El caso David Sánchez: qué se juzga y perspectivas de condena

Se empiezan a acumular casos de corrupción que llegan a procesarse en sedes judiciales. No hace mucho desgranamos el caso de Begoña Gómez, la esposa del Presidente, que podría ser juzgada por un jurado popular. Más recientemente, hablamos del caso Mascarillas sobre Ábalos y Koldo y de su vista oral. Hoy coincide la apertura del juicio oral de dos casos: el relativo a la operación Kitchen del PP de Rajoy y el caso David Sánchez que afecta al hermano del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Como el anterior es un caso mucho más complejo, me referiré a él cuando el juicio quede visto para sentencia. De hecho llevo varias semanas preparando el post. Hoy, con la información esencial, me dedicaré al segundo. 

Contexto de la investigación

Se trata de una investigación de presunta corrupción iniciada en 2024 y en torno a la contratación en 2017, por la Diputación provincial de Badajoz, del mencionado como Coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Se inició por denuncia de Manos Limpias personándose posteriormente diversas acusaciones populares adicionales (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados cristianos, Liberium y Iustitia Europa) y añadiendo trámites procesales que han venido retrasando la instrucción. En aquél momento de la contratación, Pedro Sánchez no era aún presidente del Gobierno pero sí Secretario general del partido. La principal sospecha es que el puesto de David Sánchez (también conocido como David Azagra) habría sido creado ad hoc, es decir, a medida del mismo.

La naturaleza del citado puesto de trabajo es laboral y de alta dirección (personal directivo profesional), para cuya provisión se empleó el procedimiento de libre designación y nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Diputada delegada de Cultura. Esto implica que no se trató de un concurso de méritos con baremo regulado, pero sí con unos aspectos a valorar libremente para justificar su selección. Por ejemplo tener titulaciones en el área de música, experiencia en orquesta y actividades pedagógicas, conocimiento de idiomas y otros criterios mucho más subjetivos como capacidad de organización de equipos, compromiso de disponibilidad y adaptabilidad y actitud de responsabilidad. Se publicó la convocatoria en el BOP nº 94 de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y se indicaba que, como personal directivo, la actuación del coordinador estaría sujeta a evaluación del desempeño con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad en la gestión y orientación a resultados. Además , se regiría por los principios éticos y el código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todo esto suena a ironía cuando ya conocemos lo que sucedió después.

El primer salario en 2017 fue de 41.231,27 € brutos, actualizándose hasta llegar a 57.627,07 € en 2024. Ahora bien, en 2022 hubo una significativa modificación del puesto que consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pasó de ser Coordinador de conservatorios a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas" pasando además a depender del área de Cultura en lugar de estar adscrito a dichos conservatorios. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan un debate entre varias personas sobre su necesidad de sacarlo a nueva provisión existiendo cambios tanto orgánicos como de denominación, dado que encajaría más como un puesto nuevo. A la propuesta de hacerlo así por parte de un cargo de Igualdad a Presidencia con copia a Recursos Humanos, la segunda respondió que "evitaría muchos problemas de justificación y provisión" validar la modificación sin más. Es más, ni tan siquiera se indicaron datos en la ficha sobre formación ni existía informe de impacto económico, algo habitual cuando se realizan modificaciones orgánicas. Aparentemente, se trataría de un enchufe de los de toda la vida, pero por lo investigado se apuntaría a que habría algo más. David Sánchez dimitió en febrero de 2025 y en plena instrucción de este caso, volviéndose a convocar el puesto en mayo y adjudicándose en octubre a Miguel Calderón.

El otro implicado es Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación en el momento de cometerse los hechos si bien también hay hasta nueve personas más que son los ex Diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez, el actual Ricardo Cabezas, el colaborador Luis Carrero y varios trabajadores de la Diputación de Badajoz: Juana Cintas, Manuel Candalija, Emilio Parejo, Félix González y por último Elisa Moriano, que ya no pertenece a la misma.

De Gallardo hay que recordar la desacomplejada operación perpetrada en mayo de 2025. Primero, un diputado autonómico del PSOE dimitió, seguidamente los cuatro siguientes de la lista se abstuvieron para dejar que cogiese el acta Gallardo 24 horas antes de abrirse auto de procesamiento oral. El motivo era para protegerse y evitar que le enjuiciase la Audiencia Provincial de Badajoz y en su lugar lo hiciese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en junio de 2025 esta instancia rechazó el movimiento entendiendo que respondía a una maniobra deliberada para conseguir el aforamiento y eludir el juicio en instancia ordinaria. Por lo tanto, su fraudulenta solicitud se devolvió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz y a la Audiencia Provincial como entidad que resolverá.

La cuestión técnica es si se formalizó una contratación irregular para beneficiar a una persona, para lo cual deberá probarse si se cometió arbitrariedad consciente (prevaricación) y si existió influencia indebida causada por relaciones personales y políticas, lo que tendría una naturaleza penal. De lo contrario, se trataría de una mera irregularidad administrativa. Finalizada la instrucción, arranca hoy el juicio. A pesar de todos los aplazamientos previos y retrasos por las dificultades para notificar personalmente a David Sánchez, se celebrará la vista oral con las declaraciones de los acusados.

Toda esta investigación se ha llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz con la jueza Beatriz Biedma y con el apoyo de la UCO, que realizó registros en la mencionada Diputación recopilando documentación sobre el proceso de contratación, las funciones reales del puesto y primeras declaraciones de los investigados. Los delitos por los que están mputados tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien existieron otros dos que inicialmente se investigaron pero se descartaron.

Instrucción: delitos descartados

Los siguientes delitos fueron descartados durante la instrucción porque la jueza entendió que no se hallaron indicios o no se superaron los umbrales para que la jurisdicción penal fuese competente. Ambos estaban muy relacionados por ser de ámbito económico y centrados en la práctica del puesto, a pesar de que uno afectase al ejercicio (real o simulado) del puesto y otro al entorno residencial del ocupante.

Malversación. Para establecer sólidos indicios es preciso disponer de documentación y declaraciones que apunten a uso indebido e injustificado de dinero público con ánimo de apropiación, pudiendo ser el puesto innecesario o ficticio con falta de actividad efectiva. No bastaría con que fuese el acceso irregular, pudiendo en su caso la defensa reivindicar la intangibilidad del puesto por sus características de gestión cultual y coordinación. La jueza entendió que no era conveniente mantener la imputación porque la creación en sí del puesto (con independencia del proceso de adjudicación) estaba motivada en "necesidades culturales". 

Fraude contra la Hacienda Pública. Concretamente se investigó si pudo existir fraude fiscal, ocultación de ingresos y estructuras opacas. En primer lugar, se habló de un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en acciones desde la pandemia. Sin embargo, la UCO desmontó ese dato incorrectamente evaluado por Manos Limpias al confundir el número de acciones con el valor de las mismas. En segundo lugar, el acusado declaró que residía en Elvas (Portugal) desde 2023. Sería delito si se demostrase residencia fiscal falsa y si vivía realmente en España. A tal respecto, existieron dudas de si realmente su residencia efectiva es en Elvas porque testigos aseguraban verlo como mucho una vez al mes y además a lo único a que se apuntó es que compró un palacio en ruinas al contado y mediante cheques bancarios sin que se hayan hecho obras. La Agencia Tributaria, en un informe aportado por el acusado sin firma ni membrete ni CSV, informaba que la residencia fiscal en Portugal no era incompatible con la condición de empleado público en España y que las rentas de la Diputación de Badajoz estarían sujetas al IRNR (impuesto de no residentes).

También hubo sospechas de que pudo haber residido en la propia Moncloa con su hermano y familia al localizarse su furgoneta y admitir que la dejaba largas temporadas. Con todo, dado que el umbral penal es de 120.000 euros, se limitaría la contratación en este punto a una irregularidad administrativa. Por lo tanto, el juzgado de instrucción se declaró no competente después de los informes remitidos por Hacienda. En definitiva, la pelota aquí estaría en el Ministerio de Hacienda que debiera de decidir si se expedienta, investiga y sanciona.

En resumen, no existieron indicios que apuntasen a perjuicio económico relevante tanto para la Administración de Badajoz como para la Hacienda Pública y tampoco a apropiación indebida o desvío de fondos públicos. 

Instrucción: delitos imputados

Sobre la prevaricación, es necesario probar que la resolución aprobada por Miguel Ángel Gallardo como Presidente de la Diputación y por la que se adjudicó la plaza fuese no ya arbitraria y claramente ilegal, sino también dictada a sabiendas de dicha condición. Por lo tanto, no basta con que fuese irregular sino groseramente ilegal y consciente. La Administración suele tener amplio margen discrecional y más aún en procesos de libre designación. Por ello, es frecuente que los tribunales reconozcan irregularidad pero no delito si no consigue probarse el dolo. Esto quiere decir que una actuación puede ser contraria a Derecho y ser anulada pero no encajar en el supuesto del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, demostrar prevaricación dependerá no sólo del contenido de las bases de la plaza sino de la documentación obrante en el expediente, de Ia legalidad del proceso de selección entre los aspirantes y, especialmente, del ejercicio real de trabajo en el puesto así como de las comunicaciones internas establecidas.

Sobre el tráfico de influencias, hay que probar que alguien usó su posición (en este caso David Sánchez con la colaboración directa de Miguel Ángel Gallardo) para influir en cargos públicos (todos los que participaron en el proceso de selección) para obtener un beneficio, que en este supuesto sería el puesto de trabajo. Existe una relación personal directa innegable que es ser hermano del entonces Secretario General del PSOE y que pudo haber sido el eslabón principal de la cadena. Pero no basta con ser influyente, puesto que hay que demostrar la presión e influencia directa y no sería suficiente una condición meramente ambiental como "ser hermano de" sin más.

El contrato exigía prestación habitual en Badajoz porque no tenía reconocido el teletrabajo al no ser el puesto susceptible de ello. Es más, no existía control horario ni supervisión efectiva y la respuesta desde la Administración pacense por parte de un jefe de servicio (que casualmente fue concejal socialista, José R. Suárez Arias) fue que se trataba de un cargo exento que constaba en una lista de 26 personas con dicho privilegio. Además, las primeras declaraciones de David Sánchez ante la jueza fueron bastante ridículas, puesto que no sólo demostró incapacidad para explicar las funciones concretas de su puesto y la estructura del área, sino que ni tan siquiera supo ubicar la "oficina de artes escénicas" que dirigía y se usaron espacios improvisados sin despacho propio. Tampoco resultó muy creíble que afirmase enterarse de la creación de este plaza por Internet. Todas estas circunstancias refuerzan no ya la falta de control administrativo, sino también la sospecha de puesto ficticio o vacío de contenido real.

En su auto, la jueza entiende que el principal acusado tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, es decir, que se presentaría a la convocatoria con unos criterios de adjudicación (no necesariamente fijados en las bases públicas) ajustados a sus condiciones personales, como no tener que acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera y habría hecho una entrevista para simular la legalidad del procedimiento. Además, también imputa por los mismos hechos a un ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, por acceder directamente a un puesto de auxiliar del propio David cuando procedería provisión de comisión de servicios.

Consideraciones

La resolución de este caso está relacionada con esa zona gris que media entre el Derecho Administrativo y el Penal, pues la línea defensora de las partes acusadas tratará de (al menos) arrinconar en el primero cualquier tipo de irregularidad constatada y probada. En principio, por los indicios recogidos, será mucho más complicado demostrar los cargos por tráfico de influencias que por prevaricación, en cuyo caso parecen más robustos y sólidos. El hecho de que se descartase malversación y fraude a Hacienda complica que se pueda establecer nexos de presión o intermediación con el tráfico de influencias, por lo que la vía condenatoria más probable sería la de la prevaricación. Y esta última apuntaría a probable si se demostrase de forma acumulada y no selectiva que la creación y modificación del puesto no se basó realmente en planificación previa ni a necesidades estructurales. La clave será demostrar lo siguiente: que existieron múltiples incongruencias entre el diseño del puesto y funciones, las modificaciones orgánicas eran incompatibles con no sacar a nueva provisión, el perfil era coincidente 100% con el beneficiario, existió falta de definición real del contenido y, en definitiva, la suma de tantas irregularidades que sobrepasen el límite de la mera negligencia o error. De esa manera, la arbitrariedad sería tan manifiesta que el Derecho Penal sería competente tanto para enjuiciar como para condenar, cuanto menos, tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo.

**Actualización: la sentencia de la AP**

El 14 de julio se hizo pública la sentencia condenando tanto a David Sánchez como a Luis Carrero y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa y con penas de inhabilitación para cargo público de 9 años los dos primeros como cooperadores necesarios y 18 el tercero. El resto de acusados también fue condenado por 9 años. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Badajoz les absolvía en el delito de tráfico de influencias, tal y como estimábamos en el análisis publicado el 28 de mayo.

La sentencia establece que se crearon cargos sin justificación clara, innecesarias y vacías de contenido, empleando además procedimientos irregulares para justificar cambios en la denominación y en las funciones. De hecho, la propuesta de modificación, la ficha y el informe de fiscalización figuraban firmados en la misma fecha y hora, lo que no tiene ningún sentido administrativo. David Sánchez fue contratado en 2017 para coordinar y promover actividades en los conservatorios. Sin embargo, esa figura de coordinador pasó a alta dirección con funciones no claramente pedagógicas. Desde 2021, se centró en proyectos operísticos y la supresión de la incompatibilidad favoreció intereses personales sin respetar la Ley. Además, residiendo en Portugal tampoco tenía autorización formal para teletrabajar ni soportes informáticos adecuados. En cuanto a Luis Carrero, amigo de David Sánchez, fue contratado por la misma Diputación como su colaborador.

Para que se incurra en prevaricación, la resolución debe ser arbitraria, ilegal y dictada con conocimiento de su injusticia, pero igualmente patente y no justificable por interpretación legal razonable. La prevaricación puede cometerla una autoridad o empleado público con dolo, no por omisión, pero también se puede ser cooperador necesario como reconoce la jurisprudencia sin ser funcionario público. Y la sentencia entiende como hechos probados según el artículo 404 del CP en tanto que se benefició a personas específicas sin seguir la Ley y actuaron con conocimiento de la injusticia y en plan premeditado y coordinado. Esto ha sido posible contrastarlo con todas las comunicaciones interiores de las partes investigadas.

Sobre el tráfico de influencias, se requiere ejercer presión moral para alterar decisiones públicas, de manera que no basta con sugerencias y ha de ser eficaz para modificar la motivación del funcionario ya sea por ejercicio abusivo del cargo, relación personal o jerárquica desviada. De esa manera, la sentencia entiende que no se da el caso y es independiente de cometer prevaricación. Esta sentencia es recurrible al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero los 377 folios parecen fundamentar de forma sólida la condena de dos nuevos individuos muy cercanos al entorno del Presidente Pedro Sánchez.

Cartagena: una moción de censura entre rupturas, traiciones y viejas heridas

La ciudad de Cartagena, conocida por ser una de las ciudades más antiguas de España con una historia que le concede el sobrenombre de la Trimilenaria, ha ocupado la atención de las recientes noticias a nivel nacional más allá de la consabida corrupción. El motivo es porque el pasado lunes 18 de mayo se registró una moción de censura a instancia de los grupos Movimiento Ciudadano (en adelante MC), PSOE y Sí Cartagena. Mediante esa palanca pretenden desbancar a la Alcaldesa del PP Noelia Arroyo, que hasta la fecha se encuentra gobernando en minoría con el apoyo de un Vox partido en dos mitades. Para analizar este movimiento es preciso establecer y recordar primero la situación que ha llevado a este movimiento y todos los factores que condicionan lo que pueda suceder el próximo 2 de junio que es cuando se someterá a votación la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

Antecedentes: MC y PSOE, una relación complicada

En 2015, el PP de Cartagena perdió la mayoría absoluta y Pilar Barreiro no renovó la Alcaldía al alcanzarse un acuerdo entre el PSOE y MC, de manera que se repartirían el gobierno municipal y la alcaldía con dos años respectivos y con el visto bueno de Podemos. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio político entre José López y Ana Belén Castejón terminó reventando por los aires. El empresario estuvo envuelto en innumerables polémicas por su constante enfrentamiento contra la oposición del PP y Ciudadanos, sus frecuentes insultos a Murcia, su perfil duro en redes sociales, una tentativa de agresión a un ex alto cargo de la CARM y un delito de coacciones a un policía local, siendo condenado en ambos casos. Pero su comportamiento no acabó ahí, sino que se dedicó a torpedear la propia coalición de gobierno acusando al PSOE de maniobrar bajo instrucciones externas, de manera que en 2017 se rompió el acuerdo dificultando la estabilidad municipal.

Esa nefasta experiencia y acumulación de desconfianza explica lo sucedido el 15 de junio de 2019, cuando tras ganar las elecciones MC al pasar de 5 concejales a 8, el controvertido López se estimaba Alcalde de nuevo. Sin embargo, en la votación de investidura a la que se presentó él y Ana Belén Castejón (que tenía un concejal menos que el PP), los concejales de MC entraron en shock al ver que el PP sumó junto con Ciudadanos sus votos a favor de la candidata socialista. De esa manera, Castejón era nombrada Alcaldesa y se repartió el gobierno con Noelia Arroyo, sin que entre las dos existiesen importantes fisuras. Pese a ello, los socialistas regionales y nacionales reaccionaron con indignación y expulsaron del partido a todo el grupo del PSOE de Cartagena. El motivo fue simplemente cogobernar con el PP, algo de lo que no tuvieron problema por ejemplo en Euskadi con Patxi López.

El camino hacia la moción de censura

En 2023, en un clima mucho más calmado, las elecciones volvieron a representar por tercera legislatura consecutiva un escenario sin mayorías absolutas. El PP ganó las elecciones con 10 concejales y con la desaparición de Ciudadanos y la entrada de Vox prefirió gobernar en solitario tras una investidura en la que cada grupo votó a su propio candidato. Sin embargo, al igual que sucedió por ejemplo con Ángela Gaona en San Pedro del Pinatar, la situación pasó a ser pronto de bloqueo total. Esto conllevó a que en noviembre se firmase un acuerdo programático y de gobierno con Vox. Desde ese momento, Diego Salinas pasó a ser Teniente de Alcalde y concejal de gobierno junto con todos sus compañeros.

A medidos de 2024, la presidenta y concejala de MC María Dolores Ruiz y el ex Alcalde Pepe López denunciaron a través de este último a su secretario general y portavoz Jesús Giménez Gallo por un presunto delito de falsedad documental. Alegaron que se habrían manipulado los estatutos del partido alterando la normativa interna para blindarse, evitar primarias y frenar posibles candidaturas rivales. Esto tuvo como consecuencia que, en enero de 2025, dicha concejala fuese suspendida por su propio partido por 3 años en expediente disciplinario. La comisión le acusó de no respetar la disciplina de voto, cometer abstención de funciones y ausentarse de reuniones internas. Al mes siguiente formalizó su pase como concejala no adscrita, inaugurando la cuenta que pasaría a ser récord en esta legislatura.

En marzo de 2026, tras el estallido del caso Antelo que analizamos en este mismo blog, Diego Salinas anuncia su baja de Vox y su escisión del grupo municipal pasándose al grupo mixto como no adscrito como acción de apoyo al diputado regional. Aparentemente, este hecho no perjudicaba la estabilidad del gobierno al mantenerse en el mismo. Pero la crisis de Vox Cartagena no acabó ahí. Al mes siguiente, la concejala de Turismo Beatriz Sánchez del Álamo comunicaba su baja denunciando traición y trato indigno del partido, enfocando sus críticas en Vox. Pero también dejó un mensaje críptico y es que afirmaba que "Arroyo confía en mis competencias, pero en el momento en que ella tenga quejas, tomaré decisiones y me iré yo". Esta declaración pudo venir a colación de ciertas fricciones por desavenencias en la gestión de la cartera turística. No llegó a dejar su cargo de gobierno, pero al mes posterior, en 14 de mayo, saltaron las alarmas con la salida de Diego como concejal de Desarrollo económico, Empresa e Industria. A partir de ese momento es cuando empezó a sobrevolar más que nunca la posibilidad de una moción de censura. Y no tardó nada, puesto que al lunes siguiente el día 18 ya se registró. Así que la secuencia de movimientos sugiere un acuerdo previo.

Reacciones políticas ante la moción de censura

Declaraciones de Noelia Arroyo. Arroyo califica la moción como una maniobra a la desesperada entre fuerzas políticas enfrentadas entre sí con un intento instrumental de asaltar el Ayuntamiento a un año de las elecciones de 2027, de forma que el verdadero objetivo sería obtener visibilidad de cara a aquéllas. Ante todo, resalta la incoherencia ideológica de pretender sumar a cuatro grupos incluyendo a los concejales tránsfugas de Vox con la aquiescencia del PSOE. En ese escenario futuro, aprovechó para poner en contexto la convulsa etapa entre socialistas y cartageneristas a que hemos hecho referencia, por lo que el escenario que dibuja la moción representaría una vuelta al caos y reabrir viejas heridas políticas de Cartagena. Frente a ello, ha tratado de defender su gestión económica en reducción de la deuda, inversiones, proyectos financiados con fondos europeos y mejora del empleo. Esto contrasta con lo denunciado por la oposición en un comisión aludiendo a más de 12 millones de euros en facturas sin pagar y no se ha aprobado aún el plan económico financiero. En definitiva, Arroyo deslegitimó moralmente la moción antes de votarse y presentó el pacto como inestable e imposible, pero al mismo tiempo aprovechó en su entrevista en la 7 para movilizar emocionalmente al electorado del PP con la idea de convertir una posible derrota institucional en un arma de relato de cara a 2027.

Cierre de filas en el PSOE. Los socialistas, encabezados por Manuel Torres, han asegurado que la operación aparentemente disparatada cuenta con el aval de Ferraz. La explicación a esto y qué diferencia tendría con los hechos de 2019 radicaría en lo más simple: se desalojaría al PP mientras que por aquél entonces se pactó un gobierno de coalición con el PP. Aún así, queda la pieza de Vox pero el PSOE de Cartagena pretende enfocar que ahora esas dos personas son "libres" y no pertenecen a la formación de "ultraderecha" como machaconamente reiteran los socialistas a todos los niveles territoriales. Habría que ver hasta qué punto se normaliza el pacto con unos tránsfugas que figuraron en las listas de Vox e incluso uno de ellos ya gobernó con el PP. Para evitarse líos decidieron consultar a la militancia local y a la ejecutiva regional. Ésta aceptó en primera instancia el 20 de mayo justificándola por la necesidad de aplicar una "agenda progresista valiente que recupere la justicia social y derechos humanos" y trasladó a la anterior la responsabilidad de validarla en consulta mediante voto presencial y secreto. Se efectuó en 2 horas por la tarde y con varias urnas. Esa noche del 26 hizo público un porcentaje del sí del 94,5% de los participantes y un 62,14% del censo de afiliados (689).

Rupturas internas en Vox. Javier Antelo emitió las declaraciones más complejas, dado que se mezcló la crisis de Vox con la implicación de los concejales más próximos a él. Por un lado, aludió a la impredecibilidad del partido como condicionante de lo sucedido, resaltando la escasa credibilidad del mismo. Por tanto, responsabilizó directamente a Vox del registro de la moción de censura y señalando al portavoz Gonzalo López Pretel sobre el que cabrían quejas de vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo rechazó la moción tal como se ha planteado porque implica que el PSOE entre el gobierno de Cartagena y a su juicio supondría abrirle la puerta al Sanchismo. Más duro fue Rubén Martínez Alpáñez, quien reemplazó a Antelo como portavoz del grupo en la Asamblea responsabilizando directamente a "la banda de Antelo" y al transfuguismo. Por su parte, López Pretel cargó contra los no adscritos al tiempo que recalcó que no existía ninguna noticia sobre decreto de cese de Sánchez del Álamo, dejando caer junto con otras fuentes a Diario La Verdad que podría existir algún contacto para hacerle reconsiderar a aquélla. La diferencia es que Diego sí ha realizado declaraciones públicas apoyando de forma indirecta la moción de censura mientras que Beatriz permanece en silencio. Sin perjuicio de ello, los 14 implicados asistieron a una reunión el viernes 22 en el hotel NH Cartagena donde todos firmaron un acuerdo programático y, entre ellos, la propia Beatriz.

Rupturas internas en Movimiento Ciudadano. Pepe López, con un perfil político aún más marcado por la confrontación debido a una sentencia de cobro indebido por un sueldo que no reintegró y una tercera condena por difamación, criticó la iniciativa de Giménez Gallo enfatizando en los disensos internos de la formación cartagenerista. Echó en cara el "desmesurado ego y ambición" del actual líder del grupo Giménez Gallo y calificó de "antinatura" un pacto con PSOE y Vox, considerando que ambos son partidos nacionales y alejados de los intereses cartageneros. Además, indirectamente quiso recordar la experiencia pasada con los socialistas. Por el contrario, el candidato Giménez Gallo calificó la operación como "urgencia democrática" y acusando al Ayuntamiento de estar intervenido y sin liquidez y con subidas fuertes de impuestos. También minimizó el efecto rebote que pudiera recoger Arroyo entendiendo que no es comparable en popularidad al recientemente fallecido José Ballesta, que venció en las elecciones de 2023 tras la moción de 2021. En cuanto a María Dolores Ruiz, ha realizado varias declaraciones explosivas. En la primera, confesó que no puede votar como Alcalde a alguien a quien tiene denunciado y cree que la moción no prima Cartagena. En la segunda, acusó a Beatriz de estar maniobrando con el PP para que fracase la moción. De cualquier manera, recalcó que su posición no sería determinante porque quedaría fuera de la teórica suma de 14 votos.

Rupturas internas en Sí Cartagena. Ana Belén Castejón, secretaria general de Si Cartagena y que entregó su acta en septiembre de 2025 por motivos personales y familiares, también ha rechazado la moción de censura. Considera que sólo responde a una operación improvisada, sin programa ni estructura, que rompe con la estabilidad de Cartagena y convierte a Si Cartagena en una muleta de intereses partidistas. Por lo tanto rompe con su sucesor Juan Pedro Torralba. Éste, en unas curiosas declaraciones, afirmó ser "socialista sin carnet" y entender que era perfectamente posible que gobernasen izquierdas y derechas juntas. Es preciso recordar que Sí Cartagena fue una formación creada por los socialistas cartageneros expulsados en 2019 por pactar con el PP y que en 2023 logró votos suficientes para obtener una silla de concejal. De hecho, la cifra resultó ser prácticamente idéntica a lo que perdió la candidatura de PSOE Cartagena.

Conclusiones y perspectivas

Cartagena vive una política municipal extraordinariamente fragmentada, personalista y marcada por relaciones rotas. Teniendo en cuenta los antecedentes de las legislaturas anteriores caracterizados por la desconfianza entre partidos y por los que se arrastran rencillas que llegan al presente, los disensos entre varios de los grupos de la corporación con hasta 3 concejales no adscritos, las discrepancias existentes entre los afiliados de varios de los firmantes y la heterogeneidad ideológica de la suma de ediles que aspira a la alternativa política, la conclusión es más que clara: esta moción está completamente abocada al fracaso. Y desde el mismo momento en que se registró.

Los motivos esgrimidos por Giménez Gallo contienen ciertas contradicciones. Por un lado, entiende que lo mejor para Cartagena es un Ayuntamiento "que no reciba instrucciones ni de Murcia ni de Madrid", lo que quiere decir que PP y PSOE no estén implicados. Al mismo tiempo, no terminó de aclarar qué quieren hacer con el solar de Ángel Bruna que se debate entre un nuevo cuartel de la Guardia Civil o un jardín con parking, pues a la vez que señala que la presencia del PSOE en el consistorio puede desbloquear ese cuartel, se manifestó partidario del segundo que es la opción vecinal. Además, convendría recordar que el bloqueo de la ZAL (al que me referiré en un artículo muy pronto) implica a PP y PSOE, luego no coincidir en ningún color político no tiene garantías de que se acelere y más en el contexto del AVE pendiente a Cartagena. Por si fuera poco, el margen de maniobra con familias tan diferentes y en el plazo de un año deja muchas dudas de su efectividad. Por mucho que se reúnan los portavoces del aspirante a tripartito con la junta de personal del Ayuntamiento para prometer una estabilidad que sólo en sus cabezas sonará creíble.

Si es que el próximo 2 de junio esta moción fuese aprobada por mayoría absoluta (no cabe mayoría simple alguna para que salga adelante), la gobernabilidad no sería ni mucho menos más cómoda para Cartagena. Además, será entonces cuando desde el PP de Arroyo ya podrán preparar la precampaña para materializar una mayoría muy cercana a la absoluta cuanto menos. Porque la propia coalición a lo "Frankenstein", que posiblemente fuese la denominación que recurran y le estaría allanando el camino desde el primer día.

**Actualización: qué terminó pasando**

Sin modificar lo publicado el pasado día 26 de mayo, los acontecimientos derivaron finalmente en el esperado fracaso de la moción pero no sin profundizar en la polémica. Primero, el viernes 29 se anunciaba un acuerdo entre Noelia Arroyo y los no adscritos para expulsar del gobierno municipal a los dos que quedaban en el grupo de Vox. A cambio de ello, se comprometían a desmarcarse de la moción presentada. Llegado el día 2 de junio, la secretaría estimaba que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Bases del Régimen Local no procedía tomar en consideración el voto de la moción, lo que unido al visto bueno del PP se generó una fuerte discusión entre todos los concejales y amenazas cruzadas de recurrir a los juzgados. Finalmente se forzó la votación y el resultado fue de 12 concejales a favor y 13 en contra, por lo que quedó desestimada al sumarse los dos no adscritos que cambiaron de opinión. La tercera ya hizo público en su momento que no haría Alcalde a Giménez Gallo.

Paradójicamente, la moción de censura que pretendía mostrar la debilidad del gobierno municipal terminó evidenciando también las profundas fracturas existentes entre quienes aspiraban a sustituirlo. El fracaso de la iniciativa no solo mantuvo a Noelia Arroyo en la Alcaldía, sino que abrió una nueva crisis en Movimiento Ciudadano después de que su fundador, José López, exigiera públicamente la dimisión de Jesús Giménez Gallo. Lejos de cerrar el debate político cartagenero, el episodio parece haber inaugurado prematuramente la campaña electoral de 2027.

Cuba 2026: entre el colapso económico y la presión geopolítica

Este año comenzó con la sorpresa de la captura del dictador Maduro de Venezuela por parte de EEUU amparándose en la aplicación extraterritorial de la Ley por presunta implicación en narcoterrorismo. Fue un movimiento que no era del todo impensable, pero llegó en un momento en que nadie lo auguraba. Seguidamente - sin perjuicio del conflicto con Irán - Donald Trump ha fijado el punto de mira en el último reducto del comunismo en el continente americano: Cuba. Es más, precisamente la sensación es que esta isla es una pieza del dominó que, para tumbarla, era necesario derribar antes la ficha de Venezuela. Y, si bien es cierto que a Cuba le rodean otras naciones en su ecosistema aliado, el análisis que hoy presento dibuja un escenario de acorralamiento absoluto. Expondré en primer lugar los distintos factores y variables que han estado influyendo en la situación económica, energética y social actual de Cuba, para después comentar y analizar las negociaciones abiertas y la escalada de tensión que ha ido creciendo durante este mes de mayo. 

Factores estructurales internos: la gestión de la dictadura

En este punto hay que referirse a la gestión política y económica que opera a largo plazo y condiciona todo lo demás. Ante todo, la rigidez institucional propia de una dictadura de más de 65 años impide poder realizar reformas profundas. El modelo económico cubano es el comunista de toda la vida, el de planificación centralizada por el Estado. Controla sectores clave a través de su nacionalización desde 1960. Sin embargo, lo hace a costa de una baja productividad y escasos incentivos a la eficiencia, aparte de controles de precios y salarios que distorsionan la economía. La sensación generalizada en Cuba es la de escasez y con un peso cubano tan devaluado que se halla en mínimos históricos. Se asiste a falta de alimentos, medicinas y productos básicos con desabastecimiento en tiendas, de acceso a agua potable por su dependencia de la electricidad, transporte público limitado e incluso basura acumulada por falta de combustible. Además, sus prioridades de inversión están desequilibradas, pues se han centrado en el turismo dirigido a través de GAESA por las Fuerzas armadas revolucionarias de Cuba mientras que sus infraestructuras básicas (petroleras, red eléctrica, etc.) están muy descuidadas. Además, existieron limitadas aperturas al sector privado contribuyendo a una economía muy poco resiliente a la eficiencia. Por si fuera poco, no sólo la economía es intervenida por el Estado, sino que también aplica controles a la libertad de expresión vigilando a creadores de contenido. Y es que no estamos hablando de un sistema populista sin más, sino de un Estado totalitario.

Factores coyunturales recientes

También existen variables recientes que han acelerado drásticamente la crisis. En primer lugar, está la emigración masiva de personas que, en este escenario de frustración y desesperanza, han huido de la dictadura con expectativas de desarrollar tanto su carrera profesional como su vida personal en países democráticos. Esto por lo tanto ha generado una fuga de talento importante, como por ejemplo en sus médicos y en general de población activa. Segundo, la crisis energética ya se generó tiempo atrás por motivo de una infraestructura obsoleta que no produce ni la mitad de lo que el país necesita y una lamentable gestión política de las mismas, sucediendo apagones generalizados con demasiada frecuencia. Tercero, la pandemia de Covid-19 provocó en lógica incontestable una caída del turismo del que dependía tanto la isla, generando un descenso brusco de divisas y redundando en un descenso acumulado del PIB del 15% desde 2020. Este año, la crisis de Venezuela y el arresto de Maduro les ha reducido aún más el suministro de petróleo y han perdido otro apoyo económico incondicional. Además, recientemente el México de Sheinbaum ha cortado también el chorro argumentando que para petróleo ya está Rusia y sólo aportará ayuda social humanitaria.

Factores externos: dependencia histórica de la URSS

La dependencia externa es un factor crítico y clave para entender por qué Cuba ha sido tan vulnerable. Hasta 1991, disponía de un apoyo masivo de la Unión Soviética como ancla económica con comercio preferencial en pilares como el azúcar y el petróleo e incluso subsidios indirectos. La URSS compraba azúcar cubano a precios superiores al mercado mundial y suministraba petróleo a precios inferiores, reexportando incluso Cuba a países occidentales. Además, concedía préstamos con bajos tipos de interés que en muchas ocasiones eran refinanciados o condonados y suministró gran cantidad de equipos militares y aviones. La localización estratégica de Cuba y su cercanía con el gran enemigo EEUU era absoluta prioridad y sobre todo durante la Guerra Fría y los años ochenta. Sin embargo, tras la caída del principal socio comunista de Cuba se marca un punto de inflexión. La Rusia actual no tiene nada que ver con la anterior URSS, pues su apoyo es más limitado y puntual con líneas de crédito pero sin subsidios estructurales. En marzo y abril Rusia ha estado enviando petroleros tras reuniones con gerifaltes cubanos y con el silencio de Donald Trump. Probablemente éste lo viera lógico y deseable porque tampoco le interesaría al mandatario estadounidense que Cuba terminase de colapsar y hundir del todo. Pero eso sí, en mayo parece ser que el suministro empezó a escasear provocando problemas y la postura rusa habría pasado a ser la misma que la mexicana.

Factores externos: bloqueo comercial de EEUU

Desde la izquierda se ha machacado mucho con el "bloqueo comercial" de EEUU para reducir todo lo que está pasando en Cuba al "malvado enemigo yankee". Lo que se impone desde allí no es por sí un bloqueo, sino un embargo comercial que, no obstante, recibió un nuevo rechazo abrumador en 2024 por parte de la Asamblea General Naciones Unidas. Este polémico embargo comenzó a aplicarse desde 1962 con J.F. Keneddy y sólo se asistió durante unos meses a un efectivo bloque naval con motivo de la crisis de los misiles cubanos. Por una parte, se trata de que el comercio con el país del Tío Sam está restringido, dado que sólo se exportan desde allí medicinas y algunos alimentos. EEUU no ha enviado buques ni ha intervenido para evitar que lleguen alimentos. Por otra parte, los norteamericanos establecen sanciones con efectos extraterritoriales, es decir, a terceros países por comerciar con Cuba como arma disuasoria. Estas acciones traen como efectos la dificultad de acceso a financiación internacional, costes más altos de importación más allá de sus socios preferentes y consecuentemente menor inversión extranjera. Por consiguiente, toda relación comercial con Cuba ha sido más cara que con otros países. ¿El motivo para esto? Ya lo hemos dicho en el anterior párrafo: puramente geopolítico, por la estrecha amistad histórica con los rusos que habían sido siempre el principal rival y su situación geográfica estratégica, representando desde la Guerra Fría una hipotética amenaza tanto económica como militar a EEUU. Por lo tanto, el impacto del bloqueo es comercial, financiero y reputacional. No obstante, esto no aísla completamente a Cuba pese a que constituya un factor agravante limite de forma significativa su integración económica. Se flexibilizó parcialmente durante los años de gobierno de Barack Obama y se endureció con los de Bill Clinton y sobre todo Donald Trump.

Apertura de negociaciones entre EEUU y Cuba

Las conversaciones no se abrieron en un escenario de distensión, sino más bien lo contrario. Se insertan en una estrategia de máxima presión impulsada por Donald Trump, con endurecimiento de sanciones e importante limitación de suministro de petróleo. Por tanto, las negociaciones partieron de un claro desequilibrio en una situación de urgencia y de asfixia económica de la isla con apagones masivos y paralización económica. Realmente no sabemos casi nada de estas negociaciones, caracterizadas por un alto nivel de opacidad por llevarse en canales diplomáticos discretos y la falta de publicidad de ambas partes. De hecho, a día de hoy son básicamente contactos exploratorios. 

EEUU, por su parte, con Marco Rubio como intermediario, planteó en un primer momento un alivio de sanciones, apertura económica parcial con exportación de combustible y apoyo al sector privado cubano. La contrapartida era cambios políticos significativos con respecto a derechos civiles y un posible relevo del liderazgo actual, con vistas a un eventual cambio de régimen con elecciones libres y pluralismo político como objetivo final. Pero el gobierno de Díaz-Canel, con un nieto de los Castro como interlocutor, ha mantenido como líneas rojas precisamente el sistema político y su propia continuidad, limitando la negociación a aspectos económicos. Por tanto, los obstáculos son tanto las posiciones contradictorias como la desconfianza histórica por largas décadas de conflicto. Al menos, sí se hizo público que en acuerdo con El Vaticano se había liberado a más de una veintena de presos y se esperaba llegar a cincuenta próximas semanas. Tal vez se tratase de un gesto para ganar cierto margen diplomático, pero no se preveía que pudiera existir ningún tipo de amnistía general.

Según el historiador cubano Rafael Rojas, las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos no apuntan necesariamente a una transición política, sino más bien a la posibilidad de un “capitalismo sin cambio de régimen”, es decir, una apertura económica limitada manteniendo intacto el sistema político. En este contexto, las concesiones previsibles (reformas parciales, liberaciones graduales de presos...) responderían más a una estrategia de adaptación del régimen ante la presión externa y la crisis interna que a un proceso de democratización. Esto sugiere que el embargo y las sanciones, aunque influyen en la dinámica negociadora, no están provocando por sí solos un cambio estructural del sistema cubano.

Escalada de presión y tensión sin romperse el diálogo

Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo representaron un endurecimiento significativo del embargo, al extenderse a cualquier empresa o individuo e incluso actores extranjeros que operasen en sectores clave de la economía cubana y dispusieran de activos en EEUU. Estas medidas buscaban cortar las principales fuentes de divisas del país mediante el bloqueo de activos, restricciones financieras y sanciones extraterritoriales. La consecuencia es que aumenta el coste y el riesgo de cualquier relación económica externa con la isla. Pero no se quedaron en entidades, sino que se ampliaron a personas físicas como varios funcionarios del régimen con nombre y apellidos.

La tensión aumentó más añadiéndose varios eventos. Primero, que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían realizado al menos 25 vuelos de inteligencia y vigilancia cerca de la isla desde febrero. Aunque Washington no ha planteado públicamente una intervención militar y estas operaciones pueden responder a tareas rutinarias de reconocimiento estratégico, algunos analistas señalan que el patrón recuerda a despliegues previos sobre Venezuela o Irán. Segundo, existen sospechas de que Cuba habría adquirido drones militares con apoyo de Irán y Rusia con intención de atacar objetivos como Guantánamo ó la isla de Key West en Florida. Y tercero lo más relevante: EEUU a través del departamento de Justicia confirmó ayer 20 de mayo la imputación por homicidio del nonagenario Raúl Castro por un caso de derribo mortal de dos avionetas de exiliados en 1996, del que constan audios. Más allá de sus posibles efectos judiciales prácticos, difíciles de materializar, esta imputación tiene un enorme valor político y simbólico, al apuntar directamente al núcleo fundador del castrismo.

Pese a la situación de presión extrema el canal diplomático sigue abierto. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó oficialmente a la Habana hace una semana y se reunió con responsables de la inteligencia cubana y del castrismo. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una comparecencia pública. Más allá de las sanciones económicas, Rubio planteó abiertamente una “nueva vía” basada en elecciones libres, apertura económica y, especialmente, en el desmantelamiento del poder económico de las Fuerzas Armadas y del conglomerado GAESA, que controla buena parte de la economía cubana. 

Conclusiones

La situación que atraviesa Cuba en 2026 ha superado ya el marco de una simple crisis económica coyuntural. Diversos estudios académicos independientes han cuestionado además la idea de que el embargo estadounidense explique por sí solo el deterioro económico de la isla, señalando que buena parte de los problemas responden también a factores internos como la planificación centralizada, la falta de incentivos productivos, la opacidad institucional y la excesiva concentración militar de sectores estratégicos de la economía.

El conglomerado GAESA controlado por las Fuerzas Armadas ha acumulado durante años el control sobre el turismo, las divisas y las principales inversiones estratégicas del país. Sin embargo, el hundimiento del turismo internacional tras la pandemia, agravado por los apagones, la precariedad de infraestructuras y la creciente percepción de deterioro general, ha golpeado precisamente uno de los pilares financieros fundamentales del régimen.

A esta crisis interna se suma además un entorno internacional cada vez más hostil, no ya por el alejamiento de sus aliados tradicionales. La llegada de la nueva Administración Trump ha supuesto un endurecimiento progresivo de las sanciones financieras y energéticas, así como un incremento muy notable de la presión diplomática y estratégica sobre La Habana. Las recientes acusaciones relacionadas con cooperación militar con Irán y Rusia, los vuelos de inteligencia estadounidenses, las nuevas restricciones económicas y la imputación judicial de Raúl Castro muestran que la relación bilateral ha entrado en una fase de confrontación mucho más profunda que en años anteriores.

Sin embargo, la situación también presenta una aparente paradoja. Mientras Washington incrementa la presión, continúan existiendo canales de negociación y comunicación de alto nivel, como demuestra la reciente visita del director de la CIA a La Habana. Todo ello sugiere que Estados Unidos no estaría buscando únicamente aislar económicamente al régimen cubano, sino forzar una reconfiguración gradual de sus estructuras políticas, económicas y militares desde una posición de máxima presión.

En definitiva, la crisis cubana de 2026 parece el resultado de la convergencia de múltiples factores: debilidades estructurales acumuladas durante décadas, dependencia extrema del turismo y de las divisas externas, deterioro energético y productivo, éxodo migratorio masivo, desaparición del apoyo soviético primero y de la ayuda venezolana después, sanciones estadounidenses y creciente tensión geopolítica internacional. La gran incógnita ahora es si el sistema cubano será capaz de claudicar, adaptarse y reformarse antes de que el deterioro económico y social alcance niveles irreversibles. Porque, a diferencia de otras etapas anteriores, la actual crisis ya no afecta únicamente a la economía sino también a la legitimidad, estabilidad y propia capacidad de supervivencia del modelo político surgido de la Revolución Cubana.

Elecciones en Andalucía 2026: más participación, más proporcionalidad

Ayer se celebraron las elecciones andaluzas de 2026, que en diferencia con las anteriores autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla León no se vio afectada en su calendario habitual que siempre ha sido separado de las regiones del artículo 143 de la CE (de régimen común). En las últimas que se celebraron en 2022, Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo una arrolladora mayoría absoluta duplicando los votos y acaparando 58 diputados de 109. Había conseguido simple y llanamente los mejores resultados de la historia del PP en Andalucía. La subida de 32 diputados nuevos absorbió mucho más votos que los que dejó Ciudadanos que pasó de 21 a cero mientras que el PSOE bajó de 33 a 30. Vox, con Macarena Olona, subió de 12 a 14 y las escisiones de la marca de Podemos salieron perdiendo con 5 diputados para Por Andalucía y 2 para la marca Adelante de Teresa Rodríguez, desapareciendo 10 escaños por el camino. En definitiva, los andaluces validaron en las urnas una gestión de gobierno mientras que los socialistas amortiguaron la fuga de votos al PP gracias a que capturó a buena parte del electorado de Podemos.

Contexto preelectoral y encuestas

En los presentes comicios de 2026, Juanma Moreno aspiraba a mantener la mayoría absoluta y no depender de Vox. Los de Abascal presentaron a Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario y secretario de la mesa del parlamento andaluz y su propósito era justo lo que no quería el PP: romper la mayoría para que tuviese que pactar y, según el resultado, poder exigir al menos la participación en una Consejería. La media de las encuestas publicadas apuntaba a que la continuidad de la mayoría absoluta era posible, al situarse justo en los 55 diputados. Sin embargo, al mismo tiempo muy ajustada como para confiarse. A ese respecto, Vox hizo unas declaraciones en campaña que considero desafortunadas al deslizar que votaría NO en una investidura de Moreno Bonilla. Las perspectivas en las encuestas eran que podía aumentar un escaño más, pero la comunicación de sus mensajes podía ser clave. En esta guerra, Juanma Moreno únicamente comentó que la decisión de gobernar o no en coalición dependía del electorado andaluz, trasladándole esa decisión poco cómoda para él pero de forma inteligente.

En la oposición, el PSOE volvió a jugar la arriesgada carta de recurrir a una ministra como en Aragón, si bien en este caso se trató de una figura con una popularidad mucho más baja que la de Pilar Alegría. Esta última, en Aragón, ya se enfrentó al recuerdo de haber sido portavoz de un Gobierno que causa más rechazo que nunca a la derecha de su posición, que cada vez es más amplia. Sin embargo, María Jesús Montero estaba un plano muy superior de crítica al haber sido Ministra de Hacienda. Fue protagonista de que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado, así como de subidas de impuestos y cotizaciones en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo para trabajadores y autónomos. Con el incremento percibido de descontento en esas clases sociales, podría valorarse que la mochila de su gestión ahondaría en la herida de un PSOE andaluz hecho trizas. Y es que todavía había sitio para más, pues se hizo público que el Tribunal de Cuentas detectó que se habían desviado 10.000 millones de euros de fondos europeos a pagar pensiones públicas. El postre de despropósitos en plena campaña fue calificar la muerte dos guardias civiles en Huelva una operación contra los narcos de "accidente laboral". Con todo esto, los socialistas perderían "sólo" 2 diputados más.

En cuanto a la izquierda alternativa, la coalición en la que se unieron Podemos, IU y Sumar volvió a probar suerte (PA) con Antonio Maíllo y con el objetivo de como mínimo de sobrevivir en un escenario en el que este espectro está en claro retroceso. Por una parte, podía ser un termómetro de qué perspectivas tendría la plataforma impulsada por Gabriel Rufián. En otro plano estaba Adelante, que renovó la cara principal retirándose Teresa Rodríguez y colocando a José Ignacio García, funcionario y psicólogo gaditano que formó parte de Podemos desde sus inicios en esta comunidad autónoma. Las encuestas apuntaban a que la segunda candidatura tendría más opciones de recoger el voto socialista más a la izquierda y logrando empatar con sus competidores más cercanos, tal vez por la crisis de credibilidad de Sumar y Podemos a nivel nacional.

En cuanto a SALF se presentó Adrián Yacar, policía nacional en excedencia. El sevillano Alvise exigió para no presentarse que PP y Vox le hicieran caso en 5 condiciones: reforma electoral, cierre de chiringuitos, fin sobresueldos a diputados, medida para solucionar la crisis de la vivienda y fin de las guerras, dando a entender que no se le diese ni un euro más a Ucrania ni se colaborase con la OTAN para defender a los países árabes de la teocracia criminal de Irán. Nada más empezar la campaña se hicieron públicas en cascada varias noticias negativas y polémicas de Alvise como la mala relación con su padre que desearía que metieran en la cárcel a su hijo, una denuncia por amenazas del Alcalde de Algeciras y la más importante, la retirada de su inmunidad parlamentaria por motivo de investigaciones por presunta financiación ilegal. Pese a todos estos líos, ¿conseguiría colarse por fin?

Finalmente, Ciudadanos no se presentó. En realidad, para sorpresa de nadie.

Resultados electorales y claves de la noche

El PP de Moreno Bonilla, tal y como era esperado, resultó ser la candidatura más votada. Sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta y perdió hasta 5 diputados a pesar de que aumentó sus votos en cerca de 150.000. ¿El motivo? el incremento de la participación electoral, que subió más de un 7,5% pasando de un 44,51% a un 52,16% y que en mayor medida se destinó a otras candidaturas. De esa manera, por mero efecto de la fórmula electoral, la proporción de los otros partidos y especialmente de Adelante Andalucía le hizo perder al PP la mayoría absoluta quedando en 53 diputados, es decir, a dos de la misma. Con estos datos, la pérdida no puede asumirla el PP como decepción sino más bien enfocarla como un punto de superioridad respecto a su principal socio, aparte de una continuidad electoral que deja a los socialistas casi un 50%. Y realmente esa es la foto que a nivel nacional le importa a los populares.

El PSOE de María Jesús Montero, sorprendentemente, también subió en votos conquistando 50.000 más pero perdió los dos diputados que le estimaban las encuestas por el mismo motivo antes señalado. En tal escenario, haber horadado aún más en el suelo electoral histórico del socialismo, no es del todo un fracaso rotundo. Por una parte, no cabe duda de que ha puesto de manifiesto su debilidad para concentrar el voto de la izquierda al no haber sido capaz de arañar voto de las otras dos candidaturas y, además, perder la batalla de la movilización. Por tanto, es un mal resultado pero, en un momento en que los socialistas están más preocupados de mantener Moncloa que de recuperar autonomías que tienen más que perdidas, que aumente algo el bloque de la izquierda les consuela en su estancamiento propio. Es más, pese a todas las barrabasadas que están cometiendo a nivel nacional, por más que sigan revelándose corruptelas, los socialistas siguen manteniendo un bloque incondicional que los va a seguir apoyando y eso es así en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en toda España.

Vox ha experimentado un resultado con sabor entre dulce y amargo. Por una parte, se ha roto la mayoría absoluta del PP en Andalucía, lo que obliga a éste a tener que buscar sus apoyos. Por otra parte, los propios de Abascal tan sólo han sido capaces de incrementar sus votos en unos 80.000 logrando un diputado más (15) necesitando Moreno tan sólo dos apoyos más para ser investido. Es un escenario que, realmente, no dibuja un poder importante de Vox que con arreglo a las declaraciones de campaña no merecería ejercer ningún poder en ninguna Consejería. Así que si Vox cumpliera con su amenaza de votar "no" a la investidura de Moreno, esa pataleta tan sólo le conduciría a nuevas crisis internas que, a día de hoy, aún no habrían ejercido influencia en su electorado actual. Personalmente, si fuese simpatizante de Vox no estaría muy contento e invitaría a una autocrítica. Es lo que sugiere, por ejemplo, el creador de contenido David Santos.

A la izquierda del PSOE, el gran ganador ha sido Adelante. Estamos hablando de una lista que ha pasado de un 4,58% a un 9,62% de los votos, subiendo más de 230.000 votos (tenía 169.000 en 2022) y pasando de sólo dos escaños a ocho. Personalmente intuyo que esa subida se explica en haber capitalizado la movilización electoral y haber pescado buena parte de ese voto en la abstención y nuevos votantes. Como hemos visto, PP, PSOE y Vox han subido, pero el incremento de Adelante ha sido espectacular. ¿Los motivos concretos? Era la primera vez que se renovaba el liderazgo tras dejarlo Teresa Rodríguez (que reveló ayer que padece un cáncer y pasa quimioterapia) y los mensajes transmitidos podrían tener un cariz más transversal y renovador para una cierta parte de los andaluces más descontentos. Entre ellos, los más cercanos al andalucismo que en otra época era más de centro derecha. Además, la crisis de imagen y liderazgo a nivel nacional de los partidos Sumar y Podemos que integraron la coalición de Por Andalucía (y que perdieron 20.000 votos) les ha favorecido vencer en ese duelo de la izquierda alternativa. Así que en términos comparativos este efecto se parece más a Aragón con la Chunta que Extremadura o Castilla León. Ahora bien, no es ni mucho menos mal resultado continuar con 5 diputados pese a la fuga de votos, seguramente en dirección a PSOE y Adelante.

Por último, SALF consiguió más de 105.000 votos que no han servido prácticamente para nada. O sí, para evitar que Vox o el PP capturase algún diputado más. Ni siendo de Sevilla ha conseguido Alvise obtener representación, demostrando que es perfectamente compatible conquistar 800.000 votos en unas Europeas con circunscripción única y no comerse un "torrao" (por no emplear otra palabra) con elecciones en provincias. ¿Se acabó ya la fiesta o todavía seguirá bailando con las luces encendidas?

El futuro político de Andalucía y sus retos

En atención al programa electoral del PP, la legislatura 2026-2030 se centraría en Economía en una vía liberal con bajada de impuestos, simplificación administrativa y captación de inversiones. El objetivo de Moreno Bonilla es convertir a Andalucía, una región tradicionalmente agrícola (ocupa un 40% del VAB), en líder en sectores estratégicos como el turismo, la industria e incluso las energías renovables. Pese a ello, choca con Vox en que este último propone rebajas fiscales mucho más fuertes no ya en el IRPF sino también suprimiendo impuestos autonómicos. También se promete un enfoque liberal en Vivienda sin intervenir de forma significativa el mercado inmobiliario sino facilitándole el camino: liberalizar suelo, agilizar licencias y fomentar la colaboración entre sector público y empresas para incrementar la oferta de vivienda pública asequible. Igualmente, es importante agilizar la burocracia y atender especialmente a colectivos como jóvenes y familias. Vox coincide en todo salvo en su lema propio de "prioridad nacional" para acceder a ayudas y vivienda protegida. Sin embargo, sólo puede equipararse al "arraigo" en el que caben españoles de origen, nacionalizados y extranjeros con residencia establecida de varios años. Por tanto, quedaría fuera un murciano que lleve poco tiempo.

En Sanidad, lo que todo el mundo espera es (valga la redundancia) reducir las listas de espera de operaciones quirúrgicas con más profesionales, reforzando plantillas y reorganizando el Servicio de Salud. También prometió ampliar horarios en atención primaria, invertir en tecnología sanitaria y mejorar las infraestructuras. Vox coincide en muy buena parte, añadiendo la necesidad de aumentar las camas en los hospitales. En la otra gran política pública, en Educación, el PP apuesta por el refuerzo de la Formación Profesional y educación especial así como de la digitalización, limitándose por lo demás a respetar la libertad de elección de centro y apoyo a la enseñanza concertada. Vox es más ideológico a este respecto, señalando particularmente su rechazo al "adoctrinamiento ideológico" en las aulas.

En Medio Ambiente, el programa del PP cree importante para combatir la escasez de agua el modernizar regadíos, reforzar infraestructuras hidráulicas y avanzar en energías renovables. A este respecto, la más eficiente y que podría ahorrar más es la eólica. Por su parte, Vox es partidario de la soberanía energética frente a la Agenda 2030 y de mantener un mix energético en el que la energía nuclear sea protegida y las renovables no choquen con la agricultura y ganadería.

Finalmente, sólo queda que Vox sea consecuente con su posición y no pretenda jugar al ajedrez contra Moreno Bonilla pues, como valoro, tendría todas las opciones para salir perdiendo si lo hace.

UCAM sin CEMOP: el apagón demoscópico en la Región de Murcia

Hacía mucho tiempo que no dedicaba un post al análisis de encuestas, pero llegado el momento han sucedido varios imprevistos. En primer lugar, antes de entrar en materia, quería transmitir mi pésame por el fallecimiento el pasado domingo 10 de mayo del Alcalde de Murcia D. José Ballesta Germán y que  previamente fue rector de la Universidad de Murcia entre 1998-2006. Este suceso ha conmocionado la vida pública no ya en la ciudad sino en la Región al tratarse de un mandatario que se encontraba aún en el ejercicio de su cargo, pero lamentablemente no pudo superar el cáncer que sufría. Descanse en paz. 

En segundo lugar, tenía pensado publicar un (a mi juicio) interesante artículo comparando los resultados de los barómetros de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, CEMOP (UMU) sobre diversas variables de actitudes políticas y sociales de los ciudadanos de la Región de Murcia. Sin embargo, cuando tenía preparado el de la UCAM y estaba a la espera del realizado por el Departamento de Ciencia Política de la UMU, se hizo pública hace varios días una sorprendente noticia. Los resultados de dicha encuesta en la que yo mismo participé no se iban a publicar.

Qué ha sucedido con el CEMOP

El CEMOP ha venido elaborando desde el año 2000 un completo barómetro y algo más complejo metodológicamente (como veremos más adelante) que el de la UCAM. Aparte de las mismas variables de intención de voto y líderes, consultaba y analizaba las valoraciones de la situación económica y política nacional y regional, así como de la gestión de los ejecutivos central y regional. También acompañaba un extenso pero no cargado texto comentando los resultados más llamativos y comparando la evolución con los anteriores estudios. Pero no confeccionaba barómetros trimestrales uniformes, sino que completaba con estudios de naturaleza especial como del estado de la Sanidad pública.

Hace un año se adoptó una decisión de la Asamblea Regional por la que, a iniciativa de Vox, se consideró que era conveniente suprimir la subvención directa y que los trabajos se adjudicaran mediante concurso público. Detrás de esa iniciativa se escondería el recelo de - por aquél entonces - los de Antelo hacia la confección de estos barómetros, acusando al CEMOP de ser un chiringuito. Y eso que en el barómetro de invierno figuraron empatados a 12 escaños con el PSOE. En la mencionada votación no existió controversia política porque la toma en consideración fue apoyada por la oposición del PSOE con abstención de Podemos. Aparentemente, exigir una mayor transparencia, concurrencia y competitividad no estaría en absoluto reñida con la salud democrática. Ahora bien, si se entendió que se materializaría en tiempo y forma, la Asamblea Regional no ha formalizado convocatoria alguna al respecto desde hace más de un año de dicha decisión. Ni tan siquiera existen bases ni pliegos ni criterios técnicos estudiados. Por consiguiente, no existe ningún tipo de financiación para sostener el trabajo.

Según declaró a Cadena SER Juan José García Escribano, codirector junto a Ismael Crespo, los 18 investigadores que constituyen el organismo no cobran por estos estudios. El dinero iba destinado a retribuir el trabajo de campo a aquellos colaboradores encuestadores que realizaban las entrevistas, aparte de asegurarlos. Llamó a la concienciación de que es positivo que los ciudadanos conozcan qué opina el conjunto de los mismos, así como las tendencias y que los partidos políticos se impliquen en ello. Consideró que este apagón sólo podrá beneficiar a quienes les interesa difundir una "posverdad".

Consecuencias del bloqueo

Las consecuencias van más allá del ámbito político. La interrupción de la serie de datos afecta tanto al termómetro de la opinión pública regional como al funcionamiento de la comunidad académica. Muchos estudiantes, para realizar sus trabajos y estudios de fin de titulación, podían recurrir a usar los microdatos para realizar investigaciones más profundas. También, obviamente, cualquier interesado podía solicitar el acceso o bien descargarse las encuestas para realizar una investigación por su cuenta.

Sin embargo, la política más despreocupada se habría aprovechado de lo peor de la burocracia administrativa, cuyos vicios parece asumir para evitarse responsabilidades. Es lo que sugieren desde el CEMOP. Es difícil creer que detrás de una supuesta apuesta por la transparencia no se halle un compromiso por ejecutarla sino una demora sine die. Y desde dicho departamento creen que el problema no debe ser convocar el concurso con sus estudios y documentación previa, sino que no deben de existir incentivos desde la política regional de Murcia para ello. ¿Por qué? Por la probable incomodidad de vérsele las costuras a cualquiera de los actores, tanto los de izquierdas como derechas. Vox habría sido el más desacomplejado, pero no se salvarían ni el PP ni el PSOE con su silencio.

Metodología de la UCAM vs. la del CEMOP

En consecuencia, sólo voy a poder hablar del barómetro de Primavera 2026 realizado por la UCAM a través del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos. El estudio fue publicado el pasado 5 de mayo y se basa en entrevistas realizadas entre el 12 y el 18 de abril mediante llamadas telefónicas asistidas por ordenador. Por su parte, el barómetro del CEMOP combina este mismo sistema con encuestas online dirigidas a panelistas previamente inscritos (como es mi caso), ampliando así las vías de recogida de información. El trabajo de campo, que no sabemos ni tan siquiera si se va a publicar, tuvo lugar entre días 24 de marzo y 5 de abril. En ambos estudios, la muestra ronda las 800 personas, aunque presentan diferencias metodológicas relevantes. Mientras que el estudio de la UCAM utiliza cuotas cerradas por sexo y edad, el CEMOP aplica procesos de depuración y ponderación (incluyendo regresión logística) para garantizar la representatividad por territorio y grupos demográficos. Es por eso por lo que considero que el segundo es más sofisticado científicamente y creo que tiene parámetros de relevante confianza. Por si fuera poco, coincidió con lo sucedido el anuncio de una plataforma con buscador de encuestas y sistema interactivo de base de datos de series históricas. Dicho esto, analizaremos a continuación el estudio de primavera de la UCAM, pues no tendría sentido establecer comparaciones con el barómetro de invierno del CEMOP.

Intención de voto

El barómetro de la UCAM de primavera de 2026 dibuja un escenario regional de intención de voto acorde con lo que se está viendo en otras comunidades tanto en encuestas como en resultados electorales. Así, el PP representaría un 41%, PSOE un 28% y Vox un 24%, mientras que Podemos con poco más de un 3% se jugaría perder el diputado. Sumar se hunde con un 1,7%. De esta manera se apunta a un leve retroceso del PSOE que parecería amortiguado con captación del voto a su izquierda de parte de Podemos, que podría incluso quedar fuera de la Asamblea. El PP, por su parte, parecería resistir pero al mismo tiempo congelar su posición manteniéndose su dependencia de Vox. Este último lograría aumentar en 2 diputados su fuerza electoral pasando de 9 a 11 diputados. 

Hay que tener en cuenta que esta encuesta se recopiló semanas después de la crisis de Vox Murcia en marzo por el caso Antelo, que comenté hace unas semanas en este blog. Vistos estos resultados, se apuntaría a un error de cálculo por mi parte en el sentido de que no habría afectado lo más mínimo al electorado y, en cambio, lo que reflejaría más bien es que la credibilidad del partido y sus posiciones a nivel nacional serían para los votantes un activo de más valor que las disputas internas. 

En el voto por edad, el PP domina con claridad en el tramo de las personas jubiladas, pues nada menos que un tercio de los mayores de 65 respondieron tener intención de votarle. En cambio, el resto de formaciones tiene perfiles de distribución más equitativa, si bien lo que más destaca es el alto porcentaje de abstención en los jóvenes. Ello puede reflejar la decepción y frustración por la política derivada de problemas como la vivienda.

Conocimiento y valoración de líderes

El Presidente de la CARM Fernando López Miras es el único que aprueba con un 5,3 y el más conocido (97,5%). Por el contrario, los del PSOE Francisco Lucas (65,1%) y el nuevo de Vox Martínez Alpáñez (59,4%) son escasamente reconocidas y menos todavía María Marín de Podemos (38,8%), circunstancia que evidencia el escaso interés de los murcianos por las caras políticas regionales más allá de la presidencia. Esta baja notoriedad de los líderes regionales de la oposición revela hasta qué punto la política murciana sigue muy presidencializada alrededor de López Miras.

En cuanto al ámbito nacional se nota mucho más la polarización con un fuerte suspenso para todos y especialmente de los más escorados a la izquierda, aunque sean menos conocidos: Gabriel Rufián, Ione Belarra y la peor valorada Yolanda Díaz. Por el contrario, el mejor valorado entre sus votantes es Abascal con más de un 7, lo que es otro indicador de la fidelidad de voto del electorado de Vox.

Problemas públicos y temas de actualidad

A nivel nacional, se destacan casi al mismo nivel la vivienda y la situación económica (que realmente podría referirse a la inflación) con un 38%. Después viene la inmigración (25,8%) y la inseguridad (21,8%) seguidas de la Sanidad (19,5%) y el desempleo (13%). No obstante, la estructura a nivel regional es distinta y pasa a ser la inseguridad ciudadana el problema más percibido con un 31% seguido de la vivienda (23%), Sanidad (17,8%), infraestructuras (17,5%), inmigración (17%) y desempleo (12,8%). Este contraste sugiere que el ciudadano murciano imputaría más responsabilidad por la dificultad del acceso a la vivienda y los movimientos migratorios al Estado, del mismo modo que en su percepción de inseguridad consideraría que es más una cuestión de su entorno territorial que algo extendido y generalizado. Por el contrario, el desempleo y el funcionamiento de Sanidad son problemas que se entienden similares en su atribución a la situación nacional y regional.

En temas específicos, existe una pregunta sobre el abandono escolar y la pobreza infantil y las principales causas. La respuesta es libre, pero más de la mitad consideran que influye la economía familiar, mientras que un tercio apuntan al entorno (familias desestructuradas, características del barrio, etc.), a fallos del sistema educativo e incluso a falta de ayudas. Respecto a esta última, llama la atención que es la más respondida precisamente por los menores de 30 años con un 45,7%. Sería otro indicador de la percepción de trato injusto por parte de los jóvenes.

También se pregunta sobre el controvertido tema del burka y el niqab entendidos por tales las prendas que cubren todo el rostro de la mujer. Un 15% exige respetarlo, un 16% cree que no necesariamente debe de ser opresivo, mientras que un 60% lo condena y de ahí un 38,3% apoya prohibirlo. Hasta un 8,5% no lo tiene claro. Pero si comparamos qué limitaciones aplicarían el rechazo se hace más visible con un 75% que aplicaría restricciones. Un 26,3% considera restringirlo en centros oficiales cerrados mientras que un 48% apoya la prohibición en todo espacio público y sólo un 16% defiende la libre utilización. Tanto por edades como recuerdo de voto, la opción mayoritaria en ambas preguntas es la de que no debería permitirse.

Respecto a la postura del gobierno de España ante el conflicto de Irán se refleja un respaldo de la misma. Casi un 37% manifiesta satisfacción y un 33% satisfacción, lo que implica aprobación del rechazo al uso de las bases aéreas de Rota y Morón y la no implicación en la guerra. Tiene un importante componente de partidismo, pues más de la mitad de los de Vox señalan que están "muy insatisfechos" hallándose la de Podemos en el otro extremo de "muy satisfechos", mientras que los del PSOE moderan su aprobación y un tercio del PP no manifiesta ni apoyo ni rechazo.

Conclusiones

El silencio demoscópico del CEMOP es sin duda el protagonista, no por voluntad propia sino por la inacción o despreocupación de la Asamblea Regional sin distinguir colores políticos. No son sólo los datos y la información, sino el apagón institucional de una entidad que había adquirido más relevancia mediática desde la pandemia.

El PP sigue fuerte en la Región de Murcia, pero sigue dependiendo de Vox. Es en realidad lo que se está percibiendo en otras comunidades, que se apunta más a un liderazgo que a un crecimiento electoral. La franquicia murciana de Abascal demuestra una capacidad de resiliencia formidable pese a la crisis reciente. A nivel nacional, se confirma un importante rechazo a las políticas de Moncloa. Y eso también repercute en el resultado de la oposición regional, con un PSRM que aspiraría a absorber el voto a su izquierda por su mayor experiencia de movilización electoral y aprovechando la crisis de liderazgo a todos los niveles de la izquierda alternativa.

En la agenda pública regional persisten problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la inseguridad ciudadana y la desafección juvenil. Estas tres cuestiones deberían de estar sobre la mesa de cualquiera candidatura que quiera maximizar los resultados de los próximos comicios en 2027. Es más, si miramos fuera de las fronteras murcianas no parecen ajenos estos retos a otras comunidades.

En definitiva, una democracia regional madura no debería renunciar a herramientas estables de análisis demoscópico por cálculos políticos o bloqueos administrativos. Porque todo esto que hemos podido analizar y extraer con un barómetro de confección algo más breve, puede multiplicarse tanto en beneficio de la sociedad regional como de sus investigadores con una apuesta decidida.