponibilidad real de transporte público y el coste de renovar el vehículo. En tal contexto, algunas familias trabajadoras de la periferia o de entornos rurales que acuden a trabajar a las capitales no tienen una red de trenes de Cercanías o autobuses interurbanos eficaz. Segundo, golpea también en una coyuntura actual cada vez más estructural, que es el progresivo encarecimiento de la vivienda y especialmente en las áreas más urbanizadas. En esa situación, muchos han optado por trasladarse no ya a pueblos sino a municipios periféricos y provincias limítrofes a las grandes áreas metropolitanas. Tercero, como el transporte público no cubre rutas de forma competitiva y ayudas estatales como el Plan Moves III no adelantan el dinero de los coches eléctricos, el ciudadano se encontraría en una encrucijada: o se arriesga a una multa mientras va a trabajar o asume un riesgo difícilmente asumible para cambiar de vehículo.

Así que subir impuestos para encarecer lo contaminante sólo funciona si el ciudadano tiene una opción "limpia" a su alcance. En muchas regiones y sobre todo en las rurales y periféricas, no existe transporte público eficiente y los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la clase media y baja. Un trabajador que viva en un municipio pequeño, no se pueda permitir un alquiler en la gran ciudad y necesite recorrer 40 kilómetros diarios en su vehículo será quien pueda sufrir mayor impacto. De esa manera, la política climática impositiva no tendría el mismo efecto sobre un habitante del centro de Madrid que se pueda mover por transporte público que alguien que viva en una zona rural. Y ya no digamos de otros aspectos como rehabilitación energética de viviendas e infraestructuras de recargas. Así que el impuesto tampoco cambiaría el comportamiento del ciudadano porque no tendría otra opción, sino que lo empobrecería y la medida degeneraría en puramente recaudatoria y no ecológica. 

La normativa europea estableció para 2035 un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO₂ de los coches y furgonetas nuevos, lo que afecta a su comercialización y no todos los Estados miembros están convencidos de esta fecha. No obstante, la Comisión presentó en diciembre de 2025 una propuesta de flexibilización que permitiría a los fabricantes alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de escape y compensar el resto por determinadas vías. Por su parte, a lo que apunta el Gobierno de España es a acelerar dichos hitos.

Fuga de carbono

España cuenta con una industria pesada e intensiva en energía pero muy localizada en comunidades como Asturias, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. El encarecimiento de los derechos de emisión de CO₂ en Europa representa un desafío por la llamada "fuga de carbono". Ésta es definida por la Comisión Europea como el traslado de emisiones de unos países a otros como consecuencia de políticas climáticas y reconoce que el riesgo es significativo en industrias del sector energético, por ser un sector más expuesto a la competencia internacional. Sucede también con materiales de construcción (cemento, hierro y acero) y fertilizantes. Cuando un país o región adopta leyes climáticas e impuestos muy estrictos, la producción industrial puede llegar a desplazarse en el sentido de que las fábricas se muden a países extracomunitarios en Asia o en América Latina con normativas ambientales más laxas o sin impuestos en carbono. Consecuentemente, el planeta seguiría recibiendo la misma cantidad de emisiones debido al transporte intercontinental, pero aquéllos países que implementaron el impuesto se arriesgarían a perder empleos y competitividad económica.

La solución que articula la UE y con los objetivos de defender la producción y el empleo industrial es el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). Esta herramienta pretende que determinados productos importados (cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) soporten un coste de carbono comparable al de la producción europea. Su límite de exención son 50 toneladas de los bienes cubiertos importados por comprador y año. Por lo tanto, es una medida que puede proteger la competitividad de la industria de la UE igualando precios frente a productores sometidos a exigencias climáticas menores, si bien genera costes administrativos y no cubre todas las cadenas de valor. También desincentiva importar materiales baratos en países donde las leyes climáticas sean más laxas, del mismo modo que incentiva la descarbonización de los productores extracomunitarios. En el lado negativo, no proporciona compensación de las exportaciones, no se aplica de forma general a todos los bienes manufacturados que incorporan acero o aluminio (como vehículos) y es una limitación relevante. Un posible efecto sería el riesgo de que podrían incentivarse su importación frente a materias primas perjudicando a las fábricas y sectores agrícolas y de construcción ven encarecerse fertilizantes y aluminios restándoles competitividad.

El mercado de carbono y las emisiones "compensadas"

Los mecanismos de compensación del carbono se han consolidado en las estrategias institucionales y corporativas, partiendo del Protocolo de Kyoto de 1997 mediante el mecanismo de desarrollo limpio y el artículo 6 del Acuerdo de París de la ONU. Con arreglo al principio de adicionalidad, las reducciones o absorciones de GEI sólo se considerarán válidas si se acreditase que no hubiesen sido posibles de no ser por el incentivo aportado por la venta de créditos de carbono. Por tanto, si el proyecto se iba a hacer de todos modos (por ejemplo, un parque eólico), no existiría un beneficio "adicional" para el clima. Así que se hace referencia a la viabilidad financiera, la voluntariedad de la actividad y en zonas sin amenaza real de deforestación. La sobreacreditación tiene lugar cuando un proyecto se calcula mal y obtiene más créditos de lo que realmente merece. Se suele dar en la protección de bosques y con la tentativa de que los promotores exageren la amenaza de incendios o talas. En cuanto a la verificación, es el proceso de auditoría que consiste en comprobar, mediante procedimientos y entidades independientes conforme al estándar aplicable, que las reducciones o absorciones declaradas cumplen los criterios exigidos. Sin embargo, no está exenta de posibles conflictos de intereses, dado que el desarrollador del proyecto de carbono suele ser quien contrata y paga a la empresa auditora pudiendo relevarla si fuese demasiado estricta. También tiene el inconveniente de que los madereros pueden moverse de parcela a seguir cortando árboles o incluso que un bosque certificado puede quemarse o sufrir plagas de un año a otro, contaminando la atmósfera pero con los créditos ya vendidos y gastados. Un tercer problema es la doble contabilidad en el país y en la empresa. El resultado de todo esto es el greenwashing, de manera que la empresa obtiene un beneficio publicitario real pero para el medio ambiente es nulo o incluso negativo. 

Existen investigaciones bastante contundentes. Un estudio publicado en Nature Communications en 2024 analizó los créditos utilizados por 20 grandes empresas entre 2020 y 2023. Encontró que el 87% presentaba un riesgo elevado de no proporcionar reducciones de emisiones reales y adicionales, es decir, de no producir el beneficio climático declarado. Además, el 97% de las compensaciones correspondía a proyectos de evitación (como la deforestación) en lugar de eliminación tecnológica o física de carbono y el 65% de los créditos procedía de proyectos muy antiguos que reducen drásticamente su impacto en la crisis climática. Otro estudio publicado en 2024 en Nature Sustainability por la Universidad de Berkeley de California encontró un problema en un estudio sobre proyectos de cocinas mejoradas en países en desarrollo. Los investigadores descubrieron que emitieron, en promedio, 9,2 veces más créditos de carbono que los que realmente les correspondían según las reducciones reales de emisiones. Por lo tanto, se asistió a un problema de sobreacreditación muy elevado en dicha muestra. Este desfase se habría debido a metodologías defectuosas que pueden subestimar el uso continuado de combustibles y sobrestimar el impacto de la recolección de leña en la degradación forestal. Para corregir estas deficiencias, el marco internacional ha ido evolucionando hacia mayores exigencias de rigor y transparencia para certificar estándares y créditos con alta integridad científica. En la UE se adoptaron diversas Directivas como la del Empoderamiento de consumidores para la transición ecológica (que evita diagnóstico de impacto basado exclusivamente en esquemas de compensación de emisiones) y el Marco de Certificación de la UE para la eliminación de Carbono (que establece criterios estrictos de calidad para certificar absorciones y reducción de emisiones reales garantizando transparencia). Actualmente sigue pendiente de tramitación la  Directiva de Alegaciones Ecológicas, que exige que cualquier declaración ambiental se respalde por metodologías científicas rigurosas y verificadas por terceros independientes).

Subsidios contradictorios y burocracia en ayudas públicas

A pesar del discurso pro-renovables, los subsidios a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) siguen aún en cifras enormes por razones de estabilidad económica. El FMI calcula que en 2024 los combustibles fósiles recibieron aproximadamente 725.000 millones de dólares en subsidios explícitos. Esta inyección directa de dinero público, que implica un coste fiscal directo, busca abaratar los precios de suministro para los consumidores, pero representa solo la punta del iceberg de las ayudas totales al sector. De otra parte y diferenciadas, se hallan las subvenciones indirectas que incluyen los costes ambientales y otras externalidades que no están incorporados en los precios y que suponen 6,7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5,8 % del PIB mundial. A menor escala se percibe esto en España. Durante las recientes crisis energéticas, el Gobierno ha recurrido a la bonificación directa de los carburantes (como el famoso descuento de los 20 céntimos por litro) y reducciones fiscales temporales en el gas natural y el diésel profesional para transportistas y agricultores. Todo esto conduce a una tensión entre objetivos climáticos y medidas de emergencia destinadas a proteger a consumidores y empresas. Destaca el que mientras que los Presupuestos Generales invierten millones de euros en la descarbonización, simultáneamente se destina mucho más a abaratar temporalmente el combustible fósil para evitar que la cadena de suministro colapse y se controle el descontento social.

Por otra parte, el acceso a los fondos verdes en España suele adolecer de una excesiva complejidad administrativa. El ejemplo más claro de laberinto de ayudas es la rehabilitación energética de edificios o la instalación de paneles solares mediante los fondos europeos Next Generation. Los propietarios se quejan de que las subvenciones tardan meses o años en cobrarse, pero también que los trámites burocráticos son tan complejos que muchas comunidades de vecinos desisten de pedirlas en barrios obreros. Por el contrario, en sitios de rentas altas que puedan contratar asesorías o adelantar dinero sí podría percibirse un riesgo distributivo. Así que con proyectos técnicos complejos, certificados de eficiencia energética previos y posteriores y un papeleo fiscal que requiere casi obligatoriamente la contratación de un "agente rehabilitador" se generan importantes cuellos de botella administrativos. Y eso sin contar que lograr consensos en comunidades grandes es otro factor de ralentización.

Qué proponen los partidos

Una vez expuestas las externalidades y contradicciones existentes en las políticas contra el cambio climático, vamos a explorar lo que hasta el momento han propuesto las principales cuatro fuerzas políticas que acudirán a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

En la izquierda. El PSOE defiende la transición energética apostando plenamente en las renovables y por la recaudación de un impuesto al CO₂ con el objetivo de destinarlo a un fondo de eficiencia energética, movilidad sostenible y apoyo social. A este último respecto, presentó en mayo un Plan Social para el Clima de más de 9.000 millones de euros destinados a hogares vulnerables y a la descarbonización de la movilidad. Las actuaciones previstas llegarían hasta 2032, pero a día de hoy aún no ha finalizado su tramitación. Pero resulta especialmente contradictorio que los criterios de acceso a las ayudas no se adapten a la evolución de las rentas. Un ejemplo es el de pensionistas con ingresos muy reducidos que pueden perder el bono social eléctrico tras una subida de su pensión si superan el umbral aplicable. Una mejora nominal de ingresos se traduciría en la pérdida de una ayuda esencial, por lo que una transición justa exigiría revisar estos efectos. Por lo demás, queda claro que los socialistas apuestan por más recaudación impositiva y sin incidir lo más mínimo en los puntos reseñados. En cuanto a Sumar (ahora Frente Amplio), propuso profundizar en la transición ecológica y en la descarbonización mediante inversión pública, industria verde y renovables para que llegue a todos los territorios incluyendo los rurales. Ello se financiaría con más subidas de impuestos a grandes empresas, bienes y servicios de altas emisiones y tasas al plástico, mientras que para evitar la "fuga de carbono" introducirían cláusulas antideslocalización para obligar a que se devuelvan ayudas percibidas. En las pasadas Generales de 2023 ya contemplaban una oficina de transición energética justa para agilizar la tramitación de ayudas y un observatorio contra el Greenwashing. Sin embargo, estos dos organismos no se crearon en esta legislatura. En definitiva, FA representaría dentro de la izquierda la orientación a cambiar el statu quo de las políticas climáticas con un enfoque en la "justicia distributiva".

En la derecha. El PP apuesta por el pragmatismo y prefiere una transición ecológica más gradual y menos acelerada que la izquierda buscando evitar costes desproporcionados para empresas y trabajadores así como para la actividad económica general. Concretamente pone el acento en la competitividad económica, los precios de la energía y la neutralidad tecnológica. Para ello, en sus propuestas recientes, plantea proteger a las industrias electrointensivas, ampliar la vida útil de las centrales nucleares, agilizar las compensaciones por fuga de carbono y compatibilizar la descarbonización. A este último respecto, muestran cautela frente a los objetivos comunitarios que consideran poco realistas en tiempo para la industria. Pero es Vox quien plantea una ruptura más clara y radical con los instrumentos climáticos actuales, de manera que su planteamiento es esencialmente desregulatorio. Exigen la derogación de las Leyes de cambio climático y transición energética, así como la ruptura de acuerdos internacionales anteponiendo los intereses del sector primario e industrial español. Su modelo se basa en un cambio de paradigma suprimiendo todos los impuestos verdes en la factura eléctrica y otras tasas ecológicas, eliminar el sistema de derechos de emisión de GEI, recuperar soberanía energética, apostar por la energía nuclear con nuevas plantas, un Plan Nacional de agua que conecte todas las cuencas hidrográficas y aumente las zonas de regadíos y la explotación de recursos nacionales protegiendo el suelo productivo de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica. Esto último ya se pudo leer en sus programas autonómicos.

Conclusiones

El mundo ha avanzado mucho pero no parece estar preparado del todo para culminar la transición ecológica. Quizá, en algunos aspectos, haya dado pasos precipitados y en otros los haya hecho lentos, pero una amplia mayoría no sólo de sectores científicos considera que adaptarse es una necesidad irrenunciable tanto en lo económico como social y no sólo medioambiental. Lo cultural es lo que está siendo complicado de adaptar. También es evidente que las cuestiones de debate seguramente sean muchas más de las que hemos hablado como el diseño del sistema energético, pero las dejaremos para otro momento. Dentro de una cuestión enormemente compleja, lo que convendría después de lo expuesto en este artículo, sería estudiar qué se puede proponer desde la política para corregir las mencionadas externalidades y costes colaterales y que el cambio de modelo energético sea lo menos contradictorio posible. Por ello creo que el próximo Gobierno tendrá mucha responsabilidad en ello.

Vistas las propuestas, considero que existe una vía intermedia entre el statu quo de facto que defiende el PSOE - con afán impositivo y ausencia de propuestas para corregir las fallas - y la ruptura de Vox, para el que la política medioambiental ocupa un segundo plano supeditada al plano económico (sector primario e industrial). Frente Amplio pretende amortiguar el impacto sobre las personas vulnerables, pero confía buena parte de la transición a una mayor presión fiscal sobre las empresas y a incentivos y sanciones económicas para acelerar el cambio productivo. El problema es que ese enfoque puede perjudicar la inversión, la competitividad y el empleo, demostrando que los cambios desde la izquierda de los socialistas pueden generar aún más contradicciones.

Por el contrario, el PP opta por una transición más escalonada, defendiendo la continuidad de las centrales nucleares mientras cumplan los requisitos de seguridad y contribuyan a garantizar un suministro estable, junto con el despliegue de las renovables. A este respecto nos referimos en un artículo anterior en relación con las tecnologías que doten de mayor inercia para proveer al sistema energético de más estabilidad. Por todo ello, considero que el modelo del PP es el que más se aproxima a mis convicciones liberales: neutralidad tecnológica, competitividad, costes asumibles y una transición acompasada a las alternativas realmente disponibles. Esto no significa dar carta blanca a sus propuestas ni ignorar sus posibles contradicciones, sino priorizar una política climática que combine objetivos ambientales con realismo económico. La transición energética no puede convertirse en un lujo reservado a quienes pueden pagarla, pero tampoco debería utilizarse como justificación para imponer costes que una parte de la población no tiene capacidad real de evitar.