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viernes, 13 de noviembre de 2026

Elecciones Generales 2026: arranca la campaña del 29-N

Anoche arrancó la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Como ya mencionamos en otros artículos, estos comicios llegan en un escenario de fuerte polarización política, dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios como demuestra la prolongada ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, desgaste gubernamental derivado de continuas sombras de corrupción y una deriva del sanchismo que se ha esforzado sin pudor en dar a entender que las instituciones democráticas son de su propiedad. De manera más específica, la campaña estará marcada por cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos como la inflación, el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la inmigración, la inseguridad y el futuro de las instituciones. 

Esta convocatoria anticipada abre una nueva competición en la que PSOE y PP tratarán de movilizar a sus respectivos electorados, mientras Vox aspira a incrementar su espacio político e institucional y la nueva coalición Frente amplio busca articular una alternativa a la izquierda socialista. 

En este artículo repasamos cómo llegan los principales partidos a la cita electoral, sus estrategias, sus propuestas y sus contradicciones, prestando especial atención a las candidaturas de la Región de Murcia. Un análisis desde una perspectiva liberal, independiente y crítica, que no pretende limitarse a reproducir los mensajes de campaña, sino examinar sus planteamientos, sus antecedentes y su viabilidad.

Una precampaña marcada por las polémicas y las crisis

Ya nos referimos a la famosa "Ley de nietos" y su instrucción reglamentaria que fue recurrida motivando la suspensión del derecho a voto de aquellos nuevos nacionalizados que no acreditaron ser exiliados políticos. El Defensor del Pueblo - en una actuación que considero difícil de desligar del contexto y posición del Gobierno - trató de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para que tirase esa suspensión ordenada por el Tribunal Supremo. Y es que no sería la primera vez que se pretendiese recurrir al alto Tribunal para tratar de sortear un contratiempo judicial, pues como ya habría podido suceder con la amnistía a los independentistas, el TC avaló la aplicación de aquélla a determinados supuestos de malversación conforme a la interpretación de sus requisitos legales. Sin embargo, en esta ocasión se rechazó porque no se habían agotado todas las vías judiciales ordinarias al existir plazo de alegaciones. El remate de despropósito fue que, en contestación al requerimiento ultimátum del TS, desde el Ministerio de Exteriores respondiesen que sólo 901 de 163.000 expedientes acreditaron documentalmente ser exiliados políticos.

La crisis ferroviaria ha dejado de ser únicamente una controversia sobre la gestión de las infraestructuras y la respuesta del Gobierno ante los accidentes. A las investigaciones sobre los siniestros se han sumado las diligencias de la Fiscalía Europea por un posible fraude en los fondos destinados a la seguridad y el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla, con actuaciones de la UCO. Estas pesquisas se añaden a las investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en contratos de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Además, el diario El Debate publicó el 5 de noviembre una información que atribuye a Óscar Puente presuntos favores de un empresario durante su etapa como alcalde de Valladolid, a cambio de su supuesta intermediación para obtener ayudas públicas. La gestión de lo público no puede convertirse una vez más en un territorio de sospechas permanentes en el que nadie responde de nada. La presunción de inocencia debe respetarse, pero la responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que llegue una sentencia. Por eso, la dimisión del presidente de ADIF después de que Carlos Cuerpo asumiera la cartera ministerial y mantuviera una reunión con él resulta claramente insuficiente. La cúpula de la empresa pública debería haber sido relevada desde el mismo día del trágico accidente de Urda.

Los temas judiciales, durante esta legislatura, no han dado descanso al PSOE. Por una parte, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional cursó requerimiento para que facilitasen información sobre los abogados y asesores contratados en relación con la presunta financiación ilegal en el caso Leire Díez. Además, en la misma instrucción la UCO descubrió que habían desaparecido facturas en la contabilidad del partido al rastrear la presunta financiación ilegal que se está investigando. Incluso la Fiscalía anticorrupción abrió diligencias a Zapatero para investigar si habría incurrido en presunta malversación por no entregar en su día a Patrimonio del Estado las joyas supuestamente regaladas por Arabia Saudí, cuya procedencia admitió públicamente su abogado no poder demostrar. 

Y aún ha habido espacio para varias noticias más. Primero, que la Fiscalía Provincial de Madrid se mostrase partidaria de investigar por la vía ordinaria (y no mediante el procedimiento reservado a los aforamientos) al ministro Óscar López por la difusión del conocido bulo de la "bomba lapa". Segundo, que la UCO registrase el Ministerio de Igualdad en el marco de una investigación por presunto fraude con fondos europeos relacionado con la contratación de pulseras. Y tercero, que la Audiencia Nacional citase al ex delegado del Gobierno como investigado por el episodio de caos migratorio en Ceuta. 

Está claro que para el PSOE de Sánchez hasta el rabo todo es toro.

Coaliciones y pactos estratégicos

Debemos diferenciar entre los pactos acordados para constituirse en coalición y otros más estratégicos consistentes en coordinarse para controlar los efectos de la aplicación de la fórmula electoral en las circunscripciones. En cuanto a los primeros, el más relevante fue la constitución del Frente amplio con Sumar, IU, Más Madrid y Comunes. Compromís no se integró en esta plataforma, pero sí alcanzó un acuerdo para presentarse como Compromís-Front Valencià e incluir en listas varios candidatos de Podemos, IU y otras fuerzas de izquierda de ámbito valenciano. También rechazaron formar parte tanto Adelante Andalucía (que tiene unas óptimas expectativas electorales como candidatura separada) como Podemos, que exigió en buena lógica primarias para seleccionar la persona candidata. Probablemente, Irene Montero preveía que los militantes le elegirían mayoritariamente a ella y descartaba diluir su ya desgastada marca en la coalición. A tal respecto, interpretaría que las fuerzas del Frente amplio eran conscientes de que la popularidad de Montero estaba tan por los suelos que, entre la izquierda, la sola posibilidad de situarla como cabeza de lista les asustaba. Por ello sería que la única oferta fue ponerla de nº 2, siendo rechazada por la "marquesa de Galapagar". 

Sin perjuicio de lo anterior, lo realmente interesante son los movimientos de los partidos para maximizar el resultado electoral. Respecto al Congreso, existieron conversaciones entre PSOE y FA para que estos últimos no se presentasen en ninguna de las provincias pequeñas. Sin embargo, entre la desconfianza y, por qué no decirlo, los recelos de dejar puestos en beneficio de candidatos externos, abortaron un acuerdo global. La excepción es en Teruel, donde renunciaron a presentarse Chunta y FA para que se maximizaran los votos de izquierda en la lista socialista. Por el contrario, Podemos sí que alcanzó un acuerdo con ERC para que la primera no presentara listas en ninguna provincia catalana a cambio de integrarse en las listas de los republicanos. Gabriel Rufián, una vez más, será el candidato. Hay que recordar que los morados no tienen ningún diputado en Cataluña ni en el Congreso ni en el Parlament, habiendo ocupado Comuns su espacio. De hecho en las Catalanas de 2024 ni se presentaron, así que aparentemente no es un movimiento extraño. Pero lo curioso de este acuerdo no es esto, sino que se pretenda que la alianza tenga proyección nacional. Sorprende tanto que el independentista Gabriel Rufián haga campaña en Madrid como Irene Montero en Cataluña sin listas de Podemos.

PSOE y FA sí alcanzaron un acuerdo in extremis para presentar lista conjunta al Senado en casi todas las provincias bajo la denominación "Senado de progreso". El sentido era arrebatar la mayoría al PP y conseguir dos tipos de objetivos. Los primeros, electorales: le permitiría al PSOE obtener más votos en zonas más difíciles mientras que el FA tendría opciones de conseguir un senador donde antes era imposible. Los segundos, institucionales: en primer lugar, el Senado puede vetar proyectos legislativos, aunque el Congreso puede levantar dicho veto conforme a las mayorías y plazos establecidos. Segundo, los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y de vocales del Consejo General del Poder Judicial, en sus respectivas competencias y procedimientos, precisan de mayorías reforzadas de tres quintos en las cámaras. Por tanto, si alcanzasen mayoría suficiente, podrían influir en esos nombramientos. Tercero, podrían convocar comisiones de investigación para situar en la escena pública aspectos que perjudiquen a PP y Vox. Y por último, si alcanzasen mayoría absoluta podrían bloquear cualquier posible activación del artículo 155.

Ante esto, quien primero reaccionó fue Vox y entabló conversaciones con el PP. La carta era no presentarse al Senado en algunas provincias y dejar que el PP maximizara el voto con dos cesiones a cambio: incorporación de independientes próximos a Vox en las listas del PP y compromiso de designación por parte de las Asambleas legislativas regionales de senadores autonómicos propuestos y próximos a Vox. El 26 de octubre alcanzaron ese acuerdo no presentando listas el PP en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, donde nunca han obtenido senador en las dos últimas y desde el 2000 en la primera. A cambio, Vox no se presentará en Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia y Castellón con la inclusión en las listas del PP de un independiente propuesto por ellos. Por último, en otras catorce provincias Vox presenta un único candidato y el PP mantiene sus tres.

El PSOE: un relato de continuidad y defensa de lo conseguido

El PSOE ha elegido «Vota con fuerza» como lema de campaña. Y fuerza van a necesitar sus votantes para encontrar motivos con los que justificar otros cuatro años de sanchismo.

Moncloa pretende imponer su relato electoral mediante una extensa estructura de asesores y personal eventual financiada con dinero público. Según los datos publicados por The Objective, el Gobierno llegaba a octubre con 1.255 asesores y empleados de confianza en la Administración, 576 de ellos en Presidencia. Además, el crédito inicial destinado al personal eventual había aumentado un 76,5% entre 2018 y 2025. Considero que las estrategias del equipo consistiría en minimizar el impacto de los principales problemas que afectan a la imagen pública del PSOE: las investigaciones y acusaciones de corrupción, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de seguridad, las deficiencias en el mantenimiento y la gestión ferroviaria, la inflación y los enfrentamientos con algunos de sus socios de investidura. Todo ello se intentaría contrarrestar mediante una idea central: que lo que puede venir sería peor. Es un clásico que han ejercido siempre los socialistas, como en las últimas campañas de Felipe González en los noventa. Presentar las elecciones como una disyuntiva entre defender los derechos conquistados o permitir que PP y Vox los recorten. Así que la segunda pata de la estrategia será absorber a su izquierda por voto útil contra la "ultraturboderecha extrema". 

El PSOE reivindica especialmente la creación de empleo y la subida del salario mínimo interprofesional. Los datos ofrecen elementos positivos que deben reconocerse. La EPA del tercer trimestre de 2026 situó la ocupación en 22,85 millones de personas, con 465.500 ocupados más que un año antes. La tasa de paro se situó en el 10,18%, aunque aumentó respecto al trimestre anterior. También resulta relevante que el empleo privado descendiera en ese trimestre mientras aumentaba el público y que la productividad por hora trabajada registrara un crecimiento interanual reducido. Pero el balance no puede reducirse a una cifra de afiliación o de ocupación. Es necesario analizar también la calidad del empleo, la evolución de los salarios reales, la productividad, la capacidad de crecimiento de las empresas y las dificultades de emancipación de los jóvenes. El reto de España no consiste únicamente en crear empleo, sino en mejorar la productividad, elevar los salarios de manera sostenible y facilitar el crecimiento empresarial.

En materia de pensiones, el PSOE defiende mantener la revalorización vinculada al IPC y reivindica la reforma del sistema aprobada durante la legislatura. La actualización protege el poder adquisitivo de los jubilados, pero también es necesario examinar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población y el impacto de las cotizaciones sobre el empleo y los costes empresariales. La deuda pública sigue representando una carga considerable: el Banco de España situó la ratio en el 99,7% del PIB en agosto de 2026. Así que avances en protección social no implican renunciar a exigir responsabilidad presupuestaria. La mejora del bienestar no puede depender indefinidamente de un mayor endeudamiento ni de trasladar a futuras generaciones el coste de las decisiones presentes. Además, se comprometió con los sindicatos a aprobar un Real Decreto Ley con la subida de sueldos a funcionarios, para aplicarse desde enero de 2027. En realidad, viene de un acuerdo marco aprobado en 2025 mediante el cual las subidas han venido siendo del 2,5% en 2025 y 2% en 2026, mientras que ahora sería del 4,5% en 2027 y 2% en 2028 más cláusulas compensatorias por la inflación. Estos compromisos salariales generan obligaciones presupuestarias y condicionan la gestión del siguiente Ejecutivo, pero al mismo tiempo le permiten al Gobierno actual reducir la conflictividad sindical. En cambio, garantizar que el Estado del bienestar pueda mantenerse sin comprometer la estabilidad financiera es algo que estoy convencido de que al socialismo le interesa menos.

Desde el mismo inicio de precampaña, ha intentado centrarla en la vivienda y en defender los Decretos como si fuesen las tablas de los diez mandamientos y Pedro Sánchez el profeta Moisés. Además, tras destaparse su hipocresía como con el caso de Montse Mínguez, no pocos socialistas multipropietarios desaparecieron de las listas tal y como atribuyó el medio ABC. Al margen de esto, el planteamiento socialista en esta materia se fundamenta en reforzar la intervención pública con control de precios para proteger a los inquilinos. Sin embargo, desde una perspectiva liberal cabe cuestionar que dichas restricciones sean suficientes. La raíz del problema se encuentra en la escasez de oferta, la falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y la inseguridad jurídica. Proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad es una responsabilidad pública, pero las medidas no pueden trasladar sistemáticamente el coste de esa protección a los propietarios privados. Si se reduce la rentabilidad o aumenta la incertidumbre jurídica, puede disminuir la oferta de alquiler, agravando precisamente el problema que se pretende resolver.

Tenemos dos polémicas más con propuestas. Primero, Sánchez ya anunció blindar el derecho al aborto en la Constitución añadiendo un apartado al artículo 43 para que los poderes públicos garanticen el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva. El Gobierno aprobó el proyecto en abril y el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad el 30 de abril, por lo que avanzó en su tramitación. Sin embargo, esa reforma requeriría una mayoría de tres quintos de Congreso y Senado, conforme al procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución. Aquí planteamos una cuestión de fondo: ¿es necesario elevar esta cuestión a la Constitución o es preferible que su regulación permanezca en el ámbito legislativo, donde pueda debatirse y modificarse mediante los procedimientos ordinarios? Desde una posición favorable a la libertad individual se puede defender la autonomía de las mujeres y el acceso legal al aborto sin considerar imprescindible constitucionalizarlo. 

Otra polémica es que Pedro Sánchez no ha dudado en intentar desafiar la Ley electoral con publicidad incluso a través de vídeos elaborados y no sólo mediante comparecencias. El primero, por la rueda de prensa del 6 de octubre abriéndose expediente sancionador, el segundo por un vídeo en redes sociales mientras veía el Guernica de Picasso el 15 de octubre y el tercero por otro vídeo grabado en la zona de reserva del Monte de El Pardo gestionada por Patrimonio Nacional el 25 de octubre. Esto último lo denunció el PP y fue desestimado por la JEC al no entender que era asociable a una promoción política, mientras que el segundo se quedó en una supresión posterior del vídeo y el primero aún está en tramitación. En cualquier caso, como el castigo económico sería ínfimo (entre 300 y 3.000 euros según la infracción que pudiera proceder), mi impresión es que los socialistas entienden que les compensaría la multa para el impacto electoral que pueden obtener. Sus expectativas electorales son delicadas - aún vendiendo Iván Redondo en declaraciones y la Séptima con una encuesta encargada que hay empate técnico - y la única opción pasaría por reeditar el pacto de investidura con todo el arco parlamentario a excepción de PP y Vox. Sin embargo, incluso Junts ha declarado que exigiría la dimisión de Sánchez, tal y como declaró públicamente Miriam Nogueras.

El PP y su alternativa de gobierno 

El PP afronta estas elecciones presentándose como la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y reivindicando la necesidad de recuperar la estabilidad institucional, la confianza política y una gestión económica rigurosa. Con «El cambio necesario», el PP apuesta por un lema sencillo y directo, centrado en la alternancia política. La cuestión será demostrar que ese cambio implica algo más que un relevo de siglas en La Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha resumido parte de sus compromisos en el denominado «Contrato con España», un documento que recoge prioridades como la vivienda, la reducción del gasto superfluo, la mejora de los servicios públicos, la defensa de la unidad nacional y el fortalecimiento institucional. Ahora bien, su programa electoral es consultable en este enlace.

En el área de economía, defiende reducción de impuestos, eliminación de trabas burocráticas y revisión del gasto público que considera superfluo. Su discurso apuesta por facilitar la actividad empresarial, incentivar la inversión y mejorar la capacidad de las familias para disponer de sus ingresos. En relación con el salario mínimo, Feijóo denunció que el 30% del coste lo recauda el Gobierno y cometió el error de relacionar ese porcentaje con el IRPF, cuando se refiere a las cotizaciones sociales, que incluyen aportaciones tanto del empleador como del trabajador. Pero tampoco mencionó que el "hachazo fiscal" ya se va notando en cuanto ganas más que el SMI tal y como explica Juan Ramón Rallo en este vídeo. De manera más específica, mantiene como reivindicaciones fundamentales la defensa del Trasvase Tajo-Segura y la aprobación de un Plan Nacional del Agua, lo que no son sino las propuestas clásicas del PP. Sin embargo, ni Aznar ni Rajoy consolidaron un acuerdo nacional duradero sobre política hidráulica.

La vivienda es otro de los principales ejes. Por ejemplo, apuesta por rebajar en un 60% la carga fiscal de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales e IVA a los menores de 40 años que quieran comprar y además con posibilidad de aplazar el 40% del importe durante la hipoteca. Pero su apuesta más ambiciosa consiste en una batería de medidas de choque que contribuyan a reducir el déficit de vivienda y con los objetivos de construir un millón de viviendas durante la legislatura, agilizar los procedimientos urbanísticos, reducir los plazos de construcción y facilitar la colaboración público-privada. Como instrumento normativo se presentaría una nueva Ley del Suelo con silencio administrativo positivo en determinados procedimientos, avales públicos para facilitar la compra de vivienda por los jóvenes, reducciones fiscales y medidas contra la ocupación ilegal. También propone derogar la actual Ley de Vivienda y eliminar los controles de precios del alquiler. Son apuestas razonables, pero semejante pelotazo en forma de promesa exige mucho suelo disponible, coordinación entre administraciones, capacidad y solvencia de las constructoras y, sobre todo, financiación. Muchas variables que no deben obviarse.

Defiende una inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral, teniendo en cuenta factores como la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y la capacidad de integración. También rechaza las regularizaciones colectivas y plantea combatir las redes de inmigración irregular y reforzar las medidas de expulsión en determinados supuestos de delincuencia grave o reincidencia. Este planteamiento sitúa el control de fronteras, el cumplimiento de la ley y la integración como elementos centrales de la política migratoria y en principio son posturas razonables, pero deberían destinarse muchos recursos contra las mafias, que son las que más se aprovechan de la inmigración ilegal.

Incluye en sus compromisos la regeneración institucional, la recuperación de la confianza en las instituciones y la revisión de determinados mecanismos de funcionamiento del Estado. También defiende la igualdad entre comunidades autónomas y defensa del uso del castellano como lengua vehicular y un modelo de financiación que evite privilegios territoriales. La independencia de los órganos constitucionales, la transparencia y la separación de poderes son cuestiones que deberían ser auténtica prioridad si lograse desalojar al sanchismo. Debería explicar mejor qué cambios propone para instituciones como el CGPJ, la Fiscalía y los organismos reguladores, y si está dispuesto a aplicar esos mismos criterios cuando le afecten a él. Porque la regeneración democrática no puede depender de quién gobierne, sino que debe constituir una regla común para todos los partidos.

La precampaña tampoco ha estado exenta de polémicas en las filas populares. En los últimos días, las revelaciones sobre los contactos entre Koldo García y Alberto Durán, abogado del PP, han situado a la dirección popular en una posición incómoda. Koldo asegura que en aquellas reuniones se le ofreció sufragar su defensa y un millón de euros y a través de la empresa editora de OkDiario, vinculada a Eduardo Inda, a cambio de facilitar información perjudicial para Pedro Sánchez y su entorno incluso mediante declaraciones falsas. El PP niega tajantemente esa oferta, aunque Cuca Gamarra ha terminado reconociendo que la reunión sí existió. A ello se suma que el citado medio abonó 242.000 euros a Koldo por un supuesto libro y docuserie, una explicación que también ha generado controversia. Personalmente, tampoco descartaría una interpretación diferente de lo sucedido. Cabe la posibilidad de que Koldo haya aprovechado la coincidencia entre aquella reunión y los pagos realizados por la editora de OkDiario para construir un relato que presentase al abogado del PP como intermediario de una supuesta operación destinada a obtener información contra Pedro Sánchez. Incluso podría especularse con que una estrategia de este tipo persiguiese algún beneficio penitenciario o procesal, pero no deja de ser una hipótesis más. Precisamente por eso conviene distinguir entre lo que sabemos, lo que sostienen las partes y las posibles interpretaciones. La existencia de una reunión y de unos pagos no demuestra por sí sola que existiera el supuesto acuerdo, del mismo modo que las negativas iniciales del PP tampoco resuelven todas las preguntas que plantea el episodio.

En otro orden de cosas, también se ha hablado del nuevo estilo comunicativo del PP a través de su equipo de redes sociales y de su nuevo community manager. El partido parece haber asumido que las reglas de la comunicación política han cambiado y que las redes sociales funcionan con una lógica muy distinta a la de los medios tradicionales. En ese terreno, los mensajes moderados no siempre consiguen hacerse un hueco entre miles de publicaciones, mientras que la provocación, el humor y la respuesta rápida tienen muchas más posibilidades de captar la atención. Los memes y, cada vez más, los contenidos generados mediante inteligencia artificial, tanto en imágenes como en vídeos, han añadido nuevos ingredientes a una cultura del "zasca" que en Twitter (ahora X) lleva años instalada. El resultado es una mezcla explosiva que puede proporcionar visibilidad y repercusión, pero que también corre el riesgo de convertir la comunicación política en una sucesión de ocurrencias, burlas y golpes de efecto. Porque una cosa es saber desenvolverse en el lenguaje de las redes y otra muy distinta trasladar esa dinámica a todos los ámbitos de la política. Donde debe percibirse mayor seriedad y capacidad de propuesta es en los medios tradicionales: televisión, radio y prensa, tanto impresa como digital. Porque el ciudadano sigue esperando algo más que un buen meme, es decir, argumentos, propuestas y explicaciones y la política no puede reducirse a ver quién consigue el último zasca.

Propuestas de VOX: prioridad nacional, control migratorio y desregulación

VOX afronta las elecciones del 29 de noviembre con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional, el control de las fronteras, la prioridad de los españoles en las políticas públicas y la crítica al actual modelo político y territorial. Santiago Abascal presenta estos comicios como una oportunidad para impulsar un cambio de rumbo en España con Vox como pieza fundamental. Pretende diferenciarse del PP endureciendo sus posiciones en materia migratoria y su discurso combina la defensa de la identidad nacional con una agenda de reducción de impuestos, desregulación y recentralización de competencias. Su lema de campaña, «Es sentido común», vuelve a apelar a un apoyo electoral que trascienda las ideologías, aunque convendría recordarles que el sentido común no sustituye a los principios políticos ni convierte las propuestas propias en verdades indiscutibles.

En materia desregulatoria, Vox ya presentó en junio un ambicioso programa que contiene interesantes propuestas liberales. Además, según informa Artículo 14, la desregulación será una de las prioridades negociadoras de Abascal en una hipotética negociación de Gobierno con el PP, hasta el punto de plantear la creación de un ministerio específico, inspirado en el modelo de Milei y apoyado en la experiencia de las consejerías autonómicas que el partido ya controla. Según esta información, Vox estima en 70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España, una cifra que atribuye a un informe del Instituto Juan de Mariana.

Reducir la burocracia administrativa, eliminar duplicidades entre administraciones, facilitar la creación de empresas, simplificar licencias y trámites o permitir que una actividad legalmente autorizada en una comunidad autónoma pueda desarrollarse en el resto de España sin obstáculos adicionales —mediante la denominada Ley de Mercado Abierto— son medidas razonables y necesarias. Ahora bien, una cosa es eliminar trabas innecesarias y otra muy distinta es considerar que cualquier regulación constituye un obstáculo para la libertad económica. La propuesta de derogar tres normas por cada una nueva, por ejemplo, puede terminar convirtiéndose en un objetivo cuantitativo poco sensato si no se valora previamente la utilidad de cada disposición. Y tengo más reservas ante la derogación de normas laborales, ambientales o de protección social cuando su desaparición puede debilitar garantías legítimas para trabajadores, consumidores o ciudadanos. No toda regulación es buena por el mero hecho de existir, pero tampoco toda regulación es prescindible por el hecho de imponer obligaciones.

Una economía verdaderamente liberal necesita menos burocracia y más libertad para emprender, invertir y competir, pero también un Estado que garantice la seguridad jurídica y proteja los derechos. En definitiva, la desregulación debe servir para simplificar y mejorar el funcionamiento de la economía, pero no puede convertirse en una carrera por derogar normas sin distinguir entre las que sobran y las que cumplen una función necesaria. Además, debe ir acompañada de una acción pública positiva: garantizar la competencia, combatir los abusos, hacer cumplir las reglas y proporcionar un marco estable que permita desarrollar la actividad económica. Porque liberalizar no significa que el Estado desaparezca, sino que deje de obstaculizar aquello que funciona y cumpla eficazmente las funciones que sí le corresponden. Esa es precisamente la idea de liberalismo que reivindicamos y promovemos quienes defendemos una economía desregulada y un Estado eficaz.

También plantea una profunda reforma fiscal. Entre las propuestas lo más llamativo es lo relativo a los nuevos tramos impositivos del IRPF por parte de su portavoz económico José María Figaredo. Todo esto puede corroborarse en el programa económico consultable en este enlace. El mínimo exento quedaría en 22.000 euros y se pasaría a un modelo de solo dos tramos: 15% hasta 70.000 y de ahí en adelante 25%. En cuanto al IVA, el general pasaría al 18%, el de la vivienda y alimentación básica sería 0%, electricidad y gas al 4% y otros como pañales o artículos geriátricos serían superreducidos. Y en cuanto al impuesto sobre sociedades, pasaría del 25% al 15%. En total, una reducción de recaudación de 64.000 millones de euros según estima expresamente su programa y también eliminan la cuota de autónomos para los que ingresen menos que el SMI. Vox sostiene que estas rebajas permitirían aumentar la renta disponible de las familias, favorecer la actividad empresarial y estimular el crecimiento económico. También plantea reducir subvenciones a partidos y sindicatos, reducir al mínimo legal las transferencias territoriales, revisar estructuras administrativas y simplificar la regulación. Todo esto conecta con principios de menor presión fiscal, libertad económica y eficiencia del gasto. No obstante, una reforma tributaria de tal magnitud exige explicar con más precisión  cómo se compensaría la enorme reducción de ingresos y qué partidas se eliminarían o modificarían. No basta con invocar la supresión de subvenciones o el recorte del gasto político: hay que cuantificar el ahorro posible y demostrar que las cuentas públicas pueden mantenerse sin comprometer los servicios esenciales.

Respecto a Vivienda, Vox defiende aumentar la oferta mediante la liberalización del suelo disponible para vivienda libre y protegida, reducción de trabas burocráticas y rebaja de los impuestos asociados a la compra. También apuesta por acelerar los procedimientos de desalojo en casos de ocupación ilegal y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Para nuestros principios liberales todo esto suena bien, pero el partido debería tener en cuenta que esa liberalización exigirá revisar normativas medioambientales, urbanísticas y de seguridad, y que la política de vivienda no puede limitarse a una reducción de impuestos que aumente aún más la demanda.

Sobre inmigración, el partido defiende el endurecimiento del control fronterizo, la devolución de quienes entren irregularmente en España y la expulsión de extranjeros que cometan delitos. También aboga por una política de prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas y prestaciones públicas ya existente en sus programas autonómicos que examinamos aquí. Vincula gran parte de los problemas de vivienda, seguridad y presión sobre los servicios públicos al crecimiento de la inmigración, especialmente cuando se produce de forma irregular o sin integración. Todas estas son cuestiones legítimas de política pública, si bien las propuestas de expulsión deben concretarse siempre respetando la legalidad, garantías individuales y las obligaciones internacionales de España. También hay que recordar que el concepto «prioridad nacional» se ha traducido en el contenido de los pactos autonómicos a las personas con arraigo y residencia legal no exclusivamente españoles. Por tanto, habría que precisar qué criterios se utilizarían exactamente para homogeneizar y cómo se evitarían situaciones de discriminación arbitraria.

Sobre polémicas, destacaría dos aspectos. Por un lado, se conoció que en Castilla y León PP y Vox acordaron unas bases para las ayudas al cine y los proyectos audiovisuales fundamentadas en los principios de «objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general», estableciendo que los fondos no podrían destinarse a «actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que denunciaría estas bases. También rechazó Vox las ayudas específicas para películas dirigidas por mujeres, cuestionando que el sexo de quien dirige pueda convertirse en un criterio preferente para recibir financiación pública. En este último punto comparto el planteamiento de fondo: las ayudas deberían concederse atendiendo a criterios objetivos, como la calidad, el interés cultural o la viabilidad de los proyectos y no a características personales de sus responsables. La igualdad de oportunidades no debería confundirse con la concesión de privilegios en función del sexo. Ahora bien, esa misma exigencia de neutralidad debe aplicarse también a la propia Administración. La neutralidad de las subvenciones públicas es deseable, pero tampoco debería convertirse en un instrumento para excluir obras por su orientación ideológica. No se trata de sustituir unas preferencias por otras, sino de garantizar que las instituciones actúen con objetividad, transparencia y respeto a la libertad de creación.

Por otra parte, la actividad de Vox en Galicia ha estado marcada por distintos episodios de intimidación y enfrentamientos durante sus actos y mesas informativas, algunos de los cuales han acabado en denuncias e intervenciones policiales. Es legítimo que cualquier formación política se enfrente a protestas y críticas, incluso muy contundentes, pero impedir mediante coacciones o violencia que otros ejerzan sus derechos políticos resulta incompatible con el pluralismo democrático. La libertad de expresión y de participación política no puede depender de las siglas de quien la ejerce.

Frente amplio: el proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE

Ya comentamos el origen y composición del Frente amplio siendo muy heterogéneo con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns y otras formaciones. Su propósito es el de reagrupar el espacio político situado a la izquierda del PSOE, objetivo que se antoja complicado por tres motivos. Primero y más importante, el cuestionamiento de sus liderazgos desde el primer momento. Segundo, sus dificultades para construir una identidad común por sus múltiples familias. Tercero, la posición de Podemos que concurre por separado y habiendo alcanzado un pacto con ERC en Cataluña. Así que su éxito o fracaso va a depender de la capacidad de la coalición para mantener una posición común, pero no menos importante será mantener un equilibrio básico: ser capaz de presentarse como una oposición a un partido de izquierdas al tiempo que un socio confiable para el mismo. Su lema, «Un voto como una casa», sitúa sin rodeos la vivienda en el centro de su estrategia electoral, aunque resulta muy cuestionable que sus recetas intervencionistas sean capaces de resolver un problema al que la izquierda no ha sabido dar respuesta.

En Economía y fiscalidad, su modelo de Estado es muy intervencionista y con una política fiscal centrada en la tributación de grandes patrimonios y empresas. La propuesta económica anunciada por Colau de «Tax the rich» en una declaración pública recupera, con algunas modificaciones, una iniciativa que Unidas Podemos ya presentó en febrero de 2022 bajo el mismo lema. Aquella reforma fiscal contemplaba un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, con un tipo del 2% para patrimonios superiores al millón de euros y del 3% para los que superasen los 50 millones de euros, exactamente los dos umbrales que ahora vuelve a plantear la formación de Ada Colau. La principal diferencia está en el diseño del tributo y en su coordinación con los impuestos existentes. Resulta significativo que una propuesta presentada hace cuatro años vuelva a ocupar un lugar destacado en el discurso económico de la izquierda alternativa, sin que ello resuelva las cuestiones de fondo sobre su impacto económico en la inversión, su diseño técnico y la viabilidad de las previsiones recaudatorias.

Colau intentará capitalizar la lucha electoral contra la crisis de la vivienda desde la izquierda. Las posturas de FA van encaminadas a intervenir el mercado del alquiler aún más que lo que se indica en los Decretos-Leyes del PSOE con prórrogas contractuales y congelación de rentas. Así, expresó en Cadena SER que propondrán aplicar un nuevo impuesto del 10% . Se aplicaría a empresas desde la primera vivienda y a personas físicas desde la propiedad de una cuarta cuando el valor conjunto de los inmuebles (en ambos casos) supere los 800 mil euros. La excepción fundamental sería que se destine a «alquiler asequible», es decir, precio inferior a la media del índice de referencia estatal. Ahora bien, ni las AAPP, ni las organizaciones sin ánimo de lucro ni las cooperativas de vivienda estarán sujetas a este impuesto tal y como declaró igualmente. No extraña que la izquierda alternativa apueste por medidas de este tipo, que pueden introducir nuevas distorsiones en el mercado inmobiliario. Además, la excepción vinculada al alquiler asequible plantea interrogantes sobre cómo se fijaría ese precio y qué garantías existirían para evitar que el gravamen terminase repercutiendo sobre la oferta disponible o sobre las propias rentas. 

En Empleo y salarios, en primer lugar promueve la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y posibles avances hasta los 32. Aquí habría que estudiar los efectos en la productividad y competitividad así como en las PYMES, creación de empleo y el equilibrio entre protección laboral y flexibilidad. En segundo lugar, ha propuesto fijar la jubilación en 65 años como regla general y garantizar que todas las pensiones sean iguales o superiores al SMI. Recuperar los 65 años como edad ordinaria de jubilación puede resultar atractivo, pero habría que concretar los requisitos de cotización y, sobre todo, cómo se financiaría el incremento de gasto derivado de adelantar la jubilación de quienes actualmente deben esperar más tiempo. Indudablemente, viene asociada una importante subida del coste financiero de las pensiones, por lo que un incremento de tal calibre puede ser peligroso si no se corresponde con ingresos que lo permitan y no disparen la presión fiscal y ya no digamos si se siguen manteniendo otras ayudas.

En materia de Transición ecológica, apuestan por la descarbonización y cumplir con los objetivos climáticos de la Agenda 2030 mediante más regulación ambiental. Así que su idea es dar más protagonismo al sector público en el modelo energético destinando un 3,5% del PIB. Rechazan la prolongación del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y su apuesta por acelerar las renovables es firme. Sin embargo, esta apuesta parece olvidar la seguridad del suministro y la competitividad económica. Las energías renovables son estratégicas, pero su expansión requiere cuantiosas inversiones paralelas en infraestructuras de redes eléctricas, sistemas de almacenamiento y capacidad de respaldo que permitan compensar su dependencia de las condiciones meteorológicas. Y mayor intervencionismo público no se asocia automáticamente a más eficiencia. Acelerar el cierre de Almaraz supone prescindir de una fuente de generación estable y baja en emisiones (según la Agencia Internacional de la Energía) antes de que esté plenamente garantizada su sustitución. No se trata de frenar la descarbonización, sino evitar que los calendarios políticos se impongan sobre las necesidades reales del sistema eléctrico. 

Respecto al modelo de Estado por el que apuestan, se declaran partidarios de un Estado confederal y plurinacional y, por tanto, de incrementar el marco competencial territorial con una descentralización profunda. Entre las propuestas concretas, que informaron en un mitin preelectoral en Santiago de Compostela Colau y Verónica Barbero (candidata gallega), defienden trasladar las sedes del Banco de España a Sevilla y la del Defensor del Pueblo a Vigo al entender que la diversidad requiere que el Estado distribuya sus instituciones por todo el territorio. También apuestan por la nacionalización de la autopista AP-9 para que sea "gallega y totalmente gratuita". Este modelo así perfilado encaja con una mayor tendencia de la izquierda alternativa a satisfacer aspiraciones y exigencias de partidos de corte nacionalista de izquierdas, no exclusivamente independentistas pero muy próximos a la ideología de FA. Amparándose en la diversidad, los riesgos serían justo los de generar más desigualdad, pérdida de la uniformidad de la acción del Estado, potenciar privilegios de autonomías tradicionalmente reivindicativas y en definitiva desactivar la soberanía nacional. De esa manera, este discurso suena a radical por cuanto me recuerda al socialismo rancio del siglo XIX, pero termina de enseñar su patita cuando recalcan su interés en "aprovechar la riqueza para ponerla en manos de quien la genera", incentivando la confrontación con el mercado.

En el caso del Frente Amplio, ni siquiera ha sido necesario añadir polémicas concretas. En ocasiones, la propia formación parece ser una polémica en sí misma.

Los candidatos al Congreso en la Región de Murcia

En Murcia, el PSRM mantiene su labor de oposición al Gobierno de Fernando López Miras, con críticas a la gestión regional y reivindicaciones en materia de servicios públicos, dependencia y financiación autonómica. La cabeza de lista socialista al Congreso por Murcia es María González Veracruz. Tiene 48 años y es bioquímica y actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Aspira, como mínimo, a mantener los tres escaños obtenidos por el PSOE en 2023 y a disputar a Sumar el diputado que consiguió entonces.

La candidata de la lista del PP al Congreso por Murcia es Mirian Guardiola Salmerón. Tiene 43 años, es abogada, diputada regional, portavoz de la dirección del PPRM y exconsejera de Turismo y Cultura. Su candidatura representa la conexión entre el proyecto nacional del partido y la política regional. Al igual que el presidente López Miras ha trasladado la campaña a una disyuntiva entre la continuidad de las políticas de Sánchez y la alternativa que representa Feijóo, como también ha situado en el centro del debate el agua, la financiación autonómica y lo que considera un trato discriminatorio hacia la Región. Electoralmente, aspira a luchar por el quinto escaño.

En Vox lidera su lista Joaquín Robles López. Tiene 62 años y es profesor de Filosofía y diputado en el Congreso desde 2019. Ha sido una de las voces principales de su partido en las áreas educativa y cultural. Su aspiración es incrementar su presencia hasta los tres diputados. Por tanto, se apuesta por la continuidad, pero la candidatura murciana se presenta también como parte de la estrategia nacional de Vox al trasladar al ámbito regional todos sus planteamientos sobre inmigración, economía y organización del Estado. Hay que tener en cuenta que Vox mantiene un modelo de organización de partido muy vinculado a su dirección nacional, como ya vimos en el artículo sobre Javier Antelo. 

Frente amplio ha presentado a Penélope Luna Palazón como candidata, siendo coordinadora regional de IU-Verdes. Es trabajadora social de profesión y actual teniente de alcalde y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Abarán. Su discurso político se centra en la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y los derechos laborales, así como la transición ecológica. La candidatura representa la apuesta de la coalición por mantener el escaño que Sumar obtuvo en 2023, pese a que Podemos concurre por separado en esta convocatoria.

Por último, las candidaturas de Podemos y SALF están encabaezadas por Víctor M. Egío García y Raquel Cardeñosa Cuesta, respectivamente Egío fue diputado, es profesor asociado de Ciencia Política en la UMU y ha protagonizado diversos episodios polémicos durante su trayectoria política regional. En julio de 2024 se encadenó las manos en la tribuna de la Asamblea Regional para protestar contra la sanción de un mes sin empleo y sueldo que le había impuesto la Cámara por negarse a abandonar el pleno después de ser expulsado. En febrero de 2025 volvió a generar controversia con su intervención del denominado «tiro al fachón», una sátira dirigida contra Vox que provocó un enfrentamiento político y una posterior denuncia de amenazas contra él y su familia. También fueron polémicas sus descalificaciones al programa televisivo El Hormiguero durante una intervención parlamentaria y su petición pública de detener al presidente argentino Javier Milei durante su visita a España por el caso de la criptomoneda Libra. El 23 de octubre de 2026 se dictó el sobreseimiento de Milei y otros investigados, si bien la posterior vía de revisión de la negativa a admitir a algunos perjudicados como acusación particular no supuso ni revocar ese sobreseimiento ni reabrir automáticamente la investigación. Por su parte, Cardeñosa es procuradora de tribunales y reside en Santiago de la Ribera. Ella considera que el problema de que España esté en su peor momento es culpa de toda la clase política que entiende que responde a la dirección de sus partidos guardando silencio sobre Murcia. En ese sentido, se jacta de que SALF no exige ninguna disciplina de voto (como para pedirla, después de la polémica escisión del grupo en el Europarlamento) y sus aspiraciones, según afirma, pasan por "sacar las vergüenzas del Congreso" y plantea la contienda electoral en términos de un "o ellos o nosotros". 

España: estimaciones nacionales

Con el inicio de la campaña electoral, resulta especialmente interesante examinar qué escenario dibujan las principales empresas demoscópicas. Para ello, hemos seleccionado seis sondeos publicados recientemente por Sigma Dos, GAD3, 40dB, IMOP Insights, Target Point y DYM, con el objetivo de comparar sus estimaciones de voto y sus proyecciones de escaños. Las siguientes tablas recogen los resultados publicados originalmente por cada medio, respetando sus denominaciones y agrupaciones electorales. Se trata de una fotografía demoscópica del momento, no de una predicción del resultado definitivo de las elecciones.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
Sigma Dos 31,0% 25,2% 19,4% 6,5% 1,6%
GAD3 32,0% 26,0% 19,0% 5,0% N/D
40dB. 31,9% 29,9% 18,0% 5,0%* 1,2%
IMOP 29,8% 25,9% 19,9% 8,1% 1,2%
Target Point 31,8% 25,5% 19,9% 6,6% 2,4%
DYM 33,1% 27,3% 18,6% 5,6% 1,9%

* En 40dB., el dato agrupa FA y candidaturas asociadas según la presentación de la fuente. N/D indica que no se dispone de un dato individualizado comparable.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
Sigma Dos 131–137 101–106 62–70 9–11 0
GAD3 136 103 63 6 N/D
40dB 129
(124–137)
119
(115–123)
61
(58–64)
10*
(7–11)
0
(0–1)
IMOP 126 106 70 13 1
Target Point 131–135 99–103 68–72 9–11 1
DYM 135–139 104–108 63–66 8–10 1–2

* En 40dB, la proyección agrupa FA y candidaturas asociadas. Las cifras entre paréntesis son intervalos publicados por la fuente. N/D significa dato no desglosado.

Nota metodológica: Los datos reproducen las estimaciones de voto y las proyecciones de escaños publicadas originalmente por cada medio y empresa demoscópica. Se respetan las denominaciones, agrupaciones y desgloses de cada sondeo, sin incorporar modificaciones posteriores de terceros. Las estimaciones relativas al Frente Amplio y a las candidaturas de su entorno presentan diferencias de agrupación entre encuestadoras, por lo que deben interpretarse atendiendo a las particularidades de cada publicación. N/D indica que el dato no aparece desglosado en la fuente consultada.

Una última referencia merece la encuesta preelectoral del CIS de Tezanos, publicada ayer, 12 de noviembre, que sitúa al PSOE en primera posición con el 33,3% de los votos, frente al 25,5% del PP y el 18,4% de Vox. Una estimación que vuelve a distanciarse considerablemente de la tendencia reflejada por las encuestas privadas, mayoritariamente favorables al PP. El PSOE obtendría entre 134 y 143 escaños; el PP, entre 98 y 106; Vox, entre 57 y 65; y Frente Amplio, entre 7 y 11. Ni siquiera en el escenario más favorable alcanzarían PP y Vox la mayoría absoluta. Al margen del habitual sesgo favorable al Gobierno que apreciamos en las estimaciones del CIS, conviene recordar que su trabajo de campo se realizó en octubre, a diferencia de las encuestas privadas más recientes, elaboradas en noviembre.

El primer dato que destaca al comparar las seis encuestas privadas es la consistencia del liderazgo del PP. Ninguna de las seis sitúa al PSOE por delante. El PP oscila entre el 29,8% de IMOP y el 33,1% de DYM, consolidándose como primera fuerza política en todos los escenarios analizados. El PSOE, por su parte, se mueve entre el 25,2% de Sigma Dos y el 29,9% de 40dB. Aunque conserva una base electoral importante y mantiene una distancia relativamente reducida respecto al PP en algunos sondeos, no consigue revertir la posición de desventaja. La diferencia entre ambos partidos oscila entre los dos puntos de 40dB y los seis puntos de GAD3, Sigma Dos y DYM, aproximadamente. Vox presenta una evolución especialmente significativa por su estabilidad, dado que las seis encuestas lo sitúan en una horquilla relativamente estrecha entre el 18% y el 19,9%. Esto apunta a una consolidación de su espacio electoral y a una presencia parlamentaria muy relevante. No parece, por tanto, un fenómeno coyuntural ni una fuerza cuya representación dependa de un único sondeo favorable.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE encontramos una situación bastante más fragmentada. Las estimaciones atribuidas al Frente Amplio oscilan entre el 5% y el 8,1%, aunque estas cifras no son plenamente comparables porque las encuestadoras no siempre incluyen las mismas candidaturas y formaciones aliadas. Podemos, además, mantiene una estimación reducida, con porcentajes que van del 1,2% al 2,4% en las publicaciones que ofrecen el dato. Esto refleja el eterno problema político y electoral para la izquierda del que en realidad es consciente: no basta con sumar siglas o anunciar acuerdos para garantizar una alternativa competitiva si existe todavía dispersión de candidaturas.

La proyección de escaños refuerza la tendencia que refleja la estimación de voto. Las seis encuestas sitúan a PP y Vox conjuntamente por encima de los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. La suma de sus proyecciones se mueve aproximadamente entre los 190 escaños centrales de 40dB y los 199 de GAD3, aunque las horquillas de otras encuestas permiten escenarios superiores. Incluso en el extremo inferior de aquéllas, la suma de ambos partidos supera la mayoría absoluta. Esto no significa que una mayoría parlamentaria esté garantizada, pero sí permite afirmar que, en el momento de realizarse estos sondeos, existe una ventaja incontestable del espacio situado a la derecha del PSOE. 

Conviene recordar que hablamos de encuestas realizadas en fechas distintas, con muestras, metodologías y criterios de agrupación diferentes. No son predicciones infalibles, pero su valor reside en reflejar las tendencias que se repiten entre distintas empresas demoscópicas. Pero, aún con ello, los sondeos dibujan un mensaje común bastante claro: el PP lidera, Vox conserva un espacio electoral sólido y la izquierda no construye alternativa que permita revertir la ventaja de sus adversarios, si bien la distribución de escaños y las diferencias territoriales pudieran ser decisivas.

La Región de Murcia: proyecciones territoriales

La Región de Murcia, que elige diez diputados al Congreso, presenta un escenario electoral especialmente interesante por la pugna entre PP y Vox y la evolución de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Para poner estas estimaciones en perspectiva, conviene recordar que en las elecciones generales de julio de 2023 el reparto de escaños en la Región de Murcia fue de cuatro diputados para el PP, tres para el PSOE, dos para Vox y uno para Sumar. De confirmarse los escenarios que plantean la mayoría de los modelos, el PSOE perdería un representante y Vox ganaría dos, mientras que el PP mantendría sus cuatro diputados. En la proyección de GAD3, en cambio, el PP sería el que mejoraría su representación, alcanzando cinco escaños a costa de Vox.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos SALF
Mapa Electoral 36,4% 20,9% 30,4% 4,7%* 2,1% 2,4%
ElectoralLab 37,4% 22,6% 30,6% 4,9% 2,0% 1,79%
El Voto Útil 36,6% 20,3% 31,7% 5,4% 2,4% 2,7%
Pulso Electoral 36,9% 20,9% 31,6% 4,1%* 1,1% 2,7%

* Las denominaciones de las candidaturas pueden variar entre modelos. Mapa Electoral utiliza la denominación Sumar. 

Las proyecciones disponibles sitúan al PP como primera fuerza, con estimaciones que oscilan entre el 36,4% y el 37,4%. Vox aparece en segundo lugar, muy cerca de los populares, con porcentajes de entre el 30,4% y el 31,7%. El PSOE, por su parte, se mueve en una horquilla aproximada del 20% al 23%. También merece atención el espacio electoral situado a la izquierda del PSOE. Las estimaciones para Frente Amplio o Sumar se sitúan alrededor del 4-5%, mientras que Podemos aparece con porcentajes más reducidos. Finalmente, SALF se mueve entre el 1,8% y el 2,7%, sin que, al igual que con Podemos, ninguno de los modelos consultados le atribuya representación parlamentaria.

Fuente PP PSOE Vox FA/Sumar Podemos
GAD3 5 2 3 N/D N/D
Mapa Electoral 4 2 4 0* 0
ElectoralLab 4 2 4 0 0
El Voto Útil 4 2 4 0 0

* Mapa Electoral utiliza la denominación Sumar. N/D indica que GAD3 no ofrece un desglose individualizado en los datos recogidos.

En cuanto al reparto de diputados, la coincidencia entre los modelos es bastante significativa. Cuatro de las cinco proyecciones consultadas apuntan a un resultado de cuatro escaños para el PP, cuatro para Vox y dos para el PSOE. GAD3 ofrece un escenario diferente, con cinco diputados populares, tres de Vox y dos socialistas. La principal incógnita, por tanto, parece encontrarse en el reparto del último escaño entre PP y Vox. Una diferencia que, en una circunscripción de diez diputados, puede resultar determinante para interpretar el resultado político de la convocatoria. 

Conviene realizar una precisión metodológica importante: estas cifras no proceden de cinco encuestas realizadas específicamente en la Región de Murcia. GAD3 publica una proyección provincial a partir de una encuesta de ámbito nacional, mientras que Mapa Electoral, ElectoralLab, El Voto Útil y Pulso Electoral elaboran modelos propios que trasladan los datos de sondeos nacionales a las distintas circunscripciones mediante procedimientos de estimación y simulación. Por tanto, estamos ante proyecciones territoriales y escenarios posibles, no ante mediciones directas de la intención de voto de los murcianos. Sus resultados deben interpretarse con cautela, especialmente porque cada modelo utiliza una metodología diferente y no todos ofrecen el mismo nivel de desglose por candidaturas.

Conclusiones: entre las promesas electorales y la necesidad de un cambio político

La campaña electoral previa al 29-N promete ser electrizante. Los principales partidos llegan a esta cita con propuestas, estrategias y prioridades diferentes, pero también con una obligación compartida: explicar a los ciudadanos no solo qué pretenden hacer, sino cómo piensan llevarlo a cabo, con qué recursos y mediante qué reformas. Frente a la confrontación permanente, la corrupción, las malas artes gubernamentales y las promesas incumplidas, resulta imprescindible recuperar la seriedad, la responsabilidad y la credibilidad de la acción política. Y desgraciadamente eso es algo que suena a mucho pedir en una época de, a mí parecer personal, degeneración institucional.

El análisis de los programas y planteamientos electorales permite identificar diferencias relevantes entre las formaciones, tanto en sus modelos económicos y sociales como en sus propuestas institucionales y territoriales. Sin embargo, también pone de manifiesto que no basta con anunciar rebajas fiscales, mayores prestaciones, reformas administrativas o medidas de regeneración democrática. Cada compromiso debe examinarse desde su viabilidad económica, su coherencia jurídica y sus consecuencias reales, pero algunos no parecen preocuparse por más cálculos que el impacto electoral. Del mismo modo, las controversias que rodean a los partidos y sus dirigentes no pueden despacharse mediante la descalificación del adversario ni utilizarse para eludir las responsabilidades propias. La exigencia de transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas debe aplicarse a todos por igual.

Las estimaciones electorales analizadas apuntan, con las diferencias y cautelas propias de cada fuente, a una ventaja sustancial del PP, una notable resistencia electoral del PSOE y una consolidación de Vox como tercera fuerza política duplicando su presencia. Por el contrario, las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE afrontan mayores dificultades para convertir sus apoyos en representación parlamentaria. En la Región de Murcia, las proyecciones reflejan una competencia especialmente intensa entre PP y Vox, aunque los resultados definitivos dependerán de la evolución de la campaña y de la decisión de los electores. Por lo pronto, la impresión es que las estimaciones nacional no son del todo extrapolables al caso murciano.

Desde Política ciudadana consideramos que España necesita un cambio político que vaya más allá de la simple alternancia entre partidos. Defendemos una alternativa liberal comprometida con la libertad individual, la economía de mercado, la responsabilidad fiscal, la unidad constitucional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Una orientación que debe combinar el impulso de la iniciativa privada con un Estado limitado en sus intervenciones, eficaz en sus funciones y capaz de garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad. Esa es la alternativa política que reivindicamos y promovemos, sin subordinarnos a las siglas ni renunciar a criticar las contradicciones de quienes puedan compartir parte de nuestros principios.

Las próximas semanas ofrecerán nuevas oportunidades para contrastar las propuestas con las declaraciones, los debates y los compromisos de los candidatos. Pero, más allá de quién consiga formar Gobierno, lo verdaderamente importante será determinar si España emprende las reformas necesarias para fortalecer sus instituciones, mejorar su prosperidad y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Porque España no necesita únicamente un cambio de Gobierno, sino un rumbo político claro: más libertad, más responsabilidad, instituciones más sólidas y una defensa firme del interés general frente a los privilegios y los intereses partidistas.

lunes, 9 de noviembre de 2026

Dependencia, discapacidad y ELA: retos de los servicios sociales en Murcia

Los Servicios Sociales son fundamentales en nuestro Estado social y democrático de Derecho por cuanto son garantía del bienestar de las personas con discapacidad. Igualmente, cualquier sistema liberal que crea en la igualdad de oportunidades ha de velar porque el Estado limitado priorice recursos en dicho área. Me parece muy necesario explorar la situación de las políticas de Dependencia, reconocimiento de discapacidad y enfermedades raras con especial mención al ELA. Me centraré en la Región de Murcia, pero al mismo tiempo prestaré atención a qué proponen y defienden los principales partidos que concurren a las Elecciones del 29-N.

Distribución de competencias

Las competencias en materia de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se regulan principalmente a través de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Los niveles y distribución de competencias son los siguientes: la Atención Primaria constituye el normal cauce de acceso al sistema y los Ayuntamientos ofrecen una atención integrada y polivalente en el entorno más próximo al ciudadano y su familia. Se provén programas básicos de información, valoración, orientación, ayuda a domicilio, prevención e inserción y cooperación social. Después está la Atención Especializada que es ejercida por la CARM y que corresponde a niveles que exigen recursos más técnicos y personalizados. Se gestiona a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que específicamente se encarga del desarrollo y gestión de servicios, programas, prestaciones técnicas y la valoración del grado de Dependencia. Finalmente, la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad impulsa, promueve y coordina la atención primaria, elabora planes generales y coordina los sistemas de protección social frente a la vulnerabilidad.

Dependencia

El sistema de atención a la dependencia en la Región de Murcia atraviesa graves dificultades estructurales. Según los datos oficiales del Observatorio Estatal para la Dependencia, gestionado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad Autónoma se sitúa repetidamente a la cola del país en cuanto a agilidad y cobertura. Revisando los datos del SAAD del Ministerio arrojan varias tendencias crecientes que no van al mismo ritmo. Entre 2019 y 2026, las solicitudes han aumentado en un 42,6%, las resoluciones un 54% y el número de personas con derecho a prestación un 45,6%. A fecha de cierre de septiembre de 2026, las personas con derecho reconocido alcanzaron un 78,52% de las solicitudes registradas y con derecho a prestación. El resumen es que la CARM ha incrementado notablemente su actividad administrativa entre 2019 y 2026, pero eso no ha impedido que persistan importantes problemas de demora. Las prestaciones se han incrementado en más de un 58% y con el crecimiento más acusado desde 2023 hasta 2025. Ahora bien, tampoco se puede interpretar como número de personas atendidas porque hay quienes reciben más de una prestación.

Evolución del sistema de Dependencia en la Región de Murcia (2019-2026)

Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones. 


Solicitudes, expedientes resueltos, personas con derecho reconocido y prestaciones

Año Solicitudes Resueltas Con derecho reconocido Prestaciones
2019 53.719 46.430 41.312 44.054
2020 52.094 45.294 40.012 44.045
2021 54.205 47.556 42.082 46.064
2022 55.440 50.117 44.287 47.227
2023 62.760 54.056 47.580 50.551
2024 66.811 59.427 51.617 57.972
2025 74.588 67.138 57.566 66.770
2026* 76.618 71.492 60.166 69.797

*Datos correspondientes a septiembre de 2026.
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Elaboración propia.

Los principales problemas identificados se concentran en los siguientes puntos: 

Tiempos de espera extremos: La Región de Murcia lidera la mayor demora de España para tramitar un expediente de dependencia. El tiempo medio necesario para completar un expediente (desde la solicitud hasta la concesión de la ayuda) supera los 550 días, desbordando ampliamente el plazo máximo de 6 meses (180 días) fijado por la normativa estatal. La media nacional se sitúa bastante por debajo, en torno a los 320 días. El limbo de la dependencia llega a cifras como que el 18,6% de los solicitantes en Murcia permanecen a la espera de recibir alguna valoración o la prestación que legalmente ya tienen reconocida. Esto sitúa a la Región como una de las que presenta un mayor porcentaje de personas desatendidas en todo el territorio español. Actualmente, más de 14.000 personas se encuentran atrapadas en esta lista de espera. Pero el impacto más crítico de estas demoras administrativas es el elevado volumen de personas vulnerables que fallecen esperando una respuesta. Durante el primer semestre, más de 700 dependientes murcianos murieron mientras figuraban en las listas de espera sin haber llegado a percibir sus prestaciones o servicios.

Déficit de recursos e infraestructuras públicas: Diversos colectivos y portavoces del sector social alertan de una preocupante falta de cobertura en equipamientos básicos. Se estima un déficit de aproximadamente 8.000 plazas en residencias y centros de día públicos, lo que congestiona las opciones de cuidado formal de los dependientes graves. Además, se asiste a una marcada disputa política en torno a los recursos económicos. El Gobierno autonómico denuncia una infrafinanciación por parte del Estado, señalando que la administración central aporta aproximadamente el 30% del gasto frente al 50% que estipula la ley nacional. Por su parte, colectivos sociales y de la oposición atribuyen la situación a una falta de priorización presupuestaria y a la excesiva complejidad burocrática interna del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Por su parte, el argumento central del Ejecutivo regional y de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es la infrafinanciación y deuda del Estado. La CARM denuncia que asume cerca del 75% del coste total del sistema de Dependencia, mientras que la ley nacional estipula que la financiación debería repartirse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. De esa manera, el Gobierno autonómico cifra en más de 600 millones de euros la deuda acumulada que el Ministerio tiene con la Región de Murcia en materia de Dependencia desde 2018. También aseguran que si contaran con, su entender, una financiación estatal justa (como la que reciben otras comunidades con regímenes forales), se habrían eliminado los tiempos de espera y reforzado de manera inmediata los recursos de atención. Por otra parte, trata de contrarrestar las críticas de parálisis publicando sus propios balances de gestión a través del IMAS y destacan que en los últimos periodos se ha logrado un incremento histórico, resolviendo más de 50.300 valoraciones anuales entre discapacidad y dependencia (un aumento superior al 22%). También que el sistema atiende de forma activa a más de 66.770 beneficiarios, incorporando miles de personas nuevas al sistema año tras año.

En cuanto a la reducción de las listas y "cuellos de botella", el Gobierno regional sostiene que las listas de espera están disminuyendo de forma sostenida gracias a planes de choque internos. Afirman que se están acelerando los expedientes y que la tendencia del IMSERSO refleja que se tramitan miles de prestaciones nuevas cada trimestre. En términos de modernización del modelo y simplificación burocrática, para atajar el problema de los más de 530 días de retraso medio, la CARM ha implementado reformas como una nueva solicitud simplificada para fusionar la solicitud de valoración del grado con la de la prestación o servicio (evitando duplicar tiempos de espera), extensión de las valoraciones telemáticas priorizando casos más graves y, tras el Decreto-Ley del nuevo grado III (dependencia extrema), enfocarse en asistencia domiciliaria de 24 horas y apoyo económico a familias con enfermedades como ELA. 

Solicitud y reconocimiento del grado de minusvalía

En la Región de Murcia, el procedimiento para el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del grado de discapacidad (históricamente llamado minusvalía) también presenta importantes fricciones burocráticas y problemas de tiempos de espera similares a los de la dependencia. El órgano responsable de tramitarlo y evaluarlo es el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Para poder acceder a los beneficios fiscales, laborales, educativos y de movilidad, el grado mínimo dictaminado debe ser igual o superior al 33%. Puede solicitarse tanto online (mediante certificado digital o Cl@ve en la Sede Electrónica) como presencialmente en las oficinas del IMAS con cita previa. Se deben aportar informes médicos oficiales (de especialistas de la Seguridad Social o privados) y abonar una tasa de solicitud inicial (el modelo T-173.1, salvo colectivos exentos por bajos ingresos). La evaluación debe ser realizada por los equipos multipersonales de Valoración y Orientación como médicos, psicólogos y trabajadores sociales y aquélla ha de medirse aplicando el baremo estatal regulado por el Real Decreto 888/2022.

El mayor conflicto en torno al reconocimiento de la discapacidad reside en el colapso del sistema de citas y evaluación. Para empezar, se incumple el plazo legal, dado que la norma estipula un plazo máximo de 6 meses para resolver la solicitud. Sin embargo, según informes de entidades del sector como el CERMI y debates en la Asamblea Regional, el retraso medio para conseguir la cita y dictamen definitivo supera los 16 meses (unos 513 días de media) y en algún caso personal llevamos esperando sólo la cita casi 2 años. Ante el silencio administrativo, cabe recurso de alzada ante el titular de la Consejería y, en caso de nuevo silencio, su sentido es de carácter estimatorio. Sin embargo, eso no faculta en realidad para obtener un derecho automático, pues sólo implica que te tengan que citar y la certificación de la estimación presunta tan sólo nos valdría para interponer recurso contencioso-administrativo. El propio Defensor del Pueblo ha emitido advertencias formales a la CARM por estas demoras crónicas, ya que genera un indudable impacto en los usuarios, pero no ha recibido en ningún caso respuesta. Este atasco perjudica gravemente a familias con niños que necesitan tratamientos urgentes de atención temprana, a trabajadores que necesitan adaptar sus puestos y a personas con patologías graves que no pueden acceder a pensiones o beneficios de inclusión laboral mientras esperan.

Ante esta situación, el Gobierno de la Región de Murcia sostiene que está aplicando medidas medidas correctoras. Respecto a la falta de personal técnico, la Administración reconoce de manera indirecta las carencias estructurales en las plantillas médicas y psicológicas de los Centros de Valoración, además de admitir dificultades para cubrir las bajas laborales. Con el fin de evitar que las personas cuyas tarjetas temporales caduquen queden desamparadas económicamente durante la espera de su revisión, el IMAS ha emitido resoluciones extraordinarias para prorrogar automáticamente la vigencia de los grados de discapacidad reconocidos. Asimismo, defienden que el nuevo baremo digitalizado agilizará el cruce de datos con el SMS, permitiendo emitir dictámenes por informe médico en los casos más severos y reduciendo la necesidad de evaluaciones presenciales complejas. Estas perspectivas optimistas tienen sus reservas en opinión de algunas asociaciones en España. Pero sobre todo pierden fuerza por su propio peso, al constatar que el principal cuello de botella se origina en el primer trámite de asignación de citas, es decir, una gestión esencialmente administrativa y no técnica.

Enfermedades raras, Ley ELA y su aplicación en la Región de Murcia

La atención a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a las enfermedades raras ha sido objeto de debate legal y presupuestario tanto a nivel nacional como autonómico, no sin antes ser postergada su aprobación hasta tres años siendo postergada más de 40 veces desde su toma en consideración en 2022 a iniciativa de Ciudadanos. Muchos pensamos que el hecho de que fuese presentada por esta formación, aparte de la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado fueron los principales motivos peregrinos para retrasarla, demostrando con su aprobación mediante la Ley 3/2024 y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto-Ley 11/2025 que no era necesario esperar tanto. 

Estas normativas reconocieron derechos históricos para pacientes de ELA y otras dolencias irreversibles de alta complejidad, permitiendo a la Región de Murcia implementar importantes novedades normativas. En primer lugar, creó el Grado III+ (dependencia extrema) a través del Decreto-Ley 1/2026, de 7 de mayo, específico para enfermos de ELA en fase avanzada. Esto permitiría agilizar la atención domiciliaria continua de hasta 24 horas y otorgar un blindaje económico directo a las familias que puede alcanzar hasta los 9.859 euros mensuales por enfermo según las necesidades de supervisión. Por otra parte, el Ejecutivo autonómico prometió la supresión total de copagos en las prestaciones para las personas diagnosticadas con ELA y patologías irreversibles de curso rápido. Esta medida contó con el consenso de las fuerzas políticas de la Asamblea Regional para integrarse plenamente en el presupuesto ordinario y la Ley entraría en vigor a finales de año. Finalmente, el IMAS mantiene líneas de subvención de concurrencia no competitiva destinadas a sufragar gastos no cubiertos por el sistema ordinario de salud, gestionadas de forma complementaria junto a asociaciones como ELA Región de Murcia.

El Sistema de Información sobre Enfermedades Raras de la Región de Murcia (SIER) tiene identificadas a más de 86.000 personas con alguna de estas patologías en la comunidad. La Consejería de Salud trabaja en la actualización del Plan Regional Integral de Enfermedades Raras con el objetivo prioritario de acortar los tiempos de diagnóstico (que a nivel nacional suelen superar los 5 años) y unificar las vías de derivación sanitaria. En abril de este año se inauguró el Centro Regional de Enfermedades raras ubicado en el Hospital público de La Arrixaca con programas como ImPaCT Genómica para los casos complejos y asume funciones de detección precoz, diagnóstico y seguimiento. Por otra parte, existen ayudas fiscales y económicas. En las primeras, existe una deducción autonómica en el IRPF de hasta 300 euros para ayudar a cubrir costes de tratamientos, terapias y medicamentos de las personas diagnosticadas. En las segundas, existen convenios de atención familiar mediante los que se canalizan vía Presupuestos subvenciones nominativas a entidades como la Federación Española de Enfermedades Raras y asociaciones locales (D'Genes). De esa forma se financian servicios de atención psicológica, logopedia, fisioterapia y orientación social especializada en sus centros de día autorizados.

A pesar de los avances legislativos, plataformas de afectados como la Confederación Nacional ConELA y diversas asociaciones de enfermedades raras denuncian la existencia de múltiples barreras que impiden una aplicación efectiva y equitativa de la norma. El problema fundamental radica en el propio retraso administrativo que anula el impacto de la Ley estatal. Aunque esta exige que los procesos se resuelvan por la vía de urgencia, el colapso del sistema provoca que muchos afectados fallezcan antes de recibir la ayuda económica o la asistencia domiciliaria solicitadas. Asimismo, las familias recalcan que las demoras se ven agravadas por unos sistemas informáticos de gestión en el IMAS que aún no están completamente adaptados ni unificados. A este escenario se suman los retrasos en el diagnóstico de las enfermedades raras, pues el tiempo para obtener un diagnóstico certero sigue superando los cinco años. Consecuentemente, los pacientes se hallan en un limbo administrativo y social que les impide solicitar las deducciones fiscales de 300 € en el IRPF o las prestaciones por discapacidad. Por último, tampoco puede obviarse la exclusión de patologías similares, como las neuromusculares; pese a que la Asamblea Regional aprobó por unanimidad extender los beneficios y ayudas de la ELA a condiciones como las distrofias musculares de Duchenne o Becker, las convocatorias de ayudas publicadas hasta la fecha solo han incluido el diagnóstico estricto de ELA. Por lo tanto, no puede obviarse una irrenunciable responsabilidad pública.

Qué proponen los partidos

El debate sobre la Dependencia ya no gira en torno a la ampliación de derechos, sino en la sostenibilidad económica del sistema ante el envejecimiento poblacional y la agilización de las listas de espera. El PSOE, tras la aprobación de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica las Leyes de Derechos de personas con Discapacidad y de Dependencia, centra su dirección en: blindar la financiación estatal para alcanzar el 50% de aportación vía PGE, eliminar incompatibilidades y garantizar la simultaneidad de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día para finalmente establecer plazos máximos legales de resolución de 3 meses al objeto de erradicar el limbo de la Dependencia.  Frente amplio (antes Sumar) va más allá priorizando la gestión pública directa de los servicios de cuidados, universalidad del sistema, subida de cotizaciones a las cuidadoras no profesionales y fiscalizar los baremos de valoración para que se adapten a las realidades multipatológicas. Eso es lo que ha promovido el Ministerio de Derechos Sociales Por lo tanto, entre la izquierda la diferencia es presupuestaria e intervencionista. Por una parte, centraliza gastos en el Estado y descarga de las CCAA, pero limita al sector privado y lo más importante, genera un incremento sustancial del compromiso presupuestario que debería responsabilizarse el próximo Gobierno.

En la derecha, el PP apuesta por una modificación profunda de la Ley de Dependencia simplificando trámites administrativos mediante ventanilla única, introducir una cartera de servicios básica y común para todas las CCAA y teleasistencia avanzada y soporte en el entorno familiar para los que permanezcan en sus hogares. A nivel de Murcia, López Miras ha prometido más de 1.600 plazas nuevas para mayores y discapacitados y también un convenio con el IMSERSO para destinar 46 millones de euros en materia de Dependencia. No hay que perder de vista que estas cifras se han hecho públicas días después de la convocatoria electoral. Por su parte, Vox marca una apuesta decidida por la recentralización. Propone un modelo de tarjeta sanitaria (como propuso en su día Ciudadanos), que las competencias sean asumidas por el Estado para que no haya disparidad de prestaciones por regiones y propone subir las deducciones fiscales para los cuidadores familiares. Así que el resumen aquí es que la derecha se mueve más por unidad de mando, igualdad de derechos y beneficios fiscales, pero es más acusado en Vox que en mayor proporción desconfía de la gestión autonómica.

Sobre las enfermedades raras, tanto el PSOE como el PP coincidieron en una proposición de Ley presentado por el primero para agilizar el diagnóstico expandiendo y homogeneizando el cribado neonatal (prueba del talón). En materia de medicamentos, la izquierda propone revisar y flexibilizar los criterios de financiación pública de los fármacos de última generación para que se incorporen lo antes posible al SNS. También hubo consenso en aprobar iniciativas de PP y Vox para mejorar avances en los tratamientos y el segundo para el acceso al fármaco contra la piel mariposa. Sin embargo, el PP cree también urgente acelerar las aprobaciones en sintonía con la Agencia Europea de medicamentos y conceder incentivos fiscales a la investigación biotecnológica. Sobre especializaciones sanitarias, el PSOE plantea incentivar la genética clínica y enfermedades minoritarias mientras que Vox respalda que se concentren los recursos en centros nacionales dotados con presupuestos específicos. Pero específicamente sobre la ELA, el PSOE se propone desbloquear los Decretos pendientes que desarrollen la Ley como la prórroga de la ayuda CUMU y una dotación presupuestaria garantizada a las CCAA para la atención especializada domiciliaria. Frente Amplio añade a esta última que se blinde por Ley junto con los cuidados domiciliarios pero en régimen siempre público, así como apoyo psicológico continuo al núcleo familiar. El PP promueve la creación de un Centro nacional de investigación de ELA y acelerar el reconocimiento del diagnóstico de la enfermedad para acelerar las ayudas. Finalmente, Vox vuelve a apostar por la centralización con la coordinación de las unidades ELA interprovinciales a efectos de evitar traslados gravosos a los enfermos y asegurar los cuidados paliativos avanzados.

Conclusiones: los derechos sociales se demuestran con resultados

La Región de Murcia tiene ante sí un reto que no puede seguir aplazándose: conseguir que los derechos reconocidos en materia de dependencia, discapacidad y enfermedades raras se traduzcan en atención efectiva. Porque una prestación que llega tarde, una valoración que se demora durante meses o una ayuda que no alcanza a quien la necesita pierde todo su sentido. Detrás de cada expediente hay personas y familias que no pueden esperar indefinidamente a que la Administración resuelva sus problemas.

Es evidente que la financiación estatal, la distribución de competencias y la sostenibilidad económica condicionan el funcionamiento del sistema. El Gobierno regional tiene motivos legítimos para reclamar una financiación más justa y suficiente y el Estado debe asumir sus obligaciones. Pero esa reivindicación no puede convertirse en una explicación permanente de todas las deficiencias. La Administración autonómica también debe responder por su gestión, sus prioridades presupuestarias, la dotación de personal, la organización del IMAS y la eficacia de las medidas que anuncia. No basta con aprobar planes de choque, simplificar formularios o presentar balances de actividad. Hay que demostrar que las listas de espera disminuyen y que las personas reciben la atención que tienen reconocida.

El reconocimiento administrativo de la discapacidad tampoco debería convertirse en una carrera de obstáculos para acceder a derechos básicos. Es por eso por lo que se deberían de proveer todos los medios humanos y técnicos posibles para agilizarlo. Y en el caso de la ELA y otras enfermedades raras, la aprobación de nuevas leyes y ayudas solo representa un avance real si llega a tiempo, alcanza a quienes lo necesitan y se aplica sin dejar fuera a pacientes con patologías de necesidades similares. Así que la urgencia de estas situaciones exige algo más que declaraciones institucionales y compromisos sobre el papel.

Las propuestas de los partidos ofrecen enfoques diferentes: más financiación estatal y ampliación de servicios, gestión pública directa, simplificación administrativa, homogeneización territorial, apoyo a los cuidadores familiares o mayor coordinación estatal. Algunas pueden ser complementarias y otras plantean diferencias relevantes sobre el papel de las Administraciones y la participación de los distintos proveedores, puesto que la izquierda prioriza la responsabilidad y el gasto públicos y la derecha valora la colaboración privada y apuesta por la unidad. Pero todas coinciden en una reactivación electoralista cuando no aprobaciones sobre la campana de dicho botón del 29-N. Y eso es lo que menos confianza da.

Desde una perspectiva liberal, la protección social no se mide por el tamaño de la Administración ni por el número de normas aprobadas, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y utilizar responsablemente los recursos públicos. Por tanto, un Estado eficiente debe priorizar a quienes más apoyo necesitan, reducir la burocracia y evaluar sus políticas por los resultados, no por la propaganda. Por ello la Región de Murcia no necesita más promesas que se pierdan entre expedientes, anuncios y disputas entre Administraciones. Necesita servicios sociales que funcionen, plazos que se respeten y responsabilidades políticas que se asuman. Porque la Dependencia, la discapacidad y las enfermedades raras no pueden esperar a que termine la próxima campaña electoral.