Antecedentes (I): las elecciones de medio mandato
| Año | Presidente | Resultado para su partido |
|---|---|---|
| 1994 | Bill Clinton | −54 representantes y −8 senadores. Los republicanos controlaron ambas cámaras. |
| 2006 | George W. Bush | −30 representantes y −6 senadores. |
| 2010 | Barack Obama | −63 representantes y −6 senadores. |
| 2014 | Barack Obama | −13 representantes y −9 senadores. |
| 2018 | Donald Trump | −41 representantes y +2 senadores. |
| 2022 | Joe Biden | −9 representantes y +1 senador. |
La agresiva política anti-inmigratoria. En mayo de 2018, la Administración Trump aplicó una política de tolerancia cero que condujo a la separación de miles de menores de sus padres en la frontera con México. Las imágenes y las denuncias provocaron una oleada de críticas nacionales e internacionales y Trump acabó firmando una orden para poner fin a ello en junio. Meses después, en las semanas finales de la campaña, Trump convirtió la caravana de migrantes centroamericanos que avanzaba hacia EEUU en uno de los ejes de sus mítines. Ordenó desplegar militares en la frontera y etiquetó la inmigración como una amenaza para la seguridad sin promocionar un modelo alternativo.
La cercanía a Putin y la investigación rusa. En julio, Trump se reunió con Vladimir Putin en Helsinki. Recibió críticas de republicanos y demócratas por no respaldar públicamente las conclusiones de Inteligencia sobre la injerencia rusa en las Elecciones de 2016. Al mismo tiempo, la investigación del fiscal Robert Mueller avanzaba: en agosto, Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, se declaró culpable de varios delitos incluido uno relacionado con la financiación de la campaña, mientras Paul Manafort, exdirector de campaña, fue declarado culpable de delitos financieros. De cualquier manera, tampoco pudo demostrarse una conspiración de Trump con Rusia.
La sanidad y la protección de las enfermedades preexistentes. Los intentos republicanos de derogar o debilitar partes de la reforma sanitaria de Barack Obama (Ley ACA) fueron un tema electoral importante. Los demócratas, en su día, quisieron ampliar la cobertura médica a aquéllos que no tenían seguro mediante subsidios, la expansión de Medicaid y la prohibición de denegar seguros por enfermedades preexistentes. No se alcanzó a ningún consenso sobre un nuevo modelo y también existía cierto temor a las consecuencias sociales. Sin embargo, los demócratas centraron buena parte de su campaña en la defensa del modelo.
La economía como frente de desgaste: guerra arancelaria y el coste de la vida. Tras la legislatura de Biden, EEUU llegó a unas cotas muy elevadas de deuda pública e inflación que se percibieron social y mediáticamente relacionadas con los costes de la guerra entre Rusia y Ucrania y especialmente a la colaboración norteamericana con esta última. Trump llegó a su inesperado segundo mandato con la promesa de abaratar la vida de los estadounidenses. Sin embargo, muy pronto apostó por el mantenimiento de una política arancelaria agresiva y señalando especialmente a China, a quien vio como el principal rival de EEUU ya desde su primer mandato. Los aranceles encarecen las importaciones y trasladan buena parte de ese coste a empresas y consumidores internos, aunque su efecto final dependa de los productos afectados, los márgenes empresariales y las respuestas de los países afectados. Los expertos como en el canal VisualEconomik apuntaron esa guerra comercial como una posible estrategia para lograr dos cosas: primero, que el dólar se depreciase y así fuese más competitivo y segundo, forzar a la Reserva Federal (FED) a que bajase los tipos de interés para disminuir el coste de la deuda. Sin embargo, lo que ha terminado favoreciendo Trump es una mayor incertidumbre. Los datos de una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 9 de octubre de 2026 son incontestables: el 78% de los encuestados atribuía al menos parte de la subida de precios a las políticas de Trump, el 64% de los republicanos también señalaba alguna responsabilidad de la Casa Blanca y finalmente el 57% de los republicanos consideraba que los precios crecían más rápido que sus ingresos.
Política exterior bajo presión: La guerra con Irán y el encarecimiento de la energía. El conflicto iniciado en febrero de 2026, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, constituye otro de los asuntos centrales. La guerra ha contribuido a elevar los precios energéticos, con repercusiones en el combustible, el transporte y el coste general de la vida. Trump presentó la operación Furia Épica como una campaña que permitiría alcanzar sus objetivos militares en poco tiempo. Sin embargo, sus sucesivos anuncios sobre la proximidad del final del conflicto contrastaron con la persistencia de las hostilidades y alimentaron la incertidumbre sobre su duración.
Así, el 1 de abril afirmó desde la Casa Blanca que la guerra terminaría en un plazo máximo de dos o tres semanas al tiempo que aseguraba que los objetivos militares estaban cerca de cumplirse. El 1 de mayo comunicó al Congreso en la que anunciaba el "fin de las hostilidades" argumentando que no se habían producido intercambios de fuego entre las fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril. La declaración tenía, además, una dimensión jurídica: permitía a la Administración defender que no necesitaba solicitar una nueva autorización del Congreso para continuar las operaciones. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses seguían presentes en la región y persistían las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. El 12 de junio declaró en un mitin telefónico para Georgia que "no sé si se enteraron, pero hoy pusimos fin a la guerra con Irán" tras alcanzar un memorando programado para el 19 de junio. Con la misma facilidad que puede salir una risa floja ante tamaño comentario, el alto el fuego terminó quebrándose semanas después en julio. El 9 de septiembre pronosticó que el conflicto concluiría de forma inmediata justo después de las Midterm Elections. En octubre ya entró en barrena comunicativa reiterando a primeros que no habría más ataques por "conversaciones productivas", a mediados que el fin de la guerra ocurriría ya fuera "por las buenas o por las malas" y a finales que la resolución se pospondría "para un par de semanas".
Estas idas y venidas desprovistas de la misma seriedad y responsabilidad que un "a ver si nos vemos un día" no pudieron ocultar la realidad: tras diversas treguas y negociaciones, se había llegado a noviembre sin la crisis resuelta y con el estrecho de Ormuz parcialmente cerrado. Además, por si fuera poco, la situación en Oriente Medio se ha recrudecido con los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí. El desgaste político también se reflejaba en la opinión pública. Según una encuesta de AP-NORC publicada el 1 de octubre, el 69% de los estadounidenses consideraba que no había merecido la pena librar la guerra, mientras que el 71% desaprobaba la gestión de Trump sobre Irán. Solo el 28% aprobaba su actuación en este asunto.
El acuerdo energético con Rusia. En octubre, a pocas semanas de las elecciones, Trump anunció un acuerdo con Putin para reanudar las exportaciones de diésel ruso a EEUU. Ahora bien, el primer cargamento identificado debía llegar a Nueva York el 7 de noviembre, después de las elecciones. Este movimiento pudo deberse a un intento de relajar a los mercados e intentar abaratar el coste del petróleo máxime cuando se complicaba la situación en Oriente Medio. Pocos días después, Trump anunció la suspensión del paquete de sanciones contra Rusia que se llevaba tramitando desde finales de verano y debía de ratificarse en noviembre en la Cámara de representantes. Todo esto, obviamente terminó siendo celebrado por Putin. Pero la contradicción política es evidente: después de mantener la presión económica sobre Rusia por la invasión de Ucrania, la Administración Trump flexibiliza restricciones energéticas para intentar aliviar los precios internos y esconder el fracaso rotundo de su incursión contra Irán. A esto se le une que no parece que a corto plazo vaya a generar beneficio tangible para EEUU, como tampoco tendría visos de alivio importante para Rusia. Así que en este caso, a la luz de muchos espectadores, la sensación es que prima más un lavado de imagen de dos auténticos autócratas.
La comparación con el primer mandato de Trump permite plantear una diferencia relevante. En octubre de 2018, el presidente llegaba a las elecciones con una valoración negativa, pero el saldo de aprobación era menos desfavorable que el que registran ahora varios agregadores. En 2026, como ya hemos dicho, la guerra con Irán, el encarecimiento de la energía y las relaciones con Rusia han añadido una dimensión económica y exterior muy marcada. El problema para la Casa Blanca no era únicamente el coste militar o el encarecimiento de la energía, sino también la enorme distancia entre las expectativas que había generado sobre una operación breve y la prolongación de un conflicto sin una salida perceptible para la opinión pública. Así que, en definitiva, esta campaña ya ha estado marcada por una valoración muy desfavorable de Donald Trump y una ventaja demócrata en la intención de voto nacional para el Congreso.
Los resultados más llamativos se han producido en Texas (tradicional bastión republicano) y en Carolina del Sur. En Texas, el demócrata James Talarico ha derrotado a Ken Paxton en la carrera al Senado, poniendo fin a casi cuatro décadas sin una victoria demócrata en unas elecciones senatoriales allí. Pero el vuelco no se ha limitado a esa contienda. Gina Hinojosa también ha derrotado al gobernador republicano Greg Abbott. Se trata de un resultado especialmente significativo en un estado que Trump había ganado con claridad en las presidenciales de 2024. Y en Carolina del Sur Annie Andrews ha derrotado a Darline Graham en otra victoria histórica para el partido que llevaba décadas sin conseguir un escaño senatorial en dicho estado. A ello se suman la recuperación del escaño de Ohio por Sherrod Brown, la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte y el resultado histórico de Kansas, donde los demócratas han vuelto a conseguir un senador por primera vez desde la Gran Depresión.
La nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puede bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump, aunque el presidente conserve su poder de veto (sólo rebatible por dos tercios de dicha Cámara) y amplias competencias ejecutivas siempre sujetas a los límites legales y al control judicial. Las negociaciones presupuestarias también serán mucho más difíciles, ya que los demócratas podrán condicionar el gasto, oponerse a determinadas partidas y recurrir a la financiación federal como instrumento de presión. Esto abre la puerta a enfrentamientos políticos y al riesgo de bloqueos presupuestarios que podrían tener consecuencias sobre el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos.
Además, la mayoría demócrata controlará las comisiones pudiendo convocar comparecencias, solicitar documentación y abrir investigaciones sobre decisiones de la Administración, posibles conflictos de intereses o actuaciones de sus responsables. Las citaciones y requerimientos de información pueden, a su vez, provocar enfrentamientos jurídicos si la Casa Blanca se niega a colaborar o invoca determinados privilegios para no entregar documentos.
De manera más específica, la presión demócrata podría afectar a cinco frentes relevantes de la Administración Trump: la guerra con Irán (condicionando su financiación, exigiendo autorizaciones legislativas y reforzando investigaciones y control político); Ucrania y Rusia (revisando ayuda militar, sanciones y acuerdos energéticos); Israel (revisando o condicionando la ayuda militar cuya retirada progresiva anunció Trump precisamente el día de las elecciones); inmigración (limitando la financiación y fiscalizando operaciones de deportación) y economía y aranceles (reforzando el control presupuestario e intentando limitar algunas de las facultades delegadas al presidente).
En cuanto al Senado, los demócratas podrán bloquear o condicionar numerosos nombramientos presidenciales que requieren su consentimiento, tanto en la Administración como en la Justicia. Esto estrechará el margen de Trump para renovar equipos, cubrir vacantes estratégicas y configurar a largo plazo determinadas instituciones federales.
En el escenario más extremo, la Cámara de Representantes podría aprobar, por mayoría simple, artículos de acusación política (impeachment) contra el presidente. El procedimiento pasaría entonces al Senado, que celebraría el juicio y necesitaría el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes para condenarlo y destituirlo. No estamos, por tanto, ante una moción de censura como la que conocemos en España: el presidente no es sustituido por una nueva mayoría parlamentaria, sino que se somete a un procedimiento constitucional específico de acusación y eventual destitución.
En la memoria de muchos está el caso de Bill Clinton, sometido a este procedimiento entre 1998 y 1999 tras las investigaciones sobre su relación con Monica Lewinsky y las declaraciones que realizó bajo juramento. La Cámara aprobó dos artículos de acusación, por perjurio y obstrucción a la justicia, pero el Senado terminó absolviéndolo en febrero de 1999. La votación quedó lejos de los dos tercios necesarios: 55 senadores votaron por la absolución en el cargo de perjurio y el resultado fue de empate, 50 a 50, en el de obstrucción a la justicia. La división entre los propios republicanos impidió que prosperase la condena. Al menos, todo aquel episodio nos dejó un cómic de Mortadelo y Filemón: ¡Impeachment!, publicado en el número 150 de la colección Olé.
Donald Trump, por su parte, ya conoce de sobra este procedimiento. En 2019 fue sometido a un primer impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso, a raíz de sus presiones sobre Ucrania. En 2021 llegó el segundo, por incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. En ambos casos la Cámara aprobó los artículos de acusación, pero el Senado no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo. En el segundo proceso, además, el juicio se celebró después de que Trump hubiera abandonado la presidencia. Por tanto, una eventual tercera acusación política no supondría automáticamente su destitución. Sí podría convertirse en un nuevo foco de confrontación institucional y desgaste político, aunque sus consecuencias dependerían de las pruebas aportadas, los eventuales apoyos parlamentarios de algunos senadores republicanos y la estrategia que finalmente adoptasen los demócratas.
En definitiva, los resultados de estas elecciones pueden convertir los dos últimos años de Trump en una etapa especialmente complicada. La nueva mayoría demócrata no podrá sustituirlo en la Casa Blanca ni anular por sí sola sus competencias ejecutivas, pero sí limitar considerablemente su margen de maniobra. A los demócratas les basta con conseguir que mantener su agenda le resulte a Trump mucho más difícil, costoso y políticamente incómodo.
