Regresividad fiscal
El establecimiento de tipos impositivos verdes que modifican los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad más el Impuesto del Valor Añadido presentan externalidades regresivas. Así, en el caso del diésel, cuando el Gobierno de España planteó la equiparación de impuestos del combustible, el impacto no es en realidad neutro. Esto puede verse según datos del INE que señala que los hogares españoles asumieron en 2024 más del 40% de la recaudación por impuestos ambientales. También indica que pagaron el 72,4 % de los impuestos sobre el transporte y el 39,7 % de los impuestos sobre la energía. Por su parte, la OCDE ha hallado que los efectos distributivos de los precios de carbono suelen ser regresivos en países desarrollados. Por ejemplo, en Francia, la Contribution Climat Énergie se introdujo en 2014 en el país galo y fue incrementado hasta que en 2018 con la crisis de los chalecos amarillos pasó a congelarse. Y es que la carga adicional estimada sobre la renta del 10% más pobre resultó ser tres veces superior a la del 10% más rico. La OCDE relaciona este efecto con la mayor dependencia de los hogares de menores ingresos respecto de consumos intensivos en emisiones, de manera que destinan un porcentaje mucho mayor de su sueldo en necesidades básicas como calefacción, electricidad y gasolina o diésel para ir a trabajar. Así que podemos imaginar que los impuestos en la factura de la luz y el combustible merman la capacidad de ahorro de clases medias y bajas de forma desproporcionada.
Para compensarse, la OCDE entiende que deben efectuarse transferencias o devoluciones como deducciones tributarias. En España existen deducciones del 20%, 40% y 60% según se hagan obras en casa, así como por la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos y por adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por instalación de puntos de recarga. Sin embargo, puede haber más alternativas a encarecer el producto en el supermercado o en la gasolinera. En el IRPF, una alternativa teórica sería incorporar criterios relacionados con la huella de carbono al sistema tributario, de manera que la carga no recayera exclusivamente sobre el consumo de energía y combustible, sino que tuviera en cuenta también la capacidad económica y los patrones de consumo más contaminantes. Las rentas altas podrían asumir una mayor parte del coste, mientras que las bajas quedarían exentas o recibirían compensaciones. No obstante, trasladar esta idea a un sistema real plantearía importantes dificultades: habría que definir cómo calcular las emisiones atribuibles a cada contribuyente, garantizar la protección de datos y evitar errores, fraude e impugnaciones. La complejidad administrativa y tecnológica podría terminar siendo desproporcionada respecto a sus beneficios. Otra posibilidad sería reformar la fiscalidad indirecta del IVA para penalizar determinados consumos de lujo especialmente contaminantes y reducir la carga sobre bienes de primera necesidad. Esto podría traducirse, por ejemplo, en una tributación mayor de determinados servicios de aviación privada o vehículos de lujo muy contaminantes, frente a tipos reducidos para productos básicos y alternativas de menor impacto ambiental. Una reforma de este tipo exigiría, no obstante, estudiar su encaje en la normativa europea y evitar que la nueva clasificación generase distorsiones o dificultades de aplicación. Finalmente, las ayudas públicas deberían evitar importes fijos iguales para todos y modularse según el nivel de ingresos y la capacidad económica del beneficiario.
La trampa de la falta de alternativas
Subir las tasas al transporte para reducir emisiones choca frontalmente con la realidad del país. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética obligó a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Esto ha llevado a los ayuntamientos a establecer restricciones de circulación para determinados vehículos contaminantes, cuyo alcance depende de la ordenanza municipal y de las características de cada zona. Pero existen varios problemas. Primero, choca con la España vaciada en elementos como la desigualdad entre municipios, la disponibilidad real de transporte público y el coste de renovar el vehículo. En tal contexto, algunas familias trabajadoras de la periferia o de entornos rurales que acuden a trabajar a las capitales no tienen una red de trenes de Cercanías o autobuses interurbanos eficaz. Segundo, golpea también en una coyuntura actual cada vez más estructural, que es el progresivo encarecimiento de la vivienda y especialmente en las áreas más urbanizadas. En esa situación, muchos han optado por trasladarse no ya a pueblos sino a municipios periféricos y provincias limítrofes a las grandes áreas metropolitanas. Tercero, como el transporte público no cubre rutas de forma competitiva y ayudas estatales como el Plan Moves III no adelantan el dinero de los coches eléctricos, el ciudadano se encontraría en una encrucijada: o se arriesga a una multa mientras va a trabajar o asume un riesgo difícilmente asumible para cambiar de vehículo.
Así que subir impuestos para encarecer lo contaminante sólo funciona si el ciudadano tiene una opción "limpia" a su alcance. En muchas regiones y sobre todo en las rurales y periféricas, no existe transporte público eficiente y los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la clase media y baja. Un trabajador que viva en un municipio pequeño, no se pueda permitir un alquiler en la gran ciudad y necesite recorrer 40 kilómetros diarios en su vehículo será quien pueda sufrir mayor impacto. De esa manera, la política climática impositiva no tendría el mismo efecto sobre un habitante del centro de Madrid que se pueda mover por transporte público que alguien que viva en una zona rural. Y ya no digamos de otros aspectos como rehabilitación energética de viviendas e infraestructuras de recargas. Así que el impuesto tampoco cambiaría el comportamiento del ciudadano porque no tendría otra opción, sino que lo empobrecería y la medida degeneraría en puramente recaudatoria y no ecológica.
La normativa europea estableció para 2035 un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO₂ de los coches y furgonetas nuevos, lo que afecta a su comercialización y no todos los Estados miembros están convencidos de esta fecha. No obstante, la Comisión presentó en diciembre de 2025 una propuesta de flexibilización que permitiría a los fabricantes alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de escape y compensar el resto por determinadas vías. Por su parte, a lo que apunta el Gobierno de España es a acelerar dichos hitos.
Fuga de carbono
España cuenta con una industria pesada e intensiva en energía pero muy localizada en comunidades como Asturias, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 en Europa representa un desafío por la llamada "fuga de carbono". Ésta es definida por la Comisión Europea como el traslado de emisiones de unos países a otros como consecuencia de políticas climáticas y reconoce que el riesgo es significativo en industrias del sector energético, por ser un sector más expuesto a la competencia internacional. Sucede también con materiales de construcción (cemento, hierro y acero) y fertilizantes. Cuando un país o región adopta leyes climáticas e impuestos muy estrictos, la producción industrial puede llegar a desplazarse en el sentido de que las fábricas se muden a países extracomunitarios en Asia o en América Latina con normativas ambientales más laxas o sin impuestos en carbono. Consecuentemente, el planeta seguiría recibiendo la misma cantidad de emisiones debido al transporte intercontinental, pero aquéllos países que implementaron el impuesto se arriesgarían a perder empleos y competitividad económica.
La solución que articula la UE y con los objetivos de defender la producción y el empleo industrial es el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). Esta herramienta pretende que determinados productos importados (cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) soporten un coste de carbono comparable al de la producción europea. Su límite de exención son 50 toneladas de los bienes cubiertos importados por comprador y año. Por lo tanto, es una medida que puede proteger la competitividad de la industria de la UE igualando precios frente a productores sometidos a exigencias climáticas menores, si bien genera costes administrativos y no cubre todas las cadenas de valor. También desincentiva importar materiales baratos en países donde las leyes climáticas sean más laxas, del mismo modo que incentiva la descarbonización de los productores extracomunitarios. En el lado negativo, no proporciona compensación de las exportaciones, no se aplica de forma general a todos los bienes manufacturados que incorporan acero o aluminio (como vehículos) y es una limitación relevante. Un posible efecto sería el riesgo de que podrían incentivarse su importación frente a materias primas perjudicando a las fábricas y sectores agrícolas y de construcción ven encarecerse fertilizantes y aluminios restándoles competitividad.
El mercado de carbono y las emisiones "compensadas"
Los mecanismos de compensación del carbono se han consolidado en las estrategias institucionales y corporativas, partiendo del Protocolo de Kyoto de 1997 mediante el mecanismo de desarrollo limpio y el artículo 6 del Acuerdo de París de la ONU. Con arreglo al principio de adicionalidad, las reducciones o absorciones de GEI sólo se considerarán válidas si se acreditase que no hubiesen sido posibles de no ser por el incentivo aportado por la venta de créditos de carbono. Por tanto, si el proyecto se iba a hacer de todos modos (por ejemplo, un parque eólico), no existiría un beneficio "adicional" para el clima. Así que se hace referencia a la viabilidad financiera, la voluntariedad de la actividad y en zonas sin amenaza real de deforestación. La sobreacreditación tiene lugar cuando un proyecto se calcula mal y obtiene más créditos de lo que realmente merece. Se suele dar en la protección de bosques y con la tentativa de que los promotores exageren la amenaza de incendios o talas. En cuanto a la verificación, es el proceso de auditoría que consiste en comprobar, mediante procedimientos y entidades independientes conforme al estándar aplicable, que las reducciones o absorciones declaradas cumplen los criterios exigidos. Sin embargo, no está exenta de posibles conflictos de intereses, dado que el desarrollador del proyecto de carbono suele ser quien contrata y paga a la empresa auditora pudiendo relevarla si fuese demasiado estricta. También tiene el inconveniente de que los madereros pueden moverse de parcela a seguir cortando árboles o incluso que un bosque certificado puede quemarse o sufrir plagas de un año a otro, contaminando la atmósfera pero con los créditos ya vendidos y gastados. Un tercer problema es la doble contabilidad en el país y en la empresa. El resultado de todo esto es el greenwashing, de manera que la empresa obtiene un beneficio publicitario real pero para el medio ambiente es nulo o incluso negativo.
Existen investigaciones bastante contundentes. Un estudio publicado en Nature Communications en 2024 analizó los créditos utilizados por 20 grandes empresas entre 2020 y 2023. Encontró que el 87% presentaba un riesgo elevado de no proporcionar reducciones de emisiones reales y adicionales, es decir, de no producir el beneficio climático declarado. Además, el 97% de las compensaciones correspondía a proyectos de evitación (como la deforestación) en lugar de eliminación tecnológica o física de carbono y el 65% de los créditos procedía de proyectos muy antiguos que reducen drásticamente su impacto en la crisis climática. Otro estudio publicado en 2024 en Nature Sustainability por la Universidad de Berkeley de California encontró un problema en un estudio sobre proyectos de cocinas mejoradas en países en desarrollo. Los investigadores descubrieron que emitieron, en promedio, 9,2 veces más créditos de carbono que los que realmente les correspondían según las reducciones reales de emisiones. Por lo tanto, se asistió a un problema de sobreacreditación muy elevado en dicha muestra. Este desfase se habría debido a metodologías defectuosas que pueden subestimar el uso continuado de combustibles y sobrestimar el impacto de la recolección de leña en la degradación forestal. Para corregir estas deficiencias, el marco internacional ha ido evolucionando hacia mayores exigencias de rigor y transparencia para certificar estándares y créditos con alta integridad científica. En la UE se adoptaron diversas Directivas como la del Empoderamiento de consumidores para la transición ecológica (que evita diagnóstico de impacto basado exclusivamente en esquemas de compensación de emisiones) y el Marco de Certificación de la UE para la eliminación de Carbono (que establece criterios estrictos de calidad para certificar absorciones y reducción de emisiones reales garantizando transparencia). Actualmente sigue pendiente de tramitación la Directiva de Alegaciones Ecológicas, que exige que cualquier declaración ambiental se respalde por metodologías científicas rigurosas y verificadas por terceros independientes).
Subsidios contradictorios y burocracia en ayudas públicas
A pesar del discurso pro-renovables, los subsidios a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) siguen aún en cifras enormes por razones de estabilidad económica. El FMI calcula que en 2024 los combustibles fósiles recibieron aproximadamente 725.000 millones de dólares en subsidios explícitos. Esta inyección directa de dinero público, que implica un coste fiscal directo, busca abaratar los precios de suministro para los consumidores, pero representa solo la punta del iceberg de las ayudas totales al sector. De otra parte y diferenciadas, se hallan las subvenciones indirectas que incluyen los costes ambientales y otras externalidades que no están incorporados en los precios y que suponen 6,7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5,8 % del PIB mundial. A menor escala se percibe esto en España. Durante las recientes crisis energéticas, el Gobierno ha recurrido a la bonificación directa de los carburantes (como el famoso descuento de los 20 céntimos por litro) y reducciones fiscales temporales en el gas natural y el diésel profesional para transportistas y agricultores. Todo esto conduce a una tensión entre objetivos climáticos y medidas de emergencia destinadas a proteger a consumidores y empresas. Destaca el que mientras que los Presupuestos Generales invierten millones de euros en la descarbonización, simultáneamente se destina mucho más a abaratar temporalmente el combustible fósil para evitar que la cadena de suministro colapse y se controle el descontento social.

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