Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
viernes, 25 de septiembre de 2026
Libertad de expresión al banquillo: ¿dónde está el límite?
miércoles, 5 de agosto de 2026
Caos migratorio en Ceuta: antecedentes, decisiones y consecuencias
Antecedentes de las relaciones España-Marruecos
El Gobierno de España desplegó al Ejército para apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la frontera y se activó el acuerdo bilateral con Marruecos para devolver rápidamente a la mayoría de los adultos que habían entrado de forma irregular. En pocos días fueron retornadas miles de personas con la excepción de los menores que fueron acogidos generando un peligroso precedente. La Unión Europea respaldó públicamente a España, recordando que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior de la UE y rechazó cualquier utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política.
miércoles, 17 de junio de 2026
Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas
Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados
El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.
La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.
Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a tres preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?
Vista oral: testigos policiales y políticos
Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.
Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino.
Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.
Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.
Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.
El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.
Prueba pericial: reproducción de audios
Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.
Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.
Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible.
A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.
Declaraciones de los principales acusados
Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.
Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.
El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley.
Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.
Consideraciones y perspectivas de condena
Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.
Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.
Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.
En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.
jueves, 28 de mayo de 2026
El caso David Sánchez: qué se juzga y perspectivas de condena
Contexto de la investigación
Se trata de una investigación de presunta corrupción iniciada en 2024 y en torno a la contratación en 2017, por la Diputación provincial de Badajoz, del mencionado como Coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Se inició por denuncia de Manos Limpias personándose posteriormente diversas acusaciones populares adicionales (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados cristianos, Liberium y Iustitia Europa) y añadiendo trámites procesales que han venido retrasando la instrucción. En aquél momento de la contratación, Pedro Sánchez no era aún presidente del Gobierno pero sí Secretario general del partido. La principal sospecha es que el puesto de David Sánchez (también conocido como David Azagra) habría sido creado ad hoc, es decir, a medida del mismo.
La naturaleza del citado puesto de trabajo es laboral y de alta dirección (personal directivo profesional), para cuya provisión se empleó el procedimiento de libre designación y nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Diputada delegada de Cultura. Esto implica que no se trató de un concurso de méritos con baremo regulado, pero sí con unos aspectos a valorar libremente para justificar su selección. Por ejemplo tener titulaciones en el área de música, experiencia en orquesta y actividades pedagógicas, conocimiento de idiomas y otros criterios mucho más subjetivos como capacidad de organización de equipos, compromiso de disponibilidad y adaptabilidad y actitud de responsabilidad. Se publicó la convocatoria en el BOP nº 94 de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y se indicaba que, como personal directivo, la actuación del coordinador estaría sujeta a evaluación del desempeño con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad en la gestión y orientación a resultados. Además , se regiría por los principios éticos y el código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todo esto suena a ironía cuando ya conocemos lo que sucedió después.
El primer salario en 2017 fue de 41.231,27 € brutos, actualizándose hasta llegar a 57.627,07 € en 2024. Ahora bien, en 2022 hubo una significativa modificación del puesto que consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pasó de ser Coordinador de conservatorios a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas" pasando además a depender del área de Cultura en lugar de estar adscrito a dichos conservatorios. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan un debate entre varias personas sobre su necesidad de sacarlo a nueva provisión existiendo cambios tanto orgánicos como de denominación, dado que encajaría más como un puesto nuevo. A la propuesta de hacerlo así por parte de un cargo de Igualdad a Presidencia con copia a Recursos Humanos, la segunda respondió que "evitaría muchos problemas de justificación y provisión" validar la modificación sin más. Es más, ni tan siquiera se indicaron datos en la ficha sobre formación ni existía informe de impacto económico, algo habitual cuando se realizan modificaciones orgánicas. Aparentemente, se trataría de un enchufe de los de toda la vida, pero por lo investigado se apuntaría a que habría algo más. David Sánchez dimitió en febrero de 2025 y en plena instrucción de este caso, volviéndose a convocar el puesto en mayo y adjudicándose en octubre a Miguel Calderón.
El otro implicado es Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación en el momento de cometerse los hechos si bien también hay hasta nueve personas más que son los ex Diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez, el actual Ricardo Cabezas, el colaborador Luis Carrero y varios trabajadores de la Diputación de Badajoz: Juana Cintas, Manuel Candalija, Emilio Parejo, Félix González y por último Elisa Moriano, que ya no pertenece a la misma.
De Gallardo hay que recordar la desacomplejada operación perpetrada en mayo de 2025. Primero, un diputado autonómico del PSOE dimitió, seguidamente los cuatro siguientes de la lista se abstuvieron para dejar que cogiese el acta Gallardo 24 horas antes de abrirse auto de procesamiento oral. El motivo era para protegerse y evitar que le enjuiciase la Audiencia Provincial de Badajoz y en su lugar lo hiciese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en junio de 2025 esta instancia rechazó el movimiento entendiendo que respondía a una maniobra deliberada para conseguir el aforamiento y eludir el juicio en instancia ordinaria. Por lo tanto, su fraudulenta solicitud se devolvió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz y a la Audiencia Provincial como entidad que resolverá.
La cuestión técnica es si se formalizó una contratación irregular para beneficiar a una persona, para lo cual deberá probarse si se cometió arbitrariedad consciente (prevaricación) y si existió influencia indebida causada por relaciones personales y políticas, lo que tendría una naturaleza penal. De lo contrario, se trataría de una mera irregularidad administrativa. Finalizada la instrucción, arranca hoy el juicio. A pesar de todos los aplazamientos previos y retrasos por las dificultades para notificar personalmente a David Sánchez, se celebrará la vista oral con las declaraciones de los acusados.
Toda esta investigación se ha llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz con la jueza Beatriz Biedma y con el apoyo de la UCO, que realizó registros en la mencionada Diputación recopilando documentación sobre el proceso de contratación, las funciones reales del puesto y primeras declaraciones de los investigados. Los delitos por los que están mputados tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien existieron otros dos que inicialmente se investigaron pero se descartaron.
Instrucción: delitos descartados
Los siguientes delitos fueron descartados durante la instrucción porque la jueza entendió que no se hallaron indicios o no se superaron los umbrales para que la jurisdicción penal fuese competente. Ambos estaban muy relacionados por ser de ámbito económico y centrados en la práctica del puesto, a pesar de que uno afectase al ejercicio (real o simulado) del puesto y otro al entorno residencial del ocupante.
Malversación. Para establecer sólidos indicios es preciso disponer de documentación y declaraciones que apunten a uso indebido e injustificado de dinero público con ánimo de apropiación, pudiendo ser el puesto innecesario o ficticio con falta de actividad efectiva. No bastaría con que fuese el acceso irregular, pudiendo en su caso la defensa reivindicar la intangibilidad del puesto por sus características de gestión cultual y coordinación. La jueza entendió que no era conveniente mantener la imputación porque la creación en sí del puesto (con independencia del proceso de adjudicación) estaba motivada en "necesidades culturales".
Fraude contra la Hacienda Pública. Concretamente se investigó si pudo existir fraude fiscal, ocultación de ingresos y estructuras opacas. En primer lugar, se habló de un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en acciones desde la pandemia. Sin embargo, la UCO desmontó ese dato incorrectamente evaluado por Manos Limpias al confundir el número de acciones con el valor de las mismas. En segundo lugar, el acusado declaró que residía en Elvas (Portugal) desde 2023. Sería delito si se demostrase residencia fiscal falsa y si vivía realmente en España. A tal respecto, existieron dudas de si realmente su residencia efectiva es en Elvas porque testigos aseguraban verlo como mucho una vez al mes y además a lo único a que se apuntó es que compró un palacio en ruinas al contado y mediante cheques bancarios sin que se hayan hecho obras. La Agencia Tributaria, en un informe aportado por el acusado sin firma ni membrete ni CSV, informaba que la residencia fiscal en Portugal no era incompatible con la condición de empleado público en España y que las rentas de la Diputación de Badajoz estarían sujetas al IRNR (impuesto de no residentes).
También hubo sospechas de que pudo haber residido en la propia Moncloa con su hermano y familia al localizarse su furgoneta y admitir que la dejaba largas temporadas. Con todo, dado que el umbral penal es de 120.000 euros, se limitaría la contratación en este punto a una irregularidad administrativa. Por lo tanto, el juzgado de instrucción se declaró no competente después de los informes remitidos por Hacienda. En definitiva, la pelota aquí estaría en el Ministerio de Hacienda que debiera de decidir si se expedienta, investiga y sanciona.
En resumen, no existieron indicios que apuntasen a perjuicio económico relevante tanto para la Administración de Badajoz como para la Hacienda Pública y tampoco a apropiación indebida o desvío de fondos públicos.
Instrucción: delitos imputados
Sobre la prevaricación, es necesario probar que la resolución aprobada por Miguel Ángel Gallardo como Presidente de la Diputación y por la que se adjudicó la plaza fuese no ya arbitraria y claramente ilegal, sino también dictada a sabiendas de dicha condición. Por lo tanto, no basta con que fuese irregular sino groseramente ilegal y consciente. La Administración suele tener amplio margen discrecional y más aún en procesos de libre designación. Por ello, es frecuente que los tribunales reconozcan irregularidad pero no delito si no consigue probarse el dolo. Esto quiere decir que una actuación puede ser contraria a Derecho y ser anulada pero no encajar en el supuesto del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, demostrar prevaricación dependerá no sólo del contenido de las bases de la plaza sino de la documentación obrante en el expediente, de Ia legalidad del proceso de selección entre los aspirantes y, especialmente, del ejercicio real de trabajo en el puesto así como de las comunicaciones internas establecidas.
Sobre el tráfico de influencias, hay que probar que alguien usó su posición (en este caso David Sánchez con la colaboración directa de Miguel Ángel Gallardo) para influir en cargos públicos (todos los que participaron en el proceso de selección) para obtener un beneficio, que en este supuesto sería el puesto de trabajo. Existe una relación personal directa innegable que es ser hermano del entonces Secretario General del PSOE y que pudo haber sido el eslabón principal de la cadena. Pero no basta con ser influyente, puesto que hay que demostrar la presión e influencia directa y no sería suficiente una condición meramente ambiental como "ser hermano de" sin más.
El contrato exigía prestación habitual en Badajoz porque no tenía reconocido el teletrabajo al no ser el puesto susceptible de ello. Es más, no existía control horario ni supervisión efectiva y la respuesta desde la Administración pacense por parte de un jefe de servicio (que casualmente fue concejal socialista, José R. Suárez Arias) fue que se trataba de un cargo exento que constaba en una lista de 26 personas con dicho privilegio. Además, las primeras declaraciones de David Sánchez ante la jueza fueron bastante ridículas, puesto que no sólo demostró incapacidad para explicar las funciones concretas de su puesto y la estructura del área, sino que ni tan siquiera supo ubicar la "oficina de artes escénicas" que dirigía y se usaron espacios improvisados sin despacho propio. Tampoco resultó muy creíble que afirmase enterarse de la creación de este plaza por Internet. Todas estas circunstancias refuerzan no ya la falta de control administrativo, sino también la sospecha de puesto ficticio o vacío de contenido real.
En su auto, la jueza entiende que el principal acusado tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, es decir, que se presentaría a la convocatoria con unos criterios de adjudicación (no necesariamente fijados en las bases públicas) ajustados a sus condiciones personales, como no tener que acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera y habría hecho una entrevista para simular la legalidad del procedimiento. Además, también imputa por los mismos hechos a un ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, por acceder directamente a un puesto de auxiliar del propio David cuando procedería provisión de comisión de servicios.
Consideraciones
La resolución de este caso está relacionada con esa zona gris que media entre el Derecho Administrativo y el Penal, pues la línea defensora de las partes acusadas tratará de (al menos) arrinconar en el primero cualquier tipo de irregularidad constatada y probada. En principio, por los indicios recogidos, será mucho más complicado demostrar los cargos por tráfico de influencias que por prevaricación, en cuyo caso parecen más robustos y sólidos. El hecho de que se descartase malversación y fraude a Hacienda complica que se pueda establecer nexos de presión o intermediación con el tráfico de influencias, por lo que la vía condenatoria más probable sería la de la prevaricación. Y esta última apuntaría a probable si se demostrase de forma acumulada y no selectiva que la creación y modificación del puesto no se basó realmente en planificación previa ni a necesidades estructurales. La clave será demostrar lo siguiente: que existieron múltiples incongruencias entre el diseño del puesto y funciones, las modificaciones orgánicas eran incompatibles con no sacar a nueva provisión, el perfil era coincidente 100% con el beneficiario, existió falta de definición real del contenido y, en definitiva, la suma de tantas irregularidades que sobrepasen el límite de la mera negligencia o error. De esa manera, la arbitrariedad sería tan manifiesta que el Derecho Penal sería competente tanto para enjuiciar como para condenar, cuanto menos, tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo.
**Actualización: la sentencia de la AP**
El 14 de julio se hizo pública la sentencia condenando tanto a David Sánchez como a Luis Carrero y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa y con penas de inhabilitación para cargo público de 9 años los dos primeros como cooperadores necesarios y 18 el tercero. El resto de acusados también fue condenado por 9 años. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Badajoz les absolvía en el delito de tráfico de influencias, tal y como estimábamos en el análisis publicado el 28 de mayo.
La sentencia establece que se crearon cargos sin justificación clara, innecesarias y vacías de contenido, empleando además procedimientos irregulares para justificar cambios en la denominación y en las funciones. De hecho, la propuesta de modificación, la ficha y el informe de fiscalización figuraban firmados en la misma fecha y hora, lo que no tiene ningún sentido administrativo. David Sánchez fue contratado en 2017 para coordinar y promover actividades en los conservatorios. Sin embargo, esa figura de coordinador pasó a alta dirección con funciones no claramente pedagógicas. Desde 2021, se centró en proyectos operísticos y la supresión de la incompatibilidad favoreció intereses personales sin respetar la Ley. Además, residiendo en Portugal tampoco tenía autorización formal para teletrabajar ni soportes informáticos adecuados. En cuanto a Luis Carrero, amigo de David Sánchez, fue contratado por la misma Diputación como su colaborador.
Para que se incurra en prevaricación, la resolución debe ser arbitraria, ilegal y dictada con conocimiento de su injusticia, pero igualmente patente y no justificable por interpretación legal razonable. La prevaricación puede cometerla una autoridad o empleado público con dolo, no por omisión, pero también se puede ser cooperador necesario como reconoce la jurisprudencia sin ser funcionario público. Y la sentencia entiende como hechos probados según el artículo 404 del CP en tanto que se benefició a personas específicas sin seguir la Ley y actuaron con conocimiento de la injusticia y en plan premeditado y coordinado. Esto ha sido posible contrastarlo con todas las comunicaciones interiores de las partes investigadas.
Sobre el tráfico de influencias, se requiere ejercer presión moral para alterar decisiones públicas, de manera que no basta con sugerencias y ha de ser eficaz para modificar la motivación del funcionario ya sea por ejercicio abusivo del cargo, relación personal o jerárquica desviada. De esa manera, la sentencia entiende que no se da el caso y es independiente de cometer prevaricación. Esta sentencia es recurrible al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero los 377 folios parecen fundamentar de forma sólida la condena de dos nuevos individuos muy cercanos al entorno del Presidente Pedro Sánchez.



