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miércoles, 15 de julio de 2026

El nuevo centro de salud de Lo Pagán: crónica de un contrato fallido

Después de unos meses vuelvo a hablar de contratación administrativa en un sentido amplio, si bien en esta ocasión se trata de competencia autonómica para servicios permanentes prestados en el ámbito local. Se trata del contrato de obras para la construcción de un nuevo centro de salud en Lo Pagán, la pedanía más importante de San Pedro del Pinatar. Lo es no ya por extensión sino porque es un área con un nivel relevante de turismo por situarse junto a la playa y existir numerosas viviendas y pisos que se cubren en verano. Por ello, por el crecimiento de la población y por las dudosas condiciones de habitabilidad del centro antiguo se justificó que fuese necesario edificar uno nuevo. Sin embargo, la ejecución del contrato ha estado envuelta de una importante polémica que ha desembocado en la resolución del mismo, es decir, la anulación. Analizaremos a continuación paso a paso lo sucedido.

La tramitación administrativa

Mediante expediente 12028/2022 iniciado en noviembre de 2022, se aprobó en fecha 30 de diciembre el contrato de Obras de demolición de edificio, acondicionamiento del solar resultante como aparcamiento y construcción de Centro de Salud de Lo Pagan, susceptibles de cofinanciación europea por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia y con un valor estimado cercano a los 3 millones de euros (2.930.289,37 €). Esta actuación se incluyó además en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 del Plan Estratégico de Construcción y Rehabilitación Sostenible de los Centros de Atención Primaria de la Consejería de Salud, que tiene por objeto la mejora de aquéllos mediante el establecimiento de altos niveles de exigencia de calidad tanto en los edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de los existentes. Este es el enlace a la documentación obrante en el perfil del contratante.

El procedimiento de adjudicación era el abierto mediante tramitación ordinaria por concurso y varios criterios y al expediente, obviamente se unieron la memoria justificativa, los pliegos de cláusulas técnicas particulares, los de cláusulas administrativas y la composición de la mesa de contratación. Se presentaron hasta 6 licitadores. En enero de 2023 se abrió el sobre con la documentación administrativa y en febrero el de los criterios evaluables mediante juicio de valor y el de las ofertas económicas y los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas. En el mismo mes se emitió por la técnica consultora el informe técnico al respecto sobre la estructura y claridad, organización de las obras, organización de recursos, soluciones y procesos constructivos proyectados y prevención de riesgos laborales. En la valoración, la empresa SERVIMAR 2008, S.LU. obtuvo una puntuación arrolladora de 29,85 sobre un 35 máximo y con mucha diferencia respecto de sus competidores.

El día 22 de febrero de 2023 se clasifican las empresas en base a los distintos criterios de adjudicación y resulta ser SERVIMAR la empresa con mayor puntación pero a muy poca distancia de la segunda que fue PEFERSAN, SA. (84 frente a 81,75). Ésta última aportó una oferta económica y criterios evaluables mediante fórmulas que obtuvo el máximo (50 de 50). Sin embargo, obtuvieron una puntuación baja en el informe técnico en el que SERVIMAR fue muy bien valorada. Así que en marzo se aprobó un reajuste de anualidades, la mesa propuso la contratación de dicha empresa y así se autorizó y adjudicó el contrato por valor de 2.397.509,49 € en fecha del 24 de marzo para firmarse el 3 de abril. El plazo de las obras constaba de dos etapas, una de 16 meses desde la comprobación del replanteo y otra de 2 una vez finalizada la anterior.

En abril de 2023, el Consejero de Salud y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar informaron de las obras que permitirían construir el nuevo centro de salud de Lo Pagán en la antigua Casa del Mar. El edificio constaría de tres plantas (baja y dos en altura) con posibilidad de ampliación de infraestructuras más aparcamientos (incluyendo el derrumbe del centro antiguo) y zonas ajardinadas. Se dispondrían de seis consultas de medicina general (ampliándose dos), cinco de enfermería (ampliándose tres) y dos de pediatría (ampliándose una). Los trabajos empezarían ese mismo mes de abril y solventarían las deficiencias del antiguo centro aquejado de humedades, al margen del notable incremento de la población y el importante componente del turismo.

Un tortuoso proceso de ampliaciones y reclamaciones

El replanteo, que es el acto esencial por el que se da visto bueno al inicio de unas obras, tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2023. Por lo tanto, en teoría debían de finalizar el 5 noviembre de 2024. Sin embargo, no fue así. Ni el año siguiente. Ni al posterior. ¿Por qué? Vamos con ello.

En julio de 2024, en pleno verano, la contratista solicitó una ampliación de la Fase 1 debido a circunstancias que entendía ajenas a su voluntad. A saber, cálculos sobre la estructura y cimentación del edificio, celebración de un concierto (el Playa 40) y condiciones meteorológicas. La ampliación fue estimada, de manera que el plazo se incrementó en tres meses y diez días. Sin embargo, en noviembre volvieron otra vez a solicitarlo alegando "indecisiones de la dirección de las obras y demoras en contestaciones a dudas sobre la ejecución". Ni estas acusaciones ni la nueva ampliación fueron estimadas y en lugar de ello se acordó en diciembre por la Consejería imponer penalidades por demora en base a "deficiente gestión de las obras", si bien aprobó una ampliación de oficio hasta febrero de 2025. La guerra no había hecho más que comenzar. Mientras tanto, se le confundía a la prensa afirmando a finales de año que el centro abriría a partir del verano de 2025. En la primera mitad del año se había finalizado la fase de construcción de la estructura.

En enero de 2025, la empresa aportó alegaciones sobre las penalidades imputando la responsabilidad a la Dirección de obra e instando a que se emitiese informe sobre los cambios producidos en el proyecto y su incidencia en la ejecución. No fueron estimadas y en febrero aportaron la tercera solicitud de ampliación hasta junio de 2025 por idénticos motivos de la anterior, especificando unos recálculos sobre el pilotaje realizado. Esto consiste en la revisión y actualización del diseño de una cimentación profunda (pilotes) y se realiza durante la ejecución de la obra cuando los datos reales del terreno difieren del estudio geotécnico original o se modifican las cargas estructurales. No fueron estimadas ni estas ni los supuestos retrasos de la Dirección, dado que la Consejería entendía que las obras no pueden paralizarse porque se emita cualquier consulta. En marzo sí se estimó la solicitud de ampliación, pero vino unida a nuevas penalizaciones por demora por entender una vez más que las causas seguían siendo imputables al contratista y con más de un cuarto de la obra sin ejecutar. En junio se desestimaría la solicitud de redacción de un proyecto de obra modificado.

Resolución del contrato y querella criminal

Otra solicitud más de ampliación se registró en junio de 2025 para extenderla hasta agosto. Sin embargo, la paciencia de la Consejería ya se había colmado y antes de llegar aquella se instó el procedimiento de resolución del contrato. Según el artículo 193.4 de la Ley 9/2017, si las penalidades alcanzasen un múltiplo del 5% del contrato IVA excluido, el órgano de contratación se reservaba la facultad para resolverlo, liquidarlo y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Así que, obviamente, esa última solicitud fue desestimada. En septiembre y octubre se realizaron varios informes y se verificó que no se había avanzado prácticamente desde julio y, aún así, incomprensiblemente el procedimiento de resolución caducó teniéndose que abrir otro en octubre. Entre lo que la contratista alegó destacaba su consideración de que “se han introducido, por solicitud de la Administración, determinadas partidas o unidades de obra para las cuales es necesaria la aprobación del proyecto modificado ya que, o exceden el 10% de las mediciones inicialmente previstas, o suponen la incorporación de unidades nuevas en un porcentaje superior al 3%". 

Sin embargo, fueron desestimadas y todos los informes a favor de la resolución (Servicio económico, Servicio Jurídico, Dirección de los Servicios Jurídicos...) y, al oponerse el contratista a la propuesta de resolución, se remitió aquella al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Mientras tanto, la contratista escaló otro nivel y registró una querella por prevaricación contra varios altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud como el secretario general, una arquitecta, los directores de obra y los responsables de contratación y de los servicios jurídicos, acusándoles de una "asfixia financiera deliberada". Estas declaraciones las emitieron en el contexto de que las penalizaciones por demora les habían hecho emitir facturas de cero euros mientras se les incautaba la garantía. Aseguraban que el edificio estaba terminado al 95% a falta de rodapiés y otros detalles (incluyendo la fase 2 de demolición del edificio antiguo para aparcamientos), pero que no finalizarían hasta que la CARM no les pagase. Obviamente, si no lo hacía es porque estaba suspendido el contrato por el expediente de resolución del mismo, pero aun así exigen vía judicial más de 700.000 euros a la Consejería de Salud entre multas y daños y perjuicios.

Este mes de julio de 2026 fue emitido el dictamen 166/2026 del CJRM siendo favorable a la resolución del contrato, por lo que la Consejería de Salud tiene el visto bueno. Entre las claves para el mismo, destacan las dos siguientes: Primero, la carga de la prueba relativa a la deficiente concreción del proyecto de obra y sus soluciones correspondía a la contratista y no se aportó ningún informe pericial que sacara a relucir sus acusaciones. Segundo, la propuesta de modificación del contrato formulada por la contratista no aparece debidamente justificada, ni encaja en ninguno de los supuestos que a tal efecto se establecen en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, es decir, tanto los relativos a las modificaciones previstas en los pliegos como no previstas, lo que impedía a la Administración ejercer su potestad de modificación de los términos del contrato y menos a ser obligada. Por lo demás, el CJRM se limitó a señalar la Ley y la prerrogativa del 193.4 una vez superadas las penalidades el porcentaje y dados los retrasos imputables casi todos ellos a la empresa contratista.

Resultados

La prensa ha señalado que la demora acumulada ha ocasionado que la Consejería de Salud tuviese que renunciar a la cofinanciación de fondos europeos. Sin embargo, esta última matiza que no es que la subvención se haya perdido, sino que se destinará a construir otras infraestructuras. Este detalle es importante, puesto que se está difundiendo que son inaplicables y tendrán que devolverse sin más. Esperemos que la versión de la Consejería sea correcta.

La contratista, por su parte, entiende que no existe ningún informe que refleje irregularidades o problemas en su trabajo ejecutado y atribuye las demoras primero a la Dirección de las obras y segundo a los impagos. Sin embargo, sus reclamaciones tienen muy pocos visos de prosperar.

Todo esto ha provocado que los más perjudicados sean los propios vecinos de Lo Pagán, que a los problemas de inseguridad de los que hablamos en este mismo blog se une el hecho de seguir asistiendo a un centro obsoleto, con grietas y humedades y bajas condiciones de habitabilidad que además se ha quedad pequeño para las necesidades y exigencias de buena parte de pinatarenses y turistas.

Consideraciones

Esta controversia entre la Administración y la contratista se resolverá necesariamente en instancias judiciales. Sin embargo, a tenor de las circunstancias y hechos acaecidos durante la ejecución del contrato y, muy especialmente, visto el informe dictamen del CJRM que es público y que aporta toda la información del caso, todo apunta a que se ha asistido a un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la empresa. Por consiguiente, en respuesta a esa actuación y actitud contraria a lo que pueda esperarse de su profesionalidad, el uso de las prerrogativas de la Administración serían legítimas con arreglo a las potestades que el Derecho Administrativo le reconoce en atención a los intereses públicos protegidos. Tanto la imposición de penalidades por demora en la ejecución imputable a la contratista como la decisión unilateral de resolver el contrato tienen cobertura legal y están amparadas por unos hechos en los que la empresa, incomprensiblemente, retrasa la ejecución y cumplimiento de los plazos enfrentándose continuamente a la Dirección de obras. 

Se da la circunstancia, no obstante, que en octubre de 2025 y cuando se abrió el segundo expediente sancionador, se constató que el estado de la ejecución era el mismo que en julio, es decir, que sólo se había terminado la obra en un 70%. Sin embargo, a fecha de marzo de 2026 cuando registraron la querella se aseguraba que la ejecución se había detenido en torno a un 95% por presunto impago de la Consejería. Se desconoce si esa decisión disfrazaría una táctica de presión negociadora indirecta para que aquélla desistiera de la resolución del contrato. Así que la pregunta a este respecto sería si la CARM se podría haber esperado o no para que el nuevo Centro de Salud fuese ya una realidad a expensas de la segunda fase de demolición del antiguo. Personalmente, mi respuesta es que la Administración no podía ceder ante lo que, si no era expresamente, en buena parte se parecía a un chantaje. Y el motivo es que el daño ya había sido producido.

Teniendo en cuenta que la empresa había sido la mejor puntuada con diferencia en todos los criterios subjetivos, se hubiese esperado de ella que su actuación fuese más proactiva y menos supeditada a continuos parones, más aún tratándose de una entidad con experiencia por ser fundada en el año 2008 (casi 20 años). Por lo tanto, siendo imputable a su responsabilidad el incumplimiento de plazos también lo es el que los ciudadanos de Lo Pagán no hayan podido acceder tras dos años a un Centro de salud en condiciones. Consecuentemente, no sólo tendrían que indemnizar a la Consejería por daños y perjuicios, sino incluso ser abierto un expediente sancionador aparte para prohibir que sea contratada por la CARM entre uno y 3 años con arreglo a la LCSP.

Dada la necesidad de solventar el problema generado por la parálisis y por razones de necesidad e interés público, a lo que debería proceder la Consejería es a convocar un nuevo contrato y por el procedimiento de urgencia del artículo 119 de la LCSP. Reduciéndose plazos de licitación y adjudicación e incluso bajo la modalidad de procedimiento negociado, una nueva empresa se comprometería a terminar pronto el edificio si es verdad que sólo le falta un 5%. La fase 2 de demolición del antiguo edificio y construcción de más aparcamientos puede esperar más tiempo, aunque sólo se necesitarían dos meses para la materialización de esos trabajos.

Al margen de este análisis que aquí concluyo, no puedo evitar despedirme en la fecha de hoy tras la victoria ayer contra Francia que nos pone en la gran final del Mundial 2026 con un...

¡¡VAMOS ESPAÑA!!

viernes, 12 de junio de 2026

¿Corrupción en el SMS? La trama de las prótesis

En este año ha saltado a la esfera pública la investigación de un presunto fraude sistemático dentro del Servicio Murciano de Salud (en adelante SMS) relacionado con la compra de prótesis y stents vasculares, material fungible sanitario y operaciones derivadas a hospital concertado. Se apunta a la participación de funcionarios, personal sanitario y empresas proveedoras, entre ellas la valenciana Logimed. Los delitos investigados incluyen malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, alcanzándose un fraude estimado en torno a los 7 millones de euros.

Antecedentes. Los contratos mayores de prótesis (2016-2023)

Las prótesis que centran la investigación son unos tapones de embolización que se usan para reducir el flujo sanguíneo en arterias pequeñas. De esa manera, se tratan problemas agudos y crónicos como aneurismas, hemorragias o tumores vasculares en contexto de cirugías complejas. Por tanto, su importancia es capital a efectos de evitar la rotura de vasos sanguíneos.

En 2016, el SMS ya gestionaba contratos centralizados de prótesis vasculares mediante acuerdo marco y compras especializadas. Por tanto, la central ya concentraba una importante capacidad de decisión y especialmente en productos de alto coste, pero por aquél entonces no se detectaron indicios de irregularidad. El valor estimado del expediente contractual fue mucho menor que el posterior, de 457.760 € y de ocho lotes formalizándose los contratos en febrero de 2018. Dos de esos lotes fueron adjudicados a una de las empresas bajo la lupa actualmente, Logimed, por 24 meses ampliables a otro dos más.

Fue en febrero de 2022 cuando se volvió a convocar mediante procedimiento abierto el nuevo contrato de prótesis óseas con destino a los hospitales regionales por 3,2 millones de euros y dividido en once lotes. Cada contrato de lote era prorrogable a otro dos años más y se incluían injertos óseos, biomateriales y productos quirúrgicos especializados. Mediante Resolución de la presidenta de la Junta de Contratación del SMS, se adjudicaron los lotes el 21 de diciembre de dicho año, formalizándose los contratos en 30 de enero de 2023. En este enlace del perfil del contratante se localiza la documentación del expediente del contrato mayor de Suministro de prótesis valvulares con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS.

En los últimos años, el SMS ha impulsado numerosas licitaciones millonarias en materia de logística, material de laboratorio, medicamentos, material oncológico, cirugía robótica... incrementándose sustancialmente el volumen económico gestionado vía contratos mayores de suministros. Consecuentemente, se ha concentrado un relevante poder administrativo en la central de compras. Hay que señalar dos cosas, primero la gran fragmentación en lotes dada la existencia de categorías técnicas complejas y suministros altamente especializados. Es algo completamente normal en Sanidad, dada la necesidad, por ejemplo, de adaptar productos a especialidades médicas concretas. Pero los lotes pueden diseñarse bien de forma abierta o muy específica. En el peor de los casos, los contratos por lotes técnicos especializados permiten potencialmente diseñar requisitos muy concretos, limitando la competencia real y favoreciendo productos específicos ya sea por compatibilidad con instrumental, composiciones químicas, métodos de implantación, etc.... Esto nos conduce a la segunda nota, que es la aparente dependencia de proveedores concretos, dado que existen pocos licitadores o en ocasiones sólo uno, redundando en una baja competencia efectiva en algo tan sensible como la tecnología sanitaria. Esta es una circunstancia que no tiene por qué ser achacable a los pliegos, pero da una idea de la situación del mercado.

De la investigación interna a la UDEF (2024-2025)

En noviembre de 2024, se dió a conocer que el SMS abrió una investigación interna a consecuencia de una auditoría encargada en verano de aquél año a los propios servicios de inspección de la Consejería de Salud y que detectó significativas irregularidades. Con motivo de la adquisición de suministros de prótesis valvulares, se habría disparado el coste en más de 700 mil euros en sólo el año 2023, es decir, de 400.000 euros a un millón cien mil que constituye el triple. Un entramado protagonizado por un facultativo (médico cirujano en el hospital público de La Arrixaca), un funcionario A-1 de la Unidad de Aprovisionamiento (contratación) y el representante de una empresa, estarían detrás del presunto fraude. El segundo, junto con un jefe de sección y un radiólogo estarían desde entonces suspendidos de empleo y sueldo mediante expediente disciplinario como medida cautelar. El cirujano, por su parte, se acogió a una excedencia. En cuanto a la empresa, se inició un procedimiento administrativo para exigirles el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Desde entonces, la Consejería colaboró con la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Murcia del mismo modo que aportó documentación a la Fiscalía y varios centros de titularidad privada y concertados con el SMS estarían también bajo sospecha.

En enero de 2025, el caso llegó a la UDEF y, examinando los sistemas contables, detectaron una actividad administrativa presuntamente fraudulenta. Personal funcionario con responsabilidad en la central de compras y facturación del SMS habría sido cómplice de introducir datos falsos aprovechando los puntos débiles del sistema informático y bajo las instrucciones del entramado al que ellos mismos pertenecerían. El objetivo habría sido blanquear productos sanitarios no autorizados - al no existir en el catálogo - usando códigos que pertenecían los que sí estaban aprobados. Aprovechaban entonces para establecer unos elevados precios de compra desplazando los homologados que tenían un coste muy inferior, afectando no sólo a las mencionadas prótesis sino a material sanitario fungible. Además, la ausencia de licitaciones públicas habría favorecido todo tipo de negociaciones secretas entre la empresa y los empleados públicos, constituyendo por tanto el caldo de cultivo para todo tipo de actos absolutamente contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la ética que debe de presidir la actuación del funcionario.

Concretamente, desde la UDEF se advirtió que, en las operaciones médicas que fueron derivadas desde el SMS a centros privados concertados, se habrían abonado sobrecostes de hasta un 1.287%. Lo peor es que se habrían facturado por servicios que realmente debían de ser gratuitos, por material sanitario no utilizado e incluso productos sanitarios caducados. De esa manera no sólo se estaría hablando de falsedad documental, de malversación de fondos públicos y la existencia de una organización criminal, sino de un delito contra la salud pública de los murcianos. 

Fase de instrucción judicial e investigación de la trama (2026)

El 27 de febrero de 2026 es cuando se hace público en la prensa regional, aludiéndose a un desfalco en sobrecostes cercano a 5 millones de euros. Pero no es hasta mayo cuando sucede la detención, autorizada por el Tribunal nº 7 de Instrucción de Murcia, de 11 personas incluyendo funcionarios, médicos y comerciales y elevando el fraude a 6,8 millones. Además, también se menciona expresamente a la mercantil Logimed, radicada en Valencia como la empresa suministradora que estaría detrás del fraude, a Sergio D. como el comercial que operó en su nombre y a un médico cirujano del hospital público de La Arrixaca que habría participado en el entramado. El facultativo, de nombre Rubén T. ha sido puesto en libertad condicional, se le ha retirado su pasaporte y, al igual que a los restantes investigados, se le han bloqueado sus cuentas, propiedades y vehículos.

El fraude podría haberse gestado desde la misma tramitación del contrato. La UDEF sospecha en su atestado que se podrían haber manipulado los pliegos del concurso. Se acusaría de arbitrariedad al referirse a unos e-mails de 2022 que un funcionario de contratación, Vicente F. le enviaría a Sergio, el comercial de manera que le facilitaría adjunto el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de orta para su revisión. En las respuestas, va realizando modificaciones e incluso alterando lotes para después remitirse al Jefe de Sección. Por otra parte, también entiende que existió un procedimiento de "homologación" acelerado para que se adjudicasen códigos SAP de facturación a los productos, puesto que para ello deben de materializarse unos trámites y autorizaciones que jamás se abordaron ni solicitaron.

También se sospecha que los investigados habrían desviado dinero de sus cuentas, para lo cual se valora solicitar informe a la Agencia Tributaria e incluso abrir una pieza separada. Sin embargo, aparte del destino, tampoco estaría mal investigar cuál sería el origen. Por ejemplo, el cirujano ingresó entre 2019 y 2025 de más de 500.000 euros para al final del año disponer de poco más de 5.000. Además, en dos años compró hasta 3 vehículos. El jefe de sección de la Arrixaca abonó al banco con carta de pago 300.000 mil euros. El jefe de servicio de la UAI adquirió un inmueble abonando 150.000 euros "a tocateja" y el resto financiado. El jefe de sección y su esposa multiplicaron por 7 sus saldos bancarios. Finalmente, el comercial y su esposa, aparte de su propia empresa, vieron reducidas en más de un 70% sus cuentas en el último año sin que se halle explicación alguna. O sí, que podría estar detrás de todos estos casos lo que cualquiera que no se haga el loco... Pensaría.

Investigación interna y policial de las prótesis caducadas

Se descubrió que Logimed operaba con un intermediario denominado Dycom Risk, S.L. y que el hospital concertado al que la Arrixaca habría derivado los pacientes durante estos cinco años post-Covid se habría embolsado más de 8 millones de euros de las arcas del SMS y en concepto de procedimientos quirúrgicos de las listas de espera, de acuerdo con la información obrante en el Portal de Transparencia que el propio SMS comunicó en cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha no existen indicios de ilegalidades en dicho centro. Que por cierto, se ha difundido el rumor de qué hospital concreto es, pero como ningún medio lo menciona expresamente, no lo indicaré.

Sin embargo, existe cierto choque de versiones que ha motivado activar una investigación paralela. Por un lado, la Policía sostiene, como se ha mencionado, que pudieron utilizarse productos caducados y material no homologado. Así lo considera tras detectar en atención a correos electrónicos que los implicados reconocerían ser conscientes de la facturación de productos caducados. A final de mayo, habiendo analizado un 8% de las intervenciones realizadas por el cirujano, aseguraron haber constatado la implantación de un stent caducado de un mes respecto de la fecha de la operación. Esto contradice la versión de la Consejería de Salud que aseguró que no constaba evidencia de implantes caducados en pacientes y que el fraude habría sido exclusivamente económico. Para curarse en salud (y nunca mejor dicho), ya anunció en febrero la revisión urgente individualizada de 378 pacientes intervenidos para terminarla antes de septiembre. Todos ellos fueron atendidos por Rubén T. entre mayo de 2018 y noviembre de 2025 previa derivación de La Arrixaca a un hospital concertado. En una primera muestra de cinco casos catalogados como sospechosos al haber sufrido infecciones posteriores se descartó que se hubiesen utilizado prótesis caducadas. 

En declaraciones a RTVE, una persona dio su testimonio de que su padre fallecido en 2022 habría sufrido una infección derivada de una presunta prótesis caducada. En información al medio Eldiario.es, esa misma persona matizó sus palabras en el sentido de que su padre no fue operado por el detenido, sino por su equipo y además en La Arrixaca y no en un centro concertado. Por ello y no habiéndose demostrado la caducidad de aquélla prótesis prefiero ser prudente. Pero con este caso tampoco habría que dejar de estar alerta.

Reacciones ante el escándalo: CARM, oposición, entidades sociales, acusado y defensa

La CARM se ha personado como parte perjudicada y por lo tanto podría solicitar diligencias de investigación y participar en el juicio a efectos de reclamar indemnizaciones. Al mismo tiempo, sigue trabajando para recuperar el dinero presuntamente defraudado y el ex Consejero de Sanidad Juan José Pedreño aseguró que los procedimientos de reintegro antes citados les habían reportado hasta la fecha la devolución de 300.000 euros de dinero público por la actividad fraudulenta reportada entre 2018 y 2024. Y digo ex Consejero porque antes de que acabase el mes lo destituyó López Miras en una remodelación a un año vista de las elecciones de 2027, siendo reemplazado por Isabel Ayala que hasta entonces era la gerente del propio SMS.

La oposición del PSOE y Podemos han aprovechado para desenfocar la naturaleza administrativa del caso y proyectarla al nivel político. En el caso de los socialistas han anunciado que se personarán como acusación particular en el juicio y, al mismo tiempo, solicitarán la comparecencia de la Consejera en una comisión de investigación en curso sobre presuntas derivaciones irregulares a la Sanidad concertada. También acusan a López Miras de no haber dado explicaciones. Vayamos por partes. Primero, no existe a día de hoy ningún indicio ni tan siquiera insinuado por la UDEF de que cargos por encima del Jefe de Servicio estén implicados o hayan tenido conocimiento del caso hasta la auditoría mencionada. Segundo, las acusaciones de que la política de concierto sanitario tenga que ver con la derivación quirúrgica de operaciones con prótesis son igualmente infundadas. El foco de lo investigado está en los sobrecostes de suministros, mientras que la propia CARM rastrea si pudo haber algún perjuicio para pacientes. Pero el problema de fondo no es que existan conciertos sanitarios con hospitales, sino que un agujero de gusano en la contratación pública por culpa de la corrupción administrativa.

En el ámbito de entidades sociales, la Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado también como acusación popular después de que, según han informado, 300 personas a las que se les intervino con prótesis se hayan dirigido a ellos. Desde su posición, exigen también la intervención del Consejo Asesor de Salud.

El medio El Español entrevistó a Sergio, el ex comercial cuyo contrato se rescindió a raíz del estallido del caso. Negó ser el cabecilla de la operación señalada por la UDEF alegando su incompetencia para decidir lo que se contrata en la Administración. Se definió como "cabeza de turco" y se justificó en que, por razones de urgencia y dada la lentitud burocrática, se utilizaron códigos de productos "similares" ya homologados para adquirir los suministros. Por tanto, la versión de Sergio es que se recurrió a una irregularidad administrativa cometida por funcionarios por necesidad asistencial y adaptación práctica. En cuanto a los sobreprecios, sus respuestas sugirieron nuevas contradicciones. Se basó en que no existía contrato marco y que tenía que someterse al "libre mercado", así como que los plazos de pago del SMS eran a dos años vista y que afectaría al precio final. Una explicación que resulta muy difícil de conciliar con los sobreprecios detectados por la investigación, que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287%. Y sobre las prótesis caducadas, descargó cualquier responsabilidad señalando que existen múltiples controles para ello (almacén, servicios hospitalarios, quirófano, trazabilidad posterior...). Sin embargo, esta explicación choca con algunos de los correos electrónicos incorporados a la investigación, en los que se hace referencia expresa a material próximo a caducar o ya caducado, circunstancia que la UDEF interpreta como un indicio relevante de la trama. Por último, respecto de la evolución súbita de su patrimonio se limitó a asegurar que las compras inmobiliarias eran "inversiones normales" y que todo lo que había ganado de autónomo estaba declarado.

En cuanto al abogado del acusado de la empresa, Alí Martínez, ante los 112 folios de la UDEF, negó rotundamente las irregularidades y comunicó que solicitará una auditoría para demostrar que no ha existido desfalco. Justificó las variaciones del catálogo porque los médicos solicitaban "productos novedosos" que no estaban incorporados a la base de datos de la Región de Murcia y que fueron facturados correctamente. También rechazó que fuese cierto que se implantasen prótesis caducadas en la misma línea que su defendido. Finalizó sus declaraciones aludiendo a una supuesta "mano negra" con interés y afirmando que solicitará el archivo de la causa.

Consideraciones

Como funcionario y empleado público que soy, no puedo sentir más vergüenza ni indignación de pensar que otros iguales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la que pertenezco, pudieran haber participado en semejante fraude y delitos. Respeto las posiciones del abogado de la parte acusada, que evidentemente parten de su rol de defender a su clientes. Sin embargo, con la información que disponemos, me inclino a darle más credibilidad a un informe tan extenso de la Policía Nacional a través de la UDEF. Aún no puede demostrarse que hayan percibido comisiones, pero si se confirmasen judicialmente los indicios recogidos por la investigación, estaríamos hablando de una malversación de fondos públicos de ingente valor. No es justificable que se esconda el valor antieconómico de unos suministros en el carácter "novedoso" de esos productos y el único interés privado que habría menoscabado el interés público protegido por las Leyes sería precisamente el de la empresa y el de los funcionarios implicados. Por lo tanto, en base a la información recogida y en lo que se espera del funcionariado, no puedo sino manifestar mi completa desaprobación ante estos presuntos comportamientos.

También debo señalar que me resulta especialmente llamativo que nadie detectara antes anomalías en la tramitación de estas compras, particularmente en lo relativo al coste de los suministros. Según la información conocida hasta ahora, fue una auditoría interna realizada en 2024 la que permitió aflorar las irregularidades que posteriormente dieron lugar a la intervención de la Fiscalía y de la UDEF. Sin embargo, la propia investigación sitúa el origen de la presunta trama varios años atrás, al menos desde 2018 y, en cualquier caso, durante un largo periodo que incluye la pandemia.

Precisamente por ello, una de las cuestiones que más me inquietan no es solo qué ocurrió, sino por qué tardó tanto tiempo en detectarse. Resulta difícil comprender cómo unos sobrecostes de semejante magnitud, una supuesta utilización irregular de códigos de catálogo y una operativa que habría afectado a cientos de procedimientos pudieron mantenerse durante años sin que ningún mecanismo interno de control activara antes las alarmas. No afirmo con ello que existan más responsables ni mucho menos que deban señalarse cargos políticos sin pruebas, algo que rechazo de forma expresa. Pero sí considero que una investigación rigurosa debe llegar hasta donde sea necesario para aclarar no solo quiénes participaron presuntamente en los hechos, sino también por qué los sistemas de supervisión no lograron detectarlos antes.

Porque, al margen de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, sigue existiendo una pregunta que merece respuesta: si las irregularidades eran tan graves como sostiene la investigación, ¿por qué hubo que esperar hasta 2024 para descubrirlas?

jueves, 9 de abril de 2026

Eutanasia, suicidio y salud mental: un análisis necesario más allá del ruido

Cuando hablamos de eutanasia, a muchos nos viene a la mente el caso de Ramón Sampedro, un marinero que acabó tetrapléjico y pasó 30 años de su vida postrado en una cama. Los tribunales, como no existía ninguna Ley al respecto, le negaron el acceso a una muerte digna. Finalmente, la consiguió con ayuda de muchas personas para evitar posibles imputaciones de delito. Pudo beber un vaso con cianuro no sin antes grabar un vídeo de despedida para que quedase claro que era su voluntad. Esta historia motivó una película en el año 2004 (Mar adentro) y de alguna manera creó una conciencia en la gente de que el derecho a una muerte digna, en determinadas condiciones, debía de ser posible. Lo que ha generado cierta controversia es que 28 años después asistiéramos (hace algunas semanas) al caso de Noelia Castillo. Fue una joven de 25 años cuyo caso reabrió el debate sobre hasta qué punto han fallado los entornos familiares, institucionales y sanitarios. Pero no quería hablar hasta pasados unos días sobre este tema y sin personalizar en esta joven, dado que me parecía más apropiado examinar el estado de la cuestión en materia de suicidio, eutanasia y salud mental. Más allá de que nos sobrecoja lo sucedido, que algunos no entiendan que no se puede poner el foco sobre la víctima y que prefieran ver en sus cabezas que lo ponen los que sólo apuntan al fracaso del sistema, conviene analizar estos puntos con calma y objetividad.

La regulación de la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021, de 25 de junio, fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Esta norma regula y despenaliza la eutanasia en España permitiendo a mayores de edad con "enfermedad grave e incurable, padecimiento crónico e imposibilitante" el solicitar ayuda a las Administraciones  para morir dignamente y bajo un proceso con consentimiento informado. Su solicitud voluntaria ha de ser emitida por escrito y repetida dos veces con al menos 15 días naturales entre una y otra y se registra sin coste para el solicitante en el Sistema Nacional de Salud. Dos médicos deberán de evaluar el caso y finalmente una comisión de garantía valida el proceso. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a negarse a realizar esta prestación, creando un registro de objetores. En resumen, cumpliendo lo establecido en esta Ley, la muerte del paciente a manos conscientes del personal sanitario no es delito sino considerada legalmente como prestación sanitaria. En dicho contexto, debiera de respetarse la voluntad de la persona. Sin embargo, como ya dije arriba, es lógico que nos echemos las manos a la cabeza cuando pasan sucesos como los de Noelia (que en realidad son residuales) y nos preguntemos si el Estado podría haber hecho algo para evitar que decidiese eso.

Examinando las estadísticas de eutanasia, vemos que desde 2021 que entró en vigor la han recibido más de 1.300 personas, es decir, según datos difundidos por una asociación que defiende este nuevo derecho que implica el suicidio asistido. De esas, 426 se materializaron en 2024. Sin embargo, hasta 308 personas fallecieron durante el proceso a pesar de que se ignora en qué casos las muertes eran ya inminentes e inevitables. 141 fueron denegadas y en 54 se revocó la solicitud por seguramente arrepentimiento de la persona. Un 76% de los solicitantes fueron mayores de 60 años y un 25% mayores de 80 y la media de tiempo de resolución está en torno a los 50 días.

El caso de Noelia y lo que le ha rodeado ha provocado declaraciones como las de la ministra de Sanidad Mónica García que aboga por acortar los plazos, reforma que podríamos considerar lógica teniendo en cuenta las cifras de las estadísticas con gente que fallece antes de terminar el proceso. Pero al mismo tiempo defiende bloquear los recursos judiciales de familias y asociaciones. Esto último sobre todo ha sido lo que ha catalogado como "fuga legal". ¿En qué momento ha llegado a catalogarse así a un régimen garantista? Si reducimos los plazos, no tiene sentido que al tiempo se supriman recursos, así que en ese punto habrá que esperar a conocer por dónde quiere tirar de forma más concreta.

Las estadísticas del suicidio

Comprobando las estadísticas de 2024, vamos que de cerca de 3.700 los hombres representan el TRIPLE de cifras que las mujeres (2.700 frente a 900) y buena parte de las personas que voluntariamente ponen fin a su vida por sí mismos se concentran en la mediana edad. Más de 1.000 personas entre los 45 y 59 años. Por el contrario, son muy pocos casos los menores de edad, pero con mucha probabilidad representan otra desgracia de la sociedad como el bullying. En cuanto a los jóvenes de edad algo mayor (entre 15 y 29 años) la brecha de género de la que nadie habla es todavía mayor, pues la cifra de suicidios cometidos por los hombres cuadruplica a la de las mujeres (235 frente a 74). Si consultamos el mapa interactivo se pueden comprobar estas cifras de forma más resumida, de manera que un 75% de las personas son mayores de 40 años y el 50% entre 40 y 64 años. Curiosamente, donde más personas hay que, en proporción, cometen esta trágica decisión se concentran en el oeste de España mientras que hay menos en el Este. Donde más hay es en Cantabria y donde menos en Madrid y Navarra. Desde 2018 a 2022 hubo un fuerte repunte alcanzando la peor cifra de hombres de los últimos 25 años. Habría que analizar y estudiar por qué estas cifras y qué factores pueden influir en la salud mental de las personas y especialmente en los hombres. Pues bien, frente a este componente de género y de edad, algunas interpretaciones sesgadas pretenden minusvalorar el problema aludiendo a una supuesta "masculinidad tóxica" silenciando la incidencia multifactorial. Así, influirían variables múltiples de aislamiento, ruina económica, problemas con alcohol o drogas (comunes en mujeres), desahucios, divorcios, hijos apartados y, por qué no decirlo, víctimas de presuntas denuncias falsas en el ámbito viogen. Sólo un estudio valiente y bien construido metodológicamente nos permitiría conocerlo.

Sean cuales sean las razones y la lectura que hagamos, estaremos todos de acuerdo con que no son casos de muerte digna. No es digno para nadie terminar tirándose de un puente, ponerse una soga o hincharse a pastillas. Ahora bien, entiendo que es imposible y no podríamos establecer ninguna relación fiable entre aquéllos que pusieron fin a su vida por sí mismos que, de haber podido, hubiesen recurrido a la eutanasia. De hecho, estos números estadísticos y el contraste con los anteriores sobre la eutanasia me hace pensar que el suicidio podría tener un componente más repentino. Me refiero a que a pesar de que de alguna manera el sufrimiento de la persona experimente una escalada, el de la eutanasia parece un proceso más reflexionado. Otra diferencia es que en la eutanasia no se percibe componente de género sino más bien de edad, dado que quienes más la solicitan son los mayores de 80 años y la media de edad está en 69. Así que el caso de Noelia es una total excepción a la regla.

La Salud Mental y la prevención del suicidio

El actual Plan nacional de Salud Mental es, como el anterior, de carácter trianual y engloba los años 2025-2027. Sin embargo, ya no aborda la prevención del suicidio ni incluye acciones al respecto, entendiendo que la relevancia e importancia de este tema motivaban la aprobación de uno separado. Así, el 14 de febrero de 2025 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Los objetivos son desarrollar actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en personas mayores, así como actividades formativas específicas para los mismos. En segundo lugar, se impulsan actuaciones, acciones y actividades preventivas de problemas de salud mental y de promoción de la salud, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que fomenten la participación. Estas acciones están dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años al considerarse un grupo en situación de especial vulnerabilidad a problemas de salud mental y el suicidio. En tercer lugar, se promueven actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios, sociales y personas cuidadoras para mejorar la detección de problemas de salud mental en este colectivo. Por último, existen también algunos programas y actividades destinadas a jóvenes adolescentes, personas LGTBi, personas con discapacidad y otras con riesgo de discriminación. Se destina una cantidad económica de 18 millones de euros.

Comparando con otros países de Europa, Reino Unido destaca en medición y rendición de cuentas a pesar de que no haya logrado reducir las tasas y los países nórdicos como Finlandia impulsan su Estado del bienestar con más recursos humanos, fuerte inversión en salud mental y políticas de vivienda y empleo, mientras que España estaría más cerca de las naciones del sur con una naturaleza más estratégica que práctica, baja financiación y especialización en los sistemas sanitarios.

Entre las fortalezas del plan español, destaca que trata con factores sociales, sanitarios y educativos e integra a los tres sistemas públicos responsables, refuerza la atención inmediata a través del teléfono 024, se participa en campañas públicas y mediáticas de sensibilización, se proporciona formación a los profesionales como docentes, sanitarios y trabajadores sociales y se provee apoyo psicológico a las familias cuando el drama se ha consumado.

Sin embargo, las debilidades nos hacen reflexionar y mucho. Para empezar, el presupuesto se asemeja muy limitado para un problema de esta magnitud. Para ponerlo en contexto, esos 18 millones son repartidos entre todas las CCAA y múltiples líneas de acciones con el riesgo real de que muchas de esas medidas queden sin impacto operativo. En segundo lugar, como plan que es tan sólo define qué hacer, que objetivos y bajo qué indicadores genéricos en sentido agregado. Pero no entra en la ejecución ni en aspectos como plazos concretos e indicadores más claros, cuantificables y específicos de cumplimiento. Por el contrario, la evaluación prevista termina siendo más política que técnica. En tercer lugar, deriva responsabilidad a las CCAA. Y ya sabemos cómo funciona en estas cosas el Estado de las autonomías, con una desigual aplicación entre regiones y mayor dificultad para evaluar resultados. En cuarto lugar, no aborda de forma contundente problemas como la falta de psicólogos en la Sanidad pública, la saturación en atención primaria y las listas de espera en salud mental. A pesar de que se mejoren los protocolos, si no se incrementan los recursos humanos es más difícil de aplicar. En quinto lugar, en materia de prevención social y aunque valora factores de pobreza, precariedad y soledad, se queda más en términos de coordinación y sensibilización que en políticas concretas. Y finalmente y el que creo que es el más grave de todos, es que parte de un énfasis prioritario en las personas mayores cuando las cifras de estadísticas apuntan una incidencia muy significativa en los hombres de mediana edad y tanto en términos absolutos como proporcionales. Esto sugiere un desequilibrio en la priorización de colectivos, al no existir previsión específica relativa a los mencionados hombres.

Conclusiones

En definitiva, este plan peca de escasa financiación, ejecución difusa, dependencia territorial y mal enfocado por su discutible lectura de las estadísticas, pues el colectivo en el que más se centra es en realidad el que es mayoritario en las solicitudes de eutanasia. Al mismo tiempo, oculta totalmente la singularidad de los hombres de mediana edad y por lo tanto lo silencia como grupo mayoritario. A pesar de que dicho plan pueda parecer moderno y se alinee con estándares internacionales, es más un brindis al sol y un documento con mayor impacto político y reputacional que transformador. En la práctica se encuentra con numerosas barreras y muchas culpa de su  propia definición. Principalmente porque su planificación es insuficiente, de manera que luego las carencias en su ejecución puedan ser achacadas a las propias autonomías relegando al Estado y al Gobierno de turno a la promoción de la imagen y no a la responsabilidad pública de logros efectivos. Así que mi pregunta final con dardo es la siguiente: ¿van a esforzarse el Gobierno y las CCAA en reforzar el diagnóstico y prevención de las condiciones que conducen al suicidio o por el contrario les interesa más flexibilizar la burocracia para proveer la muerte digna?

*Recuerda que si necesitas ayuda en España, puedes llamar al 024 (Línea 024 de atención a la conducta suicida).

viernes, 27 de febrero de 2026

El dilema entre Sanidad pública y privada forzado por el Gobierno

Desde febrero y hasta junio se ha planeado convocar y ejercer, desde el personal sanitario de muchas regiones, una huelga de cinco días a la semana con motivo del polémico proyecto de Ley de nuevo Estatuto Marco del personal sanitario cuyo borrador puede consultarse aquí. Se trata de la Ley básica estatal que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, es decir, personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios. La propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad, bajo la ministra Mónica García, pretende sustituir un marco vigente desde 2003 y que por lo tanto habría quedado obsoleto. En esta ocasión, como en la huelga se apunta al Gobierno, se están produciendo las graciosas reacciones de los típicos adláteres mediáticos que enfocan a los participantes en la huelga para disculpar a la ministra. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maestre a nivel nacional y a Miguel Hernández en la Región de Murcia, que despacha su artículo de "opinión" con un párrafo final absolutamente delirante. Y es que la propia ministra deslegitima la huelga expresando bulos y acusando de desatender pacientes oncológicos y en diálisis, algo absolutamente impresentable pero que retrata lo que es. Por si fuera poco, este mes se aprobó también el anteproyecto de Ley de Gestión pública e integridad del sistema de salud para derogar la Ley 15/1997 que se aprobó en la primera legislatura de Aznar y priorizar la gestión directa de hospitales públicos y restringir y limitar las concesiones. Antes de comentar los principales puntos de crítica, vamos a situar un poco en contexto la situación de la Sanidad pública en España y qué papel juega la Sanidad privada.

Marco constitucional básico

El artículo 43 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización y tutela a través tanto de medidas preventivas como de prestaciones y servicios. A tal respecto, se remite a la Ley para establecer derechos y deberes concretos. En la disposición 16ª del artículo 149.1 se establece como competencia exclusiva del estado la legislación sobre bases y coordinación general de la sanidad y de los productos farmacéuticos. 

El Estado no gestiona directamente ni hospitales ni centros de salud, pero sí fija el marco común. Sus funciones principales son importantes y amplias: legislación básica y coordinación (estableciendo bases legislativas del Sistema Nacional de Salud, garantizando un mínimo de derechos sanitarios en toda España y coordinando a las CCAA a través del Consejo Interterritorial del SNS), definir una cartera común básica de servicios en atención primera, especializada, urgencias y salud pública (que las CCAA pueden ampliar, no reducir), ejercer la política farmacéutica (autorizando medicamentos, financiación pública o fijando precios de referencia), garantizar la salud pública (normativa básica en vacunación, alertas sanitarias, coordinación ante pandemias o crisis sanitarias), regular formación y profesiones (títulos universitarios, homologación de títulos extranjeros, formación como el MIR y bases de estatutos profesionales) y la Sanidad exterior (control fronterizo y alertas internacionales).

Por su parte, las CCAA tienen atribuidas a través de sus Estatutos de Autonomía la legislación en materia de desarrollo y la ejecución (potestad reglamentaria) dentro de esas bases de conformidad con el artículo 148.1.21ª. Son las auténticas gestoras del sistema sanitario dentro del marco que les habilita el Estado que no es cuestión baladí. Asumen competencias de organización y gestión de sus servicios sanitarios (planificación y modelos de gestión de hospitales, centros de salud y urgencias), funcionamiento ordinario (gestión de listas de espera), personal sanitario (contratación, retribución y carrera profesional), presupuesto público (incluyendo infraestructuras aunque reciban financiación estatal), ampliación eventual de servicios (incluyendo programas específicos para colectivos) y promoción de la salud pública autonómica. Este modelo descentralizado permite una mayor cercanía a la realidad local de cada territorio, pudiendo gestionar la adaptación y organización. Sin embargo, la propia fragmentación del sistema en 17 es el principal problema estructural. En teoría, el SNS garantiza universalidad, equidad y cohesión territorial, pero en la práctica funciona como 17 sistemas sanitarios distintos con normativa propias, presupuestos diferentes y dispares modelos de gestión precisamente por el enorme margen que se le deja a las autonomías. De esa manera, el derecho reconocido en el artículo 43 de la CE no se ejerce igual según el territorio.

Fallos de coordinación y desigualdades territoriales

El Consejo Interterritorial del SNS tiene el problema de que sus decisiones son sólo recomendaciones no vinculantes y aún así se requieren consensos políticos difíciles, convirtiéndose más en un foro de confrontación partidista que de coordinación. Especialmente en la época de la pandemia del COVID quedó claro que no existían mecanismos eficaces para implementar criterios comunes y que cada región interpretaba y aplicaba a su manera. Es cierto que imponer sus decisiones podría suponer una percepción de centralismo o de imposición de la mayoría, pero la descentralización sin coordinación sólo puede incentivar la desigualdad.

El sistema dual que caracteriza a la Sanidad española favorece el traspaso de culpas permanente y la renuncia a la asunción de responsabilidades. Desde el Gobierno central siempre se apunta a las autonomías - especialmente si son de diferente color político diferente - por ser las encargadas de su gestión ordinaria. Desde aquellas se apunta al Estado tanto por la financiación insuficiente como por la legislación básica limitante. De ahí nos vamos a inevitables comparaciones entre modelos autonómicos y simplificando el debate al sustituirlo por la dialéctica de privatización frente a defensa de lo público sin entrar a valorar gestión y bloqueando reformas estructurales. En esta tesitura y, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos políticos en los que se van alternando ejecutivos nacionales y regionales, no existen incentivos claros para planificar a largo plazo.

Pero al ciudadano le afectan de forma más directa muchos aspectos. Por ejemplo, como cada región usa diferente software, los sistemas de información no son plenamente interoperables, causando que las historias clínicas electrónicas no son del todo compartidas. Eso complica el seguimiento de pacientes desplazados y la evaluación real de resultados, así como la movilidad de profesionales. Además, conlleva la duplicidad de pruebas con la ineficiencia y pérdida de tiempo que trae aparejada y a una peor continuidad asistencial.

También existen importantes diferencias en inversión presupuestaria en Sanidad, desigualdades que han de explicarse en atención a otras variables como la capacidad fiscal de las autonomías y la financiación estatal que reciben, que igualmente es dispar y no exenta de polémicas. Pero también afecta esta disparidad financiera a tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas de especialistas y en cobertura de servicios ampliados. No existen los mismos servicios en las CCAA relativos por salud bucodental y salud mental, más desarrollados, con más recursos y con menores listas de espera en Cataluña, Madrid, País Vasco y Cataluña. Hasta en materia de reproducción asistida se incluyen límites de edad diferentes. 

El papel de la Sanidad privada como válvula de descarga del sistema público

Esta fragmentación y los problemas de coordinación tienen un efecto indirecto que es la contratación de seguros personales y/o familiares privados por parte de los usuarios de la Sanidad pública. Cuando una parte de la población opta por ello, precisamente se reduce la presión sobre la atención primaria, las consultas especializadas y las listas de espera y, por lo tanto, menos pacientes en la pública implica más capacidad para quienes más dependan de la misma. No es ningún absurdo tratándose de un contexto actual en el que el envejecimiento poblacional se acelera unido a la mayor esperanza de vida, la creciente población inmigrante y los repuntes de demanda de profesionales sanitarios coincidiendo con bajas temporales. Quien puede hacerlo, elige tiempos y profesionales y paga su seguro.

Al margen de ello, el SNS ya opera de forma habitual con hospitales concertados y clínicas privadas o bien deriva la realización de pruebas diagnósticas y cirugías, reduciendo tiempos de espera y costes administrativos, acelerando diagnósticos y evitando cuellos de botella. En síntesis, mejorando la eficacia del sistema. Los conciertos sanitarios no son otro instrumento que gestión indirecta de servicios públicos en los que la Administración Pública financia y mantiene el control e inspección mientras que la empresa presta el servicio bajo condiciones contractuales de precio, tiempos, estándares de calidad y auditorías. No se trata de "privatizar" o "vender" la Sanidad pública como la izquierda siempre cacarea, sino de externalizar prestaciones. Los hospitales concertados funcionan como parte de la red asistencial, pues atienden a pacientes usuarios de la Sanidad pública y de hecho resultan imprescindibles para garantizar la cobertura. Sobre todo permiten una mayor flexibilidad en picos de demanda y pudiendo absorber los retrasos acumulados. Otra ventaja es que se optimizan los recursos en los casos en que se usa la infraestructura pública ya existente, evitando costosas inversiones públicas y permite focalizar lo público en urgencias, patologías complejas y atención a crónicos.

En lo negativo, el abuso del modelo de gestión privada podría cronificar la falta de inversión pública y minimizar el desarrollo de la capacidad interna, es decir, mejora del equipamiento e infraestructuras. La Sanidad privada puede desenvolverse perfectamente en procesos simples y económicamente rentables, pero en casos más complicados (cánceres y pandemias) y que puedan provocar desequilibrios financieros es preciso que el sistema público se haga cargo. Por otra parte, es preciso que en los pliegos contractuales queden claras y bien establecidas las disposiciones relativas a costes reales y evaluación de resultados, así como control público que evite sobrecostes e ineficiencias que perjudiquen al sistema. En definitiva, el concierto debe de ser complemento pero nunca sustituto. 

La Ley anti-privatización de Mónica García

Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es apuntalar la narrativa de que la gestión privada de la Sanidad pública desmonta a esta. Para combatirla, optan por lo que más les gusta como socialistas que son que es la burocracia y la hiperregulación. Para empezar, se prohibirá que una empresa que construya un hospital tenga la posibilidad de gestionarlo y se asesorarán a centros para abordar procesos de reversión de gestiones privadas con la intervención de la Alta Inspección del Ministerio. Por otra parte, se fomentarán consorcios sanitarios con entidades públicas en lugar de privadas, lo que implica que seguramente se constituyan nuevos chiringuitos administrativos financiados con dinero público. No olvidemos nunca que es en lo que consiste el socialismo. La gestión indirecta, aparte de limitarse a lo "excepcional", requerirá evaluación previa por "comités técnicos" que habría que ver qué tipo de composición tendrían, aunque refieren a profesionales, expertos y sociedad civil (eufemismos de sindicalistas y personal con afinidad ideológica). En dicho procedimiento se añadirán informes como el emitido por la Oficina nacional de evaluación para medir la sostenibilidad financiera. Esta futura Ley no es más que una ofensiva del Gobierno y especialmente de la ministra Mónica García contra Isabel Ayuso, tal y como se destapó cuando presentó dicho anteproyecto. Sin embargo, podemos comparar las redes de hospitales públicos y privados por autonomías en las que, en contra del relato clásico, Madrid no es precisamente de las que más abusa con un 14% de hospitales de gestión privada mientras que Cataluña tiene el 58%.

El nuevo Estatuto Marco del SNS

El colectivo médico considera que dadas sus características particulares como su formación (6 años de carrera universitaria más el MIR), sus responsabilidades legales y su régimen de guardas, precisan de un estatuto propio diferenciado que el borrador no contempla. Además, afecta más a ellos la fuga al extranjero o al ámbito privado alegando precariedad laboral (si, existe también en el cuerpo médico).

En materia de clasificación y carrera profesional, el Ministerio pretende actualizar categorías, homogeneizar criterios y promover la movilidad voluntaria entre CCAA. Sin embargo, las críticas consideran que se queda en la arquitectura y no entra en materia, puesto que entienden que no se garantiza en especializaciones y la progresión profesional depende más de decisiones políticas y presupuestarias que de mérito. Además, las disposiciones de movilidad dependen de la planificación y los desequilibrios territoriales y la falta de incentivos en zonas de difícil cobertura las complican.

En materia de jornada laboral se establece un límite general a la ordinaria y teóricamente se restringen las guardias de 24 horas estableciendo excepciones amplias por motivos asistenciales o necesidades organizativas. Las guardias no pasan a considerarse horas extraordinarias, manteniendo un régimen retributivo específico y separado de la jornada ordinaria. Por tanto, deja margen para que sigan como están y favoreciendo la percepción de que no existen garantías efectivas para evitar sobrecargas de trabajo. Por otra parte, las críticas también apuntan a que no contribuye a resolver problemas estructurales como falta de profesionales y deterioro de la imagen del sistema público.

Sobre la colaboración público-privada, se somete a la visión ideológica del Gobierno, que es la de minimizar el trabajo de profesionales públicos en la privada. Fundamentalmente altera el marco de incentivos, dado que establece un régimen de incompatibilidades más restrictivo. Así, el personal directivo profesional (gerentes, directores médicos...) limitarán su actividad exclusivamente al sector público mientras que los mandos intermedios como jefes de servicio o de sección podrán hacerlo con arreglo a la Ley 53/84, los facultativos que terminen su formación (MIR) no podrán ejercer en la privada hasta pasados cinco años de su especialización y para el personal facultativo sanitario (no administrativo) que compatibilice deberá de renunciar al complemento específico mientras que el que no lo haga no recibe ninguna compensación, es decir, sin mejorar retribuciones públicas. Es de sobra conocido que médicos especialistas de la pública también lo hacen en la privada, compatibilizando por lo tanto sus trabajos. Pero el SNS camina hacia la exclusividad sin compensación ni resolver problemas de sobrecarga o guardias. Se puede debilitar tanto la Sanidad concertada como la pública, pues puede darse también el hecho de que profesionales reduzcan su vinculación con el sistema público aumentando el déficit de médicos y suprimiendo las ventajas de la gestión privada. Igual lo que cree la ministra es que los servicios públicos se resentirán si sus profesionales dedican parte de su jornada a la privada pero no, es injusto usarlos de chivo expiatorio contra la situación de la Sanidad Pública.

Conclusiones

El Estatuto Marco es una norma eminentemente organizativa - dictada en el ámbito de las competencias del Estado - que trata de regular el trabajo sanitario y homogeneizar derechos, pero que no aporta novedades ni modificaciones sustanciales para ayudar a resolver la crisis del sistema. No soluciona demandas habituales de los profesionales, sino que responde a claros objetivos políticos. Así que se explica en ellos el motivo por el que se ha elaborado sin contar con los anteriores.

Considero que el personal médico tiene las suficientes particularidades como para que gocen de un estatuto propio, ya que no se comparten igual con otros cuerpos como la enfermería, el personal celador, etc... y son sin duda profesionales con una carga de trabajo física y mental difícil de comparar y más teniendo en cuenta las enormes guardias sin que se reemplace personal. En lugar de ello, el Ministerio de Sanidad propone el típico "cambio para que nada cambie" y lo hace por claros motivos ideológicos y políticos, que es evitar que el personal trabaje en la Sanidad privada. De ahí que refuerce las incompatibilidades al mismo tiempo que sólo propone cambios higiénicos en las guardas que seguirían siendo exigentes y duras, cargándoles a las autonomías la responsabilidad de gestionar ese panorama.

Pero la cruzada contra la Sanidad privada se percibe más claramente en la burocracia y el control contra ella y en el mensaje político que se comunica para supuestamente comandar una revolución en favor de la Sanidad pública. El Gobierno de España es claramente un ejecutivo amante del intervencionismo y no le basta con restringir que los profesionales a los que paga puedan compatibilizar su trabajo público en una entidad privada. Tampoco puede permitir que profesionales de entidades privadas aporten su talento y trabajo e incluso instalaciones para descargar responsabilidad, aumentar eficiencia y ahorrar dinero al Estado que se recauda de nuestros impuestos. No. Prefiere ahondar en la creación de órganos y entidades públicas hinchando los presupuestos nacionales y autonómicos sin aumentar la financiación a las regiones y, de paso, tratar de adelantar por la izquierda en el relato de que lo público siempre funciona mejor si es público. Que la gestión privada consiste en privatización y desmonte del Estado es el mantra que trata de reforzarse con estas leyes más enfocadas como ofensiva que como instrumentos al servicio del bienestar ciudadano. Mientras, seguiremos con crecientes listas de espera e igualmente progresivo descontento de la gente con la Sanidad.

lunes, 14 de marzo de 2016

Reapertura del Hospital del Rosell de Cartagena

El pasado jueves 10 de marzo se aprobó una trascendental moción conjunta de la oposición en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ella y después de varios años de lucha, se reabrirá el Hospital de Santa María del Rosell de Cartagena con cirugía general, ginecología y traumatología, lo cual sin duda reducirá la enorme lista de espera que existe en el área de esta ciudad y los municipios colindantes como La Unión, Mazarrón, Fuente-Álamo y Torre Pacheco. Hasta entonces sólo estaba abierto el servicio de urgencias. En 2007 se inauguró el Santa Lucía, que es un hospital público de enormes dimensiones y con importantes profesionales. Pero un sólo hospital no es suficiente. Ahora bien, el PP no ha perdido el tiempo para acusar gravemente a los partidos PSOE, Podemos y Ciudadanos de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria e incluso de cometer una ilegalidad. Es más, anuncia un recurso jurisdiccional contra esta aprobación.

La actitud del PP contra la Sanidad pública a este respecto es vergonzosa. Quizás esta medida se podría haber presentado antes de la aprobación de los Presupuestos de 2016 en febrero. Pero ha sido una jugada muy acertada. Ya protestaron contra la devolución de la paga extraordinaria a los funcionarios de 2012, quejándose en el sentido de que no había dinero para ello. Los partidos de la oposición, se han esperado un mes para hacer posible un importante logro exigido por las personas, los sindicatos y otros grupos preocupados por la Sanidad y contrarios a los recortes. Ahora es momento para que el PP reconozca que ya no tiene mayoría absoluta, que no existe ningún tripartito y que realmente son ellos los que gobiernan. Pero ya no con la mayoría y tienen que ceder a la voluntad de los ciudadanos de haberles reducido el poder de que disfrutaban. Y no cuela ese intento de la prensa de salvarles el pellejo con titulares tendenciosos.

Se puede aprobar perfectamente una modificación presupuestaria que incluso podría consistir en la concesión de un crédito extraordinario, siendo esta competencia de la propia Asamblea Regional. Más le valdría al PP haber tenido más mano dura contra la corrupción de sus cargos autonómicos y municipales. Ese es el mayor mal que ha provocado una importante malversación de fondos públicos y derroche de dinero en tiempos de vacas gordas. Como es el caso de Miguel Ángel Cámara, que podría ser condenado por prevaricación en el caso Nueva Condomina. Lo más curioso es que se dió de baja justo el día en que le abrieron un expediente de suspensión provisional. Y encima dice que para no perjudicar al partido... ya.

Felicidades a los cartageneros por la inminente reapertura del hospital. Porque tratándose de hospitales públicos, siempre se quedarán escasos.