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lunes, 12 de octubre de 2026

La Hispanidad: mucho más que España

Este día 12 de octubre se celebra el día de la Hispanidad y como todos sabemos es la fiesta Nacional de España. Se conmemora la fecha histórica del descubrimiento del continente de América por Cristóbal Colón. Necesariamente, este artículo hay que insertarlo en el contexto de las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre. Vamos a analizar la Hispanidad, qué relaciones tiene España (a grandes rasgos) a nivel económico, político, social y cultural con Iberoamérica, a qué debe aspirar y hasta dónde puede llegar como bloque en un mundo geopolíticamente complejo. Son cuestiones de los que los partidos deberían de retratarse en su campaña y hablar con claridad sobre todo ahora que con la "Ley de nietos" la campaña adquiere una visión internacional. Pero el punto de partida es que no se puede identificar la Hispanidad con simplemente España. Tiene una innegable relevancia histórica y cultural dado que la Comunidad Iberoamericana la forman 22 países, alrededor de 700 millones de personas e incluyendo a Portugal y Andorra. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) define las Cumbres que celebra como espacios en los que los Estados trabajan sobre intereses comunes. Ahora bien, compartir historia y vínculos (como la lengua en la mayoría) convive con realidades particulares muy diferentes. Así que voy a explorar lo que implica la Hispanidad analizando sus dimensiones política, económica, social y cultural y hasta qué punto puede ser una potencia geopolítica con entidad propia.

Una comunidad enorme pero políticamente fragmentada

En América Latina se asiste a una importante contradicción estructural. Pese a disponer de abundantes recursos naturales como reservas de petróleo, gas y litio así como buen clima para la agricultura y ganadería, coexisten tanto economías relativamente desarrolladas y estables como países con industrialización limitada, ingreso per cápita bajo y graves problemas de pobreza, desigualdad e inflación. A ello contribuye la compleja gobernabilidad, la inexistencia de instituciones sólidas y la experiencia de gobiernos autocráticos y populistas en muchos de los países. Además, en algunos de ellos el narcotráfico y la violencia tienen un peso importante alimentando la corrupción y desconfianza ciudadana. Conviven democracias con instituciones relativamente consolidadas (Uruguay y Costa Rica), otras que funcionan bien en lo electoral pero con distintos niveles de calidad institucional (Chile, Panamá, República Dominicana y Brasil), otros sistemas donde los contrapesos al poder ejecutivo presentan problemas por reformas judiciales o constitucionales (México y El Salvador), procesos recientes de deterioro democrático por golpes de Estado y/o corrupción (Perú y Bolivia) y regímenes autoritarios asentados (Cuba, Nicaragua y Venezuela). No existe un modelo político iberoamericano y ni tan siquiera puede reducirse a una división binaria. El escenario actual es el de una importante polarización con desgaste de partidos tradicionales y olas de alternancia ideológica sin paragón en Europa.

Respecto a cómo miran los ciudadanos de América Latina a España, no comparten la misma relación y perspectiva. En general, existe una percepción bastante favorable de España. El Barómetro de la Imagen de España del Real Instituto Elcano otorgó en 2023 a nuestro país una valoración media de 6,9 sobre 10 en América Latina, si bien difiere por países y perfiles políticos. Las mejores valoraciones se registraron en Guatemala y México con un notable (7,5) y más entre los de formación más elevada e ideología de derecha. Con la excepción de México casi todos valoraban mejor a España que a su propio país, si bien esa media es inferior comparada con EEUU, Italia, Francia y Alemania. Ahora bien, cuando lo que se pregunta es la valoración de la influencia histórica la nota baja a 6 en los encuestados de ideología de derecha y a suspenso con 4 en los de izquierda. Sobre la inmigración, España es el tercer país preferido para emigrar por detrás de EEUU y Canadá y es muy bien valorado en infraestructuras y destino turístico. Con todo, pese a estas valoraciones sociales no significa que todos los gobiernos mantengan la misma relación política con España.

Tenemos dos casos particulares en Iberoamérica. México es el principal socio de España en América Latina, segundo país inversor allí y destino prioritario para multinacionales españolas en banca, energía y telecomunicaciones. Sin embargo, se han experimentado tensiones diplomáticas y debates a cuento de la famosa "leyenda negra". López Obrador envió una carta al Rey Felipe VI en 2019 exigiendo disculpas públicas por los abusos cometidos en la conquista de América. La Casa Real jamás respondió pero luego la sucesora Claudia Sheinbaum volvió a recordarlo en declaraciones y no invitó al Rey a su toma de posesión. Como respuesta, el Gobierno de España inició un boicot diplomático no enviando a ningún representante. Esto fue aprovechado por Irene Montero que se desplazó para su "discursito". En octubre de 2025 fue Albares como Ministro de Exteriores quien reconoció "dolor e injusticia" sufrido por los indígenas de México y aludió a "luces y sombras" del pasado colonial. Esto de alguna manera zanjó la polémica. 

En cambio, el caso de Portugal es otra historia. El reclamo de Olivenza en Badajoz como ciudad lusa - que fue anexionada por España tras conquista y tratado en 1801 - no está enterrado del todo pero sí aparcado. En 2024, su ministro de Defensa aludía a un Tratado de Viena de 1815 y reclamaba la soberanía lusa de dicha localidad. Sin embargo, el mismo Presidente y el de Exteriores le desautorizaron, como también el Gobierno de España y el Ayuntamiento reivindicando la españolidad de la localidad. Además, se dice que los propios vecinos comentan entre risas que son hijos de españoles y nietos de portugueses. Esto no tiene nada que ver con el acoso híbrido de Marruecos contra Ceuta y Melilla. Con Portugal se llevan muchos años de buena sintonía y favorecida por la pertenencia a la UE desde el mismo año 1986. Existen importantes ejemplos de inversiones del país luso en España como EDP en energía y renovables, The Navigator Company en papel, Sonae en comercio y tecnología y Cimpor en materiales de construcción. 

España como puente entre Europa y América

España ocupa una posición singular dentro de la comunidad iberoamericana al constituir un punto de conexión estratégico entre dos espacios geográficos y políticos: América Latina y Europa. Y es especialmente significativa la dimensión económica de esta relación. Según datos del ICEX de mayo de 2025, España alcanzó una inversión superior a los 186.000 millones de euros netos en Iberoamérica, representando alrededor de un tercio de todo lo aportado por el país en el exterior. De hecho, España es el principal inversor europeo en la región y el segundo mayor internacional después de EEUU. La presencia empresarial española se extiende por prácticamente todos los grandes sectores de la economía. La banca tiene como principales exponentes a grupos como Santander y BBVA, en seguros está Mapfre, las telecomunicaciones cuentan con Telefónica, en energía destacan Iberdrola, Naturgy y Repsol, en infraestructuras y concesiones aparecen grupos como Aena, ACS-Dragados y Sacyr, en moda Inditex y Mango, en turismo Meliá e Iberostar y en transportes la aerolínea Iberia. Así que podemos hablar de una red económica construida durante décadas. México, Brasil y Argentina concentran más del 20% de las inversiones, mientras que Chile, Colombia y Perú también constituyen mercados relevantes para las empresas españolas.

Pero el flujo de capital no es ni mucho menos unidireccional. En los últimos años también ha aumentado considerablemente la presencia de empresas y capital latinoamericanos en España. España es el segundo destino extranjero del capital de esta región tras EEUU. El ICEX situaba en mayo de 2025 el stock de inversión iberoamericana en España por encima de los 66.800 millones de euros y señalaba la existencia de más de 600 empresas latinoamericanas con más de 44.000 empleos directos. México representa la mayor parte de esta inversión con más de un 50%, seguido por Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. También se observa aquí una notable diversificación: alimentación y bebidas, tecnología, servicios financieros, inmobiliario, restauración o logística son algunos de los sectores en los que se ha producido esta expansión. Así que en definitiva no estamos ante una simple relación entre una economía inversora y unos países receptores, sino que existe una red empresarial con conexiones en ambos sentidos.

La relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe se articula institucionalmente a través de la asociación UE-CELAC. Se trata del marco estratégico de cooperación y diálogo político que nació en 2013 para estructurar las relaciones diplomáticas, económicas y sociales. En base a ella se celebran las Cumbres entres 60 países y con cuatro ejes: 1) Inversión y transición ecológica y digital, 2) Acuerdos comerciales y diversificación de mercados, 3) Cooperación judicial y lucha contra el crimen organizado y 4) Cooperación científica y reducción de desigualdades sociales. La UE es la organización internacional mejor valorada en América Latina por encima de la ONU, del Banco Mundial, la OTAN o Mercosur. En materia de cambio climático y asistencia humanitaria es mejor valorada que EEUU y China, aunque pierde en el terreno militar en favor del primero y tecnológico en favor del segundo. En este marco, el papel de España puede resultar muy útil como interlocutor y punto de conexión de una región enormemente diversa con Europa. En un mundo cada vez más condicionado por la competencia entre grandes potencias, ese rol adquiere una importancia que va más allá de la historia compartida. Ahora bien, tampoco queda tan claro que España pueda transformar esa red de relaciones en una verdadera capacidad de influencia internacional.

La Hispanidad ante el reto de una mayor autonomía frente EEUU y China

Si la comunidad iberoamericana dispone de una población enorme, recursos naturales estratégicos, mercados importantes y vínculos históricos que facilitan la cooperación, surge una cuestión inevitable: ¿puede aprovechar todo ese potencial para aumentar su autonomía económica y reducir su dependencia de las grandes potencias? Pero la respuesta no pasa por competir directamente con EEUU o China. La diferencia de tamaño económico, tecnológico y militar hace poco realista pensar en Iberoamérica como un nuevo bloque capaz de disputarles su posición. El reto sería conseguir que estos países desarrollen más interdependencia entre ellos y eventualmente fuesen capaces de relacionarse con las grandes potencias desde una posición de mayor capacidad de negociación.

El primer problema es que, pese a la existencia de diferentes mecanismos de integración regional, el comercio entre los propios países latinoamericanos continúa siendo relativamente reducido en comparación con el peso que tienen sus intercambios con otras regiones del mundo. Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), el Sistema de la Integración Centroamericana y otras iniciativas han tratado de reducir barreras y facilitar el comercio regional, pero todavía existe una importante fragmentación normativa, logística y comercial. Así que no bastaría con firmar nuevos acuerdos, pues también serían necesarias mejores conexiones ferroviarias y viarias, puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones, sistemas aduaneros digitalizados y una mayor convergencia de normas. Y es que disponer de materias primas como cobre y litio, abundantes recursos agrícolas y un enorme potencial energético y renovable no garantiza una mayor autonomía. El verdadero salto económico consistiría en desarrollar conocimiento, tecnología y capacidad industrial alrededor de esos recursos. Así que han de invertir en educación, investigación, innovación y capital humano, puesto que de lo contrario Iberoamérica correría el riesgo de estancarse en un papel de proveedora de materias primas y consumidora de tecnología desarrollada en otros lugares.

Tampoco implica que Iberoamérica apueste por autarquía. No se trata de aislamiento, sino disponer de más alternativas. ¿Es posible políticamente? Aquí aparece el segundo y probablemente el mayor obstáculo. Cómo hemos visto, Iberoamérica reúne países con sistemas políticos diferentes, prioridades económicas distintas y posiciones internacionales que en ocasiones divergen considerablemente. Mercosur, por ejemplo, puede negociar acuerdos con la UE, pero eso no significa que exista un mercado iberoamericano integrado. Del mismo modo, en el caso de España su relación comercial con América Latina se desarrolla dentro del marco de dicha UE. Como hemos visto, España puede ejercer de puente, facilitar relaciones empresariales, tecnológicas y diplomáticas y aportar experiencia e inversión, pero no puede actuar al margen de las competencias comunitarias en materias como la política comercial.

Más que una lengua: una comunidad social, cultural y demográfica

Hasta ahora hemos hablado de la Hispanidad desde una perspectiva fundamentalmente política y económica. Así que faltan las dimensiones sociales y culturales. Los gobiernos pueden mantener discrepancias diplomáticas mientras sus sociedades continúan intercambiando estudiantes, turistas, trabajadores, empresarios, artistas y contenidos culturales. Una de las principales fortalezas de la Hispanidad puede encontrarse en esa red social y cultural que funciona con relativa independencia de los ciclos políticos. El esfuerzo institucional por conectar lo político con esa red nos lleva a varias entidades que promueven la cooperación, el diálogo y los vínculos culturales, educativos y sociales entre España e Iberoamérica. Por un lado, están las dependientes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de España como el Instituto Cervantes (que promueve la enseñanza y conocimiento de la lengua española así como la difusión de la cultura hispana) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (destacando su área cultural y archivística). Por otro lado, también asistimos a a entidades privadas no lucrativas y centradas en cooperación educativa y científica, como la Fundación Carolina y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) para facilitar el intercambio académico y la investigación conjunta.

El español es, evidentemente, el elemento más básico de conexión. Más de 500 millones de personas lo tienen como lengua nativa y constituye uno de los espacios lingüísticos más extensos del planeta. Pero reducir la Hispanidad al idioma sería quedarse en la superficie. Una lengua común facilita algo mucho más importante: la circulación de ideas, cultura, conocimiento y personas. Un libro publicado en Argentina puede ser leído directamente en España, una serie española puede convertirse en un fenómeno en México, una canción colombiana puede triunfar en Chile, España o Perú y un creador de contenido puede construir una audiencia a ambos lados del Atlántico. La revolución digital y la nuevas redes sociales ha multiplicado esa capacidad de conexión hasta niveles que hace unas décadas eran difíciles de imaginar. Existe una enorme producción cultural que circula por todo este espacio: literatura, cine, televisión, música, gastronomía, deporte o entretenimiento. Pero compartir un tejido cultural no significa ser iguales, ya que la cultura hispana no es homogénea y precisamente ahí reside buena parte de su riqueza. El español de México no es idéntico al de Argentina, Colombia o España. La gastronomía peruana es diferente de la mexicana o la española. La música urbana latinoamericana convive con el flamenco, el pop español, el tango, la cumbia o multitud de tradiciones locales. Así que la Hispanidad puede entenderse como un espacio cultural común construido sobre muchas identidades diferentes.

En otro orden de cosas, España se ha convertido durante las últimas décadas en uno de los principales destinos de la emigración latinoamericana hacia Europa, al tiempo que millones de españoles mantienen vínculos familiares, profesionales o personales allí. Las migraciones han creado comunidades transnacionales en las que las fronteras tienen una importancia mucho menor: familias con miembros en distintos países, estudiantes que realizan parte de su formación al otro lado del Atlántico, profesionales que trabajan para empresas de otro país o personas que mantienen simultáneamente relaciones sociales y económicas en ambas orillas forman parte de una realidad cotidiana. Por eso son interesantes los casos de Brasil - a donde muchos españoles emigraron para trabajar en los cafetales - y Portugal en tanto no forman parte del mundo hispanohablante pero sí del espacio iberoamericano. Incluso EEUU introduce todavía otro detalle: una sociedad mayoritariamente anglófona pero con una enorme población de origen hispano y una creciente presencia social del español. Así que la consecuencia es que la Hispanidad no es solamente una herencia histórica y cultural, sino también una realidad demográfica contemporánea.

Conclusiones 

A la pregunta de "¿qué significa realmente pertenecer a la Hispanidad?" no existe realmente una respuesta única. Para algunos será fundamental la lengua, otros la historia compartida, en otros tendrán más importancia la familia y migración o simplemente la existencia de una comunidad cultural reconocible. Precisamente por eso, la Hispanidad puede ser entendida menos como una estructura política cerrada y más como un espacio de relaciones entre sociedades. Su futuro dependerá de si esos vínculos son capaces de mantenerse y desarrollarse en un mundo cada vez más globalizado y fragmentado. La tecnología facilita el contacto y multiplica la influencia de culturas y grandes espacios económicos. Así que quizá la principal baza de esta comunidad sea que no necesita convertirse en un bloque político para existir, dado que ya se percibe en las relaciones cotidianas entre millones de personas. La cuestión pendiente es si esa comunidad social y cultural puede servir también como base para una mayor cooperación económica, tecnológica y política.

Así que hablar de Hispanidad en pleno siglo XXI no puede limitarse a hablar de España. Ahora bien, nuestro país ocupa una posición particular dentro de ese espacio. Su pertenencia a la Unión Europea y sus profundos vínculos con América Latina le permiten actuar como puente entre ambos lados del Atlántico. La presencia de empresas españolas en Iberoamérica y, cada vez más, de capital y empresas latinoamericanas en España demuestra que esa conexión no pertenece únicamente al pasado y existe una interdependencia económica real. Impulsarla dependerá fundamentalmente de la capacidad de los propios países de la región para coordinar sus intereses, dado que la Hispanidad dispone de los factores que pueden favorecer una mayor cooperación: lengua compartida por la mayoría de sus miembros, vínculos históricos y culturales, importantes relaciones empresariales, recursos naturales, mercados de gran tamaño y una extensa red de instituciones de cooperación.

No es necesario construir un bloque enfrentado a EEUU o China ni a otras grandes potencias. Debe ser algo diferente y más complejo, que es aumentar su capacidad de elección y negociación mediante una mayor interdependencia interna. Cuanto más puedan comerciar, producir, investigar, desarrollar tecnología y generar cadenas de valor entre ellos, menos dependerán de socios exteriores. La mayor dificultad, por supuesto, es política. Los intereses nacionales no siempre coinciden y los mecanismos de integración existentes todavía están lejos de crear un verdadero espacio económico iberoamericano. El potencial existe, pero convertirlo en una realidad requiere acuerdos sostenidos y una voluntad de cooperación que vaya más allá de declaraciones institucionales y gobiernos temporales.

La Hispanidad del siglo XXI puede ser una comunidad formada por sociedades diferentes, con intereses políticos que no siempre coinciden, pero que mantienen suficientes vínculos como para cooperar cuando encuentran objetivos comunes. Por tanto, no tiene por qué mirar hacia el pasado para encontrar su sentido sino en todo caso desde el presente hacia el futuro. Existen más que incentivos para intentarlo aún en el entorno de un mundo con elevada incertidumbre y constantes tensiones geopolíticas externas. Así que de cara a las Elecciones Generales del 29-N, es preciso plantearse qué papel quiere desempeñar España en el mundo pero también qué importancia concede a sus relaciones con América Latina más allá del marco de la UE. No se trata de convertir la Hispanidad en una cuestión partidista con socios dependiendo del color político coyuntural y menos todavía de limitarse a pedir el voto a los nacionalizados no residentes. Se trata de reconocer que detrás de ella existen intereses económicos, culturales, diplomáticos y sociales que trascienden una legislatura y habrían de independizarse de los políticos.

martes, 21 de julio de 2026

España ante el invierno demográfico y la sostenibilidad de las pensiones

Las sociedades modernas se enfrentan a un reto de futuro como es el envejecimiento de su población y la necesidad de darles servicios no sólo para mantener sus pensiones sino también otros servicios mientras la población joven y que en buena parte sostiene esos gastos es cada vez menor. A este fenómeno se le llama invierno demográfico y, en el peor de los casos, generaría un futuro distópico en el que los ancianos sean una amplia mayoría. En España, diversos informes advierten que el gasto en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros anuales, mientras que las transferencias estatales han subido a alrededor de 50.000 millones al año. Esto ha motivado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado en los últimos años con un déficit preocupante y se ponga en tela de juicio la sostenibilidad del sistema. De esa manera, en el presente artículo voy a analizar hasta qué punto se está asistiendo a un reemplazo demográfico, qué efectos puede tener la inmigración, qué soluciones o modelos se han estado aplicando en Europa para reaccionar y combatir esos efectos adversos y finalmente qué propuesta de mejora son clave desde este mismo presente.

La tendencia demográfica

En el cuarto del siglo XXI que llevamos transcurrido, España ha experimentado un envejecimiento demográfico más acusado tanto en términos absolutos como en peso relativo sobre la población total. Con arreglo a los datos obrantes en el INE desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2025 la población total en España se ha visto incrementada en 8 millones de personas pasando de 41 a 49. Pero también podemos ver cómo en concreto la población mayor de 65 años ha pasado de ser un 17,01% a un 20,71%. Esta población se ha incrementado en 3 millones de personas, pero resulta especialmente llamativo que se haya triplicado el número de personas mayores de 90 años, constituyendo al mismo tiempo una interesante señal de lo que ha mejorado la esperanza de vida con los avances sanitarios. En cuanto a la población en edad de trabajar, matizando que con arreglo a los grupos de edad establecidos computan desde los 20 años, ha pasado de ser un 62,48% a ser 60,87% pese a que haya aumentado en más de 4 millones de personas. En cuanto a la población joven (menor de 20 años), ha pasado de ser un 20,05% un a ser un 18,40% con un incremento de poco más de 600.000 en 23 años. Por lo tanto, estas cifras dejan una evolución de la pirámide de población tal que así.

Como vemos, la pirámide de población se está ensanchando en edades superiores mientras se frena en las edades jóvenes, señal de que existen menos nacimientos en España. Esto podemos comprobarlo en el siguiente gráfico, con un interesante pico en 2007 que pudo deberse, aparte de la época de expansión económica con el auge del mercado inmobiliario al famoso "peque cheque" con el que el Gobierno de España pagó ayudas de 2.000 euros por nacimiento. Desde la crisis económica de 2008 y las sucesivas que han ido viniendo, la cifra de nacimientos en España no ha dejado de decrecer.


La cuestión es que desde 2025 se estaría jubilando la mayor parte de las personas nacidas en la década de los años sesenta, la conocida como la década del "baby boom" en que España comenzó a experimentar un crecimiento económico derivada de la entrada de capital extranjero y el auge del turismo. Ello, unido a una cultura social de traer hijos al mundo para beneficiarse tanto de ayudas como, en ocasiones, nueva mano de obra al entorno familiar, favoreció un incremento exponencial de la población nacida en España. Por lo tanto, toda esa gente constituye un número importante de personas que pasaría a engrosar los listados de pensionistas. No existen datos anteriores a 1971, pero sí podemos decir que en 2002 existían en España 6,5 millones de personas residiendo en España y nacidas entre 1960-69 y a día de hoy son 6,8 millones. Por lo tanto, la cifra de aumento de pensionistas a diez años vista supera el doble de lo experimentado en más de dos décadas.

Por lo tanto, se juntan factores como la baja natalidad, el menor tamaño de las nuevas generaciones, la esperanza de vida elevada y la jubilación progresiva de las generaciones nacidas en el baby boom. El problema de este cambio es que ya está afectando a las pensiones, servicios de dependencia, Sanidad, mercado laboral, vivienda y financiación pública generando importantes tensiones.

El papel de la inmigración

Cuando analizo la inmigración, en este blog siempre trato de tener una mirada crítica pero huyendo de simplicismos, es decir, de los discursos categóricos de tanto "la inmigración lo arregla todo" como del "gran reemplazo". La realidad, como ya mencioné, es que no existe ningún debate sobre modelo migratorio ni de planificación ni integración y menos de necesidades futuras. Lo primero de todo que hay que desmontar es limitar la inmigración a mayoritariamente de origen africano y a las pateras. La mayor parte de la inmigración extracomunitaria en España no es precisamente la achacada a entradas irregulares, sino que es principalmente latinoamericana. El idioma, las relaciones históricas y la proximidad cultural son factores que han movido a gente de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etc... a trasladarse a España y en un contexto de integración más factible que otras nacionalidades.

En segundo lugar, la inmigración rejuvenece, pero sólo parcialmente y a corto plazo. Hasta cierto punto, la inmigración estaría sosteniendo el crecimiento poblacional en el sentido de que sin ella el saldo podría ser incluso negativo. Por lo tanto, compensaría la baja natalidad y el envejecimiento autóctono en mano de obra que al tiempo cotice para pagar las pensiones. Pero ese efecto ni es permanente ni autosuficiente. Para ello, se tendría que asistir a una inmigración creciente y continua durante décadas. Pero eso es difícilmente sostenible porque los mismos países emisores también envejecen y reducen su natalidad. Y lo que es más, no está demostrado del todo que todos los inmigrantes multipliquen los nacimientos en España más allá de reagrupaciones familiares, pues el coste de la vida sube para todos. Por tanto, al instalarse en España, convergerían hace patrones similares a los españoles porque les afecta igualmente el acceso a la vivienda, conciliación familiar, precariedad laboral, etc... Por lo tanto, más que evitar el envejecimiento, lo que haría la inmigración en España sería retrasarlo.

En tercer lugar, a largo plazo la inmigración no garantiza sostenibilidad del sistema. Es cierto que llegan jóvenes desde el extranjero que pueden trabajar y cotizar. Pero, con el paso del tiempo, esas personas también envejecen, se jubilan y no sólo generarán el derecho a pensiones sino también en servicios públicos como Sanidad o Dependencia. Además, entre los que no envejecen en España buena parte de ellos está de paso, permanecen pocos años, no forman familias en España y regresan a su país. Pero las objeciones no acaban ahí, sino que se da la circunstancia de que muchos de los inmigrantes vienen de países en los que carecen de formación y, de esa manera, los empleos que ocupan son puestos poco cualificados, con alta temporalidad, con salarios próximos al SMI y en una situación de importante vulnerabilidad. En consecuencia, una mayor población que disponga de una menor renta media, las cotizaciones que abonará son reducidas y el saldo de aportación fiscal y ayudas sociales sería, en buena parte de esas personas, negativo. 

En resumen, la inmigración en España no puede ser una solución eficaz si mayoritariamente se relaciona con sectores de baja productividad como por ejemplo en la hostelería, construcción, agricultura y otros de baja cualificación o de menor valor añadido.

Los incentivos económicos: un tirachinas para derribar un muro

Medidas como el “cheque bebé” de 2.500 euros de 2007 sí tuvieron efecto inmediato, dado que los nacimientos aumentaron en torno a un 6% en los meses posteriores. Sin embargo, si se analiza el impacto a largo plazo el efecto total apenas rondaría el 3%. En esa época de expansión económica, podríamos entender que muchas parejas ya querían tener hijos pero podrían haber adelantado la decisión aprovechando la ayuda. Con todo, obviamente eso no implicaría que pretendiesen tener más hijos más adelante.

Corea del Sur, Japón, Italia y países nórdicos son países en los que persisten tasas muy bajas de natalidad pese a enormes programas públicos. Así que la situación de la natalidad dependería de algo más estructural. Y a ese respecto, actualmente, los problemas de incertidumbre vital asociados a la vivienda, conciliar familiar y trabajo son esenciales. Así que la disponibilidad de un empleo estable, poder conciliar horarios laborales con obligaciones familiares y disponer de una vivienda son los elementos que más favorecen expectativas de futuro en familia. Porque tener hijos no es un gasto puntual, sino que es un compromiso de décadas, el tiempo que esté a tu cargo... y en ocasiones toda la vida. Así que una ayuda de 2.500 euros no resuelve todos esos factores. Por lo tanto, no es que estemos ante una sociedad que ya no quiera tener hijos, sino que existen cada vez más personas que no logran materializar el proyecto familiar que desean. Y comienza con el retraso en la emancipación que ya no puede achacarse a que se termine más tarde en los estudios, sino a la incertidumbre en el futuro. Además, la experiencia internacional muestra que todos esos factores de alquileres caros, jornadas largas y emancipación tardía es síntoma de todos los países con tasas de baja fecundidad.

Ahora bien, tampoco puede achacarse todo a factores económicos, sino que también imperan elementos culturales y sociales. Ciertamente es difícil revertir tendencias demográficas una vez consolidados ciertos hábitos, incluyendo una alimentación más desequilibrada que nunca y que perjudica la fertilidad de mujeres y hombres y modelos de pareja que deciden no tener hijos, así como expectativas y aspiraciones más individuales que colectivas. Así que la reproducción y fecundidad también dependen de decisiones acumuladas durante toda la vida y no de estímulos aislados.

Lo peor es que para contra todos esos elementos e incentivar a un cambio de deriva, aunque se aplicasen políticas eficaces, tardarían décadas en notarse plenamente. Así que algunos países están recurriendo más a contener las jubilaciones retrasándolas o a reformar el Estado del bienestar con recortes directos o indirectos (vía inflación) mientras estudian cómo contener la caída de nacimientos.

La experiencia sueca y el plan alemán

Suecia es un caso muy interesante porque, a diferencia de España, decidió afrontar el problema demográfico desde la reforma del sistema de pensiones más que confiando en que aumentara la natalidad o la inmigración. Suecia aplica políticas familiares muy generosas con guarderías subvencionadas, permisos parentales amplios y ayudas sociales. Sin embargo, la natalidad sueca también lleva años cayendo. Por eso, acabó aceptando la realidad de que no podía basar la sostenibilidad de las pensiones en que naciesen suficientes niños. Así que diseñó un sistema capaz de ajustarse automáticamente al envejecimiento. La gran reforma se aprobó en los años 90 y entró plenamente en vigor a comienzos de este siglo. En un primer momento, el sistema prometía una pensión determinada pero ahora la lógica es distinta. Cada trabajador acumula derechos en función de lo cotizado y la pensión final depende de lo aportado durante toda la vida laboral así como de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece. Además, una parte de las cotizaciones no va al sistema de reparto tradicional, sino que se invierte en fondos financieros seleccionados por el trabajador. Esto no sustituye al reparto, pero sí que reduce en cierta medida la dependencia de las pensiones de lo aportado por los trabajadores al dividirse el sistema en tres patas: pensión estatal, de la empresa y ahorros.

Suecia creó dos frenos al sistema para protegerlo de la insostenibilidad. Primero, el factor longevidad. Si una generación vive más años que la anterior, el capital acumulado debe repartirse durante más tiempo, por lo que la pensión mensual descendería si la edad de jubilación no aumenta. También creó un freno automático, activado cuando los compromisos futuros de este sistema superen los recursos previstos. En tal caso, las revalorizaciones se reducirían temporalmente y los derechos acumulados se ajustan. Son medidas que pueden resultar impopulares y sobre todo la segunda, pero evitan que el sistema acumule déficits crecientes. En España, el único ajuste que existe es aumentando cotizaciones, recurriendo a la Deuda pública o mediante transferencias presupuestarias. Y en esta última vía tenemos que recordar la operación que roza el fraude total de desviar más de 8.000 millones de euros de los Fondos Europeos a las pensiones.

Por otra parte, Suecia proporciona una jubilación flexible permitiendo combinar trabajo, pensión parcial y retraso de la jubilación de manera que la edad efectiva ha ido aumentando gradualmente. La filosofía es sencilla: como vivimos más años, trabajaremos más de media. Esto puede ser el elemento que refuerce al propio sistema tal y como está definido. En el caso de España, únicamente en la Administración estamos asistiendo a prolongaciones del servicio activo, no a jubilaciones parciales, de manera que no pocas personas nacidas desde finales de los años 50 están retrasando sus jubilaciones entre 2 y 5 años.

En resumen, Suecia entendió que el problema es estructural porque que el envejecimiento es irreversible, diseñó un sistema que mantiene el equilibrio mediante ajustes automáticos, la pensión se adapta a la demografía y todo es más sostenible financieramente aunque menos generoso. España, por el contrario, mantiene la pensión como un arma política teniendo en cuenta que son el colectivo más numeroso, realiza ajustes aumentando ingresos y la presión recae siempre sobre trabajadores y presupuestos públicos. Y esto no es exclusivo del PSOE, pues cuando entre el PP no tiene pinta de que se atreva a proporcionar cambios.

Alemania, pese a ser tradicionalmente el Estado más solvente de Europa, se enfrenta a una crisis de sostenibilidad de su sistema debido al desbocado gasto en pensiones (que absorbe más del 40% del presupuesto público) y a la presión demográfica que apunta a que se jubilarán más de 15 millones de alemanes en los próximos años. Un comité de expertos facilitó un informe al Gobierno con una serie de recomendaciones que se centran en tres pilares que en parte recuerdan al sueco: jubilación vinculada a la esperanza de vida pudiendo alcanzar los 70 años, sostenibilidad con desindexación del IPC y creación de un fondo de ahorro obligatorio estatal. En este último respecto, las cotizaciones subirían dos puntos (trabajador y empresa) pero irían a cuentas de ahorro en lugar de a la Seguridad Social. Sin embargo, el ciudadano seguiría dependencia de la solvencia del Estado que gestionaría esas carteras (pudiendo invertir o endeudarse) y, mientras exista déficit, las pensiones seguirían creciendo menos que los salarios e indirectamente desincentivarían la jubilación.

Sistema mixto público-privado

El economista Daniel Lacalle es uno de los defensores de la evolución del sistema de reparto hacia uno mixto, similar en algunos aspectos al sueco. Considera que el sistema actual está quebrado porque necesita de continuos rescates e ingresos externos como Deuda pública para mantenerse y ha generado un importante choque intergeneracional. Los jóvenes pagan cada vez mayores cotizaciones y sus expectativas de prestaciones futuras son menores. 

No se trata de eliminar las pensiones públicas, sino de cambiar su estructura a un sistema mixto de capitalización pública-privada. Sus elementos principales serían dos. Primero, mantener un pilar público básico garantizado para evitar la pobreza en la vejez pero financiado fundamentalmente mediante impuestos generales y no exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Segundo, cada trabajador tendría una especie de cuenta virtual donde se registrarían aquéllas a lo largo de toda su vida laboral. Una parte de ese dinero se invertiría para generar rentabilidad. En cuanto a su revalorización, se propone que se vincule a la productividad, es decir, a la capacidad de creación de riqueza y rendimiento económico del país en ese momento en atención a sus salarios.

Además, el sistema goza de transparencia porque en todo momento el ciudadano sabe no ya cuánto ha cotizado, sino cuánto podría cobrar y qué impacto tendría jubilarse antes o después sin depender de las inclemencias de las decisiones políticas.

Por otra parte, se defiende también incentivar el ahorro privado con más incentivos fiscales como planes de pensiones complementarios y que, de esa manera, el ciudadano tenga más patrimonio acumulado para la jubilación.

Respecto a las críticas de este sistema, los detractores consideran que el coste de transición puede ser enorme, dado que mientras que una parte de las cotizaciones va a cuentas individuales hay que seguir pagando las pensiones actuales. En segundo lugar, la capitalización implica exposición a mercados financieros que en épocas pueden ir bien y en alza, pero en otras pueden arrojar pérdidas. También puede suceder que personas con carreras laborales irregulares acumulen menos y, en consecuencia, aumentar las desigualdades si no existen mecanismos redistributivos. En esa misma línea, desvincular la actualización del IPC resultaría más factible hacerlo con las pensiones más altas que con las bajas.

Propuestas y conclusiones

Expuestos los datos y variables como los efectos de la inmigración, queda claro y constatado que el envejecimiento de la población no sólo es real, sino que irá en aumento incrementándose cada vez más el porcentaje de población mayor de 65 años a la par que disminuirá el de personas menores de edad. El invierno demográfico es un fenómeno estructural y probablemente irreversible en parte. No existe una medida milagrosa, pero lo que sí puede hacerse es ralentizarlo y adaptarse mejor a él.

Fomentar y no imponer la facultad de retrasar la jubilación. Existen puestos de trabajo que, por su naturaleza, pueden ser ejercidos por personas mayores de 65 años sin que el eventual desgaste físico o mental perjudique su salud o el ejercicio de sus tareas. Por ejemplo, en la Administración se está recurriendo en algunos casos a prorrogarse en el servicio activo. Esto permite que gente con muy alta experiencia y sobre todo en puestos de importante responsabilidad continúen mientras se renueva la Administración y ralentiza la salida masiva de empleados públicos. No olvidemos que existe un porcentaje muy alto de personas que accedieron a la condición de funcionario en los años ochenta, cuando se construyó el Estado administrativo surgido de la Constitución de 1978. En el sector privado pueden existir puestos similares, pero una vez más debe constar informe tanto médico como la voluntad libre de esa persona. Igualmente, puede fomentarse la jubilación parcial siempre que incluya un contrato de relevo.

Favorecer que nazcan los hijos que ya se desean. Las encuestas del INE muestran desde hace años que los españoles tienen menos hijos de los que querrían tener. Por tanto, el objetivo más realista no sería convencer a la población de tener muchos hijos, sino eliminar obstáculos. Afectan muchas variables como la vivienda accesible para jóvenes, la temporalidad y las perspectivas de empleo, pero creo que en la que más rápido se puede avanzar es en la conciliación laboral y familiar. Pero la variable más directa son las dificultades que tienen los padres en el día a día en un escenario en que los dos trabajan y los abuelos o son muy mayores o están en el camposanto. Es necesario que las normativas laborales permitan una conciliación real y proveer más permisos como reducciones horarias u horarios más racionales, ampliación y flexibilidad de escuelas infantiles y prioridades para padres y madres. Igualmente, disfrutar de más deducciones en IRPF y Sociedades. Porque una ayuda puntual sólo adelanta una decisión, no la transforma. Resumidamente, debería ser más rentable tener 2 hijos que sólo 1. Lo que no sería realista, por los cambios en el estilo de vida a que me he referido antes, sería pensar en 3 hijos por familia. Bastante lograríamos si con más derechos incrementásemos en uno el número de hijos previsto.

Incrementar la productividad, atraer el talento y una inmigración formada. Si queremos que "nos paguen las pensiones", un modelo inmigratorio que priorice trabajos precarios o de baja productividad no lo va a conseguir. Ello no significa que los empleos manuales deban de desdeñarse.  Lo que lo frena es el sistema impositivo y el marco regulatorio, que deben orientarse a atraer a perfiles profesionales deficitarios y agilizar en lo posible homologaciones de títulos con los necesarios convenios internacionales que favorezcan la inserción laboral. Igualmente, la formación debe de facilitar la integración lingüística de los que no conocen el idioma castellano o las lenguas cooficiales. Ahora bien, con independencia de que sean nacionales o extranjeros, en los sectores punteros a día de hoy (energía, centros de datos, inteligencia artificial...), debemos ser capaces de atraer personal cualificado que aquí no tengamos. Porque más productividad será más crecimiento, mayor riqueza, mayores recaudaciones y permitirnos el gasto público incurrido y no basta con aumentar el número de trabajadores si la productividad permanece estancada.

Reformar el sistema de pensiones. Tenemos varios ejemplos, como el modelo sueco y la propuesta alemana. Soy consciente de que un cambio radical no es posible, pero si gradual. Se trataría de evolucionar a un sistema mixto público-privado en el que la gente con mayor poder adquisitivo invierta la mayor parte de su cotización en un plan de pensiones privado. Podría confiar en un bróker o en las alternativas más conservadoras. El público siempre va a estar para todos, pero hay que incentivar que el sistema no dependa en exclusiva de transferencias corrientes. Además, los frenos al estilo sueco evitarían que las generaciones próximas a jubilarse tengan que asumir todo el coste en épocas de crisis y serían un mecanismo de "solidaridad intergeneracional" más equitativo.

El problema es que esto ya supondría una reducción de los ingresos del Estado en cotizaciones para abonar las pensiones presentes. Pues bien, ello nos lleva a algo inevitable que es atreverse a congelar las pensiones. No me parece que haya que hacerlo con las más bajas ni tan siquiera medianas, pero sí con las más altas y a partir de cierto umbral. Porque en España y en cualquier otro país de Occidente que está viviendo la amenaza del invierno democrático, tenemos que arrimar todos el hombro. Y más cuando el estrato mayoritario es sostenido con pensiones públicas. Igualmente, es esencial recortar el gasto público en áreas absolutamente improductivas y que sólo sirven para propaganda gubernamental como la publicidad institucional que riega a medios de comunicación de todos los colores.

Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad envejecida. Es inevitable que en el futuro habrá más personas jubiladas, dependencia y demanda sanitaria. Eso obligará a planificar la atención sociosanitaria, cuidados de larga duración, formación y contratación de cuidadores y ciudades más accesibles. A este último respecto, las Administraciones ya ese están moviendo.

En definitiva, España no necesita elegir entre natalidad o inmigración ni entre pensiones o crecimiento económico. Necesita una estrategia demográfica integral: favorecer que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, atraer e integrar inmigración de forma planificada, adaptar el sistema de pensiones al aumento de la esperanza de vida e impulsar una economía más productiva no son medidas incompatibles, sino complementarias. El invierno demográfico difícilmente desaparecerá, pero una combinación de políticas coherentes puede amortiguar sus efectos y hacer más sostenible el Estado del bienestar para las próximas generaciones.

Finalizado el artículo, al igual que el post anterior no puedo despedirme sin hacer una mención a la selección española de fútbol que el pasado domingo conquistó el Mundial de EEUU, Canadá y México tras imponerse en la gran final a la Argentina de Messi por 1-0. Invito a leer el post de homenaje en este enlace de mi otro blog. ¡¡VIVA ESPAÑA!!

jueves, 23 de abril de 2026

Contradicciones internas de Vox y límites de su proyecto político

Desde hace dos meses, el partido Vox ha entrado en una crisis interna motivada por las discrepancias, expulsiones y casos de transfuguismo. Por ejemplo, de ex líderes destacados como Iván Espinosa de los Monteros y recientemente Javier Ortega Smith, que era portavoz municipal de Madrid y tras ser expulsado del partido permanece en el Grupo Mixto junto con otros dos concejales suyos como Carla Toscano. Otras importantes críticas provienen de ex líderes regionales como Juan García-Gallardo y Javier Antelo, otro expulsado cuyo caso ya vimos en un post anterior. Incluso en municipios como Torre Pacheco, Cartagena y Las Torres de Cotillas se han roto los grupos municipales. Todo esto ha enrarecido el ambiente en un partido en el que hace tiempo que las encuestas le estaban impulsando y de hecho ha conseguido buenos resultados en varias elecciones autonómicas. He dividido el análisis en varios bloques en los que considero que yerra, más allá del ruido político habitual y las etiquetas simplificadoras de "fascismo, ultraderecha y Franco" con la que se minimiza cualquier debate que sea constructivo o que al menos aporte reflexión. Resulta más útil analizar las contradicciones internas que pueden estar detrás de ese disenso interno al tiempo de que se estanque electoralmente. No tanto por el impacto inmediato de la crisis, sino porque las tensiones programáticas permiten entender mejor los límites estructurales del proyecto político de Vox.

Política económica: liberalismo de portada frente a proteccionismo de fondo

Así, en contexto nacional, Vox suele defender posiciones que encajan mal con la etiqueta de "liberal" que algunos le atribuyen. Y no vale lo de promover libertad para vacunarse o no de Covid (pudiendo ser interpretado como una posición cercana al negacionismo). La política económica de Vox presenta una dualidad especialmente significativa: combina un programa fiscal liberal con propuestas de intervención selectiva y protección nacional, configurando un modelo económico híbrido. Se ha podido percibir tanto en su programa electoral como en las líneas del acuerdo programático de Extremadura (ya con la investidura de Guardiola aprobada) y seguramente Aragón, cuyo visto bueno se conoció ayer.

Por una parte, promueve una reducción generalizada de impuestos como eliminación del IVA en productos básicos y en compra de primera vivienda, simplificación y tramos más reducidos de IRPF y supresión de Sucesiones e impuestos energéticos. También propone reducir el gasto público eliminando subvenciones, reduciendo estructuras administrativas (chiringuitos) y estableciendo auditorías de gasto al estilo del Dodge de Elon Musk. En materia de vivienda combinan ese liberalismo fiscal con intervención selectiva, dado que a pesar de que promueven la liberalización del suelo y endurecen la lucha contra la okupación, priorizan el acceso a vivienda para nacionales y restringen la compra para extranjeros.

En sectores clave es cuando más se alejan del liberalismo. Frente a la fiscalidad y las regulaciones europeas, su bandera es la defender sectores estratégicos nacionales y su competitividad frente al exterior, centrándose en el sector agrario y la industria. Ahí sí promueve la capacidad regulatoria del Estado para aplicar políticas de defensa económica. Defiende al producto nacional frente a la competencia exterior, rechaza acuerdos internacionales que según su discurso perjudican a la industria, al campo o a los trabajadores españoles (apoyando manifestaciones de tractores y condenando el Acuerdo de la UE con Mercosur), critica a la globalización económica y apela constantemente a la soberanía entendida como capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos. Ese enfoque conecta electoralmente bien con pequeños empresarios, sectores agrarios, trabajadores afectados por la deslocalización y personas que asocian la apertura de mercados con pérdida de empleo y precarización. Pero realmente no repercute en el crecimiento de la economía global, pues los sectores agrario e industrial presentan menores niveles de valor añadido frente a los que sector de servicios proporciona.

Política exterior: soberanía nacional vs. alianzas

La política exterior de Vox se articula discursivamente en torno a una idea central: la defensa de la soberanía nacional frente a organismos supranacionales, élites globales y consensos internacionales, simbolizado en la Agenda 2030. Sin embargo, cuando se analizan sus alianzas y referentes exteriores, surgen contradicciones significativas entre ese discurso y las consecuencias reales de dichas relaciones para los intereses de España. 

Así, Vox ha mostrado reiteradamente su simpatía y apoyo a Donald Trump, al que presenta como ejemplo de liderazgo fuerte, defensa del Estado-nación, rechazo al globalismo y oposición al progresismo internacional. Sin embargo, trasladado al terreno económico choca con la dinámica de guerra comercial de Trump en la que, priorizando el interés de EEUU, se perjudican a exportadores europeos y entre ellos a los intereses de España, por imponerse aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, el vino y productos agroalimentarios.

Otro referente es el que hasta hace poco ha sido presidente de Hungría y el gran topo de Putin en Europa: Viktor Orbán. Vox ha aplaudido igualmente su defensa de la identidad nacional, oposición a las políticas migratorias europeas, rechazo del multiculturalismo y políticas LGTBi y su crítica al modelo federal de la UE. Sin embargo, esto contrasta con su silencio ante las acusaciones de corrupción y reformas antidemocráticas, motivos por los cuales buena parte de los fondos europeos se mantuvieron bloqueados. En represalia, Orban usó la confrontación con Bruselas y bloqueó decisiones comunitarias (créditos para Ucrania y sanciones contra Rusia) y exigiendo solidaridad cuando le convenía. Por tanto, es discutible denunciar la excesiva burocratización de Bruselas al tiempo que se apoya a gobiernos que viven de sus recursos y explotan la confrontación. Por si fuera poco, Orban fue acusado por la UE de filtrar negociaciones diplomáticas al oligarca ruso Putin. Así que bienvenida sea la victoria en Hungría del líder de la oposición, el europeísta de centro derecha Péter Magyar.

Finalmente, está el mandatario argentino Javier Milei, invitado varias veces al acto anual de Viva en el que Vox siempre había mostrado su fuerza de convocatoria. Sin embargo, el liberalismo libertario de Milei que aboga por un Estado mínimo, el cierre de toda institución que controle la economía como por ejemplo el Banco Central Argentino (responsable de las políticas monetarias y cambiaria) y especialmente por una economía abierta al exterior tampoco casa con el proteccionismo nacionalista mencionado. Además, Vox no promete aplicar "motosierra" a las pensiones como hizo el argentino y ni tan siquiera congelando las más elevadas.

Al margen de sus filias, Vox no termina de aclarar ni qué tipo de relaciones internacionales propone, ni dónde están los límites entre cooperación y subordinación. Ha dado muchos bandazos como con el tema de Rusia y Ucrania, como culpar a la UE de la guerra y de su dependencia energética con Putin y en Madrid se evolucionó a una postura más crítica con Israel contrastando con la visión inamovible de la dirección nacional. Al igual que en la economía, la política exterior de Vox parece responder más a una lógica cultural. Los aliados internacionales se eligen por afinidad ideológica y posicionamiento en la “guerra cultural”.

Inmigración: discurso estratégico y fractura interna

La inmigración constituye uno de los ejes centrales del discurso de Vox y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde se perciben con mayor claridad las tensiones internas entre la dirección del partido, su estrategia comunicativa y una parte significativa de su base social. Vox ha intentado construir un relato diferenciado que no rechaza toda inmigración por igual, sino que establece una jerarquía basada en criterios culturales. En este marco, se muestra una mayor tolerancia hacia la inmigración procedente de países latinoamericanos apelando a la lengua común, la herencia cultural compartida y la tradición cristiana, presentando a esta inmigración como más fácilmente integrable y menos conflictiva. Es decir, una inmigración "culturalmente compatible". Este enfoque permite a Vox contrarrestar acusaciones de racismo, ampliar su base electoral y mantener relaciones con el mundo hispanoamericano. Incluso también en algunas regiones ha sido más laxo con el tema de las "paguitas" exigiendo a cambio un periodo medio de residencia previa.

Sin embargo, este planteamiento no es compartido de forma homogénea por sus votantes, especialmente entre sectores jóvenes, que son simpatizantes más activos en redes sociales y entornos con una fuerte carga identitaria. En estos espacios se observa un rechazo creciente a toda forma de inmigración, incluida la latina. El discurso predominante en ellos es de saturación, pérdida de identidad y de competencia por recursos y ayudas, desvinculando el factor de origen, cultural y religioso y asociando el problema a lo estructural. De esta forma, la brecha y la tensión entre la dirección y su base es clara. La dirección necesita un discurso matizado, respeto institucional y no cerrarse puertas electorales, mientras que la base demanda posiciones más radicales, rechaza excepciones culturales y considera cualquier matiz una concesión. 

Esa incoherencia interna simplifica un fenómeno complejo y dificulta una posición estable, priorizando una vez más el impacto emocional sobre la propuesta técnica. Tenemos los ejemplos del cierre de centros de Menas sin ninguna alternativa y más recientemente la polémica de la "prioridad nacional" que es imposible de aplicar en sentido literal por ser contraria al artículo 14 de la Constitución Española. Por consiguiente, se refuerza su imagen como partido más reactivo que proactivo y se reconduce el debate de gestión de la integración de inmigrantes hacia exclusivamente la seguridad y la identidad. En dicha tesitura, se complica la elaboración de políticas públicas realistas, alimentando expectativas imposibles de satisfacer (como deportar a centenares de miles de inmigrantes ilegales) que terminarán amplificando la frustración de su propio base.

Monarquía: defensa institucional y erosión del símbolo

La relación de Vox con la monarquía constituye otra de sus contradicciones más delicadas, no tanto por su formulación oficial, sino por la disonancia creciente entre el discurso del partido y la percepción de una parte significativa de sus votantes.

Vox se presenta como un partido abiertamente monárquico y defensor de la Corona como pilar del orden constitucional, en tanto que garantía de la unidad de España, elemento de estabilidad institucional y contrapeso frente al republicanismo izquierdista y los nacionalismos periféricos. Sin embargo, esto contrasta con una creciente desconfianza hacia la figura de Felipe VI entre sus votantes y simpatizantes, que puede percibirse en redes sociales y determinados canales de YouTube que difunden los mensajes del partido. Cuestionan su neutralidad política y le acusan de estar alineado con la Agenda 2030, así como seguir el discurso de Moncloa en intervenciones públicas y foros internacionales con un lenguaje institucional considerado ambiguo. Sin embargo, tampoco hace nada proactivo Vox, por lo que da la impresión de que protege la institución en el plano retórico al tiempo que valida su debilidad en la práctica. Es más, declaraciones individuales contribuyen a ello, como las de Hermann Tertscht difundiendo el bulo de que Felipe VI había perdido perdón por los abusos de la Corona en México en el siglo XVII.

De esa manera, se asiste a otra tensión no resuelta en Vox. Por un lado pretende erigirse como partido de orden, pero bebe de un electorado crecientemente antisistema que desconfía de absolutamente todas las instituciones. La monarquía, en realidad, siempre ha respetado el discurso de Moncloa con Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Suárez y Calvo Sotelo. Pero para una parte importante del electorado sólo se le da el visto bueno si confirma sus expectativas ideológicas, rompiendo con la tradición de asumir la monarquía como un pilar incuestionable. Ante ese panorama, ¿Cómo se va a pretender cualquier defensa sólida de la monarquía frente a ataques de los adversarios más acérrimos como los independentistas o la extrema izquierda? Si ahora se suma una extrema derecha antisistema, se refuerza una lógica de confrontación permanente propia de la polarización y se estrecha considerablemente el margen para una crítica institucional responsable.

Comunicación institucional: cuando los argumentos se pierden en el ruido

Más allá de sus contradicciones ideológicas, Vox presenta un problema estructural relativo a una profunda ineficacia comunicativa. No tanto por falta de argumentos, sino por su incapacidad para articularlos de manera comprensible, persuasiva y políticamente productiva. En ámbitos como la descentralización territorial, la gestión de la inmigración, las políticas feministas, la legislación de igualdad y el enfoque identitario impulsado por las instituciones existen contradicciones, efectos no deseados y debates legítimos que podrían ser objeto de una crítica sólida y transversal. El problema es que cuando esas críticas proceden de Vox el mensaje se diluye o se rechaza de plano y no por su contenido, sino por la forma en que se presenta. En comunicación externa, Vox cuenta con los creadores de contenido como David Santos o Infovlogger que crean comunidad apoyando al partido de forma incondicional. Han favorecido parte de esa subida de Vox, pero todo tiene un límite y ya sólo puede aspirar a mantenerse en lo que está.

Un ejemplo que contrasta es el de Juan Soto Ivars, quien ha abordado estas mismas cuestiones a través de su libro, su canal de YouTube y columnas de prensa en El Confidencial y ahora en ABC. Su enfoque se caracteriza por señalar contradicciones políticas sin negar problemas reales, evitar la descalificación global, no plantear la supresión inmediata de leyes sino su revisión crítica y utilizar un lenguaje que invita a pensar, no a alinearse emocionalmente. Esto le permite llegar a públicos diversos, ser leído incluso por personas ideológicamente alejadas y contrarrestar el marco de “derecha reaccionaria” que suele activarse automáticamente. Vox, en cambio, carece de figuras que cumplan esa función de mediación intelectual. No dispone de perfiles que expliquen con matices ni traduce la crítica política en términos comprensibles para mayorías sociales y tampoco construye un relato alternativo que dispute la hegemonía cultural. En lugar de esto, opta por consignas simples, prioriza la confrontación aprovechándose de la misma polarización y que le ha impulsado y contribuye a reducir el debate a términos binarios, tal y como hace el socialismo. De esta manera, los argumentos se tornan en ruido ante la falta de estructuras formales e informales capaces de traducirlos políticamente.

Además, desde el punto de vista estratégico, Vox comete un error recurrente al aceptar el marco comunicativo de sus adversarios. Como plantea su crítica señalando el adoctrinamiento ideológico y la supresión o derogación como solución sin transición ni alternativa clara, favorece que la izquierda contraataque con más populismo, interpretaciones sesgadas y bulos. Eso refuerza el miedo al cambio al retratando una opción regresiva y radical. Con actitudes así, lo único que se consigue es movilizar a la base en su identitarismo y generar titulares, pero no a construir mayorías ni convencer a indecisos más allá de los fuertemente polarizados. Es la consecuencia de gastar más energías en criticar el dominio cultural de la izquierda que en articular un discurso elaborado capaz de disputarlo.

Conclusiones

Las consecuencias de una economía y política exterior subordinada al relato identitario es que se dificulta la credibilidad del partido como alternativa de gobierno, generando confusión entre votantes con intereses económicos distintos e impidiendo articular un proyecto estable. Vox no explica ni cómo compatibiliza la defensa del campo español con la apertura de mercados ni cómo protege la industria sin intervención estatal. Esta ambigüedad sugiere que la política económica de Vox no responde a un cuerpo doctrinal sólido y que se adapta más bien al marco emocional y simbólico, es decir, al malestar social. 

Programáticamente, es un partido más definido por lo que rechaza que por lo que propone dado que mientras que ha logrado consolidar una identidad política clara contra el progresismo, el feminismo institucional, el modelo territorial y políticas migratorias expansivas, no existen estrategias sostenibles a largo plazo sino adaptadas al momento. Se apunta a una lógica en la que lo identitario prima sobre la coherencia programática y funciona mejor como herramienta de movilización que proyecto de gobierno.

A esa falta de coherencia se le suma el problema clave de su incapacidad para comunicar eficazmente y convencer a indecisos rompiendo marcos ideológicos adversos y construir mayorías sociales en las que tenga protagonismo proactivo. El coste de no saber disputar el terreno cultural le aboga a concentrar voto en las sensaciones negativas y confrontación, que es lo típico de los partidos populistas extremistas. Esto sólo refuerza la imagen que sus adversarios proyectan de él (ultraderecha para la izquierda y populismo para el PP), limita su crecimiento y reduce su capacidad de influencia real.

En este contexto, Vox se enfrenta a una encrucijada estratégica. O mantiene un perfil centrado en la movilización identitaria (que le dió subidón desde 2019) y con alta fidelidad de su base pero con dificultades para ampliar apoyos ó bien evoluciona hacia un proyecto más coherente y estructurado con mayor capacidad de gobierno pero a costa de otras tensiones internas. El recorrido futuro del partido dependerá en gran medida de cómo resuelva estas contradicciones. Puede que Vox haya conseguido construir un relato potente, pero no ha demostrado ser capaz de convertirlo en un proyecto político coherente, estable y mayoritario. Y en política, tarde o temprano, la coherencia deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una condición sine qua non de viabilidad. Y si existen dudas, que pregunten a Ciudadanos y a Podemos.

jueves, 9 de abril de 2026

Eutanasia, suicidio y salud mental: un análisis necesario más allá del ruido

Cuando hablamos de eutanasia, a muchos nos viene a la mente el caso de Ramón Sampedro, un marinero que acabó tetrapléjico y pasó 30 años de su vida postrado en una cama. Los tribunales, como no existía ninguna Ley al respecto, le negaron el acceso a una muerte digna. Finalmente, la consiguió con ayuda de muchas personas para evitar posibles imputaciones de delito. Pudo beber un vaso con cianuro no sin antes grabar un vídeo de despedida para que quedase claro que era su voluntad. Esta historia motivó una película en el año 2004 (Mar adentro) y de alguna manera creó una conciencia en la gente de que el derecho a una muerte digna, en determinadas condiciones, debía de ser posible. Lo que ha generado cierta controversia es que 28 años después asistiéramos (hace algunas semanas) al caso de Noelia Castillo. Fue una joven de 25 años cuyo caso reabrió el debate sobre hasta qué punto han fallado los entornos familiares, institucionales y sanitarios. Pero no quería hablar hasta pasados unos días sobre este tema y sin personalizar en esta joven, dado que me parecía más apropiado examinar el estado de la cuestión en materia de suicidio, eutanasia y salud mental. Más allá de que nos sobrecoja lo sucedido, que algunos no entiendan que no se puede poner el foco sobre la víctima y que prefieran ver en sus cabezas que lo ponen los que sólo apuntan al fracaso del sistema, conviene analizar estos puntos con calma y objetividad.

La regulación de la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021, de 25 de junio, fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Esta norma regula y despenaliza la eutanasia en España permitiendo a mayores de edad con "enfermedad grave e incurable, padecimiento crónico e imposibilitante" el solicitar ayuda a las Administraciones  para morir dignamente y bajo un proceso con consentimiento informado. Su solicitud voluntaria ha de ser emitida por escrito y repetida dos veces con al menos 15 días naturales entre una y otra y se registra sin coste para el solicitante en el Sistema Nacional de Salud. Dos médicos deberán de evaluar el caso y finalmente una comisión de garantía valida el proceso. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a negarse a realizar esta prestación, creando un registro de objetores. En resumen, cumpliendo lo establecido en esta Ley, la muerte del paciente a manos conscientes del personal sanitario no es delito sino considerada legalmente como prestación sanitaria. En dicho contexto, debiera de respetarse la voluntad de la persona. Sin embargo, como ya dije arriba, es lógico que nos echemos las manos a la cabeza cuando pasan sucesos como los de Noelia (que en realidad son residuales) y nos preguntemos si el Estado podría haber hecho algo para evitar que decidiese eso.

Examinando las estadísticas de eutanasia, vemos que desde 2021 que entró en vigor la han recibido más de 1.300 personas, es decir, según datos difundidos por una asociación que defiende este nuevo derecho que implica el suicidio asistido. De esas, 426 se materializaron en 2024. Sin embargo, hasta 308 personas fallecieron durante el proceso a pesar de que se ignora en qué casos las muertes eran ya inminentes e inevitables. 141 fueron denegadas y en 54 se revocó la solicitud por seguramente arrepentimiento de la persona. Un 76% de los solicitantes fueron mayores de 60 años y un 25% mayores de 80 y la media de tiempo de resolución está en torno a los 50 días.

El caso de Noelia y lo que le ha rodeado ha provocado declaraciones como las de la ministra de Sanidad Mónica García que aboga por acortar los plazos, reforma que podríamos considerar lógica teniendo en cuenta las cifras de las estadísticas con gente que fallece antes de terminar el proceso. Pero al mismo tiempo defiende bloquear los recursos judiciales de familias y asociaciones. Esto último sobre todo ha sido lo que ha catalogado como "fuga legal". ¿En qué momento ha llegado a catalogarse así a un régimen garantista? Si reducimos los plazos, no tiene sentido que al tiempo se supriman recursos, así que en ese punto habrá que esperar a conocer por dónde quiere tirar de forma más concreta.

Las estadísticas del suicidio

Comprobando las estadísticas de 2024, vamos que de cerca de 3.700 los hombres representan el TRIPLE de cifras que las mujeres (2.700 frente a 900) y buena parte de las personas que voluntariamente ponen fin a su vida por sí mismos se concentran en la mediana edad. Más de 1.000 personas entre los 45 y 59 años. Por el contrario, son muy pocos casos los menores de edad, pero con mucha probabilidad representan otra desgracia de la sociedad como el bullying. En cuanto a los jóvenes de edad algo mayor (entre 15 y 29 años) la brecha de género de la que nadie habla es todavía mayor, pues la cifra de suicidios cometidos por los hombres cuadruplica a la de las mujeres (235 frente a 74). Si consultamos el mapa interactivo se pueden comprobar estas cifras de forma más resumida, de manera que un 75% de las personas son mayores de 40 años y el 50% entre 40 y 64 años. Curiosamente, donde más personas hay que, en proporción, cometen esta trágica decisión se concentran en el oeste de España mientras que hay menos en el Este. Donde más hay es en Cantabria y donde menos en Madrid y Navarra. Desde 2018 a 2022 hubo un fuerte repunte alcanzando la peor cifra de hombres de los últimos 25 años. Habría que analizar y estudiar por qué estas cifras y qué factores pueden influir en la salud mental de las personas y especialmente en los hombres. Pues bien, frente a este componente de género y de edad, algunas interpretaciones sesgadas pretenden minusvalorar el problema aludiendo a una supuesta "masculinidad tóxica" silenciando la incidencia multifactorial. Así, influirían variables múltiples de aislamiento, ruina económica, problemas con alcohol o drogas (comunes en mujeres), desahucios, divorcios, hijos apartados y, por qué no decirlo, víctimas de presuntas denuncias falsas en el ámbito viogen. Sólo un estudio valiente y bien construido metodológicamente nos permitiría conocerlo.

Sean cuales sean las razones y la lectura que hagamos, estaremos todos de acuerdo con que no son casos de muerte digna. No es digno para nadie terminar tirándose de un puente, ponerse una soga o hincharse a pastillas. Ahora bien, entiendo que es imposible y no podríamos establecer ninguna relación fiable entre aquéllos que pusieron fin a su vida por sí mismos que, de haber podido, hubiesen recurrido a la eutanasia. De hecho, estos números estadísticos y el contraste con los anteriores sobre la eutanasia me hace pensar que el suicidio podría tener un componente más repentino. Me refiero a que a pesar de que de alguna manera el sufrimiento de la persona experimente una escalada, el de la eutanasia parece un proceso más reflexionado. Otra diferencia es que en la eutanasia no se percibe componente de género sino más bien de edad, dado que quienes más la solicitan son los mayores de 80 años y la media de edad está en 69. Así que el caso de Noelia es una total excepción a la regla.

La Salud Mental y la prevención del suicidio

El actual Plan nacional de Salud Mental es, como el anterior, de carácter trianual y engloba los años 2025-2027. Sin embargo, ya no aborda la prevención del suicidio ni incluye acciones al respecto, entendiendo que la relevancia e importancia de este tema motivaban la aprobación de uno separado. Así, el 14 de febrero de 2025 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Los objetivos son desarrollar actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en personas mayores, así como actividades formativas específicas para los mismos. En segundo lugar, se impulsan actuaciones, acciones y actividades preventivas de problemas de salud mental y de promoción de la salud, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que fomenten la participación. Estas acciones están dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años al considerarse un grupo en situación de especial vulnerabilidad a problemas de salud mental y el suicidio. En tercer lugar, se promueven actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios, sociales y personas cuidadoras para mejorar la detección de problemas de salud mental en este colectivo. Por último, existen también algunos programas y actividades destinadas a jóvenes adolescentes, personas LGTBi, personas con discapacidad y otras con riesgo de discriminación. Se destina una cantidad económica de 18 millones de euros.

Comparando con otros países de Europa, Reino Unido destaca en medición y rendición de cuentas a pesar de que no haya logrado reducir las tasas y los países nórdicos como Finlandia impulsan su Estado del bienestar con más recursos humanos, fuerte inversión en salud mental y políticas de vivienda y empleo, mientras que España estaría más cerca de las naciones del sur con una naturaleza más estratégica que práctica, baja financiación y especialización en los sistemas sanitarios.

Entre las fortalezas del plan español, destaca que trata con factores sociales, sanitarios y educativos e integra a los tres sistemas públicos responsables, refuerza la atención inmediata a través del teléfono 024, se participa en campañas públicas y mediáticas de sensibilización, se proporciona formación a los profesionales como docentes, sanitarios y trabajadores sociales y se provee apoyo psicológico a las familias cuando el drama se ha consumado.

Sin embargo, las debilidades nos hacen reflexionar y mucho. Para empezar, el presupuesto se asemeja muy limitado para un problema de esta magnitud. Para ponerlo en contexto, esos 18 millones son repartidos entre todas las CCAA y múltiples líneas de acciones con el riesgo real de que muchas de esas medidas queden sin impacto operativo. En segundo lugar, como plan que es tan sólo define qué hacer, que objetivos y bajo qué indicadores genéricos en sentido agregado. Pero no entra en la ejecución ni en aspectos como plazos concretos e indicadores más claros, cuantificables y específicos de cumplimiento. Por el contrario, la evaluación prevista termina siendo más política que técnica. En tercer lugar, deriva responsabilidad a las CCAA. Y ya sabemos cómo funciona en estas cosas el Estado de las autonomías, con una desigual aplicación entre regiones y mayor dificultad para evaluar resultados. En cuarto lugar, no aborda de forma contundente problemas como la falta de psicólogos en la Sanidad pública, la saturación en atención primaria y las listas de espera en salud mental. A pesar de que se mejoren los protocolos, si no se incrementan los recursos humanos es más difícil de aplicar. En quinto lugar, en materia de prevención social y aunque valora factores de pobreza, precariedad y soledad, se queda más en términos de coordinación y sensibilización que en políticas concretas. Y finalmente y el que creo que es el más grave de todos, es que parte de un énfasis prioritario en las personas mayores cuando las cifras de estadísticas apuntan una incidencia muy significativa en los hombres de mediana edad y tanto en términos absolutos como proporcionales. Esto sugiere un desequilibrio en la priorización de colectivos, al no existir previsión específica relativa a los mencionados hombres.

Conclusiones

En definitiva, este plan peca de escasa financiación, ejecución difusa, dependencia territorial y mal enfocado por su discutible lectura de las estadísticas, pues el colectivo en el que más se centra es en realidad el que es mayoritario en las solicitudes de eutanasia. Al mismo tiempo, oculta totalmente la singularidad de los hombres de mediana edad y por lo tanto lo silencia como grupo mayoritario. A pesar de que dicho plan pueda parecer moderno y se alinee con estándares internacionales, es más un brindis al sol y un documento con mayor impacto político y reputacional que transformador. En la práctica se encuentra con numerosas barreras y muchas culpa de su  propia definición. Principalmente porque su planificación es insuficiente, de manera que luego las carencias en su ejecución puedan ser achacadas a las propias autonomías relegando al Estado y al Gobierno de turno a la promoción de la imagen y no a la responsabilidad pública de logros efectivos. Así que mi pregunta final con dardo es la siguiente: ¿van a esforzarse el Gobierno y las CCAA en reforzar el diagnóstico y prevención de las condiciones que conducen al suicidio o por el contrario les interesa más flexibilizar la burocracia para proveer la muerte digna?

*Recuerda que si necesitas ayuda en España, puedes llamar al 024 (Línea 024 de atención a la conducta suicida).