viernes, 20 de noviembre de 2026

Elecciones Generales 2026: debates, encuestas y la batalla por el voto

Las campañas electorales son el momento de las grandes promesas. Los debates deberían ser el momento de comprobar cuánto hay detrás de ellas.

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre avanza hacia su recta final y los partidos intensifican sus esfuerzos por convencer a los españoles. Entre mítines, entrevistas, anuncios y promesas de toda clase, llega también el momento de confrontar propuestas, defender cifras y responder a acusaciones incómodas. Porque una cosa es desenvolverse entre aplausos de los propios y otra bastante distinta es someterse al contraste público de los argumentos: los debates.

Durante estos días hemos asistido a debates sobre dos cuestiones fundamentales para nuestro país: la economía y la vivienda. Dos ámbitos estrechamente relacionados con la prosperidad de los españoles y en los que, después de años de dificultades acumuladas, ya no deberían bastar las buenas intenciones, los grandes titulares ni las promesas convenientemente recicladas. Las propuestas merecen ser examinadas, pero también los antecedentes y la credibilidad de quienes las presentan. Entre estos encuentros se ha sumado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En este artículo analizo los principales debates de campaña, contrasto algunas de las afirmaciones más relevantes de sus protagonistas y examino la evolución de las encuestas nacionales y de la Región de Murcia.

Debate económico en La Sexta

El viernes 13 de noviembre, La Sexta celebró el primer debate económico de la campaña, moderado por Ana Pastor y protagonizado por Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio). 

La crisis ferroviaria abrió el debate. Cuerpo anunció una comisión técnica que elaboraría en dos meses un libro blanco sobre las necesidades de la red, con vistas a un posible pacto de Estado. Bravo reclamó una auditoría general de las infraestructuras y un plan de choque, cuestionando la ejecución de las inversiones y la gestión de los recursos públicos. Bustinduy defendió reforzar el ferrocarril público y aumentar su financiación y, por último, Figaredo relacionó el deterioro de las infraestructuras con la corrupción y reclamó una revisión de la gestión. Es razonable estudiar las necesidades de inversión y buscar acuerdos duraderos, pero también exigir responsabilidades por las deficiencias existentes. Después de años de gestión, el Gobierno debería poder ofrecer algo más que otra comisión de expertos y un nuevo documento de diagnóstico. Y las alternativas de la oposición tampoco pueden limitarse a reclamar auditorías sin concretar al menos las actuaciones prioritarias.

Las pensiones protagonizaron uno de los enfrentamientos más sustanciales. Bravo exhibió la reforma de 2023 y preguntó reiteradamente a Cuerpo por los mecanismos correctores previstos ante posibles desequilibrios financieros, apoyándose en las advertencias de la AIReF sobre la sostenibilidad del sistema. Cuerpo acusó al PP de generar incertidumbre y defendió la actualización del IPC. Sin embargo, garantizar la revalorización de las pensiones no equivale a hacerlo con sostenibilidad futura. Eso tampoco parecen entenderlo ni Bustinduy en su fundamentalismo del sistema público de reparto ni tan siquiera Figaredo que, al verse cuestionado, se enrocó en la sostenibilidad sin atreverse a defender sin ambages el modelo mixto:  un sistema que combine una pensión pública básica o contributiva con mecanismos complementarios de capitalización, que apoyo sin fisuras para hacer frente al invierno demográfico.

En vivienda, Bravo defendió la construcción de un millón de inmuebles, el 40% públicos, mediante reformas del suelo, incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica. Cuerpo discutió la viabilidad de la promesa, especialmente por la escasez de trabajadores en la construcción, y recordó las competencias urbanísticas de las regiones gobernadas por el PP.  En este vergonzoso "y tú más", igual convendría que el ministro socialista recordase las trabas con las que cuentan las constructoras en acceso a crédito, impuestos, precios de los materiales y otros costes que limitan su actividad y de las que debería responsabilizarse su PSOE. Por su parte, Bustinduy mantuvo que no era suficiente carga impositiva y propuso nuevos gravámenes sobre la acumulación de viviendas y los grandes propietarios, mientras que Figaredo sí atribuyó parte de la presión sobre el mercado a las restricciones a la construcción así como al crecimiento de la población inmigrante. Este último factor explicativo puede ser correcto pero incompleto, pues las migraciones internas también influyen.

El poder adquisitivo enfrentó las cifras oficiales con la realidad económica de los hogares. Bravo sostuvo que los trabajadores habían perdido un 3,8% de capacidad adquisitiva en términos reales. Esa cifra coincide con la estimación del Instituto Juan de Mariana para el salario neto de un trabajador tipo entre 2018 y 2026. El cálculo combina estadísticas oficiales del INE con una simulación fiscal, por lo que no representa necesariamente la evolución de todos los asalariados. Cuerpo cuestionó la comparación por los cambios metodológicos de las series estadísticas y defendió el crecimiento económico, el empleo y la evolución de los salarios nominales. Al actuar como ministro de Economía y vicepresidente, basó gran parte de su argumentario en métricas oficiales de organismos como el INE y Eurostat (crecimiento del PIB en torno al 2,7% en 2026). No obstante, no puede ocultarse la otra cara de la moneda económica: los buenos resultados macroeconómicos no necesariamente se traducen en mejoras equivalentes para todas las familias, especialmente cuando aumentan los costes de vivienda y otros gastos esenciales. 

En materia salarial, Bravo vinculó las mejoras retributivas a la productividad y la competitividad, mientras que Cuerpo objetó la concreción de esas variables. Bustinduy defendió una mayor redistribución de los beneficios empresariales haciendo gala del patriotismo impositivo como solución clásica de la izquierda y Figaredo insistió en los efectos negativos que, a su juicio, tiene la inmigración sobre los salarios pese a que los informes de Fedea y Funcas parecen desmentirlo. No obstante, no impide que una parte de los puestos de trabajo de inmigrantes sea de baja cualificación.

En fiscalidad Bravo propuso reducir el IRPF y aliviar la carga tributaria de familias y autónomos, defendiendo una Administración más eficiente al igual que Figaredo. Cuerpo advirtió de sus posibles efectos sobre el déficit y vinculó el aumento de la recaudación al crecimiento económico, mientras Bustinduy reclamó mayor tributación de los grandes patrimonios. La reducción de impuestos puede formar parte de una estrategia de crecimiento y simplificación administrativa, pero requiere cuantificar sus efectos presupuestarios. Del mismo modo, una mayor recaudación no demuestra por sí sola que el gasto público sea eficiente, ni aumentar la tributación garantiza automáticamente mejores servicios. Lo hemos podido comprobar los españoles al asistir (según informaciones del Ministerio de Hacienda) una recaudación fiscal en 2025 superior al 10% del año anterior con 325.356 millones de euros. La verdadera discusión debería centrarse en cuánto necesita recaudar el Estado, para qué y con qué resultados, pues si observamos la gestión de nuestros servicios públicos muchos nos preguntamos qué se habrá perdido por el camino. Sin embargo, estoy convencido de que para la izquierda es más ilusionante superar récords de recaudación que disponer de servicios públicos eficaces y eficientes.

Debate de vivienda en la Cadena SER: dos modelos frente a frente

El 18 de noviembre, la Cadena SER organizó un cara a cara dedicado exclusivamente a uno de los principales problemas de España: el acceso a la vivienda. Participaron Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y representante del PSOE, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía y Vivienda del PP, bajo la moderación de Aimar Bretos. 

Diagnóstico: el problema de la oferta. Juan Bravo centró buena parte de su intervención en la insuficiencia de viviendas disponibles. Citó al Banco de España para señalar un déficit acumulado de aproximadamente 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, una cifra que efectivamente aparece en el Informe Anual 2025 de la institución. También recordó que durante 2025 se formaron unos 240.000 hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas. Se trata de un desequilibrio estructural que difícilmente puede ignorarse. Si la formación de hogares supera persistentemente la construcción de viviendas, la presión sobre los precios y las dificultades de acceso se convierten en problemas cada vez más difíciles de resolver. Isabel Rodríguez reconoció la necesidad de incrementar la construcción, pero defendió que el problema responde también a décadas de confianza excesiva en el mercado inmobiliario. En ese contexto, reivindicó el aumento de la inversión pública, la regulación del alquiler y la creación de un parque estable de vivienda protegida.

Ambos diagnósticos contienen elementos que merecen consideración. La insuficiencia de oferta está documentada, pero aumentar la construcción tampoco elimina por sí solo el problema cuando las empresas están sometidas a restricciones legales, burocráticas y de crédito y además con unos costes crecientes de materiales e impuestos. Por lo tanto no se trataría ya de promover la oferta sino de no estrangularla.

Construcción y gestión. Bravo reiteró el compromiso del PP de construir un millón de viviendas, mediante colaboración público-privada, simplificación administrativa y una reforma de la legislación del suelo. Por su parte, Rodríguez respondió reivindicando los fondos públicos destinados a vivienda, la colaboración con el sector de la construcción para VPO y la participación de nuevos proveedores sociales. Esto último se hace siguiendo el modelo europeo de Housing Associations, habilitado por el Real Decreto Ley 29/2026, de 6 de octubre y recientemente convalidado (12 de noviembre). Por tanto, la norma fue aprovechada como reclamo electoral.

Bravo puso en duda el cumplimiento de las 184.000 viviendas anunciadas por Pedro Sánchez. Aquel compromiso no consistía exclusivamente en construir viviendas nuevas, sino en habilitarlas para alquiler social o asequible. Según una verificación publicada por Verificat el 19 de octubre, el Ministerio de Vivienda cifraba en unas 124.000 las viviendas movilizadas, aproximadamente el 67% del objetivo. Sin embargo, esa cantidad incluye actuaciones en distintas fases de desarrollo, desde proyectos todavía pendientes de ejecución hasta viviendas terminadas. La investigación identifica 40.411 viviendas contabilizadas como incorporadas mediante distintos mecanismos, aunque advierte de que la información disponible no permite determinar de forma homogénea cuántas están efectivamente terminadas, adjudicadas y habitadas. En cualquier caso, la exigencia de explicaciones planteada por Bravo está justificada porque, después de tantos anuncios repetidos en bucle, lo que necesitan los ciudadanos no son estadísticas convenientemente agrupadas, sino viviendas reales a las que puedan acceder.

Fiscalidad. Bravo defendió una reducción del IVA del 10% al 4% para la adquisición de la primera vivienda habitual, junto con avales públicos, incentivos fiscales y facilidades para afrontar los desembolsos iniciales. Mientras, Rodríguez recordó las bonificaciones y medidas fiscales impulsadas por el Gobierno, si bien están vinculadas a vivienda protegida y alquileres asequibles que cumplan requisitos legales y no en términos generales. Por tanto, la propuesta popular supondría extender el beneficio fiscal a un conjunto mucho más amplio de operaciones frente al carácter restringido que mantiene el PSOE. Las rebajas fiscales pueden reducir los costes de adquisición para los compradores, pero, cuando la oferta es rígida, una parte del beneficio podría trasladarse a los precios. Por consiguiente, la idea que mantengo sigue siendo la incidencia multifactorial en la situación del mercado de vivienda.

Alquileres, regulación y seguridad jurídica. Rodríguez defendió los denominados "Decretos Maricarmen" referenciando los mecanismos de contención de alquileres, las prórrogas, las bonificaciones a propietarios que reduzcan precios y una mayor actuación frente a viviendas turísticas ilegales. También abogó por incrementar la presión fiscal sobre inmuebles destinados a usos distintos del residencial habitual, como los turísticos. Bravo cuestionó estos elementos y defendió recuperar viviendas para el mercado mediante mayores garantías jurídicas y deducciones fiscales a los propietarios, de manera que se vieran incentivados a prorrogar los contratos. Mi valoración es que las políticas socialistas proyectan una presión regulatoria tan asfixiante sobre el arrendador que prácticamente se le pretende disuadir de recuperar su propia vivienda o de poner fin al contrato cuando legalmente corresponda. Y creo que me quedo corto.

Aparecieron dos cifras llamativas: las aproximadamente 400.000 viviendas que, según Bravo, habrían desaparecido del mercado del alquiler, y los 475.000 contratos menos que Rodríguez atribuyó a datos de la Agencia Tributaria. El economista Juan Ramón Rallo ha advertido de una fuerte reducción de los anuncios de alquiler tras la entrada en vigor de las recientes medidas regulatorias del Gobierno. Según los datos de Idealista que cita, la oferta anunciada habría caído un 19% entre finales de septiembre y finales de octubre, un descenso que considera muy superior al habitual por razones estacionales. Además, la incertidumbre regulatoria también ha tenido su reflejo en la Región de Murcia. Según los datos de Idealista publicados por La Opinión de Murcia el 6 de noviembre, los anuncios de viviendas en alquiler disminuyeron un 18 % entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre, lo que representa unas 750 ofertas menos. Por su parte, un estudio de EsadeEcPol detectó una caída del 12,5 % en los anuncios de alquiler de larga duración de Murcia capital entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, el mayor descenso de las diez ciudades examinadas. Rallo ha relacionado estas reducciones con el endurecimiento de la regulación y la inseguridad jurídica percibida por los propietarios. 

Ocupación ilegal y desahucios. Juan Bravo preguntó a Isabel Rodríguez si apoyaba el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo máximo de 48 horas. Recordó que el PSOE había incluido ese compromiso en su programa electoral de 2023. Y, efectivamente, la propuesta figuraba expresamente en aquel documento. Rodríguez defendió la aplicación de la ley frente a la ocupación ilegal y las medidas judiciales adoptadas, aunque dedicó buena parte de su respuesta a denunciar los desahucios de personas vulnerables y a reclamar mayor protección social. De esa manera, en mi perspectiva se dedicó a mover la portería para desarrollar el sempiterno relato de protección a los débiles, dado que los desahucios exprés le interesan menos. Y precisamente el año pasado publiqué un artículo sobre el marco legal propicio para la ocupación e inquiokupación del que los propios socialistas son responsables por acción u omisión. La protección del derecho de propiedad y la actuación frente a la ocupación ilegal pueden ser compatibles con mecanismos de asistencia pública para las familias vulnerables. Pero la solución no puede consistir en desproteger a unos ciudadanos para proteger a otros, que es la dinámica que ha llevado por bandera el socialismo y sus socios durante esta legislatura. Y tampoco creo aceptable que las administraciones terminen asumiendo con dinero público los impagos de las cuotas de los inquilinos. La vulnerabilidad debe acreditarse y atenderse, pero no convertirse en una excusa permanente para desdibujar los derechos de propiedad.

El cara a cara Sánchez-Feijóo

El jueves 19 de noviembre tuvo lugar el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Según el análisis publicado por ABC, ambos candidatos dispusieron de tiempos de palabra prácticamente idénticos, alrededor de 39 minutos cada uno. Feijóo interrumpió a Sánchez en 55 ocasiones, frente a las 16 interrupciones contabilizadas al presidente. El mismo análisis estima que ambos dedicaron aproximadamente seis minutos a presentar propuestas. Estas cifras reflejan hasta qué punto el enfrentamiento político terminó ocupando buena parte del espacio, pero son lógicas teniendo en cuenta que el papel de la oposición sería ir al ataque y acorralar.

El escenario fue así tal cual: Sánchez volvió a recurrir a su habitual catálogo de estadísticas, logros gubernamentales y advertencias sobre la derecha, mientras Feijóo centró buena parte de sus intervenciones en cuestionar la gestión del Ejecutivo y exigir responsabilidades por sus decisiones y controversias. El presidente trató de defender una imagen positiva de la situación económica y social de España, pero su discurso tiene un problema fundamental: la credibilidad política no se recupera simplemente repitiendo cifras favorables. El problema de Sánchez no es que todos los datos que presente sean falsos. Algunos son correctos y reflejan avances que sería absurdo negar. Lo peor es la credibilidad de un presidente que pretende convertir cada indicador favorable en una absolución general de su gestión, mientras los problemas de vivienda, el encarecimiento de la vida, las controversias judiciales y las responsabilidades políticas siguen esperando respuestas convincentes. Feijóo, por su parte, se mostró más incisivo y consiguió poner al presidente ante varias contradicciones. Fueron especialmente acertadas sus réplicas sobre las políticas públicas y supo poner sobre la mesa todos los temas incómodos, si bien cometió varias imprecisiones y medias verdades en su relato.

Vivienda. Sánchez defendió su legislación y responsabilizó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de no aplicar la Ley. Feijóo respondió recordando los años que el presidente lleva al frente del Gobierno y cuestionando los resultados de las políticas aplicadas en Cataluña. Dicha réplica resultó especialmente interesante porque el reparto de competencias no puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades políticas. Las comunidades desempeñan un papel fundamental, pero obviamente existen competencias, leyes e instrumentos estatales que influyen directamente sobre el mercado residencial.

Los datos ayudan a contextualizar el debate. Según la verificación de Newtral, el Índice de Precios de Vivienda del INE aumentó aproximadamente un 70% entre 2018 y el segundo trimestre de 2026. Por su parte, los precios anunciados del alquiler recogidos por Idealista aumentaron alrededor de un 45% entre octubre de 2018 y octubre de 2026. También merece atención la afirmación de Sánchez sobre la construcción de un millón de viviendas. Los datos oficiales citados por Newtral contabilizan 693.676 viviendas terminadas entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026, una cifra sensiblemente inferior a la presentada por el presidente.

Respecto a Barcelona, el debate sobre los controles de alquiler exige distinguir entre evolución de los precios, número de contratos y disponibilidad de viviendas. Según los datos municipales recogidos por Newtral, los nuevos contratos de alquiler descendieron un 17% entre los primeros trimestres de 2024 y 2026. Esta evolución no demuestra por sí sola todas las consecuencias de la regulación, pero obliga a examinar sus posibles efectos sobre la oferta.

La vivienda necesita más construcción, mayor seguridad jurídica y políticas evaluadas por sus resultados. No tiene sentido perder el tiempo en argumentar qué administración puede echarle la culpa a otra. Y después de ocho años en el Gobierno, Sánchez debería comprender que responsabilizar sistemáticamente a las autonomías gobernadas por sus adversarios no es un balance convincente de su propia gestión. Sólo un descargo gratuito más de responsabilidad.

Economía. Sánchez volvió a reivindicar el crecimiento económico español, mientras Feijóo insistió en la presión fiscal, el encarecimiento de la vida y las dificultades económicas de las familias. Es cierto que España presenta cifras de crecimiento superiores a las de las principales economías europeas. Según Eurostat, el PIB español creció un 2,7% interanual en el segundo trimestre de 2026, por encima de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Pero también es relevante la evolución fiscal. Entre 2018 y 2025, la presión fiscal española aumentó 2,9 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 38,1% del PIB, según Eurostat.

El discurso gubernamental vuelve a fundamentarse en presentar indicadores positivos cuidadosamente seleccionados. Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, mantener importantes problemas de vivienda, poder adquisitivo y pobreza infantil. Negar cualquiera de estas realidades empobrece el debate. Los indicadores macroeconómicos son importantes, naturalmente. Pero asumirlos como certificado automático de calidad y buena gestión supone ignorar que el bienestar económico depende también de otros indicadores más próximos a la realidad cotidiana como los salarios reales, los precios, la fiscalidad y las oportunidades de progreso.

Servicios públicos. En materia social, Sánchez advirtió de los riesgos que, a su juicio, supondría un Gobierno de PP y Vox para las pensiones y los servicios públicos. Feijóo contraatacó exigiendo responsabilidades relacionadas con los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, dos tragedias que ocuparon uno de los momentos más tensos del encuentro.

Sánchez terminó pidiendo perdón a las familias de las víctimas. Es un gesto que personalmente creo que llega tarde, porque las disculpas no sustituyen la obligación de investigar las causas, esclarecer las responsabilidades y adoptar medidas para evitar nuevas tragedias. La seguridad ferroviaria exige una evaluación rigurosa de las infraestructuras, el mantenimiento y los procedimientos de prevención.

En cuanto a las pensiones, Sánchez afirmó que habían aumentado 600 euros de media durante su mandato. Sin embargo, los datos de la Seguridad Social recopilados por Newtral sitúan el incremento de la pensión media de jubilación en aproximadamente 494 euros mensuales entre junio de 2018 y octubre de 2026. También es necesario distinguir el incremento nominal de las pensiones de su poder adquisitivo real y de los desafíos de sostenibilidad del sistema. Defender las pensiones exige garantizar su sostenibilidad a largo plazo, no limitarse a dilucidar quién promete mayores incrementos o quién consigue asustar más a los pensionistas con las intenciones de sus adversarios.

Corrupción. Aquí se volvió a mostrar una de las estrategias más previsibles de Sánchez: responder a las controversias que afectan a su entorno político y personal recordando los escándalos históricos del PP. Los errores y delitos cometidos por otros no constituyen una eximente para los propios. Feijóo puso sobre la mesa los procedimientos judiciales y las controversias que han marcado la legislatura, así como las durísimas declaraciones de Carles Puigdemont admitiendo su estrategia política y retratando a Sánchez. Lo llamativo es que un presidente que llegó al poder presentándose como garante de la regeneración democrática termine recurriendo al historial de corrupción de sus adversarios para defenderse de las críticas sobre su propia gestión.

El PP tampoco está en condiciones de presumir de un pasado impecable en esta materia. Pero ese reconocimiento no convierte en aceptable el recurso permanente al «y tú más». La corrupción no puede convertirse en una competición por demostrar quién acumula más escándalos, sino en una razón para reforzar la independencia institucional, la transparencia y los mecanismos de control.

Inmigración y política exterior. Feijóo centró sus críticas en la inmigración irregular, la gestión de las fronteras y las relaciones con Marruecos, especialmente a raíz de los acontecimientos de Ceuta. Sánchez defendió una visión más favorable de la inmigración como oportunidad económica y social y vinculó parte de su discurso a la política internacional y a sus críticas a Donald Trump. La inmigración constituye un asunto demasiado importante para reducirlo a consignas. España necesita una política que combine control efectivo de fronteras, inmigración legal y ordenada, integración y respeto a los derechos fundamentales. También deben examinarse con rigor las cifras utilizadas. Newtral confirmó que algunos datos comparativos de Feijóo sobre entradas irregulares coincidían con informes de Frontex, pero corrigió su afirmación de que la agencia europea no tenía presencia en España.

Balance. Mi valoración del cara a cara es claramente más favorable a Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular consiguió situar sobre la mesa todas las polémicas que han marcado la legislatura y apuntó la responsabilidad política de Sánchez. Eso no significa que Feijóo estuviera impecable. Interrumpió demasiado y utilizó algunas cifras de manera incorrecta o incompleta. Si aspiramos a exigir rigor al Gobierno, debemos aplicar el mismo criterio a quienes pretenden sustituirlo. Pero Sánchez dejó una impresión todavía más preocupante. Volvió a refugiarse en sus habituales mantras, a repetir estadísticas y logros económicos como si estuviera participando en un mitin electoral y a desempolvar los escándalos del PP para esquivar un balance exigente de sus ocho años de gobierno. Pero ayer no tuvo la comodidad de una charla cómoda con Alba Carrillo en la Séptima.

Todo ello, unido a una imagen que percibí más apagada y desmejorada de lo habitual, después de las polémicas entrevistas con Carlos Franganillo y Susanna Griso y de las no menos controvertidas declaraciones de Carles Puigdemont, dejó una impresión paupérrima. No sé hasta qué punto esos acontecimientos pudieron influir en su actuación, pero lo cierto es que, mientras escuchaba sus respuestas y observaba su actitud, tuve la sensación de estar asistiendo a la exposición pública de un cadáver político. Naturalmente, solo el tiempo y las urnas podrán confirmar o desmentir. Pero después de ocho años gobernando, Sánchez ya no puede presentarse como un comentarista de los logros selectivos de España.

Las encuestas en España y en la Región de Murcia

A falta de nueve días para las elecciones generales del 29 de noviembre, las encuestas continúan dibujando un escenario favorable al PP, aunque con diferencias apreciables entre los distintos institutos demoscópicos. La principal coincidencia es que Alberto Núñez Feijóo parte como favorito para ganar los comicios y que la suma de PP y Vox podría superar la mayoría absoluta.

Según el promedio de 19 institutos publicado por Demócrata el 20 de noviembre, el PP alcanzaría el 31% de los votos, seguido del PSOE con el 27,8% y Vox con el 19,1%. Frente Amplio oscila entre el 5,1% de GAD3 y el 7,3% de Target Point, mientras Podemos y Se Acabó La Fiesta quedarían por debajo del 2%. Las proyecciones parlamentarias agregadas por el mismo medio sitúan a los populares en torno a 132 diputados y a Vox en 66, lo que supondría una mayoría de 198 escaños. Naturalmente, estas cifras no constituyen resultados electorales ni garantizan que ese sea el reparto definitivo del Congreso.

Existen, además, diferencias importantes entre encuestadoras. GAD3, DYM y Sigma Dos otorgan al PP una ventaja relativamente amplia, mientras que el tracking de 40dB publicado el 20 de noviembre reduce la distancia entre populares y socialistas a dos puntos. Por tanto, aunque el PP aparezca como primera fuerza en los principales promedios, no conviene confundir una tendencia demoscópica favorable con una victoria ya conseguida. La movilización electoral y los últimos días de campaña todavía pueden modificar el escenario, si bien no me da esa sensación personal.

Tabla 1: Últimas encuestas nacionales

Encuestadora Fecha PP PSOE Vox Frente Amplio
GAD3 09/11 31,9 25,9 18,6 5,1
DYM 10/11 33,1 27,3 18,6 5,6
IMOP Insights 16/11 31,5 26,9 19,0 6,9
Target Point 16/11 30,6 27,0 18,7 7,3
Sigma Dos 17/11 30,7 26,7 19,7 6,9
40dB 19/11 32,4 30,4 17,2 5,4

Estimaciones de voto en porcentaje (%). Elaboración propia a partir de las estimaciones recopiladas. Sigma Dos y 40dB: cifras identificadas en la recopilación de El País. La fecha indica la referencia del sondeo, no necesariamente el final del trabajo de campo.

Lo que sí parece bastante consistente es el importante peso de Vox. El partido de Santiago Abascal mantiene unas expectativas claramente superiores a sus resultados de 2023 y podría convertirse en un socio imprescindible para que Feijóo alcance La Moncloa. El PSOE, por su parte, conserva una base electoral significativa y algunos estudios recientes apuntan a cierta recuperación. Sin embargo, ese avance no parece suficiente, por ahora, para invertir el escenario general. En cuanto a las fuerzas situadas a su izquierda, la fragmentación electoral dificulta sus expectativas de representación y puede penalizar su rendimiento en determinadas circunscripciones. 

Tabla 2. Promedio nacional de encuestas

Partido Voto estimado
PP31,0%
PSOE27,8%
Vox19,1%
Frente Amplio6,2%
SALF1,8%
Podemos1,4%

Promedio publicado por Demócrata, 20/11/2026.

Región de Murcia: Vox amenaza la segunda posición del PSOE

En la Región de Murcia, el panorama resulta especialmente interesante. El barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, publicado en el día de ayer 19 de noviembre, sitúa al PP como primera fuerza con el 38,3% de los votos y cuatro diputados.

La principal novedad es el crecimiento de Vox, que alcanzaría el 29,4% y tres escaños, superando al PSOE en porcentaje de voto. También resulta significativo que el PP retroceda respecto a 2023, una evolución que refleja la competencia entre ambas formaciones por el electorado de derechas y el fortalecimiento del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia. Así que, de confirmarse esta estimación, PP y Vox pasarían de los seis diputados conseguidos conjuntamente en 2023 a siete de los diez que corresponden a nuestra Región. Ello da una idea de hasta qué punto se consolida la hegemonía de la derecha. Por su parte, los socialistas quedarían terceros con el 23,3% y tres diputados, mientras que Frente Amplio y Podemos no obtendrían representación. Es más, la izquierda alternativa perdería el diputado que obtuvo Sumar en las anteriores elecciones generales.

Tabla 3. Encuesta de la Región de Murcia

Partido Voto (%) Escaños
PP38,34
Vox29,43
PSOE23,33
Frente Amplio4,70
Podemos1,00

OBEDE-UCAM. Publicación: 19/11/2026. Muestra: 800 entrevistas.


Desde luego, no deja de resultar llamativo que los socialistas puedan terminar relegados a la tercera posición en votos en una comunidad donde tradicionalmente han sido una de las dos principales fuerzas políticas. Ahora bien, conviene recordar que estamos ante una encuesta realizada entre el 9 y el 11 de noviembre, con un margen de error declarado del 3,5%. La distribución de los últimos escaños puede depender de diferencias relativamente pequeñas.

Un escenario favorable, pero todavía abierto

En definitiva, las encuestas apuntan a un cambio de mayoría política en España, con el PP como primera fuerza y Vox en una posición determinante para la formación de gobierno. Pero las elecciones no se ganan en los estudios demoscópicos sino en las urnas. Feijóo deberá aprovechar los últimos días de campaña para convencer de que su proyecto representa algo más que una alternativa a Sánchez, mientras Abascal intentará consolidar su crecimiento y reforzar su capacidad de influencia. El presidente, por su parte, tratará de movilizar a su electorado y reducir la distancia con el PP. Por el momento, habrá que esperar al cierre de campaña al que le dedicaremos otro artículo.

Conclusiones

Los debates electorales de estos últimos días nos han permitido conocer mejor las posiciones de los principales partidos en cuestiones tan importantes como la economía, la vivienda y la gestión de los servicios públicos. No obstante, también han puesto de manifiesto algunas de las debilidades habituales de nuestra política: demasiadas acusaciones cruzadas, estadísticas convenientemente seleccionadas y promesas cuya viabilidad no siempre queda suficientemente explicada.

En el debate económico de laSexta encontramos diferencias relevantes entre los distintos modelos económicos, aunque también intervenciones poco convincentes y con exceso de consignas. En el encuentro sobre vivienda de la Cadena SER, Juan Bravo ofreció una actuación más preparada que en su anterior participación y consiguió plantear cuestiones incómodas a Isabel Rodríguez. Finalmente, en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, considero que el candidato popular estuvo más acertado al cuestionar la gestión gubernamental y exigir responsabilidades, aunque tampoco estuvo exento de errores.

En general, extraigo de estos encuentros que el Gobierno continúa confiando excesivamente en la presentación de indicadores económicos favorables y en azuzar el miedo al cambio para defender una gestión con fisuras por todos lados. Los datos positivos deben reconocerse, pero también deben examinarse las dificultades de acceso a la vivienda, el coste de la vida y la situación de nuestros servicios públicos. Resulta una contradicción habitual en políticos como Sánchez el que no vacile en atribuirse todos los avances, mientras apunte a responsables ajenos para buena parte de los problemas. Si la economía crece, el mérito corresponde al Gobierno; si la vivienda resulta inaccesible, la culpa es de las comunidades autónomas del PP. Es una concepción de la responsabilidad política bastante peculiar donde los éxitos tienen dueño, pero los fracasos parecen no tener domicilio conocido.

Por otra parte, los representantes del PP han conseguido presentar argumentos interesantes, pero también han dejado propuestas que necesitan mayor desarrollo y cifras que requieren matizaciones. Una alternativa política debe estar preparada para explicar no solamente qué considera que funciona mal, sino cómo pretende corregirlo. Y esa exigencia debe aplicarse a todas las formaciones, incluidas aquellas con las que podamos coincidir en determinadas cuestiones. Ahora bien, mi sensación es que la imagen deteriorada del PSOE y sus líderes ha sido un plus para la efectividad de sus discursos.

Las encuestas publicadas durante estos días reflejan una ventaja del PP, un Vox fortalecido y una izquierda en claro retroceso. En la Región de Murcia destaca especialmente la disputa entre Vox y PSOE por la segunda posición, pero aún queda campaña por delante y sería precipitado transformar las estimaciones demoscópicas en resultados electorales.

Los debates de estos días han servido para comprobar, una vez más, la diferencia entre gestionar un país y gestionar un relato. Sánchez sigue ofreciendo estadísticas selectivas y miedo al cambio; Feijóo ha sido más efectivo señalando las costuras de estos ocho años, aunque todavía le falta aterrizar con más claridad el cómo. Al final, las promesas de campaña se las lleva el viento. Lo que cuenta es si detrás de las palabras hay soluciones reales o solo una nueva versión del mismo desgaste. El 29 de noviembre los españoles decidirán si quieren seguir escuchando justificaciones o empezar a exigir resultados.

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