Incendios 2025: competencias y rendición de cuentas

El mes de agosto del presente 2025 está siendo una auténtica pesadilla para las regiones con montes debido a que diversos incendios han devorado más de 400 mil hectáreas. Ha afectado sobre todo a varias provincias de Castilla y León, Galicia, Asturias, Extremadura, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Antes que nada, desde mi blog quiero mandar todo mi apoyo a las personas que están sufriendo este tremendo desastre y especialmente a las que residen cerca de las vastas zonas quemadas e incluso han podido perder bienes materiales y hasta familiares. Las altas temperaturas han favorecido los sucesos, pero hay muchos más factores detrás.

El reparto competencial

Para empezar, hay que dejar claro el reparto de las competencias en materia de Montes y Prevención y extinción de incendios. El Estado se reserva la legislación básica en materia de Protección civil y Montes, proporciona medios adicionales de apoyo como las BRIF (brigadas de refuerzo en incendio forestales) y la UME y coordina la estadística de incendios. Las CCAA, por su parte, son competentes directas de prevención y extinción de incendios por cuanto aprueban sus planes, dictan regulación de quemas agrícolas y forestales con arreglo a la Ley nacional, dirigen y mantienen los operativos de extinción de incendios y se coordinan con las entidades locales. Estas últimas, mantienen limpias las zonas urbano-forestales, redactan y aprueban planes locales y también velan por el cumplimiento de sus ordenanzas en las materias específicas.

Pues bien, este reparto competencial ha sido recurrido para apuntar a las CCAA y específicamente a las gobernadas por el PP con la excepción de Asturias, la única afectada donde está el PSOE. Entre otras cosas, se ha acusado de mantener convenios salariales anticuados, haber recortado presupuesto en materia de prevención y extinción (incierto) y disponer de planes poco preparados. Dicha estrategia responde a una dinámica iniciada desde los tiempos del COVID-19, en que después de restarle importancia por parte del Gobierno central en el mes de febrero y primeros días de marzo, pasaría semanas después a descargar puntos de decisión en las CCAA para evitar en la medida de lo posible la acumulación de rendición de cuentas. Lo importante sería trasladar a la oposición la responsabilidad del eventual desastre. Ya fue así en los sucesos de la DANA de 2024 cuando el Gobierno se lavó las manos y los cañones de su entramado mediático apuntaron esencialmente a Mazón y en algunos casos de forma exclusiva. En esta ocasión, además, no puede dejarse de lado que han detenido a cerca de 50 personas implicadas en haber provocado los incendios.

Sin embargo, pese a la retórica no asistimos a una competencia exclusiva de las CCAA en estas materias. Como he indicado antes, el Estado es quien dicta la legislación básica. Se trata de la Ley de Montes 43/2003, la que constituye el marco jurídico sobre el que las CCAA desarrollan buena parte de su regulación forestal. Su finalidad es legítima: prevenir incendios, evitar aprovechamientos abusivos, proteger los hábitats forestales y compatibilizar la gestión del monte con la conservación del medio natural. Así que aquélla es desarrollada por las autonomías respetando aquélla, si bien en la práctica viene a ser una reproducción cuasi literal por miedo a la inconstitucionalidad de dichas leyes regionales. También se encargan las autonomías de la ejecución, es decir, aprobar los Decretos y otras normas en el ejercicio de la potestad reglamentaria con arreglo a las Leyes. 

Limpieza de montes, recogida de biomasa y el papel de la ganadería

En los terrenos forestales privados, la Ley de Montes impone a los propietarios obligaciones de conservación y prevención, mientras que el régimen concreto de autorizaciones o declaraciones responsables depende en gran medida de la normativa autonómica. La situación resulta más compleja en los montes públicos y, especialmente, cuando las actuaciones afectan a espacios protegidos, hábitats de interés comunitario, especies protegidas y ciertos usos del dominio público (artículo 17).

En estos supuestos, determinadas actuaciones forestales como quemas controladas, aprovechamientos, tratamientos silvícolas de cierta entidad o intervenciones que puedan afectar a valores ambientales, se sujetan a autorización administrativo previa. Serán necesarios informes técnicos y procedimientos de evaluación ambiental previstos tanto en la legislación estatal como en la autonómica. Aunque estas exigencias persiguen fines de conservación plenamente razonables, en ocasiones alargan los plazos de ejecución y encarecen las actuaciones preventivas, especialmente cuando concurriendo varias Administraciones (sumándose el Ayuntamiento) y plazos distintos. Esa acumulación de trámites constituye, a mi juicio, uno de los principales obstáculos para una gestión forestal más ágil.

Por otra parte, la propia Ley de Montes fomenta el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como recurso energético. Sin embargo, la realidad es que la rentabilidad económica de extraer esos restos, unida a los costes administrativos, las limitaciones ambientales existentes en determinados espacios y la escasa demanda en algunas zonas, hace que una parte importante del combustible vegetal permanezca en el monte. Del mismo modo, agricultores y pequeños propietarios que desean realizar quemas de restos vegetales deben ajustarse a los procedimientos y limitaciones establecidos por la normativa autonómica de prevención de incendios, lo que, en determinados momentos del año, dificulta la eliminación de esa biomasa. Y ello hace que se acumulen restos secos que son, en sí mismos, combustible en verano. Y cualquier loco, negligente o inconsciente puede aprovechar el momento para prender fuego y provocar el desastre.

Otro aspecto discutible es el relativo al pastoreo. Tras un incendio forestal, la normativa prioriza la regeneración natural del monte y permite limitar determinados aprovechamientos cuando resulten incompatibles con ese objetivo. En ese sentido, la Ley de montes prohíbe el cambio del uso forestal durante 30 años (artículo 50), por lo que no puede destinarse a pastoreo. Aunque la finalidad conservacionista es comprensible, diversos expertos en gestión forestal consideran que una aplicación excesivamente restrictiva puede reducir el papel que desempeña la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios. Porque aunque el ganadero no haya causado el fuego, pierde el uso de esos pastos, lo que reduce su papel en la regeneración y limpieza de la zona.  A esto se le une que la Política Agraria Común impone cargas ganaderas máximas por hectárea y las regulaciones autonómicas y locales dificultan el acceso a subvenciones. 

El ganado, especialmente cabras y ovejas, consume matorral, hierbas altas y brotes leñosos que constituyen parte del combustible disponible durante el verano. Además, contribuye a mantener limpios linderos, márgenes de caminos y zonas de difícil acceso para la maquinaria, reduciendo los costes de mantenimiento forestal. El pastoreo, en tanto que cortafuegos natural, también ayuda a conservar abiertos caminos y sendas utilizadas por los servicios de emergencia y extinción. Además, favorece un paisaje más diverso, donde se alternan pastizales, cultivos y masas forestales. Muchos expertos consideran que esa heterogeneidad del territorio dificulta la propagación de los grandes incendios forestales, por lo que integrar la ganadería extensiva en las políticas de prevención puede constituir una herramienta complementaria de gran utilidad. Resumidamente, la actividad ganadera evita que grandes extensiones se conviertan en masas continuas de combustible vegetal y un paisaje diverso (pastos, cultivos, monte bajo) es mucho más resistente a la propagación de incendios.

Conclusiones

Con estos puntos queda claro que el Gobierno a través de un proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales podría ganarse un tanto y apostar por un amplio consenso que corrija los errores y externalidades negativas de la Ley, en lugar de recurrir a la demagogia de plantear un pacto de Estado contra el cambio climático para apuntar a uno de los partidos de la Oposición (Vox). No cabe duda de que el cambio climático contribuye a la formación de biomasa y matojos que arden más que el infierno en verano pero, ¿Por qué no usar la Ley? ¿Qué puede aportar un supuesto plan nacional contra el cambio climático para evitar que se generen incendios que en no pocas ocasiones han recibido una "ayudita" consciente humana? ¿Qué podemos hacer como personas conscientes a parte de no ir como locos a prender fuego? ¿Qué esfuerzos más allá de consumir menos (que ya hacemos con la inflación) y adquirir un carísimo vehículo eléctrico? Mientras no tengan respuesta estas preguntas, nuestros montes se seguirán quemando.

No obstante, el problema no se reduce sin más a proteger nuestros montes, sino en hacerlo sin perder de vista que la mejor conservación también pasa por una gestión activa. La prevención de incendios exige encontrar un equilibrio entre las garantías ambientales y la agilidad administrativa. Cuando los procedimientos se vuelven excesivamente complejos o lentos, el riesgo es que la vegetación siga acumulándose mientras los trámites avanzan. Y un monte abandonado, aunque esté jurídicamente muy protegido, difícilmente estará mejor protegido frente al fuego.

Fuente de la foto: National Geographic

Un Gobierno al servicio de los independentistas: todas sus concesiones

Hace algunas semanas compartí un vídeo de Visual Economik sobre el impacto del federalismo asimétrico en España debido a los privilegios fiscales y económicos de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin embargo, era y es necesario ahondar en la política que desde hace algunos años está aplicando el Gobierno de Sánchez realizando todo tipo de concesiones y regalos a los independentistas con tal de que no les derriben ni fuercen elecciones anticipadas que, según las encuestas, estarían abocados a perderlas. En realidad, ya lo hicieron en 2023, pero en esta ocasión sería de forma abrumadora y alcanzando el PP a sumar con VOX sin necesidad de hipotecarse con separatistas. Y es que para la estabilidad política de España, que no de un gobierno infame que vive de medias verdades como aquí por ejemplo desmonta Juan Rallo, es imperativo que ningún partido independentista adquiera tanta influencia como ostentas ahora y en una España a la que odian pero viven de ella. Por tanto, aún no compartiendo buena parte de la actitud y posiciones de PP y VOX, es vital para España que reemplacen lo que hay actualmente, no existiendo por desgracia ningún partido auténtico de centro liberal hoy día. Pese a ello, estoy plenamente convencido de que con PP y VOX es imposible que vaya a peor la situación actual, por lo que ineludiblemente debe de ir a mejor. Repasemos a continuación hasta qué punto Pedro Sánchez se ha rendido a las soflamas egoístas y antiespañolas de los independentistas, tanto los radicales como supuestamente moderados.

Todo comienza con la famosa Mesa de negociación que se creó en 2020 como exigencia tras la investidura de 2019, cuyo objetivo último  era establecer un acuerdo para un referéndum consultivo en Cataluña y con participación exclusiva del Gobierno de España y del de la Generalitat. En el seno de estas reuniones se aprobaron TODAS las medidas que vienen a continuación, algunas en vigor y otras en proceso. La única que se quedó aparcada fue el famoso referéndum, lo cual teniendo en cuenta todo lo que le van concediendo, ¿por qué debería de entenderse descartada?

Indulto a los políticos y líderes condenados en el marco del proceso soberanista. En octubre de 2019, a un mes de la repetición de las elecciones generales de abril, el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición y malversación y con varios años de cárcel a nueve líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal de dos años antes y la siguiente declaración de independencia. En menos de dos años, en junio de 2021, se concedió mediante Real Decreto del Consejo de Ministros el indulto parcial manteniendo la inhabilitación de cargo público y salieron en libertad tras tres años en prisión. El Gobierno de Sánchez recurrió como excusa al principio de "utilidad pública" y basándose en reducir la tensión política y social y fomentar el reencuentro entre Cataluña y el resto de España a través del diálogo y "desjudicializar el conflicto". Sin embargo, ninguno ha mostrado arrepentimiento y sobre todo los que no eran políticos como Jordi Cuixart. Personalmente y a toro muy pasado, pienso que el mayor error fue regalarles el victimismo en 2017 por parte de Rajoy, pues lo más aconsejable hubiese sido simplemente anular el resultado al día siguiente de su pantomima de consulta popular que no fue votada ni por todos los electores independentistas. Sin embargo, para esta gente y me refiero a los políticos, esta medida de gracia absolutamente ad hoc se quedaría corta, como era de esperar.

Reforma del Código Penal. En diciembre de 2022, se suprimió el delito de sedición y se sustituyó por el impreciso "desórdenes públicos agravados" pasando las penas máximas de 15 años hasta 5 aplicándose sólo si existiese violencia o intimidación grave. Al año siguiente se reformó el de malversación distinguiendo si existió o no ánimo de lucro. Es decir, separa los posibles beneficios políticos de los personales y económicos. El Gobierno se excusó en que trataba de modernizar la legislación penal y adaptarla a los estándares de los países de la UE, dado que como tal no existía. Sin embargo, esta peregrina argumentación escondía que fueron las exigencias de ERC para poder aprobar los Presupuestos Generales de 2023, los únicos que han salido adelante en estos siete años. Individualmente, esto benefició a Romeva y a Junqueras e indirectamente a Carles Puigdmont, dado que no sólo le proporcionó más margen de maniobra sino que reventó la Euroorden y con ello las posibilidades de extradición. De nada sirvieron las críticas del Tribunal Supremo ni de algunas asociaciones judiciales ni de la sociedad civil que advertían de la peligrosidad de convertir el Código Penal en un arma al servicio de los pactos políticos. Y, con todo, la mayor humillación aún estaba por llegar.

Ley de Amnistía. Tras las elecciones de 2023 y con el objetivo de sumar todos los apoyos parlamentarios en el Congreso necesarios para su investidura, Pedro Sánchez dió un paso más hacia delante en su rendición al independentismo. Después de los indultos y la reforma del Código Penal, no era aún suficiente y los separatistas exigían la supresión de toda responsabilidad penal, civil y administrativa y anular las condenas. Es decir, demandaban que se borrasen todos los delitos como si no hubiesen existido. Pero aún había más, Junts ponía sobre la mesa como condición una amnistía general para todos los encausados en el marco del procés e incluso una negociación internacional. 

En mayo de 2024 entró en vigor, pero con un ámbito temporal sorprendente: nada menos que desde 2012 (poco después de que tomara posesión Mariano Rajoy y hasta el 13 de noviembre de 2023). Esto benefició no sólo a políticos de ERC y Junts, sino también líderes activistas como los Jordis, mossos d'Escuadra, ciudadanos implicados en protestas y altercados y finalmente funcionarios, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Se optó por un criterio restrictivo de exclusiones, estableciendo entre ellas actos terroristas con intención de causar violaciones graves de derechos humanos y que al mismo tiempo serían interpretados protegiendo los destrozos perpetrados por la CUP y sus cachorros. Pese a argumentar el Gobierno que existían otras amnistías europeas en reconciliación política, el Tribunal Supremo y muchos juristas entienden que la amnistía viola el principio de igualdad ante la Ley y la separación de poderes, pues el Ejecutivo aprovecha una mayoría parlamentaria con todos los independentistas para deslegitimar al Poder Judicial. En junio, el Tribunal Constitucional mediante la "mayoría progresista" que básicamente consiste en los vocales puestos por el PSOE y sus socios, validó la Amnistía con la base insulsa de que "lo que no se prohíbe expresamente es constitucional". Actualmente, como hay que plantear caso por caso, algunos jueces han recurrido al TJUE como cuestión prejudicial. Y es que recientemente Europa ha echado una colleja al respecto.

Condonación de deuda de Cataluña. En noviembre de 2023, en el mismo marco para la investidura de Pedro Sánchez junto con la Amnistía, se acordó la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) más 1.300 millones en intereses. Precisamente fue Cataluña la comunidad autónoma que más dinero solicitó y por tanto se endeudó a través de este mecanismo de financiación regional que creó Rajoy (de aquéllos barros, estos lodos) sobre todo a raíz del avance del Procés y del descenso de calificación crediticia. Y aún así, lo sigue haciendo. En términos globales, esta condonación supone un 20% para Cataluña y supuestamente se extiende la posibilidad de acogerse a la condonación a otras CCAA, pero no es más una tapadera de un procedimiento que beneficia a Cataluña al no aplicarse los mismos criterios y basarse más en la negociación política que en parámetros objetivos sin ni tan siquiera haber consultado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Transferencias de competencias. La más polémica y que todavía no ha entrado en vigor pero sí se ha anunciado es la de inmigración. Supuestamente es una competencia exclusiva del Estado según la CE de 1978, pero el Gobierno Sánchez les ha prometido que gestione la Generalitat las expulsiones de extranjeros, asuma la gestión integral de los CIE, los mossos se encarguen de la seguridad en puertos y aeropuertos e incluso expida los NIE. Esto se une a que en el último reparto de Menas se haya excluido a Cataluña junto con el País Vasco por supuestamente estar masificados los centros de internamiento de inmigrantes, mientras que unas pocas comunidades del PP se llevan a más de la mitad. Esto sin duda repercutiría en una cesión de fronteras y que Cataluña decida qué inmigrantes y cuántos deben de entrar o salir. Algo que se le antoja inconstitucional a los expertos, pero en el Gobierno ya cuentan con el Alto Tribunal a su servicio para declarar la conformidad cuando en el futuro entre en vigor ese traspaso de titularidad de competencia disfrazado de cesión de ejercicio. 

Por otra parte, el Estado ha prometido ceder a la Generalitat la titularidad y gestión integral del servicio ferroviario de cercanías (Rodalíes), afectando a personal, infraestructuras y planificación, aparte de destinar 6.000 millones de euros en inversiones ferroviarias. Esto también entró en el marco de investidura de 2023 y en 2024 se publicó el acuerdo técnico de traspaso progresivo de manera que la red de trenes de cercanías y regionales pasará de ser gestionada por RENFE y ADIF a la Generalitat rompiendo la unidad del sistema ferroviario. Con todo y pese a la millonaria inversión, los independentistas exigen la propiedad de las infraestructuras. De momento, en 2026 asumirían la planificación mientras que actualmente son competencias administrativas.

En cuanto al País Vasco, destaca la gestión del ingreso mínimo vital privilegiando frente a otras regiones que lo demandaron, la tutela de menores inmigrantes, la gestión de prisiones en el marco de acercamiento de presos y el transporte ferroviario al mismo estilo de Cataluña, mientras que queda pendiente para el futuro la gestión de la Seguridad Social en su totalidad incluyendo la económica.

Sucesivos intentos de oficialidad de lenguas regionales en la UE. Ya introdujeron desde la presente legislatura que se pueda intervenir íntegramente en cualquier lengua autonómica en el estrado del Congreso o del Senado, contratando traductores que por el pinganillo traducirían a cualquier persona lo que está diciendo. Y a pesar de ello no les es suficiente, sino que quieren imponer lo mismo en la Unión Europea. Concretamente, el acuerdo establece que los textos legales se traducirían, se podrían usar las lenguas en intervenciones oficiales en cualquier institución, los ciudadanos podrían remitir comunicaciones y recibir respuestas en dichas lenguas y, lo que es más, sería una de las lenguas de trabajo y publicación de documentos oficiales al nivel del español, francés o alemán. Sin embargo, la modificación del Reglamento 1/1958 por el que establece las lenguas oficiales precisa de unanimidad de los Estados Miembros. Ni tan siquiera rogando el ministro de Asuntos Exteriores que cubriría España todos los gastos económicos (sufragados con nuestros impuestos, una vez más), ha conseguido el apoyo de todos y se ha rechazado someterse a votación tres veces. Destaca en especial Alemania en la oposición, junto con Francia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Dinamarca. Tienen dudas pero con un semáforo amarillo Croacia, Chequia, Austria y Polonia y sólo la apoyan con firmeza Luxemburgo, Malta y Chipre. Las críticas no ya por no abrir el melón de otras lenguas regionales en Europa como el bretón, el corso, el flamenco o el sardo, sino porque la lengua se use como arma política en otros procesos. 

Revisión del cupo vasco y condonación de la deuda. En 2021, en el marco de la negociación de los PGE para 2021 y 2022 se acordó entre el Gobierno y el PNV tanto incrementos en la capacidad normativa tributaria como una nueva metodología de cálculo del Concierto Económico Vasco y fijaron su cuantía hasta 2026, de manera que el gobierno vasco abonaría al Estado unos 1.472 millones de euros anuales de media. Esto le permite crear nuevos tributos y aplicar deducciones a impuestos estatales con más libertad que otras CCAA, lo que puede repercutir en un dumping fiscal interno. Sin embargo, no es lo más preocupante sino la opacidad y falta de transparencia del modo de cálculo del cupo y se entiende subestimado, entre otras cosas por los ajustes que se realizan condonándose más de 200 millones de euros de deuda. Este cupo se calcula aplicando un coeficiente de imputación de aproximadamente el 6,24% al gasto del Estado no transferido a Euskadi y se basa en criterios de PIB, población, consumo y recaudación pero sin actualizarse periódicamente, de manera que favorece la acumulación de desajustes. La Ley 10/2023 aprobó la nueva metodología en apenas unos pocos artículos. Sin duda, el cupo vasco fue el gran coladero de la Constitución de 1978 para contentar a un separatismo vasco que no ha dejado de estirar el chicle.

Nuevo régimen de financiación singular de Cataluña. La insaciable voracidad del régimen nacionalista que sigue gobernando Cataluña en la sombra a través del títere Salvador Illa no tiene fin. Y lo más reciente que exigen es un régimen de financiación propio que la Constitución de 1978 no reconoce, exactamente lo mismo que pidió Carles Puigdemont a Mariano Rajoy poco antes de estallar el procés en 2012. Lo que proponen es que todos los impuestos que recaude Cataluña se queden en Cataluña, de manera que su contribución sería al estilo del cupo vasco con una estimación (muy probablemente a la baja) sobre los servicios que el Estado presta allí. Esto impactaría con un descenso formidable del PIB de España, mientras que Cataluña avanzaría en una independencia de facto sin renunciar a los servicios y beneficios centrales.

Normalización de Bildu. Se ha normalizado a Bildu y al que fuera líder del brazo político de ETA Arnaldo Otegi como interlocutor habitual de Gobierno de España, habiendo dado apoyo a los Presupuestos y a normativas clave como la intervención del mercado del alquiler mientras que agrega condenados a sus listas electorales.

Consecuencias políticas. A cambio de asegurar la continuidad del PSOE al mando del ejecutivo, la enorme dependencia del Gobierno de España y su estabilidad respecto de los independentistas ha complicado enormemente alcanzar acuerdos de Estado ni consenso en puntos clave como la financiación autonómica, el modelo territorial, la política Exterior, la política de Defensa y no digamos la reforma de la Constitución. La percepción generalizada es que imperan privilegios fiscales y políticos en favor de los comunidades dominadas por los nacionalismos periféricos frente al resto de España, desplazando el centro de gravedad del poder institucional del Parlamento nacional a la negociación con unos actores muy concretos. Es más, esa sensación de discriminación puede repercutir en un efecto contagio de otras regiones ya tengan actores políticos singulares o no. Sin duda, han sido los partidos independentistas los que han visto reforzadas sus posiciones en sus respectivas regiones y, lejos de retroceder, se han visto legitimados en sus aspiraciones, por lo que se han sentido respaldados para seguir y seguir exigiendo a un Gobierno débil y atado de manos y pies a ellos. Además, institucionalmente también está afectando a tensiones entre muchos órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el TS, el TC y la Fiscalía General del Estado y qué decir al principio de igualdad ante la Ley y la Seguridad jurídica.

Por supuesto, esto no le está resultando gratis al PSOE, que si bien le ha servido para alcanzar el poder en Cataluña le ha propiciado un desgaste importante en varias autonomías como Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Murcia, Madrid (todavía más) e incluso Comunidad Valenciana, a pesar del balón de oxígeno por la pésima gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón.

En definitiva, por todas estas sucesivas rendiciones, es urgente derrotar a la banda de Sánchez y que el nuevo Gobierno se constituya sobre la base de partidos con intereses estatales y no autonómicos ni independentistas, pues que la estabilidad política, económica y social dependa de estos no es más que un regalo a sus intereses que ni tan siquiera repercute en sus ciudadanos regionales.