miércoles, 18 de noviembre de 2026

Elecciones Generales 2026: promesas, discursos y baños de masas

La campaña electoral del 29 de noviembre ha entrado en su fase decisiva y, con ella, ha regresado uno de los grandes rituales de nuestra democracia: los mítines. Banderas ondeando, auditorios entregados, aplausos perfectamente sincronizados, consignas repetidas hasta la saciedad y candidatos convencidos de que, esta vez sí, España se juega su futuro. Aunque, a juzgar por sus discursos, parece que nuestro país lleva varias décadas jugándoselo en todas y cada una de las elecciones.

Los mítines constituyen el escenario ideal para que los partidos movilicen a sus simpatizantes, refuercen sus mensajes y proyecten una imagen de unidad y entusiasmo. No suelen ser, desde luego, el lugar más propicio para las preguntas incómodas, los matices o la autocrítica. Allí, entre los aplausos de los convencidos, las promesas encuentran pocos obstáculos y las contradicciones rara vez reciben una ovación. Pero sería un error despreciarlos como simples espectáculos de propaganda. Más allá de la escenografía, los discursos permiten identificar las prioridades de cada formación, sus estrategias electorales, los adversarios a los que pretenden confrontar y, especialmente, aquello que prefieren dejar fuera del foco. Tan revelador puede resultar lo que un candidato proclama con solemnidad como lo que evita mencionar.

En Política ciudadana hemos seleccionado y analizado algunas de las intervenciones más representativas de los principales candidatos durante esta campaña, prestando atención a sus propuestas, mensajes y contradicciones, así como a las referencias concretas a la Región de Murcia cuando las ha habido. No se trata de medir quién ha reunido más banderas ni quién ha provocado los aplausos más prolongados, sino de examinar qué hay realmente detrás de cada discurso. Porque los baños de masas pueden servir para ganar titulares, alimentar entusiasmos y reforzar fidelidades. Pero gobernar exige bastante más que llenar un auditorio y replicar un buen eslogan.


Sánchez: el miedo a la derecha como argumento electoral

Pedro Sánchez (PSOE) eligió Sevilla para inaugurar el pasado jueves 12 la campaña electoral del PSOE ante miles de militantes congregados en el Palacio de Congresos y Exposiciones. El presidente apeló a una «movilización histórica» y a una «remontada épica» para impedir un Gobierno de PP y Vox, al que volvió a presentar como una amenaza de involución. También defendió las medidas sociales de su Ejecutivo y reclamó una mayor participación de las mujeres. Por otra parte, en el mitin en Alcorcón lo que llamó más la atención fue el sorprendente protagonismo de la bandera española, que Sánchez ondeó al comienzo del acto mientras la reivindicaba como símbolo de la Constitución, la democracia y los derechos. Celebro que la bandera nacional tenga presencia en los actos de cualquier formación política, porque representa a todos los españoles y no pertenece en exclusiva a ninguna ideología. Ahora bien, esa reivindicación simbólica también invita a examinar la coherencia entre ese discurso y las decisiones del Gobierno en materia territorial, dado que tras las sucesivas concesiones a partidos independentistas de las que hablamos en este post, me suena a cinismo de libro.

La gran protagonista de la primera noche electoral fue su esposa, Begoña Gómez, que intervino por primera vez en un mitin socialista mientras se encuentra a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Gómez agradeció el respaldo de la militancia, que la recibió entre aplausos y gritos de «¡No estás sola!», y reivindicó la independencia de las mujeres, afirmando que había terminado el tiempo de ser consideradas «señoras de». A nuestro juicio, el acto sirvió también para presentar su situación judicial bajo el prisma de una supuesta persecución política, acompañada de un discurso de reivindicación feminista. Sin embargo, conviene recordar que la Audiencia Provincial de Madrid avaló la continuación del procedimiento con jurado por los mencionados delitos, aunque descartase otros dos.

La intervención de Gómez la situó en el centro del acto electoral inaugural del socialismo, en una ceremonia de entusiasmo y adhesión sin fisuras al matrimonio presidencial. Una puesta en escena que nos resulta bastante chocante y que lleva a preguntarnos hasta qué punto la movilización de la militancia responde al apoyo a un proyecto colectivo o gira alrededor del «culto al líder». La solidaridad personal con alguien sometido a un procedimiento judicial es legítima, pero no reemplaza el debate sobre las responsabilidades. Aunque el sanchismo ya nos ha demostrado que no tiene demasiados complejos a la hora de presentar candidatos procesados - como ocurrió con Miguel Ángel Gallardo en Extremadura -, las imágenes de Sevilla nos recordaron esas escenas de Corea del Norte con ovaciones multitudinarias a la familia que ordena y manda. Y es que el sanchismo, si en algo se ha superado, es en convertir cualquier comparación satírica en un inquietante símil de la política española.

Entre las iniciativas comunicadas en Alcorcón destacó la creación de una prestación retribuida de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, el reconocimiento jurídico de las denominadas «uniones de amistad» y nuevas medidas fiscales contra grandes propietarios de viviendas y fondos de inversión. La mejora de la conciliación familiar constituye un objetivo legítimo y necesario, aunque como cualquier prestación debe acompañarse de financiación sostenible. Igualmente, el reconocimiento voluntario de personas de confianza para los cuidados es una posibilidad jurídicamente examinable, aunque su alcance y financiación requieran más concreción. Ahora bien, la cuestión fundamental no son las promesas sino la credibilidad. Después de más de ocho años en la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez no puede presentarse ante los ciudadanos como si acabara de llegar a la política. Tiene una trayectoria de gestión cuyo examen es inapelable. Por ejemplo, la retribución del permiso parental sigue siendo una cuestión pendiente que su Ejecutivo no ha resuelto plenamente durante la legislatura. Y no hablamos únicamente de dinero: la regulación aprobada en 2023 dejó dudas sobre aspectos tan elementales como el disfrute por días o semanas y su repercusión en las vacaciones, cuestiones que terminaron en los tribunales y sobre las que el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse en enero de 2026. Resulta legítimo preguntarse por qué un Gobierno que lleva, repito, más de ocho años en el poder vuelve a presentar como novedad electoral mejoras de un derecho cuya aplicación ni siquiera quedó suficientemente clarificada desde el principio. Parece condenado a permanecer en el mismo bucle en el que el sanchismo pretende mantener a España, como si viviéramos en la película de El día de la marmota.

Feijoo: la alternativa de gobierno y sus interrogantes

Alberto Núñez Feijóo (PP) eligió Badalona para iniciar su campaña electoral, acompañado por Xavier García Albiol, alcalde de la localidad, mientras que en Santander reivindicó la gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular como ejemplo de lo que pretende trasladar al conjunto de España. Ambos actos compartieron un mensaje de alternancia política, regeneración institucional y recuperación de la capacidad de gestión, frente a lo que el candidato popular considera la decadencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

En Badalona, Feijóo defendió una Cataluña protagonista de la reconstrucción de España, reivindicó la integridad territorial y la necesidad de una inmigración ordenada e integrada en nuestra sociedad. También destacó la gestión municipal de Albiol en materia de seguridad y ocupación ilegal de viviendas, anunciando su participación en la elaboración de una nueva legislación sobre esta última cuestión. En Santander, además de pedir la concentración del voto en el PP, reivindicó la gestión de María José Sáenz de Buruaga y trasladó compromisos relacionados con la financiación autonómica, la ganadería, las infraestructuras ferroviarias y las necesidades energéticas de Cantabria. Agradezco que los candidatos incorporen propuestas vinculadas a los territorios que visitan, aunque después será necesario comprobar su concreción y cumplimiento.

Entre los ejes centrales de Feijóo estuvieron la denuncia de la corrupción y de los problemas de gestión del actual Ejecutivo. En Badalona anunció una auditoría del gasto público para esclarecer el destino de los recursos utilizados durante los últimos ocho años, mientras que en Santander contrapuso su propuesta de gobierno a lo que calificó de incompetencia y decadencia. Considero legítimo exigir responsabilidades políticas y transparencia ante los casos investigados judicialmente, pero la regeneración institucional debería ir bastante más allá de denunciar las irregularidades del adversario. Es necesario explicar qué mecanismos de control, reformas administrativas y garantías de independencia se introducirían para prevenir que situaciones semejantes puedan repetirse, gobierne quien gobierne.

También me parece importante su denuncia de los actos intimidatorios sufridos por miembros del PP durante la campaña en el País Vasco, como sucedió con el joven Jon Echeverría en Hernani. La libertad de expresión y el derecho de manifestación y protesta deben protegerse, pero ninguna discrepancia política justifica las agresiones o las coacciones contra quienes defienden pacíficamente sus ideas. Este principio debería aplicarse con idéntica firmeza a todos los partidos y ciudadanos, independientemente de su orientación ideológica, pero parece que algunos entienden como si la mera presencia de alguien que piensa diferente constituyera, por sí misma, una provocación.

En definitiva, Feijóo ha construido sus intervenciones alrededor de la moderación institucional y la promesa de una nueva etapa política. Comparto su reclamación de recuperar la protección de las fronteras y exigir a quienes lleguen a España que trabajen, respeten las normas y se integren, como también la importancia de recuperar la eficacia administrativa, reforzar la seguridad jurídica y garantizar el respeto a las instituciones. Sin embargo, la alternancia, por sí sola, no garantiza los cambios. España necesita una reforma profunda de su sistema institucional, no limitarse a cambiar a quienes administran unas estructuras que pueden seguir ofreciendo los mismos incentivos perversos.

Abascal: patriotismo, confrontación y promesas de cambio

Los mítines de Santiago Abascal (Vox) en Madrid y Murcia respondieron a una estrategia de intensa movilización electoral, con mensajes directos, apelaciones emocionales y una marcada confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. En realidad, esa dinámica, en mayor o menor medida, es habitual en los actos de campaña de todas las formaciones políticas, pues su objetivo principal no es desarrollar exhaustivamente sus programas, sino conectar con los electores y reforzar sus mensajes. Sin embargo, Abascal parece haber entendido perfectamente que explotar la polarización puede proporcionarle mayores réditos electorales que los que Feijóo busca mediante la moderación.

En Madrid destacó también la difusión de mensajes de apoyo de dirigentes internacionales ideológicamente próximos a Vox, como Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Marine Le Pen y Javier Milei. La formación nacional-conservadora utiliza habitualmente estas alianzas para proyectar su imagen internacional, aunque ello no debería ocultar las diferencias programáticas y de popularidad existentes entre esos dirigentes. Por ejemplo, Orbán perdió las elecciones húngaras de abril de 2026, tras dieciséis años en el poder, y es conocido por sus posiciones próximas a Rusia. Milei, por su parte, defiende una agenda económica libertaria que presenta diferencias importantes con el nacionalismo económico y las propuestas de protección de sectores estratégicos de Vox.

En Murcia, Abascal hizo referencias al agua, la agricultura, la juventud y la seguridad, vinculando esta última también con la protección de las mujeres. Sin embargo, habría agradecido una mayor dimensión regional, con algunos compromisos específicos para una comunidad que tiene preocupaciones e intereses propios. Por ejemplo, sobre los trasvases, las infraestructuras hidráulicas y la financiación agraria, más allá de atribuir al denominado «fanatismo verde» buena parte de los problemas de los agricultores y ganaderos murcianos.

La denuncia de la gestión gubernamental y de los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE que se encuentran bajo investigación judicial es legítima. No obstante, considero que el lenguaje contundente debería dejar también espacio para transmitir una alternativa constructiva, especialmente en cuestiones tan sensibles como la seguridad ferroviaria y la prevención de catástrofes como las DANAs. Algo parecido sucede con su propuesta de eliminar las leyes que, a mi juicio, generan marcadas desigualdades entre hombres y mujeres. Comparto la necesidad de revisar esas disposiciones, pero habría agradecido que explicase con mayor concreción a qué normas se refiere y mediante qué propuestas legislativas pretende construir un modelo alternativo de igualdad.

Colau: grandes promesas sociales, grandes interrogantes presupuestarios

Los actos de Ada Colau (Frente Amplio) en Vallecas y Zaragoza estuvieron marcados por la reivindicación de Frente Amplio como una izquierda capaz de condicionar al PSOE y evitar un Gobierno de PP y Vox. La candidata insistió en presentar su coalición como una alternativa con propuestas concretas frente a la polarización política, aunque tampoco faltaron las descalificaciones hacia sus adversarios. Su mensaje electoral combina la defensa de los servicios públicos, una mayor redistribución de la riqueza y, especialmente, una intervención más intensa del Estado en el mercado de la vivienda.

Colau defendió en Vallecas medidas contra los denominados "fondos buitre", incluyendo expropiaciones de cien mil viviendas, restricciones a ciertas operaciones inmobiliarias y usos turísticos y mayor intervención sobre los alquileres. Personalmente considero profundamente erróneas estas medidas de la izquierda radical consistentes en demonizar a propietarios e inversores. Frente a una política eficaz para aumentar la oferta residencial, las restricciones y la inseguridad jurídica pueden desincentivar la inversión y reducir la disponibilidad de viviendas en alquiler, es decir, justo lo contrario de lo que se pretende conseguir. En Zaragoza, Colau también abogó por una mayor tributación sobre las grandes fortunas para financiar pensiones, ampliar prestaciones sanitarias y reforzar los servicios públicos. De forma más específica, propuso la cobertura de necesidades de salud bucodental y visual, así como medidas para reducir las trabas burocráticas que soportan los autónomos. Estas últimas merecen atención, porque simplificar los procedimientos administrativos puede favorecer la actividad económica. Sin embargo, considero necesario examinar con mucho más detalle la financiación de sus compromisos sociales. Aunque, a juzgar por la facilidad con la que anuncian nuevas prestaciones, parece que el verdadero esfuerzo consiste en encontrar a alguien que las pague.

Otra de las propuestas - y de fondo muy idéntica a la de Pedro Sánchez en Alcorcón - fue reconocer jurídicamente los vínculos de cuidados entre personas sin parentesco, facilitando que alguien pueda designar a una persona de confianza para determinadas responsabilidades y ampliando su protección laboral. La libertad de elegir quién nos acompaña y cuida merece consideración, pero una regulación de esta naturaleza exige delimitar cuidadosamente sus efectos jurídicos en Derecho familiar, las garantías frente a posibles abusos y el coste de los permisos retribuidos. No es lo mismo reconocer la autonomía personal que establecer nuevas obligaciones económicas sin explicar quién deberá asumirlas.

También reivindicó que Frente Amplio debe tener fuerza suficiente para obligar al PSOE a adoptar medidas que, según ella, Pedro Sánchez no ha querido impulsar durante sus ocho años de gobierno. Esa estrategia plantea una cuestión interesante: hasta qué punto las diferencias entre ambas formaciones responden a modelos realmente distintos o, principalmente, al grado de intervención pública que cada una considera aceptable. Su discurso contiene propuestas que merecen ser examinadas individualmente, pero también una concepción económica con la que mantengo discrepancias importantes. La justicia social no debería medirse únicamente por la cantidad de regulaciones, prohibiciones o impuestos aprobados, sino por los resultados efectivos de las políticas públicas sobre la libertad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.

Con todo, encuentro interesante su estrategia de movilización: Frente Amplio no intenta únicamente convencer a los indecisos, sino recuperar a una parte del electorado de izquierdas desencantado y evitar que la fragmentación con Podemos perjudique sus resultados. La disputa entre ambas formaciones podría convertirse en uno de los elementos más relevantes para comprender la evolución electoral de este espacio político. Y es que, si hay algo que parecen dominar a la perfección, es el arte de pelearse entre ellos.

Irene Montero: mucha épica revolucionaria, ¿y las soluciones?

El mitin de Irene Montero (Podemos) en Sevilla estuvo marcado por la confrontación no solo con PP y Vox, sino también con el PSOE y Frente Amplio, a los que reprochó el incremento del gasto militar y su incapacidad para impulsar transformaciones profundas. Así que peleándose con todo el mundo, la candidata de Podemos reivindicó su formación como proyecto alternativo de izquierda plurinacional. Entre sus propuestas figuraron elevar el salario mínimo a 1.800 euros, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, intervenir los alquileres y ampliar el parque público de vivienda. Medidas cuya viabilidad económica y efectos sobre el empleo y el mercado inmobiliario merecen un examen bastante más exigente que el entusiasmo de un mitin».

Sorprendió de Montero su acusación a PP y Vox de que quieren mantener a trabajadores inmigrantes y andaluces en condiciones de esclavitud, pero personalmente viniendo de quien viene no me extraña semejante disparate dialéctico. Es más, insistió en inculpar una vez más a Santiago Abascal de negacionista de la violencia machista y señaló a su formación por amparar en sus listas a los agresores. También tuvo tiempo para anunciar que retirará subvenciones públicas a congregaciones religiosas que gestionan centros de atención a mujeres por "maltratar a las mujeres gitanas, negras y pobres". La explotación laboral y el maltrato a mujeres son problemas suficientemente graves como para exigir medidas contundentes, pero atribuir semejantes intenciones a adversarios políticos y otras entidades requiere algo más que proclamarlo desde un escenario. A mi juicio, este tipo de incriminaciones sólo contribuye a rebajar el nivel del debate público, que ya de por sí está en el subsuelo por lo que se refiere a Podemos. Pero ante todo resulta llamativo que quienes denuncian constantemente la polarización política recurran también a un lenguaje tan extremo cuando les conviene y proyectando todo un surtido de acusaciones gratuitas bajo la capa de un feminismo absolutamente desnortado.

En economía, Montero propuso destinar a servicios públicos los 36.000 millones de euros que atribuye al gasto militar, incluyendo inversiones en sanidad, educación, transporte ferroviario y vivienda. La discusión sobre las prioridades presupuestarias es perfectamente legítima, pero echo en falta una explicación rigurosa sobre las partidas que pretende reducir, los compromisos internacionales de defensa y la financiación efectiva de sus propuestas. Subir impuestos es algo más impopular, pero en un discurso extremadamente populista basta con hacer referencia a que lo pagarán "los ricos", si prestamos atención a su programa. Tampoco comparto su orientación intervencionista en materia de vivienda, especialmente las prohibiciones de determinadas compras inmobiliarias y las expropiaciones planteadas. Desde mi perspectiva liberal, facilitar la construcción, aumentar la oferta y garantizar la seguridad jurídica constituye una alternativa que merece mucha más atención que políticas socialistas.

También intervino Ione Belarra, quien denunció un supuesto sesgo político de la justicia y de las fuerzas de seguridad, comparando la prisión provisional de tres participantes en la huelga del 11 de noviembre con la situación procesal de varios integrantes de Núcleo Nacional. Sin embargo, establecer semejante comparación sin examinar los hechos imputados, los riesgos procesales y los fundamentos de las resoluciones judiciales supone prescindir de un contexto imprescindible. La independencia judicial es demasiado importante como para convertirla en otra pieza de la confrontación electoral. A mi juicio, las declaraciones de Belarra alimentan una preocupante desconfianza hacia las instituciones sin aportar pruebas suficientes de la discriminación política que denuncia. Entregarle poder a esta formación considero que sería poner en riego el Estado de derecho, pues tratándose de dos feministas como Belarra y Montero pueden tener más peligro que dos Gremlins cenando después de medianoche.

Alvise Pérez: contra la partitocracia, desde la antipolítica

Alvise Pérez (SALF), en un fragmento de vídeo de un minuto y cuarenta y ocho segundos difundido a través de su canal de Telegram, correspondiente al mitin celebrado en Móstoles, reivindicó la importancia de que los ciudadanos recuperen el interés por la política. A su juicio, cuando la sociedad se desentiende de los asuntos públicos, deja el terreno libre a personas más preocupadas por sus propios intereses que por el bienestar de sus conciudadanos. Su llamamiento a la participación, acompañado de una apelación al boca a boca entre vecinos, también puede interpretarse como una invitación indirecta a movilizar el voto a favor de su candidatura.

El candidato de Se Acabó la Fiesta dirigió sus críticas tanto al PP como al PSOE. Acusó al primero de favorecer a empresas próximas mediante la gestión sanitaria y de colocar a personas afines, mientras que al segundo le reprochó su incapacidad de gestión y el nombramiento de personas vinculadas al partido. También denunció las demoras para acceder a pruebas diagnósticas y consultas médicas, una preocupación que merece atención pero que también debería examinarse mediante datos oficiales y propuestas concretas de mejora.

Alvise recurrió igualmente a la comparación con Cuba y Venezuela para advertir sobre las consecuencias que, según su discurso, tendría la continuidad de las prácticas políticas que denuncia. Sin embargo, la gravedad de esas comparaciones exige una argumentación más precisa. Además, aunque rechazó que sus palabras constituyeran un discurso radical o de odio, empleó expresiones despectivas para referirse a la clase política. La crítica contundente a los gobernantes forma parte del debate democrático, pero conviene distinguirla de las descalificaciones generalizadas. También se nota que la formación de derecha populista antisistema ha subido una marcha más que Vox (o dos, quizá).

En conjunto, al menos en el fragmento difundido, percibo un mensaje en el que predomina la indignación contra los partidos tradicionales, acompañada de una llamada a la movilización ciudadana con una evidente dimensión electoral. La reivindicación de una ciudadanía activa resulta relevante para el funcionamiento de cualquier democracia, pero denunciar el clientelismo y los problemas de gestión no equivale por sí solo a ofrecer una alternativa institucional. Para valorar el proyecto de SALF sería necesario conocer qué reformas concretas propone para garantizar la transparencia, profesionalizar las administraciones y mejorar los servicios públicos. Ese es el terreno en el que las críticas a los partidos tradicionales pueden transformarse en compromisos políticos verificables.

Miriam González: regeneración institucional y discrepancias territoriales 

La intervención de Miriam González (Democracia 21) en Barcelona dejó un mensaje reformista que considero interesante tanto por su tono como por su orientación, acompañando sus críticas al bipartidismo de propuestas concretas. Presentó a Democracia 21 como una «garantía de limpieza» frente a las redes clientelares que, según denunció, se han extendido por buena parte de la política española. En vivienda, criticó las políticas de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona, a las que atribuyó resultados negativos en el mercado del alquiler. Como alternativa, defendió un plan de barrios de viviendas, con seguridad jurídica y mayor protagonismo de los ayuntamientos. También apostó por incorporar la tecnología a la educación, profundizar en la digitalización administrativa y facilitar la actividad de las pymes mediante la reducción de las trabas burocráticas.

El acto también sirvió para presentar al candidato por Barcelona, David Andrés, quien defendió la importancia de autónomos y emprendedores. Sin embargo, tratándose de un acto celebrado en Barcelona, eché en falta una posición más clara sobre el modelo territorial, la unidad nacional y la política lingüística.

Las declaraciones posteriores de Miriam González a Crónica Global permiten conocer mejor su posición, aunque no precisamente para despejar mis reservas. La candidata se ha mostrado favorable al uso de pinganillos en el Congreso de los Diputados y a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Además, al ser preguntada por la inmersión lingüística en Cataluña, no concretó qué cambios impulsaría para garantizar la presencia vehicular del castellano en la enseñanza.

Discrepo de estos planteamientos. No considero necesario establecer sistemas de traducción simultánea entre representantes que conocen una lengua común, ni comparto la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Mucho más importante me parece garantizar que el castellano, lengua oficial del Estado y común a todos los españoles, tenga una presencia efectiva como lengua vehicular en todo el sistema educativo nacional.

Defiendo el bilingüismo y la protección de las lenguas cooficiales como parte de la riqueza cultural de España, pero también su compatibilidad con la cohesión nacional. Lo que rechazo es que esa diversidad lingüística se utilice para justificar concesiones políticas al independentismo en nuestras instituciones democráticas y en la Unión Europea. Proteger nuestras lenguas no exige debilitar el papel del castellano como lengua común ni convertir las reivindicaciones nacionalistas en nuevas obligaciones institucionales. Por ello, considero que Democracia 21 debería ofrecer una posición más clara sobre estas cuestiones si pretende presentarse como una alternativa de regeneración institucional para el conjunto de España.

Conclusiones: cuando se apagan los focos y terminan los aplausos

Después de analizar los mítines de los principales candidatos, la impresión final es inevitable: la campaña electoral sigue siendo un escenario donde abundan las grandes declaraciones, pero escasean las explicaciones sobre cómo convertirlas en resultados concretos. Todos prometen cambios, mejoras y soluciones. Las diferencias aparecen cuando examinamos qué proponen realmente, cuánto costaría llevarlo a cabo y qué garantías ofrecen para cumplirlo.

Pedro Sánchez (para sorpresa de nadie) ha centrado buena parte de su discurso en advertir sobre las consecuencias de un Gobierno de PP y Vox, al tiempo que reivindica las políticas sociales de su Ejecutivo. Sin embargo, después de más de ocho años en el poder, resulta razonable exigirle algo más que nuevas promesas y apelaciones a la movilización. Su trayectoria de gobierno, salpicada de escándalos y polémicas decisiones, está situada en el centro del debate electoral, pero especialmente cuando anuncia medidas relacionadas con derechos y prestaciones cuya regulación anterior ha suscitado controversias.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado la alternancia y la regeneración institucional como elementos centrales de su candidatura. Sus propuestas de auditoría y mejora de la gestión merecen un examen detenido, pero la regeneración no debería agotarse en sustituir a los responsables políticos. Cambiar de Gobierno no equivale necesariamente a cambiar las reglas que permiten determinadas prácticas. La independencia de las instituciones, los mecanismos de control y la profesionalización administrativa necesitan compromisos verificables. ¿Aspira realmente el PP a una reforma profunda del modelo institucional o se conforma con una alternancia protagonizada por mejores gestores?

Santiago Abascal ha recurrido a una confrontación intensa y a mensajes de fuerte contenido identitario, acompañados de propuestas sobre inmigración, seguridad y cuestiones territoriales. Su discurso permite identificar prioridades políticas claras, aunque también deja interrogantes sobre su desarrollo legislativo y presupuestario. En particular, sus referencias a la Región de Murcia habrían ganado fuerza con compromisos más precisos sobre las necesidades hidráulicas, agrarias y de infraestructuras de la comunidad. Su mensaje transmite así una notable uniformidad territorial, incluso cuando las necesidades de cada comunidad exigirían mayor concreción

En la izquierda situada a la izquierda del PSOE, Ada Colau e Irene Montero han defendido una intervención pública aún más intensa en vivienda, fiscalidad y protección social, aunque con estrategias electorales diferentes y críticas mutuas. Sus propuestas plantean interrogantes sobre financiación, seguridad jurídica y efectos económicos, puesto que la ambición de una medida no demuestra por sí sola su eficacia y tampoco basta con anunciar nuevas prestaciones sin explicar los recursos necesarios y las consecuencias de obtenerlos. Las mayores contradicciones que encuentro en Frente Amplio afectan a su propia composición: una coalición integrada por fuerzas que han participado, directa o indirectamente, en el Gobierno y que ahora pretende presentarse como motor de un cambio de políticas. Más específicamente, me pregunto hasta qué punto Colau aspira a transformar realmente la política económica o simplemente a condicionar un nuevo Ejecutivo de Sánchez. Porque si el objetivo consiste en desplazar todavía más su orientación hacia la izquierda radical, «virgencita, que me quede como estoy».

Alvise Pérez ha insistido en la denuncia del clientelismo y de los partidos tradicionales, con un discurso de indignación y movilización ciudadana. Sin embargo, el fragmento disponible de su mitin que compartió en su canal de Telegram no permite valorar su programa más allá del mensaje populista. La crítica al funcionamiento del sistema político debe acompañarse de propuestas de reformas institucionales concretas si aspira a convertirse en una alternativa de gobierno. De lo contrario, se queda en el mero ruido, que es lo que aparenta comunicar la formación de derecha populista anti-sistema.

Pese a reconocer el interés de sus propuestas de regeneración institucional y modernización educativa, discrepo de Miriam González en cuestiones territoriales y lingüísticas, especialmente por su apoyo a medidas que considero concesiones innecesarias al independentismo y por la falta de concreción sobre las garantías del castellano en la enseñanza catalana.

Más allá de las diferencias ideológicas, todos estos discursos comparten una característica: están pronunciados ante públicos predispuestos a aplaudir. Es natural que un mitin busque entusiasmar y movilizar. Lo preocupante sería confundir ese entusiasmo con una prueba de solvencia política. Ni los aplausos acreditan la viabilidad de una propuesta ni la contundencia de una consigna demuestra que su diagnóstico sea correcto. Por consiguiente, la verdadera exigencia democrática comienza cuando termina el espectáculo: contrastar los datos, examinar los programas, pedir explicaciones sobre los costes, exigir responsabilidades por la gestión y comprobar después si los compromisos se cumplen. Esa exigencia debe aplicarse tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo. Porque las campañas pasan, los escenarios se desmontan y las multitudes regresan a sus casas. Los problemas del país, en cambio, permanecen. Y cuando se apagan los focos, España no necesita que sus políticos sigan recibiendo ovaciones. Necesita que respondan por sus decisiones y cumplan sus compromisos.

lunes, 16 de noviembre de 2026

Los candidatos en The Wild Project: propuestas, contradicciones y preguntas incómodas

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre no se desarrolla únicamente en los platós de televisión, las emisoras de radio o los tradicionales actos de partido. Los grandes canales de internet y los podcasts se han convertido en espacios de creciente relevancia para la comunicación política, especialmente por su capacidad para llegar a públicos que no siempre siguen los medios convencionales. Después de analizar las entrevistas de precampaña en la publicación del pasado 13 de noviembre, merece la pena detenerse en uno de los formatos que mayor interés despiertan en el panorama digital español: The Wild Project, el programa de Jordi Wild. Su estilo de conversación extensa y relativamente abierta permite a los invitados desarrollar argumentos y mostrar facetas que difícilmente encuentran espacio en las entrevistas televisivas más breves. Sin embargo, un formato más largo no garantiza necesariamente respuestas más rigurosas ni convierte al entrevistador en responsable de las afirmaciones de sus invitados. Por eso, además de examinar las intervenciones políticas vinculadas al programa, interesa valorar cómo se utiliza este escaparate mediático durante la campaña y qué significado puede tener la decisión de participar en él o renunciar a hacerlo.

El popular podcast de Jordi Wild se incorporó a la campaña electoral con una iniciativa poco habitual: entrevistar extensamente a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno, sin preguntas pactadas y con la presencia de verificadores para contrastar determinados datos. Finalmente participaron Ada Colau (Frente Amplio), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE). Santiago Abascal (Vox), inicialmente invitado, canceló su participación. Las conversaciones abordaron asuntos de especial actualidad, como los accidentes ferroviarios, la crisis migratoria de Ceuta, la vivienda, la corrupción y las perspectivas de gobernabilidad. El formato permitió conocer propuestas, pero también comprobar hasta qué punto los candidatos estaban dispuestos a concretar sus compromisos ante preguntas insistentes.

Santiago Abascal y su "espantada"

La gran polémica de estas entrevistas llegó con la cancelación, a última hora, de la participación de Santiago Abascal. Vox justificó su decisión por lo sucedido días antes en La Revuelta, donde denunció que RTVE y la productora habían incumplido lo acordado al no facilitar los 40 minutos de entrevista que quedaron fuera de la emisión. Por ello, anunció que no volvería a participar en entrevistas grabadas sin disponer de garantías sobre el uso íntegro de sus declaraciones. Jordi Wild, por su parte, expresó su profunda decepción y recordó que había garantizado contractualmente la publicación íntegra de la conversación, compromiso que Vox había aceptado inicialmente. Según el comunicador, las nuevas exigencias del partido sobre la grabación y los derechos audiovisuales hicieron imposible el encuentro.

Me parece legítimo que Vox quiera proteger la integridad de sus declaraciones, pero no considero razonable trasladar a Jordi Wild las consecuencias de un conflicto ajeno, especialmente cuando había ofrecido garantías expresas de no editar la entrevista. La libertad de expresión de un candidato merece protección, pero también la independencia de quien lo entrevista. Considero que la cancelación fue un desplante a la profesionalidad de Jordi Wild y comparto su sospecha de que Abascal pudo recurrir a sucesivas exigencias para evitar una entrevista incómoda que diluyese el impacto favorable que, según diversos medios, había conseguido con su aparición en La Revuelta. Es una interpretación, no un hecho demostrado, pero las explicaciones ofrecidas por Vox no terminan de disipar mis dudas. Y, respecto a los famosos 40 minutos, cabe preguntarse si su publicación habría mejorado realmente una intervención que ya había recibido una considerable atención mediática.

Ada Colau: el regreso político y las dificultades de la izquierda

Como candidata de Frente Amplio, Ada Colau tuvo que explicar en primer lugar, su regreso a la primera línea política después de haber manifestado anteriormente que no volvería a presentarse. Lo justificó aludiendo al problema de la vivienda y la necesidad de impulsar soluciones alternativas desde la izquierda.

Al abordar la división de su espacio político, reivindicó sus esfuerzos por alcanzar una candidatura unitaria y atribuyó a Podemos la responsabilidad de que no prosperasen las negociaciones. Incluso aseguró haber estado dispuesta a apartarse para facilitar un acuerdo, pero reconoció que las apelaciones a la unidad no habían conseguido resolver las diferencias entre las formaciones.

Sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y las condiciones para volver a gobernar con los socialistas, distinguió entre responsabilidades individuales y corrupción estructural. Sin embargo, evitó ofrecer una respuesta clara sobre si hubiese abandonado el Ejecutivo. Su disposición a negociar un nuevo gobierno quedó vinculada a compromisos en vivienda, fiscalidad, desigualdad y regeneración.

En política exterior, Colau abordó la crisis migratoria de Ceuta, considerando prácticamente imposible que se produjera sin el consentimiento de Marruecos. Criticó la respuesta inicial de Pedro Sánchez, atribuyó también una responsabilidad indirecta a la Unión Europea por externalizar el control de sus fronteras y defendió revisar las relaciones con Rabat para reducir la dependencia española del país norteafricano. Aunque evitó concretar qué medidas adoptaría, su disposición a cuestionar abiertamente la actuación marroquí merece mi reconocimiento, incluso desde posiciones ideológicas muy diferentes. No descarto que en su postura influya también la relación de Rabat con Israel, aunque se trata de una interpretación personal. Otro cantar es su deseo de cerrar las bases militares estadounidenses en España: considero que su importancia estratégica debe valorarse al margen de las cuestionables decisiones de política exterior de Donald Trump.

El momento más destacado de la entrevista se produjo al abordar la relación entre inmigración y delincuencia en Barcelona. Jordi Wild señaló que, según los datos policiales correspondientes a 2024, el 91% de las detenciones por hurto en la ciudad eran extranjeros. Colau cuestionó inicialmente la cifra, recordando que durante su etapa como alcaldesa las estadísticas que manejaba reflejaban una realidad diferente. Sin embargo, los verificadores del programa confirmaron el dato, publicado por El Mundo en mayo de 2025: de las 5.442 detenciones por hurto registradas en 2024, 4.942 correspondieron a extranjeros, un 90,8%. La exalcaldesa aceptó la precisión, aunque mantuvo su interpretación sobre los años de su mandato. Estas precisiones ponen de manifiesto la importancia de abordar los problemas de seguridad e integración con datos contrastados, evitando tanto generalizaciones sobre colectivos enteros como la minimización de realidades estadísticas incómodas. Una política de seguridad rigurosa exige estudiar todas las variables relevantes, sin simplificaciones ni prejuicios. Reducir el análisis a que «son hombres», como hizo Colau, no explica por sí solo una realidad mucho más compleja.

Alberto Núñez Feijóo: reformas económicas y negociación con Vox

Feijóo abordó desde el comienzo la posibilidad de gobernar con Vox. Reconoció coincidencias con la formación de Santiago Abascal, aunque señaló diferencias importantes en cuestiones como la Unión Europea y el Estado autonómico. Evitó desvelar qué ministerios consideraría irrenunciables en una negociación, alegando que hacerlo antes de conocer los resultados electorales supondría anticipar su estrategia. Sí concretó una reforma de la estructura gubernamental: reducir los actuales 22 ministerios a 14 o 15, integrando las competencias de Igualdad y Vivienda en otros departamentos. Presentó esta reducción como parte de una política de austeridad administrativa y simplificación del Ejecutivo.

En economía, defendió la necesidad de reducir impuestos, controlar el gasto público y mejorar la productividad. Para los autónomos anunció medidas de simplificación administrativa, incentivos a la contratación y una exención de IVA para determinados profesionales con facturación inferior a 85.000 euros anuales, cuyo alcance efectivo dependería de su regulación. Respecto a la deuda pública, Wild recordó que el endeudamiento de Galicia aumentó durante la presidencia de Feijóo, quien defendió su gestión comparando la evolución gallega con la de otras regiones y recordando las circunstancias económicas de aquellos años.

La sostenibilidad de las pensiones protagonizó uno de los intercambios más exigentes. Feijóo se comprometió a mantener su actualización conforme al IPC y afirmó que no tenía previsto elevar obligatoriamente la edad de jubilación por encima de los 67 años. Apostó por fomentar el empleo, mejorar los salarios y facilitar que quienes lo deseen puedan compatibilizar parcialmente trabajo y pensión. Sin embargo, no desarrolló una solución financiera completa a los desequilibrios del sistema, pese a la insistencia de Wild. La dificultad del PP para abordar abiertamente esta cuestión me genera desconfianza respecto a su disposición a impulsar una reforma liberal ambiciosa que garantice la sostenibilidad futura de las pensiones.

Al hablar de las bajas médicas y el absentismo laboral, una cifra ofrecida por Feijóo sobre la incidencia de las bajas entre los autónomos fue corregida durante la entrevista: del entorno del 3,5-4 % inicialmente mencionado se pasó a una estimación próxima al 1%. El candidato agradeció la precisión, mientras Wild recordó que muchos trabajadores por cuenta propia continúan trabajando incluso cuando están enfermos. La conversación derivó hacia la salud mental y Feijóo reconoció el aumento de determinados problemas tras la pandemia, aunque aclaró que no estaba proponiendo que nadie trabajase estando enfermo. Considero que esta cuestión merece un estudio más profundo de las causas del absentismo, los procedimientos de reconocimiento de las bajas y sus mecanismos de control, sin confundir las situaciones médicamente justificadas con posibles irregularidades ni anticipar conclusiones sin datos suficientes.

Respecto a la inmigración y la seguridad fronteriza, sus declaraciones combinaron una crítica contundente a la actuación del Gobierno en Ceuta con propuestas de mayor firmeza. Feijóo aseguró que habría actuado preventivamente en la ciudad autónoma ante las alertas de inteligencia, exigido responsabilidades a Marruecos y contemplado un despliegue militar para proteger la frontera. En política exterior defendió unas relaciones con Estados Unidos guiadas por los intereses nacionales, por encima de las simpatías o antipatías personales hacia Donald Trump. También cuestionó las actitudes sectarias que, a su juicio, pueden reproducir algunos de sus críticos más vehementes. Comparto la conveniencia de separar las relaciones estratégicas entre Estados de la valoración política de sus respectivos dirigentes.

Jordi Wild también le preguntó por su antigua relación con Marcial Dorado y por los casos históricos de corrupción del PP. Respecto a lo primero, Feijóo recordó las explicaciones que ofreció ante el Parlamento gallego en 2013 y sostuvo que había conocido a Dorado en un contexto político y social en el que este asistía a actos públicos. Wild insistió en las circunstancias de la conocida fotografía y en la relación que ambos habían mantenido. Feijóo defendió su trayectoria política y recordó sus posteriores mayorías absolutas en Galicia, aunque estas no resolvían por sí mismas las preguntas sobre aquella relación. Sobre el caso Gürtel, admitió su gravedad y sus consecuencias políticas para el PP, defendiendo que su partido había aprendido de los errores del pasado y asegurando que él nunca había recibido dinero de forma irregular. Al mismo tiempo, cuestionó la autoridad moral del PSOE para dar lecciones sobre corrupción y mociones de censura, mencionando las investigaciones judiciales que afectan a antiguos responsables socialistas, entre ellos José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

Pedro Sánchez: balance de Gobierno y responsabilidades pendientes

La entrevista al presidente del Gobierno fue especialmente exigente por una razón evidente: a diferencia de los demás candidatos, Sánchez debía responder por ocho años de gestión. Comenzó defendiendo su continuidad como una cuestión de vocación de servicio y aseguró que España atraviesa uno de sus mejores momentos democráticos. Wild cuestionó esa valoración al abordar la crispación política, los problemas ferroviarios y las dificultades cotidianas de los ciudadanos. Sánchez sostuvo que la polarización y los insultos son asimétricos, una interpretación coherente con su discurso sobre la «fachosfera», mientras el entrevistador insistió en que ambos bloques han contribuido al deterioro del debate público. Discrepo profundamente: considero que la confrontación también ha sido una herramienta de su estrategia política y comunicativa, impulsada desde la Moncloa con una maquinaria de relato especialmente desarrollada.

Sobre los dos accidentes ferroviarios, Sánchez defendió el aumento de las inversiones y anunció nuevas medidas de seguridad, formación y mantenimiento. Reconoció que se habían cometido errores y consideró acertada la dimisión de Óscar Puente. Sin embargo, evitó aclarar si habría cesado al ministro en caso de que este no hubiera presentado voluntariamente su renuncia, pese a que Wild repitió la pregunta. Una respuesta que deja abierta una cuestión fundamental: si la dimisión era lo correcto, ¿habría asumido el presidente la responsabilidad de exigirla?

En inmigración, Sánchez destacó su contribución al crecimiento económico, al empleo y al sostenimiento demográfico. El entrevistador introdujo también los problemas de integración y convivencia, solicitando precisiones sobre los datos utilizados. Este intercambio mostró la distancia entre una defensa fundamentalmente económica de la inmigración y la preocupación por sus consecuencias sociales y culturales. Considero que la inmigración debe valorarse también por su capacidad de integración, el respeto a nuestras normas de convivencia y sus efectos sobre los servicios públicos. Reducir el debate a las necesidades del mercado laboral y de la demografía deja fuera cuestiones esenciales.

En materia de política exterior y seguridad fronteriza, Jordi Wild insistió especialmente en la crisis migratoria de Ceuta y las relaciones con Marruecos. Sánchez evitó responsabilizar al Gobierno de Mohamed VI de la entrada masiva de inmigrantes, alegando que carecía de pruebas concluyentes, y defendió la cooperación bilateral en materia migratoria, económica y antiterrorista. Wild cuestionó tanto la capacidad de anticipación de los servicios de inteligencia como la firmeza de la respuesta española. Sánchez reafirmó la soberanía española de Ceuta y Melilla y reconoció deficiencias en la gestión inicial, pero no concretó qué consecuencias diplomáticas consideraría apropiadas si se acreditase una responsabilidad de Rabat. Su respuesta me pareció excesivamente complaciente ante un asunto que afecta directamente a nuestra soberanía y seguridad.

Los casos de corrupción vinculados a antiguos responsables socialistas, entre ellos Ábalos, Koldo y Cerdán, ocuparon igualmente una parte importante de la conversación. Wild cuestionó el criterio de Sánchez al haber confiado a aquéllos responsabilidades tan importantes. Especialmente significativo fue el intercambio sobre Koldo García. Sánchez aseguró que apenas había mantenido relación con él, a diferencia de los otros, a quienes reconoció como personas de su confianza. Sin embargo, los verificadores recuperaron antiguas publicaciones del propio presidente en las que dedicaba a Koldo encendidos elogios, llegando a calificarlo como «un titán contra los desahucios» y «un ejemplo para la militancia». Sánchez reconoció las publicaciones, pero las contextualizó en su búsqueda de apoyos entre la militancia socialista en 2014, negando que acreditasen una relación estrecha. El Presidente reconoció su decepción y defendió la integridad del conjunto de su equipo, aunque el intercambio dejó planteada una cuestión distinta de la responsabilidad penal: la responsabilidad política por la elección y supervisión de los colaboradores más cercanos. También reconoció Sánchez que el PSOE había contratado servicios jurídicos por algo más de 40.000 euros, pero sostuvo que desconocía que los despachos hubieran recurrido a Leire Díez. Finalmente, sobre Zapatero aseguró que el expresidente nunca le había solicitado intervenir en favor de Plus Ultra ni de ninguna otra empresa y reiteró públicamente su confianza en él. Un respaldo que no despeja por sí solo los interrogantes planteados sobre sus actividades.

En vivienda, Wild expuso un ejemplo concreto: cómo podría emanciparse un joven de 25 años que gana 1.300 euros mensuales y carece de ayuda familiar. Sánchez reconoció la dificultad pero se limitó a defender las medidas adoptadas por su Gobierno. El entrevistador insistió en que, después de ocho años, el problema sigue siendo crítico. Frente a esta realidad, como un yo-yo, Sánchez volvió a defender una mayor intervención en el mercado del alquiler, la ampliación del parque público y la actuación de una empresa estatal de vivienda. A mi juicio, insistió en recetas que no ha  conseguido resolver la crisis por no prestar suficiente atención a las trabas regulatorias que ahogan la oferta. Y mientras llegan las viviendas prometidas, los jóvenes siguen esperando. Un plan sin fisuras, que diría Torrente.

Por último, Wild repasó algunos de los más populares cambios de opinión del presidente, especialmente sobre Pablo Iglesias, el artículo 155 y la amnistía. Sánchez argumentó que la política exige adaptarse a circunstancias cambiantes y justificó determinadas decisiones por la necesidad de alcanzar acuerdos parlamentarios. Al menos quedó formulada la cuestión de fondo: ¿hasta qué punto la flexibilidad política resulta compatible con la credibilidad de los compromisos electorales?

Conclusiones

Las entrevistas de The Wild Project han demostrado que los formatos de conversación extensa pueden ofrecer un espacio interesante para examinar las propuestas y contradicciones de los candidatos. La presencia de verificadores y la insistencia de Jordi Wild ante determinadas respuestas permitieron abordar cuestiones que no siempre reciben suficiente atención en las entrevistas convencionales. Eso no significa que todas las intervenciones hayan sido igualmente esclarecedoras ni que disponer de más tiempo garantice respuestas satisfactorias. He leído también críticas contra el entrevistador, pero personalmente aplaudo su iniciativa y me parece mas interesante fijarme en las respuestas que en las preguntas, que todos se las haríamos. Con distinta formulación, pero similares en el fondo.

En el caso de Ada Colau, resultaron especialmente significativas sus dificultades para explicar la división de la izquierda y el contraste entre sus declaraciones sobre delincuencia y las estadísticas presentadas durante la entrevista. De Alberto Núñez Feijóo destacaría sus propuestas de simplificación administrativa y reducción del Gobierno, aunque sigo echando en falta una mayor determinación para afrontar reformas estructurales, particularmente la sostenibilidad de las pensiones. Y Pedro Sánchez volvió a demostrar, a mi parecer, una notable habilidad para defender su relato político, pero muchas menos ganas de asumir responsabilidades concretas por los problemas y controversias acumulados durante sus ocho años de gobierno.

La cancelación de Santiago Abascal merece también una reflexión. Considero legítimo que un candidato exija garantías sobre la integridad de sus declaraciones, pero cuando esas garantías ya habían sido ofrecidas, las explicaciones para renunciar a una entrevista resultan poco convincentes. Jordi Wild había preparado un espacio para contrastar sus propuestas y, finalmente, los espectadores se quedaron sin esa oportunidad.

En definitiva, valoro positivamente que los candidatos se sometan a entrevistas largas, con preguntas incómodas y datos contrastados. La transparencia política no consiste en elegir únicamente los escenarios más favorables, sino en estar dispuesto a explicar decisiones, reconocer errores y defender propuestas con argumentos. Porque una cosa es disponer de tiempo para responder y otra muy distinta aprovecharlo para contestar realmente. Y, después de tantas entrevistas, sigo convencido de que en la política española abundan más las explicaciones que las respuestas.

viernes, 13 de noviembre de 2026

Elecciones Generales 2026: arranca la campaña del 29-N

Anoche arrancó la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Como ya mencionamos en otros artículos, estos comicios llegan en un escenario de fuerte polarización política, dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios como demuestra la prolongada ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, desgaste gubernamental derivado de continuas sombras de corrupción y una deriva del sanchismo que se ha esforzado sin pudor en dar a entender que las instituciones democráticas son de su propiedad. De manera más específica, la campaña estará marcada por cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos como la inflación, el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la inmigración, la inseguridad y el futuro de las instituciones. 

Esta convocatoria anticipada abre una nueva competición en la que PSOE y PP tratarán de movilizar a sus respectivos electorados, mientras Vox aspira a incrementar su espacio político e institucional y la nueva coalición Frente amplio busca articular una alternativa a la izquierda socialista. 

En este artículo repasamos cómo llegan los principales partidos a la cita electoral, sus estrategias, sus propuestas y sus contradicciones, prestando especial atención a las candidaturas de la Región de Murcia. Un análisis desde una perspectiva liberal, independiente y crítica, que no pretende limitarse a reproducir los mensajes de campaña, sino examinar sus planteamientos, sus antecedentes y su viabilidad.

Una precampaña marcada por las polémicas y las crisis

Ya nos referimos a la famosa "Ley de nietos" y su instrucción reglamentaria que fue recurrida motivando la suspensión del derecho a voto de aquellos nuevos nacionalizados que no acreditaron ser exiliados políticos. El Defensor del Pueblo - en una actuación que considero difícil de desligar del contexto y posición del Gobierno - trató de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para que tirase esa suspensión ordenada por el Tribunal Supremo. Y es que no sería la primera vez que se pretendiese recurrir al alto Tribunal para tratar de sortear un contratiempo judicial, pues como ya habría podido suceder con la amnistía a los independentistas, el TC avaló la aplicación de aquélla a determinados supuestos de malversación conforme a la interpretación de sus requisitos legales. Sin embargo, en esta ocasión se rechazó porque no se habían agotado todas las vías judiciales ordinarias al existir plazo de alegaciones. El remate de despropósito fue que, en contestación al requerimiento ultimátum del TS, desde el Ministerio de Exteriores respondiesen que sólo 901 de 163.000 expedientes acreditaron documentalmente ser exiliados políticos.

La crisis ferroviaria ha dejado de ser únicamente una controversia sobre la gestión de las infraestructuras y la respuesta del Gobierno ante los accidentes. A las investigaciones sobre los siniestros se han sumado las diligencias de la Fiscalía Europea por un posible fraude en los fondos destinados a la seguridad y el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla, con actuaciones de la UCO. Estas pesquisas se añaden a las investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en contratos de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Además, el diario El Debate publicó el 5 de noviembre una información que atribuye a Óscar Puente presuntos favores de un empresario durante su etapa como alcalde de Valladolid, a cambio de su supuesta intermediación para obtener ayudas públicas. La gestión de lo público no puede convertirse una vez más en un territorio de sospechas permanentes en el que nadie responde de nada. La presunción de inocencia debe respetarse, pero la responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que llegue una sentencia. Por eso, la dimisión del presidente de ADIF después de que Carlos Cuerpo asumiera la cartera ministerial y mantuviera una reunión con él resulta claramente insuficiente. La cúpula de la empresa pública debería haber sido relevada desde el mismo día del trágico accidente de Urda.

Los temas judiciales, durante esta legislatura, no han dado descanso al PSOE. Por una parte, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional cursó requerimiento para que facilitasen información sobre los abogados y asesores contratados en relación con la presunta financiación ilegal en el caso Leire Díez. Además, en la misma instrucción la UCO descubrió que habían desaparecido facturas en la contabilidad del partido al rastrear la presunta financiación ilegal que se está investigando. Incluso la Fiscalía anticorrupción abrió diligencias a Zapatero para investigar si habría incurrido en presunta malversación por no entregar en su día a Patrimonio del Estado las joyas supuestamente regaladas por Arabia Saudí, cuya procedencia admitió públicamente su abogado no poder demostrar. 

Y aún ha habido espacio para varias noticias más. Primero, que la Fiscalía Provincial de Madrid se mostrase partidaria de investigar por la vía ordinaria (y no mediante el procedimiento reservado a los aforamientos) al ministro Óscar López por la difusión del conocido bulo de la "bomba lapa". Segundo, que la UCO registrase el Ministerio de Igualdad en el marco de una investigación por presunto fraude con fondos europeos relacionado con la contratación de pulseras. Y tercero, que la Audiencia Nacional citase al ex delegado del Gobierno como investigado por el episodio de caos migratorio en Ceuta. 

Está claro que para el PSOE de Sánchez hasta el rabo todo es toro.

Coaliciones y pactos estratégicos

Debemos diferenciar entre los pactos acordados para constituirse en coalición y otros más estratégicos consistentes en coordinarse para controlar los efectos de la aplicación de la fórmula electoral en las circunscripciones. En cuanto a los primeros, el más relevante fue la constitución del Frente amplio con Sumar, IU, Más Madrid y Comunes. Compromís no se integró en esta plataforma, pero sí alcanzó un acuerdo para presentarse como Compromís-Front Valencià e incluir en listas varios candidatos de Podemos, IU y otras fuerzas de izquierda de ámbito valenciano. También rechazaron formar parte tanto Adelante Andalucía (que tiene unas óptimas expectativas electorales como candidatura separada) como Podemos, que exigió en buena lógica primarias para seleccionar la persona candidata. Probablemente, Irene Montero preveía que los militantes le elegirían mayoritariamente a ella y descartaba diluir su ya desgastada marca en la coalición. A tal respecto, interpretaría que las fuerzas del Frente amplio eran conscientes de que la popularidad de Montero estaba tan por los suelos que, entre la izquierda, la sola posibilidad de situarla como cabeza de lista les asustaba. Por ello sería que la única oferta fue ponerla de nº 2, siendo rechazada por la "marquesa de Galapagar". 

Sin perjuicio de lo anterior, lo realmente interesante son los movimientos de los partidos para maximizar el resultado electoral. Respecto al Congreso, existieron conversaciones entre PSOE y FA para que estos últimos no se presentasen en ninguna de las provincias pequeñas. Sin embargo, entre la desconfianza y, por qué no decirlo, los recelos de dejar puestos en beneficio de candidatos externos, abortaron un acuerdo global. La excepción es en Teruel, donde renunciaron a presentarse Chunta y FA para que se maximizaran los votos de izquierda en la lista socialista. Por el contrario, Podemos sí que alcanzó un acuerdo con ERC para que la primera no presentara listas en ninguna provincia catalana a cambio de integrarse en las listas de los republicanos. Gabriel Rufián, una vez más, será el candidato. Hay que recordar que los morados no tienen ningún diputado en Cataluña ni en el Congreso ni en el Parlament, habiendo ocupado Comuns su espacio. De hecho en las Catalanas de 2024 ni se presentaron, así que aparentemente no es un movimiento extraño. Pero lo curioso de este acuerdo no es esto, sino que se pretenda que la alianza tenga proyección nacional. Sorprende tanto que el independentista Gabriel Rufián haga campaña en Madrid como Irene Montero en Cataluña sin listas de Podemos.

PSOE y FA sí alcanzaron un acuerdo in extremis para presentar lista conjunta al Senado en casi todas las provincias bajo la denominación "Senado de progreso". El sentido era arrebatar la mayoría al PP y conseguir dos tipos de objetivos. Los primeros, electorales: le permitiría al PSOE obtener más votos en zonas más difíciles mientras que el FA tendría opciones de conseguir un senador donde antes era imposible. Los segundos, institucionales: en primer lugar, el Senado puede vetar proyectos legislativos, aunque el Congreso puede levantar dicho veto conforme a las mayorías y plazos establecidos. Segundo, los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y de vocales del Consejo General del Poder Judicial, en sus respectivas competencias y procedimientos, precisan de mayorías reforzadas de tres quintos en las cámaras. Por tanto, si alcanzasen mayoría suficiente, podrían influir en esos nombramientos. Tercero, podrían convocar comisiones de investigación para situar en la escena pública aspectos que perjudiquen a PP y Vox. Y por último, si alcanzasen mayoría absoluta podrían bloquear cualquier posible activación del artículo 155.

Ante esto, quien primero reaccionó fue Vox y entabló conversaciones con el PP. La carta era no presentarse al Senado en algunas provincias y dejar que el PP maximizara el voto con dos cesiones a cambio: incorporación de independientes próximos a Vox en las listas del PP y compromiso de designación por parte de las Asambleas legislativas regionales de senadores autonómicos propuestos y próximos a Vox. El 26 de octubre alcanzaron ese acuerdo no presentando listas el PP en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, donde nunca han obtenido senador en las dos últimas y desde el 2000 en la primera. A cambio, Vox no se presentará en Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia y Castellón con la inclusión en las listas del PP de un independiente propuesto por ellos. Por último, en otras catorce provincias Vox presenta un único candidato y el PP mantiene sus tres.

El PSOE: un relato de continuidad y defensa de lo conseguido

El PSOE ha elegido «Vota con fuerza» como lema de campaña. Y fuerza van a necesitar sus votantes para encontrar motivos con los que justificar otros cuatro años de sanchismo.

Moncloa pretende imponer su relato electoral mediante una extensa estructura de asesores y personal eventual financiada con dinero público. Según los datos publicados por The Objective, el Gobierno llegaba a octubre con 1.255 asesores y empleados de confianza en la Administración, 576 de ellos en Presidencia. Además, el crédito inicial destinado al personal eventual había aumentado un 76,5% entre 2018 y 2025. Considero que las estrategias del equipo consistiría en minimizar el impacto de los principales problemas que afectan a la imagen pública del PSOE: las investigaciones y acusaciones de corrupción, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de seguridad, las deficiencias en el mantenimiento y la gestión ferroviaria, la inflación y los enfrentamientos con algunos de sus socios de investidura. Todo ello se intentaría contrarrestar mediante una idea central: que lo que puede venir sería peor. Es un clásico que han ejercido siempre los socialistas, como en las últimas campañas de Felipe González en los noventa. Presentar las elecciones como una disyuntiva entre defender los derechos conquistados o permitir que PP y Vox los recorten. Así que la segunda pata de la estrategia será absorber a su izquierda por voto útil contra la "ultraturboderecha extrema". 

El PSOE reivindica especialmente la creación de empleo y la subida del salario mínimo interprofesional. Los datos ofrecen elementos positivos que deben reconocerse. La EPA del tercer trimestre de 2026 situó la ocupación en 22,85 millones de personas, con 465.500 ocupados más que un año antes. La tasa de paro se situó en el 10,18%, aunque aumentó respecto al trimestre anterior. También resulta relevante que el empleo privado descendiera en ese trimestre mientras aumentaba el público y que la productividad por hora trabajada registrara un crecimiento interanual reducido. Pero el balance no puede reducirse a una cifra de afiliación o de ocupación. Es necesario analizar también la calidad del empleo, la evolución de los salarios reales, la productividad, la capacidad de crecimiento de las empresas y las dificultades de emancipación de los jóvenes. El reto de España no consiste únicamente en crear empleo, sino en mejorar la productividad, elevar los salarios de manera sostenible y facilitar el crecimiento empresarial.

En materia de pensiones, el PSOE defiende mantener la revalorización vinculada al IPC y reivindica la reforma del sistema aprobada durante la legislatura. La actualización protege el poder adquisitivo de los jubilados, pero también es necesario examinar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población y el impacto de las cotizaciones sobre el empleo y los costes empresariales. La deuda pública sigue representando una carga considerable: el Banco de España situó la ratio en el 99,7% del PIB en agosto de 2026. Así que avances en protección social no implican renunciar a exigir responsabilidad presupuestaria. La mejora del bienestar no puede depender indefinidamente de un mayor endeudamiento ni de trasladar a futuras generaciones el coste de las decisiones presentes. Además, se comprometió con los sindicatos a aprobar un Real Decreto Ley con la subida de sueldos a funcionarios, para aplicarse desde enero de 2027. En realidad, viene de un acuerdo marco aprobado en 2025 mediante el cual las subidas han venido siendo del 2,5% en 2025 y 2% en 2026, mientras que ahora sería del 4,5% en 2027 y 2% en 2028 más cláusulas compensatorias por la inflación. Estos compromisos salariales generan obligaciones presupuestarias y condicionan la gestión del siguiente Ejecutivo, pero al mismo tiempo le permiten al Gobierno actual reducir la conflictividad sindical. En cambio, garantizar que el Estado del bienestar pueda mantenerse sin comprometer la estabilidad financiera es algo que estoy convencido de que al socialismo le interesa menos.

Desde el mismo inicio de precampaña, ha intentado centrarla en la vivienda y en defender los Decretos como si fuesen las tablas de los diez mandamientos y Pedro Sánchez el profeta Moisés. Además, tras destaparse su hipocresía como con el caso de Montse Mínguez, no pocos socialistas multipropietarios desaparecieron de las listas tal y como atribuyó el medio ABC. Al margen de esto, el planteamiento socialista en esta materia se fundamenta en reforzar la intervención pública con control de precios para proteger a los inquilinos. Sin embargo, desde una perspectiva liberal cabe cuestionar que dichas restricciones sean suficientes. La raíz del problema se encuentra en la escasez de oferta, la falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y la inseguridad jurídica. Proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad es una responsabilidad pública, pero las medidas no pueden trasladar sistemáticamente el coste de esa protección a los propietarios privados. Si se reduce la rentabilidad o aumenta la incertidumbre jurídica, puede disminuir la oferta de alquiler, agravando precisamente el problema que se pretende resolver.

Tenemos dos polémicas más con propuestas. Primero, Sánchez ya anunció blindar el derecho al aborto en la Constitución añadiendo un apartado al artículo 43 para que los poderes públicos garanticen el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva. El Gobierno aprobó el proyecto en abril y el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad el 30 de abril, por lo que avanzó en su tramitación. Sin embargo, esa reforma requeriría una mayoría de tres quintos de Congreso y Senado, conforme al procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución. Aquí planteamos una cuestión de fondo: ¿es necesario elevar esta cuestión a la Constitución o es preferible que su regulación permanezca en el ámbito legislativo, donde pueda debatirse y modificarse mediante los procedimientos ordinarios? Desde una posición favorable a la libertad individual se puede defender la autonomía de las mujeres y el acceso legal al aborto sin considerar imprescindible constitucionalizarlo. 

Otra polémica es que Pedro Sánchez no ha dudado en intentar desafiar la Ley electoral con publicidad incluso a través de vídeos elaborados y no sólo mediante comparecencias. El primero, por la rueda de prensa del 6 de octubre abriéndose expediente sancionador, el segundo por un vídeo en redes sociales mientras veía el Guernica de Picasso el 15 de octubre y el tercero por otro vídeo grabado en la zona de reserva del Monte de El Pardo gestionada por Patrimonio Nacional el 25 de octubre. Esto último lo denunció el PP y fue desestimado por la JEC al no entender que era asociable a una promoción política, mientras que el segundo se quedó en una supresión posterior del vídeo y el primero aún está en tramitación. En cualquier caso, como el castigo económico sería ínfimo (entre 300 y 3.000 euros según la infracción que pudiera proceder), mi impresión es que los socialistas entienden que les compensaría la multa para el impacto electoral que pueden obtener. Sus expectativas electorales son delicadas - aún vendiendo Iván Redondo en declaraciones y la Séptima con una encuesta encargada que hay empate técnico - y la única opción pasaría por reeditar el pacto de investidura con todo el arco parlamentario a excepción de PP y Vox. Sin embargo, incluso Junts ha declarado que exigiría la dimisión de Sánchez, tal y como declaró públicamente Miriam Nogueras.

El PP y su alternativa de gobierno 

El PP afronta estas elecciones presentándose como la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y reivindicando la necesidad de recuperar la estabilidad institucional, la confianza política y una gestión económica rigurosa. Con «El cambio necesario», el PP apuesta por un lema sencillo y directo, centrado en la alternancia política. La cuestión será demostrar que ese cambio implica algo más que un relevo de siglas en La Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha resumido parte de sus compromisos en el denominado «Contrato con España», un documento que recoge prioridades como la vivienda, la reducción del gasto superfluo, la mejora de los servicios públicos, la defensa de la unidad nacional y el fortalecimiento institucional. Ahora bien, su programa electoral es consultable en este enlace.

En el área de economía, defiende reducción de impuestos, eliminación de trabas burocráticas y revisión del gasto público que considera superfluo. Su discurso apuesta por facilitar la actividad empresarial, incentivar la inversión y mejorar la capacidad de las familias para disponer de sus ingresos. En relación con el salario mínimo, Feijóo denunció que el 30% del coste lo recauda el Gobierno y cometió el error de relacionar ese porcentaje con el IRPF, cuando se refiere a las cotizaciones sociales, que incluyen aportaciones tanto del empleador como del trabajador. Pero tampoco mencionó que el "hachazo fiscal" ya se va notando en cuanto ganas más que el SMI tal y como explica Juan Ramón Rallo en este vídeo. De manera más específica, mantiene como reivindicaciones fundamentales la defensa del Trasvase Tajo-Segura y la aprobación de un Plan Nacional del Agua, lo que no son sino las propuestas clásicas del PP. Sin embargo, ni Aznar ni Rajoy consolidaron un acuerdo nacional duradero sobre política hidráulica.

La vivienda es otro de los principales ejes. Por ejemplo, apuesta por rebajar en un 60% la carga fiscal de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales e IVA a los menores de 40 años que quieran comprar y además con posibilidad de aplazar el 40% del importe durante la hipoteca. Pero su apuesta más ambiciosa consiste en una batería de medidas de choque que contribuyan a reducir el déficit de vivienda y con los objetivos de construir un millón de viviendas durante la legislatura, agilizar los procedimientos urbanísticos, reducir los plazos de construcción y facilitar la colaboración público-privada. Como instrumento normativo se presentaría una nueva Ley del Suelo con silencio administrativo positivo en determinados procedimientos, avales públicos para facilitar la compra de vivienda por los jóvenes, reducciones fiscales y medidas contra la ocupación ilegal. También propone derogar la actual Ley de Vivienda y eliminar los controles de precios del alquiler. Son apuestas razonables, pero semejante pelotazo en forma de promesa exige mucho suelo disponible, coordinación entre administraciones, capacidad y solvencia de las constructoras y, sobre todo, financiación. Muchas variables que no deben obviarse.

Defiende una inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral, teniendo en cuenta factores como la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y la capacidad de integración. También rechaza las regularizaciones colectivas y plantea combatir las redes de inmigración irregular y reforzar las medidas de expulsión en determinados supuestos de delincuencia grave o reincidencia. Este planteamiento sitúa el control de fronteras, el cumplimiento de la ley y la integración como elementos centrales de la política migratoria y en principio son posturas razonables, pero deberían destinarse muchos recursos contra las mafias, que son las que más se aprovechan de la inmigración ilegal.

Incluye en sus compromisos la regeneración institucional, la recuperación de la confianza en las instituciones y la revisión de determinados mecanismos de funcionamiento del Estado. También defiende la igualdad entre comunidades autónomas y defensa del uso del castellano como lengua vehicular y un modelo de financiación que evite privilegios territoriales. La independencia de los órganos constitucionales, la transparencia y la separación de poderes son cuestiones que deberían ser auténtica prioridad si lograse desalojar al sanchismo. Debería explicar mejor qué cambios propone para instituciones como el CGPJ, la Fiscalía y los organismos reguladores, y si está dispuesto a aplicar esos mismos criterios cuando le afecten a él. Porque la regeneración democrática no puede depender de quién gobierne, sino que debe constituir una regla común para todos los partidos.

La precampaña tampoco ha estado exenta de polémicas en las filas populares. En los últimos días, las revelaciones sobre los contactos entre Koldo García y Alberto Durán, abogado del PP, han situado a la dirección popular en una posición incómoda. Koldo asegura que en aquellas reuniones se le ofreció sufragar su defensa y un millón de euros y a través de la empresa editora de OkDiario, vinculada a Eduardo Inda, a cambio de facilitar información perjudicial para Pedro Sánchez y su entorno incluso mediante declaraciones falsas. El PP niega tajantemente esa oferta, aunque Cuca Gamarra ha terminado reconociendo que la reunión sí existió. A ello se suma que el citado medio abonó 242.000 euros a Koldo por un supuesto libro y docuserie, una explicación que también ha generado controversia. Personalmente, tampoco descartaría una interpretación diferente de lo sucedido. Cabe la posibilidad de que Koldo haya aprovechado la coincidencia entre aquella reunión y los pagos realizados por la editora de OkDiario para construir un relato que presentase al abogado del PP como intermediario de una supuesta operación destinada a obtener información contra Pedro Sánchez. Incluso podría especularse con que una estrategia de este tipo persiguiese algún beneficio penitenciario o procesal, pero no deja de ser una hipótesis más. Precisamente por eso conviene distinguir entre lo que sabemos, lo que sostienen las partes y las posibles interpretaciones. La existencia de una reunión y de unos pagos no demuestra por sí sola que existiera el supuesto acuerdo, del mismo modo que las negativas iniciales del PP tampoco resuelven todas las preguntas que plantea el episodio.

En otro orden de cosas, también se ha hablado del nuevo estilo comunicativo del PP a través de su equipo de redes sociales y de su nuevo community manager. El partido parece haber asumido que las reglas de la comunicación política han cambiado y que las redes sociales funcionan con una lógica muy distinta a la de los medios tradicionales. En ese terreno, los mensajes moderados no siempre consiguen hacerse un hueco entre miles de publicaciones, mientras que la provocación, el humor y la respuesta rápida tienen muchas más posibilidades de captar la atención. Los memes y, cada vez más, los contenidos generados mediante inteligencia artificial, tanto en imágenes como en vídeos, han añadido nuevos ingredientes a una cultura del "zasca" que en Twitter (ahora X) lleva años instalada. El resultado es una mezcla explosiva que puede proporcionar visibilidad y repercusión, pero que también corre el riesgo de convertir la comunicación política en una sucesión de ocurrencias, burlas y golpes de efecto. Porque una cosa es saber desenvolverse en el lenguaje de las redes y otra muy distinta trasladar esa dinámica a todos los ámbitos de la política. Donde debe percibirse mayor seriedad y capacidad de propuesta es en los medios tradicionales: televisión, radio y prensa, tanto impresa como digital. Porque el ciudadano sigue esperando algo más que un buen meme, es decir, argumentos, propuestas y explicaciones y la política no puede reducirse a ver quién consigue el último zasca.

Propuestas de VOX: prioridad nacional, control migratorio y desregulación

VOX afronta las elecciones del 29 de noviembre con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional, el control de las fronteras, la prioridad de los españoles en las políticas públicas y la crítica al actual modelo político y territorial. Santiago Abascal presenta estos comicios como una oportunidad para impulsar un cambio de rumbo en España con Vox como pieza fundamental. Pretende diferenciarse del PP endureciendo sus posiciones en materia migratoria y su discurso combina la defensa de la identidad nacional con una agenda de reducción de impuestos, desregulación y recentralización de competencias. Su lema de campaña, «Es sentido común», vuelve a apelar a un apoyo electoral que trascienda las ideologías, aunque convendría recordarles que el sentido común no sustituye a los principios políticos ni convierte las propuestas propias en verdades indiscutibles.

En materia desregulatoria, Vox ya presentó en junio un ambicioso programa que contiene interesantes propuestas liberales. Además, según informa Artículo 14, la desregulación será una de las prioridades negociadoras de Abascal en una hipotética negociación de Gobierno con el PP, hasta el punto de plantear la creación de un ministerio específico, inspirado en el modelo de Milei y apoyado en la experiencia de las consejerías autonómicas que el partido ya controla. Según esta información, Vox estima en 70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España, una cifra que atribuye a un informe del Instituto Juan de Mariana.

Reducir la burocracia administrativa, eliminar duplicidades entre administraciones, facilitar la creación de empresas, simplificar licencias y trámites o permitir que una actividad legalmente autorizada en una comunidad autónoma pueda desarrollarse en el resto de España sin obstáculos adicionales —mediante la denominada Ley de Mercado Abierto— son medidas razonables y necesarias. Ahora bien, una cosa es eliminar trabas innecesarias y otra muy distinta es considerar que cualquier regulación constituye un obstáculo para la libertad económica. La propuesta de derogar tres normas por cada una nueva, por ejemplo, puede terminar convirtiéndose en un objetivo cuantitativo poco sensato si no se valora previamente la utilidad de cada disposición. Y tengo más reservas ante la derogación de normas laborales, ambientales o de protección social cuando su desaparición puede debilitar garantías legítimas para trabajadores, consumidores o ciudadanos. No toda regulación es buena por el mero hecho de existir, pero tampoco toda regulación es prescindible por el hecho de imponer obligaciones.

Una economía verdaderamente liberal necesita menos burocracia y más libertad para emprender, invertir y competir, pero también un Estado que garantice la seguridad jurídica y proteja los derechos. En definitiva, la desregulación debe servir para simplificar y mejorar el funcionamiento de la economía, pero no puede convertirse en una carrera por derogar normas sin distinguir entre las que sobran y las que cumplen una función necesaria. Además, debe ir acompañada de una acción pública positiva: garantizar la competencia, combatir los abusos, hacer cumplir las reglas y proporcionar un marco estable que permita desarrollar la actividad económica. Porque liberalizar no significa que el Estado desaparezca, sino que deje de obstaculizar aquello que funciona y cumpla eficazmente las funciones que sí le corresponden. Esa es precisamente la idea de liberalismo que reivindicamos y promovemos quienes defendemos una economía desregulada y un Estado eficaz.

También plantea una profunda reforma fiscal. Entre las propuestas lo más llamativo es lo relativo a los nuevos tramos impositivos del IRPF por parte de su portavoz económico José María Figaredo. Todo esto puede corroborarse en el programa económico consultable en este enlace. El mínimo exento quedaría en 22.000 euros y se pasaría a un modelo de solo dos tramos: 15% hasta 70.000 y de ahí en adelante 25%. En cuanto al IVA, el general pasaría al 18%, el de la vivienda y alimentación básica sería 0%, electricidad y gas al 4% y otros como pañales o artículos geriátricos serían superreducidos. Y en cuanto al impuesto sobre sociedades, pasaría del 25% al 15%. En total, una reducción de recaudación de 64.000 millones de euros según estima expresamente su programa y también eliminan la cuota de autónomos para los que ingresen menos que el SMI. Vox sostiene que estas rebajas permitirían aumentar la renta disponible de las familias, favorecer la actividad empresarial y estimular el crecimiento económico. También plantea reducir subvenciones a partidos y sindicatos, reducir al mínimo legal las transferencias territoriales, revisar estructuras administrativas y simplificar la regulación. Todo esto conecta con principios de menor presión fiscal, libertad económica y eficiencia del gasto. No obstante, una reforma tributaria de tal magnitud exige explicar con más precisión  cómo se compensaría la enorme reducción de ingresos y qué partidas se eliminarían o modificarían. No basta con invocar la supresión de subvenciones o el recorte del gasto político: hay que cuantificar el ahorro posible y demostrar que las cuentas públicas pueden mantenerse sin comprometer los servicios esenciales.

Respecto a Vivienda, Vox defiende aumentar la oferta mediante la liberalización del suelo disponible para vivienda libre y protegida, reducción de trabas burocráticas y rebaja de los impuestos asociados a la compra. También apuesta por acelerar los procedimientos de desalojo en casos de ocupación ilegal y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Para nuestros principios liberales todo esto suena bien, pero el partido debería tener en cuenta que esa liberalización exigirá revisar normativas medioambientales, urbanísticas y de seguridad, y que la política de vivienda no puede limitarse a una reducción de impuestos que aumente aún más la demanda.

Sobre inmigración, el partido defiende el endurecimiento del control fronterizo, la devolución de quienes entren irregularmente en España y la expulsión de extranjeros que cometan delitos. También aboga por una política de prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas y prestaciones públicas ya existente en sus programas autonómicos que examinamos aquí. Vincula gran parte de los problemas de vivienda, seguridad y presión sobre los servicios públicos al crecimiento de la inmigración, especialmente cuando se produce de forma irregular o sin integración. Todas estas son cuestiones legítimas de política pública, si bien las propuestas de expulsión deben concretarse siempre respetando la legalidad, garantías individuales y las obligaciones internacionales de España. También hay que recordar que el concepto «prioridad nacional» se ha traducido en el contenido de los pactos autonómicos a las personas con arraigo y residencia legal no exclusivamente españoles. Por tanto, habría que precisar qué criterios se utilizarían exactamente para homogeneizar y cómo se evitarían situaciones de discriminación arbitraria.

Sobre polémicas, destacaría dos aspectos. Por un lado, se conoció que en Castilla y León PP y Vox acordaron unas bases para las ayudas al cine y los proyectos audiovisuales fundamentadas en los principios de «objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general», estableciendo que los fondos no podrían destinarse a «actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que denunciaría estas bases. También rechazó Vox las ayudas específicas para películas dirigidas por mujeres, cuestionando que el sexo de quien dirige pueda convertirse en un criterio preferente para recibir financiación pública. En este último punto comparto el planteamiento de fondo: las ayudas deberían concederse atendiendo a criterios objetivos, como la calidad, el interés cultural o la viabilidad de los proyectos y no a características personales de sus responsables. La igualdad de oportunidades no debería confundirse con la concesión de privilegios en función del sexo. Ahora bien, esa misma exigencia de neutralidad debe aplicarse también a la propia Administración. La neutralidad de las subvenciones públicas es deseable, pero tampoco debería convertirse en un instrumento para excluir obras por su orientación ideológica. No se trata de sustituir unas preferencias por otras, sino de garantizar que las instituciones actúen con objetividad, transparencia y respeto a la libertad de creación.

Por otra parte, la actividad de Vox en Galicia ha estado marcada por distintos episodios de intimidación y enfrentamientos durante sus actos y mesas informativas, algunos de los cuales han acabado en denuncias e intervenciones policiales. Es legítimo que cualquier formación política se enfrente a protestas y críticas, incluso muy contundentes, pero impedir mediante coacciones o violencia que otros ejerzan sus derechos políticos resulta incompatible con el pluralismo democrático. La libertad de expresión y de participación política no puede depender de las siglas de quien la ejerce.

Frente amplio: el proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE

Ya comentamos el origen y composición del Frente amplio siendo muy heterogéneo con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns y otras formaciones. Su propósito es el de reagrupar el espacio político situado a la izquierda del PSOE, objetivo que se antoja complicado por tres motivos. Primero y más importante, el cuestionamiento de sus liderazgos desde el primer momento. Segundo, sus dificultades para construir una identidad común por sus múltiples familias. Tercero, la posición de Podemos que concurre por separado y habiendo alcanzado un pacto con ERC en Cataluña. Así que su éxito o fracaso va a depender de la capacidad de la coalición para mantener una posición común, pero no menos importante será mantener un equilibrio básico: ser capaz de presentarse como una oposición a un partido de izquierdas al tiempo que un socio confiable para el mismo. Su lema, «Un voto como una casa», sitúa sin rodeos la vivienda en el centro de su estrategia electoral, aunque resulta muy cuestionable que sus recetas intervencionistas sean capaces de resolver un problema al que la izquierda no ha sabido dar respuesta.

En Economía y fiscalidad, su modelo de Estado es muy intervencionista y con una política fiscal centrada en la tributación de grandes patrimonios y empresas. La propuesta económica anunciada por Colau de «Tax the rich» en una declaración pública recupera, con algunas modificaciones, una iniciativa que Unidas Podemos ya presentó en febrero de 2022 bajo el mismo lema. Aquella reforma fiscal contemplaba un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, con un tipo del 2% para patrimonios superiores al millón de euros y del 3% para los que superasen los 50 millones de euros, exactamente los dos umbrales que ahora vuelve a plantear la formación de Ada Colau. La principal diferencia está en el diseño del tributo y en su coordinación con los impuestos existentes. Resulta significativo que una propuesta presentada hace cuatro años vuelva a ocupar un lugar destacado en el discurso económico de la izquierda alternativa, sin que ello resuelva las cuestiones de fondo sobre su impacto económico en la inversión, su diseño técnico y la viabilidad de las previsiones recaudatorias.

Colau intentará capitalizar la lucha electoral contra la crisis de la vivienda desde la izquierda. Las posturas de FA van encaminadas a intervenir el mercado del alquiler aún más que lo que se indica en los Decretos-Leyes del PSOE con prórrogas contractuales y congelación de rentas. Así, expresó en Cadena SER que propondrán aplicar un nuevo impuesto del 10% . Se aplicaría a empresas desde la primera vivienda y a personas físicas desde la propiedad de una cuarta cuando el valor conjunto de los inmuebles (en ambos casos) supere los 800 mil euros. La excepción fundamental sería que se destine a «alquiler asequible», es decir, precio inferior a la media del índice de referencia estatal. Ahora bien, ni las AAPP, ni las organizaciones sin ánimo de lucro ni las cooperativas de vivienda estarán sujetas a este impuesto tal y como declaró igualmente. No extraña que la izquierda alternativa apueste por medidas de este tipo, que pueden introducir nuevas distorsiones en el mercado inmobiliario. Además, la excepción vinculada al alquiler asequible plantea interrogantes sobre cómo se fijaría ese precio y qué garantías existirían para evitar que el gravamen terminase repercutiendo sobre la oferta disponible o sobre las propias rentas. 

En Empleo y salarios, en primer lugar promueve la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y posibles avances hasta los 32. Aquí habría que estudiar los efectos en la productividad y competitividad así como en las PYMES, creación de empleo y el equilibrio entre protección laboral y flexibilidad. En segundo lugar, ha propuesto fijar la jubilación en 65 años como regla general y garantizar que todas las pensiones sean iguales o superiores al SMI. Recuperar los 65 años como edad ordinaria de jubilación puede resultar atractivo, pero habría que concretar los requisitos de cotización y, sobre todo, cómo se financiaría el incremento de gasto derivado de adelantar la jubilación de quienes actualmente deben esperar más tiempo. Indudablemente, viene asociada una importante subida del coste financiero de las pensiones, por lo que un incremento de tal calibre puede ser peligroso si no se corresponde con ingresos que lo permitan y no disparen la presión fiscal y ya no digamos si se siguen manteniendo otras ayudas.

En materia de Transición ecológica, apuestan por la descarbonización y cumplir con los objetivos climáticos de la Agenda 2030 mediante más regulación ambiental. Así que su idea es dar más protagonismo al sector público en el modelo energético destinando un 3,5% del PIB. Rechazan la prolongación del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y su apuesta por acelerar las renovables es firme. Sin embargo, esta apuesta parece olvidar la seguridad del suministro y la competitividad económica. Las energías renovables son estratégicas, pero su expansión requiere cuantiosas inversiones paralelas en infraestructuras de redes eléctricas, sistemas de almacenamiento y capacidad de respaldo que permitan compensar su dependencia de las condiciones meteorológicas. Y mayor intervencionismo público no se asocia automáticamente a más eficiencia. Acelerar el cierre de Almaraz supone prescindir de una fuente de generación estable y baja en emisiones (según la Agencia Internacional de la Energía) antes de que esté plenamente garantizada su sustitución. No se trata de frenar la descarbonización, sino evitar que los calendarios políticos se impongan sobre las necesidades reales del sistema eléctrico. 

Respecto al modelo de Estado por el que apuestan, se declaran partidarios de un Estado confederal y plurinacional y, por tanto, de incrementar el marco competencial territorial con una descentralización profunda. Entre las propuestas concretas, que informaron en un mitin preelectoral en Santiago de Compostela Colau y Verónica Barbero (candidata gallega), defienden trasladar las sedes del Banco de España a Sevilla y la del Defensor del Pueblo a Vigo al entender que la diversidad requiere que el Estado distribuya sus instituciones por todo el territorio. También apuestan por la nacionalización de la autopista AP-9 para que sea "gallega y totalmente gratuita". Este modelo así perfilado encaja con una mayor tendencia de la izquierda alternativa a satisfacer aspiraciones y exigencias de partidos de corte nacionalista de izquierdas, no exclusivamente independentistas pero muy próximos a la ideología de FA. Amparándose en la diversidad, los riesgos serían justo los de generar más desigualdad, pérdida de la uniformidad de la acción del Estado, potenciar privilegios de autonomías tradicionalmente reivindicativas y en definitiva desactivar la soberanía nacional. De esa manera, este discurso suena a radical por cuanto me recuerda al socialismo rancio del siglo XIX, pero termina de enseñar su patita cuando recalcan su interés en "aprovechar la riqueza para ponerla en manos de quien la genera", incentivando la confrontación con el mercado.

En el caso del Frente Amplio, ni siquiera ha sido necesario añadir polémicas concretas. En ocasiones, la propia formación parece ser una polémica en sí misma.

Los candidatos al Congreso en la Región de Murcia

En Murcia, el PSRM mantiene su labor de oposición al Gobierno de Fernando López Miras, con críticas a la gestión regional y reivindicaciones en materia de servicios públicos, dependencia y financiación autonómica. La cabeza de lista socialista al Congreso por Murcia es María González Veracruz. Tiene 48 años y es bioquímica y actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Aspira, como mínimo, a mantener los tres escaños obtenidos por el PSOE en 2023 y a disputar a Sumar el diputado que consiguió entonces.

La candidata de la lista del PP al Congreso por Murcia es Mirian Guardiola Salmerón. Tiene 43 años, es abogada, diputada regional, portavoz de la dirección del PPRM y exconsejera de Turismo y Cultura. Su candidatura representa la conexión entre el proyecto nacional del partido y la política regional. Al igual que el presidente López Miras ha trasladado la campaña a una disyuntiva entre la continuidad de las políticas de Sánchez y la alternativa que representa Feijóo, como también ha situado en el centro del debate el agua, la financiación autonómica y lo que considera un trato discriminatorio hacia la Región. Electoralmente, aspira a luchar por el quinto escaño.

En Vox lidera su lista Joaquín Robles López. Tiene 62 años y es profesor de Filosofía y diputado en el Congreso desde 2019. Ha sido una de las voces principales de su partido en las áreas educativa y cultural. Su aspiración es incrementar su presencia hasta los tres diputados. Por tanto, se apuesta por la continuidad, pero la candidatura murciana se presenta también como parte de la estrategia nacional de Vox al trasladar al ámbito regional todos sus planteamientos sobre inmigración, economía y organización del Estado. Hay que tener en cuenta que Vox mantiene un modelo de organización de partido muy vinculado a su dirección nacional, como ya vimos en el artículo sobre Javier Antelo. 

Frente amplio ha presentado a Penélope Luna Palazón como candidata, siendo coordinadora regional de IU-Verdes. Es trabajadora social de profesión y actual teniente de alcalde y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Abarán. Su discurso político se centra en la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y los derechos laborales, así como la transición ecológica. La candidatura representa la apuesta de la coalición por mantener el escaño que Sumar obtuvo en 2023, pese a que Podemos concurre por separado en esta convocatoria.

Por último, las candidaturas de Podemos y SALF están encabaezadas por Víctor M. Egío García y Raquel Cardeñosa Cuesta, respectivamente Egío fue diputado, es profesor asociado de Ciencia Política en la UMU y ha protagonizado diversos episodios polémicos durante su trayectoria política regional. En julio de 2024 se encadenó las manos en la tribuna de la Asamblea Regional para protestar contra la sanción de un mes sin empleo y sueldo que le había impuesto la Cámara por negarse a abandonar el pleno después de ser expulsado. En febrero de 2025 volvió a generar controversia con su intervención del denominado «tiro al fachón», una sátira dirigida contra Vox que provocó un enfrentamiento político y una posterior denuncia de amenazas contra él y su familia. También fueron polémicas sus descalificaciones al programa televisivo El Hormiguero durante una intervención parlamentaria y su petición pública de detener al presidente argentino Javier Milei durante su visita a España por el caso de la criptomoneda Libra. El 23 de octubre de 2026 se dictó el sobreseimiento de Milei y otros investigados, si bien la posterior vía de revisión de la negativa a admitir a algunos perjudicados como acusación particular no supuso ni revocar ese sobreseimiento ni reabrir automáticamente la investigación. Por su parte, Cardeñosa es procuradora de tribunales y reside en Santiago de la Ribera. Ella considera que el problema de que España esté en su peor momento es culpa de toda la clase política que entiende que responde a la dirección de sus partidos guardando silencio sobre Murcia. En ese sentido, se jacta de que SALF no exige ninguna disciplina de voto (como para pedirla, después de la polémica escisión del grupo en el Europarlamento) y sus aspiraciones, según afirma, pasan por "sacar las vergüenzas del Congreso" y plantea la contienda electoral en términos de un "o ellos o nosotros". 

España: estimaciones nacionales

Con el inicio de la campaña electoral, resulta especialmente interesante examinar qué escenario dibujan las principales empresas demoscópicas. Para ello, hemos seleccionado seis sondeos publicados recientemente por Sigma Dos, GAD3, 40dB, IMOP Insights, Target Point y DYM, con el objetivo de comparar sus estimaciones de voto y sus proyecciones de escaños. Las siguientes tablas recogen los resultados publicados originalmente por cada medio, respetando sus denominaciones y agrupaciones electorales. Se trata de una fotografía demoscópica del momento, no de una predicción del resultado definitivo de las elecciones.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
Sigma Dos 31,0% 25,2% 19,4% 6,5% 1,6%
GAD3 32,0% 26,0% 19,0% 5,0% N/D
40dB. 31,9% 29,9% 18,0% 5,0%* 1,2%
IMOP 29,8% 25,9% 19,9% 8,1% 1,2%
Target Point 31,8% 25,5% 19,9% 6,6% 2,4%
DYM 33,1% 27,3% 18,6% 5,6% 1,9%

* En 40dB., el dato agrupa FA y candidaturas asociadas según la presentación de la fuente. N/D indica que no se dispone de un dato individualizado comparable.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
Sigma Dos 131–137 101–106 62–70 9–11 0
GAD3 136 103 63 6 N/D
40dB 129
(124–137)
119
(115–123)
61
(58–64)
10*
(7–11)
0
(0–1)
IMOP 126 106 70 13 1
Target Point 131–135 99–103 68–72 9–11 1
DYM 135–139 104–108 63–66 8–10 1–2

* En 40dB, la proyección agrupa FA y candidaturas asociadas. Las cifras entre paréntesis son intervalos publicados por la fuente. N/D significa dato no desglosado.

Nota metodológica: Los datos reproducen las estimaciones de voto y las proyecciones de escaños publicadas originalmente por cada medio y empresa demoscópica. Se respetan las denominaciones, agrupaciones y desgloses de cada sondeo, sin incorporar modificaciones posteriores de terceros. Las estimaciones relativas al Frente Amplio y a las candidaturas de su entorno presentan diferencias de agrupación entre encuestadoras, por lo que deben interpretarse atendiendo a las particularidades de cada publicación. N/D indica que el dato no aparece desglosado en la fuente consultada.

Una última referencia merece la encuesta preelectoral del CIS de Tezanos, publicada ayer, 12 de noviembre, que sitúa al PSOE en primera posición con el 33,3% de los votos, frente al 25,5% del PP y el 18,4% de Vox. Una estimación que vuelve a distanciarse considerablemente de la tendencia reflejada por las encuestas privadas, mayoritariamente favorables al PP. El PSOE obtendría entre 134 y 143 escaños; el PP, entre 98 y 106; Vox, entre 57 y 65; y Frente Amplio, entre 7 y 11. Ni siquiera en el escenario más favorable alcanzarían PP y Vox la mayoría absoluta. Al margen del habitual sesgo favorable al Gobierno que apreciamos en las estimaciones del CIS, conviene recordar que su trabajo de campo se realizó en octubre, a diferencia de las encuestas privadas más recientes, elaboradas en noviembre.

El primer dato que destaca al comparar las seis encuestas privadas es la consistencia del liderazgo del PP. Ninguna de las seis sitúa al PSOE por delante. El PP oscila entre el 29,8% de IMOP y el 33,1% de DYM, consolidándose como primera fuerza política en todos los escenarios analizados. El PSOE, por su parte, se mueve entre el 25,2% de Sigma Dos y el 29,9% de 40dB. Aunque conserva una base electoral importante y mantiene una distancia relativamente reducida respecto al PP en algunos sondeos, no consigue revertir la posición de desventaja. La diferencia entre ambos partidos oscila entre los dos puntos de 40dB y los seis puntos de GAD3, Sigma Dos y DYM, aproximadamente. Vox presenta una evolución especialmente significativa por su estabilidad, dado que las seis encuestas lo sitúan en una horquilla relativamente estrecha entre el 18% y el 19,9%. Esto apunta a una consolidación de su espacio electoral y a una presencia parlamentaria muy relevante. No parece, por tanto, un fenómeno coyuntural ni una fuerza cuya representación dependa de un único sondeo favorable.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE encontramos una situación bastante más fragmentada. Las estimaciones atribuidas al Frente Amplio oscilan entre el 5% y el 8,1%, aunque estas cifras no son plenamente comparables porque las encuestadoras no siempre incluyen las mismas candidaturas y formaciones aliadas. Podemos, además, mantiene una estimación reducida, con porcentajes que van del 1,2% al 2,4% en las publicaciones que ofrecen el dato. Esto refleja el eterno problema político y electoral para la izquierda del que en realidad es consciente: no basta con sumar siglas o anunciar acuerdos para garantizar una alternativa competitiva si existe todavía dispersión de candidaturas.

La proyección de escaños refuerza la tendencia que refleja la estimación de voto. Las seis encuestas sitúan a PP y Vox conjuntamente por encima de los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. La suma de sus proyecciones se mueve aproximadamente entre los 190 escaños centrales de 40dB y los 199 de GAD3, aunque las horquillas de otras encuestas permiten escenarios superiores. Incluso en el extremo inferior de aquéllas, la suma de ambos partidos supera la mayoría absoluta. Esto no significa que una mayoría parlamentaria esté garantizada, pero sí permite afirmar que, en el momento de realizarse estos sondeos, existe una ventaja incontestable del espacio situado a la derecha del PSOE. 

Conviene recordar que hablamos de encuestas realizadas en fechas distintas, con muestras, metodologías y criterios de agrupación diferentes. No son predicciones infalibles, pero su valor reside en reflejar las tendencias que se repiten entre distintas empresas demoscópicas. Pero, aún con ello, los sondeos dibujan un mensaje común bastante claro: el PP lidera, Vox conserva un espacio electoral sólido y la izquierda no construye alternativa que permita revertir la ventaja de sus adversarios, si bien la distribución de escaños y las diferencias territoriales pudieran ser decisivas.

La Región de Murcia: proyecciones territoriales

La Región de Murcia, que elige diez diputados al Congreso, presenta un escenario electoral especialmente interesante por la pugna entre PP y Vox y la evolución de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Para poner estas estimaciones en perspectiva, conviene recordar que en las elecciones generales de julio de 2023 el reparto de escaños en la Región de Murcia fue de cuatro diputados para el PP, tres para el PSOE, dos para Vox y uno para Sumar. De confirmarse los escenarios que plantean la mayoría de los modelos, el PSOE perdería un representante y Vox ganaría dos, mientras que el PP mantendría sus cuatro diputados. En la proyección de GAD3, en cambio, el PP sería el que mejoraría su representación, alcanzando cinco escaños a costa de Vox.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos SALF
Mapa Electoral 36,4% 20,9% 30,4% 4,7%* 2,1% 2,4%
ElectoralLab 37,4% 22,6% 30,6% 4,9% 2,0% 1,79%
El Voto Útil 36,6% 20,3% 31,7% 5,4% 2,4% 2,7%
Pulso Electoral 36,9% 20,9% 31,6% 4,1%* 1,1% 2,7%

* Las denominaciones de las candidaturas pueden variar entre modelos. Mapa Electoral utiliza la denominación Sumar. 

Las proyecciones disponibles sitúan al PP como primera fuerza, con estimaciones que oscilan entre el 36,4% y el 37,4%. Vox aparece en segundo lugar, muy cerca de los populares, con porcentajes de entre el 30,4% y el 31,7%. El PSOE, por su parte, se mueve en una horquilla aproximada del 20% al 23%. También merece atención el espacio electoral situado a la izquierda del PSOE. Las estimaciones para Frente Amplio o Sumar se sitúan alrededor del 4-5%, mientras que Podemos aparece con porcentajes más reducidos. Finalmente, SALF se mueve entre el 1,8% y el 2,7%, sin que, al igual que con Podemos, ninguno de los modelos consultados le atribuya representación parlamentaria.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
GAD3 5 2 3 N/D N/D
Mapa Electoral 4 2 4 0* 0
ElectoralLab 4 2 4 0 0
El Voto Útil 4 2 4 0 0

* Mapa Electoral utiliza la denominación Sumar. N/D indica que GAD3 no ofrece un desglose individualizado en los datos recogidos.

En cuanto al reparto de diputados, la coincidencia entre los modelos es bastante significativa. Cuatro de las cinco proyecciones consultadas apuntan a un resultado de cuatro escaños para el PP, cuatro para Vox y dos para el PSOE. GAD3 ofrece un escenario diferente, con cinco diputados populares, tres de Vox y dos socialistas. La principal incógnita, por tanto, parece encontrarse en el reparto del último escaño entre PP y Vox. Una diferencia que, en una circunscripción de diez diputados, puede resultar determinante para interpretar el resultado político de la convocatoria. 

Conviene realizar una precisión metodológica importante: estas cifras no proceden de cinco encuestas realizadas específicamente en la Región de Murcia. GAD3 publica una proyección provincial a partir de una encuesta de ámbito nacional, mientras que Mapa Electoral, ElectoralLab, El Voto Útil y Pulso Electoral elaboran modelos propios que trasladan los datos de sondeos nacionales a las distintas circunscripciones mediante procedimientos de estimación y simulación. Por tanto, estamos ante proyecciones territoriales y escenarios posibles, no ante mediciones directas de la intención de voto de los murcianos. Sus resultados deben interpretarse con cautela, especialmente porque cada modelo utiliza una metodología diferente y no todos ofrecen el mismo nivel de desglose por candidaturas.

Conclusiones: entre las promesas electorales y la necesidad de un cambio político

La campaña electoral previa al 29-N promete ser electrizante. Los principales partidos llegan a esta cita con propuestas, estrategias y prioridades diferentes, pero también con una obligación compartida: explicar a los ciudadanos no solo qué pretenden hacer, sino cómo piensan llevarlo a cabo, con qué recursos y mediante qué reformas. Frente a la confrontación permanente, la corrupción, las malas artes gubernamentales y las promesas incumplidas, resulta imprescindible recuperar la seriedad, la responsabilidad y la credibilidad de la acción política. Y desgraciadamente eso es algo que suena a mucho pedir en una época de, a mí parecer personal, degeneración institucional.

El análisis de los programas y planteamientos electorales permite identificar diferencias relevantes entre las formaciones, tanto en sus modelos económicos y sociales como en sus propuestas institucionales y territoriales. Sin embargo, también pone de manifiesto que no basta con anunciar rebajas fiscales, mayores prestaciones, reformas administrativas o medidas de regeneración democrática. Cada compromiso debe examinarse desde su viabilidad económica, su coherencia jurídica y sus consecuencias reales, pero algunos no parecen preocuparse por más cálculos que el impacto electoral. Del mismo modo, las controversias que rodean a los partidos y sus dirigentes no pueden despacharse mediante la descalificación del adversario ni utilizarse para eludir las responsabilidades propias. La exigencia de transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas debe aplicarse a todos por igual.

Las estimaciones electorales analizadas apuntan, con las diferencias y cautelas propias de cada fuente, a una ventaja sustancial del PP, una notable resistencia electoral del PSOE y una consolidación de Vox como tercera fuerza política duplicando su presencia. Por el contrario, las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE afrontan mayores dificultades para convertir sus apoyos en representación parlamentaria. En la Región de Murcia, las proyecciones reflejan una competencia especialmente intensa entre PP y Vox, aunque los resultados definitivos dependerán de la evolución de la campaña y de la decisión de los electores. Por lo pronto, la impresión es que las estimaciones nacional no son del todo extrapolables al caso murciano.

Desde Política ciudadana consideramos que España necesita un cambio político que vaya más allá de la simple alternancia entre partidos. Defendemos una alternativa liberal comprometida con la libertad individual, la economía de mercado, la responsabilidad fiscal, la unidad constitucional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Una orientación que debe combinar el impulso de la iniciativa privada con un Estado limitado en sus intervenciones, eficaz en sus funciones y capaz de garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad. Esa es la alternativa política que reivindicamos y promovemos, sin subordinarnos a las siglas ni renunciar a criticar las contradicciones de quienes puedan compartir parte de nuestros principios.

Las próximas semanas ofrecerán nuevas oportunidades para contrastar las propuestas con las declaraciones, los debates y los compromisos de los candidatos. Pero, más allá de quién consiga formar Gobierno, lo verdaderamente importante será determinar si España emprende las reformas necesarias para fortalecer sus instituciones, mejorar su prosperidad y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Porque España no necesita únicamente un cambio de Gobierno, sino un rumbo político claro: más libertad, más responsabilidad, instituciones más sólidas y una defensa firme del interés general frente a los privilegios y los intereses partidistas.