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martes, 18 de agosto de 2026

Análisis de los pactos autonómicos PP-VOX de 2026

En este blog hablamos en su día de las elecciones celebradas en varias autonomías cuyo calendario se situó por razones estructurales o coyunturales fuera del común del cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Ahora toca analizar los pactos electorales entre PP y Vox que se firmaron en los últimos meses y que son en Extremadura (16 de abril), Aragón (22 de abril), Castilla y León (3 de junio) y Andalucía (2 de julio). Así que vamos a ir bloque por bloque y comentando las similitudes y diferencias programáticas. Eso resulta más operativo que ir región por región para hacernos una idea no ya de la política que Vox pretende aplicar como socio de gobierno del PP al nivel autonómico, sino también de por dónde ser orientaría el futuro a nivel nacional. Con este artículo, por cierto, nos tomamos un descanso vacacional hasta primeros de septiembre.

Reparto de Consejerías

Para qué vamos a decir lo contrario, lo más importante digan lo que digan es esto: el reparto de sillones. Esto ya lo sabíamos en Ciudadanos, la formación que antes pactaba con el PP por mucho que en público se dijera lo contrario. La formación de Abascal ocupará una vicepresidencia en las cuatro autonomías y en la mayoría ostentará las competencias en materia de desregulación (al estilo Milei), Servicios sociales, Familia, Agricultura, Ganadería, Turismo y Medio ambiente y Rural en términos generales. Las excepciones son en Extremadura, que no coge Turismo y en Andalucía que se limita a pocas carteras si bien coge Justicia y Administración Local. Otra diferencia es que Castilla y León ejercerá la de Cultura. En total, son dos Consejerías en Extremadura, tres en Aragón, otras tres en Castilla y León y sólo una en Andalucía a pesar de que el ejecutivo es de más personas. A cambio de no más consejeros, tendrán un senador por designación autonómica. Todo esto refleja una heterogeneidad organizativa pero al mismo tiempo una tendencia a exigir controlar carteras muy estratégicas para Vox.

Fiscalidad y eficiencia administrativa

Este bloque es muy coincidente, dado que los cuatro acuerdos apuestan por un modelo liberal. En materia fiscal, proponen diversas reducciones de impuestos: bajadas del IRPF destacando mayores deducciones autonómicas por nacimiento, adopción, discapacidad y la novedosa por gastos de clases de apoyo y refuerzo, deducciones y bonificaciones en Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la despoblación, reducción de tasas y precios públicos, bonificación del 99% en Sucesiones y donaciones y rebaja y bonificaciones de Actos jurídicos documentados. También apuntan a la eliminación de los impuestos verdes por considerarlos ideológicos como las tasas autonómicas asociadas al Pacto verde. En Andalucía destaca una deducción a los pacientes enfermos de ELA, simbolizando sin duda un dardo al Congreso que todavía no ha dotado presupuestariamente la Ley nacional ni mediante crédito extraordinario.

En materia de simplificación administrativa se comprometen a reducir cargas burocráticas, como extender la declaración responsable en procedimientos que afecten al mundo rural en Extremadura ó suprimir la cita previa en Castilla y León. Además, en las cuatro regiones requieren que se realice auditorías periódicas del gasto público y que se reduzcan a un 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y al mínimo legal las subvenciones de cooperación exterior. Esto forma parte de uno de los propósitos más firmes de Vox: eliminar el derroche de dinero vinculado a ideología.

Economía y sector primario

En términos generales, se apuesta sin fisuras por el sector primario rechazando las políticas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, como la disminución del presupuesto comunitario relativo a la PAC y el exceso de regulaciones. Como medidas proactivas se establecen las siguientes: en agricultura se defiende fomentar los regadíos, liberar cargas y tasas para una menor presión fiscal, establecer un fondo de compensación por los costes indirectos de las políticas de Bruselas, aplicar prioridad en ayudas a jóvenes agricultores para fomentar incorporación de nuevas generaciones y modernizar los seguros agrarios; en ganadería demandan mayor protección en materia de ganadería intensiva y ayudas al pastoreo y en industria se apuesta por las redes eléctricas como palanca de desarrollo.

Como medidas más específicas en algunas regiones, se propone aprobar planes de dinamización de la actividad industrial en Aragón y en Andalucía, establecer cuota cero a nuevos autónomos de 12 meses ampliable a 24 en Aragón y Castilla León y una subvención a empresarios a tanto alzado para abonar cotizaciones de trabajadores en Andalucía.

Medio ambiente y rural

Es probablemente el apartado más centrado en la particularidad regional, teniendo en cuenta que las cuatro autonomías concentran buena parte de la España Vaciada. En todas ellas se apuesta por la protección del suelo productivo y patrimonio natural frente a macroplantas de energía eólica y fotovoltaica y a la reducción de burocracia ambiental en lo que puedan hacer las autonomías respecto a la normativa europea. Esto implica derogación de normativa climática y de impuestos verdes así como oposición a zonas de bajas emisiones como del estilo de Madrid 360. De hecho es uno de los frentes más firmemente establecidos por Vox. es decir, el rechazo a las políticas climáticas.

En Extremadura y Andalucía se insta a modificar o flexibilizar leyes de caza, pesca, protección ambiental y conservación de la naturaleza, pero no hablan de despoblación. En Aragón se aprueba un fondo de cohesión en el entorno del medio rural, para luchar contra la despoblación se pretende mejorar las carreteras locales, ampliar la conectividad de Internet y extender la videovigilancia y se da especial importancia a la planificación hidráulica. En cuanto a Castilla y León, contra la despoblación se pretenden diseñar planes de retorno para trabajar o residir allí y, en materia de incendios, establecer un nuevo marco normativo de prevención, promover la limpieza forestal de las lindes e impulsar el uso de biomasa. Parece obvio que el recuerdo de los incendios del verano de 2025 marcaron reacciones.

Inmigración y seguridad

El apartado de inmigración es el bloque más homogéneo. Los cuatro definen la posición del ejecutivo regional como contraria a la política inmigratoria de Sánchez y al reparto autonómico de menores. A tal respecto, rechazan incrementar el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS), demandan un régimen interno más estricto de dichos centros, exigen sistemas de verificación de edad de inmigrantes para evitar fraudes en aquéllos, proponen elaborar planes de retornos y repatriación de los menores y mayor control fronterizo dentro de las competencias autonómicas según el Reglamento Europeo. Por otra parte, vinculan las ayudas sociales al concepto de Prioridad Nacional. Esto se ha terminado plasmando no en una exclusividad para españoles, sino a personas residentes en la autonomía por un periodo de tiempo mínimo y demostrasen empadronamiento, arraigo, vinculación, permanencia y contribución vía cotizaciones. Las ayudas autonómicas a inmigrantes en situación irregular se limitarían a las de carácter de urgencia. Por último, proponen una auditoría anual de gastos relacionados con la inmigración masiva y, de manera específica, exigen suprimir las subvenciones concedidas a ONGS que estarían acusadas de financiar a la inmigración ilegal, como probablemente se refieran sin mencionarla a Open Arms.

En materia de seguridad, algunas de las medidas están relacionadas con la inmigración y es el detalle que siempre ha levantado polémica en el discurso de los de Abascal. Todas coinciden en que se inste a a verificar posibles fraudes en el padrón, prohibir el uso del burka y nicab en los espacios públicos y las ayudas a okupas durante cinco años, fomentar el desahucio exprés, realizar convenios con colegios de abogados para defensa jurídica contra okupas y dotar de más personal policial. De manera particular, sobre estadísticas en Aragón se requiere que informen sobre delitos cometidos vinculados a inmigración ilegal y en Andalucía que lo hagan de los procedimientos de expulsión de inmigrantes por comisión de delitos. En Extremadura, curiosamente introduce más rutas de transporte público en esta materia y en Castilla y León no existe como epígrafe.

Vivienda

En este apartado todos apuestan por un programa liberal y de fomento consistente en construir más vivienda pública y vivienda protegida, reducción de cargas fiscales, bonificaciones de impuestos y prohibir el acceso a ayudas a okupas condenados hasta que no se cancele su antecedente penal, pero aplicando en todo caso el criterio de prioridad nacional. En este caso, se requerirá diez años de residencia acreditada para compra y cinco para alquiler. En Andalucía y Extremadura se reconocen avales públicos para familias numerosas y en Aragón para jóvenes, aparte de prever deducciones por arrendar vivienda. Por tanto, es un modelo opuesto al socialista regulatorio y restrictivo de la oferta.

Sanidad

En este apartado hay más diferencias de las esperadas, pero se coincide en un fuerte desembolso presupuestario (así que nada de desmantelar la Sanidad pública). Por una parte, coinciden en comprometerse a reducir las listas de espera quirúrgicas, construir más hospitales y centros de salud, apostar por la salud mental de jóvenes e infantiles, mejorar los cuidados paliativos, incrementar las plazas en residencias y combatir el fraude de etiquetado como contrario a la salud pública. El acuerdo de Castilla y León es el más extenso en este apartado enfatizando en la prevención (vacunación), atención a cuidados de pacientes crónicos en sus domicilios, planes específicos de patologías y ley de puestos de difícil cobertura. En Andalucía se demanda una auditoría del coste sanitario de la atención a los inmigrantes, un acertado plan de prevención contra el suicidio con seguimiento de 72 horas y un plan antiagresiones a sanitarios. En Extremadura se demanda una nueva Ley de Familia enfocando el modelo en la misma. Por el contrario, Aragón no incluye especificidades reseñables.

Educación

Este bloque es muy uniforme y casa con el propósito de Vox y el PP de que exista un modelo único educativo en toda España. Los pactos apoyan gratuidad para los servicios de guardería de primer y segundo ciclo (0-3 años) y la primera matrícula universitaria, climatización para todos y bachillerato concertado progresivo con libre elección de centro. A este último respecto, interpretaciones interesadas y manipuladoras han difundido que se trataría de privatizar la enseñanza secundaria, cuando en realidad se trataría de ampliar nuevos conciertos y no implica para nada cerrar centros públicos. Simplemente que se fomenta crear nuevos centros concertados de bachillerato. En materia de currículo, llama la atención que se incluya historia del terrorismo para que los jóvenes sepan por ejemplo quién fue ETA y sus víctimas como Miguel Ángel Blanco. Por otra parte, se suprime la impartición de enseñanzas árabes, cancelación que me cuesta apoyarla porque da argumentos para suprimir la enseñanza católica. Pienso que siempre que se respeten los valores y principios democráticos, no es problema que los niños musulmanes conozcan la religión que escogen sus padres. En cuanto a comedores, se aplica una vez más el concepto de prioridad nacional referido a los productos de origen español añadiéndose al vigente de comida saludable. Esta medida, que suprime además el menú halal, es uno de los ejemplos que chocan con una política liberal y más tratándose de espacios educativos, por lo que junto con la anterior la considero innecesaria.

Ideológicas

En todas ellas se rechazan las leyes de memoria democrática por estar asociadas con la visión republicana y de izquierdas, se defiende la derogación de las mismas y de entidades públicas asociados con "chiringuitos" por ser duplicidades de otros o ser claramente improductivos. Esto lleva a la supresión de las subvenciones que tengan ese leit motiv así como de los contenidos educativos, revisión de normativa autonómica de igualdad, pero también existe espacio para una proposición constructiva: la llamada Ley de Concordia, con principios de reconciliación y para superar de una vez por todas las heridas de una Guerra Civil que la izquierda instrumentaliza más que nunca a pocos años del centenario. Sin embargo, ninguno de los pactos aclara en qué dirección concreta iría esa Ley a pesar de que sería muy interesante que alguna de estas autonomías se adelantara y se animara. Con todo, me da la sensación de que, si se llega a hacer, se presentará al unísono en los cuatro plenos y con textos prácticamente idénticos. En todo caso, me da muchísima curiosidad y me gustaría analizarlas.

Conclusiones

Ante todo, se aprecia una evolución en la negociación. Los acuerdos recientes son más extensos y detallados, incorporando buena parte de los contenidos ya presentes en los anteriores y ampliándolos con medidas específicas. De esa manera, se apunta a la consolidación de un modelo de pacto entre ambas formaciones. Porque inicialmente no existió ni un modelo en común ni tan siquiera cuatro pactos independientes, sino documentos claramente inspirados unos en otros. Así que compartiendo un esquema parecido y una parte importante de su redacción, sí se percibe un núcleo programático claramente compartido. Podríamos decir que más del 80% de las principales medidas aparecen en los cuatro pactos, lo que sugiere una estrategia común de negociación entre PP y Vox. La extensión también es dispar, pues mientras Extremadura fue un pacto relativamente breve (23 páginas), Aragón amplió el contenido (39 páginas), Castilla y León lo desarrolló aún más (62 páginas) y Andalucía presenta un documento de unas 60 páginas que recoge prácticamente todos los bloques presentes en los acuerdos anteriores y los amplía con mayor detalle.

La inmigración y seguridad ciudadana se convierte en el principal eje político y es el apartado donde menos diferencias existen entre comunidades y donde aparece con mayor claridad la influencia de Vox. El otro eje es política económica mantiene un enfoque liberal con bajadas de impuestos, menos burocracia, apoyo a la actividad empresarial y simplificación administrativa aparecen prácticamente en todos los acuerdos. Por el contrario, las divergencias no son ideológicas, sino que responden al territorio y en materias económicas. Cada comunidad incorpora medidas específicas vinculadas a su estructura económica, como agricultura y despoblación en Castilla y León y Extremadura, industria y logística en Aragón, o turismo y pesca en Andalucía.

En el terreno más valorativo podríamos estimar cuáles son sus fisuras y hasta qué punto estos programas pueden ser un avance de lo que puede haber en España, es decir, la viabilidad de un gobierno nacional PP y Vox. Por lo que respecta a lo primero, existe buena parte que responde a propuestas populistas. Por ejemplo, la política inmigratoria sigue concentrada en las competencias estatales y es muy complejo desde las autonomías trazar planes de deportaciones y qué decir de sistemas de verificación de la edad de menores. Igual que pretender hacer auditorías del coste que conlleva la inmigración. Otro caso es que la aplicación del principio de prioridad nacional choca de bruces con su propia literalidad, dado que un individuo que venga de otra región española a trabajar se encontrará con que un extranjero que lleve residiendo varios años tendrá mayor acceso a ayudas. No menos importante es balancear el desembolso en gasto público por viviendas, ayudas al sector primario y más infraestructuras sanitarias con la disminución de impuestos y eliminación de chiringuitos y subvenciones a cooperación exterior. Más que nada porque apuntan muy alto y no se puede aplicar liberalismo y socialismo al mismo tiempo.

Respecto a lo segundo, por una parte han demostrado que PP y Vox se pueden entender en una serie de puntos básicos. Pero, por otra, está por ver qué aplicabilidad práctica tendrá y si pueden existir incongruencias o enfrentamientos entre los dos. Y es que, por ejemplo, el PP sabe que existen determinados compromisos con Europa derivados de la normativa comunitaria y eso afecta al ámbito medioambiental. Por mucho que la izquierda los equipare, PP y Vox no son lo mismo. Si escenifican demasiados conflictos, eso puede afectar a su credibilidad. Y, con todo, lo normal es que alguna que otra controversia exista porque el cálculo electoral es irrenunciable. Lejos de lo que sean las disputas políticas, creo que lo más importante es la congruencia tanto teórica como práctica y será necesario dar tiempo para ver en lo que tienen que corregir las franquicias nacionales en orden a un hipotético Gobierno de coalición en 2027.

jueves, 23 de abril de 2026

Contradicciones internas de Vox y límites de su proyecto político

Desde hace dos meses, el partido Vox ha entrado en una crisis interna motivada por las discrepancias, expulsiones y casos de transfuguismo. Por ejemplo, de ex líderes destacados como Iván Espinosa de los Monteros y recientemente Javier Ortega Smith, que era portavoz municipal de Madrid y tras ser expulsado del partido permanece en el Grupo Mixto junto con otros dos concejales suyos como Carla Toscano. Otras importantes críticas provienen de ex líderes regionales como Juan García-Gallardo y Javier Antelo, otro expulsado cuyo caso ya vimos en un post anterior. Incluso en municipios como Torre Pacheco, Cartagena y Las Torres de Cotillas se han roto los grupos municipales. Todo esto ha enrarecido el ambiente en un partido en el que hace tiempo que las encuestas le estaban impulsando y de hecho ha conseguido buenos resultados en varias elecciones autonómicas. He dividido el análisis en varios bloques en los que considero que yerra, más allá del ruido político habitual y las etiquetas simplificadoras de "fascismo, ultraderecha y Franco" con la que se minimiza cualquier debate que sea constructivo o que al menos aporte reflexión. Resulta más útil analizar las contradicciones internas que pueden estar detrás de ese disenso interno al tiempo de que se estanque electoralmente. No tanto por el impacto inmediato de la crisis, sino porque las tensiones programáticas permiten entender mejor los límites estructurales del proyecto político de Vox.

Política económica: liberalismo de portada frente a proteccionismo de fondo

Así, en contexto nacional, Vox suele defender posiciones que encajan mal con la etiqueta de "liberal" que algunos le atribuyen. Y no vale lo de promover libertad para vacunarse o no de Covid (pudiendo ser interpretado como una posición cercana al negacionismo). La política económica de Vox presenta una dualidad especialmente significativa: combina un programa fiscal liberal con propuestas de intervención selectiva y protección nacional, configurando un modelo económico híbrido. Se ha podido percibir tanto en su programa electoral como en las líneas del acuerdo programático de Extremadura (ya con la investidura de Guardiola aprobada) y seguramente Aragón, cuyo visto bueno se conoció ayer.

Por una parte, promueve una reducción generalizada de impuestos como eliminación del IVA en productos básicos y en compra de primera vivienda, simplificación y tramos más reducidos de IRPF y supresión de Sucesiones e impuestos energéticos. También propone reducir el gasto público eliminando subvenciones, reduciendo estructuras administrativas (chiringuitos) y estableciendo auditorías de gasto al estilo del Dodge de Elon Musk. En materia de vivienda combinan ese liberalismo fiscal con intervención selectiva, dado que a pesar de que promueven la liberalización del suelo y endurecen la lucha contra la okupación, priorizan el acceso a vivienda para nacionales y restringen la compra para extranjeros.

En sectores clave es cuando más se alejan del liberalismo. Frente a la fiscalidad y las regulaciones europeas, su bandera es la defender sectores estratégicos nacionales y su competitividad frente al exterior, centrándose en el sector agrario y la industria. Ahí sí promueve la capacidad regulatoria del Estado para aplicar políticas de defensa económica. Defiende al producto nacional frente a la competencia exterior, rechaza acuerdos internacionales que según su discurso perjudican a la industria, al campo o a los trabajadores españoles (apoyando manifestaciones de tractores y condenando el Acuerdo de la UE con Mercosur), critica a la globalización económica y apela constantemente a la soberanía entendida como capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos. Ese enfoque conecta electoralmente bien con pequeños empresarios, sectores agrarios, trabajadores afectados por la deslocalización y personas que asocian la apertura de mercados con pérdida de empleo y precarización. Pero realmente no repercute en el crecimiento de la economía global, pues los sectores agrario e industrial presentan menores niveles de valor añadido frente a los que sector de servicios proporciona.

Política exterior: soberanía nacional vs. alianzas

La política exterior de Vox se articula discursivamente en torno a una idea central: la defensa de la soberanía nacional frente a organismos supranacionales, élites globales y consensos internacionales, simbolizado en la Agenda 2030. Sin embargo, cuando se analizan sus alianzas y referentes exteriores, surgen contradicciones significativas entre ese discurso y las consecuencias reales de dichas relaciones para los intereses de España. 

Así, Vox ha mostrado reiteradamente su simpatía y apoyo a Donald Trump, al que presenta como ejemplo de liderazgo fuerte, defensa del Estado-nación, rechazo al globalismo y oposición al progresismo internacional. Sin embargo, trasladado al terreno económico choca con la dinámica de guerra comercial de Trump en la que, priorizando el interés de EEUU, se perjudican a exportadores europeos y entre ellos a los intereses de España, por imponerse aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, el vino y productos agroalimentarios.

Otro referente es el que hasta hace poco ha sido presidente de Hungría y el gran topo de Putin en Europa: Viktor Orbán. Vox ha aplaudido igualmente su defensa de la identidad nacional, oposición a las políticas migratorias europeas, rechazo del multiculturalismo y políticas LGTBi y su crítica al modelo federal de la UE. Sin embargo, esto contrasta con su silencio ante las acusaciones de corrupción y reformas antidemocráticas, motivos por los cuales buena parte de los fondos europeos se mantuvieron bloqueados. En represalia, Orban usó la confrontación con Bruselas y bloqueó decisiones comunitarias (créditos para Ucrania y sanciones contra Rusia) y exigiendo solidaridad cuando le convenía. Por tanto, es discutible denunciar la excesiva burocratización de Bruselas al tiempo que se apoya a gobiernos que viven de sus recursos y explotan la confrontación. Por si fuera poco, Orban fue acusado por la UE de filtrar negociaciones diplomáticas al oligarca ruso Putin. Así que bienvenida sea la victoria en Hungría del líder de la oposición, el europeísta de centro derecha Péter Magyar.

Finalmente, está el mandatario argentino Javier Milei, invitado varias veces al acto anual de Viva en el que Vox siempre había mostrado su fuerza de convocatoria. Sin embargo, el liberalismo libertario de Milei que aboga por un Estado mínimo, el cierre de toda institución que controle la economía como por ejemplo el Banco Central Argentino (responsable de las políticas monetarias y cambiaria) y especialmente por una economía abierta al exterior tampoco casa con el proteccionismo nacionalista mencionado. Además, Vox no promete aplicar "motosierra" a las pensiones como hizo el argentino y ni tan siquiera congelando las más elevadas.

Al margen de sus filias, Vox no termina de aclarar ni qué tipo de relaciones internacionales propone, ni dónde están los límites entre cooperación y subordinación. Ha dado muchos bandazos como con el tema de Rusia y Ucrania, como culpar a la UE de la guerra y de su dependencia energética con Putin y en Madrid se evolucionó a una postura más crítica con Israel contrastando con la visión inamovible de la dirección nacional. Al igual que en la economía, la política exterior de Vox parece responder más a una lógica cultural. Los aliados internacionales se eligen por afinidad ideológica y posicionamiento en la “guerra cultural”.

Inmigración: discurso estratégico y fractura interna

La inmigración constituye uno de los ejes centrales del discurso de Vox y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde se perciben con mayor claridad las tensiones internas entre la dirección del partido, su estrategia comunicativa y una parte significativa de su base social. Vox ha intentado construir un relato diferenciado que no rechaza toda inmigración por igual, sino que establece una jerarquía basada en criterios culturales. En este marco, se muestra una mayor tolerancia hacia la inmigración procedente de países latinoamericanos apelando a la lengua común, la herencia cultural compartida y la tradición cristiana, presentando a esta inmigración como más fácilmente integrable y menos conflictiva. Es decir, una inmigración "culturalmente compatible". Este enfoque permite a Vox contrarrestar acusaciones de racismo, ampliar su base electoral y mantener relaciones con el mundo hispanoamericano. Incluso también en algunas regiones ha sido más laxo con el tema de las "paguitas" exigiendo a cambio un periodo medio de residencia previa.

Sin embargo, este planteamiento no es compartido de forma homogénea por sus votantes, especialmente entre sectores jóvenes, que son simpatizantes más activos en redes sociales y entornos con una fuerte carga identitaria. En estos espacios se observa un rechazo creciente a toda forma de inmigración, incluida la latina. El discurso predominante en ellos es de saturación, pérdida de identidad y de competencia por recursos y ayudas, desvinculando el factor de origen, cultural y religioso y asociando el problema a lo estructural. De esta forma, la brecha y la tensión entre la dirección y su base es clara. La dirección necesita un discurso matizado, respeto institucional y no cerrarse puertas electorales, mientras que la base demanda posiciones más radicales, rechaza excepciones culturales y considera cualquier matiz una concesión. 

Esa incoherencia interna simplifica un fenómeno complejo y dificulta una posición estable, priorizando una vez más el impacto emocional sobre la propuesta técnica. Tenemos los ejemplos del cierre de centros de Menas sin ninguna alternativa y más recientemente la polémica de la "prioridad nacional" que es imposible de aplicar en sentido literal por ser contraria al artículo 14 de la Constitución Española. Por consiguiente, se refuerza su imagen como partido más reactivo que proactivo y se reconduce el debate de gestión de la integración de inmigrantes hacia exclusivamente la seguridad y la identidad. En dicha tesitura, se complica la elaboración de políticas públicas realistas, alimentando expectativas imposibles de satisfacer (como deportar a centenares de miles de inmigrantes ilegales) que terminarán amplificando la frustración de su propio base.

Monarquía: defensa institucional y erosión del símbolo

La relación de Vox con la monarquía constituye otra de sus contradicciones más delicadas, no tanto por su formulación oficial, sino por la disonancia creciente entre el discurso del partido y la percepción de una parte significativa de sus votantes.

Vox se presenta como un partido abiertamente monárquico y defensor de la Corona como pilar del orden constitucional, en tanto que garantía de la unidad de España, elemento de estabilidad institucional y contrapeso frente al republicanismo izquierdista y los nacionalismos periféricos. Sin embargo, esto contrasta con una creciente desconfianza hacia la figura de Felipe VI entre sus votantes y simpatizantes, que puede percibirse en redes sociales y determinados canales de YouTube que difunden los mensajes del partido. Cuestionan su neutralidad política y le acusan de estar alineado con la Agenda 2030, así como seguir el discurso de Moncloa en intervenciones públicas y foros internacionales con un lenguaje institucional considerado ambiguo. Sin embargo, tampoco hace nada proactivo Vox, por lo que da la impresión de que protege la institución en el plano retórico al tiempo que valida su debilidad en la práctica. Es más, declaraciones individuales contribuyen a ello, como las de Hermann Tertscht difundiendo el bulo de que Felipe VI había perdido perdón por los abusos de la Corona en México en el siglo XVII.

De esa manera, se asiste a otra tensión no resuelta en Vox. Por un lado pretende erigirse como partido de orden, pero bebe de un electorado crecientemente antisistema que desconfía de absolutamente todas las instituciones. La monarquía, en realidad, siempre ha respetado el discurso de Moncloa con Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Suárez y Calvo Sotelo. Pero para una parte importante del electorado sólo se le da el visto bueno si confirma sus expectativas ideológicas, rompiendo con la tradición de asumir la monarquía como un pilar incuestionable. Ante ese panorama, ¿Cómo se va a pretender cualquier defensa sólida de la monarquía frente a ataques de los adversarios más acérrimos como los independentistas o la extrema izquierda? Si ahora se suma una extrema derecha antisistema, se refuerza una lógica de confrontación permanente propia de la polarización y se estrecha considerablemente el margen para una crítica institucional responsable.

Comunicación institucional: cuando los argumentos se pierden en el ruido

Más allá de sus contradicciones ideológicas, Vox presenta un problema estructural relativo a una profunda ineficacia comunicativa. No tanto por falta de argumentos, sino por su incapacidad para articularlos de manera comprensible, persuasiva y políticamente productiva. En ámbitos como la descentralización territorial, la gestión de la inmigración, las políticas feministas, la legislación de igualdad y el enfoque identitario impulsado por las instituciones existen contradicciones, efectos no deseados y debates legítimos que podrían ser objeto de una crítica sólida y transversal. El problema es que cuando esas críticas proceden de Vox el mensaje se diluye o se rechaza de plano y no por su contenido, sino por la forma en que se presenta. En comunicación externa, Vox cuenta con los creadores de contenido como David Santos o Infovlogger que crean comunidad apoyando al partido de forma incondicional. Han favorecido parte de esa subida de Vox, pero todo tiene un límite y ya sólo puede aspirar a mantenerse en lo que está.

Un ejemplo que contrasta es el de Juan Soto Ivars, quien ha abordado estas mismas cuestiones a través de su libro, su canal de YouTube y columnas de prensa en El Confidencial y ahora en ABC. Su enfoque se caracteriza por señalar contradicciones políticas sin negar problemas reales, evitar la descalificación global, no plantear la supresión inmediata de leyes sino su revisión crítica y utilizar un lenguaje que invita a pensar, no a alinearse emocionalmente. Esto le permite llegar a públicos diversos, ser leído incluso por personas ideológicamente alejadas y contrarrestar el marco de “derecha reaccionaria” que suele activarse automáticamente. Vox, en cambio, carece de figuras que cumplan esa función de mediación intelectual. No dispone de perfiles que expliquen con matices ni traduce la crítica política en términos comprensibles para mayorías sociales y tampoco construye un relato alternativo que dispute la hegemonía cultural. En lugar de esto, opta por consignas simples, prioriza la confrontación aprovechándose de la misma polarización y que le ha impulsado y contribuye a reducir el debate a términos binarios, tal y como hace el socialismo. De esta manera, los argumentos se tornan en ruido ante la falta de estructuras formales e informales capaces de traducirlos políticamente.

Además, desde el punto de vista estratégico, Vox comete un error recurrente al aceptar el marco comunicativo de sus adversarios. Como plantea su crítica señalando el adoctrinamiento ideológico y la supresión o derogación como solución sin transición ni alternativa clara, favorece que la izquierda contraataque con más populismo, interpretaciones sesgadas y bulos. Eso refuerza el miedo al cambio al retratando una opción regresiva y radical. Con actitudes así, lo único que se consigue es movilizar a la base en su identitarismo y generar titulares, pero no a construir mayorías ni convencer a indecisos más allá de los fuertemente polarizados. Es la consecuencia de gastar más energías en criticar el dominio cultural de la izquierda que en articular un discurso elaborado capaz de disputarlo.

Conclusiones

Las consecuencias de una economía y política exterior subordinada al relato identitario es que se dificulta la credibilidad del partido como alternativa de gobierno, generando confusión entre votantes con intereses económicos distintos e impidiendo articular un proyecto estable. Vox no explica ni cómo compatibiliza la defensa del campo español con la apertura de mercados ni cómo protege la industria sin intervención estatal. Esta ambigüedad sugiere que la política económica de Vox no responde a un cuerpo doctrinal sólido y que se adapta más bien al marco emocional y simbólico, es decir, al malestar social. 

Programáticamente, es un partido más definido por lo que rechaza que por lo que propone dado que mientras que ha logrado consolidar una identidad política clara contra el progresismo, el feminismo institucional, el modelo territorial y políticas migratorias expansivas, no existen estrategias sostenibles a largo plazo sino adaptadas al momento. Se apunta a una lógica en la que lo identitario prima sobre la coherencia programática y funciona mejor como herramienta de movilización que proyecto de gobierno.

A esa falta de coherencia se le suma el problema clave de su incapacidad para comunicar eficazmente y convencer a indecisos rompiendo marcos ideológicos adversos y construir mayorías sociales en las que tenga protagonismo proactivo. El coste de no saber disputar el terreno cultural le aboga a concentrar voto en las sensaciones negativas y confrontación, que es lo típico de los partidos populistas extremistas. Esto sólo refuerza la imagen que sus adversarios proyectan de él (ultraderecha para la izquierda y populismo para el PP), limita su crecimiento y reduce su capacidad de influencia real.

En este contexto, Vox se enfrenta a una encrucijada estratégica. O mantiene un perfil centrado en la movilización identitaria (que le dió subidón desde 2019) y con alta fidelidad de su base pero con dificultades para ampliar apoyos ó bien evoluciona hacia un proyecto más coherente y estructurado con mayor capacidad de gobierno pero a costa de otras tensiones internas. El recorrido futuro del partido dependerá en gran medida de cómo resuelva estas contradicciones. Puede que Vox haya conseguido construir un relato potente, pero no ha demostrado ser capaz de convertirlo en un proyecto político coherente, estable y mayoritario. Y en política, tarde o temprano, la coherencia deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una condición sine qua non de viabilidad. Y si existen dudas, que pregunten a Ciudadanos y a Podemos.

martes, 10 de marzo de 2026

El caso Antelo y la crisis abierta en Vox Murcia

Hace unas semanas saltó la noticia de que Vox quiso forzar el relevar a Ortega Smith como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid siendo expulsado del partido al negarse a dimitir. Esto ha tenido una importante relevancia pública porque el mencionado ha sido diputado nacional y una de las caras más visibles del Vox que ascendió desde la irrelevancia pública al estrellato. Además, se une a otra de las caras retiradas como los otros puntales Espinosa de los Monteros  (vertiente más liberal) o Macarena Olona y las referencias de ámbito regional como García-Gallardo (Castilla y León) ó Sánchez del Real (diputado por Badajoz). Pero la polémica llegaría también a Murcia al pretender apartar a José Ángel Antelo, líder del partido en la Región de Murcia y diputado de la Asamblea Regional. Así, la vicesecretaria nacional le comunicó el pasado 25 de febrero la intención del partido de relevarle como presidente provincial del consejo ejecutivo e invitándole a que se apartara, dado que no puede cesarle al resultar elegido en primarias entre afiliados. Supuestamente, el motivo era renovar el liderazgo institucional del partido a cambio de mantenerlo como portavoz y candidato en 2027. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas por fases, pues no olvido cómo en Ciudadanos se trató a Miguel Sánchez y a José Luis Ros aunque fuese no desde nacional sino desde una miserable ejecutiva regional. Pero no nos desviemos del tema actual.

Dimisión de la coordinadora provincial

Como Antelo se mostró en desacuerdo con la invitación a dimitir, al día siguiente saltó la sorpresa de que toda la coordinadora provincial de Vox en Murcia (cinco personas) dimitía para forzar la destitución automática de Antelo. Sin embargo, el ya ex presidente declaró que no se sentía traicionado por dicho órgano, pues asegura que alguno de ellos le confesó en privado que la decisión había sido impuesta por nacional. Mientras tanto, Gestoso y Buixadé (sector más conservador) haciéndose los locos.

Ahora bien, pronto se difundió el rumor de que la pérdida de confianza en Antelo era como consecuencia de su "mala gestión". En una entrevista al medio El Español, fuentes de Murcia aseguraron indirectamente que el problema no era tanto de su actuación política, pues en realidad ya hemos visto que siguió a rajatabla todo cuanto se le ordenaba desde Madrid. Por ejemplo, abandonó la Vicepresidencia y la consejería de Interior y Emergencias en cuanto se exigió por Abascal por el absurdo de no cerrar los centros de Menas. Sin embargo, los críticos apuntaron que había perdido capacidad negociadora con López Miras y que dividía al partido. Respecto a lo primero, carece absolutamente de sentido porque precisamente el hecho de salir del ejecutivo regional ya le hizo perder al partido gran margen de maniobra para influir. Además, suena igualmente a chiste la decepción que apunta la fuente sobre lo pactado para los Presupuestos 2025, pues Murcia carece de competencia para deportar inmigrantes. Sobre lo segundo, fue acusado de fichar a gente afín para puestos del partido a nivel municipal, señalando que habría estado generando facciones en Ayuntamientos clave. Ahí ya lo desconozco, obviamente no he estado dentro para saberlo. Pero habría que ver hasta qué punto eso era cierto, como también qué otra voz interesada se hallaría detrás de estas acusaciones.

Destitución como portavoz y acusaciones cruzadas de delitos

En una entrevista del propio Antelo al mismo medio ya comunicó que no tenía intención de dimitir. Además, las encuestas en Murcia señalaban un ascenso proporcional del partido mucho mayor que en cualquier otra autonomía y de hecho se estimaba que podrían ser segunda fuerza. Pese a ello, pasados unos días el martes 3 de marzo se anunciaba la destitución de Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox Murcia. De esta manera, Rubén Martínez, que había ocupado anteriormente dicho cargo cuando el ex jugador de ACB se encontraba en la Consejería, regresaba a donde estaba. Mientras tanto, otra persona del núcleo duro de Abascal como Pepa Millán legitimaba que el partido podría hacer lo que ordenase.

La polémica escaló un nivel más alto cuando Antelo denunció públicamente el miércoles 4 al partido por usurpación de identidad y falsedad documental. El motivo fue que recibió un acuso de recibo del partido con la solicitud de cese como portavoz de Vox Murcia en la Asamblea Regional y con su propia firma electrónica y DNI. Esta alegación provocó que el mismo día la mesa de la Asamblea decidiera por unanimidad anular la destitución y nuevo nombramiento de portavoz parlamentario. Esto ocasionaba que el relevo tuviera que postergarse al lunes siguiente. La versión de Rubén Martínez fue firmaron con su puño y letra y que el certificado era del partido y no del diputado, excusa que administrativa y jurídicamente me parece muy endeble, más que nada porque en tal caso el certificado de persona jurídica mostraría el CIF y no el nombre y DNI de una persona física.  Sin embargo,  lo que alega Vox Murcia puede ser la razón por la que figure la firma de Antelo en un contrato de alquiler de una furgoneta de la empresa de su amigo cuando no era portavoz del grupo sino Consejero. Por otra parte, reveló que el mismo martes se le exigió que dejase el acta. Es decir, que no sólo querían apartarlo como portavoz sino que directamente se lo querían quitar de en medio. El día terminó con el primer teniente de Alcalde de Cartagena, Diego Salinas dándose de baja de Vox Murcia.

¿Y cuál fue la respuesta de Vox a esto? Pues precisamente el jueves 5 de marzo saltó (y qué curioso que no se publicase antes) que, al parecer, Antelo habría presionado a funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su mujer respecto a la urbanización de unos terrenos inundados no legalizados. Dichos terrenos eran propiedad a medias de su esposa y de una concejala. Esto es MUY grave porque se le acusa directamente y sin pruebas de un delito como el tráfico de influencias que es lo que habría sido comunicado por Murcia a nacional. ¿Tal vez por Gestoso? Que por cierto, qué cosas que justo en medio de esta polémica salga la luz que este último colocó recientemente a su pareja (tras ser despedida por vicesecretaría nacional) como personal suyo de confianza en el Ayuntamiento de Murcia y en un puesto dotado con 60.000 euros. ¿Podemización de Vox Murcia? Por otra parte, se añadieron otras acusaciones de mala gestión política como reuniones con el Real Murcia que correspondían en realidad al grupo municipal o acordar con López Miras financiación autonómica para la construcción de un centro de formación de supuestamente un amigo suyo, reduciéndolo a chiringuito.

Bien, vayamos por partes. Fuentes del Ayuntamiento de Cartagena desmintieron tanto las presuntas presiones al concejal de Urbanismo así como que Antelo por sí o a través de persona interpuesta se comunicara con el departamento. Sobre el Real Murcia, el contexto es que Gestoso enrareció el ambiente por unas críticas al proyecto de ciudad deportiva y acusándolo de falta de transparencia mientras que Antelo quiso reunirse con Felipe Moreno para calmar la situación y manifestar apoyo al club. Finalmente, ante el desprecio al centro de formación, las acusaciones de Vox igualmente recibieron la respuesta enérgica de la FREMM. 

Expulsión del grupo parlamentario y del partido 

A estas acusaciones se le sumó el previsible expediente de expulsión del partido abierto el viernes 6 y añadiendo en el mismo que habría emitido supuestas filtraciones interesadas. Francamente, eso sonaba más a estrategia de ruido para proseguir en el aislamiento del señalado, aunque pudiera estar en el fondo del asunto lo que ya se comunicó días atrás y es la presunta injerencia en las agrupaciones municipales. 

En cuanto llegó el lunes 9 se materializó su expulsión del grupo parlamentario de Vox y su pase al grupo mixto, compartiendo despacho y tiempos por tanto con IU y Podemos. El mismo día, Marcos Cano de Vox Totana anunció su dimisión, que entregaba su acta de concejal y que se daba de baja en el partido, en contraste con Salinas de Cartagena. Así que la crisis en Vox Murcia no ha hecho más que comenzar y tal vez en los próximos días podría haber más bajas y dimisiones en el partido a nivel municipal de esta formación, y es que de hecho existe algún representante de una localidad con alto apoyo de Vox que permanece en silencio desde el momento en que estalló el caso Antelo. 

Centralismo recalcitrante y consideraciones

Finalmente, Vox ha designado una especie de junta gestora regional de 2 personas presidida por el otro que fue consejero durante esta legislatura, José Manuel Pancorbo (ex Fomento) y el ex presidente de la CARM Alberto Garre como vicepresidente. Vamos, que mayor centralismo es imposible. Y es que, en definitiva, todo esto que ha sucedido ha sido una decisión impuesta de Vox Nacional, aplicando con contundencia una verticalidad orgánica que responde a su afán político de centralizar el poder y limitar la autonomía regional. Y esto me recuerda, salvando a las distancias, a lo que pasó en Ciudadanos. La diferencia es que el partido CS a nivel nacional ya se encontraba en barrena y el traspiés de Murcia terminó amplificando la caída a todos los niveles que ya venía siendo difícil de detener. Habrá que ver y esperar hasta qué punto esta crisis perjudica a la credibilidad y unidad del partido a nivel de Murcia. Entiendo que, dada la naturaleza de esta formación, será muy poco probable que esta brecha abierta le afecte más allá de la presente provincia. Mis perspectivas e impresión, no obstante, es que si no consiguen tapar esa fuga que se ha abierto porque Antelo ya contaba con un importante apoyo a nivel municipal (ya sea por maniobras de que se le acusan o porque haya tejido lazos con los de dentro), se pincharán sus ambiciones para 2027 en Murcia.

(fuente de la foto: Cadena SER)

miércoles, 14 de enero de 2026

El viacrucis de la protección del Mar Menor y su personalidad jurídica

En el día de hoy dedico un post a la protección jurídica del Mar Menor. Este tema se encuentra ineludiblemente vinculado con el Medio Ambiente y, en estos tiempos de irrespirable polarización política a la que contribuyen casi todos (unos más que otros, obviamente), suele ser una bandera que defiende más la izquierda o al menos que acapara más simpatizantes. Pues bien, por mucho que se etiquete defender al Mar Menor como algo "de rojos", personalmente considero que eso es absurdo. Verdaderamente, no cabe en la cabeza de nadie con independencia de que sea o no ecologista (con los que tengo mis reservas como por ejemplo con las nucleares) sino simplemente vecino o empresario de la comarca del Mar Menor y Cartagena que no le preocupe la situación de la laguna y su cuenca.

Antecedentes

La primera Ley específica sobre protección del Mar Menor fue la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de usos del Mar Menor cuando la CARM era gobernada por el PSOE y con Carlos Collado al frente. Sin embargo, su articulado (22 artículos, 4 disposiciones adicionales y 2 finales) no se centraba tanto en aspectos ambientales como de urbanización y ordenación territorial. Además, aunque preveía la aprobación de un plan de saneamiento ambiental y otro de ordenación del litoral, la competente era la propia Consejería de Obras Públicas en lugar de la de Medio Ambiente que tan sólo informaba a través de una agencia. Lo peor no fue eso, sino que aparte de tener una escasa aplicación, cuando se produjo cambio de gobierno se fue desvirtuando con las nuevas leyes regionales. de suelo.

No sería hasta 2018 cuando se aprueba la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad en el Mar Menor y ya con López Miras tras la dimisión el año anterior de Pedro Antonio Sánchez. En esta ocasión, el enfoque sí era ambiental dado que ordenaba la aprobación de un código de buenas prácticas agrarias para limitar los vertidos de la agricultura intensiva, regulaba el uso de fertilizantes y prohibía actividades contaminantes en la cuenca del Mar Menor. Sin embargo, esta Ley fracasó rotundamente hasta el punto que el Gobierno regional remitió una "guía interpretativa" a los agricultores para facilitar el incumplimiento de las restricciones.

El largo camino de la iniciativa popular

El proceso nace en 2019, el mismo año en que durante el verano fue noticia en el Mar Menor y no precisamente para bien la generación de anoxia tras la DANA acontecida en octubre, que incrementó el nivel del mar en 70 centímetros y asfixió a muchísimos peces al tratarse de agua dulce de escorrentía. El desastre fue mayúsculo al morir miles de peces como consecuencia de la falta de oxígeno y especialmente en San Pedro del Pinatar. Los ecologistas señalaron como responsables a la agricultura y a la urbanización debido a las modificaciones producidas en los terrenos. Sin embargo, la anoxia no debe confundirse con la eutrofización, que es algo muy distinto y que se refiere a la acumulación de nitratos en el mar. La denominada "sopa verde" con la que se conoció a su estado en 2016. Pues bien, en ese 2019 un grupo de estudiantes de cuarto del Grado en Derecho analizaba posibles vías de solución y fue la profesora lorquina Teresa Vicente quien propuso activar una Iniciativa popular legislativa (IPL).

La IPL fue impulsada por plataformas ciudadanas (Pacto por el Mar Menor, Por un Mar Menor vivo, etc) y asociaciones ecologistas y sociales articulando una campaña para proporcionarle personalidad jurídica al Mar Menor. El objetivo último era que el ecosistema constituido por la laguna y la cuenca fuese dotado de capacidad jurídica propia para proteger sus derechos y facilitar acciones de reparación frente a los daños producidos.

En el año 2020, poco después del confinamiento por la pandemia del Covid-19, fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados por parte de la mesa. Mientras tanto, en la Asamblea Regional se aprobó la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. Tras la desactivación y derogación indirecta de la Ley de 2018 por el Gobierno regional, el parlamento quiso aprovecharse del contexto de la iniciativa popular con una normativa en el ámbito de sus competencias. Los objetivos de la misma eran sanear la laguna, sancionar la contaminación, restringir el uso de fertilizantes, proteger la biodiversidad y prever inversiones para la adaptación de explotaciones. Fue aprobada con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos (antes de que reventara) y se opusieron los extremos Vox y Podemos. Los primeros porque entendían que señalaban y castigaban a los agricultores y los segundos porque la consideraron insuficiente. Las valoraciones de los ecologistas y movimientos vecinales fueron igualmente negativas y entendieron que había de seguir adelante con la ILP. 

En 2021 se asiste a un nuevo episodio dramático para el Mar Menor con una anoxia mucho peor que la de dos años antes y que afectó fundamentalmente a las playas de Cartagena. Esto impulsó enormemente las firmas recogiéndose alcanzándose más de 300 mil a la finalización del verano. Al término del año se superaron con creces las 500 mil requeridas, puesto que el total alcanzaba las 639.286 firmas. De esta manera, estaba todo preparado para presentarlas formalmente, validarse y estimarse la ILP.

En 2022, la ILP del Mar Menor se convirtió en una realidad con un preámbulo, 7 artículos, 2 disposiciones transitorias y 2 finales. Primero fue aprobada a trámite como proposición de Ley en el Congreso en abril con 274 votos a favor, 6 abstenciones (varios independentistas) y 53 votos en contra procedentes de Vox. Y no puedo dejar de mencionar la lamentable postura de Luis Gestoso, el experto en pasar por partidos políticos. El diputado nacional calificó a la ILP de "aberración jurídica", "comunista" y "totalitaria" y señaló que se recurriría. En julio fue estimada por la Comisión del Congreso y finalmente en septiembre superó el trámite en el Senado y ya era una realidad. La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca se publicó en el BOE el 3 de octubre. El mismo día que mi hijo cumplió 3 años.

Recurso de inconstitucionalidad y críticas de los agricultores

En enero de 2023, Vox volvió a dar la nota contra la ILP por parte de José Ángel Antelo y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. La derecha populista patina cada vez que se posiciona sobre el Medio Ambiente. No cabe duda de que la agricultura es un sector económico esencial en la Región de Murcia y sobre todo en la comarca del Mar Menor y Cartagena. Sin embargo, al mismo tiempo que niegan la incidencia de la eutrofización y no mencionan nada de las ingentes cantidades de dinero público que son invertidas para eliminar la biomasa generada por los nutrientes, cargan la responsabilidad exclusiva contra los Ayuntamientos ribereños (donde no gobiernan) por verter residuos al mar como consecuencia de sus deficientes redes de saneamiento. Sin embargo, esto implica una media verdad porque en realidad el plástico y otros residuos llegan a aguas del Mar Menor más como consecuencia de las lluvias y arrastre de las ramblas-  acentuadas por cambios en la orografía del terreno - y, por qué no decirlo, de la inconsciencia humana. No llegan tanto por negligencia de los Ayuntamientos que además tramitan exigentes contratos mayores de limpieza y de gestión y tratamiento de residuos conforme a  nuevas normativas medioambientales. Por tanto, suena más a defensa a ultranza de un sector electoralmente afín. Este mismo año, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena aplicó por primera vez la Ley acordando el emplazamiento del Mar Menor para personarse en una causa de investigación de contaminación de residuos de metales por varias empresas y con responsabilidad de la CARM. Sin embargo, faltaba todavía el Reglamento que permitiera ejecutar la Ley, pues sin él estaba aún vacía de contenido práctico.

En noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional falló favorablemente a la Ley por un margen algo estrecho de 7 a 5 votos contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Se emitieron varios votos particulares, comentando entre otros extremos que podía pecar de exceso de competencias por parte del Estado - algo absurdo, dado que tratándose de Medio Ambiente son en realidad concurrentes y no limitativas - y que podría infringir el principio de seguridad jurídica al no especificar el régimen jurídico (como si no existiesen más leyes aplicables), qué derechos tendría el Mar Menor (falso, porque sí figuran aunque de forma genérica) y qué amenazas (como si no existiesen informes científicos), así como referencias al Derecho de la Unión Europea. Pero la objeción estrella fue el "ecocentrismo como cambio de paradigma". En fin, si estas fueron las quejas considero que respondieron más bien a dudas sobre su efectividad o aplicabilidad que relativas a su encaja en la Constitución española de 1978.

Por su parte, el sector agrícola del Campo de Cartagena centra sus reservas en los efectos económicos y eventualmente regulatorios. Temen una criminalización generalizada del sector por posibles nuevas normas ambientales a sus explotaciones y restricciones en el uso del suelo, fertilización y riego, que en realidad corresponden a la Unión Europea. Consideran que la narrativa pública simplifica el problema y les atribuyen la responsabilidad para disculpar los efectos de las urbanizaciones y falta de inversión en infraestructuras. Teniendo ahí su parte de razón, no en vano hay que recalcar que hasta hace relativamente poco se ha guardado manga ancha con la agricultura permitiendo regadíos ilegales en terrenos que eran de secano, multiplicando los efectos nocivos contra el Mar Menor. Y, como se ha mencionado antes, siendo necesaria la inversión pública precisamente se ha destinado a limpiar el Mar Menor de nitratos del mismo modo que los cambios en la orografía del terreno no son exclusivamente achacables a la urbanización descontrolada sino también por la propia agricultura intensiva (erosión del suelo, sedimentación, cambio de nivelación, etc...). Por lo tanto, aquí entiendo que no es tanto un problema de comunicación de la naturaleza y propósitos de la Ley como de enrocamiento de un sector que, aún teniendo argumentos, peca de eximirse toda responsabilidad. Y es que lo que faltaba era que Vox lograse forzar al PP que suprimiese el capítulo sancionador remitiéndose a la legislación nacional y así evitar que una empresa contaminadora sancionada por falta grave o muy grave fuese castigada con 2 años sin recibir subvenciones.

Puesta en marcha y primera crisis

En este 2025 por fin se aprobó el Real Decreto 90/2025, de 11 de febrero, que convierte en ejecutable la Ley mediante la regulación del funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza. Esta norma seguramente fue demorada y aparcada a la espera de la confirmación de constitucionalidad de la Ley. En mayo fue cuando se constituyeron por fin los órganos. En primer lugar, un Comité de Representantes con 7 personas de la sociedad civil, 3 del Estado y 3 de la CARM recayendo la presidencia en turnos rotatorios. Sus funciones son la propuesta de acciones y la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la laguna y su cuenca. En segundo lugar, una Comisión de seguimiento con representantes de 8 Ayuntamientos y expertos de sectores económicos, sociales y medioambientales. Sus funciones son las de información, seguimiento y control del respeto a los derechos. Finalmente, un Comité científico con personas de las universidades de Murcia y Alicante, el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía y la Sociedad Ibérica de Ecología con labores de asesoramiento desde el punto de vista de la ciencia y técnica aportando indicadores sobre el estado ecológico, riesgos y medidas propuestas. En total, 44 personas. 

A mediados de diciembre se hizo público el CIF, que es el G-24996670. Sin embargo, el año no pudo terminar peor con la dimisión en diciembre tanto de la presidenta como del secretario del Comité de Representantes. ¿Los motivos? El agotamiento por la inactividad, bloqueo y pasotismo ante las propuestas de las administraciones, tanto la regional como la nacional. Tanto la Consejería de Medio Ambiente como el MITECO expresaron su sorpresa y discreparon de la situación. 

Beneficio y futuro

Al margen de las críticas políticas, institucionales, jurídicas y académicas, una cosa tiene que quedar muy clara: esta Ley es un instrumento en sí, no un fin. ¿Es necesaria? Rotundamente sí. En mi valoración, convertir al Mar Menor en una persona jurídica es una medida absolutamente novedosa y ya es un acierto tratar de buscar soluciones desde vías alternativas a las que han ido fracasando. Las sucesivas Leyes de competencia regional han ido fracasando principalmente porque se han terminado imponiendo otro tipo de intereses como urbanísticos, agrícolas o ganaderos e incluso políticos con acusaciones de corrupción. Ante eso, teniendo en cuenta que las instituciones y gobiernos han fallado, no queda otra que dotarle al Mar Menor de una singularidad jurídica especial. De esta manera, al constituir órganos colegiados encargados de su defensa y protección, uniéndose personas expertas, profesionales y con responsabilidad en cada uno de los sectores preocupados y que pueden aportar debate, el Mar Menor contará con voces autorizadas para visibilizar mejor su situación y problemática.

La efectividad de esta Ley de sus órganos de representación y gobierno dependen fundamentalmente de dos factores, tras superar tanto el tortuoso trámite de aprobación como la amenaza de inconstitucionalidad. El primero es la voluntad política y está claro que en un tema como el Medio Ambiente que implica competencias más concurrentes que exclusivas es primordial la coordinación. Las Administraciones no han tenido hasta la fecha entre sus prioridades la de impulsar el funcionamiento de estos órganos, precisamente porque su actividad tienen un innegable impacto político al denunciar lo que está mal y ejercer acciones que pueden poner en compromiso la ejecución y omisión de los ejecutivos tanto regional como nacional. A pesar de que buena parte de representantes son de los mismos, la mayoría absoluta corresponde a la sociedad civil y en los otros órganos son los Ayuntamientos (los más preocupados) y los científicos y profesionales académicos. Por lo tanto, es lógico valorar que aunque existe una multirrepresentación de intereses y puntos de vista, la dirección va a moverse en criterios técnicos y económicos y no tanto en políticos. Y es precisamente como opino que debe ser. Pero precisamente eso es lo que puede retraer a los que tienen el poder y los que tienen las competencias más significativas. Aquellos cuyo compromiso está en función de la rentabilidad electoral o la imagen pública que puedan calcular que les reporte. En segundo lugar, este organigrama ha arrancado sin un presupuesto económico asociado que permitiese aclarar de dónde podría obtener financiación, porque por poner sólo un ejemplo las acciones judiciales necesitan dinero. No obstante, en mayo de este 2026 será cuando se persone el Mar Menor por el caso Topillo de contaminación de desaladoras ilegales usadas por empresas agrícolas entre 2012 y 2017 a efectos de exigir una indemnización económica.

En definitiva, el debate no es sólo jurídico sino político y cultural. El Mar Menor se ha convertido en un laboratorio cuyo reconocimiento como sujeto de derecho no garantiza por sí mismo la recuperación del ecosistema, pero introduce una herramienta inédita en el ordenamiento español. La Ley 19/2022 es una respuesta innovadora en el Derecho ambiental ante el percibido fracaso reiterado de las normativas anteriores, pero su verdadero alcance sólo se medirá en su aplicación práctica. Se podrá analizar en las sentencias que se dicten, en las reparaciones que se ordenen y en la capacidad de las instituciones que ejercen el poder para traducir este nuevo estatus jurídico en una protección ambiental efectiva. Por lo tanto, logrará su utilidad si se traduce en decisiones administrativas, presupuestarias y judiciales concretas y no como sustituto de la responsabilidad política.

lunes, 22 de diciembre de 2025

Elecciones extremeñas 2025: arranca el hundimiento del PSOE

Ayer domingo 21 de diciembre se celebraron las primeras Elecciones al Parlamento de Extremadura de forma anticipada, puesto que tras apenas dos años la presidenta María Guardiola ha optado como la solución a la parálisis de los Presupuestos regionales. Por muy poca diferencia, dado que PSOE y PP empataron en 28 diputados siendo el primero el más votado con Guillermo Fernández Vara de presidente autonómico con cerca de 7.000 votos.  Sin duda, se benefició el PP de la caída en desgracia de Ciudadanos tras una operación en varios frentes de captación pseudomafiosa de afiliados y cargos, marketing mediático y demoscópico y por supuesto los propios errores de los responsables naranjas. Esos 7 diputados se los llevó el PP más otro más por el efecto de la concentración del voto. Por otra parte, entre los populismos de Vox y Podemos, los primeros habían ganado la partida con 5 diputados frente a 4 lo que en teoría suponía la victoria por la mínima para el PP extremeño. Sin embargo, esta legislatura que no ha llegado a su duración prevista no ha sido precisamente cómoda.

Contexto preelectoral

María Guardiola ha estado envuelta en varias polémicas por su relación con Vox y su actitud más cercana a posiciones de izquierda. Así, al principio se negaba a pactar con los de Abascal y que entrasen en el gobierno extremeño por motivo de su postura ante temas como la violencia de género, las políticas LGTBi y la inmigración. Es decir, aplicaba la misma posición que defendería una candidata del PSOE. Sin embargo, al final terminó aceptando y cediendo una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que ha tenido hasta tres titulares. Primero, la ganadera Camino Limia que dimitió por desavenencias con la cúpula. Luego el cazador Ignacio Higuero que se negó a dimitir tras la orden de Abascal de salirse de todos los ejecutivos regionales por el asuntillo de los centros de Menas. Sin embargo, terminó dimitiendo por falsear su currículum inventándose una titulación. No me extrañaría absolutamente nada que fuese Vox quien filtrase esa información a El Plural. Finalmente, Francisco Ramírez ha  terminado esta legislatura incompleta regresando la cartera departamental al PP. Vamos, que Extremadura ha sido una piedra en el zapato para el aparato de Vox, pero ha concurrido a estas elecciones anticipadas como una oportunidad para atraer al votante menos fiel y acomplejado del PP. Guardiola, sin embargo, entendía que dicho adelanto electoral favorecería una mayoría más amplia. Vox, por su parte, optó por su portavoz parlamentario Óscar Fernández y que aspiraba a duplicar sus 5 diputados. Además, por lo que se refiere a la eventual investidura, avisaron en campaña que exigirían la dimisión de Guardiola ya que de lo contrario votarían "No". Entre sus propuestas, defender la central nuclear de Almaraz, oponerse a políticas climáticas y abogar por recortes de subvenciones feministas. 

Por su parte, en la oposición, el PSOE optó sin duda por colocar al peor candidato posible. Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso del presunto enchufe del hermanísimo de Sánchez en la Diputación de Badajoz, que se sentará en juicio oral en mayo de 2026 y que recurrió a un intento de aforamiento exprés para convertirse en diputado autonómico renunciado varios de arriba de la lista y evitar ser investigado por el juzgado de instrucción y procesado por la Audiencia Provincial. Absolutamente demencial, pero en la línea idéntica que está siguiendo este partido o mejor dicho banda organizada a nivel nacional. Tiene gente importante investigada en muchos ámbitos, pero no vacila en pasarse de frenada porque cuando la sensación de impunidad te la valida tu propia red mediática, no ves la más mínima barrera que te pare. Pues eso mismo es el PSOE Sanchista. En el lado de la izquierda populista la coalición de lo que queda de IU, Podemos más los ecologistas (Alianza Verde) ha presentado a Irene de Miguel y pretendían aprovechar la crisis y tal vez la rendición de Sánchez en Extremadura para arañar algún diputado que otro a los socialistas (partían con 4). Entre otras cosas, proponían crear una consejería de Derechos Sociales emulando a la nacional y avanzar en la administración electrónica en una comunidad rural.

En las candidaturas extraparlamentarias, sólo quería mencionar a mi ex partido Ciudadanos que presentó a un tal Ignacio Rama como candidato. Entre sus propuestas, más empleo interno y ayudas a autónomos y al emprendimiento para evitar la emigración, mejorar infraestructuras, plan de vivienda, fase 2 del Hospital de Cáceres, matrícula gratuita en titulaciones estratégicas para trabajar en Extremadura, prácticas formativas gratuitas y plan de retorno del talento joven. Lo que más me gustó fue el cartel de campaña con una silla naranja vacía. Muy acertado. Soy uno de esos casos que parecen raros de que no  mantengo rencor a CS, sino que me entristece su caída. Y, desgraciadamente, Ciudadanos hace años que mediáticamente está desaparecido y demoscópicamente muerto. De 2019 a 2023, los votos pasaron de ser cerca de 70.000 con 7 diputados a poco más de 5.000. Así que mi expectativa era de que no iban a llegar ni a 2.000 votos.

Resultados electorales

El PP, como era previsible, ha ganado las elecciones con un 43,2% si bien en realidad ha sido perdiendo votos. Habiendo perdido cerca de diez mil, ha sido capaz de aumentar un escaño por la menor participación y la distinta proporción de votos del resto de las fuerzas. Y es que la fórmula electoral, en ocasiones, permite que la debacle del segundo más votado le proporcione una subida al ganador pese a no haber hecho más méritos. De esta forma, la candidatura de María Guardiola pasa de 28 a 29 diputados, de manera que su objetivo de no depender de Vox se ha ido al traste y seguirá siendo igual de imprescindible para gobernar que ya lo era antes de convocar elecciones. Es cierto que parece haberse quedado a 244 votos del escaño nº 30 que lo se arrebataría al PSOE en Cáceres y que podría añadirse según el voto por correo, pero nada cambiaría realmente. Probablemente haya arrebatado varios miles de votos al PSOE, pero lo que le ha reducido Vox ha resultado mayor que ese eventual aumento. Por consiguiente, habrían perdido más votos a su derecha que ganado por la izquierda.

El PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo ha perdido nada menos que más de 100.000 votos respecto a hace dos años con un porcentaje de 25,7%. El piñazo, por tanto, ha sido generalizado en las dos provincias y en casi todos los municipios y han pasado de tener 28 diputados a retroceder a un suelo de 18 que es con mucha diferencia el peor en toda la historia de la autonomía. En términos prácticos, hay que atribuir esta huida masiva de votos a un trasvase a Podemos equivalente a lo que han aumentado, otro indeterminado al PP y a la abstención (que aumentó este año un 7,7%). En declaraciones públicas han demostrado una vez más lo desnortados que están atribuyendo un desastre al PP que en realidad lo han cometido ellos mismos.

Vox, por su parte, ha escalado de los 5 diputados hasta los 11, duplicando su fuerza y siendo por tanto la que proporcionalmente más ha aumentado. Su fuerza electoral no provendría exclusivamente del PP, sino probablemente de nuevo electorado o de abstencionistas de 2023, pues ha pasado de 50.000 a 90.000 votos nada menos y bordeando el 17% en una Comunidad Autónoma perteneciente a la España vaciada.

Finalmente, Podemos ha subido de 4 escaños a 7 con un 10,25%, lo que para ellos es una subida importante si bien inferior a 20.000 votos en comparación con todo lo que perdieron los socialistas. De esa manera, sólo el electorado más escorado a la extrema izquierda se habría decantado por la opción morada mientras que una mayoría habría preferido quedarse en casa o incluso votar al PP antes que hacerlo a un imputado por corrupción y decepcionada por el rumbo del PSOE a nivel central.

Finalmente, Ciudadanos ha terminado obteniendo 1.234 votos.  Así que efectivamente y por desgracia no me equivoqué. El partido está muerto y no lo saben. Ya comenté en otro post las razones por las que fracasó el partido. Entre ellas, no supieron enarbolar sus banderas de la forma suficientemente inteligente como para diferenciarse del PP, pues para mucha gente aún afín terminó siendo una versión "lavada y planchada del PP" como acusaba la izquierda. En cambo, Vox ha bebido de todo este estallido de la polarización política desde las bravuconadas separatistas y ha defendido banderas ideológicas con mejor maestría: contra el feminismo socialista y políticas wokistas, la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana, la Agenda 2030 y hasta los okupas. Frente al pragmatismo, Vox ha potenciado la ideología igual que lo hizo Podemos en su día, sólo que multiplicando su fuerza en lugar de retroceder. Seamos honestos. Es imposible hoy día, pero totalmente imposible que un partido de centro o moderado triunfe en España. Lamentablemente, no es una época propicia por la altísima polarización política, social y mediática que existe y donde la ideología tiene un mayor peso que hasta hace poco el liderazgo o la economía.

Futuro

A partir de hoy lunes, María Guardiola tiene la responsabilidad de volver a formar Gobierno siendo consciente de que NADA ha cambiado para mejor respecto a su objetivo de lograr una mayor autonomía de su ejecutivo, pues volverá a depender de Vox. Y será entonces cuando los de Abascal ratifiquen o se desmarquen de su arma electoral de no investir a María Guardiola y exigir su dimisión para permitir la investidura. Sin embargo, para Feijoo y el PP nacional, esto es lo de menos, pues lo que el partido a nivel central esperaba era celebrar y promocionar el hundimiento tanto de un PSOE cada vez más conectado con la corrupción sistémica como de un líder nacional como Pedro Sánchez que no cesa de huir hacia adelante. Por consiguiente, la victoria electoral ha sido más de Feijoo que la de Guardiola. Sin embargo, los resultados han visualizado igualmente el fortalecimiento de su principal competidor por la derecha que es Vox y a su vez el único recurso al que la izquierda podría recurrir para activar el voto.

El próximo envite electoral será el de Aragón, que tendrá lugar en el mes de febrero de 2026 y lo comentaremos en este mismo blog. Presumiblemente, el escenario será bastante parecido al presente y por tanto retratando una nueva y fuerte derrota del PSOE, que en realidad es lo único a lo que está aspirando teniendo en cuenta la vergonzosa actuación que está teniendo amplificada por sus satélites mediáticos sufragados sobre todo con dinero público.

miércoles, 9 de julio de 2025

La Oposición en España: puntos débiles y qué mejorar para una alternativa eficaz

Respecto a política nacional, suelo hablar más del Gobierno de España por razones obvias, que son básicamente el hecho de que ostente el poder (y cada vez más por razones formales y fácticas) y su entorno de corrupción generalizada que se está extendiendo y que parte desde el propio PSOE. Sin embargo, es preciso echar un vistazo a la situación de la oposición que es la única que puede desalojar a uno de los ejecutivos más infames que se recuerda en la historia democrática de España que va a cumplir 50 años en 2026. Actualmente son el PP y Vox. No cuento al partido populista SALF, aunque muy probablemente colará al menos un diputado, por su tufillo pro Putin y sobre todo por su ausencia total y absoluta de un programa político. Con todo, echo mucho de menos al último partido al que pertenecí, Ciudadanos. Es más, estoy convencido de que este lamentable escenario de corrupción y polarización máxima sería el más propicio para que Albert Rivera y su equipo alcanzase la presidencia del Gobierno. Es muy triste que la gran oportunidad haya venido desacompasada y hoy día el partido naranja no sea ni una sombra de lo que fue en su día. Dan ganas de llorar sólo de pensar lo que tenemos para expulsar al autócrata de Sánchez, pero... ye lo que hay. En fin, entremos en materia.

Un PP apoltronado y con miedo al cambio

El PP tiene a un líder que en Galicia obtuvo varias mayorías absolutas, pero que trasladado al contexto nacional no parece capaz de exportar ese carisma. Es cierto que no le ha costado mucho superar a un Pablo Casado absolutamente desubicado en su momento, que llegó a hundir al partido en los 66 escaños y enterró su carrera política por un pulso perdido con Isabel Díaz Ayuso y una polémica con su hermano que se desmontó en segundos. Fue en 2022 cuando Casado y Egea se tiraron a la piscina sin agua y Alberto Núñez Feijoo cogió el testigo. Personalmente, no me parece un líder inteligente para nada, sino que tira del argumentario de siempre del PP y va a remolque del hundimiento de la credibilidad del gobierno Sánchez. En cambio, Ayuso sí que encarna al antiSanchismo, lideró una gestión alternativa del COVID que se refrendó en dos mayorías absolutas y es un verso suelto en el PP con muchos adeptos incluso fuera de habituales votantes. Algo similar es la excelente oradora Cayetana Álvarez de Toledo, pero en un plano de popularidad más secundario. No es menos cierto que Ayuso es detestada en mucha mayor proporción por la izquierda en comparación con Feijoo y eso normalmente suele ser algo más positivo que negativo, más allá de las mentiras que se han dicho sobre ella asumiéndole la responsabilidad de un número de muertes en las residencias de Madrid que controlan tanto como ignoran las del resto de 49 provincias de España. Por el contrario, Feijoo no se atreve a cuestionar muchas de las políticas socialistas (como las del feminismo impostado y el modelo inmigratorio) como tampoco el creciente gasto público, definiéndose falsamente liberales cuando ni tan siquiera lo cumplen reduciendo impuestos y ya no digamos desde la perspectiva social. Y lo que es más, que tampoco están para dar muchas lecciones contra la acaparación del poder y la corrupción a pesar de que los socialistas tienen más experiencia y les superan en ese sentido.

La ideologización de VOX como oportunidad y amenaza

VOX por su parte sigue teniendo la misma cabeza que le dirige desde 2019 que fue su momento de eclosión, cuando la llegada del "Frankenstein" de Pedro Sánchez y su banda tras la moción de censura exitosa de 2018. Seis años parece mucho tiempo para alguien como Santiago Abascal que todavía no ha llegado a ocupar puestos de gobierno. Si bien Aznar y Rajoy tardaron 7 cada uno, en el caso de este partido estamos hablando de una formación estrechamente (y tal vez demasiado) ligada a su líder siendo el más valorado entre los votantes propios. Al margen de ello, en el desarrollo del relato supieron ganarle el pulso a Ciudadanos como partido alternativo por su marca ideológica mucho más definida y robusta, que además fue impulsada y favorecida por la creciente polarización política. 

Además, han contado con la labor de portavocía mediática o comunicación externa de muchos influencers en plataformas de YouTube y Twitch que simpatizan y difunden el mensaje de VOX y sus cargos. Sin embargo, pese a la ayuda de los creadores de contenido, los dirigentes del partido no han sabido modular una mejor estrategia de comunicación interna para desacreditar las acusaciones de "extrema derecha" y ni tan siquiera se han esforzado en dar motivos para desmontarlas, puesto que han sacrificado la vertiente liberal (ejemplo Iván Espinosa de los Monteros) para centrarse en la nacional-conservadora (por ejemplo Jorge Buixade), que consiste en aplaudir todo lo que haga Donald Trump y demonizar a la Unión Europea cuando el problema son los burócratas de Bruselas. Es decir, al igual que en España el problema no es la propia España sino su Gobierno nacional. En varias ocasiones han invitado al presidente de Argentina Javier Milei, pero su política liberal libertaria y su brillante gestión económica no tienen nada que ver con VOX y flaco favor, de hecho, le hace a éste el relacionarse con los conservadores españoles. Sólo se parecen en que se oponen al socialismo, que no al intervencionismo que siguen defendiendo los de Abascal.

Relaciones entre ambos

El PP no ha podido hacer con VOX lo que logró años antes con Ciudadanos, porque ni tan siquiera se ha esbozado mínimamente el escenario propicio para ello: se aprovecharon de un partido próximo en términos programáticos pero en barrena, con descenso súbito de confianza en el electorado, débil de ideología por ausencia de banderas claras y fuertes, una calamidad en términos de comunicación, con una pésima estructura organizativa interna, dotado de un reducido equipo de palmeros frente a una enorme cantidad de militantes desafectos y para colmo sin populares creadores de contenido que los apoyasen. Los azules tan sólo fueron ordenadamente contactando con naranjas de toda España gracias a peones contratados como Fran Hervías y Emilio Argüeso, recuperando en buena parte a antiguos militantes o simpatizantes del PP. Frente a un partido en evidente descomposición y decadencia, el PP les ofrecía la seguridad de una continuidad o lo que es más, un puesto público que no habían podido alcanzar en Ciudadanos. Y de ahí, tirar de argumentario de "se transfugó el partido", y "me voy para no sacrificar mis principios". Esta humillante operación se efectuó por fases para dar la impresión al millón y medio que quedaba de votantes que CS era un partido muerto y que "la casa común del centro derecha" era el PP. Pues bien, todo eso con VOX no les vale.

Así que el PP no tiene más remedio que entenderse con VOX si quiere tener alguna oportunidad de gobernar, a pesar de que los de Abascal no cesan de disparar al PP por motivos electoralistas. La vía moción de censura ya sabemos muy bien que es un instrumento más parecido a garbillar agua que otra cosa. Ya se intentó en dos ocasiones por parte, precisamente, de los conservadores con sendos fracasos: en 2020 tras el confinamiento con Abascal como candidato y en marzo de 2023 con el independiente Ramón Tamames, a 4 meses de las urnas. En los dos casos, los únicos votos favorables fueron los de VOX y en realidad los números no daban ni votando el PP ni los que quedaban de CS (9 más un tránsfuga). A día de hoy es imposible una moción exitosa porque los partidos independentistas PNV y JUNTS se cierran a cualquier posibilidad de investir a Feijoo al entrar VOX en la ecuación.

En términos electorales, los de Abascal siguen siendo una opción más que visible para un electorado que posiblemente sea el más fiel de los actuales partidos en liza. Y es porque han tenido éxito en vender sus banderas ideológicas: lucha contra el feminismo institucional, la inmigración ilegal, la inseguridad en términos generales, la agenda 2030 de la ONU y el sector agrícola y primario como pilar económico frente a las regulaciones de la UE. Además, dentro de los jóvenes está teniendo más capacidad de simpatización que el PP, entre otras cosas porque ya no se creen el cuento del feminismo institucional que a día de hoy no busca ningún tipo de igualdad sino que a los hombres los señala y a las mujeres les sustituye el "dueño", pasando de ser hombres a ser otras mujeres. Ahora bien, existiendo importantes aspectos de debate en cada una de las áreas mencionadas, el PP hace tiempo que tiró la toalla con la batalla cultural y es sin duda lo que ha favorecido que su adversario más cercano sea más rival que socio. Entre eso y las experiencias pasadas con Ciudadanos, el PP entiende que en la medida de lo posible le es más rentable forzar a un gobierno autonómico o nacional de carácter monocolor, sin coaliciones de ningún tipo. Es decir, el mismo discurso que tuvo López Miras en Murcia. Pero, obviamente, para ello el PP debe de estar mucho más fuerte electoralmente que hace dos años. Pues aún con el importante crecimiento al absorber CS, todavía se quedó a cuatro escaños de Moncloa al no lograr sumar sólo con VOX. Por tanto, algún movimiento que otro tendrá que hacer el PP para que su credibilidad de pedir votos sin sillas tenga el sustento de que la aportación aritmética de VOX sea proporcionalmente mucho más pequeña.

Qué pueden mejorar y sus retos de futuro

A mí modo de ver, tanto PP como VOX deberían renovar sus estrategias comunicativas y  replantearse tanto sus liderazgos como si merece la pena encerrarse en sus nichos. Sobre lo primero, esta semana se han manipulado las declaraciones de uno y otro. Respecto al PP, se extendió el bulo de que estaban dispuestos a repetir elecciones si VOX exigía puestos de gobierno, cuando en realidad sólo dijeron que negociarían y sumarían con estos sin ofrecerles carteras ministeriales. Una vez más, tuvo que salir Ayuso a poner orden ante el enésimo fallo comunicativo del PP. Sobre VOX, se manipularon unas declaraciones sobre expulsión de inmigrantes ilegales que cometiesen delitos extendiendo a ocho millones de personas. Sin embargo, fue favorecida esa distorsión por una desafortunada comunicación de Rocío De Meer. Teniendo mucho razón en el fondo que señalan sobre el problema de UNA PARTE de la inmigración, su comunicación resulta ser pésima. Sobre todo, lo que menos ayuda es usar el término "invasión" que suena enormemente racista si no se contextualiza adecuadamente y se da pábulo en las RRSS. Y ya no digamos de lo de "religiones raras" que introdujeron como uno de los parámetros para expulsar a inmigrantes legales con nacionalidad o no.

Tengámoslo claro: dar batalla cultural no es responder a un radicalismo de extrema izquierda con otro radicalismo aún en términos lingüísticos, si bien tampoco la tibieza es la solución. Es el caso del PP, que se limita a señalar que no está a favor ni de la inmigración masiva ni de las deportaciones masivas, todo para quedar bien con todo el mundo sin aportar qué haría. Al mismo tiempo, mira para otro lado (como Moreno Bonilla) ante la inseguridad que crean los centros de Menas, que no puede extenderse a todos pero sí a ciertos donde se sabe (cuando no oculta) que se han atacado a mujeres. El camino lo señala Giorgia Meloni presidenta italiana cuya política de inmigración ha sido aplaudida por varios países de distinto color gubernamental y lo que es más llamativo, incluyendo a la Comisión Europea. Incluso el escritor Arturo Pérez-Reverte se rindió ante un discurso suyo que ha ofendido a la izquierda pro inmigración masiva, así que más motivos para aplaudir a la italiana.

Respecto a los nichos, el PP cuenta con una ingente cifra de fieles que son mayores de 65 años al igual que el PSOE y que seguirán votando pase lo que pase. Que sólo quieren que se les pague y suba su pensión, aunque no tengan ni la mitad de gastos que tiene un trabajador o un autónomo a los que se les fríe a impuestos tanto directos como indirectos. Y estos últimos no están muy contentos con el PSOE pero tampoco con el PP, contribuyendo el bipartidismo al desequilibrio y conflicto intergeneracional y rematando con una juventud que encuentra imposible acceder a una vivienda. Más le valdría al PP escuchar más a los jóvenes y preguntarse por qué VOX les quita terreno. Sobre si Ayuso sería mejor candidata que Feijoo, no me cabe ninguna duda, si bien no es menos cierto que como reacción colateral podría reactivar el voto de la izquierda como ya lo hizo con la derecha Pablo Iglesias. Además, sigue "pecando" de defender buena parte de la tibieza clásica del PP. Y es que una cosa es ser de centro y otra caer en el denominado "buenismo", que no es rehuir deliberadamente de las matizaciones y grises en políticas en las que tienes miedo de ofender. Justo lo que pasa con el sistema de pensiones.

En cuanto a VOX, aparte de que considero que debería de aprender a caminar sin Abascal o como mínimo renovar sus caras si quiere continuar creciendo, máxime cuando ya han desaparecido muchas relevantes como Macarena Olona e Iván Espinosa, sigo pensando que ha descuidado el libre mercado fomentado por la UE en pro del proteccionismo nacionalista que disfraza de "patriotismo". En ese concepto introduce a todas sus banderas cuando la realidad es más compleja que eso. Todos somos españoles, pero no por ello hay que comprar y consumir todo lo que se produzca en nuestra tierra que nos interesa otro tipo de prestaciones, más calidad o más barato. Y los aranceles de Trump, sólo con sus continuos anuncios, lo que hacen es distorsionar el mercado. Otras referencias internacionales del partido son Viktor Orban y Mateo Salvini, dos pájaros que coquetean ambos con Putin y el último con los independentistas catalanes.

Conclusiones

En definitiva, PP y VOX parecen cómodos a remolque de todo lo que está sucediendo de noticias continuas de corrupción y escándalos del PSOE y todo el entorno de Sánchez: su hermano David Sánchez imputado por tráfico de influencias y prevaricación, su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, el ministro Bolaños acusado de falso testimonio y malversación, su Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, sus dos últimos secretarios de organización (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) por pertenencia a banda criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, el adjunto Francisco Salazar acusado de acoso sexual, etc... y no parecen más que confiarse con las encuestas de medios de comunicación más afines a sus programas que, como es lógico, están infladas de participación de lectores que sin duda son opositores al Gobierno actual (como es mi caso) pero que no reflejan una realidad segura. Y lo sucedido en 2023 se puede volver a repetir cuando haya comicios sea este 2025, el año que viene o en 2027 como está previsto en teoría. 

A mí no me generan confianza ni Feijoo ni Abascal, ni PP ni VOX y no tengo ninguna ilusión por votarles. Pero ante la desaparición de Ciudadanos y la existencia de un Gobierno, como digo, infame, sólo me queda elegir una papeleta entre ellos y votar con la nariz tapada. Otros muchos no lo harían, así que mejor dejen de ejercer una actitud pasiva disfrazada de trabajo que no es tal y céntrense en mejorar por el bien real de España. Que sí, que lo importante es echar a Sánchez y a su banda para siempre y no queda más remedio que votar a estos, pero eso no quita que todo lo que necesita España y su democracia tampoco lo encarnan ni el PP ni VOX a día de hoy.

Fuente de la foto: RTVE Noticias.