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martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

miércoles, 17 de junio de 2026

Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas

Coincidiendo durante unas semanas con el juicio en el Tribunal Supremo del caso Mascarillas que afecta al PSOE de Pedro Sánchez, se ha venido desarrollando en la Audiencia Nacional el del caso Kitchen que implica al PP de Mariano Rajoy (2011-2018). Dado el complejo calendario de testigos, acusados y pruebas, por el camino se ha ido solapando otros escándalos de presunta corrupción socialista como los relativos a Zapatero (del que hablé recientemente) y a Leire Díez (de la que hablaré muy pronto). También ha tenido lugar la vista oral del hermano del Presidente, David Sánchez, del que igualmente hablé en este blog. Incluso surgió más información comprometedora contra Begoña Gómez (esposa del Presidente) que motivó hacer una actualización del post. Pues bien, al igual que analizo el entramado de corrupción Social-Sanchista que da para mucho que hablar, me interesa igualmente echar una mirada crítica a los últimos coletazos del marianismo. En primer lugar pondré de manifiesto los antecedentes y el contexto de este caso para a continuación examinar los principales testimonios de la vista oral, la prueba pericial y documental y las declaraciones de los principales acusados. 

Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados

El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.

La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.

Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a tres preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?

Vista oral: testigos policiales y políticos

Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino. 

Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.

Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.

Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.

El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.

Prueba pericial: reproducción de audios

Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.

Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.

Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible. 

A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.

Declaraciones de los principales acusados

Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.

Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.

El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley. 

Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.

Consideraciones y perspectivas de condena

Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.

Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.

Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.

En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.

lunes, 22 de diciembre de 2025

Elecciones extremeñas 2025: arranca el hundimiento del PSOE

Ayer domingo 21 de diciembre se celebraron las primeras Elecciones al Parlamento de Extremadura de forma anticipada, puesto que tras apenas dos años la presidenta María Guardiola ha optado como la solución a la parálisis de los Presupuestos regionales. Por muy poca diferencia, dado que PSOE y PP empataron en 28 diputados siendo el primero el más votado con Guillermo Fernández Vara de presidente autonómico con cerca de 7.000 votos.  Sin duda, se benefició el PP de la caída en desgracia de Ciudadanos tras una operación en varios frentes de captación pseudomafiosa de afiliados y cargos, marketing mediático y demoscópico y por supuesto los propios errores de los responsables naranjas. Esos 7 diputados se los llevó el PP más otro más por el efecto de la concentración del voto. Por otra parte, entre los populismos de Vox y Podemos, los primeros habían ganado la partida con 5 diputados frente a 4 lo que en teoría suponía la victoria por la mínima para el PP extremeño. Sin embargo, esta legislatura que no ha llegado a su duración prevista no ha sido precisamente cómoda.

Contexto preelectoral

María Guardiola ha estado envuelta en varias polémicas por su relación con Vox y su actitud más cercana a posiciones de izquierda. Así, al principio se negaba a pactar con los de Abascal y que entrasen en el gobierno extremeño por motivo de su postura ante temas como la violencia de género, las políticas LGTBi y la inmigración. Es decir, aplicaba la misma posición que defendería una candidata del PSOE. Sin embargo, al final terminó aceptando y cediendo una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que ha tenido hasta tres titulares. Primero, la ganadera Camino Limia que dimitió por desavenencias con la cúpula. Luego el cazador Ignacio Higuero que se negó a dimitir tras la orden de Abascal de salirse de todos los ejecutivos regionales por el asuntillo de los centros de Menas. Sin embargo, terminó dimitiendo por falsear su currículum inventándose una titulación. No me extrañaría absolutamente nada que fuese Vox quien filtrase esa información a El Plural. Finalmente, Francisco Ramírez ha  terminado esta legislatura incompleta regresando la cartera departamental al PP. Vamos, que Extremadura ha sido una piedra en el zapato para el aparato de Vox, pero ha concurrido a estas elecciones anticipadas como una oportunidad para atraer al votante menos fiel y acomplejado del PP. Guardiola, sin embargo, entendía que dicho adelanto electoral favorecería una mayoría más amplia. Vox, por su parte, optó por su portavoz parlamentario Óscar Fernández y que aspiraba a duplicar sus 5 diputados. Además, por lo que se refiere a la eventual investidura, avisaron en campaña que exigirían la dimisión de Guardiola ya que de lo contrario votarían "No". Entre sus propuestas, defender la central nuclear de Almaraz, oponerse a políticas climáticas y abogar por recortes de subvenciones feministas. 

Por su parte, en la oposición, el PSOE optó sin duda por colocar al peor candidato posible. Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso del presunto enchufe del hermanísimo de Sánchez en la Diputación de Badajoz, que se sentará en juicio oral en mayo de 2026 y que recurrió a un intento de aforamiento exprés para convertirse en diputado autonómico renunciado varios de arriba de la lista y evitar ser investigado por el juzgado de instrucción y procesado por la Audiencia Provincial. Absolutamente demencial, pero en la línea idéntica que está siguiendo este partido o mejor dicho banda organizada a nivel nacional. Tiene gente importante investigada en muchos ámbitos, pero no vacila en pasarse de frenada porque cuando la sensación de impunidad te la valida tu propia red mediática, no ves la más mínima barrera que te pare. Pues eso mismo es el PSOE Sanchista. En el lado de la izquierda populista la coalición de lo que queda de IU, Podemos más los ecologistas (Alianza Verde) ha presentado a Irene de Miguel y pretendían aprovechar la crisis y tal vez la rendición de Sánchez en Extremadura para arañar algún diputado que otro a los socialistas (partían con 4). Entre otras cosas, proponían crear una consejería de Derechos Sociales emulando a la nacional y avanzar en la administración electrónica en una comunidad rural.

En las candidaturas extraparlamentarias, sólo quería mencionar a mi ex partido Ciudadanos que presentó a un tal Ignacio Rama como candidato. Entre sus propuestas, más empleo interno y ayudas a autónomos y al emprendimiento para evitar la emigración, mejorar infraestructuras, plan de vivienda, fase 2 del Hospital de Cáceres, matrícula gratuita en titulaciones estratégicas para trabajar en Extremadura, prácticas formativas gratuitas y plan de retorno del talento joven. Lo que más me gustó fue el cartel de campaña con una silla naranja vacía. Muy acertado. Soy uno de esos casos que parecen raros de que no  mantengo rencor a CS, sino que me entristece su caída. Y, desgraciadamente, Ciudadanos hace años que mediáticamente está desaparecido y demoscópicamente muerto. De 2019 a 2023, los votos pasaron de ser cerca de 70.000 con 7 diputados a poco más de 5.000. Así que mi expectativa era de que no iban a llegar ni a 2.000 votos.

Resultados electorales

El PP, como era previsible, ha ganado las elecciones con un 43,2% si bien en realidad ha sido perdiendo votos. Habiendo perdido cerca de diez mil, ha sido capaz de aumentar un escaño por la menor participación y la distinta proporción de votos del resto de las fuerzas. Y es que la fórmula electoral, en ocasiones, permite que la debacle del segundo más votado le proporcione una subida al ganador pese a no haber hecho más méritos. De esta forma, la candidatura de María Guardiola pasa de 28 a 29 diputados, de manera que su objetivo de no depender de Vox se ha ido al traste y seguirá siendo igual de imprescindible para gobernar que ya lo era antes de convocar elecciones. Es cierto que parece haberse quedado a 244 votos del escaño nº 30 que lo se arrebataría al PSOE en Cáceres y que podría añadirse según el voto por correo, pero nada cambiaría realmente. Probablemente haya arrebatado varios miles de votos al PSOE, pero lo que le ha reducido Vox ha resultado mayor que ese eventual aumento. Por consiguiente, habrían perdido más votos a su derecha que ganado por la izquierda.

El PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo ha perdido nada menos que más de 100.000 votos respecto a hace dos años con un porcentaje de 25,7%. El piñazo, por tanto, ha sido generalizado en las dos provincias y en casi todos los municipios y han pasado de tener 28 diputados a retroceder a un suelo de 18 que es con mucha diferencia el peor en toda la historia de la autonomía. En términos prácticos, hay que atribuir esta huida masiva de votos a un trasvase a Podemos equivalente a lo que han aumentado, otro indeterminado al PP y a la abstención (que aumentó este año un 7,7%). En declaraciones públicas han demostrado una vez más lo desnortados que están atribuyendo un desastre al PP que en realidad lo han cometido ellos mismos.

Vox, por su parte, ha escalado de los 5 diputados hasta los 11, duplicando su fuerza y siendo por tanto la que proporcionalmente más ha aumentado. Su fuerza electoral no provendría exclusivamente del PP, sino probablemente de nuevo electorado o de abstencionistas de 2023, pues ha pasado de 50.000 a 90.000 votos nada menos y bordeando el 17% en una Comunidad Autónoma perteneciente a la España vaciada.

Finalmente, Podemos ha subido de 4 escaños a 7 con un 10,25%, lo que para ellos es una subida importante si bien inferior a 20.000 votos en comparación con todo lo que perdieron los socialistas. De esa manera, sólo el electorado más escorado a la extrema izquierda se habría decantado por la opción morada mientras que una mayoría habría preferido quedarse en casa o incluso votar al PP antes que hacerlo a un imputado por corrupción y decepcionada por el rumbo del PSOE a nivel central.

Finalmente, Ciudadanos ha terminado obteniendo 1.234 votos.  Así que efectivamente y por desgracia no me equivoqué. El partido está muerto y no lo saben. Ya comenté en otro post las razones por las que fracasó el partido. Entre ellas, no supieron enarbolar sus banderas de la forma suficientemente inteligente como para diferenciarse del PP, pues para mucha gente aún afín terminó siendo una versión "lavada y planchada del PP" como acusaba la izquierda. En cambo, Vox ha bebido de todo este estallido de la polarización política desde las bravuconadas separatistas y ha defendido banderas ideológicas con mejor maestría: contra el feminismo socialista y políticas wokistas, la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana, la Agenda 2030 y hasta los okupas. Frente al pragmatismo, Vox ha potenciado la ideología igual que lo hizo Podemos en su día, sólo que multiplicando su fuerza en lugar de retroceder. Seamos honestos. Es imposible hoy día, pero totalmente imposible que un partido de centro o moderado triunfe en España. Lamentablemente, no es una época propicia por la altísima polarización política, social y mediática que existe y donde la ideología tiene un mayor peso que hasta hace poco el liderazgo o la economía.

Futuro

A partir de hoy lunes, María Guardiola tiene la responsabilidad de volver a formar Gobierno siendo consciente de que NADA ha cambiado para mejor respecto a su objetivo de lograr una mayor autonomía de su ejecutivo, pues volverá a depender de Vox. Y será entonces cuando los de Abascal ratifiquen o se desmarquen de su arma electoral de no investir a María Guardiola y exigir su dimisión para permitir la investidura. Sin embargo, para Feijoo y el PP nacional, esto es lo de menos, pues lo que el partido a nivel central esperaba era celebrar y promocionar el hundimiento tanto de un PSOE cada vez más conectado con la corrupción sistémica como de un líder nacional como Pedro Sánchez que no cesa de huir hacia adelante. Por consiguiente, la victoria electoral ha sido más de Feijoo que la de Guardiola. Sin embargo, los resultados han visualizado igualmente el fortalecimiento de su principal competidor por la derecha que es Vox y a su vez el único recurso al que la izquierda podría recurrir para activar el voto.

El próximo envite electoral será el de Aragón, que tendrá lugar en el mes de febrero de 2026 y lo comentaremos en este mismo blog. Presumiblemente, el escenario será bastante parecido al presente y por tanto retratando una nueva y fuerte derrota del PSOE, que en realidad es lo único a lo que está aspirando teniendo en cuenta la vergonzosa actuación que está teniendo amplificada por sus satélites mediáticos sufragados sobre todo con dinero público.

viernes, 25 de julio de 2025

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

miércoles, 9 de julio de 2025

La Oposición en España: puntos débiles y qué mejorar para una alternativa eficaz

Respecto a política nacional, suelo hablar más del Gobierno de España por razones obvias, que son básicamente el hecho de que ostente el poder (y cada vez más por razones formales y fácticas) y su entorno de corrupción generalizada que se está extendiendo y que parte desde el propio PSOE. Sin embargo, es preciso echar un vistazo a la situación de la oposición que es la única que puede desalojar a uno de los ejecutivos más infames que se recuerda en la historia democrática de España que va a cumplir 50 años en 2026. Actualmente son el PP y Vox. No cuento al partido populista SALF, aunque muy probablemente colará al menos un diputado, por su tufillo pro Putin y sobre todo por su ausencia total y absoluta de un programa político. Con todo, echo mucho de menos al último partido al que pertenecí, Ciudadanos. Es más, estoy convencido de que este lamentable escenario de corrupción y polarización máxima sería el más propicio para que Albert Rivera y su equipo alcanzase la presidencia del Gobierno. Es muy triste que la gran oportunidad haya venido desacompasada y hoy día el partido naranja no sea ni una sombra de lo que fue en su día. Dan ganas de llorar sólo de pensar lo que tenemos para expulsar al autócrata de Sánchez, pero... ye lo que hay. En fin, entremos en materia.

Un PP apoltronado y con miedo al cambio

El PP tiene a un líder que en Galicia obtuvo varias mayorías absolutas, pero que trasladado al contexto nacional no parece capaz de exportar ese carisma. Es cierto que no le ha costado mucho superar a un Pablo Casado absolutamente desubicado en su momento, que llegó a hundir al partido en los 66 escaños y enterró su carrera política por un pulso perdido con Isabel Díaz Ayuso y una polémica con su hermano que se desmontó en segundos. Fue en 2022 cuando Casado y Egea se tiraron a la piscina sin agua y Alberto Núñez Feijoo cogió el testigo. Personalmente, no me parece un líder inteligente para nada, sino que tira del argumentario de siempre del PP y va a remolque del hundimiento de la credibilidad del gobierno Sánchez. En cambio, Ayuso sí que encarna al antiSanchismo, lideró una gestión alternativa del COVID que se refrendó en dos mayorías absolutas y es un verso suelto en el PP con muchos adeptos incluso fuera de habituales votantes. Algo similar es la excelente oradora Cayetana Álvarez de Toledo, pero en un plano de popularidad más secundario. No es menos cierto que Ayuso es detestada en mucha mayor proporción por la izquierda en comparación con Feijoo y eso normalmente suele ser algo más positivo que negativo, más allá de las mentiras que se han dicho sobre ella asumiéndole la responsabilidad de un número de muertes en las residencias de Madrid que controlan tanto como ignoran las del resto de 49 provincias de España. Por el contrario, Feijoo no se atreve a cuestionar muchas de las políticas socialistas (como las del feminismo impostado y el modelo inmigratorio) como tampoco el creciente gasto público, definiéndose falsamente liberales cuando ni tan siquiera lo cumplen reduciendo impuestos y ya no digamos desde la perspectiva social. Y lo que es más, que tampoco están para dar muchas lecciones contra la acaparación del poder y la corrupción a pesar de que los socialistas tienen más experiencia y les superan en ese sentido.

La ideologización de VOX como oportunidad y amenaza

VOX por su parte sigue teniendo la misma cabeza que le dirige desde 2019 que fue su momento de eclosión, cuando la llegada del "Frankenstein" de Pedro Sánchez y su banda tras la moción de censura exitosa de 2018. Seis años parece mucho tiempo para alguien como Santiago Abascal que todavía no ha llegado a ocupar puestos de gobierno. Si bien Aznar y Rajoy tardaron 7 cada uno, en el caso de este partido estamos hablando de una formación estrechamente (y tal vez demasiado) ligada a su líder siendo el más valorado entre los votantes propios. Al margen de ello, en el desarrollo del relato supieron ganarle el pulso a Ciudadanos como partido alternativo por su marca ideológica mucho más definida y robusta, que además fue impulsada y favorecida por la creciente polarización política. 

Además, han contado con la labor de portavocía mediática o comunicación externa de muchos influencers en plataformas de YouTube y Twitch que simpatizan y difunden el mensaje de VOX y sus cargos. Sin embargo, pese a la ayuda de los creadores de contenido, los dirigentes del partido no han sabido modular una mejor estrategia de comunicación interna para desacreditar las acusaciones de "extrema derecha" y ni tan siquiera se han esforzado en dar motivos para desmontarlas, puesto que han sacrificado la vertiente liberal (ejemplo Iván Espinosa de los Monteros) para centrarse en la nacional-conservadora (por ejemplo Jorge Buixade), que consiste en aplaudir todo lo que haga Donald Trump y demonizar a la Unión Europea cuando el problema son los burócratas de Bruselas. Es decir, al igual que en España el problema no es la propia España sino su Gobierno nacional. En varias ocasiones han invitado al presidente de Argentina Javier Milei, pero su política liberal libertaria y su brillante gestión económica no tienen nada que ver con VOX y flaco favor, de hecho, le hace a éste el relacionarse con los conservadores españoles. Sólo se parecen en que se oponen al socialismo, que no al intervencionismo que siguen defendiendo los de Abascal.

Relaciones entre ambos

El PP no ha podido hacer con VOX lo que logró años antes con Ciudadanos, porque ni tan siquiera se ha esbozado mínimamente el escenario propicio para ello: se aprovecharon de un partido próximo en términos programáticos pero en barrena, con descenso súbito de confianza en el electorado, débil de ideología por ausencia de banderas claras y fuertes, una calamidad en términos de comunicación, con una pésima estructura organizativa interna, dotado de un reducido equipo de palmeros frente a una enorme cantidad de militantes desafectos y para colmo sin populares creadores de contenido que los apoyasen. Los azules tan sólo fueron ordenadamente contactando con naranjas de toda España gracias a peones contratados como Fran Hervías y Emilio Argüeso, recuperando en buena parte a antiguos militantes o simpatizantes del PP. Frente a un partido en evidente descomposición y decadencia, el PP les ofrecía la seguridad de una continuidad o lo que es más, un puesto público que no habían podido alcanzar en Ciudadanos. Y de ahí, tirar de argumentario de "se transfugó el partido", y "me voy para no sacrificar mis principios". Esta humillante operación se efectuó por fases para dar la impresión al millón y medio que quedaba de votantes que CS era un partido muerto y que "la casa común del centro derecha" era el PP. Pues bien, todo eso con VOX no les vale.

Así que el PP no tiene más remedio que entenderse con VOX si quiere tener alguna oportunidad de gobernar, a pesar de que los de Abascal no cesan de disparar al PP por motivos electoralistas. La vía moción de censura ya sabemos muy bien que es un instrumento más parecido a garbillar agua que otra cosa. Ya se intentó en dos ocasiones por parte, precisamente, de los conservadores con sendos fracasos: en 2020 tras el confinamiento con Abascal como candidato y en marzo de 2023 con el independiente Ramón Tamames, a 4 meses de las urnas. En los dos casos, los únicos votos favorables fueron los de VOX y en realidad los números no daban ni votando el PP ni los que quedaban de CS (9 más un tránsfuga). A día de hoy es imposible una moción exitosa porque los partidos independentistas PNV y JUNTS se cierran a cualquier posibilidad de investir a Feijoo al entrar VOX en la ecuación.

En términos electorales, los de Abascal siguen siendo una opción más que visible para un electorado que posiblemente sea el más fiel de los actuales partidos en liza. Y es porque han tenido éxito en vender sus banderas ideológicas: lucha contra el feminismo institucional, la inmigración ilegal, la inseguridad en términos generales, la agenda 2030 de la ONU y el sector agrícola y primario como pilar económico frente a las regulaciones de la UE. Además, dentro de los jóvenes está teniendo más capacidad de simpatización que el PP, entre otras cosas porque ya no se creen el cuento del feminismo institucional que a día de hoy no busca ningún tipo de igualdad sino que a los hombres los señala y a las mujeres les sustituye el "dueño", pasando de ser hombres a ser otras mujeres. Ahora bien, existiendo importantes aspectos de debate en cada una de las áreas mencionadas, el PP hace tiempo que tiró la toalla con la batalla cultural y es sin duda lo que ha favorecido que su adversario más cercano sea más rival que socio. Entre eso y las experiencias pasadas con Ciudadanos, el PP entiende que en la medida de lo posible le es más rentable forzar a un gobierno autonómico o nacional de carácter monocolor, sin coaliciones de ningún tipo. Es decir, el mismo discurso que tuvo López Miras en Murcia. Pero, obviamente, para ello el PP debe de estar mucho más fuerte electoralmente que hace dos años. Pues aún con el importante crecimiento al absorber CS, todavía se quedó a cuatro escaños de Moncloa al no lograr sumar sólo con VOX. Por tanto, algún movimiento que otro tendrá que hacer el PP para que su credibilidad de pedir votos sin sillas tenga el sustento de que la aportación aritmética de VOX sea proporcionalmente mucho más pequeña.

Qué pueden mejorar y sus retos de futuro

A mí modo de ver, tanto PP como VOX deberían renovar sus estrategias comunicativas y  replantearse tanto sus liderazgos como si merece la pena encerrarse en sus nichos. Sobre lo primero, esta semana se han manipulado las declaraciones de uno y otro. Respecto al PP, se extendió el bulo de que estaban dispuestos a repetir elecciones si VOX exigía puestos de gobierno, cuando en realidad sólo dijeron que negociarían y sumarían con estos sin ofrecerles carteras ministeriales. Una vez más, tuvo que salir Ayuso a poner orden ante el enésimo fallo comunicativo del PP. Sobre VOX, se manipularon unas declaraciones sobre expulsión de inmigrantes ilegales que cometiesen delitos extendiendo a ocho millones de personas. Sin embargo, fue favorecida esa distorsión por una desafortunada comunicación de Rocío De Meer. Teniendo mucho razón en el fondo que señalan sobre el problema de UNA PARTE de la inmigración, su comunicación resulta ser pésima. Sobre todo, lo que menos ayuda es usar el término "invasión" que suena enormemente racista si no se contextualiza adecuadamente y se da pábulo en las RRSS. Y ya no digamos de lo de "religiones raras" que introdujeron como uno de los parámetros para expulsar a inmigrantes legales con nacionalidad o no.

Tengámoslo claro: dar batalla cultural no es responder a un radicalismo de extrema izquierda con otro radicalismo aún en términos lingüísticos, si bien tampoco la tibieza es la solución. Es el caso del PP, que se limita a señalar que no está a favor ni de la inmigración masiva ni de las deportaciones masivas, todo para quedar bien con todo el mundo sin aportar qué haría. Al mismo tiempo, mira para otro lado (como Moreno Bonilla) ante la inseguridad que crean los centros de Menas, que no puede extenderse a todos pero sí a ciertos donde se sabe (cuando no oculta) que se han atacado a mujeres. El camino lo señala Giorgia Meloni presidenta italiana cuya política de inmigración ha sido aplaudida por varios países de distinto color gubernamental y lo que es más llamativo, incluyendo a la Comisión Europea. Incluso el escritor Arturo Pérez-Reverte se rindió ante un discurso suyo que ha ofendido a la izquierda pro inmigración masiva, así que más motivos para aplaudir a la italiana.

Respecto a los nichos, el PP cuenta con una ingente cifra de fieles que son mayores de 65 años al igual que el PSOE y que seguirán votando pase lo que pase. Que sólo quieren que se les pague y suba su pensión, aunque no tengan ni la mitad de gastos que tiene un trabajador o un autónomo a los que se les fríe a impuestos tanto directos como indirectos. Y estos últimos no están muy contentos con el PSOE pero tampoco con el PP, contribuyendo el bipartidismo al desequilibrio y conflicto intergeneracional y rematando con una juventud que encuentra imposible acceder a una vivienda. Más le valdría al PP escuchar más a los jóvenes y preguntarse por qué VOX les quita terreno. Sobre si Ayuso sería mejor candidata que Feijoo, no me cabe ninguna duda, si bien no es menos cierto que como reacción colateral podría reactivar el voto de la izquierda como ya lo hizo con la derecha Pablo Iglesias. Además, sigue "pecando" de defender buena parte de la tibieza clásica del PP. Y es que una cosa es ser de centro y otra caer en el denominado "buenismo", que no es rehuir deliberadamente de las matizaciones y grises en políticas en las que tienes miedo de ofender. Justo lo que pasa con el sistema de pensiones.

En cuanto a VOX, aparte de que considero que debería de aprender a caminar sin Abascal o como mínimo renovar sus caras si quiere continuar creciendo, máxime cuando ya han desaparecido muchas relevantes como Macarena Olona e Iván Espinosa, sigo pensando que ha descuidado el libre mercado fomentado por la UE en pro del proteccionismo nacionalista que disfraza de "patriotismo". En ese concepto introduce a todas sus banderas cuando la realidad es más compleja que eso. Todos somos españoles, pero no por ello hay que comprar y consumir todo lo que se produzca en nuestra tierra que nos interesa otro tipo de prestaciones, más calidad o más barato. Y los aranceles de Trump, sólo con sus continuos anuncios, lo que hacen es distorsionar el mercado. Otras referencias internacionales del partido son Viktor Orban y Mateo Salvini, dos pájaros que coquetean ambos con Putin y el último con los independentistas catalanes.

Conclusiones

En definitiva, PP y VOX parecen cómodos a remolque de todo lo que está sucediendo de noticias continuas de corrupción y escándalos del PSOE y todo el entorno de Sánchez: su hermano David Sánchez imputado por tráfico de influencias y prevaricación, su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, el ministro Bolaños acusado de falso testimonio y malversación, su Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, sus dos últimos secretarios de organización (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) por pertenencia a banda criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, el adjunto Francisco Salazar acusado de acoso sexual, etc... y no parecen más que confiarse con las encuestas de medios de comunicación más afines a sus programas que, como es lógico, están infladas de participación de lectores que sin duda son opositores al Gobierno actual (como es mi caso) pero que no reflejan una realidad segura. Y lo sucedido en 2023 se puede volver a repetir cuando haya comicios sea este 2025, el año que viene o en 2027 como está previsto en teoría. 

A mí no me generan confianza ni Feijoo ni Abascal, ni PP ni VOX y no tengo ninguna ilusión por votarles. Pero ante la desaparición de Ciudadanos y la existencia de un Gobierno, como digo, infame, sólo me queda elegir una papeleta entre ellos y votar con la nariz tapada. Otros muchos no lo harían, así que mejor dejen de ejercer una actitud pasiva disfrazada de trabajo que no es tal y céntrense en mejorar por el bien real de España. Que sí, que lo importante es echar a Sánchez y a su banda para siempre y no queda más remedio que votar a estos, pero eso no quita que todo lo que necesita España y su democracia tampoco lo encarnan ni el PP ni VOX a día de hoy.

Fuente de la foto: RTVE Noticias.

lunes, 24 de abril de 2017

Y sigue bailando la corrupción en el PP

Semana negra para el PP con más detenciones de ex cargos e incluso con prisión sin fianza. El caso más sonado es el de Ignacio González, que fuera presidente de la Comunidad de Madrid sustituyendo en su momento a Esperanza Aguirre. Se trata de un caso de corrupción en el marco del Canal de Isabel II, una empresa de aguas a través de la cual habría enriquecido injustamente su patrimonio personal y también financiar ilegalmente al PP de Madrid con blanqueo de comisiones.

En el día de hoy (dentro de esta misma trama) ha sido declarado como investigado Eduardo Zaplana, al igual que el responsable de la constructora OHL Villar Mir y el consejero de presidencia de Madrid e imputado también en la Gürtel Alberto López Viejo. Junto a ellos, figuran más de 50 personas en la lista del Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional.

Pero no nos podemos olvidar del plato fuerte: la citación como testigo del mismísimo Rajoy en el marco de la investigación como Gürtel. Lo más divertido es la tranquilidad con la que lo afirma, como si le hubiesen pedido invitarle a café. Pues no, por mucho que lo etiquete como normal no es nada normal ni ordinario el que un Presidente del gobierno declare como testigo en una investigación de corrupción que afecta precisamente a su propio partido. Inés Arrimadas, por su parte, realmente no ve tan extraño que Rajoy sea citado. Pero al mismo tiempo advierte que en caso de ser declarado investigado tendrá que dimitir.

En medio de todo esto, ¿qué hacen el resto de partidos? En el PSOE están de campaña por la secretaría general y se escuchan barrabasadas de todo tipo, como ahora decir Pedro Sánchez que Cataluña es una nación. Y quedarse tan pancho. En Podemos, una vez más, vuelven a comportarse como simios poniendo en circulación con un autobús con caricaturas de investigados por corrupción, otros que no están investigados pero que ya los imputan ellos... y aquellos periodistas que no le bailan el agua como Eduardo Inda. El mismo periodista que hace poco le endosó un zasca impresionante a Pablo Iglesias con la sentencia judicial favorable a su información sobre la presunta financiación de Podemos por Venezuela. La información había sido DEBIDAMENTE CONTRASTADA y con varias fuentes. Pues bien, ahí seguirán esta semana con sus tonterías. Por ejemplo, hoy en Murcia y mañana en Cartagena con su circo. Afortunadamente, tenemos prensa libre que denuncia y reporta estos casos e incluyendo los escándalos que afectan al mal llamado partido "de la gente".

Urge tramitar lo antes posible la Ley contra la corrupción cuya proposición presentó Ciudadanos, aunque algunos grupos la criticaron simplemente por el hecho de que no la presentaran ellos. Ante todo, lo que hay que suprimir son los incentivos a la corrupción. No es suficiente con haber aprobado la Ley de Transparencia en tanto en cuanto los que publican información lo hacen más bien para cumplir con las prescripciones legales que por manifestar una auténtica voluntad. Un mayor control y reducir todos esos incentivos, no sólo incrementar los castigos. Y, por supuesto, proteger a los denunciantes, que es el problema que muchas veces ha ralentizado la puesta en marcha de los procesos de investigación, así como su desarrollo.