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viernes, 3 de julio de 2026

La trama Leire Díez: la red que quiso influir en la Justicia

Una vez más toca hablar de corrupción y es que es la actualidad que impera en España tanto a nivel nacional como territorial en algunos casos. A pesar de que la nueva legislación y códigos de buen gobierno se haya orientado a combatir la corrupción, la realidad es que poco parece haber cambiado. Sin duda, creo que en algún momento elaboraré algún estudio relativo a qué podemos hacer para limitar tanta corrupción, ya que parece que aún no existen los mecanismos apropiados. O tal vez algunos sí, pero se desactivan con facilidad. Hoy, por lo pronto, hablaré una vez más del entramado de presunta corrupción del PSOE de Sánchez que cada vez está más manchado de miseria. El Sanchismo, de hecho, me parece un estilo político absolutamente abyecto y no creo que a nadie le sorprenda leyendo mis posts. Con todo, para criticar primero hay que rodearse de datos, indicios y pruebas. Y es lo que se está haciendo en la instrucción del caso de Leire Díaz y las cloacas del PSOE, según el cual se habría generado desde Ferraz un equipo para tapar cualquier investigación de corrupción que afectase al partido. Esto, que recuerda justo al anterior post sobre el juicio a la Kitchen del PP de Rajoy, en realidad poco se parece y apunta a algo muchísimo mayor. 

Leire Díez y Santos Cerdán

Leire Díez Castro (Portugalete, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información y fue concejala en un municipio de Cantabria entre 2011 y 2015. Desde la entrada de Sánchez al Gobierno de España ocupó cargos en empresas públicas como en ENUSA (empresa pública nuclear) y en Correos (en relaciones institucionales y de comunicación). El apelativo de "fontanera" no es necesariamente peyorativo, sino que se refiere al ejercicio de funciones internas para mantener la cohesión y el funcionamiento del partido especialmente en situaciones de crisis, pero alejada de la esfera pública. Claro que, ese término puede derivar en acciones más discutibles, como ella terminó admitiendo en algunas grabaciones señalando que "yo estoy aquí para limpiar". Es más, también se conoció que ella fue responsable de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones, circunstancia que después de conocer a lo que se habría estado dedicando nos hace aupar los manos a la cabeza. En febrero 2024 fue cesada por Pedro Saura, justo cuando estallaron los casos Koldo, Ábalos y Begoña Gómez y había pasado a depender de Santos Cerdán.

Santos Cerdán (Navarra, 1969) es la figura política más comprometida judicialmente. No hay que olvidar que ya fue imputado el pasado año por presunto amaño de contratación de obra pública. Según el juez Cerdán sería el soporte intelectual y financiero. Cerdán habría coordinado la operación, organizado las reuniones, mantenido contacto continuo con Leire Díez, autorizado pagos, y dirigido la estrategia política de protección del partido. Todo con el objetivo de proteger los intereses ya fuesen de ciertos miembros del Gobierno como del Presidente y su entorno. Según la investigación, para ello habría puesto a disposición de la red criminal la propia estructura del partido tanto a nivel logístico gestionando viajes y alquiler de vehículos como de recursos humanos. Cerdán negó la mayor acusando con vehemencia a la UCO de realizar investigaciones prospectivas y aludiendo a una campaña mediática en la que la unidad de la Guardia civil se dedicaría a "destrozar personas" en lugar de investigar delitos. Sin embargo, según informe ampliado tras el registro de Ferraz, la UCO halló en un una agenda suya y dispositivos electrónicos que refuerzan la tesis de su participación en las operaciones para neutralizar las investigaciones de corrupción del PSOE: cuestionar las investigaciones de dicho órgano, cuestionar al Tribunal Supremo, señalar a los fiscales Luis Pastor (que dejó en libertad condicional a Víctor de Aldama) y a José Grinda (del caso Hidrocarburos), atacar al juez Marchena negociando con Villarejo para destruirle o la más interesante, recomendar a Sáenz de Tejada que instase recusar a la jueza del caso del "hermanísimo" ante la Fiscalía. 

El inicio de todo

Según el sumario judicial, Antxón Alonso el dueño de Servinabar, Vicente Fernández el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 2018-2019 y Leire Díez fundaron el grupo Hirurok en 2021 y que tendría el principal objetivo de percibir comisiones a través de 29 pelotazos en el sector público. Posteriormente, Bartolomé Lora ocuparía el puesto de la SEPI de forma interina desde 2019 hasta marzo de 2021 y actualmente está imputado por prevaricación en el caso de Air Europa. Meses más tarde, en julio de 2021 tuvo lugar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos por valor de 112 millones de euros. De hecho, esta misma semana se hizo pública la imputación de la presidenta de la SEPI María Belén Gualda y otras 20 personas por el mencionado rescate con presunto cobro de comisiones más amaño de contratos. Dicha empresa terminaría abonando 115.000 euros a la trama según la UCO. A ello se añade que la propia Leire habría mantenido una comunicación muy estrecha con el gobierno vasco y el PNV pero lo más sorprendente no es eso. Es que, aunque parezca increíble, los tres presidentes de la empresa pública SEPI en la era del Sanchismo están imputados por corrupción.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa en abril de 2024 el inicio operativo de la supuesta trama y coincidiendo con la famosa "carta a la ciudadanía" que publicó el Presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez y los no menos memorables cinco días de reflexión. Según el auto, es cuando Leire Díez habría empezado a coordinar acciones dirigidas a frenar o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE, si bien la estructura estaría dirigida políticamente por el Secretario de Organización de entonces Santos Cerdán. En un primer momento, la periodista Patricia López que falleció en diciembre de 2025, contactó con Leire Díez para manifestarle que disponía de información del PP, Manos Limpias y la Policía relativa a "cloacas contra el PSOE" y que debía de hablar con Santos Cerdán. La primera reunión fue el 26 de abril con el aludido, Antonio Hernando, Ion Antolín (jefe de comunicación) y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Éste último, fue recientemente condenado de forma solidaria por alzamiento de bienes entre otros delitos por su empresa Zed Worldwide.

La clave es la conversación de una reunión posterior entre Díez y Pérez Dolset en la que expresamente mencionan al caso de la imputación de Begoña Gómez y que el Presidente había dicho "que se limpie todo", Leire mencionando "límpiese" y Dolset rematando con "límpiese sin límite". Lo siguiente que nos vendría a la mente es la música de 007 y su intro o, si preferimos, El Padrino. Este audio fue aportado por Ignacio Stampa al Juzgando de Instrucción nº 3 de Madrid para corroborar que fue víctima de un intento de soborno, relativo a una reunión de 3 horas en fecha 30 de abril de 2024. Según testimonios, el tridente formado por Díez, Dolset y Cerdán ofrecería servicios a empresas del Ibex a cambio de suministrarles información ya que afectase a la red o al Gobierno, PSOE, Pedro Sánchez y familia o a rivales. Las primeras reuniones se celebraban en un piso en la calle Diego León de Madrid, si bien entre 2024 y 2025 existirían hasta 22 reuniones de la trama en Ferraz con el supuesto objetivo de establecer contactos con investigados, buscar información contra la UCO, fiscales y jueces e intentar influir en otros.

El estallido del caso (2025-2026)

El Confidencial publicó en mayo de 2025 varios audios en los que Leire Díez aparece pidiendo “trapos sucios” sobre mandos de la Guardia Civil. Se habla de operaciones para “desmontar” investigaciones. Algunos interlocutores vinculan directamente las maniobras al entorno de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. A partir de ahí la oposición empieza a hablar de “cloacas del PSOE”. El PSOE intenta desmarcarse de Díez mientras que ella asegura que todo era una “investigación periodística” para un libro. Al mes siguiente, se da de baja  como militante del PSOE. Comparece públicamente. Negó tanto ser fontanera como actuar por órdenes de Santos Cerdán o del partido. Sin embargo: La difusión de más audios incrementa la presión política. Distintos medios empiezan a conectar el caso con el “caso Koldo”.

Un año más tarde, el caso se ha agravado con los registros de la UCO en Ferraz, realizados el pasado 27 de mayo en la sede socialista para requerir información y bajo autorización judicial firmada por Santiago Pedraz. No hay que olvidar que ya entró en Ferraz el 20 de junio de 2025, si bien en esa ocasión fue para un requerimiento de información y clonado de material informático que afectaba exclusivamente a Santos Cerdán por su imputación en el caso Koldo. En la presente investigación el motivo era mucho mayor: debían de investigar pagos impulsados desde la Secretaría y Gerencia del partido a la red de Leire Díez y relacionándose hasta nueve delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil y delito contra las instituciones del estado. Así, junto a la gerente Ana María Fuentes, imputa al diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos y Gaspar Zarrías, senador por Andalucía, entre otros presuntamente implicados. Por otra parte, se cursó requerimiento para obtener acceso a todos los expedientes abiertos a los agentes de la UCO que llevasen a cabo investigaciones en el entorno  del PSOE.

Además, la investigación de la UCO de determinados audios ha permitido conectar la trama Hidrocarburos con el tridente antes mencionado, que presuntamente ofrecería impunidad o beneficios a empresas implicadas en el fraude del IVA a cambio de que aportasen información comprometedora. Pero la causa que instruye Pedraz ya no se limita a audios aislados, sino a documentación escrita y a muchísimas más conversaciones intervenidas que apuntarían a una posible estructura organizada con financiación de recursos vinculados al PSOE y destinada a interferir en causas judiciales sensibles. La red pretendería desacreditar a investigadores, influir en procedimientos judiciales, interferir en investigaciones sensibles (UCO, fiscales anticorrupción), desacreditar mandos policiales y proteger políticamente al entorno del PSOE y del Gobierno. Estos niegan una estructura parapolítica mientras Leire Díez desde el año pasado sostiene que actuaba como periodista investigando las “cloacas del Estado” y no por encargo del partido. Es más, desde su versión la única cloaca sería la del PP.

Remuneraciones y financiación bajo sospecha 

El auto judicial apunta que se habrían realizado pagos del PSOE encubiertos con facturas falsas (consultoría legal y mercantil) por importes de al menos 180.000 euros. Entre otros conceptos, se estarían escondiendo retribuciones de viajes y logística e incluyendo a Pérez Dolset. Así por ejemplo, Leire Díez habría estado camuflando su actividad laboral en el PSOE mediante contratos opacos de asistencia y colaboración para evitar la relación laboral. Los investigadores sostienen que Leire Díez cobraba unos 4.000 euros mensuales, mediante sociedades intermediarias y despachos vinculados a personas próximas al PSOE. Leire se habría dirigido a un ex consejero Andaluz, Gaspar Zarrías, proponiéndole desmontar el caso de los ERE porque presuntamente disponía de información relevante contra Ayala. Sin embargo, el mismo que reconoció haberle pagado no lo habría hecho directamente a ella sino mediante facturas falsas. La información finalmente no la consideró importante.

El auto también señala que los pagos aludidos por Leire Díez el 12 de mayo se habrían efectuado mediante sociedades interpuestas y facturas falsas hasta superar los 40.000 euros procedentes de fondos del PSOE. Una de ellas sería una mercantil de Gaspar Zarrías en verano de 2024. Posteriormente, el PSOE abona 27.000 euros a un despacho jurídico vinculado al abogado Ismael Oliver, siendo transferida desde otra de sus sociedades a la propia Díez. Y precisamente dicho Oliver habría sido "fichado" por Leire para ejercer la defensión de Koldo. Más allá de Leire, según el auto también habrían percibido pagos la fallecida periodista Patricia López y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán con la cantidad más alta: 125.000 euros. El mismo individuo que aportó al Juzgado dos facturas a nombre del PSOE por montante de 53.000 euros que no tienen respaldo en la contabilidad del partido y que en conversaciones de WhatsApp se jactaba de remitir información filtrada a 61 periodistas para replicar un relato. ¿Habría sido así cómo se reforzó la prensa sincronizada con Moncloa? El jueves 25 de junio declaró ante la  AN y confirmó que cobró la cantidad antes reseñada en 3 facturas y no quiso dar detalles de su trabajo por "secreto profesional".

Intentos de influencia en fiscales y agentes 

También la red habría intentado conseguir información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón ofreciendo presuntamente elevadas contraprestaciones económicas e incluso un puesto de trabajo en el extranjero al fiscal José Grinda. Esto se basa en un turbio apunte que reza "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Esto se habría tramitado mediante un tercero llamado Pere Rusiñol, trasladando que no habían fructificado las negociaciones en las que también le propusieron el archivo de varias causas de él dependientes. Presuntamente, este fiscal con causas como la de Pérez Dolset y la Operación Cataluña, habría sido chantajeado con un vídeo sexual. Al menos al medio El Español se le ofreció publicarlo. Nadie lo hizo y Grinda denunció.

Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró como testigo ante la Guardia Civil que le ofrecieron 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz (abogado de Koldo) para que negase su versión de aportar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El motivo era para proteger a Ábalos y Koldo. De las conversaciones intervenidas, destacaría un mensaje de Oliver señalando "esta se vende. Debemos saber comprar". Esto ha ocasionado que la mencionada Leticia haya sido imputada.

El comandante al que se referían Leire y Mercedes es Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la UCO lo sitúa como nexo entre la trama y el Ministerio del Interior. A cambio de proporcionarle defensa judicial y tramitar su rehabilitación en el cuerpo, se le habría solicitado información sensible sobre altos mandos de la GC vinculados a la investigación de la corrupción del PSOE. Además, también intentó negociar que facilitase datos del Teniente Antonio Balas, el capitán Bonilla, los coroneles Corbí y Yuste y hasta el Director Adjunto Operativo (DAO).

La red sí habría terminado pagando a un agente de la UCO para sabotear causas contra el Gobierno, como el juez señala en relación con Juan Sánchez Yepes que aparte de estar imputado en el presente caso lo es a su vez por la trama de los hidrocarburos. Esta persona, que había participado en el grupo antiblanqueo, habría revelado información de su unidad para impulsar las sospechas ante la directora de la Guardia Civil.

Reuniones institucionales: Fiscalía General y D.G. de la Guardia Civil

Basándose en los mensajes transmitidos entre Díez, habría tenido contacto con el hasta hace unos meses Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz (y condenado por filtraciones de los datos del novio de Ayuso). Las referencias habrían tenido lugar en el marco de comunicaciones con empresarios afectados por investigación de la trama de hidrocarburos. Específicamente, la UCO destaca una reunión entre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset  y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevó durante un tiempo el caso Villarejo hasta que fue relevado. Según este último, pretendían que les contase "irregularidades" del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón - que por ejemplo ha llevado el caso Mascarillas -, así como del otro fiscal José Grinda y el instructor Manuel García Castellón. A cambio, prometían rehabilitar al mencionado y que "Álvaro" tendría conocimiento de la reunión así como "el jefe de Álvaro". Al menos habría tenido dos reuniones con un teniente fiscal de la secretaría técnica de García Ortiz. También se descubrió en el móvil de Leire Díez una propuesta de acuerdo con Villarejo para que suministrase datos sensibles sobre el PP (Mariano Rajoy, Cospedal...) e incluso grupos empresariales como Planeta y BBVA a cambio de no volver  a entrar en la cárcel.

También habría mantenido Díez al menos tres reuniones personales con Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil e incluso desde antes de ser nombrada, además de diversas conversaciones a través de teléfono móvil en mayo de 2025. Entre ambas se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Además, en otros chats presumía de tener línea directa con la misma y que estuviera al corriente de sus acciones. El propósito sería abrir una investigación interna en la UCO imputando una actividad supuestamente delictiva como filtración de mensajes de Ábalos. Inicialmente, el Ministro Fernando Grande-Marlaska negó que sucedieran dichas reuniones hasta dos veces, en 25 de junio de 2025 ante el Congreso y el 28 de mayo ante la prensa. Fue el pasado 5 de junio cuando terminó admitiendo que eso había sucedido, una vez que quedaba acreditado por la UCO pero asegurando que no tenía nada que ver con la trama. La aludida directora afirmó que cortó comunicación con ella cuando le pidió que recuperase a un comandante suspendido de empleo y sueldo por estar implicado en el caso Koldo así como plantearle una teoría de la conspiración. Sin embargo, las contradicciones no acabaron ahí, pues la Directora abrió expedientes a agentes coincidiendo en las mismas fechas que se habría reunido. Todo esto ha desembocado en la imputación de González más el DAO Manuel Llamas por prevaricación y obstrucción a la Justicia. De verdad que yo no alcanzo a entender qué más tiene que pasar con Marlaska para que dimita.

El entorno Sánchez: P.S. el One y familia

La UCO requisó varios cuadernos y agendas en su vivienda y contienen mucha información sobre reuniones, nombres propios y referencia a diversos asuntos políticos y judiciales. Muchas de las anotaciones carecen de fecha y figuran desordenadas y sin demasiado contexto, pero algunas sumadas a otras proporcionan importantes indicios que son relevantes de profundizar en la investigación. Así en una anotación habla de "reunión con P.S." precedida de una operación con el comandante Rubén Villalba para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil. Más adelante escribe "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.", "Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S". En otra habla de una comida entre P.S. y el Director de la Guardia Civil y escribe literalmente "Pedro no se fia del DAO". Incluso también hay espacio para "Reunión ZP. Nervioso". Algunos han intentado desviar las sospechas aludiendo a que podría referirse a Paco Salazar o a Pedro Saura, pero la insistencia en las iniciales y sobre todo la referencia al hermano intuyen que podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. También se ha quitado hierro señalando que el mismo día de la supuesta reunión el Presidente se encontraba en Bruselas. Aparte de que para una reunión no es imperativo verse en persona, lo más probable es que fuese una declaración de intenciones de la propia fontanera.

Otra referencia por la que la UCO apunta al conocimiento de las cloacas por Pedro Sánchez es la alusión a "El One del partido" en conversaciones intervenidas con el ex presidente de la SEPI. Incluso en otras con el empresario Oliver, usan la referencia "jefe" para probablemente aludir a Santos Cerdán, mientras que "presi" sería el propio Presidente del Gobierno. Incluso ha sido citada como testigo Cristina Narbona por una conversación con Leire en la que ésta le habría mencionado de "reconducir los ataques al Presidente del Gobierno". Por su parte, Pedro Sánchez rechazó categóricamente ser consciente de los hechos imputados a Leire Díez y asegurando que de saberlo "no lo permitiría", declaraciones que a estas alturas carecen de credibilidad para los no feligreses.

En cuanto al proceso judicial que afectó a David Sánchez, en la versión de un testimonio Leire Díez habría recomendado a Luis Sáenz de Tejada como abogado defensor de David Sánchez y con el objetivo de recusar a la jueza instructora Biedma. De hecho, la persecución contra esta mujer sería un auténtico escándalo, llegando según El Mundo a seguir hasta el colegio de sus hijas e interrogar a personas de su entorno para destruir su credibilidad. La misma tuvo conocimiento de unos audios en junio de 2025 protagonizados entre Díez y el citado Sáenz de Tejada. Por su parte, Leonardo Marcos - director de la Guardia Civil anterior a Mercedes González (2023-2024) - habría llegado a ordenar a la UCO, a través de orden firmada por el DAO, que "no fuesen proactivos" en el citado caso de investigación y que optasen por "actuar de perfil" de manera que el juez tuviese la única iniciativa. Esto, según testimonios, generó importantes tensiones entre la UCO y la cúpula de la Guardia Civil y fue ratificado en sede judicial por el ex jefe Rafael Yuste. Pero tampoco hay que olvidar al teniente coronel Antonio Balas, que dirigió las operaciones de la UCO en Badajoz. Existen audios francamente siniestros, como en una conversación entre Díez y Pérez Dolset en el que buscando información comprometedora de Antonio Balas ella señalaba que "si está muerto, mejor".

Otro indicio más de la cercanía de la figura de Leire al entorno del Presidente se halla en otra anotación según la cual recomienda la contratación de un abogado para ejercer la defensa de Begoña Gómez por su supuesta cercanía al Juez Peinado. Esto viene reforzado por una conversación de WhatsApp con Tijuelo en la que comentan la necesidad de sustituir por inadecuada dicha defensa de la esposa del Presidente. Junto a todo lo anterior, este último indicio ha resultado ser determinante para que la UCO considere en su informe que las siglas P.S. son referidas al propio Pedro Sánchez. ¿Estaríamos cerca de que el vigente Presidente del Gobierno sea llamado a declarar como testigo o incluso como algo más?

Más recientemente y a raíz de la última sentencia del TS sobre el caso Mascarillas que premió la colaboración con la Justicia de Aldama, Leire Díez ha avanzado a un nuevo nivel. Señala a Antonio Hernando, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, como receptor de todas las actividades de investigaciones a jueces, fiscales y agentes que gestionaban tanto Cerdán como ella misma.

Campañas electorales bajo la lupa

Uno de los hallazgos más destacables que constan en el sumario de la investigación es que el PSOE habría desviado 18.000 euros de los fondos de la campaña de las Europeas de 2024 para financiar al medio Crónica Libre de Patricia López. La contrapartida no sería exclusivamente publicidad en Internet, sino la entrega de audios referidos a las polémicas saunas de Sabiñano Gómez, suegro de Sánchez y también fallecido en la actualidad. Con dichos audios (provenientes de Villarejo), el PSOE se garantizaría no ya que no se publicasen, sino la posibilidad de extorsionar a quien considerase conveniente. Esto es lo más sórdido del entramado de presunta corrupción del Sanchismo.

Ese hecho ha provocado que el juez Pedraz solicitase documentación de la campaña del PSC en Cataluña (2024). Se investiga si parte de los fondos o servicios asociados a la campaña pudieron igualmente pasar por agencias de medios o emplearse para abonar estructuras o servicios vinculados a intermediarios del caso Leire. Se examinará especialmente lo relativo a publicidad digital como “banners” o inserciones publicitarias y contratos de comunicación política. De esa manera, se intentará aclarar si pudo existir algún flujo sospechoso con personas investigadas en el entorno del presente caso y si se pudo recurrir al uso de la campaña electoral como vía de financiación indirecta. Y es que en este tipo de contrataciones el dinero no siempre circula como “transferencia directa”, sino como servicios intermediados.

Consideraciones

En esta compleja investigación se está recopilando un amplio conjunto de indicios sobre el funcionamiento de una red basada en intermediación política y empresarial, circulación de información sensible, contactos con investigados, movimientos financieros opacos, intentos de influencia y contrapresión y tensiones internas en cuerpos policiales. Además, todo ello se habría producido falseando documentación para disimular. Debe probarse si se trata de una clásica estructura cerrada de organización criminal, pero por las conversaciones intervenidas, testimonios contradictorios, anotaciones y operaciones dinerarias, se apunta a material suficientemente relevante como sugerir su existencia y avanzar en la investigación. Estaríamos hablando de una red creada dentro del partido para proteger los intereses no ya del mismo sino de las principales personalidades afectadas por los procesos de investigación de corrupción. Y esa condición afectaría tanto a las directamente imputadas como a las que les repercutiría en su imagen, tal y como sería el caso de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Se antoja muy complicado entender que existiese desconocimiento político del funcionamiento de esta red y, de hecho, resulta hasta ridículo compararlo con el caso Kitchen del PP de Rajoy. Estamos hablando de una trama orquestada para controlar y/o denostar a fiscales, agentes y jueces y de  hasta 9 delitos imputados por su actividad, pero también de numerosos indicios que convergen en una presunta relación bastante cercana con el poder político. En algunos puntos de mensajes, audios o anotaciones da la sensación de que Leire actuaba a veces con cierta iniciativa, pero nunca de manera autónoma sino sujeta a un plan. Y en ese plan estaría al mando su jefe Santos Cerdán. Sin embargo, por lo investigado hasta el momento, resulta obvio que todas estas acciones ilegales que supuestamente desconocían los cargos políticos de mayor responsabilidad redundaban en beneficio de los mismos y por extensión del partido. El mismo que, a través de su gerente, habría estado retribuyendo a los integrantes de la red mediante facturas presuntamente confeccionadas ad hoc para disimular. Es más, este modus operandi de la red encaja a la perfección con el neolenguaje esbozado por Pedro Sánchez y desarrollado por el aparato mediático constituido por RTVE como brazo público y La Sexta como brazo privado. Difundir un impacto de relato y aludir a la "máquina del fango" como responsable de "los bulos" y apuntar a una conspiración de la ultraderecha "turbofascista". 

Por lo que sea, el aparato socialista no se atreve a estas alturas a presentar una querella contra Leire Díez si es que es cierto que operó a escondidas. ¿Por qué será? Afirman que no lo han hecho porque están esperando a que avance la investigación, cuando no es complicado estimar que necesitarían negociar con ella para que no hable de más. De lo contrario, esta persona que ha estado siempre en tercera fila, que se ha hecho fotografías con tantos políticos y periodistas, que se aprovechó de ese anonimato externo para poder hacer y deshacer y felicitarse por ello, no debería ser ningún impedimento para exigirle responsabilidades penales. Otros analistas entienden que, en el más incómodo de los casos, probablemente se limiten tanto Moncloa como la opinión sincronizada a encorsetar la trama en Santos Cerdán como chivo expiatorio. 

En estas semanas, el goteo de imputados por corrupción sigue agrandando el lodazal de indignidad amplificado por la irresponsabilidad de negarse a dimitir. De cualquier forma, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el PSOE Sanchista y el continuo destape de escándalos que arrancaron desde el mismo momento de poner los pies en Moncloa, sólo el hecho de percibir una nómina o sobresueldo a cargo de aquél justificaría mirar para otro lado.

miércoles, 17 de junio de 2026

Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas

Coincidiendo durante unas semanas con el juicio en el Tribunal Supremo del caso Mascarillas que afecta al PSOE de Pedro Sánchez, se ha venido desarrollando en la Audiencia Nacional el del caso Kitchen que implica al PP de Mariano Rajoy (2011-2018). Dado el complejo calendario de testigos, acusados y pruebas, por el camino se ha ido solapando otros escándalos de presunta corrupción socialista como los relativos a Zapatero (del que hablé recientemente) y a Leire Díez (de la que hablaré muy pronto). También ha tenido lugar la vista oral del hermano del Presidente, David Sánchez, del que igualmente hablé en este blog. Incluso surgió más información comprometedora contra Begoña Gómez (esposa del Presidente) que motivó hacer una actualización del post. Pues bien, al igual que analizo el entramado de corrupción Social-Sanchista que da para mucho que hablar, me interesa igualmente echar una mirada crítica a los últimos coletazos del marianismo. En primer lugar pondré de manifiesto los antecedentes y el contexto de este caso para a continuación examinar los principales testimonios de la vista oral, la prueba pericial y documental y las declaraciones de los principales acusados. 

Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados

El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.

La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.

Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a tres preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?

Vista oral: testigos policiales y políticos

Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino. 

Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.

Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.

Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.

El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.

Prueba pericial: reproducción de audios

Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.

Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.

Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible. 

A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.

Declaraciones de los principales acusados

Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.

Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.

El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley. 

Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.

Consideraciones y perspectivas de condena

Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.

Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.

Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.

En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.

viernes, 12 de junio de 2026

¿Corrupción en el SMS? La trama de las prótesis

En este año ha saltado a la esfera pública la investigación de un presunto fraude sistemático dentro del Servicio Murciano de Salud (en adelante SMS) relacionado con la compra de prótesis y stents vasculares, material fungible sanitario y operaciones derivadas a hospital concertado. Se apunta a la participación de funcionarios, personal sanitario y empresas proveedoras, entre ellas la valenciana Logimed. Los delitos investigados incluyen malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, alcanzándose un fraude estimado en torno a los 7 millones de euros.

Antecedentes. Los contratos mayores de prótesis (2016-2023)

Las prótesis que centran la investigación son unos tapones de embolización que se usan para reducir el flujo sanguíneo en arterias pequeñas. De esa manera, se tratan problemas agudos y crónicos como aneurismas, hemorragias o tumores vasculares en contexto de cirugías complejas. Por tanto, su importancia es capital a efectos de evitar la rotura de vasos sanguíneos.

En 2016, el SMS ya gestionaba contratos centralizados de prótesis vasculares mediante acuerdo marco y compras especializadas. Por tanto, la central ya concentraba una importante capacidad de decisión y especialmente en productos de alto coste, pero por aquél entonces no se detectaron indicios de irregularidad. El valor estimado del expediente contractual fue mucho menor que el posterior, de 457.760 € y de ocho lotes formalizándose los contratos en febrero de 2018. Dos de esos lotes fueron adjudicados a una de las empresas bajo la lupa actualmente, Logimed, por 24 meses ampliables a otro dos más.

Fue en febrero de 2022 cuando se volvió a convocar mediante procedimiento abierto el nuevo contrato de prótesis óseas con destino a los hospitales regionales por 3,2 millones de euros y dividido en once lotes. Cada contrato de lote era prorrogable a otro dos años más y se incluían injertos óseos, biomateriales y productos quirúrgicos especializados. Mediante Resolución de la presidenta de la Junta de Contratación del SMS, se adjudicaron los lotes el 21 de diciembre de dicho año, formalizándose los contratos en 30 de enero de 2023. En este enlace del perfil del contratante se localiza la documentación del expediente del contrato mayor de Suministro de prótesis valvulares con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS.

En los últimos años, el SMS ha impulsado numerosas licitaciones millonarias en materia de logística, material de laboratorio, medicamentos, material oncológico, cirugía robótica... incrementándose sustancialmente el volumen económico gestionado vía contratos mayores de suministros. Consecuentemente, se ha concentrado un relevante poder administrativo en la central de compras. Hay que señalar dos cosas, primero la gran fragmentación en lotes dada la existencia de categorías técnicas complejas y suministros altamente especializados. Es algo completamente normal en Sanidad, dada la necesidad, por ejemplo, de adaptar productos a especialidades médicas concretas. Pero los lotes pueden diseñarse bien de forma abierta o muy específica. En el peor de los casos, los contratos por lotes técnicos especializados permiten potencialmente diseñar requisitos muy concretos, limitando la competencia real y favoreciendo productos específicos ya sea por compatibilidad con instrumental, composiciones químicas, métodos de implantación, etc.... Esto nos conduce a la segunda nota, que es la aparente dependencia de proveedores concretos, dado que existen pocos licitadores o en ocasiones sólo uno, redundando en una baja competencia efectiva en algo tan sensible como la tecnología sanitaria. Esta es una circunstancia que no tiene por qué ser achacable a los pliegos, pero da una idea de la situación del mercado.

De la investigación interna a la UDEF (2024-2025)

En noviembre de 2024, se dió a conocer que el SMS abrió una investigación interna a consecuencia de una auditoría encargada en verano de aquél año a los propios servicios de inspección de la Consejería de Salud y que detectó significativas irregularidades. Con motivo de la adquisición de suministros de prótesis valvulares, se habría disparado el coste en más de 700 mil euros en sólo el año 2023, es decir, de 400.000 euros a un millón cien mil que constituye el triple. Un entramado protagonizado por un facultativo (médico cirujano en el hospital público de La Arrixaca), un funcionario A-1 de la Unidad de Aprovisionamiento (contratación) y el representante de una empresa, estarían detrás del presunto fraude. El segundo, junto con un jefe de sección y un radiólogo estarían desde entonces suspendidos de empleo y sueldo mediante expediente disciplinario como medida cautelar. El cirujano, por su parte, se acogió a una excedencia. En cuanto a la empresa, se inició un procedimiento administrativo para exigirles el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Desde entonces, la Consejería colaboró con la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Murcia del mismo modo que aportó documentación a la Fiscalía y varios centros de titularidad privada y concertados con el SMS estarían también bajo sospecha.

En enero de 2025, el caso llegó a la UDEF y, examinando los sistemas contables, detectaron una actividad administrativa presuntamente fraudulenta. Personal funcionario con responsabilidad en la central de compras y facturación del SMS habría sido cómplice de introducir datos falsos aprovechando los puntos débiles del sistema informático y bajo las instrucciones del entramado al que ellos mismos pertenecerían. El objetivo habría sido blanquear productos sanitarios no autorizados - al no existir en el catálogo - usando códigos que pertenecían los que sí estaban aprobados. Aprovechaban entonces para establecer unos elevados precios de compra desplazando los homologados que tenían un coste muy inferior, afectando no sólo a las mencionadas prótesis sino a material sanitario fungible. Además, la ausencia de licitaciones públicas habría favorecido todo tipo de negociaciones secretas entre la empresa y los empleados públicos, constituyendo por tanto el caldo de cultivo para todo tipo de actos absolutamente contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la ética que debe de presidir la actuación del funcionario.

Concretamente, desde la UDEF se advirtió que, en las operaciones médicas que fueron derivadas desde el SMS a centros privados concertados, se habrían abonado sobrecostes de hasta un 1.287%. Lo peor es que se habrían facturado por servicios que realmente debían de ser gratuitos, por material sanitario no utilizado e incluso productos sanitarios caducados. De esa manera no sólo se estaría hablando de falsedad documental, de malversación de fondos públicos y la existencia de una organización criminal, sino de un delito contra la salud pública de los murcianos. 

Fase de instrucción judicial e investigación de la trama (2026)

El 27 de febrero de 2026 es cuando se hace público en la prensa regional, aludiéndose a un desfalco en sobrecostes cercano a 5 millones de euros. Pero no es hasta mayo cuando sucede la detención, autorizada por el Tribunal nº 7 de Instrucción de Murcia, de 11 personas incluyendo funcionarios, médicos y comerciales y elevando el fraude a 6,8 millones. Además, también se menciona expresamente a la mercantil Logimed, radicada en Valencia como la empresa suministradora que estaría detrás del fraude, a Sergio D. como el comercial que operó en su nombre y a un médico cirujano del hospital público de La Arrixaca que habría participado en el entramado. El facultativo, de nombre Rubén T. ha sido puesto en libertad condicional, se le ha retirado su pasaporte y, al igual que a los restantes investigados, se le han bloqueado sus cuentas, propiedades y vehículos.

El fraude podría haberse gestado desde la misma tramitación del contrato. La UDEF sospecha en su atestado que se podrían haber manipulado los pliegos del concurso. Se acusaría de arbitrariedad al referirse a unos e-mails de 2022 que un funcionario de contratación, Vicente F. le enviaría a Sergio, el comercial de manera que le facilitaría adjunto el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de orta para su revisión. En las respuestas, va realizando modificaciones e incluso alterando lotes para después remitirse al Jefe de Sección. Por otra parte, también entiende que existió un procedimiento de "homologación" acelerado para que se adjudicasen códigos SAP de facturación a los productos, puesto que para ello deben de materializarse unos trámites y autorizaciones que jamás se abordaron ni solicitaron.

También se sospecha que los investigados habrían desviado dinero de sus cuentas, para lo cual se valora solicitar informe a la Agencia Tributaria e incluso abrir una pieza separada. Sin embargo, aparte del destino, tampoco estaría mal investigar cuál sería el origen. Por ejemplo, el cirujano ingresó entre 2019 y 2025 de más de 500.000 euros para al final del año disponer de poco más de 5.000. Además, en dos años compró hasta 3 vehículos. El jefe de sección de la Arrixaca abonó al banco con carta de pago 300.000 mil euros. El jefe de servicio de la UAI adquirió un inmueble abonando 150.000 euros "a tocateja" y el resto financiado. El jefe de sección y su esposa multiplicaron por 7 sus saldos bancarios. Finalmente, el comercial y su esposa, aparte de su propia empresa, vieron reducidas en más de un 70% sus cuentas en el último año sin que se halle explicación alguna. O sí, que podría estar detrás de todos estos casos lo que cualquiera que no se haga el loco... Pensaría.

Investigación interna y policial de las prótesis caducadas

Se descubrió que Logimed operaba con un intermediario denominado Dycom Risk, S.L. y que el hospital concertado al que la Arrixaca habría derivado los pacientes durante estos cinco años post-Covid se habría embolsado más de 8 millones de euros de las arcas del SMS y en concepto de procedimientos quirúrgicos de las listas de espera, de acuerdo con la información obrante en el Portal de Transparencia que el propio SMS comunicó en cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha no existen indicios de ilegalidades en dicho centro. Que por cierto, se ha difundido el rumor de qué hospital concreto es, pero como ningún medio lo menciona expresamente, no lo indicaré.

Sin embargo, existe cierto choque de versiones que ha motivado activar una investigación paralela. Por un lado, la Policía sostiene, como se ha mencionado, que pudieron utilizarse productos caducados y material no homologado. Así lo considera tras detectar en atención a correos electrónicos que los implicados reconocerían ser conscientes de la facturación de productos caducados. A final de mayo, habiendo analizado un 8% de las intervenciones realizadas por el cirujano, aseguraron haber constatado la implantación de un stent caducado de un mes respecto de la fecha de la operación. Esto contradice la versión de la Consejería de Salud que aseguró que no constaba evidencia de implantes caducados en pacientes y que el fraude habría sido exclusivamente económico. Para curarse en salud (y nunca mejor dicho), ya anunció en febrero la revisión urgente individualizada de 378 pacientes intervenidos para terminarla antes de septiembre. Todos ellos fueron atendidos por Rubén T. entre mayo de 2018 y noviembre de 2025 previa derivación de La Arrixaca a un hospital concertado. En una primera muestra de cinco casos catalogados como sospechosos al haber sufrido infecciones posteriores se descartó que se hubiesen utilizado prótesis caducadas. 

En declaraciones a RTVE, una persona dio su testimonio de que su padre fallecido en 2022 habría sufrido una infección derivada de una presunta prótesis caducada. En información al medio Eldiario.es, esa misma persona matizó sus palabras en el sentido de que su padre no fue operado por el detenido, sino por su equipo y además en La Arrixaca y no en un centro concertado. Por ello y no habiéndose demostrado la caducidad de aquélla prótesis prefiero ser prudente. Pero con este caso tampoco habría que dejar de estar alerta.

Reacciones ante el escándalo: CARM, oposición, entidades sociales, acusado y defensa

La CARM se ha personado como parte perjudicada y por lo tanto podría solicitar diligencias de investigación y participar en el juicio a efectos de reclamar indemnizaciones. Al mismo tiempo, sigue trabajando para recuperar el dinero presuntamente defraudado y el ex Consejero de Sanidad Juan José Pedreño aseguró que los procedimientos de reintegro antes citados les habían reportado hasta la fecha la devolución de 300.000 euros de dinero público por la actividad fraudulenta reportada entre 2018 y 2024. Y digo ex Consejero porque antes de que acabase el mes lo destituyó López Miras en una remodelación a un año vista de las elecciones de 2027, siendo reemplazado por Isabel Ayala que hasta entonces era la gerente del propio SMS.

La oposición del PSOE y Podemos han aprovechado para desenfocar la naturaleza administrativa del caso y proyectarla al nivel político. En el caso de los socialistas han anunciado que se personarán como acusación particular en el juicio y, al mismo tiempo, solicitarán la comparecencia de la Consejera en una comisión de investigación en curso sobre presuntas derivaciones irregulares a la Sanidad concertada. También acusan a López Miras de no haber dado explicaciones. Vayamos por partes. Primero, no existe a día de hoy ningún indicio ni tan siquiera insinuado por la UDEF de que cargos por encima del Jefe de Servicio estén implicados o hayan tenido conocimiento del caso hasta la auditoría mencionada. Segundo, las acusaciones de que la política de concierto sanitario tenga que ver con la derivación quirúrgica de operaciones con prótesis son igualmente infundadas. El foco de lo investigado está en los sobrecostes de suministros, mientras que la propia CARM rastrea si pudo haber algún perjuicio para pacientes. Pero el problema de fondo no es que existan conciertos sanitarios con hospitales, sino que un agujero de gusano en la contratación pública por culpa de la corrupción administrativa.

En el ámbito de entidades sociales, la Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado también como acusación popular después de que, según han informado, 300 personas a las que se les intervino con prótesis se hayan dirigido a ellos. Desde su posición, exigen también la intervención del Consejo Asesor de Salud.

El medio El Español entrevistó a Sergio, el ex comercial cuyo contrato se rescindió a raíz del estallido del caso. Negó ser el cabecilla de la operación señalada por la UDEF alegando su incompetencia para decidir lo que se contrata en la Administración. Se definió como "cabeza de turco" y se justificó en que, por razones de urgencia y dada la lentitud burocrática, se utilizaron códigos de productos "similares" ya homologados para adquirir los suministros. Por tanto, la versión de Sergio es que se recurrió a una irregularidad administrativa cometida por funcionarios por necesidad asistencial y adaptación práctica. En cuanto a los sobreprecios, sus respuestas sugirieron nuevas contradicciones. Se basó en que no existía contrato marco y que tenía que someterse al "libre mercado", así como que los plazos de pago del SMS eran a dos años vista y que afectaría al precio final. Una explicación que resulta muy difícil de conciliar con los sobreprecios detectados por la investigación, que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287%. Y sobre las prótesis caducadas, descargó cualquier responsabilidad señalando que existen múltiples controles para ello (almacén, servicios hospitalarios, quirófano, trazabilidad posterior...). Sin embargo, esta explicación choca con algunos de los correos electrónicos incorporados a la investigación, en los que se hace referencia expresa a material próximo a caducar o ya caducado, circunstancia que la UDEF interpreta como un indicio relevante de la trama. Por último, respecto de la evolución súbita de su patrimonio se limitó a asegurar que las compras inmobiliarias eran "inversiones normales" y que todo lo que había ganado de autónomo estaba declarado.

En cuanto al abogado del acusado de la empresa, Alí Martínez, ante los 112 folios de la UDEF, negó rotundamente las irregularidades y comunicó que solicitará una auditoría para demostrar que no ha existido desfalco. Justificó las variaciones del catálogo porque los médicos solicitaban "productos novedosos" que no estaban incorporados a la base de datos de la Región de Murcia y que fueron facturados correctamente. También rechazó que fuese cierto que se implantasen prótesis caducadas en la misma línea que su defendido. Finalizó sus declaraciones aludiendo a una supuesta "mano negra" con interés y afirmando que solicitará el archivo de la causa.

Consideraciones

Como funcionario y empleado público que soy, no puedo sentir más vergüenza ni indignación de pensar que otros iguales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la que pertenezco, pudieran haber participado en semejante fraude y delitos. Respeto las posiciones del abogado de la parte acusada, que evidentemente parten de su rol de defender a su clientes. Sin embargo, con la información que disponemos, me inclino a darle más credibilidad a un informe tan extenso de la Policía Nacional a través de la UDEF. Aún no puede demostrarse que hayan percibido comisiones, pero si se confirmasen judicialmente los indicios recogidos por la investigación, estaríamos hablando de una malversación de fondos públicos de ingente valor. No es justificable que se esconda el valor antieconómico de unos suministros en el carácter "novedoso" de esos productos y el único interés privado que habría menoscabado el interés público protegido por las Leyes sería precisamente el de la empresa y el de los funcionarios implicados. Por lo tanto, en base a la información recogida y en lo que se espera del funcionariado, no puedo sino manifestar mi completa desaprobación ante estos presuntos comportamientos.

También debo señalar que me resulta especialmente llamativo que nadie detectara antes anomalías en la tramitación de estas compras, particularmente en lo relativo al coste de los suministros. Según la información conocida hasta ahora, fue una auditoría interna realizada en 2024 la que permitió aflorar las irregularidades que posteriormente dieron lugar a la intervención de la Fiscalía y de la UDEF. Sin embargo, la propia investigación sitúa el origen de la presunta trama varios años atrás, al menos desde 2018 y, en cualquier caso, durante un largo periodo que incluye la pandemia.

Precisamente por ello, una de las cuestiones que más me inquietan no es solo qué ocurrió, sino por qué tardó tanto tiempo en detectarse. Resulta difícil comprender cómo unos sobrecostes de semejante magnitud, una supuesta utilización irregular de códigos de catálogo y una operativa que habría afectado a cientos de procedimientos pudieron mantenerse durante años sin que ningún mecanismo interno de control activara antes las alarmas. No afirmo con ello que existan más responsables ni mucho menos que deban señalarse cargos políticos sin pruebas, algo que rechazo de forma expresa. Pero sí considero que una investigación rigurosa debe llegar hasta donde sea necesario para aclarar no solo quiénes participaron presuntamente en los hechos, sino también por qué los sistemas de supervisión no lograron detectarlos antes.

Porque, al margen de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, sigue existiendo una pregunta que merece respuesta: si las irregularidades eran tan graves como sostiene la investigación, ¿por qué hubo que esperar hasta 2024 para descubrirlas?