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miércoles, 2 de septiembre de 2026

Crisis global en Ceuta: un mes tras la avalancha migratoria

En el día de hoy se celebra la festividad de Ceuta, pues fue cuando Pedro de Menezes se convirtió en el primer gobernador tras la conquista por Portugal el 2 de septiembre de 1415. Unos 250 años más tarde, en 1668, es incorporada a la Corona española mediante el Tratado de Lisboa que sella la paz entre españoles y portugueses. Desde entonces, Ceuta siempre ha sido española y es ciudad autónoma en el marco de la Constitución Española de 1978. Con el presente artículo actualizo lo publicado el pasado 5 de agosto y tras varias semanas de la invasión migratoria de decenas de miles de personas procedentes de la frontera con Marruecos. Desgranaré los pormenores y circunstancias de cada una de las caras de esta crisis global en Ceuta para ofrecer una visión completa del panorama. Esta tarde, además, tendrán lugar multitudinarias concentraciones en Ayuntamientos de apoyo a Ceuta convocadas por la FEMP. Y ellos a pesar de que el Gobierno trate de desactivarlas con el argumento sin precedente de que los Ayuntamientos no pueden ejercer derecho de reunión a tenor del artículo 2 de la Ley 9/1983.

Crisis migratoria

Después de asegurar que las decenas de miles de inmigrantes que entraron ilegalmente el 30 de julio habían regresado a Marruecos por su propio pie, los hechos desmintieron al Gobierno. Y no sería la única evidencia. En las primeras semanas se habilitaron por el Ministerio de Migraciones varios espacios temporales para el asentamiento de aproximadamente 1.500 personas como un parking o un campo de fútbol. Ahora bien, según declaraciones de Marlaska el pasado viernes la cifra de inmigrantes apalancados era de 5.000, por lo que podemos imaginar muchísimos más. El Estado, con arreglo a la Ley de Extranjería y su Reglamento, debe de realizar complejos y lentos trámites burocráticos para identificar (si es que puede) a esta gente y resolver sobre la situación de asilo o deportación. El Gobierno descartó no ya un Estado de alarma en julio sino un Estado de excepción que hubiese expulsado a todo el mundo tal vez porque hubiese implicado convocar al Congreso de forma extraordinaria en pleno agosto por no ser competente la Diputación permanente. Ésta sólo podría hacerlo si estuviese disuelto o expirado su mandato, no de vacaciones. Sin embargo, experiencias previas y los próximos hechos que vamos a relatar nos hacen pensar que tampoco se hubiese aceptado. 

También hay que mencionar la actitud y comportamiento de muchos de los inmigrantes. Buena parte de ellos no sólo carecen de pasaporte sino que se han deshecho de sus móviles para retrasar su estancia lo máximo posible mientras se tramita y se resuelve sobre su situación. Aquí no existen centros de deportación como dispone Italia. También se asistieron a escenas de rebeldía con inmigrantes que regresaban a la playa del Trampolín tras ser desalojados para realizar operaciones de limpieza. Los mismos exigían derecho de asilo y se negaban a volver a Marruecos, responsabilizando indirectamente a las instituciones españolas de su situación. Además, otros han llegado a ocupar y destrozar mobiliario de colegios públicos a escasas semanas de la vuelta. Así que, ante este panorama, ¿cómo se puede pretender hacer creer que existe normalidad? Para mayor perplejidad, el Ministerio de Exteriores publicó un comunicado desmintiendo expresamente que el rechazo en frontera no fuese posible. En base al mismo, ¿qué hacía toda esa gente ahí aún? Y esta es sólo una de las múltiples contradicciones en que ha incurrido el Gobierno de España.

Crisis institucional

Juan Vivas, Presidente de Ceuta, reclamó al Gobierno de España dos dias antes del 30 de julio que declarase la emergencia nacional y el mismo día que asumiera el mando único. Se rechazó desde el primer momento por el Ejecutivo central alegando que ya se estaba garantizando la seguridad con el Ejército al tiempo que el Ministro de Transportes Óscar Puente (al que dedicaré un post próximamente), "decretaba" como resuelta la crisis a 31 de julio a través de un mensaje en la red social X. 

Hasta el 10 de agosto no visitó la ciudad el Ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres a los meros efectos de coordinación. Dos semanas después, fue nombrado para ejercer el mando único hasta el 31 de diciembre y coordinar a 5 departamentos: Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones y Juventud e Infancia. Para ese mismo día 25 de agosto se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que asesora y coordina al Presidente y ministros con intervención del Director del CNI e invitado Juan Vivas vía telemática. En tercer lugar, se declaró en Consejo de Ministros a Ceuta en situación excepcional de seguridad nacional y aprobando un borrador de Decreto. Hasta entonces, Pedro Sánchez sólo había mantenido dos videoconferencias los días 7 y 17 de agosto aparte de la fugaz visita el 31 de julio. Así que a la pregunta de por qué se ha demorado tanto todo esto, preferiría pensar que no hay más allá que la propia incapacidad del Gobierno de España de coordinarse a sí mismo y no las vacaciones en La Mareta de P.S. Pero me lo pone muy difícil cuando, tras el Consejo extraordinario, se marchó un fin de semana a Andorra que tuvo que ser suspendido tras ser filtrado. Francamente esto es más propio de un Estado disfuncional que democrático. 

Vivas rechazó el borrador del Decreto para Ceuta alegando "falta de lealtad institucional" y afirmó con rotundidad que no permitiría ni el uso de todas las instalaciones polideportivas ni el "despropósito" de utilizar recintos situados en plena barriadas residencial o integrados en centros escolares (como Santa Amelia y Puertas del Campo). Además, se ignoró el listado de propuestas alejadas de núcleos urbanos y se convertía a la ciudad de Ceuta en un CETI masivo con el riesgo de convivencia que eso genera. La respuesta de Torres fue asegurarle que se retirarían los polideportivos.

Por si fuera poco todo esto, fuentes aseguraron que el Rey Felipe VI pretendió hacer una visita institucional a Ceuta. Esto es, del mismo modo que lo hizo a Paiporta con la Dana pero que Moncloa la habría rechazado esta vez. Y precisamente recordando los incidentes de aquél día en que el Rey permaneció y Sánchez y Mazón huyeron como cobardes. Puente metió otra marcha corrigiendo a la otra ministra Saiz afirmando que es el Gobierno quien decide la agenda del Rey, siendo el mismo que lo criticó públicamente por hacerse una foto con Javier Negre. En tercer lugar, Pedro Sánchez remató en su lamentable entrevista en la SER del 31 de agosto, ya que de la manera más hipócrita lanzó un dardo velado al Rey por no haber visitado la ciudad durante su reinado siendo 8 de los 12 años durante su Gobierno. Esto habría motivado una reunión no programada de 3 horas y media con el Rey. Así que el choque Gobierno-Jefatura del Estado es evidente.

Crisis humanitaria y de acogida

Las ONGs como Cruz Roja y Luna Blanca de Ceuta han estado repartiendo comida y asistencia sociosanitaria. Sin embargo, esto no son más que parches para un problema que va mucho más allá. Lo más delicado es la acogida de menores. La Policía Nacional ha identificado a más de 2.000 supuestos menores de edad y lo digo así porque sin pasaportes es muy complicado determinar la edad de algunos que pudieran hacerse pasar siendo mayores. La Comisión Europea ha defendido que los menores extranjeros no acompañados (MENAS) puedan ser retornados a Marruecos con arreglo al Derecho comunitario y las garantías pertinentes, es decir, la Directiva de Retornos que próximamente pasará a ser Reglamento y, por tanto, de aplicabilidad directa y sin trasposiciones particulares. Esto implica, por tanto, que en gran parte sea con arreglo al propio Derecho español.

Mediante Real Decreto Ley ya se modificó de forma tramposa la Ley Orgánica de Extranjería añadiendo un artículo 35 y varias disposiciones adicionales que afectan precisamente a contingencias de este calibre. Y como querían tenerlo todo atado y bien atado lo desarrollaron con normativa reglamentaria en el RD 658/2025. En este marco, el Gobierno de España se ha negado a hacer una devolución automática (que hasta el propio homólogo de Marruecos admite disponibilidad) alegando la complejidad burocrática. Concretamente, defiende que cada menor ha de ser identificado y valorar su situación con arreglo a la Fiscalía de Menores, que es incluso más tajante rechazando devolverlos en atención al "interés superior" de los mismos que no es sino llegar a la Península y no volver a casa. De hecho, se asegura el traslado de hasta 500 niñas a centros de las autonomías. Pero es que, además, se une una sentencia del TS de 2024 que declaró contrarias a la Ley de Extranjería las devoluciones masivas en Ceuta en 2021. Así que el tremendo agujero de la Directiva actual que es cubierto por la Ley de Extranjería constituye un nuevo elemento de efecto llamada y cuya presión experimentarán, una vez más, las Comunidades Autónomas. Por ello no extraña que hasta 14 de 17 voten a favor de darle dinero a Ceuta porque no quieren acoger a más inmigrantes.

Crisis sanitaria 

Se han detectado problemas de salud que han justificado mediadas preventivas: hasta 18 menores con mantoux positivo y dos casos confirmados de tuberculosis, aparte de consultas por gastroenteritis, sarna e impétigo. Hay que hacer especial mención a la sarna, pues hasta 24 militares de la Comandancia de Ceuta se contagiaron. La Sociedad española de epidemiología descartó que se tratase de una amenaza y que estaría más relacionado con hacinamiento o falta de higiene. Así que la demanda de Feijoo de confinar Ceuta por motivos sanitarios sólo se califica de desproporcional e inoportuna, aparte de que trae recuerdos bastante polémicos de la gestión del Covid-19. Podemos leer en este artículo al experto virólogo José Antonio López que descarta igualmente que haya riesgo epidemiológico pero ojo, al menos en estadios iniciales, dado que la situación de precariedad sanitaria de esas personas si se prolonga demasiado sí puede representar un riesgo. Aún así, como el Gobierno no se fía de que la situación se la vaya de las manos (también) en este área, envió al célebre Fernando Simón para analizar y asesorar sobre los riesgos. Creo que esto se comenta solo.

El lunes 24 de agosto se celebró una reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con objeto de activar el mecanismo de solidaridad y remitir vacunas para Ceuta. De esta manera, se les iba a solicitar a las CCAA que aportasen vacunas para la triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. Este tipo de peticiones no son casualidad ni baladí. Estas circunstancias que sufre Ceuta son absolutamente extraordinarias para una ciudad de 80.000 habitantes, pues por mucho que tenga las competencias en materia de Salud Pública no es capaz de proveer servicios con urgencia de esta manera. Lo digo por las típicas excusas de relegar responsabilidad a las CCAA para excusar que el Estado no deba de hacer nada. Y es que lo propios profesionales sanitarios denunciaron una enorme presión asistencial.

Crisis de seguridad

Durante estas semanas, la percepción de inseguridad ciudadana se ha incrementado notablemente y la sensación más generalizada entre los vecinos es la de abandono. Fuentes de la Policía local de Ceuta informaron de que se han estado registrando alrededor de 200 denuncias al día superando la estadística en diez veces los números antes del 30 de julio. Esto, obviamente, ha saturado los recursos. Pero más lamentable ha sido detectar que en pisos se estaba captando prostitución de menores llegadas a cambio de comida y por parte de supuestos "compatriotas". Por su parte, las Fuerzas Armadas decomisaron centenares de armas blancas, martillos y machetes. Y la situación ha ido escalando tanto con emboscadas y agresiones a militares que han denunciado indefensión y la necesidad de aplicar el artículo 20.4 del Código relativo a la legítima defensa bajo proporcionalidad. Sin embargo, la patética resolución ha sido cargar un fusil para cada 4 soldados. En tercer lugar, la Guardia Civil confirmó a mediados de agosto hasta quince violaciones y la detención de un condenado por terrorismo. A 31 de agosto la cifra de agresiones sexuales quedó según Fiscalía en 23, siendo 5 de ellas con penetración, 9 cometidas a menores incluyendo alguna manada y una víctima varón del colectivo LGTBi. A fecha 31 de agosto habían sido detenidos 8 hombres: 4 de nacionalidad marroquí, 3 española y 1 belga. En cuarto lugar, la Policía Nacional detectó la infiltración de varios radicales entre los inmigrantes que se colaron en julio y que estarían azuzando a la rebeldía y violencia durante agosto. Es más, hasta 10 expulsados por radicalismo que se habían vuelto a colar. También detuvieron ayer a un menor por presunta agresión sexual a 3 menores en un centro. 

Además, existen numerosos testimonios de vecinos que viven con miedo y especialmente en las barriadas cercanas a los asentamientos y viviendas con alquileres ilegales. Estamos hablando de robos con fuerza, peleas, allanamientos e incluso presuntos delitos de tráfico de drogas en una situación de descontrol manifiesto. Pero los ceutíes han tenido que soportar a activistas de extrema izquierda como Barbie Gaza o Alem Velasco de Canal Red paseándose por allí para blanquear la inseguridad ciudadana. Pretendieron convencer de que no pasaba nada, criticando la presencia del Ejército que al mismo tiempo les protegía y echando la culpa de toda la situación a las instituciones y al supuesto "racismo" de la gente. Todo esto mientras se produjeron agresiones sexuales que relativizaron al ser presuntamente inmigrantes las agredidas, como si así fuese menos grave. Es el giro del discurso cuando el perfil del agresor no les encaja en el clásico señor del Cáucaso. Venir para soltar su chapa política de discurso buenista y polarizador sólo retrata su mezquindad. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas ya que la gente que sufre los problemas le estampa la realidad en su cara activista. Aunque a veces pasa que otras "influencers" como Elena Reines cometen un "sincericidio" admitiendo que las niñas inmigrantes huyen de un país donde no se respetan los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, ahí sí le vale hablar de presunción de inocencia. Dale una vuelta, Elena, a ver si te imaginas la de gente que puede entrar aquí con cierta "cultura".

Crisis política y de partido

Dos diputados socialistas de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, criticaron públicamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos afirmaron anteponer los intereses de Ceuta a la disciplina de partido. León llegó a reprochar que las visitas de ministros habían dejado "buenas intenciones" pero no que no aportaron soluciones concretas. Sus posturas chocaron claramente con Moncloa, dado que coincidían en las exigencias de Vivas sobre declarar Estado de alarma, reforzar los recursos sanitarios, presencia permanente de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y cumplir el compromiso de Interior de que los inmigrantes que entraron irregularmente no permanecieran en Ceuta. El primero de ellos pasó de minimizar la situación causada por los inmigrantes ilegales a denunciar que su hija no podía bajar a la calle tranquila. Por supuesto, el PSOE ha reaccionado con su maquinaria advirtiéndoles a los "díscolos" de cesar en su actuación para seguidamente iniciar un expediente de suspensión con previsible expulsión.

Hasta dentro del propio Gobierno se generó una fisura por las declaraciones de la Ministra de Defensa Margarita Robles respecto a que el CNI aportó información de lo que se venía en la frontera, mientras que Marlaska y la Delegación del Gobierno en Ceuta lo han negado en respuesta. Robles confirmó hasta dos reuniones en 27 y 29 de julio avisando el CNI a Delegación del Gobierno y Ceuta de que se estaba orquestando una llegada masiva coincidiendo con una fiesta del país vecino. Supuestamente los avisos no estimaban decenas de miles de personas, aunque ABC llegó a hablar según fuentes del CNI de potenciales 180.000. La realidad incontestable es que no existió ningún tipo de dispositivo de seguridad y se delegó todo en Marruecos, es decir, "el socio confiable". Únicamente Patxi López tiró por la calle de en medio señalando que los dos puntos de vista eran ciertos a la vez.

Lo último en el PSOE ha sido remitir un comunicado a sus cargos públicos de toda España desautorizando las concentraciones de hoy para que no se sumasen y acusando a aquéllas de ser convocadas e instrumentalizadas por PP y Vox. Esto, con la firma de la ex Ministra María Jesús Montero, responde una vez más al modus operandi Sanchista. Aquí se trata de desactivar y desacreditar cualquier movimiento o corriente que genere crítica contra la gestión del PSOE, ya que a tanto no llega TVE. Al hacerse público esto, IU se cayó también remitiendo comunicado a sus Alcaldes.

Crisis diplomática y territorial

El Ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha aprovechado esta situación sin ningún complejo para reivindicar la soberanía de Ceuta y Melilla en dos ocasiones y sazonar sarcasmo respecto a la invasión. Primero lo introdujo suavemente señalándolo como "asunto pendiente" y días después el 21 de agosto como "derecho histórico y geográfico". Lo expresó reclamando un mecanismo de diálogo para encontrar una solución que permitiese el "retorno" a manos del régimen dictatorial de Rabat. Días más tarde, en plena ceremonia religiosa, el ministro de Asuntos Islámicos Ahmed Toufiq lanzó otro órdago defendiendo la liberación de las "ciudades ocupadas". Y ya para rematar, la prensa afín al régimen de Rabat llegó a insinuar la posibilidad de iniciar una guerra comercial con España

Ante estos comentarios, sólo tras lo declarado por el primero, el Ministerio de Exteriores publicó una nota recordando que son españolas y que forman parte de la soberanía de España y de la Unión Europea. Esto contrasta tanto con la llamada a consultas a la embajadora de Argentina por insultos a Begoña Gómez como con el pasado 30 de julio con el embajador italiano. En este caso último fue por cerrar el espacio Schengen a los españoles y, por tanto, tener que pasar controles y enseñar sus pasaportes. Pero con Marruecos... nada. La estrategia diplomática española sigue siendo más blanda que el pan de leche que compro a mis hijos. 

La implicación directa de Rabat se pone de manifiesto en dos notas. Primero, se conoció que el grupo hacker argelino Jabaroot filtró la identidad de 7.000 agentes espías marroquíes que estarían detrás del vasto equipo coordinador de la operación y a las órdenes de un consejero real. Segundo, en la tarde de ayer, se conoció que el centro Nacional de inmigración y fronteras de la Policía remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que concluía que gendarmes marroquíes colaboraron en la planificación y ejecución de la invasión migratoria. Concretamente, en las primeras fases entraron adultos y seguidos de niños y mujeres para contener al ejército. En resumen, se apuntaría a la autoría intelectual de Marruecos.

El último giro de versión del Gobierno, a través del Ministro Albares, ha sido acusar a la "injerencia extranjera" de esparcir una campaña de odio y desinformación para desestabilizar la UE. Concretamente, en comparecencia del 28 de agosto y tras casi un mes de la de Pedro Sánchez, aludió a redes rusas y a "mega influencers conservadores" como Elon Musk. Se basó en supuestos informes de la seguridad ucraniana y actividad en la red X y les acusó de manipular la realidad de la crisis a los ojos socialistas, que se ve que es la percepción universal inmutable. El lunes 31, en entrevista a la SER, el Presidente añadió a Israel a un eje de "internacional reaccionaria" insistiendo en la inocencia de Rabat y en un tono que nada tenía que ver con el de justo hace un mes. Es más, redujo el apalancamiento ilegal de los inmigrantes a necesidades económicas de aquéllos. Obviamente, estas declaraciones conllevaron reacciones tanto de Israel - tachando de mentiroso a P.S. - como de Rusia, que exigió explicaciones de qué pruebas disponía el Gobierno para semejantes acusaciones.

El descargo de la responsabilidad de Marruecos, que controla las fronteras, fue completado por el Ministro Bolaños acusando a la oposición de faltar al respeto... a Marruecos. Desplazar el debate de las causas y gestión a las reacciones externas posteriores y haciendo pasar estas últimas como las primeras es una estrategia tramposa. No hace falta que la Comisión Europea desmienta la ubicación temporal. Pero sacar de la ecuación a Mohamed VI y meter a Putin, Netanyahu y Musk como villanos es un ejercicio tan audaz de comunicación política de crisis como fuera de todos los límites de validación de tomadura de pelo.

Crisis económica

El ministro Carlos Cuerpo viajó a Ceuta el lunes 24 para reunirse con el Gobierno autonómico, empresarios y agentes sociales y evaluar las cuantiosas pérdidas económicas y qué soluciones aportar desde el Ejecutivo central. Sectores afectados y sobre todo el pequeño comercio que tuvo que cerrar esperan respuestas y podría llegar a los 15 millones de euros incluyendo medidas para reactivar la economía, ayudas directas, medidas fiscales y reducción de cotizaciones. En la hostelería, especialmente los establecimientos situados en las zonas de playa más afectadas, han comunicado pérdidas de entre el 80% y 90% de los ingresos. Además, la crisis ha perjudicado la imagen exterior de Ceuta y con ella su actividad turística cancelándose muchas reservas. Pero también hay que tener en cuenta que la economía particular de esta ciudad autónoma ya arrastraba problemas estructurales con bajo consumo y PIB per cápita y alto desempleo juvenil. Por tanto, la crisis ha acentuado la situación de una economía que no partía de una posición sobradamente cómoda.

Consideraciones

La crisis acontecida en Ceuta a raíz de la invasión migratoria del 30 de julio ha derivado en una multidimensionalidad en la que el Gobierno de España incurre en una indubitada responsabilidad y en una nefasta gestión. Y son muchos los motivos que me llevan a considerarlo: una legislación y burocracia proclives a facilitar y alargar la entrada y permanencia ilegal, una política exterior orientada a favorecer la inmigración masiva y restringir devoluciones y deportaciones, una diplomacia con Marruecos basada en el apaciguamiento y financiación millonaria sin exigir responsabilidad alguna y una gestión de lo sucedido marcada por la ausencia de prevención, tardanza y contradicciones.  

La legislación española resulta tan "amistosa" con la inmigración ilegal que, de cara a la aplicación de la futura normativa comunitaria, los socialistas aprovechan el menor resquicio para mantener su orientación. En el anteproyecto de Ley de Asilo pretenden reservarse la firma de externalización de centros de deportación para no contratarlos, consideran no usar de forma expansiva los retornos y también abogan por un criterio menos flexible de países seguros para rechazar automáticamente peticiones de asilo. Esto es, sin duda, una política legislativa de efecto llamada y no sólo de la inmigración masiva e ilegal sino de problemas de la magnitud de lo acontecido. Esto es así porque el Gobierno del PSOE es de hecho el primero de los problemas.

Mover la portería es un clásico, no ya del político sino también del periodista activista. Así que no me refiero sólo a la estrategia de apuntar a EEUU, Rusia, Israel e incluso Italia. Hemos podido leer números artículos (a diario) por ejemplo de El Pais centrando la actualidad en torno a historias dramáticas de los inmigrantes que permanecen en la ciudad mientras se resuelve su destino. Realmente, ¿quién les invitó a entrar allí? La primera reacción de P.S. en sus 105 minutos en Ceuta fue calificar lo sucedido de "agresión a la soberanía territorial de España". No puede negarse la vertiente humanitaria de esta crisis en la que ha habido cerca de 90 muertos, pero tampoco su estructura múltiple. Porque detrás de esos relatos de aparente empatía se halla el propósito de silenciar el resto de áreas y, ante todo, la responsabilidad pública. Así que prefiero disentir de esa estrategia, por principios.

El artículo 4 del Tratado de Washington de la OTAN es el que activaría consultas políticas entre los 32 miembros en caso de ataque a la soberanía territorial de un Estado miembro. Sin embargo, en el caso de las ciudades autónomas no activa automáticamente la cláusula de defensa mutua del artículo 5 y ya lo comenté en el anterior post. Por lo tanto, cualquier decisión en torno al artículo 4 debería ser adoptada por consenso. En términos estratégicos, tras la Cumbre de Madrid sí podrían tener un eventual apoyo, pero no sería seguro. Por su parte, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que si un país de la UE sufre un ataque armado en su territorio, los demás socios tienen el deber de ayudarlo con todos los medios que tengan. Esa cláusula de defensa mutua se aprobó con el Tratado de Lisboa en 2009 y hasta la fecha sólo la ha activado Francia en 2015 con el atentado terrorista en París.

La realidad es que la actuación de Marruecos es mucho más sibilina, más allá de su presumible autoría intelectual de esta situación. Se trata de una guerra híbrida en la que estaría instrumentalizando a sus ciudadanos a través de espías, mafias y medios de comunicación. España tendría más margen de maniobra cerrando las fronteras, castigando económicamente a Marruecos con el visto bueno de la UE y atravesando varias fases como estrategia de disuasión. Sin embargo, no es algo a lo que el Gobierno de España se atreva y prefiere usar de escudo un relato rocambolesco que exculpe a Rabat y ataque a otras potencias entre las que se encuentran sus aliados más destacables. ¿Tendrá que ver Pegasus? 

Finalmente, se une la mezquindad sin límites de un Gobierno que se cree impune pese a los múltiples casos de corrupción en investigación, fase de juicio o condena, que no le hace ascos a mentir de forma compulsiva y que es conocedor de que un enfrentamiento contra el Rey carecería de respuesta visible por parte de la Casa Real. Por tanto, en su afán de atraer el apoyo de la extrema izquierda republicana y azuzar a la extrema derecha antimonárquica, sabe que explotar la polarización es su herramienta básica para perpetuarse en el sofá de Moncloa.

Todo mi apoyo a Ceuta y sus vecinos. Ceuta es España.

viernes, 31 de julio de 2026

El aquelarre Sanchista de Televisión Española

Desde su fundación en 1946 con la radio y posteriormente 1957 con la televisión, el ente público RTVE ha sido la principal apuesta informativa y cultural de los españoles. Sin embargo, desde sus mismos primeros inicios, ha sido aprovechado para la propaganda política de turno. Desde la dictadura del Franquismo pasando por los gobierno de UCD, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y la actualidad con Sánchez. Sin embargo, pese a las manipulaciones, tergiversaciones, medias verdades o directamente bulos a los que se ha venido asistiendo, el nivel de aceleración y falta de complejos al que se ha llegado con el Sanchismo es, cuanto menos, impresionantemente audaz. En este blog, sin cercenar mi ideología y pensamientos propios, me rijo no obstante por el rigor. Esa es mi línea roja para evitar que este espacio sea un panfleto más de los que pululan por la red. Sin embargo, eso no quita para que pueda sentirme libre para "destrozar" con argumentos lo que considero un ejemplo de total falta de rigor y parcialidad extrema que deja en paños menores cualquier comparación posible. Y menos piedad habría que tener cuando el 30 de octubre de 2024, el día después de la tragedia de la DANA, el Congreso no suspendió una sesión extraordinaria dejando como único punto del orden del día el asaltar el control de RTVE por parte del Gobierno del PSOE y sus socios. Perdón, su banda. Vamos a hablar con propiedad y comentar en primer lugar la crisis de credibilidad con denuncias internas y posteriormente analizar como su parrilla se dedica a ejercer de eco de un mismo discurso dictado desde Moncloa.

La guerra interna por el sesgo en los Consejos de Informativos

En 2025, el Consejo de Informativos de TVE (en adelante Cda, compuesto por 13 trabajadores elegidos por los responsables de información) abrió una investigación interna amparada en el Estatuto de Información y relativa a los espacios de Mañaneros 360 y Malas Lenguas. Ambos, de coproducción externa, combinan tertulianos en plató con conexiones en directo como es habitual en muchos formatos de todos los canales. En 2026, presentó un informe acusando de sesgo en los programas por incumplimiento reiterado de las "normas fundamentales para la elaboración de la información" y que sus contenidos no se regían por criterios periodísticos, sino que la opinión se disfrazaba de información. Además, indicaron que se favorecía a quienes defendían la narrativa del PSOE y socios, con mejor reparto de tiempos en la mesa, concluyendo los debates y siendo reforzadas por los presentadores interrumpiendo en ocasiones de forma abrupta las posiciones contrarias. Por si fuera poco, las intervenciones se acompañan de un lenguaje agresivo y el tratamiento de la información se acompaña de infografías y sintonías musicales dramatizadoras. Por lo tanto, la imparcialidad brilla por su ausencia.

La Dirección de RTVE no sólo negó los hechos, sino que cargó duramente contra el informe con otro. Le acusó de invalidez metodológica para establecer conclusiones por basarse en 13 programas de un total de 400, de falsedad y de dañar la reputación descalificando la "profesionalidad y honestidad" de los equipos informativos sin disponer supuestamente de pruebas. Esto tuvo una respuesta del CdI, que tardó tiempo en llegar pero se hizo pública en abril. Solicitaron al Consejo de Administración que adoptase las medidas pertinentes para que los programas se ajustasen a la normativa vigente y se abandonase la externalización. Pero ante todo denunciaban que dicho CA imponía una superioridad jerárquica inexistente para justificar sus posiciones y que no atacaba profesionalidades sino mala praxis de los programas. Respecto a la muestra de programas, la justificaron en que el tramo era hasta junio de 2025 cuando comenzaron a elaborar el estudio y habían alcanzado porcentajes significativos de ambos espacios. También defendieron sus fuentes como el Manual de estilo y el Estatuto de Información de RTVE, las Leyes de Comunicación Audiovisual, Radio y Televisión pública. Seguidamente, convocaron una encuesta con urnas dirigida a los profesionales para el 24 de abril para conocer las opiniones sobre la independencia de los informativos, externalización de servicios y acciones de protesta. La participación fue de un 30%, si bien una amplia mayoría de los que votaron respaldaron al CdI. Alrededor de 440 trabajadores frente a 50 que apoyaron a la Dirección. Respecto a la abstención, aplaudida por la prensa servil como Público, se recordó que se desestimó la opción telemática que hubiese favorecido una mayor participación.

En mayo la guerra no había terminado. El CdI remitió sus informes a otras instancias: a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a la Comisión Mixta, al Parlamento Europeo y a Radiodifusión de la UE. Además, volviendo a partir de quejas aportadas por profesionales de la corporación, abrieron una segunda investigación y contra Mañaneros 360 por la cobertura informativa de la imputación de Zapatero. En lugar de asumir las críticas, el presidente de RTVE José Pablo López arremetió directamente contra el Cdi y la credibilidad del informe en comparecencia del 26 de junio en el Congreso, exhibiendo un choque sin precedentes entre la cúpula directiva y los representantes de los trabajadores. Además, el ambiente de tensión en la Televisión pública se ha contagiado a la radio, ya que la Dirección abrió en julio expediente disciplinario contra 7 miembros del CdI de RNE después de que denunciasen mala praxis en el informativo 24 horas y amparándose aquélla en un presunto maltrato psicológico y acoso laboral, del cual ni tan siquiera se les informó de su denunciante. Hasta entonces, se venían celebrando los "viernes negros" para protestar por la deriva de la cadena durante el último año.

Silvia Intxaurrondo, comisaria política y portavoz

Silvia Intxaurrondo es la que en un primer momento, antes de que Javier Ruiz le adelantase, ejerció el puesto no formal de portavoz del Gobierno en RTVE. Ese "ascenso" ya fue propiciado gracias a una trabajada entrevista para destrozar a Feijoo en plena campaña electoral, lo que un mes después se tradujo en una importante subida de sueldo. Si bien una posterior inspección de trabajo motivó su reducción dado que cobraba de una sociedad a la que pagaba RTVE y debía de ser directamente a la empleada. Con independencia de su guerra con el ente, su papel fundamental ha sido de reproducir literalmente el discurso de Moncloa como una extensión de la portavocía gubernamental en la televisión pública, como prueba la mimetización de la declaración de Pilar Alegría sobre la inmigración. 

Siendo la conductora del programa matinal, es quien primero puso énfasis en la persecución de los "bulos" proponiendo legislar y penalizar el acto de mentir (más allá del delito de injurias o contra el honor) y también la desacreditación de los "pseudomedios". Sin embargo, lo único que casa en su narrativa defensora del Gobierno sería promover la censura estatal para que el aparato gubernamental fuese quien calificase qué sería verdad y periodismo verdadero y qué sería un bulo, silenciando a las críticas. Y es que defendió expresamente que los perfiles de RRSS se vinculasen obligatoriamente a un DNI para identificar a los usuarios. Así, calificó de "bulo de la ultraderecha" que David Sánchez no supiese dónde estaba su despacho, cuando la propia comparecencia así lo dejó claro e igualmente con las acusaciones de Manos Limpias a Begoña Gómez que sigue imputada y camino del jurado popular. 

En su labor de comisaria política también insistió en desvincular a Sánchez de cualquier investigación de corrupción. Por ejemplo sobre el caso Ábalos frente a las filtraciones de audios y mensajes y atacaba los titulares de El Mundo afirmando aludiendo a que estaban para confundir al público, lo que contrasta con la postura ante los audios de Bárcenas. También llegó a declarar que lo de la UCO en Ferraz no fue un registro sino requerimiento de información y que para eso podrían haber enviado un fax, sembrando dudas ante el trabajo de la UCO. Pero el momento estrella fue el "hay una foto" asegurar que Leire Díez era una simple militante sin cargo que le habían vinculado al PSOE por una simple foto cuando en realidad son muchísimas las que aparece con gente importante y no sólo Sánchez y Ábalos. A mí no me sorprende que Miguel Tellado le pusiera en su sitio a cuentas de la condena al Fiscal General. 

Javier Ruiz y Sarah Pérez, la extraña pareja

El dúo que constituyen Javier Ruiz y Sarah Pérez Santaolalla, que a su vez son pareja, es sin duda el máximo exponente de un estilo agresivo e impulsor de la polarización. Es un secreto a voces que han fichado para la Séptima, el nuevo canal del System Contreras. Han ejercido en la televisión pública como abogados defensores de cualquier imputado o investigado por corrupción del PSOE o del entorno del Presidente. Javier Ruiz, en su afán por desmontar supuestos bulos contra el Gobierno mediante la encarnizada exposición de infografías chillonas y vocabulario categórico, ha protagonizado la difusión de otros. Por un lado están los bulos económicos como la sostenibilidad de un sistema de pensiones deficitario, reducción de la pobreza comparada con el PP, inflación exclusivamente debida a la guerra en Ucrania o precios del petróleo supuestamente más caros en EEUU que en España anulando efectos de impuestos. Pero más destacados como ridículos son los bulos políticos como presentar como médica a una cocinera que era sindicalista, el negacionismo de que España podía sufrir un apagón que finalmente se produjo, la famosa bomba lampa contra Sánchez en la que replicó una vergonzosa tergiversación interesada del "medio" El Plural o vender como logro de Sánchez la ampliación del permiso parental cuando fue impuesto por una Directiva Europea por la que, además, se multó por transponer tarde la norma. Incluso este año fue condenada RTVE por la difusión de un bulo contra Ayuso por el cual se vinculaba una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con el papel de este como acusación en el famoso caso del novio contra el ex Fiscal General Álvaro García Ortiz.

En cuanto a su pareja Sarah Pérez, tal y como afirmaba Pedro Herrero, representa el ejemplo más paradigmático de la "chonificación" de la izquierda. Nos referimos a una mujer joven que estuvo en listas del PSOE de Salamanca y que es conocida por involucrarse en innumerables polémicas, hablar a gritos comunicando una ristra de mantras surtidos como Ayuso, el novio y las clínicas, la foto de Feijoo y Marcial Dorado de hace 20 años o Aznar y las Azores y recurrir una pseudoestética de OF. Su nivel de inmoralidad ya es percibido en performances como esta y que fue defendida por cierta prensa, demostrando que si esta gente ha llegado lejos es porque hay personajes bien a su nivel o que la necesitan para sus objetivos. Dentro de su línea de agresividad, Sarah llegó a llamar "idiotas" en directo a los votantes y simpatizantes de PP y VOX y, en su réplica, "inútiles mentales". También tuvo un momento de feminismo autoritario contra la concejala del PP de Ourense Noa Rouco, acusándola de sexualizarse como mujer florero. Pero a esta estrategia se une también una línea victimista. La más sonada fue cuando se inventó una agresión del polémico activista Vito Quiles recurriendo a un falso cabestrillo y siendo archivada la denuncia por la disponibilidad de vídeos claros. En otra ocasión se enfrentó a la diputada del PP Elsa Vigil que, ante una acusación de simpleza, le espetó que "para simples tus fotos enseñando los cocos hasta aquí". En ese momento convulsionó y le acusó de que las mujeres se les violaban en las calles o agredían en las redes por políticas como ella. Otro caso fueron las declaraciones desafortunadas de Rosa Belmonte en El Hormiguero que, sin embargo, muchos pensamos que en el fondo no eran tan desatinadas dadas las continuas razones que nos ha dado la aludida. Por último, las pintadas en la tumba de Las trece rosas que curiosamente añadieron dos banderas republicanas completan un continuo círculo de una "analista política" que causa rechazo.

Jesús Cintora y la disidencia informativa controlada

Los informes del CdI dejaron claro que desde RTVE se permite y fomenta espacios de debate y crítica superficial para dar apariencia de pluralidad cuando la línea editorial se alinea de forma desacomplejada con los intereses del gobierno. En el programa Malas lenguas se han articulado críticas humorísticas con los llamados "tele trapos" al estilo de los guiñoles que ridiculizaban exclusivamente a gente de ideología conservadora y políticos de la oposición y hasta que se suprimieron el pasado noviembre. Pero en los debates siempre se han centrado en críticas políticas hacia la oposición y contando con contertulios de extrema izquierda como Pablo Iglesias o Laura Arroyo. Ambos blanquearon de forma impresentable la abominable paliza perpetrada por bárbaros de su siniestra ideología al periodista de El Español José Ismael Martínez. El primero le echó en cara haberse "infiltrado" en un curso de formación de Podemos y la segunda redujo la acción a "resistencia antifascista". Como supuestos contertulios no de izquierdas, se cuenta con peleles como Hugo Pereira, que ha dado bandazos pasando por PSOE y simpatizando con Vox y PP para acabar apoyando el 90% de lo que se dice y matizando nimiedades para ser mandado a callar por Ernesto Ekaizer. Incluso se han permitido llamar a un bombero para hablar sobre los incendios de Madrid siendo (qué casualidad) candidato de Podemos al Congreso. Casos como este son a lo que nos referimos con "expertos cuidadosamente seleccionados".

Hay que reseñar la polémica acontecida este mes con Marta Gómez Montero. Ya fue interrumpida abruptamente en junio por Jesús Cintora al reconocer el papel de Aldama como colaborador con la Justicia para que fuese posible la investigación y condena de corrupción por el caso de las mascarilla con gritos de "¡bulos no! ¡esto es malas lenguas!". Pues este julio llegó a abandonar el plató entre lloros acusándole de humillarla, tras preguntarle capciosamente por unas declaraciones de Feijoo. Lo peor fue el pasivo-agresivo "ella sabrá" con el que se despachó ante la audiencia. Sin embargo, fue defendida al día siguiente por José Pablo López y se escenificó una curiosa vuelta a la normalidad en el plató con un Cintora absolutamente tranquilo y una Gómez que se le notaba incómoda. Desconozco si ha mediado algún tipo de mejora retributiva en sus colaboraciones, pero tampoco me extrañaría que se apostase por la fragilidad de su perfil. Como tampoco hay que olvidar que Cintora ya expresó malos modos con una reportera que cubría los incidentes de Torre Pacheco del pasado verano 2025. Cintora sustituirá en Mañaneros 360 a Ruiz, pues su estilo de autopercibida superioridad moral encaja a la perfección.

Gonzalo Miró y Marta Flich en Directo al grano

Ya en su propia presentación Gonzalo Miró avisó a qué se iba a dedicar cuando mencionó que huiría de la "equidistancia", entendiéndose fácilmente como un alegato a la polarización. En noviembre de 2025, el Cda aprobó un dictamen por el que entendía que aquél había vertido acusaciones e informaciones no veraces sobre la cronología de lo sucedido con Carlos Mazón el día de la catástrofe de la DANA. Pero no se trataba sólo de mala praxis, sino de vulneración del manual de estilo e inexistencia de rigor informativo alguno al entender inaceptable que un presentador de la cadena pública difundiese rumores e insinuaciones insidiosas en lugar de hechos probados. Este hooligan llegó a insinuar sin el menor rubor que Mazón estaría alcoholizado o habría tenido relaciones. Ante esto, la dirección de magacines se lavó las manos argumentado que carecía de competencias sobre contenidos de actualidad mientras que su compañera Marta Flich, como no podía ser de otra manera, defendió este estilo agresivo y ultra. Por supuesto, también ha tenido más manifestaciones como acusando al Consejo General del Poder Judicial de atentar contra la democracia y desacreditando las investigaciones de la UCO contra su PSOE. Porque, para sorpresa de nadie, Miró es militante socialista de toda la vida al tiempo que reparte doctrina no sólo en TVE sino en los platós de otras televisiones.

El relato en los espacios de entretenimiento

La narrativa socialsanchista llegó también a los espacios de entretenimiento en una estrategia de ingeniería social y control del relato. Se emplea un tono informal y desenfadado en tertulias, monólogos y entretenimiento, lo que facilita la asimilación del discurso por parte de amplias capas. Y es entonces cuando se activa la maquinaria para movilizar a la opinión pública, antagonizar con intereses privados y proteger institucionalmente al Gobierno.

El formato en la mayoría de ellos es idéntico. El/la presentador/a expone un monólogo de apertura para después entrevistar a una celebridad. El más popular es David Broncano y en realidad el que tiene más talento de largo, pero desenfoca la entrevista animando a los invitados con discursos como el de la vivienda o la Sanidad pública siempre en la línea gubernamental. Por ejemplo, puso en bandeja a Mercedes Milá ejercer un alegato de defensa a Zapatero. No es casualidad que se fichase a él para contraprogramar a El Hormiguero - que contiene una tertulia política muy contraria al Gobierno Sánchez - como tampoco la guerra interna con la insistencia continua del actual Director José Pablo López en contratar a Broncano cuando aquél era jefe de contenidos. Pero menos es que los tweets que hablan de los temas anteriores experimenten muchísimas más visualizaciones, reposts y me gustas que los que sólo hablan de la vida y la carrera del entrevistado. Con todo, existen ejemplos mucho más pérfidos que la Revuelta, que no es un show tan contaminado.

El programa de Al cielo con ella de Henar Álvarez, que ha pasado de RTVE Play a emitirse entre la 1 y la 2, es el ejemplo más clarividente de cómo puede existir humor rancio feminista. Se puede ver tanto en los monólogos como en las entrevistas dedicándose a generalizar y satirizar contra los hombres y con reducción a lo absurdo. Circunscribe su estrategia de fomentar "igualdad" a reírse del sexo masculino y normalizar la misandria como respuesta al machismo. Es más, en su delirio ha llegado a banalizar sobre agresiones e incluso homicidios a hombres. Esos discursos basados en el resentimiento y la rabia sólo dividen a la sociedad y provocan con razón el rechazo de los jóvenes hacia el feminismo actual. Por su parte, Marc Giró lo ha venido haciendo de la oposición etiquetándolos de fachas y haciendo mofa constante de la derecha. Este año fichó por la Sexta (la pata privada del Sanchismo mediático) para seguir haciendo lo mismo con peores cifras de audiencia. Mientras, en TVE cogió su testigo Manu Sánchez con El perro andalú. Otro show en el que reparte perlas como un monólogo surrealista usando las selecciones de Alemania, Austria e Italia como referentes del fascismo y nazismo y a los jugadores de origen extranjero de la selección española como la "pesadilla de los fachas". 

En otros formatos tenemos a varias mujeres colaborando en espacios de videopodcasts que replican relatos gubernamentales. Por ejemplo a Inés Hernán, la misma que entrevistó a Pedro Sánchez en los Goya 2024 como una fanática haría a Bad Bunny (que también es). Y sí, también la misma que en Operación Triunfo soltó una chapa defendiendo a la izquierda abertzale. También participan feministas subvencionadas como Carla Galeote o Elena Reinés retorciendo el teórico propósito del movimiento y victimizándose muy fuerte cuando sólo fomentan la confrontación. Mención especial merece Marina Rivers con una posición económica e hipocresías mucho más elevadas y que incluso ha protagonizado una absurda campaña de "moda" financiada con dinero público, a cargo del Ministerio de "memoria democrática". Y llegado a ese punto álgido de distorsión de la democracia simbolizada en una propaganda falsaria, vamos con las...

Conclusiones

Televisión Española se ha convertido, desde el momento en que el PSOE pudo culminar su control como una de sus máximas prioridades, en algo más que un aparato mediático de propaganda gubernamental. Es un juguete al servicio del Sanchismo y su narrativa y tan enormemente maltratado en su naturaleza que ha visto contaminada toda su parrilla de emisiones sin que quedase ni un sólo resquicio que no apeste a azufre. Resulta tan palmario y descabellado el instrumentalismo que se hace de la televisión pública que, si en legislaturas anteriores ya era denunciable, en la actualidad ha llegado a niveles absolutamente desacomplejados y que provocan no ya rechazo, sino profunda polarización.

Esta espantosa perversión que se ha hecho de un medio financiado con dinero público responde a un interés superior por controlar el manejo del relato más allá de los grupos privados como La Sexta y medios como Público, El Plural, El Diario, etc... Ese propósito del Gobierno no hubiese sido tan firme de no ser porque desde siempre han sido las cadenas públicas las más visualizadas por los españoles y sobre todo en las franjas de información. Así que aprovechando esa audiencia, no ha vacilado en destinar millones de euros a contratar a gente afín, redefinir el concepto de información disfrazándolo de opinión con tertulianos agresivos y con carnet socialista, ridiculizar a la oposición y a posiciones contrarias al relato de la izquierda posmoderna, regurgitar el discurso de Moncloa atacando con menos filtros a jueces y policías y en definitiva a demostrar que en el sótano de la ignominia de TVE se podían bajar muchas plantas.

Francamente, nadie que no esté absorbido por esas ideología que en sí misma es el Sanchismo o la extrema izquierda con la que poco se diferencia ya, sería capaz de ver un sólo programa del lodazal de opinadores e "influenciadoras" en el que se ha convertido la televisión pública.  Además, esto legitima a que cuando la oposición tome el Gobierno pudiera hacer exactamente lo mismo en venganza. Pero para intentar igualar el despropósito tan espantoso que ha hecho el PSOE de Sánchez tendrían como mínimo que poner a Vito Quiles por las mañanas, Bertrand Ndongo por las tardes, Javier Negre en el Telediario, Dani de Desokupa en un late night y Pugilato e Isabel Peralta en un podcast blanqueando su ideología. Y, con todo, seguiría siendo un aparato al servicio del poder gubernamental y para nada del pueblo. Así que tal y como está, muchos consideran que lo mejor sería cerrar RTVE.

Cerrar la corporación de RTVE requeriría un procedimiento complejo debido a su estatus legal, pues sería necesaria aprobar una Ley para ello que contemplase su disolución formal como entidad jurídica con el cese del Consejo de administración y directivos. Además, en paralelo sería imperativa una negociación masiva con los representantes sindicales con ERE para los laborales y traslado de los funcionarios de carrera a otros ministerios o entes públicos y también establecer un plan de liquidación para absorber, subastar o vender el patrimonio de la entidad y en paralelo. Todo eso antes de apagar progresivamente o reasignar las frecuencias de TDT y RNE. Por lo tanto, aunque lo más deseable para un liberal sería liquidarla, lo más realista sería transformar el modelo convirtiendo a RTVE en una BBC con más independencia y dirigida por funcionarios y personal laboral que sean auténticos profesionales. No palmeros sin talento ni honestidad contratados por los gobiernos de turno. Sin embargo, tampoco confío en el PP para ser capaz de acordar esto con Vox. Ojalá me demuestren lo contrario.

viernes, 3 de julio de 2026

La trama Leire Díez: la red que quiso influir en la Justicia

Una vez más toca hablar de corrupción y es que es la actualidad que impera en España tanto a nivel nacional como territorial en algunos casos. A pesar de que la nueva legislación y códigos de buen gobierno se haya orientado a combatir la corrupción, la realidad es que poco parece haber cambiado. Sin duda, creo que en algún momento elaboraré algún estudio relativo a qué podemos hacer para limitar tanta corrupción, ya que parece que aún no existen los mecanismos apropiados. O tal vez algunos sí, pero se desactivan con facilidad. Hoy, por lo pronto, hablaré una vez más del entramado de presunta corrupción del PSOE de Sánchez que cada vez está más manchado de miseria. El Sanchismo, de hecho, me parece un estilo político absolutamente abyecto y no creo que a nadie le sorprenda leyendo mis posts. Con todo, para criticar primero hay que rodearse de datos, indicios y pruebas. Y es lo que se está haciendo en la instrucción del caso de Leire Díaz y las cloacas del PSOE, según el cual se habría generado desde Ferraz un equipo para tapar cualquier investigación de corrupción que afectase al partido. Esto, que recuerda justo al anterior post sobre el juicio a la Kitchen del PP de Rajoy, en realidad poco se parece y apunta a algo muchísimo mayor. 

Leire Díez y Santos Cerdán

Leire Díez Castro (Portugalete, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información y fue concejala en un municipio de Cantabria entre 2011 y 2015. Desde la entrada de Sánchez al Gobierno de España ocupó cargos en empresas públicas como en ENUSA (empresa pública nuclear) y en Correos (en relaciones institucionales y de comunicación). El apelativo de "fontanera" no es necesariamente peyorativo, sino que se refiere al ejercicio de funciones internas para mantener la cohesión y el funcionamiento del partido especialmente en situaciones de crisis, pero alejada de la esfera pública. Claro que, ese término puede derivar en acciones más discutibles, como ella terminó admitiendo en algunas grabaciones señalando que "yo estoy aquí para limpiar". Es más, también se conoció que ella fue responsable de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones, circunstancia que después de conocer a lo que se habría estado dedicando nos hace aupar los manos a la cabeza. En febrero 2024 fue cesada por Pedro Saura, justo cuando estallaron los casos Koldo, Ábalos y Begoña Gómez y había pasado a depender de Santos Cerdán.

Santos Cerdán (Navarra, 1969) es la figura política más comprometida judicialmente. No hay que olvidar que ya fue imputado el pasado año por presunto amaño de contratación de obra pública. Según el juez Cerdán sería el soporte intelectual y financiero. Cerdán habría coordinado la operación, organizado las reuniones, mantenido contacto continuo con Leire Díez, autorizado pagos, y dirigido la estrategia política de protección del partido. Todo con el objetivo de proteger los intereses ya fuesen de ciertos miembros del Gobierno como del Presidente y su entorno. Según la investigación, para ello habría puesto a disposición de la red criminal la propia estructura del partido tanto a nivel logístico gestionando viajes y alquiler de vehículos como de recursos humanos. Cerdán negó la mayor acusando con vehemencia a la UCO de realizar investigaciones prospectivas y aludiendo a una campaña mediática en la que la unidad de la Guardia civil se dedicaría a "destrozar personas" en lugar de investigar delitos. Sin embargo, según informe ampliado tras el registro de Ferraz, la UCO halló en un una agenda suya y dispositivos electrónicos que refuerzan la tesis de su participación en las operaciones para neutralizar las investigaciones de corrupción del PSOE: cuestionar las investigaciones de dicho órgano, cuestionar al Tribunal Supremo, señalar a los fiscales Luis Pastor (que dejó en libertad condicional a Víctor de Aldama) y a José Grinda (del caso Hidrocarburos), atacar al juez Marchena negociando con Villarejo para destruirle o la más interesante, recomendar a Sáenz de Tejada que instase recusar a la jueza del caso del "hermanísimo" ante la Fiscalía. 

El inicio de todo

Según el sumario judicial, Antxón Alonso el dueño de Servinabar, Vicente Fernández el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 2018-2019 y Leire Díez fundaron el grupo Hirurok en 2021 y que tendría el principal objetivo de percibir comisiones a través de 29 pelotazos en el sector público. Posteriormente, Bartolomé Lora ocuparía el puesto de la SEPI de forma interina desde 2019 hasta marzo de 2021 y actualmente está imputado por prevaricación en el caso de Air Europa. Meses más tarde, en julio de 2021 tuvo lugar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos por valor de 112 millones de euros. De hecho, esta misma semana se hizo pública la imputación de la presidenta de la SEPI María Belén Gualda y otras 20 personas por el mencionado rescate con presunto cobro de comisiones más amaño de contratos. Dicha empresa terminaría abonando 115.000 euros a la trama según la UCO. A ello se añade que la propia Leire habría mantenido una comunicación muy estrecha con el gobierno vasco y el PNV pero lo más sorprendente no es eso. Es que, aunque parezca increíble, los tres presidentes de la empresa pública SEPI en la era del Sanchismo están imputados por corrupción.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa en abril de 2024 el inicio operativo de la supuesta trama y coincidiendo con la famosa "carta a la ciudadanía" que publicó el Presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez y los no menos memorables cinco días de reflexión. Según el auto, es cuando Leire Díez habría empezado a coordinar acciones dirigidas a frenar o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE, si bien la estructura estaría dirigida políticamente por el Secretario de Organización de entonces Santos Cerdán. En un primer momento, la periodista Patricia López que falleció en diciembre de 2025, contactó con Leire Díez para manifestarle que disponía de información del PP, Manos Limpias y la Policía relativa a "cloacas contra el PSOE" y que debía de hablar con Santos Cerdán. La primera reunión fue el 26 de abril con el aludido, Antonio Hernando, Ion Antolín (jefe de comunicación) y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Éste último, fue recientemente condenado de forma solidaria por alzamiento de bienes entre otros delitos por su empresa Zed Worldwide.

La clave es la conversación de una reunión posterior entre Díez y Pérez Dolset en la que expresamente mencionan al caso de la imputación de Begoña Gómez y que el Presidente había dicho "que se limpie todo", Leire mencionando "límpiese" y Dolset rematando con "límpiese sin límite". Lo siguiente que nos vendría a la mente es la música de 007 y su intro o, si preferimos, El Padrino. Este audio fue aportado por Ignacio Stampa al Juzgando de Instrucción nº 3 de Madrid para corroborar que fue víctima de un intento de soborno, relativo a una reunión de 3 horas en fecha 30 de abril de 2024. Según testimonios, el tridente formado por Díez, Dolset y Cerdán ofrecería servicios a empresas del Ibex a cambio de suministrarles información ya que afectase a la red o al Gobierno, PSOE, Pedro Sánchez y familia o a rivales. Las primeras reuniones se celebraban en un piso en la calle Diego León de Madrid, si bien entre 2024 y 2025 existirían hasta 22 reuniones de la trama en Ferraz con el supuesto objetivo de establecer contactos con investigados, buscar información contra la UCO, fiscales y jueces e intentar influir en otros.

El estallido del caso (2025-2026)

El Confidencial publicó en mayo de 2025 varios audios en los que Leire Díez aparece pidiendo “trapos sucios” sobre mandos de la Guardia Civil. Se habla de operaciones para “desmontar” investigaciones. Algunos interlocutores vinculan directamente las maniobras al entorno de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. A partir de ahí la oposición empieza a hablar de “cloacas del PSOE”. El PSOE intenta desmarcarse de Díez mientras que ella asegura que todo era una “investigación periodística” para un libro. Al mes siguiente, se da de baja  como militante del PSOE. Comparece públicamente. Negó tanto ser fontanera como actuar por órdenes de Santos Cerdán o del partido. Sin embargo: La difusión de más audios incrementa la presión política. Distintos medios empiezan a conectar el caso con el “caso Koldo”.

Un año más tarde, el caso se ha agravado con los registros de la UCO en Ferraz, realizados el pasado 27 de mayo en la sede socialista para requerir información y bajo autorización judicial firmada por Santiago Pedraz. No hay que olvidar que ya entró en Ferraz el 20 de junio de 2025, si bien en esa ocasión fue para un requerimiento de información y clonado de material informático que afectaba exclusivamente a Santos Cerdán por su imputación en el caso Koldo. En la presente investigación el motivo era mucho mayor: debían de investigar pagos impulsados desde la Secretaría y Gerencia del partido a la red de Leire Díez y relacionándose hasta nueve delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil y delito contra las instituciones del estado. Así, junto a la gerente Ana María Fuentes, imputa al diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos y Gaspar Zarrías, senador por Andalucía, entre otros presuntamente implicados. Por otra parte, se cursó requerimiento para obtener acceso a todos los expedientes abiertos a los agentes de la UCO que llevasen a cabo investigaciones en el entorno  del PSOE.

Además, la investigación de la UCO de determinados audios ha permitido conectar la trama Hidrocarburos con el tridente antes mencionado, que presuntamente ofrecería impunidad o beneficios a empresas implicadas en el fraude del IVA a cambio de que aportasen información comprometedora. Pero la causa que instruye Pedraz ya no se limita a audios aislados, sino a documentación escrita y a muchísimas más conversaciones intervenidas que apuntarían a una posible estructura organizada con financiación de recursos vinculados al PSOE y destinada a interferir en causas judiciales sensibles. La red pretendería desacreditar a investigadores, influir en procedimientos judiciales, interferir en investigaciones sensibles (UCO, fiscales anticorrupción), desacreditar mandos policiales y proteger políticamente al entorno del PSOE y del Gobierno. Estos niegan una estructura parapolítica mientras Leire Díez desde el año pasado sostiene que actuaba como periodista investigando las “cloacas del Estado” y no por encargo del partido. Es más, desde su versión la única cloaca sería la del PP.

Remuneraciones y financiación bajo sospecha 

El auto judicial apunta que se habrían realizado pagos del PSOE encubiertos con facturas falsas (consultoría legal y mercantil) por importes de al menos 180.000 euros. Entre otros conceptos, se estarían escondiendo retribuciones de viajes y logística e incluyendo a Pérez Dolset. Así por ejemplo, Leire Díez habría estado camuflando su actividad laboral en el PSOE mediante contratos opacos de asistencia y colaboración para evitar la relación laboral. Los investigadores sostienen que Leire Díez cobraba unos 4.000 euros mensuales, mediante sociedades intermediarias y despachos vinculados a personas próximas al PSOE. Leire se habría dirigido a un ex consejero Andaluz, Gaspar Zarrías, proponiéndole desmontar el caso de los ERE porque presuntamente disponía de información relevante contra Ayala. Sin embargo, el mismo que reconoció haberle pagado no lo habría hecho directamente a ella sino mediante facturas falsas. La información finalmente no la consideró importante.

El auto también señala que los pagos aludidos por Leire Díez el 12 de mayo se habrían efectuado mediante sociedades interpuestas y facturas falsas hasta superar los 40.000 euros procedentes de fondos del PSOE. Una de ellas sería una mercantil de Gaspar Zarrías en verano de 2024. Posteriormente, el PSOE abona 27.000 euros a un despacho jurídico vinculado al abogado Ismael Oliver, siendo transferida desde otra de sus sociedades a la propia Díez. Y precisamente dicho Oliver habría sido "fichado" por Leire para ejercer la defensión de Koldo. Más allá de Leire, según el auto también habrían percibido pagos la fallecida periodista Patricia López y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán con la cantidad más alta: 125.000 euros. El mismo individuo que aportó al Juzgado dos facturas a nombre del PSOE por montante de 53.000 euros que no tienen respaldo en la contabilidad del partido y que en conversaciones de WhatsApp se jactaba de remitir información filtrada a 61 periodistas para replicar un relato. ¿Habría sido así cómo se reforzó la prensa sincronizada con Moncloa? El jueves 25 de junio declaró ante la  AN y confirmó que cobró la cantidad antes reseñada en 3 facturas y no quiso dar detalles de su trabajo por "secreto profesional".

Intentos de influencia en fiscales y agentes 

También la red habría intentado conseguir información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón ofreciendo presuntamente elevadas contraprestaciones económicas e incluso un puesto de trabajo en el extranjero al fiscal José Grinda. Esto se basa en un turbio apunte que reza "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Esto se habría tramitado mediante un tercero llamado Pere Rusiñol, trasladando que no habían fructificado las negociaciones en las que también le propusieron el archivo de varias causas de él dependientes. Presuntamente, este fiscal con causas como la de Pérez Dolset y la Operación Cataluña, habría sido chantajeado con un vídeo sexual. Al menos al medio El Español se le ofreció publicarlo. Nadie lo hizo y Grinda denunció.

Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró como testigo ante la Guardia Civil que le ofrecieron 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz (abogado de Koldo) para que negase su versión de aportar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El motivo era para proteger a Ábalos y Koldo. De las conversaciones intervenidas, destacaría un mensaje de Oliver señalando "esta se vende. Debemos saber comprar". Esto ha ocasionado que la mencionada Leticia haya sido imputada.

El comandante al que se referían Leire y Mercedes es Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la UCO lo sitúa como nexo entre la trama y el Ministerio del Interior. A cambio de proporcionarle defensa judicial y tramitar su rehabilitación en el cuerpo, se le habría solicitado información sensible sobre altos mandos de la GC vinculados a la investigación de la corrupción del PSOE. Además, también intentó negociar que facilitase datos del Teniente Antonio Balas, el capitán Bonilla, los coroneles Corbí y Yuste y hasta el Director Adjunto Operativo (DAO).

La red sí habría terminado pagando a un agente de la UCO para sabotear causas contra el Gobierno, como el juez señala en relación con Juan Sánchez Yepes que aparte de estar imputado en el presente caso lo es a su vez por la trama de los hidrocarburos. Esta persona, que había participado en el grupo antiblanqueo, habría revelado información de su unidad para impulsar las sospechas ante la directora de la Guardia Civil.

Reuniones institucionales: Fiscalía General y D.G. de la Guardia Civil

Basándose en los mensajes transmitidos entre Díez, habría tenido contacto con el hasta hace unos meses Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz (y condenado por filtraciones de los datos del novio de Ayuso). Las referencias habrían tenido lugar en el marco de comunicaciones con empresarios afectados por investigación de la trama de hidrocarburos. Específicamente, la UCO destaca una reunión entre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset  y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevó durante un tiempo el caso Villarejo hasta que fue relevado. Según este último, pretendían que les contase "irregularidades" del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón - que por ejemplo ha llevado el caso Mascarillas -, así como del otro fiscal José Grinda y el instructor Manuel García Castellón. A cambio, prometían rehabilitar al mencionado y que "Álvaro" tendría conocimiento de la reunión así como "el jefe de Álvaro". Al menos habría tenido dos reuniones con un teniente fiscal de la secretaría técnica de García Ortiz. También se descubrió en el móvil de Leire Díez una propuesta de acuerdo con Villarejo para que suministrase datos sensibles sobre el PP (Mariano Rajoy, Cospedal...) e incluso grupos empresariales como Planeta y BBVA a cambio de no volver  a entrar en la cárcel.

También habría mantenido Díez al menos tres reuniones personales con Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil e incluso desde antes de ser nombrada, además de diversas conversaciones a través de teléfono móvil en mayo de 2025. Entre ambas se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Además, en otros chats presumía de tener línea directa con la misma y que estuviera al corriente de sus acciones. El propósito sería abrir una investigación interna en la UCO imputando una actividad supuestamente delictiva como filtración de mensajes de Ábalos. Inicialmente, el Ministro Fernando Grande-Marlaska negó que sucedieran dichas reuniones hasta dos veces, en 25 de junio de 2025 ante el Congreso y el 28 de mayo ante la prensa. Fue el pasado 5 de junio cuando terminó admitiendo que eso había sucedido, una vez que quedaba acreditado por la UCO pero asegurando que no tenía nada que ver con la trama. La aludida directora afirmó que cortó comunicación con ella cuando le pidió que recuperase a un comandante suspendido de empleo y sueldo por estar implicado en el caso Koldo así como plantearle una teoría de la conspiración. Sin embargo, las contradicciones no acabaron ahí, pues la Directora abrió expedientes a agentes coincidiendo en las mismas fechas que se habría reunido. Todo esto ha desembocado en la imputación de González más el DAO Manuel Llamas por prevaricación y obstrucción a la Justicia. De verdad que yo no alcanzo a entender qué más tiene que pasar con Marlaska para que dimita.

El entorno Sánchez: P.S. el One y familia

La UCO requisó varios cuadernos y agendas en su vivienda y contienen mucha información sobre reuniones, nombres propios y referencia a diversos asuntos políticos y judiciales. Muchas de las anotaciones carecen de fecha y figuran desordenadas y sin demasiado contexto, pero algunas sumadas a otras proporcionan importantes indicios que son relevantes de profundizar en la investigación. Así en una anotación habla de "reunión con P.S." precedida de una operación con el comandante Rubén Villalba para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil. Más adelante escribe "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.", "Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S". En otra habla de una comida entre P.S. y el Director de la Guardia Civil y escribe literalmente "Pedro no se fia del DAO". Incluso también hay espacio para "Reunión ZP. Nervioso". Algunos han intentado desviar las sospechas aludiendo a que podría referirse a Paco Salazar o a Pedro Saura, pero la insistencia en las iniciales y sobre todo la referencia al hermano intuyen que podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. También se ha quitado hierro señalando que el mismo día de la supuesta reunión el Presidente se encontraba en Bruselas. Aparte de que para una reunión no es imperativo verse en persona, lo más probable es que fuese una declaración de intenciones de la propia fontanera.

Otra referencia por la que la UCO apunta al conocimiento de las cloacas por Pedro Sánchez es la alusión a "El One del partido" en conversaciones intervenidas con el ex presidente de la SEPI. Incluso en otras con el empresario Oliver, usan la referencia "jefe" para probablemente aludir a Santos Cerdán, mientras que "presi" sería el propio Presidente del Gobierno. Incluso ha sido citada como testigo Cristina Narbona por una conversación con Leire en la que ésta le habría mencionado de "reconducir los ataques al Presidente del Gobierno". Por su parte, Pedro Sánchez rechazó categóricamente ser consciente de los hechos imputados a Leire Díez y asegurando que de saberlo "no lo permitiría", declaraciones que a estas alturas carecen de credibilidad para los no feligreses.

En cuanto al proceso judicial que afectó a David Sánchez, en la versión de un testimonio Leire Díez habría recomendado a Luis Sáenz de Tejada como abogado defensor de David Sánchez y con el objetivo de recusar a la jueza instructora Biedma. De hecho, la persecución contra esta mujer sería un auténtico escándalo, llegando según El Mundo a seguir hasta el colegio de sus hijas e interrogar a personas de su entorno para destruir su credibilidad. La misma tuvo conocimiento de unos audios en junio de 2025 protagonizados entre Díez y el citado Sáenz de Tejada. Por su parte, Leonardo Marcos - director de la Guardia Civil anterior a Mercedes González (2023-2024) - habría llegado a ordenar a la UCO, a través de orden firmada por el DAO, que "no fuesen proactivos" en el citado caso de investigación y que optasen por "actuar de perfil" de manera que el juez tuviese la única iniciativa. Esto, según testimonios, generó importantes tensiones entre la UCO y la cúpula de la Guardia Civil y fue ratificado en sede judicial por el ex jefe Rafael Yuste. Pero tampoco hay que olvidar al teniente coronel Antonio Balas, que dirigió las operaciones de la UCO en Badajoz. Existen audios francamente siniestros, como en una conversación entre Díez y Pérez Dolset en el que buscando información comprometedora de Antonio Balas ella señalaba que "si está muerto, mejor".

Otro indicio más de la cercanía de la figura de Leire al entorno del Presidente se halla en otra anotación según la cual recomienda la contratación de un abogado para ejercer la defensa de Begoña Gómez por su supuesta cercanía al Juez Peinado. Esto viene reforzado por una conversación de WhatsApp con Tijuelo en la que comentan la necesidad de sustituir por inadecuada dicha defensa de la esposa del Presidente. Junto a todo lo anterior, este último indicio ha resultado ser determinante para que la UCO considere en su informe que las siglas P.S. son referidas al propio Pedro Sánchez. ¿Estaríamos cerca de que el vigente Presidente del Gobierno sea llamado a declarar como testigo o incluso como algo más?

Más recientemente y a raíz de la última sentencia del TS sobre el caso Mascarillas que premió la colaboración con la Justicia de Aldama, Leire Díez ha avanzado a un nuevo nivel. Señala a Antonio Hernando, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, como receptor de todas las actividades de investigaciones a jueces, fiscales y agentes que gestionaban tanto Cerdán como ella misma.

Campañas electorales bajo la lupa

Uno de los hallazgos más destacables que constan en el sumario de la investigación es que el PSOE habría desviado 18.000 euros de los fondos de la campaña de las Europeas de 2024 para financiar al medio Crónica Libre de Patricia López. La contrapartida no sería exclusivamente publicidad en Internet, sino la entrega de audios referidos a las polémicas saunas de Sabiñano Gómez, suegro de Sánchez y también fallecido en la actualidad. Con dichos audios (provenientes de Villarejo), el PSOE se garantizaría no ya que no se publicasen, sino la posibilidad de extorsionar a quien considerase conveniente. Esto es lo más sórdido del entramado de presunta corrupción del Sanchismo.

Ese hecho ha provocado que el juez Pedraz solicitase documentación de la campaña del PSC en Cataluña (2024). Se investiga si parte de los fondos o servicios asociados a la campaña pudieron igualmente pasar por agencias de medios o emplearse para abonar estructuras o servicios vinculados a intermediarios del caso Leire. Se examinará especialmente lo relativo a publicidad digital como “banners” o inserciones publicitarias y contratos de comunicación política. De esa manera, se intentará aclarar si pudo existir algún flujo sospechoso con personas investigadas en el entorno del presente caso y si se pudo recurrir al uso de la campaña electoral como vía de financiación indirecta. Y es que en este tipo de contrataciones el dinero no siempre circula como “transferencia directa”, sino como servicios intermediados.

Consideraciones

En esta compleja investigación se está recopilando un amplio conjunto de indicios sobre el funcionamiento de una red basada en intermediación política y empresarial, circulación de información sensible, contactos con investigados, movimientos financieros opacos, intentos de influencia y contrapresión y tensiones internas en cuerpos policiales. Además, todo ello se habría producido falseando documentación para disimular. Debe probarse si se trata de una clásica estructura cerrada de organización criminal, pero por las conversaciones intervenidas, testimonios contradictorios, anotaciones y operaciones dinerarias, se apunta a material suficientemente relevante como sugerir su existencia y avanzar en la investigación. Estaríamos hablando de una red creada dentro del partido para proteger los intereses no ya del mismo sino de las principales personalidades afectadas por los procesos de investigación de corrupción. Y esa condición afectaría tanto a las directamente imputadas como a las que les repercutiría en su imagen, tal y como sería el caso de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Se antoja muy complicado entender que existiese desconocimiento político del funcionamiento de esta red y, de hecho, resulta hasta ridículo compararlo con el caso Kitchen del PP de Rajoy. Estamos hablando de una trama orquestada para controlar y/o denostar a fiscales, agentes y jueces y de  hasta 9 delitos imputados por su actividad, pero también de numerosos indicios que convergen en una presunta relación bastante cercana con el poder político. En algunos puntos de mensajes, audios o anotaciones da la sensación de que Leire actuaba a veces con cierta iniciativa, pero nunca de manera autónoma sino sujeta a un plan. Y en ese plan estaría al mando su jefe Santos Cerdán. Sin embargo, por lo investigado hasta el momento, resulta obvio que todas estas acciones ilegales que supuestamente desconocían los cargos políticos de mayor responsabilidad redundaban en beneficio de los mismos y por extensión del partido. El mismo que, a través de su gerente, habría estado retribuyendo a los integrantes de la red mediante facturas presuntamente confeccionadas ad hoc para disimular. Es más, este modus operandi de la red encaja a la perfección con el neolenguaje esbozado por Pedro Sánchez y desarrollado por el aparato mediático constituido por RTVE como brazo público y La Sexta como brazo privado. Difundir un impacto de relato y aludir a la "máquina del fango" como responsable de "los bulos" y apuntar a una conspiración de la ultraderecha "turbofascista". 

Por lo que sea, el aparato socialista no se atreve a estas alturas a presentar una querella contra Leire Díez si es que es cierto que operó a escondidas. ¿Por qué será? Afirman que no lo han hecho porque están esperando a que avance la investigación, cuando no es complicado estimar que necesitarían negociar con ella para que no hable de más. De lo contrario, esta persona que ha estado siempre en tercera fila, que se ha hecho fotografías con tantos políticos y periodistas, que se aprovechó de ese anonimato externo para poder hacer y deshacer y felicitarse por ello, no debería ser ningún impedimento para exigirle responsabilidades penales. Otros analistas entienden que, en el más incómodo de los casos, probablemente se limiten tanto Moncloa como la opinión sincronizada a encorsetar la trama en Santos Cerdán como chivo expiatorio. 

En estas semanas, el goteo de imputados por corrupción sigue agrandando el lodazal de indignidad amplificado por la irresponsabilidad de negarse a dimitir. De cualquier forma, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el PSOE Sanchista y el continuo destape de escándalos que arrancaron desde el mismo momento de poner los pies en Moncloa, sólo el hecho de percibir una nómina o sobresueldo a cargo de aquél justificaría mirar para otro lado.