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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Elecciones 'Midterm' 2026: los demócratas recuperan el control del Congreso

En el día de ayer 3 de noviembre se celebraron en EEUU las conocidas como Midterm Elections (elecciones de medio mandato). Ante todo, no hay que olvidar que el sistema parlamentario del país del Tío Sam es presidencialista, dado que ni existe primer ministro ni el Presidente es elegido por el poder legislativo. Sin embargo, éste sí puede determinar buena parte de la política gubernamental precisamente desde mediados de la legislatura. Los estadounidenses renuevan toda la Cámara de Representantes cada dos años y el Senado por tercios también cada dos, de manera que cada senador ejerce cargo por 6 años. Así que en estas elecciones se iban a renovar 35 senadores con un suelo inicial de 34 para los demócratas y 33 para los republicanos. Por su parte, la composición vigente de la Cámara desde las elecciones de 2024 (en las que regresó Trump a la Casa Blanca) era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y 2 vacantes por dimisiones en Florida (demócrata) y Texas (republicano). En el senado, 53 republicanos y 45 demócratas, 2 independientes. Las elecciones han dejado un resultado mucho más contundente de lo que inicialmente podía anticiparse, pues los demócratas han conseguido recuperar el control de las dos cámaras del Congreso, así que vamos a analizar todo lo ocurrido en estos comicios que han dejado a Donald Trump ante una segunda mitad de mandato marcada por la oposición parlamentaria.

Antecedentes (I): las elecciones de medio mandato

El resultado de las MidTferm siempre ha solido interpretarse como una evaluación de la gestión presidencial y es lo que les otorga especial interés. Con arreglo a los datos recogidos por el American Presidency Project, entre 1934 y 2022 el partido del Presidente perdió de media 27 escaños en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado. Solo en tres ocasiones aumentó su representación en la Cámara. Ello puede verse en la siguiente tabla, de manera que desde 2006 en adelante siempre ha perdido fuerza en la Cámara de representantes el partido del presidente en el mandato:

Año Presidente Resultado para su partido
1994 Bill Clinton −54 representantes y −8 senadores.
Los republicanos controlaron ambas cámaras.
2006 George W. Bush  −30 representantes y −6 senadores.
2010 Barack Obama −63 representantes y −6 senadores.
2014 Barack Obama −13 representantes y −9 senadores.
2018 Donald Trump −41 representantes y +2 senadores.
2022 Joe Biden −9 representantes y +1 senador.
La excepción más llamativa en estos últimos 30 años fue 2002, cuando los republicanos de George W. Bush subieron 8 diputados y 2 senadores tras los atentados del 11-S. Esos resultados superaron los apenas 4 diputados más de Clinton en 1998. Esto permite explicar que la tendencia histórica, pese a mantenerse en los últimos años, tampoco es una ley electoral invariable: los acontecimientos extraordinarios, la popularidad presidencial, la economía o los candidatos concretos pueden alterar el resultado ya sea para bien o para mal. Sin embargo, Memorias de pez apunta otros factores adicionales como podría ser el efecto movilizador de los descontentos con la gestión del presidente y que contrasta con la relajación de los que la valoran bien.

La particularidad en el caso de 2026 es que Trump afrontaba estas elecciones durante un segundo mandato no consecutivo. Así que resultaba interesante comparar estos resultados con los de su primer examen electoral de mitad de mandato en 2018, así como también con otros presidentes que atravesaron periodos de impopularidad.

Antecedentes (II): primer mandato de Trump. Las Midterm de 2018

Ante todo, existe una diferencia importante entre el escenario de entonces y el actual. En 2018, la economía estadounidense crecía y el desempleo era bajo. Trump podía defender su balance económico, aunque los aranceles a China hubiesen generado fricciones comerciales. En 2026, la cuestión económica se vincula por el contrario a una combinación más amplia y agresiva de aranceles, tensión de precios energéticos y guerra con Irán. Por otra parte, la sanidad y la economía estuvieron entre las prioridades de los votantes, mientras que la inmigración tuvo una importancia especial en la campaña y en la movilización republicana. Las principales polémicas de esos dos primeros años, antes de lo que se avecinaba con el Covid-19 y el espectáculo del Capitolio, fueron las siguientes:

La agresiva política anti-inmigratoria. En mayo de 2018, la Administración Trump aplicó una política de tolerancia cero que condujo a la separación de miles de menores de sus padres en la frontera con México. Las imágenes y las denuncias provocaron una oleada de críticas nacionales e internacionales y Trump acabó firmando una orden para poner fin a ello en junio. Meses después, en las semanas finales de la campaña, Trump convirtió la caravana de migrantes centroamericanos que avanzaba hacia EEUU en uno de los ejes de sus mítines. Ordenó desplegar militares en la frontera y etiquetó la inmigración como una amenaza para la seguridad sin promocionar un modelo alternativo.

La cercanía a Putin y la investigación rusa. En julio, Trump se reunió con Vladimir Putin en Helsinki. Recibió críticas de republicanos y demócratas por no respaldar públicamente las conclusiones de Inteligencia sobre la injerencia rusa en las Elecciones de 2016. Al mismo tiempo, la investigación del fiscal Robert Mueller avanzaba: en agosto, Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, se declaró culpable de varios delitos incluido uno relacionado con la financiación de la campaña, mientras Paul Manafort, exdirector de campaña, fue declarado culpable de delitos financieros. De cualquier manera, tampoco pudo demostrarse una conspiración de Trump con Rusia.

La sanidad y la protección de las enfermedades preexistentes. Los intentos republicanos de derogar o debilitar partes de la reforma sanitaria de Barack Obama (Ley ACA) fueron un tema electoral importante. Los demócratas, en su día, quisieron ampliar la cobertura médica a aquéllos que no tenían seguro mediante subsidios, la expansión de Medicaid y la prohibición de denegar seguros por enfermedades preexistentes. No se alcanzó a ningún consenso sobre un nuevo modelo y también existía cierto temor a las consecuencias sociales. Sin embargo, los demócratas centraron buena parte de su campaña en la defensa del modelo.

Principales controversias de la segunda legislatura de Trump

La economía como frente de desgaste: guerra arancelaria y el coste de la vida. Tras la legislatura de Biden, EEUU llegó a unas cotas muy elevadas de deuda pública e inflación que se percibieron social y mediáticamente relacionadas con los costes de la guerra entre Rusia y Ucrania y especialmente a la colaboración norteamericana con esta última. Trump llegó a su inesperado segundo mandato con la promesa de abaratar la vida de los estadounidenses. Sin embargo, muy pronto apostó por el mantenimiento de una política arancelaria agresiva y señalando especialmente a China, a quien vio como el principal rival de EEUU ya desde su primer mandato. Los aranceles encarecen las importaciones y trasladan buena parte de ese coste a empresas y consumidores internos, aunque su efecto final dependa de los productos afectados, los márgenes empresariales y las respuestas de los países afectados. Los expertos como en el canal VisualEconomik apuntaron esa guerra comercial como una posible estrategia para lograr dos cosas: primero, que el dólar se depreciase y así fuese más competitivo y segundo, forzar a la Reserva Federal (FED) a que bajase los tipos de interés para disminuir el coste de la deuda. Sin embargo, lo que ha terminado favoreciendo Trump es una mayor incertidumbre. Los datos de una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 9 de octubre de 2026 son incontestables: el 78% de los encuestados atribuía al menos parte de la subida de precios a las políticas de Trump, el 64% de los republicanos también señalaba alguna responsabilidad de la Casa Blanca y finalmente el 57% de los republicanos consideraba que los precios crecían más rápido que sus ingresos.

Política exterior bajo presión: La guerra con Irán y el encarecimiento de la energía. El conflicto iniciado en febrero de 2026, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, constituye otro de los asuntos centrales. La guerra ha contribuido a elevar los precios energéticos, con repercusiones en el combustible, el transporte y el coste general de la vida. Trump presentó la operación Furia Épica como una campaña que permitiría alcanzar sus objetivos militares en poco tiempo. Sin embargo, sus sucesivos anuncios sobre la proximidad del final del conflicto contrastaron con la persistencia de las hostilidades y alimentaron la incertidumbre sobre su duración. 

Así, el 1 de abril afirmó desde la Casa Blanca que la guerra terminaría en un plazo máximo de dos o tres semanas al tiempo que aseguraba que los objetivos militares estaban cerca de cumplirse. El 1 de mayo comunicó al Congreso en la que anunciaba el "fin de las hostilidades" argumentando que no se habían producido intercambios de fuego entre las fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril. La declaración tenía, además, una dimensión jurídica: permitía a la Administración defender que no necesitaba solicitar una nueva autorización del Congreso para continuar las operaciones. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses seguían presentes en la región y persistían las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. El 12 de junio declaró en un mitin telefónico para Georgia que "no sé si se enteraron, pero hoy pusimos fin a la guerra con Irán" tras alcanzar un memorando programado para el 19 de junio. Con la misma facilidad que puede salir una risa floja ante tamaño comentario, el alto el fuego terminó quebrándose semanas después en julio. El 9 de septiembre pronosticó que el conflicto concluiría de forma inmediata justo después de las Midterm Elections. En octubre ya entró en barrena comunicativa reiterando a primeros que no habría más ataques por "conversaciones productivas", a mediados que el fin de la guerra ocurriría ya fuera "por las buenas o por las malas" y a finales que la resolución se pospondría "para un par de semanas". 

Estas idas y venidas desprovistas de la misma seriedad y responsabilidad que un "a ver si nos vemos un día" no pudieron ocultar la realidad: tras diversas treguas y negociaciones, se había llegado a noviembre sin la crisis resuelta y con el estrecho de Ormuz parcialmente cerrado. Además, por si fuera poco, la situación en Oriente Medio se ha recrudecido con los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí. El desgaste político también se reflejaba en la opinión pública. Según una encuesta de AP-NORC publicada el 1 de octubre, el 69% de los estadounidenses consideraba que no había merecido la pena librar la guerra, mientras que el 71% desaprobaba la gestión de Trump sobre Irán. Solo el 28% aprobaba su actuación en este asunto. 

El acuerdo energético con Rusia. En octubre, a pocas semanas de las elecciones, Trump anunció un acuerdo con Putin para reanudar las exportaciones de diésel ruso a EEUU. Ahora bien, el primer cargamento identificado debía llegar a Nueva York el 7 de noviembre, después de las elecciones. Este movimiento pudo deberse a un intento de relajar a los mercados e intentar abaratar el coste del petróleo máxime cuando se complicaba la situación en Oriente Medio. Pocos días después, Trump anunció la suspensión del paquete de sanciones contra Rusia que se llevaba tramitando desde finales de verano y debía de ratificarse en noviembre en la Cámara de representantes. Todo esto, obviamente terminó siendo celebrado por Putin. Pero la contradicción política es evidente: después de mantener la presión económica sobre Rusia por la invasión de Ucrania, la Administración Trump flexibiliza restricciones energéticas para intentar aliviar los precios internos y esconder el fracaso rotundo de su incursión contra Irán. A esto se le une que no parece que a corto plazo vaya a generar beneficio tangible para EEUU, como tampoco tendría visos de alivio importante para Rusia. Así que en este caso, a la luz de muchos espectadores, la sensación es que prima más un lavado de imagen de dos auténticos autócratas.

Popularidad de Trump e intención de voto al partido republicano

El promedio de encuestas de octubre arroja una aprobación de 38,3% de la gestión de Donald Trump y una desaprobación del 60,3%, con un saldo neto de -22. Esto se traduce en un promedio de intención de voto de 51,1% favorable a los demócratas frente a un 42,8% de los republicanos, es decir, una ventaja de 8,3 puntos. En cuanto a la movilización electoral, Pew Research Center publicó un estudio que aporta una dimensión importante. El 44% de los votantes registrados afirmaba que votaría principalmente contra Trump, frente al 19 % que decía hacerlo a favor de él. Por intención de voto, los simpatizantes demócratas declaraban una motivación especialmente elevada para participar y hasta el 84% consideraba la economía como un elemento central con preocupación por la inflación y el coste de la energía. Por otra parte, hay datos de participación anticipada que merecen seguimiento. Associated Press informó de que ya se habían emitido más de 13 millones de votos anticipados o por correo, frente a unos 9 millones en el mismo punto de 2022. Ahora bien, el aumento no demuestra por sí solo una ventaja para ningún partido, pero es una circunstancia que puede insinuar que la subida de participación puede ser considerable.

La comparación con el primer mandato de Trump permite plantear una diferencia relevante. En octubre de 2018, el presidente llegaba a las elecciones con una valoración negativa, pero el saldo de aprobación era menos desfavorable que el que registran ahora varios agregadores. En 2026, como ya hemos dicho, la guerra con Irán, el encarecimiento de la energía y las relaciones con Rusia han añadido una dimensión económica y exterior muy marcada. El problema para la Casa Blanca no era únicamente el coste militar o el encarecimiento de la energía, sino también la enorme distancia entre las expectativas que había generado sobre una operación breve y la prolongación de un conflicto sin una salida perceptible para la opinión pública. Así que, en definitiva, esta campaña ya ha estado marcada por una valoración muy desfavorable de Donald Trump y una ventaja demócrata en la intención de voto nacional para el Congreso.

Resultados electorales: una derrota republicana de alcance histórico

Con el recuento todavía pendiente de concluir en este 4 de noviembre, los demócratas cuentan con 54 senadores frente a 44 republicanos, restando sólo dos escaños por adjudicar. De los 35 puestos senatoriales que se renovaban, los demócratas han ganado 20 y los republicanos 13. En la Cámara de Representantes, el balance provisional es de 228 escaños demócratas frente a 139 republicanos, con otros 68 todavía pendientes de asignación. Aunque estas cifras aún pueden variar, las mayorías demócratas en ambas cámaras ya están aseguradas.

Los resultados más llamativos se han producido en Texas (tradicional bastión republicano) y en Carolina del Sur. En Texas, el demócrata James Talarico ha derrotado a Ken Paxton en la carrera al Senado, poniendo fin a casi cuatro décadas sin una victoria demócrata en unas elecciones senatoriales allí. Pero el vuelco no se ha limitado a esa contienda. Gina Hinojosa también ha derrotado al gobernador republicano Greg Abbott. Se trata de un resultado especialmente significativo en un estado que Trump había ganado con claridad en las presidenciales de 2024. Y en Carolina del Sur Annie Andrews ha derrotado a Darline Graham en otra victoria histórica para el partido que llevaba décadas sin conseguir un escaño senatorial en dicho estado. A ello se suman la recuperación del escaño de Ohio por Sherrod Brown, la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte y el resultado histórico de Kansas, donde los demócratas han vuelto a conseguir un senador por primera vez desde la Gran Depresión.

La reacción de Trump tampoco estuvo exenta de contradicciones. Por una parte, afirmó que acepta los resultados. Por otra, durante la campaña había pedido reiteradamente a los estadounidenses (como en Texas) que votaran como si su nombre apareciera en las papeletas, convirtiendo las elecciones en una especie de plebiscito sobre su presidencia. Sin embargo, tras la derrota republicana, recurrió precisamente al argumento contrario: «Yo no estaba en la papeleta y, de haberlo estado, ¡habríamos arrasado!», escribió en Truth Social. A la vista de los resultados, está claro que los ciudadanos estadounidenses se tomaron al pie de la letra su mensaje de campaña.

Consecuencias

La nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puede bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump, aunque el presidente conserve su poder de veto (sólo rebatible por dos tercios de dicha Cámara) y amplias competencias ejecutivas siempre sujetas a los límites legales y al control judicial. Las negociaciones presupuestarias también serán mucho más difíciles, ya que los demócratas podrán condicionar el gasto, oponerse a determinadas partidas y recurrir a la financiación federal como instrumento de presión. Esto abre la puerta a enfrentamientos políticos y al riesgo de bloqueos presupuestarios que podrían tener consecuencias sobre el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos. 

Además, la mayoría demócrata controlará las comisiones pudiendo convocar comparecencias, solicitar documentación y abrir investigaciones sobre decisiones de la Administración, posibles conflictos de intereses o actuaciones de sus responsables. Las citaciones y requerimientos de información pueden, a su vez, provocar enfrentamientos jurídicos si la Casa Blanca se niega a colaborar o invoca determinados privilegios para no entregar documentos.

De manera más específica, la presión demócrata podría afectar a cinco frentes relevantes de la Administración Trump: la guerra con Irán (condicionando su financiación, exigiendo autorizaciones legislativas y reforzando investigaciones y control político); Ucrania y Rusia (revisando ayuda militar, sanciones y acuerdos energéticos); Israel (revisando o condicionando la ayuda militar cuya retirada progresiva anunció Trump precisamente el día de las elecciones); inmigración (limitando la financiación y fiscalizando operaciones de deportación) y economía y aranceles (reforzando el control presupuestario e intentando limitar algunas de las facultades delegadas al presidente).

En cuanto al Senado, los demócratas podrán bloquear o condicionar numerosos nombramientos presidenciales que requieren su consentimiento, tanto en la Administración como en la Justicia. Esto estrechará el margen de Trump para renovar equipos, cubrir vacantes estratégicas y configurar a largo plazo determinadas instituciones federales.

En el escenario más extremo, la Cámara de Representantes podría aprobar, por mayoría simple, artículos de acusación política (impeachment) contra el presidente. El procedimiento pasaría entonces al Senado, que celebraría el juicio y necesitaría el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes para condenarlo y destituirlo. No estamos, por tanto, ante una moción de censura como la que conocemos en España: el presidente no es sustituido por una nueva mayoría parlamentaria, sino que se somete a un procedimiento constitucional específico de acusación y eventual destitución.

En la memoria de muchos está el caso de Bill Clinton, sometido a este procedimiento entre 1998 y 1999 tras las investigaciones sobre su relación con Monica Lewinsky y las declaraciones que realizó bajo juramento. La Cámara aprobó dos artículos de acusación, por perjurio y obstrucción a la justicia, pero el Senado terminó absolviéndolo en febrero de 1999. La votación quedó lejos de los dos tercios necesarios: 55 senadores votaron por la absolución en el cargo de perjurio y el resultado fue de empate, 50 a 50, en el de obstrucción a la justicia. La división entre los propios republicanos impidió que prosperase la condena. Al menos, todo aquel episodio nos dejó un cómic de Mortadelo y Filemón: ¡Impeachment!, publicado en el número 150 de la colección Olé.

Donald Trump, por su parte, ya conoce de sobra este procedimiento. En 2019 fue sometido a un primer impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso, a raíz de sus presiones sobre Ucrania. En 2021 llegó el segundo, por incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. En ambos casos la Cámara aprobó los artículos de acusación, pero el Senado no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo. En el segundo proceso, además, el juicio se celebró después de que Trump hubiera abandonado la presidencia. Por tanto, una eventual tercera acusación política no supondría automáticamente su destitución. Sí podría convertirse en un nuevo foco de confrontación institucional y desgaste político, aunque sus consecuencias dependerían de las pruebas aportadas, los eventuales apoyos parlamentarios de algunos senadores republicanos y la estrategia que finalmente adoptasen los demócratas.

En definitiva, los resultados de estas elecciones pueden convertir los dos últimos años de Trump en una etapa especialmente complicada. La nueva mayoría demócrata no podrá sustituirlo en la Casa Blanca ni anular por sí sola sus competencias ejecutivas, pero sí limitar considerablemente su margen de maniobra. A los demócratas les basta con conseguir que mantener su agenda le resulte a Trump mucho más difícil, costoso y políticamente incómodo. 

lunes, 27 de julio de 2026

Giro a la derecha en Latinoamérica: el nuevo mapa político

El pasado mes analicé la crisis de liderazgo en varios países de la Unión Europea. Hoy toca hablar de varios cambios de gobierno en Centroamérica y Sudamérica (América Latina) y me centraré en los cinco que celebraron elecciones en 2025 y 2026: Bolivia, Chile, Honduras, Perú y Colombia. Dejo fuera a El Salvador (2019) y Argentina (2023) que se alejan del marco temporal más reciente aparte de que tampoco quiero extender demasiado el artículo (que ya de por sí suelen ser bastante largos). Tampoco hablaré de Costa Rica o Ecuador de 2025 que lo que han hecho ha sido mejorar resultados pero se sigue manteniendo el centro derecha. Lo que une a todos de los que hablaré hoy en el aspecto más formal es que se ha producido una alternancia de la izquierda populista a la derecha también populista o bien moderada, de manera que el mapa "rojo" se está pintando de azul a la espera de lo que suceda en Brasil en las elecciones de octubre de 2026. En principio, a día de hoy no existen perspectivas de que haya otro vuelco, por lo que me centraré en los países seleccionados y hasta qué punto han seguido la estela de El Salvador y Argentina.

Bolivia

Durante muchos años Bolivia ha sido un país económicamente estable gracias a sus exportaciones de gas. Sin embargo, en la era post-Covid, comenzaron a surgir problemas muy visibles como la escasez de reservas internacionales en dólares, dificultades para importar combustible y una desaceleración del crecimiento. Además, pese a que Movimiento al Socialismo llevaba gobernando casi dos décadas, existían dos grandes bloques enfrentados liderados por el vigente presidente Luis Arce y el histórico Evo Morales y que terminaron cargándose el partido. Conflictos internos, acusaciones cruzadas y una sensación de pérdida de rumbo acentuaron junto con la crisis económica el desgaste de gobierno y muchos bolivianos entendieron que el ciclo estaba agotado. Morales acabó inhabilitado porque era inconstitucional volver a presentarse al margen de sus escándalos tramitados en vías judiciales y Arce optó por no presentarse dado el deterioro de su popularidad.

Las elecciones generales de 2025 estrenaron un sistema de dos vueltas en el país con comicios celebrados en agosto y octubre. Se alzó con la victoria el demócrata cristiano Rodrigo Paz al imponerse con un 54,5% de los votos frente al conservador Jorge Quiroga. Sí, no se clasificó ningún candidato de izquierda en la primera vuelta con un batacazo espectacular de MAS que perdió sus 21 senadores y casi todos los diputados quedando en 2 de los 73 con que partía. La izquierda se fue en masa a Samuel Doria de Unidad, si bien quedó muy lejos de los candidatos más votados con un 19,69%. Eso sí, llamó la atención que existió más de un millón de votos nulos, lo que interpretó Evo Morales (y pienso que no debió estar mal encaminado) que pudo ser debido a una campaña de protesta por su exclusión. Por consiguiente, la izquierda en Bolivia está más dividida que nunca.

Con posterioridad a las elecciones, Paz ha chocado de bruces con protestas masivas y bloqueos de carreteras durante semanas que acentúan escasez de alimentos. El detonante inmediato fue la retirada parcial de subvenciones a los combustibles a través de su programa de ajuste y a ello se une que Evo Morales sigue siendo un actor político con gran capacidad de movilización.

Chile: desconfianza de las instituciones e inseguridad

Chile ha estado gobernado por una coalición de izquierdas liderada por el presidente Gabriel Boric (2022-2026). Entre sus logros sociales destacó la aprobación de las jornadas laborales de 40 horas y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, atravesó un panorama de crisis en importantes pilares. En lo económico, pese a la reducción de la pobreza se experimentó un bajo crecimiento promedio situándose en un 1,5%, agravado por el incremento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Políticamente tuvo dos fracasos sonados. El primero fue el proyecto de nueva Constitución de 2022 que marcó su legislatura. Fue rechazado por el 62% de los chilenos en el plebiscito de salida. Meses después, en mayo de 2023, la oposición liderada por Kast arrasó en las elecciones del nuevo Consejo Constitucional, aunque el nuevo texto también se rechazaría. El otro fracaso fue la ambiciosa reforma tributaria por la que se pretendía subir los impuestos al patrimonio y que fue rechazada por el Congreso al disponer la oposición de mayoría, forzando a que las modificaciones fuesen más moderadas. Además, se asistió a una crisis de seguridad ciudadana combinada con altas tensiones migratorias en la frontera norte y aumentando el narcotráfico a través de los puertos con Perú y Bolivia, tráfico ilegal de armas, redes de trata de personas y homicidios. Ante esto, promulgó medidas como la Ley Nain-Retamal, otorgando legítima defensa privilegiada a los carabineros o el plan Calle sin violencia. Todos estos factores acumulados destruyeron la confianza y la credibilidad en Boric prácticamente desde los inicios de su mandato. En consecuencia, no revalidó su candidatura.

Las recientes elecciones presidenciales en Chile se celebraron entre noviembre y diciembre de 2025 en dos vueltas, accediendo de nuevo José Antonio Kast y Jeannette Jara, militante del partido Comunista y candidata del oficialismo chileno en ese momento. Los resultados fueron incontestables, con un arrollador triunfo de la derecha conservadora por un 58,16% de los votos frente a Jeannete Jara que alcanzó un 41,84%. Además, de forma conjunta con la primera vuelta se había renovado la Cámara legislativa y la mitad del Senado, consolidando el poder de la derecha pero sin lograr mayorías. José Antonio Kast ha capitalizado el descontento centrando su campaña en dos frentes. Por una parte, en economía apoyando la apertura y el desarrollo de energías renovables para fortalecer la matriz productiva del país. Por otra parte, en materia de delincuencia, inmigración y orden, prometiendo expulsión de inmigrantes irregulares, cierre de fronteras y lucha contra el crimen organizado que controlaba los pasos ilegales del norte. La situación había sido tan caótica que buena parte del electorado progresista habría virado hacia las promesas de cambio sin que importase que el candidato fuese un histórico pinochetista y defensor del dictador de Chile entre 1973-1990.

Honduras: crisis económica y corrupción

Xiomara Castro, tras su victoria en 2021, prometió romper con gobiernos anteriores asociados con corrupción y desgaste institucional. En materia de seguridad, pretendió recuperar el control territorial frente a las pandillas, reducir la extorsión y combatir el crimen organizado. A tal respecto, implementó medidas como un Estado de excepción inspirado parcialmente en el modelo Bukele. Sin embargo las reformas estructurales prometidas avanzaron lentamente y persistió la sensación de inseguridad entre parte de la población. En el ámbito económico, algunos datos mostraron mejoras relativas en empleo y reducción de pobreza respecto a años anteriores, pero prosiguieron problemas como bajos ingresos, desigualdad y dificultades percibidas por muchos hogares. Esa brecha entre ciertos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos (microeconomía) generó un espacio favorable para el discurso opositor tal y como pasó en Argentina en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Además, Honduras ha mantenido importantes flujos migratorios asociados a pobreza, violencia, escasas oportunidades económicas y desplazamiento internos.

Castro presentó a la ONU un borrador de acuerdo para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Una comisión de expertos ya había visitado Honduras en varias ocasiones para prestar asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades de anticorrupción. Identificaron varias leyes que obstaculizaban las investigaciones sobre corrupción y el Congreso derogó algunas de ellas, pero una ley que prohíbe las sanciones contra los legisladores por acciones realizadas "en el ejercicio de sus funciones" seguía aún vigente. Poco antes de la dimisión de su cuñado Carlos Celaya por un escándalo de reunión con narcotraficantes en 2013 y de su hijo José Manuel que era ministro de Defensa, Castro anuló un tratado con Estados Unidos que permitía la extradición de ciudadanos hondureños acusados ​​de narcotráfico. Eso afectaba al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por un tribunal federal estadounidense en marzo. Por tanto, el castrismo hondureño se autoenmendó a la totalidad de su promesas clave.

Los comicios del 30 de noviembre de 2025 arrojaron una ajustada victoria en porcentaje del conservador Nasry Asfura frente al liberal Salvador Nasralla (si bien con 49 diputados frente a 41) mientras que Rixi Moncada, candidata oficialista, quedó en 35. El proceso estuvo rodeado de acusaciones de irregularidades como retrasos en el conteo y disputas entre actores políticos, reforzando la percepción de fragilidad institucional y desconfianza hacia el sistema político. La ONG Transparencia electoral estableció en su informe varias recomendaciones de tipo logístico como garantizar plazos en la contratación de proveedores tecnológicos con experiencia, implementar arquitecturas de conectividad, establecer calendarios de pruebas y consolidar protocolos que protegiesen decisiones técnicas de presiones partidarias. También propuso proporcionar una segunda vuelta y modificar el método de nombramiento de las autoridades implicadas para despolitizarlas.

Perú: economía estable y gestión política de escándalo

En Perú se asiste a la contradicción de una situación económica favorable que convive con una situación política absolutamente demencial, con unos líderes aferrados a la corrupción en una palmaria inestabilidad gubernamental. La economía se ha mantenido fuerte gracias a la Constitución de 1993, que entre otras cosas separa al Banco Central del Gobierno de forma que éste no puede solicitarle préstamos ni financiación. Eso favorece que el Sol peruano no se deprecie vía inflación ni impresión artificial de billetes y es recurrido como moneda reserva en países de Sudamérica como Brasil o Bolivia. Y, a pesar de que la deuda pública sea aproximadamente un tercio del PIB, la inversión extranjera (por ejemplo China) y las altas reservas internacionales mantienen la economía del país. Su único problema es la falta de inversiones internas en infraestructuras, pero eso ya es culpa de sus propios políticos. Ojo a lo que se viene a continuación.

Pedro Castillo llegó a designar a más de 70 ministros en cinco gabinetes distintos en menos de un año y medio, perjudicando seriamente a la gestión pública. Fracasó en proyectos como una nueva Constitución que fue rechazada por el parlamento y una ambiciosa reforma agraria que tuvo escasa implementación y fue acusado de corrupción por presuntas obras amañadas y favoritismos en las Fuerzas Armadas. El culmen fue el 7 de diciembre de 2022 en el que cometió un autogolpe, fue destituido por "incapacidad moral" y seguidamente arrestado y condenado. ¿Su excusa? que padecía amnesia y no se acordaba ni de lo que leyó. Le sustituyó Dina Boluarte durante casi 3 años (hasta octubre de 2025) y fue cesada del mismo modo que su antecesor. Hasta ese momento, duplicó el salario de los ministros, amnistió a militares y policías por violaciones de Derechos Humanos a finales del siglo XX, habría facilitado la fuga de su hermano y otros acusados por la Justicia, fue acusada de corrupción al descubrir una colección de joyas y relojes caros no declarados y el crimen organizado estaba más desatado que nunca. El siguiente fue José Jerí que en sólo cuatro meses aumentó la despoblación ciudadana, se incrementaron los homicidios y salieron a la luz contrataciones irregulares y presunto fraude fiscal siendo destituido en febrero de 2026. El último antes de las elecciones sería José María Balcázar que llegó a posicionarse a favor del matrimonio infantil. En fin, suficiente.

En las elecciones celebradas a dos vueltas en abril y junio de este año 2026, la contienda principal fue entre Keiko Fujimori, hija del polémico (para no variar) ex Presidente Alberto y Roberto Sánchez, la coalición de izquierdas. A pesar del espectáculo dado por políticos de ese espectro, la formación alternativa era otra distinta a Perú Libre, que es la que acogió a los cuatro anteriores. Sin embargo, esta nueva coalición prometía amnistiar a Castillo. Tras los comicios de segunda vuelta celebrados el 7 de junio, necesitaron varias semanas para contar todos los votos y designar a Keiko como la ganadora por poco más de 40.000 votos de diferencia, si bien en realidad es un margen ajustado muy típico en esta democracia peruana. Lo más sorprendente fue la anulación de... ¿más de un millón de votos? Según los expertos de allí, el motivo no es sino la tremenda desafección que muchos peruanos sienten hacia la política y sus gobernantes. Y conociendo su trayectoria, no es para menos. Por lo tanto, el cambio gubernamental no puede asociarse a una creencia firme en un proyecto alternativo.

Colombia: macrodeuda, violencia y corrupción

El ejecutivo de Gustavo Petro en Colombia, en la recta final de su mandato (2022-2026), se vió fuertemente sacudido por un incremento generalizado de la criminalidad, escándalos de corrupción y crisis económica. Primero, se asistió a la pérdida del control de la seguridad con la expansión de grupos armados ilegales y aumentando delitos como la extorsión, el secuestro, terrorismo y reclutamiento de menores. Segundo, se denunciaron desfalcos como la adquisición de carrotanques de agua con sobrecostes y pago de comisiones, financiación ilegal de la campaña de Petro de 2022 al exceder los límites legales e incluso se terminó procesando a su hijo Nicolás por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo. Tercero, el país arrastraba una inflación alta (cerró 2025 por encima del 5% y se proyecta en 6,4% para finales de 2026), lo que obligó al Banco Central a subir los tipos de interés al 11,25%, encareciendo el crédito y con un déficit público rondando el 7% del PIB.

Las elecciones estuvieron marcadas por un ambiente de alta violencia: casi 500 amenazas de muerte, colaboradores asesinados, un coche bomba en la Panamericana y el recuerdo del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Abelardo de la Espriella, conocido como "el tigre", resultó electo presidente de Colombia con un estrecho margen: el 49,65% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda y con una subida de participación del 5%. Ello responde a que el país se encuentra completamente polarizado entre una derecha que exige mano dura y una izquierda que rechaza los recortes económicos. El candidato derrotado y bendecido por Petro, Iván Cepeda, inicialmente, no reconoció los resultados y anunció la impugnación de 33.000 mesas de votación. Sin embargo, era muy poco probable que siguiese adelante porque recurrir mesas no sale gratis en Colombia y no sólo había que abonar una fuerte suma de dinero sino acreditar su pago dentro de unos plazos. Por ello terminó aceptándolos.

El nuevo presidente planea una revolución económica con un plan de ajuste fiscal que busca un crecimiento superior al 5% mediante la reducción del tamaño del Estado en un 40% (fusión de agencias y eliminación de gasto), desregulación y reducción de la carga tributaria y reactivar la producción de petróleo y gas (revirtiendo las políticas de Petro). Sin embargo, no todo es liberalización porque planea reducir exenciones y bonificaciones para generar más ingresos. En materia de seguridad pretende perseguir sin tregua a criminales y guerrillas mediante el uso de la fuerza bombardeando campamentos terroristas, retomando la fumigación aérea para destruir los cultivos de coca, construyendo 10 megacárceles privadas vigiladas por veteranos y reservistas, etc... Es decir un programa que recuerda mucho a una mezcla entre Javier Milei y Nayim Bukele. Aunque tiene un pasado muy curioso, en el que fue abogado de controvertidos clientes como Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Conclusiones

Los casos estudiados de reciente cambio político en América Latina tienen en común que vienen de una pésima gestión política de los gobiernos de izquierdas precedentes, unas perniciosas políticas intervencionistas de la economía, un cuestionable compromiso democrático en sus filas y una importante desconexión con el pueblo.

En el caso de Chile, adoptó medidas impopulares como una gestión de la inseguridad más propia de gobiernos conservadores y relegó sus proyectos estrella a una ciudadanía y a un Congreso sin contar con la confianza de la mayoría. Además, ya se hallaba minada por el empeoramiento de la situación económica.

Honduras y Perú coinciden en un escenario macroeconómico favorable pero también en importantes niveles de corrupción que erosionaron el bienestar a nivel microeconómico y la confianza institucional. La principal diferencia es que mientras que el primero estudió hacer algunas reformas hasta que vio que podían perjudicar a los suyos, en el segundo los políticos se han dedicado a usar el Estado para sus intereses de la manera más desacomplejada, provocando una terrible inestabilidad institucional y disparando la desafección ciudadana.

Perú y Bolivia registraron más de un millón de votos nulos pero por motivos supuestamente muy distintos. Mientras que en la primera se alude a una profunda desconfianza en las instituciones, en el segundo existe una importante masa de protesta que sólo asume como legítimo un sistema comandado por Evo Morales. Por lo tanto, la cultura democrática de los ciudadanos es opuesta en estos países.

En cuanto a Colombia, un país donde la violencia y la inseguridad son un problema desde hace varias décadas, no sólo volvió a superar al gobierno saliente sino que se vio envuelto en casos de corrupción mientras que se dedicaba a disparar el gasto público y con ello la inflación y la deuda.

De esta forma, lo que se percibe mayoritariamente no es tanto una confianza en el cambio político como una respuesta de castigo ante años de gestión política desnortada, corrupción, inseguridad y crisis económica de las familias. Años de decepción y frustración favorecen el movimiento "pendulazo" de populismos radicales de izquierda a otros conservadores (Kast, Fujimori y Asfura) o liberales (De la Espriella y Paz). Pero tampoco podría obviarse el posible efecto influenciador de líderes del continente como Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. El primero con un discurso agresivo pero de cambio radical ante la ruina económica total peronista y el segundo de lucha contra la elevada inseguridad ciudadana. Incluso podría haber el de Donald Trump, pues una parte de los electores podría entender que una mejor sintonía con la Administración de EEUU podría representar una ventana de oportunidad en el plano económico. No obstante, Bolivia sería la particularidad, pues responde más a un efecto secundario de la enorme polarización que ha conllevado que la izquierda populista se concentre en torno al personalismo representado en la figura de Evo Morales y la moderada (que prefiere renovar las caras) apostase por Samuel Doria. Pese a que los resultados de la segunda vuelta reforzaron a Paz, la realidad es que las calles están tomadas por la izquierda radical.

El experto en geopolítica Enrique Fonseca nos comenta en su canal que existen varios factores que explican el dominio de la derecha en Latinoamérica ya sean cambios políticos o manteniéndose. En general, en estas regiones las alternancias dependen mucho de la gestión económica. Si existe crisis, quitan al que está y viene otro. Si todo va bien, lo mantienen. Es por eso que si los nuevos mandatarios no cumplen con sus promesas, los ciudadanos volverán a pasarle el testigo a la izquierda. Y más específico, los outsiders (De La Espriella) están ganando el relato gracias a un discurso anti vieja política que ha calado en redes sociales y con un estilo de comunicación que, pese a ser populista, es mucho más atractivo que el aburrido tradicional.

martes, 28 de octubre de 2025

Elecciones legislativas de Argentina 2025: Avanza la libertad

El pasado domingo, se celebraron en Argentina las elecciones legislativas por las que se renovaban la mitad del Congreso y un tercio del Senado. Estos comicios eran más importantes si cabe que las siguientes presidenciales que tengan lugar en 2027 debido a que la estabilidad y continuidad del gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza (LLA) dependían mucho de lo que pudiera suceder. La reciente derrota de los comicios regionales en Buenos Aires, que deparó una dura derrota contra la marca peronista Fuerza Patria, junto a los desgastes producidos por una situación económica que a nivel micro no termina de percibir mejora, las sospechas de corrupción en el entorno de la hermana de Milei, ciertas desaveniencias en LLA y la metedura de pata de la promoción de la criptomoneda creada por unos estafadores dibujaban un entorno incierto. Esto fue amplificado por un escenario macroeconómico en que la bolsa argentina se hundía por la expectativa de que los peronistas volviesen al poder. Sin embargo, por fortuna para Argentina los electores han propiciado una victoria incontestable de LLA con un 40,9% de forma que ha pasado de 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores. 

Antecedentes e inicios de LLA

Durante el gobierno de la izquierda peronista, especialmente en la etapa del procesado por corrupción y por maltrato a su mujer Alberto Fernández de Kirchner (2019-2023), el gasto público aumentó enormemente y ello ocasionó que se disparase el déficit, teniendo que acudir al endeudamiento. Sin embargo, llegó a un punto en que la confianza de los mercados cayó en picado y ante el riesgo de default (incapacidad para pagar la deuda) tomaron la pésima decisión de aumentar la oferta de dinero para financiar ese endeudamiento. Es decir, activaron la máquina de imprimir billetes como si no hubiese un mañana. La consecuencia de esa nefasta política monetaria fue la fuerte devaluación del peso argentino porque ese exceso de oferta no podía ser asumido por una demanda contraída y que, ante la subsiguiente hiperinflación, prefirió deshacerse de sus pesos y comprar dólares. Encima de todo, el gobierno argentino de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) impuso un cepo cambiario de forma que limitaba la compra de dólares por pesos para no quedarse sin reservas al mismo tiempo que un tipo de cambio oficial por debajo del de mercado. 

Cuando llegó Milei en 2023 prometió varias cosas. Lo primero de todo era revertir la situación económica a un superávit presupuestario que permitiese recuperar la confianza de los mercados, que había sido el peor legado peronista. Para ello, era preciso reducir el gasto público y sus primeros instrumentos fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que permitía derogar muchísimas regulaciones que ocasionaban gastos indirectos como la Ley de Alquileres o la Ley de abastecimiento (que establecía control de precios y sanciones a empresas), se modificaron convenios laborales y condiciones de contratación, se privatizaron empresas estatales, se anunció la no renovación de 7.000 contratos laborales de empleados públicos y se autorizó el uso libre de divisas en contratos privados. El Senado, donde era mayoría la oposición, tumbó el Decreto pero el Congreso fue capaz de mantenerlo en buna parte. En cuanto al proyecto de Ley Omnibus permitía avanzar mucho más en términos de desregulaciones del mercado energético, agropecuario y minero, reducía el gasto público eliminando subvenciones y organismos públicos y establecía delegaciones legislativas en favor del Presidente. El modelo original fue rechazado en las cámaras en febrero de 2024 pero en mayo se pudo aprobar una versión recortada. En esta tesitura, estaba claro que Milei necesitaba unas Cortes Legislativas con mayor fuerza de su partido.

Superávit fiscal y licuación de deuda

La mayor obsesión de Milei desde el inicio y que paradójicamente se ha aparcado por el momento es la dolarización de la economía, que permitiría cerrar el BCA y evitar que regresen políticas monetarias inflacionistas. Sin embargo, se trataría de un proceso gradual cuyos pasos en realidad no se han frenado. Serían necesarios un ajuste fiscal y control del déficit, reducir la inflación, limpiar de pasivos el BCA, financiar a largo plazo pesos que se conviertan en dólares y acumular reservas mientras aumenta la confianza de ciudadanos, bancos y empresas de dentro y fuera de Argentina. Los datos arrojan que en menos de dos años las reservas en dólares se han duplicado alcanzando los 8.000 millones a fecha de hoy.

Con esa política, Milei ha conseguido importantes logros en estos casi dos años a nivel macroeconómico. En primer lugar, logró iniciar una senda de superávit fiscal puesto que Argentina cerró 2024 con un superávit primario del 1,8% y un superávit financiero del 0,3%. Es algo que no sucedía desde 2010 y fue posible gracias a un ajuste estructural del 4,7% del PIB, puesto que el déficit fiscal de 2023 fue de 4,4%. Este déficit cero era imprescindible para poder controlar la inflación y además sin emitir moneda, que fue la receta del desastre con el que ahora hay que lidiar. Pero sobre todo ha permitido ir pagando la deuda.

Además, para favorecer la licuación de deuda en un contexto de mayor optimismo (clásica luna de miel de los cambios de gobierno) suprimió las Leliqs, que eran unos pasivos remunerados por el Banco Central Argentino (BCA) pagaderos en 28 días y con unos tipos brutales del 133% y se sustituyeron por los pases financieros, si bien se redujo la tasa de interés del 126% al 100% financiando directamente al Tesoro Público Argentino (TPA) en lugar de al BCA. Al mismo tiempo, los argentinos podían invertir en bonos o letras del TPA a largo plazo inmovilizando pesos entre uno y tres años para al término recibir la cantidad en dólares.

Milei consiguió también nuevos para refinanciar la deuda externa como la prórroga del swap con China para aliviar la presión sobre las reservas. El más importante fue el reciente rescate de más de 17.000 millones de dólares firmado con el presidente de EEUU Donald Trump. No es casualidad el momento, puesto que fue posterior a la derrota electoral de Buenos Aires, coetáneo al fuerte descenso de la bolsa argentina y previo a los cruciales comicios legislativos. Afortunadamente, a ambas partes les ha salido bien la jugada, pues los resultados del 26 de octubre y a los que estaba supeditada la efectividad del rescate han sido inmejorables. A la oposición le sirvió para acusar a Milei de vender Argentina a Donald Trump, pero los ciudadanos parecen haberlo percibido como una oportunidad y mayor confianza en el futuro. Eso entronca con la mayor confianza de los mercados y la inversión extranjera, de manera que se ha reducido el riesgo país de forma considerable. Es decir, la probabilidad percibida de que un Estado no pague sus intereses a los acreedores.

Reducción de la inflación, política cambiaria y crecimiento económico

Estas reformas y acuerdos han permitido reducir la inflación a niveles inferiores de los últimos cinco años. Por desgracia, esa mejora objetiva a nivel agregado de la inflación no termina de percibirse aún en la esfera microeconómica. Aún así, ello no quiere decir que haya aumentado la pobreza en Argentina sino todo lo contrario. Así, en el primer semestre de este 2025 se ubicó en el 31,6% que, si bien aparentemente es una cifra que se antoja muy elevada, representa en realidad la menor desde 2018 según datos del INDEC. De hecho, el descenso interanual ha sido brutal al ser de 21,3%.

En abril de este año fue cuando Milei anunció el levantamiento del cepo cambiario. No llegó hasta un momento en que el mandatario entendía que el proceso citado había llegado al punto adecuado y que existía suficiente confianza en el peso como para no deshacerse de toda la moneda y al mismo tiempo aumentar la circulación de dólares. Sin duda una decisión compleja y que tenía muchos efectos colaterales. Pero no vino sola, puesto que en el mismo mes vinieron otras dos. Primero, se acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por valor de 20.000 millones de dólares y segundo se modificó el sistema de bandas cambiarias del BCA y se estableció un rango de 1.000 a 4.000 dólares, de forma que el peso fluctuaría libremente según la oferta y la demanda. En caso de que se acercase al límite inferior, el BCA vendería pesos para mantener sus reservas de dólares y en caso de aproximarse al superior justo lo contrario para absorber el exceso de liquidez de pesos y combatir la inflación. Además, esto permitía estar preparados ante el denominado atraso cambiario que perjudica siempre a empresas exportadoras e importadoras.

Y, a todo esto, ¿qué hay del crecimiento económico, el empleo y los salarios? Los datos del INDEC arrojan un incremento del PIB argentino durante 2024 incluyendo el consumo privado de los hogares, lo que es una buena señal de recuperación aunque queda mucho todavía. A pesar de que la tasa de paro subió al 6,4% superando el 5,7% de 2023, la ocupación ha subido en 78.000 personas siendo el aumento más elevado desde 2016 que es cuando se inician las estadísticas de conteo. Además, los salarios reales interanuales también aumentaron comparando noviembre de 2024 con 2023 en un 3,3%.

El futuro de la legislatura

Frente a estos datos y logros, la oposición argentina ataca la metodología de los datos que es la misma que se aplicaba cuando ellos gobernaban y la prensa sincronizada al servicio del gobierno socialista de España etiqueta con la mayor ignorancia de ultraderecha al gobierno de Milei, cuando no mienten deliberadamente con manipulaciones expresando un periodismo basura. El partido LLA es una formación de corte liberal libertaria con independencia de que Javier Milei optase por seguir una estética de liderazgo populista con fuertes críticas e insultos a la política progresista argentina. También son polémicas ciertas escenas en las que aparece con una motosierra como metáfora del achicamiento del Estado elefantiásico y de la lucha contra el déficit público. Sin embargo, creo que esta estética no es lo verdadera importante más allá de la imagen. Desde el principio yo he visto que hay dos Milei: el economista gobernante y el personaje. El segundo no me gusta, debo de decirlo. Pero le ha servido para ganar unas elecciones, las del 2023. Con todo, el que ha ganado las segundas, las del domingo pasado, ha sido el economista político. Y esa es la primera y mejor noticia personal para Javier Milei. 

Por ello, le recomendaría centrarse en estos dos años en el economista político y dejar a un lado ese personaje que ya no le reportará más victorias. A ese respecto, tiene que tener más cuidado con ciertas alianzas que sólo tienen en común el enemigo socialista. Y es que Donald Trump ó Abascal son conservadores nacionalistas y proteccionistas que muy poco o nada tienen que ver con lo liberal tanto económico como social. En el liberalismo todo es posible mientras que no afecte ni a la vida ni a la propiedad ni a la libertad de terceros. E igualmente debe de tener más cuidado con promocionar proyectos sin un conocimiento previo como la famosa polémica de la criptomoneda de Libra que estalló en febrero de este año. Debe entender que siendo Presidente de la Nación sus mensajes tienen una proyección muy alta y pudo haber perjudicado a muchas personas. A fecha de hoy se desconoce si tendrá algún tipo de responsabilidad, pero el impacto electoral habría sido únicamente en las regionales de Buenos Aires. Sólo se sabe que un bufete de abogados de Nueva York le señaló, pero por lo demás parece que sólo El País se acuerda de esto. Mi opinión es que no podría probarse dolo ninguno, pero la negligencia fue evidente.

A partir de ahora, el proyecto de LLA tendrá un mayor poder legislativo para poder aplicar sus reformas. No existe mayoría absoluta, pero si suficiente margen como para evitar que se produzcan bloqueos de proyectos legislativos o se tumben decretos e incluso haya mociones de censura destructivas (que no funcionan como España). También será muy complicado que se aprueben proyectos para incrementar el gasto público y destruir el superávit presupuestario que tanto trabajo está costando. No hay que olvidar que lo único que quiere el Kirchnerismo es hundir a la Nación para que en ese caos que ya generaron ellos en su momento se justifique su regreso. Sin duda, estos dos años que quedan por delante serán los más importantes para poder realizar las reformas que demuestren que una política económica liberal es la de mayor progreso no sólo a nivel agregado sino también para los ciudadanos. Así que suerte a Argentina y a Milei y... ¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!

(fuente de la foto: Diario La Provincia de San Juan)