Los mítines constituyen el escenario ideal para que los partidos movilicen a sus simpatizantes, refuercen sus mensajes y proyecten una imagen de unidad y entusiasmo. No suelen ser, desde luego, el lugar más propicio para las preguntas incómodas, los matices o la autocrítica. Allí, entre los aplausos de los convencidos, las promesas encuentran pocos obstáculos y las contradicciones rara vez reciben una ovación. Pero sería un error despreciarlos como simples espectáculos de propaganda. Más allá de la escenografía, los discursos permiten identificar las prioridades de cada formación, sus estrategias electorales, los adversarios a los que pretenden confrontar y, especialmente, aquello que prefieren dejar fuera del foco. Tan revelador puede resultar lo que un candidato proclama con solemnidad como lo que evita mencionar.
En Política ciudadana hemos seleccionado y analizado algunas de las intervenciones más representativas de los principales candidatos durante esta campaña, prestando atención a sus propuestas, mensajes y contradicciones, así como a las referencias concretas a la Región de Murcia cuando las ha habido. No se trata de medir quién ha reunido más banderas ni quién ha provocado los aplausos más prolongados, sino de examinar qué hay realmente detrás de cada discurso. Porque los baños de masas pueden servir para ganar titulares, alimentar entusiasmos y reforzar fidelidades. Pero gobernar exige bastante más que llenar un auditorio y replicar un buen eslogan.
Pedro Sánchez (PSOE) eligió Sevilla para inaugurar el pasado jueves 12 la campaña electoral del PSOE ante miles de militantes congregados en el Palacio de Congresos y Exposiciones. El presidente apeló a una «movilización histórica» y a una «remontada épica» para impedir un Gobierno de PP y Vox, al que volvió a presentar como una amenaza de involución. También defendió las medidas sociales de su Ejecutivo y reclamó una mayor participación de las mujeres. Por otra parte, en el mitin en Alcorcón lo que llamó más la atención fue el sorprendente protagonismo de la bandera española, que Sánchez ondeó al comienzo del acto mientras la reivindicaba como símbolo de la Constitución, la democracia y los derechos. Celebro que la bandera nacional tenga presencia en los actos de cualquier formación política, porque representa a todos los españoles y no pertenece en exclusiva a ninguna ideología. Ahora bien, esa reivindicación simbólica también invita a examinar la coherencia entre ese discurso y las decisiones del Gobierno en materia territorial, dado que tras las sucesivas concesiones a partidos independentistas de las que hablamos en este post, me suena a cinismo de libro.
La gran protagonista de la primera noche electoral fue su esposa, Begoña Gómez, que intervino por primera vez en un mitin socialista mientras se encuentra a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Gómez agradeció el respaldo de la militancia, que la recibió entre aplausos y gritos de «¡No estás sola!», y reivindicó la independencia de las mujeres, afirmando que había terminado el tiempo de ser consideradas «señoras de». A nuestro juicio, el acto sirvió también para presentar su situación judicial bajo el prisma de una supuesta persecución política, acompañada de un discurso de reivindicación feminista. Sin embargo, conviene recordar que la Audiencia Provincial de Madrid avaló la continuación del procedimiento con jurado por los mencionados delitos, aunque descartase otros dos.
La intervención de Gómez la situó en el centro del acto electoral inaugural del socialismo, en una ceremonia de entusiasmo y adhesión sin fisuras al matrimonio presidencial. Una puesta en escena que nos resulta bastante chocante y que lleva a preguntarnos hasta qué punto la movilización de la militancia responde al apoyo a un proyecto colectivo o gira alrededor del «culto al líder». La solidaridad personal con alguien sometido a un procedimiento judicial es legítima, pero no reemplaza el debate sobre las responsabilidades. Aunque el sanchismo ya nos ha demostrado que no tiene demasiados complejos a la hora de presentar candidatos procesados - como ocurrió con Miguel Ángel Gallardo en Extremadura -, las imágenes de Sevilla nos recordaron esas escenas de Corea del Norte con ovaciones multitudinarias a la familia que ordena y manda. Y es que el sanchismo, si en algo se ha superado, es en convertir cualquier comparación satírica en un inquietante símil de la política española.
Entre las iniciativas comunicadas en Alcorcón destacó la creación de una prestación retribuida de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, el reconocimiento jurídico de las denominadas «uniones de amistad» y nuevas medidas fiscales contra grandes propietarios de viviendas y fondos de inversión. La mejora de la conciliación familiar constituye un objetivo legítimo y necesario, aunque como cualquier prestación debe acompañarse de financiación sostenible. Igualmente, el reconocimiento voluntario de personas de confianza para los cuidados es una posibilidad jurídicamente examinable, aunque su alcance y financiación requieran más concreción. Ahora bien, la cuestión fundamental no son las promesas sino la credibilidad. Después de más de ocho años en la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez no puede presentarse ante los ciudadanos como si acabara de llegar a la política. Tiene una trayectoria de gestión cuyo examen es inapelable. Por ejemplo, la retribución del permiso parental sigue siendo una cuestión pendiente que su Ejecutivo no ha resuelto plenamente durante la legislatura. Y no hablamos únicamente de dinero: la regulación aprobada en 2023 dejó dudas sobre aspectos tan elementales como el disfrute por días o semanas y su repercusión en las vacaciones, cuestiones que terminaron en los tribunales y sobre las que el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse en enero de 2026. Resulta legítimo preguntarse por qué un Gobierno que lleva, repito, más de ocho años en el poder vuelve a presentar como novedad electoral mejoras de un derecho cuya aplicación ni siquiera quedó suficientemente clarificada desde el principio. Parece condenado a permanecer en el mismo bucle en el que el sanchismo pretende mantener a España, como si viviéramos en la película de El día de la marmota.
Feijoo: la alternativa de gobierno y sus interrogantes
Alberto Núñez Feijóo (PP) eligió Badalona para iniciar su campaña electoral, acompañado por Xavier García Albiol, alcalde de la localidad, mientras que en Santander reivindicó la gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular como ejemplo de lo que pretende trasladar al conjunto de España. Ambos actos compartieron un mensaje de alternancia política, regeneración institucional y recuperación de la capacidad de gestión, frente a lo que el candidato popular considera la decadencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
En Badalona, Feijóo defendió una Cataluña protagonista de la reconstrucción de España, reivindicó la integridad territorial y la necesidad de una inmigración ordenada e integrada en nuestra sociedad. También destacó la gestión municipal de Albiol en materia de seguridad y ocupación ilegal de viviendas, anunciando su participación en la elaboración de una nueva legislación sobre esta última cuestión. En Santander, además de pedir la concentración del voto en el PP, reivindicó la gestión de María José Sáenz de Buruaga y trasladó compromisos relacionados con la financiación autonómica, la ganadería, las infraestructuras ferroviarias y las necesidades energéticas de Cantabria. Agradezco que los candidatos incorporen propuestas vinculadas a los territorios que visitan, aunque después será necesario comprobar su concreción y cumplimiento.
Entre los ejes centrales de Feijóo estuvieron la denuncia de la corrupción y de los problemas de gestión del actual Ejecutivo. En Badalona anunció una auditoría del gasto público para esclarecer el destino de los recursos utilizados durante los últimos ocho años, mientras que en Santander contrapuso su propuesta de gobierno a lo que calificó de incompetencia y decadencia. Considero legítimo exigir responsabilidades políticas y transparencia ante los casos investigados judicialmente, pero la regeneración institucional debería ir bastante más allá de denunciar las irregularidades del adversario. Es necesario explicar qué mecanismos de control, reformas administrativas y garantías de independencia se introducirían para prevenir que situaciones semejantes puedan repetirse, gobierne quien gobierne.
También me parece importante su denuncia de los actos intimidatorios sufridos por miembros del PP durante la campaña en el País Vasco, como sucedió con el joven Jon Echeverría en Hernani. La libertad de expresión y el derecho de manifestación y protesta deben protegerse, pero ninguna discrepancia política justifica las agresiones o las coacciones contra quienes defienden pacíficamente sus ideas. Este principio debería aplicarse con idéntica firmeza a todos los partidos y ciudadanos, independientemente de su orientación ideológica, pero parece que algunos entienden como si la mera presencia de alguien que piensa diferente constituyera, por sí misma, una provocación.
En definitiva, Feijóo ha construido sus intervenciones alrededor de la moderación institucional y la promesa de una nueva etapa política. Comparto su reclamación de recuperar la protección de las fronteras y exigir a quienes lleguen a España que trabajen, respeten las normas y se integren, como también la importancia de recuperar la eficacia administrativa, reforzar la seguridad jurídica y garantizar el respeto a las instituciones. Sin embargo, la alternancia, por sí sola, no garantiza los cambios. España necesita una reforma profunda de su sistema institucional, no limitarse a cambiar a quienes administran unas estructuras que pueden seguir ofreciendo los mismos incentivos perversos.
Abascal: patriotismo, confrontación y promesas de cambio
Los mítines de Santiago Abascal (Vox) en Madrid y Murcia respondieron a una estrategia de intensa movilización electoral, con mensajes directos, apelaciones emocionales y una marcada confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. En realidad, esa dinámica, en mayor o menor medida, es habitual en los actos de campaña de todas las formaciones políticas, pues su objetivo principal no es desarrollar exhaustivamente sus programas, sino conectar con los electores y reforzar sus mensajes. Sin embargo, Abascal parece haber entendido perfectamente que explotar la polarización puede proporcionarle mayores réditos electorales que los que Feijóo busca mediante la moderación.
En Madrid destacó también la difusión de mensajes de apoyo de dirigentes internacionales ideológicamente próximos a Vox, como Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Marine Le Pen y Javier Milei. La formación nacional-conservadora utiliza habitualmente estas alianzas para proyectar su imagen internacional, aunque ello no debería ocultar las diferencias programáticas y de popularidad existentes entre esos dirigentes. Por ejemplo, Orbán perdió las elecciones húngaras de abril de 2026, tras dieciséis años en el poder, y es conocido por sus posiciones próximas a Rusia. Milei, por su parte, defiende una agenda económica libertaria que presenta diferencias importantes con el nacionalismo económico y las propuestas de protección de sectores estratégicos de Vox.
En Murcia, Abascal hizo referencias al agua, la agricultura, la juventud y la seguridad, vinculando esta última también con la protección de las mujeres. Sin embargo, habría agradecido una mayor dimensión regional, con algunos compromisos específicos para una comunidad que tiene preocupaciones e intereses propios. Por ejemplo, sobre los trasvases, las infraestructuras hidráulicas y la financiación agraria, más allá de atribuir al denominado «fanatismo verde» buena parte de los problemas de los agricultores y ganaderos murcianos.
La denuncia de la gestión gubernamental y de los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE que se encuentran bajo investigación judicial es legítima. No obstante, considero que el lenguaje contundente debería dejar también espacio para transmitir una alternativa constructiva, especialmente en cuestiones tan sensibles como la seguridad ferroviaria y la prevención de catástrofes como las DANAs. Algo parecido sucede con su propuesta de eliminar las leyes que, a mi juicio, generan marcadas desigualdades entre hombres y mujeres. Comparto la necesidad de revisar esas disposiciones, pero habría agradecido que explicase con mayor concreción a qué normas se refiere y mediante qué propuestas legislativas pretende construir un modelo alternativo de igualdad.
Colau: grandes promesas sociales, grandes interrogantes presupuestarios
El mitin de Irene Montero (Podemos) en Sevilla estuvo marcado por la confrontación no solo con PP y Vox, sino también con el PSOE y Frente Amplio, a los que reprochó el incremento del gasto militar y su incapacidad para impulsar transformaciones profundas. Así que peleándose con todo el mundo, la candidata de Podemos reivindicó su formación como proyecto alternativo de izquierda plurinacional. Entre sus propuestas figuraron elevar el salario mínimo a 1.800 euros, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, intervenir los alquileres y ampliar el parque público de vivienda. Medidas cuya viabilidad económica y efectos sobre el empleo y el mercado inmobiliario merecen un examen bastante más exigente que el entusiasmo de un mitin».
Sorprendió de Montero su acusación a PP y Vox de que quieren mantener a trabajadores inmigrantes y andaluces en condiciones de esclavitud, pero personalmente viniendo de quien viene no me extraña semejante disparate dialéctico. Es más, insistió en inculpar una vez más a Santiago Abascal de negacionista de la violencia machista y señaló a su formación por amparar en sus listas a los agresores. También tuvo tiempo para anunciar que retirará subvenciones públicas a congregaciones religiosas que gestionan centros de atención a mujeres por "maltratar a las mujeres gitanas, negras y pobres". La explotación laboral y el maltrato a mujeres son problemas suficientemente graves como para exigir medidas contundentes, pero atribuir semejantes intenciones a adversarios políticos y otras entidades requiere algo más que proclamarlo desde un escenario. A mi juicio, este tipo de incriminaciones sólo contribuye a rebajar el nivel del debate público, que ya de por sí está en el subsuelo por lo que se refiere a Podemos. Pero ante todo resulta llamativo que quienes denuncian constantemente la polarización política recurran también a un lenguaje tan extremo cuando les conviene y proyectando todo un surtido de acusaciones gratuitas bajo la capa de un feminismo absolutamente desnortado.
En economía, Montero propuso destinar a servicios públicos los 36.000 millones de euros que atribuye al gasto militar, incluyendo inversiones en sanidad, educación, transporte ferroviario y vivienda. La discusión sobre las prioridades presupuestarias es perfectamente legítima, pero echo en falta una explicación rigurosa sobre las partidas que pretende reducir, los compromisos internacionales de defensa y la financiación efectiva de sus propuestas. Subir impuestos es algo más impopular, pero en un discurso extremadamente populista basta con hacer referencia a que lo pagarán "los ricos", si prestamos atención a su programa. Tampoco comparto su orientación intervencionista en materia de vivienda, especialmente las prohibiciones de determinadas compras inmobiliarias y las expropiaciones planteadas. Desde mi perspectiva liberal, facilitar la construcción, aumentar la oferta y garantizar la seguridad jurídica constituye una alternativa que merece mucha más atención que políticas socialistas.
También intervino Ione Belarra, quien denunció un supuesto sesgo político de la justicia y de las fuerzas de seguridad, comparando la prisión provisional de tres participantes en la huelga del 11 de noviembre con la situación procesal de varios integrantes de Núcleo Nacional. Sin embargo, establecer semejante comparación sin examinar los hechos imputados, los riesgos procesales y los fundamentos de las resoluciones judiciales supone prescindir de un contexto imprescindible. La independencia judicial es demasiado importante como para convertirla en otra pieza de la confrontación electoral. A mi juicio, las declaraciones de Belarra alimentan una preocupante desconfianza hacia las instituciones sin aportar pruebas suficientes de la discriminación política que denuncia. Entregarle poder a esta formación considero que sería poner en riego el Estado de derecho, pues tratándose de dos feministas como Belarra y Montero pueden tener más peligro que dos Gremlins cenando después de medianoche.
Alvise Pérez: contra la partitocracia, desde la antipolítica
Alvise Pérez (SALF), en un fragmento de vídeo de un minuto y cuarenta y ocho segundos difundido a través de su canal de Telegram, correspondiente al mitin celebrado en Móstoles, reivindicó la importancia de que los ciudadanos recuperen el interés por la política. A su juicio, cuando la sociedad se desentiende de los asuntos públicos, deja el terreno libre a personas más preocupadas por sus propios intereses que por el bienestar de sus conciudadanos. Su llamamiento a la participación, acompañado de una apelación al boca a boca entre vecinos, también puede interpretarse como una invitación indirecta a movilizar el voto a favor de su candidatura.
El candidato de Se Acabó la Fiesta dirigió sus críticas tanto al PP como al PSOE. Acusó al primero de favorecer a empresas próximas mediante la gestión sanitaria y de colocar a personas afines, mientras que al segundo le reprochó su incapacidad de gestión y el nombramiento de personas vinculadas al partido. También denunció las demoras para acceder a pruebas diagnósticas y consultas médicas, una preocupación que merece atención pero que también debería examinarse mediante datos oficiales y propuestas concretas de mejora.
Alvise recurrió igualmente a la comparación con Cuba y Venezuela para advertir sobre las consecuencias que, según su discurso, tendría la continuidad de las prácticas políticas que denuncia. Sin embargo, la gravedad de esas comparaciones exige una argumentación más precisa. Además, aunque rechazó que sus palabras constituyeran un discurso radical o de odio, empleó expresiones despectivas para referirse a la clase política. La crítica contundente a los gobernantes forma parte del debate democrático, pero conviene distinguirla de las descalificaciones generalizadas. También se nota que la formación de derecha populista antisistema ha subido una marcha más que Vox (o dos, quizá).
En conjunto, al menos en el fragmento difundido, percibo un mensaje en el que predomina la indignación contra los partidos tradicionales, acompañada de una llamada a la movilización ciudadana con una evidente dimensión electoral. La reivindicación de una ciudadanía activa resulta relevante para el funcionamiento de cualquier democracia, pero denunciar el clientelismo y los problemas de gestión no equivale por sí solo a ofrecer una alternativa institucional. Para valorar el proyecto de SALF sería necesario conocer qué reformas concretas propone para garantizar la transparencia, profesionalizar las administraciones y mejorar los servicios públicos. Ese es el terreno en el que las críticas a los partidos tradicionales pueden transformarse en compromisos políticos verificables.
Miriam González: regeneración institucional y discrepancias territoriales
La intervención de Miriam González (Democracia 21) en Barcelona dejó un mensaje reformista que considero interesante tanto por su tono como por su orientación, acompañando sus críticas al bipartidismo de propuestas concretas. Presentó a Democracia 21 como una «garantía de limpieza» frente a las redes clientelares que, según denunció, se han extendido por buena parte de la política española. En vivienda, criticó las políticas de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona, a las que atribuyó resultados negativos en el mercado del alquiler. Como alternativa, defendió un plan de barrios de viviendas, con seguridad jurídica y mayor protagonismo de los ayuntamientos. También apostó por incorporar la tecnología a la educación, profundizar en la digitalización administrativa y facilitar la actividad de las pymes mediante la reducción de las trabas burocráticas.
El acto también sirvió para presentar al candidato por Barcelona, David Andrés, quien defendió la importancia de autónomos y emprendedores. Sin embargo, tratándose de un acto celebrado en Barcelona, eché en falta una posición más clara sobre el modelo territorial, la unidad nacional y la política lingüística.
Las declaraciones posteriores de Miriam González a Crónica Global permiten conocer mejor su posición, aunque no precisamente para despejar mis reservas. La candidata se ha mostrado favorable al uso de pinganillos en el Congreso de los Diputados y a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Además, al ser preguntada por la inmersión lingüística en Cataluña, no concretó qué cambios impulsaría para garantizar la presencia vehicular del castellano en la enseñanza.
Discrepo de estos planteamientos. No considero necesario establecer sistemas de traducción simultánea entre representantes que conocen una lengua común, ni comparto la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Mucho más importante me parece garantizar que el castellano, lengua oficial del Estado y común a todos los españoles, tenga una presencia efectiva como lengua vehicular en todo el sistema educativo nacional.
Defiendo el bilingüismo y la protección de las lenguas cooficiales como parte de la riqueza cultural de España, pero también su compatibilidad con la cohesión nacional. Lo que rechazo es que esa diversidad lingüística se utilice para justificar concesiones políticas al independentismo en nuestras instituciones democráticas y en la Unión Europea. Proteger nuestras lenguas no exige debilitar el papel del castellano como lengua común ni convertir las reivindicaciones nacionalistas en nuevas obligaciones institucionales. Por ello, considero que Democracia 21 debería ofrecer una posición más clara sobre estas cuestiones si pretende presentarse como una alternativa de regeneración institucional para el conjunto de España.
Conclusiones: cuando se apagan los focos y terminan los aplausos
Pedro Sánchez (para sorpresa de nadie) ha centrado buena parte de su discurso en advertir sobre las consecuencias de un Gobierno de PP y Vox, al tiempo que reivindica las políticas sociales de su Ejecutivo. Sin embargo, después de más de ocho años en el poder, resulta razonable exigirle algo más que nuevas promesas y apelaciones a la movilización. Su trayectoria de gobierno, salpicada de escándalos y polémicas decisiones, está situada en el centro del debate electoral, pero especialmente cuando anuncia medidas relacionadas con derechos y prestaciones cuya regulación anterior ha suscitado controversias.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado la alternancia y la regeneración institucional como elementos centrales de su candidatura. Sus propuestas de auditoría y mejora de la gestión merecen un examen detenido, pero la regeneración no debería agotarse en sustituir a los responsables políticos. Cambiar de Gobierno no equivale necesariamente a cambiar las reglas que permiten determinadas prácticas. La independencia de las instituciones, los mecanismos de control y la profesionalización administrativa necesitan compromisos verificables. ¿Aspira realmente el PP a una reforma profunda del modelo institucional o se conforma con una alternancia protagonizada por mejores gestores?
Santiago Abascal ha recurrido a una confrontación intensa y a mensajes de fuerte contenido identitario, acompañados de propuestas sobre inmigración, seguridad y cuestiones territoriales. Su discurso permite identificar prioridades políticas claras, aunque también deja interrogantes sobre su desarrollo legislativo y presupuestario. En particular, sus referencias a la Región de Murcia habrían ganado fuerza con compromisos más precisos sobre las necesidades hidráulicas, agrarias y de infraestructuras de la comunidad. Su mensaje transmite así una notable uniformidad territorial, incluso cuando las necesidades de cada comunidad exigirían mayor concreción
En la izquierda situada a la izquierda del PSOE, Ada Colau e Irene Montero han defendido una intervención pública aún más intensa en vivienda, fiscalidad y protección social, aunque con estrategias electorales diferentes y críticas mutuas. Sus propuestas plantean interrogantes sobre financiación, seguridad jurídica y efectos económicos, puesto que la ambición de una medida no demuestra por sí sola su eficacia y tampoco basta con anunciar nuevas prestaciones sin explicar los recursos necesarios y las consecuencias de obtenerlos. Las mayores contradicciones que encuentro en Frente Amplio afectan a su propia composición: una coalición integrada por fuerzas que han participado, directa o indirectamente, en el Gobierno y que ahora pretende presentarse como motor de un cambio de políticas. Más específicamente, me pregunto hasta qué punto Colau aspira a transformar realmente la política económica o simplemente a condicionar un nuevo Ejecutivo de Sánchez. Porque si el objetivo consiste en desplazar todavía más su orientación hacia la izquierda radical, «virgencita, que me quede como estoy».
Alvise Pérez ha insistido en la denuncia del clientelismo y de los partidos tradicionales, con un discurso de indignación y movilización ciudadana. Sin embargo, el fragmento disponible de su mitin que compartió en su canal de Telegram no permite valorar su programa más allá del mensaje populista. La crítica al funcionamiento del sistema político debe acompañarse de propuestas de reformas institucionales concretas si aspira a convertirse en una alternativa de gobierno. De lo contrario, se queda en el mero ruido, que es lo que aparenta comunicar la formación de derecha populista anti-sistema.
Pese a reconocer el interés de sus propuestas de regeneración institucional y modernización educativa, discrepo de Miriam González en cuestiones territoriales y lingüísticas, especialmente por su apoyo a medidas que considero concesiones innecesarias al independentismo y por la falta de concreción sobre las garantías del castellano en la enseñanza catalana.
Más allá de las diferencias ideológicas, todos estos discursos comparten una característica: están pronunciados ante públicos predispuestos a aplaudir. Es natural que un mitin busque entusiasmar y movilizar. Lo preocupante sería confundir ese entusiasmo con una prueba de solvencia política. Ni los aplausos acreditan la viabilidad de una propuesta ni la contundencia de una consigna demuestra que su diagnóstico sea correcto. Por consiguiente, la verdadera exigencia democrática comienza cuando termina el espectáculo: contrastar los datos, examinar los programas, pedir explicaciones sobre los costes, exigir responsabilidades por la gestión y comprobar después si los compromisos se cumplen. Esa exigencia debe aplicarse tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo. Porque las campañas pasan, los escenarios se desmontan y las multitudes regresan a sus casas. Los problemas del país, en cambio, permanecen. Y cuando se apagan los focos, España no necesita que sus políticos sigan recibiendo ovaciones. Necesita que respondan por sus decisiones y cumplan sus compromisos.

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