Sin mitos, mejores soluciones: desmontando bulos sobre la vivienda

El año pasado comenté en un artículo algunos de los factores que están detrás del problema de la vivienda en España, que tras la pandemia se ha convertido en especialmente relevante. Existen variables que por un lado restringen la oferta y otras que impulsan la demanda, empeorando un desequilibrio de mercado que el Estado y las Administraciones no son capaces de corregir. Lo peor no es ya esta situación que supone un freno muy importante para el desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes. Lo verdaderamente lamentable es entrar a redes sociales y encender la televisión y leer mensajes y escuchar debates en los que habla de forma tan manipuladora del tema. Ya sea por ignorancia o por malicia intencionada, se desplaza totalmente la responsabilidad pública apuntando a una administración distinta y creando enemigos externos sobre los que no se tiene control para ocultar una gestión pésima. Por lo tanto, no es ya un ejercicio de protección del Gobierno exonerándole de toda responsabilidad, sino de desinformación maliciosa y de negacionismo ante las soluciones que puede aportar el mercado. Así que hoy me centraré en aportar negro sobre blanco para desmontar algunos de los bulos que se utilizan en las erróneas lecturas que se difunden desde el Gobierno de España y su 'System Contreras', es decir, los equipos mediáticos.

Bulo 1: las viviendas vacías justifican que no se incremente la oferta

Tenemos datos del INE del 2021 publicados en 2023, pero hasta la fecha no se ha actualizado. Aparte del tiempo transcurrido, tiene el problema de haberse recopilado los datos en el escenario de la pandemia, lo que relativiza ciertos usos residenciales. Aún así, podemos extraer datos muy interesantes. Existían más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale a un 14,3% del parque total de viviendas del país en dicho momento. Las provincias donde más hay coinciden con las más pobladas, como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante ó Málaga. Sin embargo, lo más importante es la proporción y pasan a ser aquéllas donde se experimenta más despoblación. O lo que es casi lo mismo: donde la gente demanda vivir menos como Orense, Lugo, Ciudad Real, Zamora ó Cuenca cuyas tasas superan el 25%. Por el contrario, grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona son las que menos. En la Región de Murcia existirían 12 viviendas vacías por cada 100, por lo que su situación se aproxima más a la de una provincia tensionada.

Ese stock de viviendas vacías tiene una explicación lógica: en un porcentaje indeterminado pero estimativamente alto se corresponderían con el sobrante tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, esa inflación de oferta derivada de la época del boom urbanístico choca con una demanda por provincias que no es en absoluto simétrica, pues es mucho menor en provincias rurales y donde las expectativas del empleo al que se aspira no se materializan en tales territorios. Por lo tanto, no sirve de nada tener muchas casas vacías en Soria ó en Teruel cuando la gente no quiere establecer allí la residencia fija. Y, por si fuera poco, hay un tercer factor. Y es que muchas de esas viviendas vacías carecen de cédula de habitabilidad o simplemente permanecen sin terminar, deteriorándose bastantes de ellas con el paso del tiempo. Pese a ello, siguen contando en el censo como viviendas y algunas terminan siendo pasto de la okupación.

Bulo 2: la propiedad del mercado inmobiliario la concentran grandes tenedores

En abril, el CSIC (organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia) publicó unos informes por encargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Mediante ellos, lo que pretendía difundir que el mercado de vivienda y alquiler en España se hallaba muy concentrado y que sería el contexto que presionase al alza los precios. Por una parte, el primer informe aseguraba que un 47% de viviendas en alquiler pertenecían a caseros con sólo esa vivienda alquilada, mientras que el restante 53% sería de personas físicas o jurídicas con dos o más. Por otra parte, el segundo informe señalaba que la concentración de la propiedad inmobiliaria reflejaba un desplome de propietarios de un 79% a un 64% al tiempo que incrementado los arrendadores e inquilinos en 6 y 8 puntos respectivamente. Pese a estas cifras que asustan, estos informes están plagados de trampas metodológicas.

El primer informe citado, aparte de excluir los territorios forales País Vasco y Navarra, simplifica en extremo y mezcla categorías no comparables. Así, no desagrega entre los denominados multiarrendadores para diferenciar aquéllos que tienen sólo dos de otras personas que tiene muchas y encajan mejor en esa definición. También mezcla junto a los particulares a empresas privadas e incluso el sector público que, a parte de vivienda social, dispone también de viviendas de protección oficial, concesión administrativas y otro patrimonio público como viviendas de funcionarios, inmuebles de oficinas e inmovilizado que no cuentan en el parque de alquiler. En cuanto al segundo informe, introduce como propiedad naves industriales, almacenes, garajes, locales comerciales, etc… hasta trasteros. Por tanto, una persona con una sola vivienda más una plaza de aparcamiento en garaje subterráneo ya sería considerada como multiarrendadora. A partir de datos de la Encuesta financiera de las familias del Banco de España (2008 y 2022), cerca de 16 millones de inmuebles se concentrarían en personas con una sola o dos propiedades, 8 millones de tres a cuatro y 2 más de 5. El siguiente estudio de Santiago Calvo, de la universidad de las Hespérides, desagrega en porcentajes reflejando un 21% de arrendadores con 2 viviendas y sólo un 10% con más de 5. 

En cuanto a los fondos de inversión, que en muchas narrativas son etiquetados como "fondos buitre", según datos del BNE las sociedades sólo acaparan el 8% del stock de vivienda. Además, ni tan siquiera todo lo que hay ahí es fondo de inversión, pues las entidades más relevantes son SAREB (creada por Rajoy en 2012 y conocida como "banco malo"), CaixaBank y Blackstone, que sí que es fondo.

Bulo 3: el control de precios y alquileres favorece el acceso a la vivienda

Informaciones como las anteriores reforzarían la conciencia política de que habría que intervenir el mercado de la vivienda y controlar precios a los "malvados rentistas".  Sin embargo, cada nueva regulación de alguna manera acaba siendo esquivada por el mercado cuando no genera un efecto contrafactual peor que el que se pretendía corregir. La fijación de unos topes favorecen dos efectos no deseados. Primero, un estancamiento de nuevos contratos cuando no rescisión de otros, contrayendo de esa manera la oferta al resultar menos rentable para los propietarios. Segundo,  que otros contratos que estaban por debajo de los mismos se hayan aproximado a los límites y en algún caso para compensar otras propiedades cuyos precios se hubiesen visto obligados a disminuir. No sólo la teoría económica sino que la propia lógica nos dice que si imponemos no subir los alquileres por encima de unos márgenes, así como a prorrogar forzosamente contratos para que no se actualicen, el resultado es que se contrae aún más la oferta. Es tan sencillo como que a una persona con dos propiedades no le rentabilizaría arrendar su segunda para pagar su hipoteca y optaría por varias alternativas como alquiler vacacional, por habitaciones o directamente vender el inmueble a alguien solvente. Del mismo modo, bajar el precio de todos los alquileres tampoco permite que haya más vivienda disponible pues, en el peor de los casos, seguiría habiendo la misma.

El Congreso, con la derogación del RDL 8/2026, rechazó en abril la ampliación extraordinaria de contratos de alquiler. El Gobierno pretendía ampliar dos años más los firmados en pandemia limitando las subidas al 2%. Esto alteraba las condiciones originariamente pactadas, incrementando aún más la inseguridad jurídica de los arrendadores, pero hay dos casos autonómicos que lo ilustran mejor. Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar desde 2024 los mecanismos de control de precios previstos en la Ley estatal de Vivienda impulsada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu. Según datos del Observatorio del alquiler, los precios siguieron subiendo en las provincias catalanas y además aumentándose el número de contactos por anuncio precisamente por la menor oferta. Respecto a 2023, nada menos que 21.000 viviendas menos se ofertaron en alquiler representando un 14%. En 2025 ha seguido cayendo con un 12% más. Esto contrasta con Madrid, la otra región fuertemente tensionada, que ha mantenido una oferta más estable. Otro ejemplo es Navarra, donde, Chivite aseguraba que los precios habían disminuido un 8%. Sin embargo, presenta las cifras de forma tramposa al no comparar trimestres equivalentes (cuarto de 2025 con el segundo de 2024) disfrazando la estacionalidad. Además, para decir que el número de contratos de 2025 subió respecto a 2024, mete en el mismo saco a los contratos realizados antes y después del control.

Bulo 4: se construye vivienda pública que favorece el acceso al alquiler

El Gobierno de Sánchez, que lleva en ejercicio con distintas fórmulas de coalición desde 2018, caracteriza su política de vivienda como la del perro del hortelano: ni construye, ni deja construir al sector privado. En 2021, cuando cogobernaban PSOE y Podemos, ya previa habilitar 100.000 viviendas para alquiler sostenible. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se subió la apuesta a 183.000. Desde la coalición con Sumar se sumaron 40.000 que se financiarían con créditos del ICO más otros 20.000 del Ministerio de Defensa... así hasta llegar a un total más de 260.000. Fuentes del Gobierno aseguran que a fecha de abril de 2026 se habían entregado 100.000, pero contrastando datos se apunta más bien una cifra cercana a la mitad de lo que se dice. El motivo es porque, en su comunicación, el Gobierno mezcla cifras para esconder las que efectivamente se han entregado y diluirlas entre las que se encuentran en otra fase burocrática pero sin inquilino. Es más, la contradicción no acaba ahí, sino que ni tan siquiera existen datos públicos oficiales que nos permitan conocer con seguridad las cifras de casas construidas y entregadas. En resumidas cuentas, que la ausencia de transparencia a este respecto es tan palmaria como sorprendente.

El Plan estatal de vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros con casi la mitad destinados a vivienda protegida con 15.000 euros de ayudas para jóvenes menores de 35 años que compren vivienda en pueblos. Sin embargo, desglosando anualmente daría para unas pocas miles de viviendas públicas nuevas si no se recurre a reformar y habilitar las del "banco malo". Además, el BNE estima un déficit acumulado de 800 mil viviendas siendo el último anual de 200 mil, sobre todo con la presión del incremento de la población derivada de movimientos migratorios (internos y externos). Por tanto, el Plan apenas podría cubrir un 3% de las necesidades y, resumidamente, el Estado pretende derribar un muro con un tirachinas.

Bulo 5: los pisos vacacionales tienen la culpa de la contracción de oferta

Se ha señalado a plataformas como Airbnb, que se dedican a gestionar el alquiler vacacional, como responsables de la subida de los alquileres residenciales, del desequilibrio del tejido urbano y de perjudicar la integración y convivencia. Sin embargo, según datos del INE de 2025 el total de viviendas turísticas se sitúa en torno a 330.000, localizándose más del 25% en Andalucía seguida por la Comunidad Valenciana y Cataluña que entre las dos sumarían prácticamente las mismas que aquélla (91.000). Luego de un parque total de 27 millones de viviendas, hablar de que el alquiler vacacional sea un problema para el acceso a la vivienda es sin duda confirmarlo como chivo expiatorio.

Y es que no se reduce a apuntar con el dedo, sino que se va más allá. Así, existe una proposición de Ley que todavía no ha sido aprobada mediante la cual el Gobierno aplicaría de forma torticera la Directiva Europea 2025/516. Según esta normativa comunitaria, todos los arrendamientos temporales inferiores a 30 días deberán de aplicar desde 2028 una fiscalidad por IVA al igual que los establecimientos hoteleros. Sin embargo, la proposición de Ley mantendría el tipo reducido del 10% a estos últimos mientras que el de los alquileres turísticos se aumentaría al 21% y, lo que es peor aún, suprimiendo la exención en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, el Ayuntamiento de Barcelona planea también eliminar los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028 mediante la no renovación de las licencias y forzarlos ser vivienda residencial. No obstante, desde 2015 que fue cuando entró Colau y estuvo 8 años no se ha otorgado ninguna nueva licencia. Por lo tanto, el aumento en todos estos diez años de un 72% del precio del alquiler en Barcelona es imposible que se deba a estos pisos.

Conclusiones

Los bulos que manchan el análisis de la política pública de vivienda tienen en común que tratan de justificar que no existe un problema de oferta, a pesar de que la demanda sea muy superior. Por lo tanto, parten de exponer un negacionismo palmario de la inexorable ley no escrita de demanda y oferta. Por ejemplo, el economista Eduardo Garzón considera que construir más vivienda no supone decrecer los precios sino justo al contrario. Sin embargo, oculta interesadamente el contexto que compara al tratarse de la época de la burbuja urbanística cuando la demanda no se había disparado tanto en relación con esa oferta. De igual modo, en la época actual en la que se sigue construyendo sigue sin ser suficiente como para absorber tanta demanda y eso nos lleva a los escasos incentivos para poner en alquiler una vivienda.

No hay que olvidar otro anterior post en el que indirectamente mencioné los enormes incentivos a no alquilar a personas vulnerables por la normativa referida a personas supuestamente no vulnerables, así como otras disposiciones. En lugar de fomentar el alquiler, las políticas intervencionistas y defensores mediáticos prefieren señalar a los "malvados" rentistas, los pisos vacacionales o los fondos buitres como los responsables de la contracción de oferta. Por consiguiente, cualquier "enemigo" externo es legítimo de señalar para excusar al Gobierno central. En este caso, para que si hay que apuntar a una Administración sea en exclusiva la autonómica. Como por ejemplo en una vergonzosa cuña de radio pagada por el Ministerio en la que promociona la Ley de Vivienda mencionado expresamente que es cosa de que la CA de turno la "cumpla".

¿No existen bulos de demanda? Pues no, no es ningún bulo el que haya muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan adquirir una vivienda como tampoco que el incremento de extranjeros en España haya contribuido a tensionar el mercado. La creciente demanda de vivienda y alquiler es una circunstancia tan evidente, tan absolutamente contrastable por todas las vías posibles y tan incontestable que es imposible disfrazar esas cifras con la más mínima manipulación. Es más, se ha incrementado el número de personas sin hogar. Toda esta situación, sin embargo, es la recurrida por los discursos tendenciosos para ofrecer una visión errónea del problema. Pues aunque apuntan al problema de oferta, que es la dirección aparentemente correcta, se desvían en varias direcciones en pro de su narrativa.

Caos migratorio en Ceuta: antecedentes, decisiones y consecuencias

El pasado jueves 30 de julio, tras una semana en la que venían entrando a Ceuta varios centenares de inmigrantes procedentes de Marruecos y por vía marítima, se asistió a una impresionante avalancha que se llegó a contar por varias decenas de miles de personas. Inicialmente se estimaron 50.000 según el Ministerio del Interior y finalmente ascendió la cifra a 70.000 cuando el caos había remitido. El símil más acertado que he escuchado es que sucedió como si jugásemos a una partida del Age of empires. Que primero te va llegando poco a poco gente invadiendo tu área para después llegar una masa totalmente imposible de controlar que te destruye todo el fuerte. Así terminaban mis partidas. Pero tampoco se aleja mucho la comparación con la película Guerra mundial Z con semejante espectáculo que, ironías y bromas aparte, no puede calificarse de otra manera que de invasión. Creo que no caben medias tintas. Lo que se vio el jueves no merece otra calificación que esa, sin paños calientes que valgan. Lo que se ha colocado como detonante es una reciente sentencia del Tribunal Supremo, pero será mejor que primero vayamos de forma ordenada y pongamos en contexto las relaciones históricas entre España y Marruecos y, seguidamente, analicemos las sentencias, hipótesis, reacciones internacionales y gestiones realizadas.

Antecedentes de las relaciones España-Marruecos

Marruecos alcanzó la independencia tras un acuerdo muto entre Francia y España en 1956. Al año siguiente sufrieron una derrota militar ante España tras una sublevación por el Sáhara occidental. Así que esperaron casi dos décadas a un momento de debilidad - el 6 de noviembre de 1975 - con la conocida "Marcha Verde". Aprovechando la agonía del dictador y general Franco, el reino de Marruecos de Hassan II invadió el Sáhara occidental desplegando como escudos humanos a 350 mil civiles. Días más tarde España firmó un tratado de cesión de administración de su colonia a Mauritania y a Marruecos, si bien su soberanía quedó en el limbo. La ONU jamás se la reconoció a Rabat. Con la democracia, las relaciones mejoraron y desde 1992 existe un convenio de cooperación bilateral en materia migratoria. Mediante el mismo, Marruecos ejerce labores de vigilancia y contención en su propio territorio para evitar cruces irregulares hacia suelo español. Esto es importante para entender lo siguiente en la época más actual.

En abril de 2021, España permitió la entrada por motivos humanitarios de Brahim Ghali, presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, para ser tratado de COVID-19 en un hospital de Logroño. Marruecos interpretó esta decisión como un respaldo implícito a la causa saharaui y una deslealtad por parte del Gobierno español, ya que considera el Sáhara Occidental parte de su territorio. Como respuesta, entre el 17 y el 18 de mayo, las autoridades marroquíes relajaron de forma extraordinaria los controles fronterizos en la zona de Ceuta. Miles de personas, en su mayoría marroquíes pero también subsaharianos, aprovecharon la ausencia de vigilancia para cruzar a pie, a nado o bordeando los espigones del Tarajal. En apenas 48 horas entraron más de 8.000 personas, entre ellas alrededor de 1.500 menores no acompañados, provocando la mayor crisis fronteriza en Ceuta hasta este año.

El Gobierno de España desplegó al Ejército para apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la frontera y se activó el acuerdo bilateral con Marruecos para devolver rápidamente a la mayoría de los adultos que habían entrado de forma irregular. En pocos días fueron retornadas miles de personas con la excepción de los menores que fueron acogidos generando un peligroso precedente. La Unión Europea respaldó públicamente a España, recordando que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior de la UE y rechazó cualquier utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política. 

Pocos meses después, se asistió al vergonzoso cambio de postura sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. El Gobierno de España, a través de una carta dirigida al monarca de Marruecos, respaldó el plan de autonomía para resolver el conflicto en el que no contemplaba ningún referéndum de autonomía. El gobierno argelino calificó ese giro de traición histórica y suspendió temporalmente el tratado de amistad con España. Las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar de izquierda a a derecha y, por supuesto, entre los representantes del pueblo saharaui se interpretó como un chantaje y un desdeño de las resoluciones de la ONU. ¿Por qué sucedió esto?

Tiempo más tarde se supo que, a través del uso del programa espía Pegasus (creado por Israel), se infectó el teléfono del Presidente y el de la Ministra de Defensa Margarita Robles justo coincidiendo con el viaje a Ceuta antes mencionado. Esto fue admitido por el Gobierno. No obstante, los servicios secretos marroquíes, según fuentes del CNI a The Objective, habrían sido los responsables del uso de ese software y no sólo contra España sino también contra Emmanuel Macron en Francia y diversos periodistas. Esa línea es compartida por otros medios como The Guardian, Le Monde e incluso un informe del Parlamento Europeo en base al laboratorio canadiense Citizen Lab. Todos ellos apuntaron a Marruecos como responsable de la filtración de números y relacionados con los programas espía. Tanto Rabat como el Gobierno de Sánchez siempre rechazaron esto, si bien desde entonces no ha dejado de resonar una pregunta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?

Sentencia del Tribunal Supremo

El pasado 29 de junio, la sección quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que aplicó doctrina jurisprudencial en resolución a un recurso de casación y en relación con la aplicación de la Ley Orgánica de Extranjería. En atención a su disposición adicional séptima, entendía que las "devoluciones en caliente" no procedían cuando el acceso era por alta mar, de manera que sólo se podía aplicar procedimiento de expulsión con las garantías del artículo 58.3. El motivo era el hecho de "no superar un elemento de contención fronterizo" como por ejemplo son las vallas. Además, en ese concepto no entrarían elementos como drones, sensores u otros elementos tecnológicos, como defendía el abogado del Estado en dicho recurso. Consecuentemente, cuando un inmigrante alcanzase aguas territoriales, se le debía de identificar, otorgarle asistencia jurídica e intérprete y tramitarse un expediente administrativo individualizado para evaluar eventual asilo, protección internacional y situación de vulnerabilidad.

En esta sentencia se avaló el criterio adoptado en 2024 por el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta, que pese a rechazar la indemnización, sí estimaba las pretensiones del demandante argelino. Al año siguiente, en 2025, fue ratificada aquella sentencia en todos sus términos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esa manera, la primera crítica que se ha hecho es que el Gobierno no activó la reforma de la Ley para proteger las entradas ilegales en aguas territoriales y añadir los medios de contención tecnológicos.

Hipótesis de lo sucedido

El Gobierno y el Ministerio del Interior sostienen que detrás de esto se hallarían las mafias que difundieron de forma interesada las implicaciones de la sentencia y que hicieron creer que ya no sería posible bloquear a quienes llegasen nadando. En ese relato, el mensaje difundido habría animado a invadir Ceuta y es la misma versión que argumentó el régimen de Rabat. Al mismo tiempo, Marlaska exculpó a éste aludiendo a que había ofrecido cooperación y evitó usar el término "devoluciones en caliente" para comunicarlas como "rechazos en frontera". El hecho de que el Ministro del Interior protagonizase la comunicación de la crisis revela que se enfocó como un problema exclusivamente interno. Sin embargo, considero que realmente no dejó al Gobierno en el buen lugar que entendió.

De otra banda, muchos analistas como la abogada penalista, experta en migraciones y Premio nacional de Derechos Humanos en 2022 Patuca Fernández, consideran que el factor principal fue otro y apuntan a la instrumentalización de la presión migratoria como instrumento diplomático. Se habría manifestado en una nueva relajación de los controles marroquíes y en el contexto de recientes reuniones recientes entre España y Argelia, con motivo del suministro de gas y limar asperezas. La sentencia por sí sola no explicaría una entrada masiva de tal magnitud, dado que estamos hablando de 70.000 personas en 24 horas entrando a una ciudad donde residen 80.000. Así que difícilmente en tan poco tiempo se moviliza a tantas personas. El régimen de Marruecos, que ansía apoderarse de Ceuta y Melilla, ya lleva un largo tiempo forzando la situación para construir un escenario cómodo para sus intereses y posiciones negociadoras, llegando a usar a sus jóvenes. Así que de esta perspectiva no se trataría de una crisis migratoria sino de derechos humanos.

También se halla la hipótesis mixta que en realidad sería la más probable. La sentencia podría haber servido como incentivo psicológico y, a través de las redes sociales, miles de personas creerían que las posibilidades de permanecer en España serían muy altas. Las mafias habrían promovido la difusión de la información vía RRSS y Telegram mientras que Rabat habría facilitado la logística y la invasión colaborando con aquéllas y, de paso, liberarse de miles de delincuentes indultados justo el 29 de julio día de la "fiesta del trono". A tal respecto, el New York Times señala que testigos que participaron en la avalancha migratoria afirmaron haber sido animados por las autoridades marroquíes, diversos vídeos muestran a gendarmes trasladando a gente en camiones y, por si no fuera suficiente, la Guardia Civil detectó a agentes de inteligencia de Marruecos a través del sistema de videovigilancia.

Luego están la cuarta y la quinta que entran ya en el terreno de la teoría de la conspiración. La defendida por Gabriel Rufián y Alvise Pérez apuntaría a EEUU e Israel como responsables intelectuales y logísticos con Marruecos como ejecutor y con el leit motiv de venganza por la política exterior de Sánchez. La apoyada por Infovlogger situaría una operación de falsa bandera para que el PSOE emerja como el salvador de una crisis en tiempo express y que a cambio se quede con mil menores.

Reacciones en Europa y EEUU

Entre las reacciones que culpabilizan directamente al gobierno español, Italia ha sido quien más elevó el tono. Giorgia Meloni acusó al Gobierno español de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión Europea, criticó su política migratoria afirmando que genera un "efecto llamada" y planteó la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España. Y de hecho lo hizo. Esa misma línea expresaron Finlandia y Dinamarca. Las respuestas de los ministros Albares de Exteriores y Marlaska de Interior fue llamar a consultas al embajador italiano y calificar las declaraciones de "irresponsables e insolidarias". Esa contundencia no se percibió en relación al régimen de Rabat, si bien el choque se inserta en un contexto de disensos sobre política inmigratoria en Europa donde el gobierno de Sánchez va por una dirección distinta. 

En EEUU la portavoz adjunta de la Casa Blanca Anna Kelly criticó la política migratoria del Gobierno español atribuyendo la crisis a las políticas globalistas de la izquierda. El presidente Donald Trump, fiel a su estilo yenkista pasó de condenar a Marruecos tildando de invasión lo sucedido para luego reconocer públicamente su soberanía en el Sáhara occidental. Creo que lo de este señor se comenta solo.

Israel, que pese a reconocer la soberanía española aprovechó para disparar dos dardos dadas las terribles relaciones diplomáticas. Su embajador ante la ONU emitió unas polémicas declaraciones en las que acusaba al gobierno de "mantener enclaves coloniales en África". Esta pasada de frenada trajo como consecuencia una desautorización pública por parte de la embajadora de Israel en España, Dana Erlich. Otra declaración controvertida fue la del ministro del interior Ben Gvir felicitando con ironía y animando a acoger inmigrantes de Gaza.

En otro plano estuvieron los que evitaron responsabilizar expresamente al gobierno de España y a Marruecos, si bien el primero sí se dio por aludido. La UE a través de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen condenó la invasión migratoria, manifestó apoyo operativo y financiero y confío en la "colaboración" de Rabat. También exigió devoluciones rápidas y desmantelar las redes de mafias que considera responsables exclusivas para finalmente felicitar a las dos partes al tiempo que exigió se binde y ofrezca más seguridad en las fronteras. En Francia, Alemania y Reino Unido, la prioridad no era sino evitar un nuevo desbordamiento migratorio dentro del espacio Schengen, por lo que sus autoridades mostraron preocupación por la magnitud de la crisis e insistieron en la necesidad de reforzar el control de sus fronteras exteriores de la UE. Por ejemplo, Francia ordenó a sus servicios reforzar los controles en la frontera con España con patrullas terrestres, aviones y drones. Finalmente, la reunión en videoconferencia de Ministros del Interior, según Marlaska, se centró en analizar las consecuencias y las impresiones generales fueron que a priori no tuvo efectos en fronteras con otros países.

Reacciones en España y gestión de la crisis

Conforme a la Constitución Española de 1978, el Estado ostenta la competencia exclusiva en fronteras, extranjería (política inmigratoria y devoluciones), dirección de la Guardia Civil y Policía Nacional y relaciones internacionales. Por su parte, la ciudad autónoma de Ceuta gestiona la acogida y menores, servicios sociales y atención sanitaria. Este desequilibrio y la situación permiten entender por qué el presidente Juan Jesús Vivas insistió en reclamar el estado de emergencia con cierre de fronteras y el mando único estatal. Más aún cuando el servicio marítimo de la Guardia Civil en Ceuta apenas dispone de dos embarcaciones y cuatro lanchas. Todos los partidos con representación en la ciudad autónoma se unieron a esas declaraciones. El presidente de Melilla Juan José Imbroda fue aún más crítico y calificó todo del mayor despropósito, temeroso de que sucediese algo similar en su ciudad.

Hasta el día de la avalancha, el ministro Fernando Grande-Marlaska minimizó las exigencias de Vivas defendiendo las relaciones con Marruecos como "cercanas y basadas en la lealtad" y que trabajan en "evitar una situación compleja". Las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno apuntaban a mil personas entre el 20 y el 26 de julio, si bien no habían dejado de crecer y especialmente en horas nocturnas y aprovechando la niebla. El Gobierno ordenó el jueves con varias horas de demora la movilización del Ejército de Tierra. Se sumó a 400 agentes de la GC y PN (incluyendo Unidad de intervención policial y Unidad de prevención y reacción), helicópteros, patrones de embarcación, pilotos de drones, buceadores especializados para vigilancia y rescate y otros especialistas. La misión no sólo era preventiva, es decir, para que no entrase más gente, sino para expulsar a esas personas con la anunciada colaboración de Marruecos.

La oposición no tardó en exigir responsabilidades, como así debe ser. Desde el PP se ha catalogado de dejación de funciones, dado que anteriormente se solicitó la reforma de la Ley de Extranjería precisamente para asegurar el rechazo en frontera en las entradas a nado. VOX ha sido más duro en su línea habitual recalcando no obstante una evidencia, y es que la inmensa mayoría de las personas que aparecen en las imágenes son hombres jóvenes y en edad militar. Resulta icónica y muy representativa la escena en la que uno de ellos grita a la cámara "Viva España, viva Pedro Sánchez". Los de Abascal también exigieron la comparecencia del Ministro del Interior, la de Defensa y el director de Seguridad Nacional.  En la izquierda, Podemos coincidió con el presidente de Ceuta en declarar la emergencia nacional y exigió la dimisión de Marlaska, IU exigió un cambio de estrategia diplomática apaciguadora con Marruecos por no ser un socio fiable y Sumar apuntó a Rabat como el eje de la desestabilización.

Al día siguiente, el 31 de julio, el presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta. En comparecencia pública allí condenó enérgicamente lo sucedido como una "violación integral de la soberanía territorial de España" y agradeció la colaboración de Marruecos. También anunció como solución de contención la instalación de boyas por parte de la Armada y la empresa pública de Salvamento Marítimo. ¿En serio no pudo hacerlo mucho antes, desde 2024? Otra polémica es que Marlaska insistió en que el Gobierno "no sabía ni anticipaba nada" e informó que se habían marchado por su propio pie buena parte de toda la gente (50.000) y aprovechando que Marruecos abrió el paso. Respecto a lo primero, fuentes de inteligencia aseguran que existieron informes del CNI y se están haciendo eco cada vez más medios. pese a que el Gobierno lo ha negado tajantemente. Respecto a lo segundo, quedaban aún varios miles en procesos de identificación, acogida o retorno. Así, el domingo por la tarde salieron varios camiones del ejército español para deportar a gente. Pero es que Pedro Sánchez anunció también que las CCAA se tendrían que hacer cargo de los 7.000 presuntos menores que entraron en estos días y dicho anuncio no ha gustado nada a las autonomías del PP. Porque, para empezar, ¿qué pruebas hay reales de que esos individuos sean menores? ¿Dónde están sus padres? ¿por qué España ha de pagar una operación injusta?

Todo esto no aplacó la frustración general que sintieron los ceutíes, habiéndose cerrado comercios por miedo e incluso sufrido delincuencia en sus hogares. Creen que el caos parece controlado, pero que realmente no está aún cerrada la crisis con miles de personas en las calles. Además, aunque se haya contenido la emergencia, persiste una profunda preocupación por la posibilidad de que vuelva a producirse una nueva avalancha. Ello es debido a la falta de garantías de que no se repita. Según fuentes del ejecutivo de Ceuta, ha habido 88 muertos y según Delegación del Gobierno 76 víctimas. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar los orígenes de esto y si pudo deberse a una acción concertada.

Consideraciones 

Tras los hechos acaecidos la pasada semana en Ceuta y teniendo en cuenta tanto los antecedentes de sentencias judiciales como de la relación con Marruecos, el Gobierno de España llega (una vez más) tarde. Su responsabilidad, al igual que en otras cosas (DANA, Adamuz, apagón eléctrico...) radica en una absoluta falta de previsión teniendo en cuenta sobre todo que las posibles implicaciones del criterio del TS ya se conocían en anteriores instancias. El Gobierno socialista no hizo absolutamente nada por guardarse las espaldas en caso de una avalancha migratoria vía marítima, precisamente porque estamos hablando de un partido político y de un ejecutivo favorables a la inmigración masiva. Tanto sus acciones (regularización extraordinaria con requisitos laxos e impulsión de acogida de Menas) como sus omisiones (en este caso no reformar la Ley de Extranjería) y oposición a contenciones vía Unión Europea (Reglamente UE de retornos) expresan una política nociva y carente de cualquier sentido planificador y racional. Ahora, una vez sucedido el desastre, es cuando promete asegurar la frontera marítima, por lo que las palabras de Sánchez el pasado viernes, una vez más, sonaron a huecas. Sobre todo cuando se unen informaciones sobre avisos previos de inteligencia y la sensación es de un relato impostado de crisis resuelta cuando no han hecho absolutamente nada extraordinario.

A esa falta de previsión y asunción de responsabilidad, se le une la figura alargada del régimen de Rabat. La historia, tanto en el pasado lejano como en el más reciente, nos deja buen número de episodios en los que el rey absolutista de turno de Marruecos ha forzado un pulso contra España. Nunca ha admitido la españolidad de Ceuta y Melilla y hasta la prensa oficialista ha aprovechado el lío de forma muy mezquina para reclamarlas. Y ni siquiera he hecho mención al episodio de Perejil en 2002. Que aquélla dictadura use a sus ciudadanos como escudo y arma a la vez no es novedoso y, a pesar de que no confiese Rabat su operación, la coincidencia de hechos en el tiempo, los informes y pruebas de inteligencia así como los testimonios, apuntan a que toda esa masa de personas no vino por exclusiva voluntad. Ni tan siquiera las mafias, esas lacras internacionales que se lucran del dolor y la desesperación de la gente son capaces de organizar por sí solas una convocatoria tan enorme en tan poco tiempo. A esto se le llama guerra híbrida. Además, por si fuera poco, esto ha servido para que se colaran varios yihadistas expulsados aprovechando los momentos de descontrol y la Policía y Guardia Civil sigue trabajando en ello. Mientras tanto, el Gobierno de España sigue rindiendo genuflexiones ante un régimen corrupto y probablemente la dictadura más blanqueada por los socialistas. Ni tan siquiera su izquierda sigue el mismo ejercicio, escuchadas sus declaraciones.

Mi admirado Fonseca aporta varios apuntes muy relevantes sobre un hipotético conflicto armado. Por una parte, a favor de Marruecos juega que cuenta con un ejército y armas mucho más avanzado que el español. Eso ha sido gracias a las inversiones y negocios con EEUU e Israel, que son dos importantes aliados geopolíticos. El primero lo es desde el momento en que Rabat fue el primer ejecutivo que reconoció la independencia de EEUU y el segundo por rivalidad con los países árabes y a cambio del reconocimiento de la soberanía en el Sáhara occidental. España, sin embargo, se ha quedado muy atrás. Además, para colmo, Ceuta y Melilla no están cubiertas bajo el paraguas de la OTAN dado que el artículo 5 del Tratado se refiere a territorio europeo y aquéllas localidades se hallan en África. Pese a todo esto, Marruecos depende comercialmente en muy buena medida de España y de la UE, dado que el 30% de sus transacciones son con la primera y seguidamente con el resto de Europa. Así que en un hipotético conflicto, el ahogamiento económico de Marruecos vía bloqueos comerciales y aranceles sería devastador.

Ceuta y Melilla son España, pero el tema va mucho más allá de eso. Este suceso es resultado una vez más de una política inmigratoria laxa y que vive de una portada de multiculturalismo e integración que no viene soportada de contenido regulatorio, tanto que le interesa intervenir en todas las esferas de la vida pública a este Gobierno. Sus continuos gestos a Marruecos son muestras de debilidad tal vez por un reconocimiento implícito y nunca confesado de que están en una posición tan aventajada como se cree. Hasta el pasotismo con la final del Mundial 2030. Y, de todo esto, se aprovecha el régimen de Mohammed VI, el cual no es ningún aliado sino un enemigo. Así que los pasos para revertir esto serían dos. En primer lugar, aplicar una política migratoria más cercana a Europa que como tal está siendo de contención y en segundo lugar minimizar los espacios chantajistas que Marruecos pueda trazar. Y seguramente pase porque el PSOE salga del poder. Pero cuidado, que aunque a la izquierda del PSOE haya formaciones mas criticas con Rabat a su vez son partidarias de una política inmigratoria todavía más laxa e irresponsable.