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viernes, 25 de septiembre de 2026

Libertad de expresión al banquillo: ¿dónde está el límite?

La libertad de expresión, junto con otras, es reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española. Pero no es infinita, pues nuestro texto establece como límites el respeto al honor, la intimidad de las personas y la protección de la infancia de acuerdo con lo que dicten las leyes. Éstas obviamente, tratan en la medida de lo posible de aplicar la ideología del Gobierno de turno, del mismo modo que la interpretación de ellas (incluso en sede judicial) puede verse afectada por la actualidad social del momento. Así que, realmente, el límite constitucional es tan difuso que en la práctica legal, política y judicial es mucho más relativo y complicado. Por eso me parece conveniente e interesante publicar el presente artículo comparado (como muchas otras veces me gusta elaborar en este blog). Hoy voy a recordar y comentar hasta cinco casos de juicios penales a la libertad de expresión con importantes diferencias entre ellos. Todos tienen en común que atravesaron un periodo más o menos largo de proceso judicial y recursos, pero sólo uno de ellos se confirmó como condena por excederse de la libertad de expresión constitucionalmente protegida. También existe otro que vino aparejado de una campaña de cancelación tan palmaria que justificó la publicación de un libro.

El caso Guillermo Zapata 

Zapata era concejal de Ahora Madrid tras las elecciones municipales en 2015. Fueron las que permitieron a Manuela Carmena convertirse en Alcaldesa desbancando a Esperanza Aguirre que perdió la mayoría absoluta. Su caso estalló nada más tomar posesión como edil responsable en el área de Cultura, dado que salieron a la luz diversas publicaciones antiguas de 2011 en Twitter. En dichos mensajes escribió varios chistes de humor negro sobre el terrorismo etarra, víctimas del holocausto, Irene Villa o las niñas de Alcásser. Algunos de ellos eran tal que así: "¿Cómo meterías a cuatro millones de judíos en un SEAT 600? En el cenicero" o "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".

Descontextualizados, tenían un impacto lamentable y generaron tal rechazo social y político que terminó dimitiendo de su cargo para evitar daños al gobierno municipal, si bien permaneció como concejal raso. Fue procesado por un presunto delito de humillación las víctimas del terrorismo y Zapata defendió que dichos comentarios se escribieron en el contexto de un debate digital sobre los límites del humor negro, que había copiado chistes para ejemplificar expresiones macabras y sin ánimos de ofender ni generar odio personal hacia ninguna víctima. Es más, Irene Villa declaró públicamente que no se sentía humillada.

La causa penal pasó por un largo proceso que Santiago Pedraz archivó hasta en tres ocasiones al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, la insistencia de la asociación Dignidad y Justicia logró reabrir el caso y sentarlo en el banquillo de los acusados en noviembre de 2016. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó absolviendo a Zapata al enmarcar los mensajes en un desliz desafortunado sobre los límites del humor macabro. Por tanto, pese a ser mensajes desagradables se hallaban fuera del círculo del Código Penal y no tenían la entidad suficiente como para constituir una humillación real a las víctimas del terrorismo.

El caso Cassandra Vera

De este caso ya hablamos en este mismo blog en su "primera etapa", pero sin entrar en la profundidad habitual en esta nueva. Fue otro de los primeros procesos judiciales en España sobre la libertad de expresión, humillación a víctimas y límites del humor en Internet y en el contexto de la polémica "Ley Mordaza", como se bautizó así a la reforma de la Ley de Seguridad del Gobierno Rajoy. De una manera más marcada que el caso de Zapata (al recibir una condena inicial) se constituyó en un precedente significativo contra la criminalización del discurso en redes sociales que no promueva de forma directa el discurso de odio o la violencia física.

Cassandra era entonces una estudiante trans de la Universidad de Murcia y entre 2013 y 2016 publicó hasta trece tuits con chistes e ironías sobre el atentado de ETA que asesinó a Luis Carrero Blanco, que fue presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. Fue en 2016 cuando, a raíz de una denuncia de la Fiscalía (no fue ni la familia del almirante), se le acusó de un delito por el que se le pedían inicialmente dos años y medio de prisión. En 2017, la Audiencia Nacional la condenó a un año de presión y siete de inhabilitación absoluta por considerar que sus chistes mofaban y humillaban a persona que fue víctima del terrorismo etarra.

Sin embargo, un año después en 2018 fue el Tribunal Supremo quien anuló la condena. Determinó que aunque los chistes eran de mal gusto y socialmente reprochables, se trataba de expresiones en clave de humor sobre un suceso sucedido hace varias décadas y no constituían enaltecimiento de terrorismo ni justificaban la violencia. Aquí puede accederse a la sentencia completa, la 95/2018. Sus criterios fueron claros: la ausencia de injuriar o humillar (apreciándose sólo mofa o sarcasmo en contexto de humor e inexistencia de frases hirientes o ultrajantes contra la persona o su vida privada), el factor temporal y contexto histórico (más de 40 años después y siendo popular la sátira social sobre el coche volando), la condición de personaje público (que soporta mayor umbral de crítica que un desconocido como le pasa a P.S. cuando le cantan la "canción del verano") y ante todo la desproporcionalidad penal por la improcedencia de castigar con cárcel unos chistes. Esto último es básico porque nos ayudará a discernir una importante línea.

El caso Pablo Hásel 

El asunto Hasel nos lleva a las condenas de un rapero por delitos de enaltecimiento del terrorismo más injurias a la Corona e instituciones del Estado a raíz de sus polémicas letras musicales y mensajes publicados en Twitter. Algunas de esas letras eran especialmente vomitivas como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero/socialisto", "merece que explote el coche de Patxi López" o "que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono". Más perlas criminales pueden leerse aquí y hasta en un concierto animó públicamente a cargarse a algún Guardia civil. La reincidencia de este espeluznante personaje viene de bastante tiempo atrás, ya que en 2014 la Audiencia Nacional ya le condenó por vez primera a 2 años debido al contenido de varias canciones publicadas en YouTube. Pese a ser confirmada en 2015, la ejecución quedó en suspenso al carecer de antecedentes. 

En 2018, la AN le impuso de nuevo una pena de 2 años por enaltecimiento al terrorismo de organizaciones como ETA y GRAPO e injurias a la Corona e instituciones del Estado como las fuerzas de seguridad. En el mismo año recibió otra condena por delito de allanamiento de local tras incidentes en la Universidad de Lérida. Sin embargo, fueron reducidas en apelación de 2 años a 9 meses y un día de cárcel, además del pago de multas siendo ratificada por el Tribunal Supremo en 2020. En el mismo año fue condenado a otros 6 meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir y rociar con un producto de limpieza a un periodista durante un encierro estudiantil en 2016. Pero lo significativo fue que la confirmación de esta reincidencia por el TS revocó la suspensión de la primera condena y motivó su ingreso definitivo en la cárcel. Se hizo efectivo en Lérida en febrero de 2021 tras un encierro en la Universidad, que desencadenó fuertes protestas de grupos de extrema izquierda alegando libertad de expresión. Las manifestaciones en Cataluña provocaron disturbios, destrozos de mobiliario urbano y enfrentamiento con fuerzas de seguridad. También contó Hasel con el apoyo de Amnistía Internacional considerando que se le imponía un delito por su libertad de expresión. Mientras tanto, se dedicó a seguir acumulando condenas y por ejemplo por obstrucción a la Justicia y amenazar a un testigo.

La defensa del rapero elevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras inadmitirle el TC el recurso de amparo en noviembre de 2020. En dictamen de 9 de noviembre de 2023, el Tribunal de Estrasburgo desestimó el recurso y concluyó por unanimidad que la Justicia española sí tuvo en cuenta el principio de libertad de expresión y, por tanto, la pena impuesta fue proporcionada y no vulneró derechos fundamentales. El fallo determinó que los mensajes y canciones no podían ampararse en la libertad de creación artística, sino que contenían violencia y suponían una banalización y enaltecimiento del terrorismo injustificable, además de injurias contra la Corona. Así que se ratificó la pena de 9 meses de presión y las multas. Hasta la fecha permanece en Lledoners, está clasificado en segundo grado y rechaza programas de reinserción para acogerse a beneficios penitenciarios porque se sigue considerando "preso político". Aún así su comportamiento no es problemático y su fecha prevista de salida en libertad está prevista para abril de 2027.

El caso Anónimo García 

El de Raúl San Mateo (su nombre real) es uno de los casos más paradigmáticos de cultura de cancelación a los que se ha asistido en la España del siglo XXI. Era un activista del colectivo ultrarracionalista Homo Velamine. Esta entidad postulaba que el ser humano actúa movido por intuiciones morales o pasiones emocionales y que de forma secundaria emplea la razón para justificarlas. Así que fue concebido como una suerte de "guerrilla armada del surrealismo" adaptada a la era de Internet y cuyo fin era cortocircuitar los dogmas políticos, el sensacionalismo de los medios de comunicación y la autocomplacencia social.  Es decir, una mezcla entre incorrección política y humor inteligente.

En diciembre de 2018, Anónimo García ideó a través de HV un experimento social con la creación de la web tourlamanada.com. Dicho sitio simulaba ofrecer una ruta turística por los puntos de Pamplona donde, la noche de los Sanfermines de 2016, habría paseado la víctima de agresión sexual del grupo La Manada con el mismo. El mencionado sitio fake fue realmente concebido como un cebo para denunciar el sensacionalismo y el negocio mediático en torno al caso, de manera que se comprobase si los medios picaban en dicho anzuelo y convertían un suceso desgraciado en un producto morboso. Sin embargo, la reacción de la prensa fue muy distinta. Programas de televisión y periódicos nacionales difundieron masivamente la existencia del tour como algo real, sin contrastar la información ni comprobar que la web mutó a los tres días para publicar su desmentido explicativo. La campaña de cancelación fue tal que Greenpeace, donde trabajaba precisamente en el departamento de libertad de expresión, le despidió y, seguidamente, el colectivo Homo Velamine acabó desintegrándose. Ferias de autoedición, charlas, festivales... Todo anulado y cancelado.

El calvario judicial tuvo su primera fecha dolorosa en diciembre de 2019, cuando el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona le impuso a García un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral más una indemnización de 15.000 euros pero que con el tiempo escaló hasta 33.000. El juzgado entendió que la web agravó el estrés postraumático de la víctima, como se aludió en la querella. Seguidamente, la Audiencia provincial de Navarra en julio de 2020 mantuvo la condena en apelación  interpretando la parodia en su literalidad y en diciembre de ese año el Tribunal Supremo inadmitió el recurso en casación, obligando al activista a seguir afrontando un fuerte repudio social. Todo esto motivó un libro publicado por Juan Soto Ivars titulado Nadie se va a reír, conceptuando el caso como un juicio a la ironía y visibilizó los riesgos judiciales de la sátira en entornos de alta polarización social.

En mayo de 2025, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la condena de cárcel que pesaba sobre García, dictaminando que su acción fue una crítica satírica amparada por la libertad de expresión. Consideró que la intención de García nunca fue vejar ni humillar a la víctima de la violación grupal (como exige el artículo 173.1 del CP respecto del delito de integridad moral) y puso de manifiesto la falta de sensibilidad del reproche penal en las sentencias ordinarias dictadas. A tal respecto, indicó que el Derecho Penal no debe castigar las manifestaciones satíricas que formulen críticas a las dinámicas de desinformación de los medios de comunicación. La abogada de la recurrente declaró que llevaría el caso al TEDH. Sin embargo, considero incontestable la doctrina del TC e incluso el propio tribunal de Estrasburgo tiene antecedentes validando la crítica satírica. Así que espero, por el bien de la libertad de expresión, que mantenga dicha doctrina. Actualmente, Anónimo García tiene una cuenta en YouTube que añado a mi lista y en la que trata de recuperar el espíritu filosófico de Homo Velamine.

El caso Camilo de Ory

Este escritor generó una enorme polémica en Twitter cuando en enero de 2019 posteó unos mensajes mientras se realizaba la dramática búsqueda a contrarreloj del menor de dos años Julen que cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Se trataron de unos tuits satíricos y con cierto tono macabro que fueron interpretados como mofa de la situación y de hecho yo mismo fui uno de los indignados. Y es que algunos de los mensajes fueron estos: "Cómo has podido caer tan bajo, Julen", "Digo yo que el niño también podría escarbar un poco" o "si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginado lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones". Estas publicaciones provocaron un enorme rechazo social debido a la extrema sensibilidad del rescate y recibió centenares de amenazas. Pero también hay que tener en cuenta un detalle de contexto: fue retransmitido en directo por los medios. Aquí puede leerse una entrevista en julio de 2019.

Los padres denunciaron, pero el escritor sospechó que no vieron directamente los mensajes sino que probablemente alguien les habría avisado. El proceso judicial se alargó enormemente y tal vez pudo influir la pandemia. En enero de 2023, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid le condenó por un delito contra la integridad moral imponiéndole una pena de un año y medio de cárcel más una indemnización de 6.000 euros para los padres. Pocos meses después, la Audiencia Provincial ratificó esta condena tumbando de nuevo los argumentos de que los mensajes eran sólo epigramas humorísticos orientados a criticar el tratamiento mediático de la tragedia. Ambas instancias entendieron que el tuitero "incrementó injustamente el dolor" de la familia de forma deliberada calificando las publicaciones de ofensivas, humillantes y degradantes así como de menosprecio a la víctima de un suceso trágico. Sin embargo, una vez más la ironía fue ignorada al interpretarse judicialmente de modo literal. Y debo reconocer que yo tampoco supe ver aquélla y me dejé llevar por la corriente.

En julio de este 2026, el Tribunal Supremo (que esta vez sí admitió la casación) dictó la absolución de Ory determinando que los comentarios estaban protegidos por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Se estimaron las alegaciones de que realmente satirizaba el espectáculo mediático del rescate y que no pretendía dañar a la familia. Además, la ofensa carecía de destinatario directo cuando el delito contra la integridad moral exige una interrelación directa. En la sentencia citó doctrina del TC y TEDH, pero sobre todo la primera comparando este caso con el de Anónimo García. Respecto al segundo, aplicó sus baremos de contexto, capacidad del emisor, naturaleza del lenguaje, reiteración, medio y difusión. Por tanto, aún siendo comentarios desagradables, la insensibilidad no equivale a una infracción penal y como mucho podrían ser objeto de demanda civil (que tampoco vulnera el honor).

Conclusiones

La mayoría de estos casos tienen en común que sufrieron la interpretación más literal y descontextualizada posible de los artículos del Código Penal en relación con los hechos que se les imputaron. Chistes y mensajes irónicos fueron en realidad lo que expresaron a través de la red social Twitter o mediante otros espacios digitales. Sin embargo, las fiscalías y varias instancias judiciales no lo entendieron así y no cumpliendo todo lo que indica el artículo 3 del Código Civil. Hay que recordar que dicha norma es supletoria de todo el Derecho español en su conjunto, por lo que aplica también al Código Penal que no contiene previsión sobre la interpretación de sus normas (salvo la de regir hacia atrás cuando sea favorable al acusado):
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
En los casos de Cassandra Vera y Guillermo Zapata, el leit motiv el fondo es exclusivamente el humor negro. La primera había publicado también otros tweets que podrían resultar hirientes contra la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pero no fueron denunciados. Los chistes que abrieron su proceso judicial fueron referidos apuntando a un personaje histórico cuyo accidente mortal, en realidad, es uso recurrente humorístico desde hace tiempo. Respecto a Guillermo Zapata, ni tan siquiera llegó a tener una condena porque los tweets, aunque aisladamente sonaban mal, constituían igualmente humor negro. Lo sorprendente es que siendo este último caso anterior al de Vera, la misma Audiencia Nacional sí condenase a ésta antes de que el Tribunal Supremo la absolviera.

En cuanto a los de Anónimo García y Camilo de Ory, el fondo no es sólo el humor negro sino que se le une la sátira contra los medios. El sarcasmo es una herramienta inteligente de crítica pero que no siempre se entiende. No todo el mundo está preparado para ello. El primero sufrió un auténtico calvario e injustificada cancelación en el que - sin ningún género de duda - se impuso el escenario de concienciación y abrumadora mayoría en torno a la protección de la víctima de violación de La Manada. La extensión de reparación de su dolor por la que apostó su abogada encontró su apoyo en todas las instancias judiciales ordinarias posibles hasta que el Tribunal Constitucional levantó la palanca de la sensatez y le paró los pies. El problema es cuando entendemos que, por ofendernos de algo, ostentamos automáticamente la razón y el otro es el malo. No. Aquí se trata de leyes y de Justicia. Y en ocasiones, puede suceder que no se aplica correctamente el artículo 3 del Código Civil. La doctrina sentada por el TC permitió que el Tribunal Supremo terminara absolviendo a Camilo de Ory. Pues a pesar de que sus mensajes podían sonar lamentables y muy desagradables, el enfoque era crítico contra el tratamiento informativo pero no con intención de denigrar directamente a la victima.

Finalmente, en cambio, el caso de Pablo Hásel no es en absoluto comparable con los otros. Aquí ya no hablamos de chistes ni de ironías ni crítica satírica. Estamos hablando de mensajes contenidos en letras de canciones en los que se exhibe odio y se hace apología de la violencia incluyendo la terrorista. No existe contexto democrático posible que ampare semejantes mensajes criminales en la libertad de expresión. Y es por eso por lo que todas las instancias judiciales de España y hasta el TEDH le cerraron la puerta. La de la libertad se la abrirán el próximo abril de 2027, si bien parece claro que este individuo no habrá aprendido absolutamente nada.

En definitiva, el límite claro separa la ironía y el humor (que apunta más a lo que rodea a lo expresado) del ataque directo y la incitación al odio y a la violencia (que apunta al sujeto o colectivo aludido). Porque por mucho que se hable de que ha de estar penalizado el odio, odiar en sí no es objeto de delito porque forma parte de la libertad de pensamiento. Lo que está penado y no admite descontextualización alguna es incitar a otras personas al odio y especialmente a la violencia.

miércoles, 5 de agosto de 2026

Caos migratorio en Ceuta: antecedentes, decisiones y consecuencias

El pasado jueves 30 de julio, tras una semana en la que venían entrando a Ceuta varios centenares de inmigrantes procedentes de Marruecos y por vía marítima, se asistió a una impresionante avalancha que se llegó a contar por varias decenas de miles de personas. Inicialmente se estimaron 50.000 según el Ministerio del Interior y finalmente ascendió la cifra a 70.000 cuando el caos había remitido. El símil más acertado que he escuchado es que sucedió como si jugásemos a una partida del Age of empires. Que primero te va llegando poco a poco gente invadiendo tu área para después llegar una masa totalmente imposible de controlar que te destruye todo el fuerte. Así terminaban mis partidas. Pero tampoco se aleja mucho la comparación con la película Guerra mundial Z con semejante espectáculo que, ironías y bromas aparte, no puede calificarse de otra manera que de invasión. Creo que no caben medias tintas. Lo que se vio el jueves no merece otra calificación que esa, sin paños calientes que valgan. Lo que se ha colocado como detonante es una reciente sentencia del Tribunal Supremo, pero será mejor que primero vayamos de forma ordenada y pongamos en contexto las relaciones históricas entre España y Marruecos y, seguidamente, analicemos las sentencias, hipótesis, reacciones internacionales y gestiones realizadas.

Antecedentes de las relaciones España-Marruecos

Marruecos alcanzó la independencia tras un acuerdo muto entre Francia y España en 1956. Al año siguiente sufrieron una derrota militar ante España tras una sublevación por el Sáhara occidental. Así que esperaron casi dos décadas a un momento de debilidad - el 6 de noviembre de 1975 - con la conocida "Marcha Verde". Aprovechando la agonía del dictador y general Franco, el reino de Marruecos de Hassan II invadió el Sáhara occidental desplegando como escudos humanos a 350 mil civiles. Días más tarde España firmó un tratado de cesión de administración de su colonia a Mauritania y a Marruecos, si bien su soberanía quedó en el limbo. La ONU jamás se la reconoció a Rabat. Con la democracia, las relaciones mejoraron y desde 1992 existe un convenio de cooperación bilateral en materia migratoria. Mediante el mismo, Marruecos ejerce labores de vigilancia y contención en su propio territorio para evitar cruces irregulares hacia suelo español. Esto es importante para entender lo siguiente en la época más actual.

En abril de 2021, España permitió la entrada por motivos humanitarios de Brahim Ghali, presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, para ser tratado de COVID-19 en un hospital de Logroño. Marruecos interpretó esta decisión como un respaldo implícito a la causa saharaui y una deslealtad por parte del Gobierno español, ya que considera el Sáhara Occidental parte de su territorio. Como respuesta, entre el 17 y el 18 de mayo, las autoridades marroquíes relajaron de forma extraordinaria los controles fronterizos en la zona de Ceuta. Miles de personas, en su mayoría marroquíes pero también subsaharianos, aprovecharon la ausencia de vigilancia para cruzar a pie, a nado o bordeando los espigones del Tarajal. En apenas 48 horas entraron más de 8.000 personas, entre ellas alrededor de 1.500 menores no acompañados, provocando la mayor crisis fronteriza en Ceuta hasta este año.

El Gobierno de España desplegó al Ejército para apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la frontera y se activó el acuerdo bilateral con Marruecos para devolver rápidamente a la mayoría de los adultos que habían entrado de forma irregular. En pocos días fueron retornadas miles de personas con la excepción de los menores que fueron acogidos generando un peligroso precedente. La Unión Europea respaldó públicamente a España, recordando que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior de la UE y rechazó cualquier utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política. 

Pocos meses después, se asistió al vergonzoso cambio de postura sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. El Gobierno de España, a través de una carta dirigida al monarca de Marruecos, respaldó el plan de autonomía para resolver el conflicto en el que no contemplaba ningún referéndum de autonomía. El gobierno argelino calificó ese giro de traición histórica y suspendió temporalmente el tratado de amistad con España. Las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar de izquierda a a derecha y, por supuesto, entre los representantes del pueblo saharaui se interpretó como un chantaje y un desdeño de las resoluciones de la ONU. ¿Por qué sucedió esto?

Tiempo más tarde se supo que, a través del uso del programa espía Pegasus (creado por Israel), se infectó el teléfono del Presidente y el de la Ministra de Defensa Margarita Robles justo coincidiendo con el viaje a Ceuta antes mencionado. Esto fue admitido por el Gobierno. No obstante, los servicios secretos marroquíes, según fuentes del CNI a The Objective, habrían sido los responsables del uso de ese software y no sólo contra España sino también contra Emmanuel Macron en Francia y diversos periodistas. Esa línea es compartida por otros medios como The Guardian, Le Monde e incluso un informe del Parlamento Europeo en base al laboratorio canadiense Citizen Lab. Todos ellos apuntaron a Marruecos como responsable de la filtración de números y relacionados con los programas espía. Tanto Rabat como el Gobierno de Sánchez siempre rechazaron esto, si bien desde entonces no ha dejado de resonar una pregunta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?

Sentencia del Tribunal Supremo

El pasado 29 de junio, la sección quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que aplicó doctrina jurisprudencial en resolución a un recurso de casación y en relación con la aplicación de la Ley Orgánica de Extranjería. En atención a su disposición adicional séptima, entendía que las "devoluciones en caliente" no procedían cuando el acceso era por alta mar, de manera que sólo se podía aplicar procedimiento de expulsión con las garantías del artículo 58.3. El motivo era el hecho de "no superar un elemento de contención fronterizo" como por ejemplo son las vallas. Además, en ese concepto no entrarían elementos como drones, sensores u otros elementos tecnológicos, como defendía el abogado del Estado en dicho recurso. Consecuentemente, cuando un inmigrante alcanzase aguas territoriales, se le debía de identificar, otorgarle asistencia jurídica e intérprete y tramitarse un expediente administrativo individualizado para evaluar eventual asilo, protección internacional y situación de vulnerabilidad.

En esta sentencia se avaló el criterio adoptado en 2024 por el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta, que pese a rechazar la indemnización, sí estimaba las pretensiones del demandante argelino. Al año siguiente, en 2025, fue ratificada aquella sentencia en todos sus términos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esa manera, la primera crítica que se ha hecho es que el Gobierno no activó la reforma de la Ley para proteger las entradas ilegales en aguas territoriales y añadir los medios de contención tecnológicos.

Hipótesis de lo sucedido

El Gobierno y el Ministerio del Interior sostienen que detrás de esto se hallarían las mafias que difundieron de forma interesada las implicaciones de la sentencia y que hicieron creer que ya no sería posible bloquear a quienes llegasen nadando. En ese relato, el mensaje difundido habría animado a invadir Ceuta y es la misma versión que argumentó el régimen de Rabat. Al mismo tiempo, Marlaska exculpó a éste aludiendo a que había ofrecido cooperación y evitó usar el término "devoluciones en caliente" para comunicarlas como "rechazos en frontera". El hecho de que el Ministro del Interior protagonizase la comunicación de la crisis revela que se enfocó como un problema exclusivamente interno. Sin embargo, considero que realmente no dejó al Gobierno en el buen lugar que entendió.

De otra banda, muchos analistas como la abogada penalista, experta en migraciones y Premio nacional de Derechos Humanos en 2022 Patuca Fernández, consideran que el factor principal fue otro y apuntan a la instrumentalización de la presión migratoria como instrumento diplomático. Se habría manifestado en una nueva relajación de los controles marroquíes y en el contexto de recientes reuniones recientes entre España y Argelia, con motivo del suministro de gas y limar asperezas. La sentencia por sí sola no explicaría una entrada masiva de tal magnitud, dado que estamos hablando de 70.000 personas en 24 horas entrando a una ciudad donde residen 80.000. Así que difícilmente en tan poco tiempo se moviliza a tantas personas. El régimen de Marruecos, que ansía apoderarse de Ceuta y Melilla, ya lleva un largo tiempo forzando la situación para construir un escenario cómodo para sus intereses y posiciones negociadoras, llegando a usar a sus jóvenes. Así que de esta perspectiva no se trataría de una crisis migratoria sino de derechos humanos.

También se halla la hipótesis mixta que en realidad sería la más probable. La sentencia podría haber servido como incentivo psicológico y, a través de las redes sociales, miles de personas creerían que las posibilidades de permanecer en España serían muy altas. Las mafias habrían promovido la difusión de la información vía RRSS y Telegram mientras que Rabat habría facilitado la logística y la invasión colaborando con aquéllas y, de paso, liberarse de miles de delincuentes indultados justo el 29 de julio día de la "fiesta del trono". A tal respecto, el New York Times señala que testigos que participaron en la avalancha migratoria afirmaron haber sido animados por las autoridades marroquíes, diversos vídeos muestran a gendarmes trasladando a gente en camiones y, por si no fuera suficiente, la Guardia Civil detectó a agentes de inteligencia de Marruecos a través del sistema de videovigilancia.

Luego están la cuarta y la quinta que entran ya en el terreno de la teoría de la conspiración. La defendida por Gabriel Rufián y Alvise Pérez apuntaría a EEUU e Israel como responsables intelectuales y logísticos con Marruecos como ejecutor y con el leit motiv de venganza por la política exterior de Sánchez. La apoyada por Infovlogger situaría una operación de falsa bandera para que el PSOE emerja como el salvador de una crisis en tiempo express y que a cambio se quede con mil menores.

Reacciones en Europa y EEUU

Entre las reacciones que culpabilizan directamente al gobierno español, Italia ha sido quien más elevó el tono. Giorgia Meloni acusó al Gobierno español de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión Europea, criticó su política migratoria afirmando que genera un "efecto llamada" y planteó la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España. Y de hecho lo hizo. Esa misma línea expresaron Finlandia y Dinamarca. Las respuestas de los ministros Albares de Exteriores y Marlaska de Interior fue llamar a consultas al embajador italiano y calificar las declaraciones de "irresponsables e insolidarias". Esa contundencia no se percibió en relación al régimen de Rabat, si bien el choque se inserta en un contexto de disensos sobre política inmigratoria en Europa donde el gobierno de Sánchez va por una dirección distinta. 

En EEUU la portavoz adjunta de la Casa Blanca Anna Kelly criticó la política migratoria del Gobierno español atribuyendo la crisis a las políticas globalistas de la izquierda. El presidente Donald Trump, fiel a su estilo yenkista pasó de condenar a Marruecos tildando de invasión lo sucedido para luego reconocer públicamente su soberanía en el Sáhara occidental. Creo que lo de este señor se comenta solo.

Israel, que reconoce la soberanía española, aprovechó no obstante para disparar dos dardos dadas las terribles relaciones diplomáticas. Su embajador ante la ONU emitió unas polémicas declaraciones en las que acusaba al gobierno de España de "mantener enclaves coloniales en África". Esta pasada de frenada trajo como consecuencia una desautorización pública por parte de la embajadora de Israel en España, Dana Erlich. Otra declaración controvertida fue la del ministro del interior Ben Gvir felicitando con ironía y animando a acoger inmigrantes de Gaza.

En otro plano estuvieron los que evitaron responsabilizar expresamente al gobierno de España y a Marruecos, si bien el primero sí se dio por aludido. La UE, a través de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, condenó la invasión migratoria, manifestó apoyo operativo y financiero y confío en la "colaboración" de Rabat. También exigió devoluciones rápidas y desmantelar las redes de mafias que considera responsables exclusivas para finalmente felicitar a las dos partes al tiempo que exigió se binde y ofrezca más seguridad en las fronteras. En Francia, Alemania y Reino Unido la prioridad no era sino evitar un nuevo desbordamiento migratorio dentro del espacio Schengen, por lo que sus autoridades mostraron preocupación por la magnitud de la crisis e insistieron en la necesidad de reforzar el control de sus fronteras exteriores de la UE. Por ejemplo, Francia ordenó a sus servicios reforzar los controles en la frontera con España con patrullas terrestres, aviones y drones. Finalmente, la reunión en videoconferencia de Ministros del Interior, según Marlaska, se centró en analizar las consecuencias y las impresiones generales fueron que a priori no tuvo efectos en fronteras con otros países.

Reacciones en España y gestión de la crisis

Conforme a la Constitución Española de 1978, el Estado ostenta la competencia exclusiva en fronteras, extranjería (política inmigratoria y devoluciones), dirección de la Guardia Civil y Policía Nacional y relaciones internacionales. Por su parte, la ciudad autónoma de Ceuta gestiona la acogida y menores, servicios sociales y atención sanitaria. Este desequilibrio y la situación permiten entender por qué el presidente Juan Jesús Vivas insistió en reclamar el estado de emergencia con cierre de fronteras y el mando único estatal. Más aún cuando el servicio marítimo de la Guardia Civil en Ceuta apenas dispone de dos embarcaciones y cuatro lanchas. Todos los partidos con representación en la ciudad autónoma se unieron a esas declaraciones. El presidente de Melilla Juan José Imbroda fue aún más crítico y calificó todo del mayor despropósito, temeroso de que sucediese algo similar en su ciudad.

Hasta el día de la avalancha, el ministro Fernando Grande-Marlaska minimizó las exigencias de Vivas defendiendo las relaciones con Marruecos como "cercanas y basadas en la lealtad" y que trabajan en "evitar una situación compleja". Las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno apuntaban a mil personas entre el 20 y el 26 de julio, si bien no habían dejado de crecer y especialmente en horas nocturnas y aprovechando la niebla. El Gobierno ordenó el jueves con varias horas de demora la movilización del Ejército de Tierra. Se sumó a 400 agentes de la GC y PN (incluyendo Unidad de intervención policial y Unidad de prevención y reacción), helicópteros, patrones de embarcación, pilotos de drones, buceadores especializados para vigilancia y rescate y otros especialistas. La misión no sólo era preventiva, es decir, para que no entrase más gente, sino para expulsar a esas personas con la anunciada colaboración de Marruecos.

La oposición no tardó en exigir responsabilidades, como así debe ser. Desde el PP se ha catalogado de dejación de funciones, dado que anteriormente se solicitó la reforma de la Ley de Extranjería precisamente para asegurar el rechazo en frontera en las entradas a nado. VOX ha sido más duro en su línea habitual recalcando no obstante una evidencia, y es que la inmensa mayoría de las personas que aparecen en las imágenes son hombres jóvenes y en edad militar. Resulta icónica y muy representativa la escena en la que uno de ellos grita a la cámara "Viva España, viva Pedro Sánchez". Los de Abascal también exigieron la comparecencia del Ministro del Interior, la de Defensa y el director de Seguridad Nacional.  En la izquierda, Podemos coincidió con el presidente de Ceuta en declarar la emergencia nacional y exigió la dimisión de Marlaska, IU exigió un cambio de estrategia diplomática apaciguadora con Marruecos por no ser un socio fiable y Sumar apuntó a Rabat como el eje de la desestabilización.

Al día siguiente, el 31 de julio, el presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta. En comparecencia pública allí condenó enérgicamente lo sucedido como una "violación integral de la soberanía territorial de España" y agradeció la colaboración de Marruecos. También anunció como solución de contención la instalación de boyas por parte de la Armada y la empresa pública de Salvamento Marítimo. ¿En serio no pudo hacerlo mucho antes, desde 2024? Otra polémica es que Marlaska insistió en que el Gobierno "no sabía ni anticipaba nada" e informó que se habían marchado por su propio pie buena parte de toda la gente (50.000) y aprovechando que Marruecos abrió el paso. Respecto a lo primero, fuentes de inteligencia aseguran que existieron informes del CNI y se están haciendo eco cada vez más medios. pese a que el Gobierno lo ha negado tajantemente. Respecto a lo segundo, quedaban aún varios miles en procesos de identificación, acogida o retorno. Así, el domingo por la tarde salieron varios camiones del ejército español para deportar a gente. Pero es que Pedro Sánchez anunció también que las CCAA se tendrían que hacer cargo de los 7.000 presuntos menores que entraron en estos días y dicho anuncio no ha gustado nada a las autonomías del PP. Porque, para empezar, ¿qué pruebas hay reales de que esos individuos sean menores? ¿Dónde están sus padres? ¿por qué España ha de pagar una operación injusta?

Todo esto no aplacó la frustración general que sintieron los ceutíes, habiéndose cerrado comercios por miedo e incluso sufrido delincuencia en sus hogares. Creen que el caos parece controlado, pero que realmente no está aún cerrada la crisis con miles de personas en las calles. Además, aunque se haya contenido la emergencia, persiste una profunda preocupación por la posibilidad de que vuelva a producirse una nueva avalancha. Ello es debido a la falta de garantías de que no se repita. Según fuentes del ejecutivo de Ceuta, ha habido 88 muertos y según Delegación del Gobierno 76 víctimas. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar los orígenes de esto y si pudo deberse a una acción concertada.

Consideraciones 

Tras los hechos acaecidos la pasada semana en Ceuta y teniendo en cuenta tanto los antecedentes de sentencias judiciales como de la relación con Marruecos, el Gobierno de España llega (una vez más) tarde. Su responsabilidad, al igual que en otras cosas (DANA, Adamuz, apagón eléctrico...) radica en una absoluta falta de previsión teniendo en cuenta sobre todo que las posibles implicaciones del criterio del TS ya se conocían en anteriores instancias. El Gobierno socialista no hizo absolutamente nada por guardarse las espaldas en caso de una avalancha migratoria vía marítima, precisamente porque estamos hablando de un partido político y de un ejecutivo favorables a la inmigración masiva. Tanto sus acciones (regularización extraordinaria con requisitos laxos e impulsión de acogida de Menas) como sus omisiones (en este caso no reformar la Ley de Extranjería) y oposición a contenciones vía Unión Europea (Reglamente UE de retornos) expresan una política nociva y carente de cualquier sentido planificador y racional. Ahora, una vez sucedido el desastre, es cuando promete asegurar la frontera marítima, por lo que las palabras de Sánchez el pasado viernes, una vez más, sonaron a huecas. Sobre todo cuando se unen informaciones sobre avisos previos de inteligencia y la sensación es de un relato impostado de crisis resuelta cuando no han hecho absolutamente nada extraordinario.

A esa falta de previsión y asunción de responsabilidad, se le une la figura alargada del régimen de Rabat. La historia, tanto en el pasado lejano como en el más reciente, nos deja buen número de episodios en los que el rey absolutista de turno de Marruecos ha forzado un pulso contra España. Nunca ha admitido la españolidad de Ceuta y Melilla y hasta la prensa oficialista ha aprovechado el lío de forma muy mezquina para reclamarlas. Y ni siquiera he hecho mención al episodio de Perejil en 2002. Que aquélla dictadura use a sus ciudadanos como escudo y arma a la vez no es novedoso y, a pesar de que no confiese Rabat su operación, la coincidencia de hechos en el tiempo, los informes y pruebas de inteligencia así como los testimonios, apuntan a que toda esa masa de personas no vino por exclusiva voluntad. Ni tan siquiera las mafias, esas lacras internacionales que se lucran del dolor y la desesperación de la gente son capaces de organizar por sí solas una convocatoria tan enorme en tan poco tiempo. A esto se le llama guerra híbrida. Además, por si fuera poco, esto ha servido para que se colaran varios yihadistas expulsados aprovechando los momentos de descontrol y la Policía y Guardia Civil sigue trabajando en ello. Mientras tanto, el Gobierno de España sigue rindiendo genuflexiones ante un régimen corrupto y probablemente la dictadura más blanqueada por los socialistas. Ni tan siquiera su izquierda sigue el mismo ejercicio, escuchadas sus declaraciones.

Mi admirado Fonseca aporta varios apuntes muy relevantes sobre un hipotético conflicto armado. Por una parte, a favor de Marruecos juega que cuenta con un ejército y armas mucho más avanzado que el español. Eso ha sido gracias a las inversiones y negocios con EEUU e Israel, que son dos importantes aliados geopolíticos. El primero lo es desde el momento en que Rabat fue el primer ejecutivo que reconoció la independencia de EEUU y el segundo por rivalidad con los países árabes y a cambio del reconocimiento de la soberanía en el Sáhara occidental. España, sin embargo, se ha quedado muy atrás. Además, para colmo, Ceuta y Melilla no están cubiertas bajo el paraguas de la OTAN dado que el artículo 5 del Tratado se refiere a territorio europeo y aquéllas localidades se hallan en África. Pese a todo esto, Marruecos depende comercialmente en muy buena medida de España y de la UE, dado que el 30% de sus transacciones son con la primera y seguidamente con el resto de Europa. Así que en un hipotético conflicto, el ahogamiento económico de Marruecos vía bloqueos comerciales y aranceles sería devastador.

Ceuta y Melilla son España, pero el tema va mucho más allá de eso. Este suceso es resultado una vez más de una política inmigratoria laxa y que vive de una portada de multiculturalismo e integración que no viene soportada de contenido regulatorio, tanto que le interesa intervenir en todas las esferas de la vida pública a este Gobierno. Sus continuos gestos a Marruecos son muestras de debilidad tal vez por un reconocimiento implícito y nunca confesado de que están en una posición tan aventajada como se cree. Hasta el pasotismo con la final del Mundial 2030. Y, de todo esto, se aprovecha el régimen de Mohammed VI, el cual no es ningún aliado sino un enemigo. Así que los pasos para revertir esto serían dos. En primer lugar, aplicar una política migratoria más cercana a Europa que como tal está siendo de contención y en segundo lugar minimizar los espacios chantajistas que Marruecos pueda trazar. Y seguramente pase porque el PSOE salga del poder. Pero cuidado, que aunque a la izquierda del PSOE haya formaciones mas criticas con Rabat a su vez son partidarias de una política inmigratoria todavía más laxa e irresponsable.

miércoles, 17 de junio de 2026

Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas

Coincidiendo durante unas semanas con el juicio en el Tribunal Supremo del caso Mascarillas que afecta al PSOE de Pedro Sánchez, se ha venido desarrollando en la Audiencia Nacional el del caso Kitchen que implica al PP de Mariano Rajoy (2011-2018). Dado el complejo calendario de testigos, acusados y pruebas, por el camino se ha ido solapando otros escándalos de presunta corrupción socialista como los relativos a Zapatero (del que hablé recientemente) y a Leire Díez (de la que hablaré muy pronto). También ha tenido lugar la vista oral del hermano del Presidente, David Sánchez, del que igualmente hablé en este blog. Incluso surgió más información comprometedora contra Begoña Gómez (esposa del Presidente) que motivó hacer una actualización del post. Pues bien, al igual que analizo el entramado de corrupción Social-Sanchista que da para mucho que hablar, me interesa igualmente echar una mirada crítica a los últimos coletazos del marianismo. En primer lugar pondré de manifiesto los antecedentes y el contexto de este caso para a continuación examinar los principales testimonios de la vista oral, la prueba pericial y documental y las declaraciones de los principales acusados. 

Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados

El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.

La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.

Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a tres preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?

Vista oral: testigos policiales y políticos

Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino. 

Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.

Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.

Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.

El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.

Prueba pericial: reproducción de audios

Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.

Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.

Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible. 

A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.

Declaraciones de los principales acusados

Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.

Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.

El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley. 

Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.

Consideraciones y perspectivas de condena

Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.

Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.

Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.

En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.

jueves, 28 de mayo de 2026

El caso David Sánchez: qué se juzga y perspectivas de condena

Se empiezan a acumular casos de corrupción que llegan a procesarse en sedes judiciales. No hace mucho desgranamos el caso de Begoña Gómez, la esposa del Presidente, que podría ser juzgada por un jurado popular. Más recientemente, hablamos del caso Mascarillas sobre Ábalos y Koldo y de su vista oral. Hoy coincide la apertura del juicio oral de dos casos: el relativo a la operación Kitchen del PP de Rajoy y el caso David Sánchez que afecta al hermano del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Como el anterior es un caso mucho más complejo, me referiré a él cuando el juicio quede visto para sentencia. De hecho llevo varias semanas preparando el post. Hoy, con la información esencial, me dedicaré al segundo. 

Contexto de la investigación

Se trata de una investigación de presunta corrupción iniciada en 2024 y en torno a la contratación en 2017, por la Diputación provincial de Badajoz, del mencionado como Coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Se inició por denuncia de Manos Limpias personándose posteriormente diversas acusaciones populares adicionales (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados cristianos, Liberium y Iustitia Europa) y añadiendo trámites procesales que han venido retrasando la instrucción. En aquél momento de la contratación, Pedro Sánchez no era aún presidente del Gobierno pero sí Secretario general del partido. La principal sospecha es que el puesto de David Sánchez (también conocido como David Azagra) habría sido creado ad hoc, es decir, a medida del mismo.

La naturaleza del citado puesto de trabajo es laboral y de alta dirección (personal directivo profesional), para cuya provisión se empleó el procedimiento de libre designación y nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Diputada delegada de Cultura. Esto implica que no se trató de un concurso de méritos con baremo regulado, pero sí con unos aspectos a valorar libremente para justificar su selección. Por ejemplo tener titulaciones en el área de música, experiencia en orquesta y actividades pedagógicas, conocimiento de idiomas y otros criterios mucho más subjetivos como capacidad de organización de equipos, compromiso de disponibilidad y adaptabilidad y actitud de responsabilidad. Se publicó la convocatoria en el BOP nº 94 de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y se indicaba que, como personal directivo, la actuación del coordinador estaría sujeta a evaluación del desempeño con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad en la gestión y orientación a resultados. Además , se regiría por los principios éticos y el código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todo esto suena a ironía cuando ya conocemos lo que sucedió después.

El primer salario en 2017 fue de 41.231,27 € brutos, actualizándose hasta llegar a 57.627,07 € en 2024. Ahora bien, en 2022 hubo una significativa modificación del puesto que consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pasó de ser Coordinador de conservatorios a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas" pasando además a depender del área de Cultura en lugar de estar adscrito a dichos conservatorios. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan un debate entre varias personas sobre su necesidad de sacarlo a nueva provisión existiendo cambios tanto orgánicos como de denominación, dado que encajaría más como un puesto nuevo. A la propuesta de hacerlo así por parte de un cargo de Igualdad a Presidencia con copia a Recursos Humanos, la segunda respondió que "evitaría muchos problemas de justificación y provisión" validar la modificación sin más. Es más, ni tan siquiera se indicaron datos en la ficha sobre formación ni existía informe de impacto económico, algo habitual cuando se realizan modificaciones orgánicas. Aparentemente, se trataría de un enchufe de los de toda la vida, pero por lo investigado se apuntaría a que habría algo más. David Sánchez dimitió en febrero de 2025 y en plena instrucción de este caso, volviéndose a convocar el puesto en mayo y adjudicándose en octubre a Miguel Calderón.

El otro implicado es Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación en el momento de cometerse los hechos si bien también hay hasta nueve personas más que son los ex Diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez, el actual Ricardo Cabezas, el colaborador Luis Carrero y varios trabajadores de la Diputación de Badajoz: Juana Cintas, Manuel Candalija, Emilio Parejo, Félix González y por último Elisa Moriano, que ya no pertenece a la misma.

De Gallardo hay que recordar la desacomplejada operación perpetrada en mayo de 2025. Primero, un diputado autonómico del PSOE dimitió, seguidamente los cuatro siguientes de la lista se abstuvieron para dejar que cogiese el acta Gallardo 24 horas antes de abrirse auto de procesamiento oral. El motivo era para protegerse y evitar que le enjuiciase la Audiencia Provincial de Badajoz y en su lugar lo hiciese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en junio de 2025 esta instancia rechazó el movimiento entendiendo que respondía a una maniobra deliberada para conseguir el aforamiento y eludir el juicio en instancia ordinaria. Por lo tanto, su fraudulenta solicitud se devolvió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz y a la Audiencia Provincial como entidad que resolverá.

La cuestión técnica es si se formalizó una contratación irregular para beneficiar a una persona, para lo cual deberá probarse si se cometió arbitrariedad consciente (prevaricación) y si existió influencia indebida causada por relaciones personales y políticas, lo que tendría una naturaleza penal. De lo contrario, se trataría de una mera irregularidad administrativa. Finalizada la instrucción, arranca hoy el juicio. A pesar de todos los aplazamientos previos y retrasos por las dificultades para notificar personalmente a David Sánchez, se celebrará la vista oral con las declaraciones de los acusados.

Toda esta investigación se ha llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz con la jueza Beatriz Biedma y con el apoyo de la UCO, que realizó registros en la mencionada Diputación recopilando documentación sobre el proceso de contratación, las funciones reales del puesto y primeras declaraciones de los investigados. Los delitos por los que están mputados tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien existieron otros dos que inicialmente se investigaron pero se descartaron.

Instrucción: delitos descartados

Los siguientes delitos fueron descartados durante la instrucción porque la jueza entendió que no se hallaron indicios o no se superaron los umbrales para que la jurisdicción penal fuese competente. Ambos estaban muy relacionados por ser de ámbito económico y centrados en la práctica del puesto, a pesar de que uno afectase al ejercicio (real o simulado) del puesto y otro al entorno residencial del ocupante.

Malversación. Para establecer sólidos indicios es preciso disponer de documentación y declaraciones que apunten a uso indebido e injustificado de dinero público con ánimo de apropiación, pudiendo ser el puesto innecesario o ficticio con falta de actividad efectiva. No bastaría con que fuese el acceso irregular, pudiendo en su caso la defensa reivindicar la intangibilidad del puesto por sus características de gestión cultual y coordinación. La jueza entendió que no era conveniente mantener la imputación porque la creación en sí del puesto (con independencia del proceso de adjudicación) estaba motivada en "necesidades culturales". 

Fraude contra la Hacienda Pública. Concretamente se investigó si pudo existir fraude fiscal, ocultación de ingresos y estructuras opacas. En primer lugar, se habló de un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en acciones desde la pandemia. Sin embargo, la UCO desmontó ese dato incorrectamente evaluado por Manos Limpias al confundir el número de acciones con el valor de las mismas. En segundo lugar, el acusado declaró que residía en Elvas (Portugal) desde 2023. Sería delito si se demostrase residencia fiscal falsa y si vivía realmente en España. A tal respecto, existieron dudas de si realmente su residencia efectiva es en Elvas porque testigos aseguraban verlo como mucho una vez al mes y además a lo único a que se apuntó es que compró un palacio en ruinas al contado y mediante cheques bancarios sin que se hayan hecho obras. La Agencia Tributaria, en un informe aportado por el acusado sin firma ni membrete ni CSV, informaba que la residencia fiscal en Portugal no era incompatible con la condición de empleado público en España y que las rentas de la Diputación de Badajoz estarían sujetas al IRNR (impuesto de no residentes).

También hubo sospechas de que pudo haber residido en la propia Moncloa con su hermano y familia al localizarse su furgoneta y admitir que la dejaba largas temporadas. Con todo, dado que el umbral penal es de 120.000 euros, se limitaría la contratación en este punto a una irregularidad administrativa. Por lo tanto, el juzgado de instrucción se declaró no competente después de los informes remitidos por Hacienda. En definitiva, la pelota aquí estaría en el Ministerio de Hacienda que debiera de decidir si se expedienta, investiga y sanciona.

En resumen, no existieron indicios que apuntasen a perjuicio económico relevante tanto para la Administración de Badajoz como para la Hacienda Pública y tampoco a apropiación indebida o desvío de fondos públicos. 

Instrucción: delitos imputados

Sobre la prevaricación, es necesario probar que la resolución aprobada por Miguel Ángel Gallardo como Presidente de la Diputación y por la que se adjudicó la plaza fuese no ya arbitraria y claramente ilegal, sino también dictada a sabiendas de dicha condición. Por lo tanto, no basta con que fuese irregular sino groseramente ilegal y consciente. La Administración suele tener amplio margen discrecional y más aún en procesos de libre designación. Por ello, es frecuente que los tribunales reconozcan irregularidad pero no delito si no consigue probarse el dolo. Esto quiere decir que una actuación puede ser contraria a Derecho y ser anulada pero no encajar en el supuesto del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, demostrar prevaricación dependerá no sólo del contenido de las bases de la plaza sino de la documentación obrante en el expediente, de Ia legalidad del proceso de selección entre los aspirantes y, especialmente, del ejercicio real de trabajo en el puesto así como de las comunicaciones internas establecidas.

Sobre el tráfico de influencias, hay que probar que alguien usó su posición (en este caso David Sánchez con la colaboración directa de Miguel Ángel Gallardo) para influir en cargos públicos (todos los que participaron en el proceso de selección) para obtener un beneficio, que en este supuesto sería el puesto de trabajo. Existe una relación personal directa innegable que es ser hermano del entonces Secretario General del PSOE y que pudo haber sido el eslabón principal de la cadena. Pero no basta con ser influyente, puesto que hay que demostrar la presión e influencia directa y no sería suficiente una condición meramente ambiental como "ser hermano de" sin más.

El contrato exigía prestación habitual en Badajoz porque no tenía reconocido el teletrabajo al no ser el puesto susceptible de ello. Es más, no existía control horario ni supervisión efectiva y la respuesta desde la Administración pacense por parte de un jefe de servicio (que casualmente fue concejal socialista, José R. Suárez Arias) fue que se trataba de un cargo exento que constaba en una lista de 26 personas con dicho privilegio. Además, las primeras declaraciones de David Sánchez ante la jueza fueron bastante ridículas, puesto que no sólo demostró incapacidad para explicar las funciones concretas de su puesto y la estructura del área, sino que ni tan siquiera supo ubicar la "oficina de artes escénicas" que dirigía y se usaron espacios improvisados sin despacho propio. Tampoco resultó muy creíble que afirmase enterarse de la creación de este plaza por Internet. Todas estas circunstancias refuerzan no ya la falta de control administrativo, sino también la sospecha de puesto ficticio o vacío de contenido real.

En su auto, la jueza entiende que el principal acusado tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, es decir, que se presentaría a la convocatoria con unos criterios de adjudicación (no necesariamente fijados en las bases públicas) ajustados a sus condiciones personales, como no tener que acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera y habría hecho una entrevista para simular la legalidad del procedimiento. Además, también imputa por los mismos hechos a un ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, por acceder directamente a un puesto de auxiliar del propio David cuando procedería provisión de comisión de servicios.

Consideraciones

La resolución de este caso está relacionada con esa zona gris que media entre el Derecho Administrativo y el Penal, pues la línea defensora de las partes acusadas tratará de (al menos) arrinconar en el primero cualquier tipo de irregularidad constatada y probada. En principio, por los indicios recogidos, será mucho más complicado demostrar los cargos por tráfico de influencias que por prevaricación, en cuyo caso parecen más robustos y sólidos. El hecho de que se descartase malversación y fraude a Hacienda complica que se pueda establecer nexos de presión o intermediación con el tráfico de influencias, por lo que la vía condenatoria más probable sería la de la prevaricación. Y esta última apuntaría a probable si se demostrase de forma acumulada y no selectiva que la creación y modificación del puesto no se basó realmente en planificación previa ni a necesidades estructurales. La clave será demostrar lo siguiente: que existieron múltiples incongruencias entre el diseño del puesto y funciones, las modificaciones orgánicas eran incompatibles con no sacar a nueva provisión, el perfil era coincidente 100% con el beneficiario, existió falta de definición real del contenido y, en definitiva, la suma de tantas irregularidades que sobrepasen el límite de la mera negligencia o error. De esa manera, la arbitrariedad sería tan manifiesta que el Derecho Penal sería competente tanto para enjuiciar como para condenar, cuanto menos, tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo.

**Actualización: la sentencia de la AP**

El 14 de julio se hizo pública la sentencia condenando tanto a David Sánchez como a Luis Carrero y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa y con penas de inhabilitación para cargo público de 9 años los dos primeros como cooperadores necesarios y 18 el tercero. El resto de acusados también fue condenado por 9 años. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Badajoz les absolvía en el delito de tráfico de influencias, tal y como estimábamos en el análisis publicado el 28 de mayo.

La sentencia establece que se crearon cargos sin justificación clara, innecesarias y vacías de contenido, empleando además procedimientos irregulares para justificar cambios en la denominación y en las funciones. De hecho, la propuesta de modificación, la ficha y el informe de fiscalización figuraban firmados en la misma fecha y hora, lo que no tiene ningún sentido administrativo. David Sánchez fue contratado en 2017 para coordinar y promover actividades en los conservatorios. Sin embargo, esa figura de coordinador pasó a alta dirección con funciones no claramente pedagógicas. Desde 2021, se centró en proyectos operísticos y la supresión de la incompatibilidad favoreció intereses personales sin respetar la Ley. Además, residiendo en Portugal tampoco tenía autorización formal para teletrabajar ni soportes informáticos adecuados. En cuanto a Luis Carrero, amigo de David Sánchez, fue contratado por la misma Diputación como su colaborador.

Para que se incurra en prevaricación, la resolución debe ser arbitraria, ilegal y dictada con conocimiento de su injusticia, pero igualmente patente y no justificable por interpretación legal razonable. La prevaricación puede cometerla una autoridad o empleado público con dolo, no por omisión, pero también se puede ser cooperador necesario como reconoce la jurisprudencia sin ser funcionario público. Y la sentencia entiende como hechos probados según el artículo 404 del CP en tanto que se benefició a personas específicas sin seguir la Ley y actuaron con conocimiento de la injusticia y en plan premeditado y coordinado. Esto ha sido posible contrastarlo con todas las comunicaciones interiores de las partes investigadas.

Sobre el tráfico de influencias, se requiere ejercer presión moral para alterar decisiones públicas, de manera que no basta con sugerencias y ha de ser eficaz para modificar la motivación del funcionario ya sea por ejercicio abusivo del cargo, relación personal o jerárquica desviada. De esa manera, la sentencia entiende que no se da el caso y es independiente de cometer prevaricación. Esta sentencia es recurrible al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero los 377 folios parecen fundamentar de forma sólida la condena de dos nuevos individuos muy cercanos al entorno del Presidente Pedro Sánchez.