viernes, 31 de julio de 2026

El aquelarre Sanchista de Televisión Española

Desde su fundación en 1946 con la radio y posteriormente 1957 con la televisión, el ente público RTVE ha sido la principal apuesta informativa y cultural de los españoles. Sin embargo, desde sus mismos primeros inicios, ha sido aprovechado para la propaganda política de turno. Desde la dictadura del Franquismo pasando por los gobierno de UCD, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y la actualidad con Sánchez. Sin embargo, pese a las manipulaciones, tergiversaciones, medias verdades o directamente bulos a los que se ha venido asistiendo, el nivel de aceleración y falta de complejos al que se ha llegado con el Sanchismo es, cuanto menos, impresionantemente audaz. En este blog, sin cercenar mi ideología y pensamientos propios, me rijo no obstante por el rigor. Esa es mi línea roja para evitar que este espacio sea un panfleto más de los que pululan por la red. Sin embargo, eso no quita para que pueda sentirme libre para "destrozar" con argumentos lo que considero un ejemplo de total falta de rigor y parcialidad extrema que deja en paños menores cualquier comparación posible. Y menos piedad habría que tener cuando el 30 de octubre de 2024, el día después de la tragedia de la DANA, el Congreso no suspendió una sesión extraordinaria dejando como único punto del orden del día el asaltar el control de RTVE por parte del Gobierno del PSOE y sus socios. Perdón, su banda. Vamos a hablar con propiedad y comentar en primer lugar la crisis de credibilidad con denuncias internas y posteriormente analizar como su parrilla se dedica a ejercer de eco de un mismo discurso dictado desde Moncloa.

La guerra interna por el sesgo en los Consejos de Informativos

En 2025, el Consejo de Informativos de TVE (en adelante Cda, compuesto por 13 trabajadores elegidos por los responsables de información) abrió una investigación interna amparada en el Estatuto de Información y relativa a los espacios de Mañaneros 360 y Malas Lenguas. Ambos, de coproducción externa, combinan tertulianos en plató con conexiones en directo como es habitual en muchos formatos de todos los canales. En 2026, presentó un informe acusando de sesgo en los programas por incumplimiento reiterado de las "normas fundamentales para la elaboración de la información" y que sus contenidos no se regían por criterios periodísticos, sino que la opinión se disfrazaba de información. Además, indicaron que se favorecía a quienes defendían la narrativa del PSOE y socios, con mejor reparto de tiempos en la mesa, concluyendo los debates y siendo reforzadas por los presentadores interrumpiendo en ocasiones de forma abrupta las posiciones contrarias. Por si fuera poco, las intervenciones se acompañan de un lenguaje agresivo y el tratamiento de la información se acompaña de infografías y sintonías musicales dramatizadoras. Por lo tanto, la imparcialidad brilla por su ausencia.

La Dirección de RTVE no sólo negó los hechos, sino que cargó duramente contra el informe con otro. Le acusó de invalidez metodológica para establecer conclusiones por basarse en 13 programas de un total de 400, de falsedad y de dañar la reputación descalificando la "profesionalidad y honestidad" de los equipos informativos sin disponer supuestamente de pruebas. Esto tuvo una respuesta del CdI, que tardó tiempo en llegar pero se hizo pública en abril. Solicitaron al Consejo de Administración que adoptase las medidas pertinentes para que los programas se ajustasen a la normativa vigente y se abandonase la externalización. Pero ante todo denunciaban que dicho CA imponía una superioridad jerárquica inexistente para justificar sus posiciones y que no atacaba profesionalidades sino mala praxis de los programas. Respecto a la muestra de programas, la justificaron en que el tramo era hasta junio de 2025 cuando comenzaron a elaborar el estudio y habían alcanzado porcentajes significativos de ambos espacios. También defendieron sus fuentes como el Manual de estilo y el Estatuto de Información de RTVE, las Leyes de Comunicación Audiovisual, Radio y Televisión pública. Seguidamente, convocaron una encuesta con urnas dirigida a los profesionales para el 24 de abril para conocer las opiniones sobre la independencia de los informativos, externalización de servicios y acciones de protesta. La participación fue de un 30%, si bien una amplia mayoría de los que votaron respaldaron al CdI. Alrededor de 440 trabajadores frente a 50 que apoyaron a la Dirección. Respecto a la abstención, aplaudida por la prensa servil como Público, se recordó que se desestimó la opción telemática que hubiese favorecido una mayor participación.

En mayo la guerra no había terminado. El CdI remitió sus informes a otras instancias: a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a la Comisión Mixta, al Parlamento Europeo y a Radiodifusión de la UE. Además, volviendo a partir de quejas aportadas por profesionales de la corporación, abrieron una segunda investigación y contra Mañaneros 360 por la cobertura informativa de la imputación de ZapateroEn lugar de asumir las críticas, el presidente de RTVE José Pablo López arremetió directamente contra el Cdi y la credibilidad del informe en comparecencia del 26 de junio en el Congreso, exhibiendo un choque sin precedentes entre la cúpula directiva y los representantes de los trabajadores. Además, el ambiente de tensión en la Televisión pública se ha contagiado a la radio, ya que la Dirección abrió en julio expediente disciplinario contra 7 miembros del CdI de RNE después de que denunciasen mala praxis en el informativo 24 horas y amparándose aquélla en un presunto maltrato psicológico y acoso laboral, del cual ni tan siquiera se les informó de su denunciante. Hasta entonces, se venían celebrando los "viernes negros" para protestar por la deriva de la cadena durante el último año.

Silvia Intxaurrondo, comisaria política y portavoz

Silvia Intxaurrondo es la que en un primer momento, antes de que Javier Ruiz le adelantase, ejerció el puesto no formal de portavoz del Gobierno en RTVE. Ese "ascenso" ya fue propiciado gracias a una trabajada entrevista para destrozar a Feijoo en plena campaña electoral, lo que un mes después se tradujo en una importante subida de sueldo. Si bien una posterior inspección de trabajo motivó su reducción dado que cobraba de una sociedad a la que pagaba RTVE y debía de ser directamente a la empleada. Con independencia de su guerra con el ente, su papel fundamental ha sido de reproducir literalmente el discurso de Moncloa como una extensión de la portavocía gubernamental en la televisión pública, como prueba la mimetización de la declaración de Pilar Alegría sobre la inmigración

Siendo la conductora del programa matinal, es quien primero puso énfasis en la persecución de los "bulos" proponiendo legislar y penalizar el acto de mentir (más allá del delito de injurias o contra el honor) y también la desacreditación de los "pseudomedios". Sin embargo, lo único que casa en su narrativa defensora del Gobierno sería promover la censura estatal para que el aparato gubernamental fuese quien calificase qué sería verdad y periodismo verdadero y qué sería un bulo, silenciando a las críticas. Y es que defendió expresamente que los perfiles de RRSS se vinculasen obligatoriamente a un DNI para identificar a los usuarios. Así, calificó de "bulo de la ultraderecha" que David Sánchez no supiese dónde estaba su despacho, cuando la propia comparecencia así lo dejó claro e igualmente con las acusaciones de Manos Limpias a Begoña Gómez que sigue imputada y camino del jurado popular. 

En su labor de comisaria política también insistió en desvincular a Sánchez de cualquier investigación de corrupción. Por ejemplo sobre el caso Ábalos frente a las filtraciones de audios y mensajes y atacaba los titulares de El Mundo afirmando aludiendo a que estaban para confundir al público, lo que contrasta con la postura ante los audios de Bárcenas. También llegó a declarar que lo de la UCO en Ferraz no fue un registro sino requerimiento de información y que para eso podrían haber enviado un fax, sembrando dudas ante el trabajo de la UCO. Pero el momento estrella fue el "hay una foto" asegurar que Leire Díez era una simple militante sin cargo que le habían vinculado al PSOE por una simple foto cuando en realidad son muchísimas las que aparece con gente importante y no sólo Sánchez y Ábalos. A mí no me sorprende que Miguel Tellado le pusiera en su sitio a cuentas de la condena al Fiscal General. 

Javier Ruiz y Sarah Pérez, la extraña pareja

El dúo que constituyen Javier Ruiz y Sarah Pérez Santaolalla, que a su vez son pareja, es sin duda el máximo exponente de un estilo agresivo e impulsor de la polarización. Es un secreto a voces que han fichado para la Séptima, el nuevo canal del System Contreras. Han ejercido en la televisión pública como abogados defensores de cualquier imputado o investigado por corrupción del PSOE o del entorno del Presidente. Javier Ruiz, en su afán por desmontar supuestos bulos contra el Gobierno mediante la encarnizada exposición de infografías chillonas y vocabulario categórico, ha protagonizado la difusión de otros. Por un lado están los bulos económicos como la sostenibilidad de un sistema de pensiones deficitario, reducción de la pobreza comparada con el PP, inflación exclusivamente debida a la guerra en Ucrania o precios del petróleo supuestamente más caros en EEUU que en España anulando efectos de impuestos. Pero más destacados como ridículos son los bulos políticos como presentar como médica a una cocinera que era sindicalista, el negacionismo de que España podía sufrir un apagón que finalmente se produjo, la famosa bomba lampa contra Sánchez en la que replicó una vergonzosa tergiversación interesada del "medio" El Plural o vender como logro de Sánchez la ampliación del permiso parental cuando fue impuesto por una Directiva Europea por la que, además, se multó por transponer tarde la norma. Incluso este año fue condenada RTVE por la difusión de un bulo contra Ayuso por el cual se vinculaba una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con el papel de este como acusación en el famoso caso del novio contra el ex Fiscal General Álvaro García Ortiz.

En cuanto a su pareja Sarah Pérez, tal y como afirmaba Pedro Herrero, representa el ejemplo más paradigmático de la "chonificación" de la izquierda. Nos referimos a una mujer joven que estuvo en listas del PSOE de Salamanca y que es conocida por involucrarse en innumerables polémicas, hablar a gritos comunicando una ristra de mantras surtidos como Ayuso, el novio y las clínicas, la foto de Feijoo y Marcial Dorado de hace 20 años o Aznar y las Azores y recurrir una pseudoestética de OF. Su nivel de inmoralidad ya es percibido en performances como esta y que fue defendida por cierta prensa, demostrando que si esta gente ha llegado lejos es porque hay personajes bien a su nivel o que la necesitan para sus objetivos. Dentro de su línea de agresividad, Sarah llegó a llamar "idiotas" en directo a los votantes y simpatizantes de PP y VOX y, en su réplica, "inútiles mentales". También tuvo un momento de feminismo autoritario contra la concejala del PP de Ourense Noa Rouco, acusándola de sexualizarse como mujer florero. Pero a esta estrategia se une también una línea victimista. La más sonada fue cuando se inventó una agresión del polémico activista Vito Quiles recurriendo a un falso cabestrillo y siendo archivada la denuncia por la disponibilidad de vídeos claros. En otra ocasión se enfrentó a la diputada del PP Elsa Vigil que, ante una acusación de simpleza, le espetó que "para simples tus fotos enseñando los cocos hasta aquí". En ese momento convulsionó y le acusó de que las mujeres se les violaban en las calles o agredían en las redes por políticas como ella. Otro caso fueron las declaraciones desafortunadas de Rosa Belmonte en El Hormiguero que, sin embargo, muchos pensamos que en el fondo no eran tan desatinadas dadas las continuas razones que nos ha dado la aludida. Por último, las pintadas en la tumba de Las trece rosas que curiosamente añadieron dos banderas republicanas completan un continuo círculo de una "analista política" que causa rechazo.

Jesús Cintora y la disidencia informativa controlada

Los informes del CdI dejaron claro que desde RTVE se permite y fomenta espacios de debate y crítica superficial para dar apariencia de pluralidad cuando la línea editorial se alinea de forma desacomplejada con los intereses del gobierno. En el programa Malas lenguas se han articulado críticas humorísticas con los llamados "tele trapos" al estilo de los guiñoles que ridiculizaban exclusivamente a gente de ideología conservadora y políticos de la oposición y hasta que se suprimieron el pasado noviembre. Pero en los debates siempre se han centrado en críticas políticas hacia la oposición y contando con contertulios de extrema izquierda como Pablo Iglesias o Laura Arroyo. Ambos blanquearon de forma impresentable la abominable paliza perpetrada por bárbaros de su siniestra ideología al periodista de El Español José Ismael Martínez. El primero le echó en cara haberse "infiltrado" en un curso de formación de Podemos y la segunda redujo la acción a "resistencia antifascista". Como supuestos contertulios no de izquierdas, se cuenta con peleles como Hugo Pereira, que ha dado bandazos pasando por PSOE y simpatizando con Vox y PP para acabar apoyando el 90% de lo que se dice y matizando nimiedades para ser mandado a callar por Ernesto Ekaizer. Incluso se han permitido llamar a un bombero para hablar sobre los incendios de Madrid siendo (qué casualidad) candidato de Podemos al Congreso. Casos como este son a lo que nos referimos con "expertos cuidadosamente seleccionados".

Hay que reseñar la polémica acontecida este mes con Marta Gómez Montero. Ya fue interrumpida abruptamente en junio por Jesús Cintora al reconocer el papel de Aldama como colaborador con la Justicia para que fuese posible la investigación y condena de corrupción por el caso de las mascarilla con gritos de "¡bulos no! ¡esto es malas lenguas!". Pues este julio llegó a abandonar el plató entre lloros acusándole de humillarla, tras preguntarle capciosamente por unas declaraciones de Feijoo. Lo peor fue el pasivo-agresivo "ella sabrá" con el que se despachó ante la audiencia. Sin embargo, fue defendida al día siguiente por José Pablo López y se escenificó una curiosa vuelta a la normalidad en el plató con un Cintora absolutamente tranquilo y una Gómez que se le notaba incómoda. Desconozco si ha mediado algún tipo de mejora retributiva en sus colaboraciones, pero tampoco me extrañaría que se apostase por la fragilidad de su perfil. Como tampoco hay que olvidar que Cintora ya expresó malos modos con una reportera que cubría los incidentes de Torre Pacheco del pasado verano 2025. Cintora sustituirá en Mañaneros 360 a Ruiz, pues su estilo de autopercibida superioridad moral encaja a la perfección.

Gonzalo Miró y Marta Flich en Directo al grano

Ya en su propia presentación Gonzalo Miró avisó a qué se iba a dedicar cuando mencionó que huiría de la "equidistancia", entendiéndose fácilmente como un alegato a la polarización. En noviembre de 2025, el Cda aprobó un dictamen por el que entendía que aquél había vertido acusaciones e informaciones no veraces sobre la cronología de lo sucedido con Carlos Mazón el día de la catástrofe de la DANA. Pero no se trataba sólo de mala praxis, sino de vulneración del manual de estilo e inexistencia de rigor informativo alguno al entender inaceptable que un presentador de la cadena pública difundiese rumores e insinuaciones insidiosas en lugar de hechos probados. Este hooligan llegó a insinuar sin el menor rubor que Mazón estaría alcoholizado o habría tenido relaciones. Ante esto, la dirección de magacines se lavó las manos argumentado que carecía de competencias sobre contenidos de actualidad mientras que su compañera Marta Flich, como no podía ser de otra manera, defendió este estilo agresivo y ultra. Por supuesto, también ha tenido más manifestaciones como acusando al Consejo General del Poder Judicial de atentar contra la democracia y desacreditando las investigaciones de la UCO contra su PSOE. Porque, para sorpresa de nadie, Miró es militante socialista de toda la vida al tiempo que reparte doctrina no sólo en TVE sino en los platós de otras televisiones.

El relato en los espacios de entretenimiento

La narrativa socialsanchista llegó también a los espacios de entretenimiento en una estrategia de ingeniería social y control del relato. Se emplea un tono informal y desenfadado en tertulias, monólogos y entretenimiento, lo que facilita la asimilación del discurso por parte de amplias capas. Y es entonces cuando se activa la maquinaria para movilizar a la opinión pública, antagonizar con intereses privados y proteger institucionalmente al Gobierno.

El formato en la mayoría de ellos es idéntico. El/la presentador/a expone un monólogo de apertura para después entrevistar a una celebridad. El más popular es David Broncano y en realidad el que tiene más talento de largo, pero desenfoca la entrevista animando a los invitados con discursos como el de la vivienda o la Sanidad pública siempre en la línea gubernamental. Por ejemplo, puso en bandeja a Mercedes Milá ejercer un alegato de defensa a Zapatero. No es casualidad que se fichase a él para contraprogramar a El Hormiguero - que contiene una tertulia política muy contraria al Gobierno Sánchez - como tampoco la guerra interna con la insistencia continua del actual Director José Pablo López en contratar a Broncano cuando aquél era jefe de contenidos. Pero menos es que los tweets que hablan de los temas anteriores experimenten muchísimas más visualizaciones, reposts y me gustas que los que sólo hablan de la vida y la carrera del entrevistado. Con todo, existen ejemplos mucho más pérfidos que la Revuelta, que no es un show tan contaminado.

El programa de Al cielo con ella de Henar Álvarez, que ha pasado de RTVE Play a emitirse entre la 1 y la 2, es el ejemplo más clarividente de cómo puede existir humor rancio feminista. Se puede ver tanto en los monólogos como en las entrevistas dedicándose a generalizar y satirizar contra los hombres y con reducción a lo absurdo. Circunscribe su estrategia de fomentar "igualdad" a reírse del sexo masculino y normalizar la misandria como respuesta al machismo. Es más, en su delirio ha llegado a banalizar sobre agresiones e incluso homicidios a hombres. Esos discursos basados en el resentimiento y la rabia sólo dividen a la sociedad y provocan con razón el rechazo de los jóvenes hacia el feminismo actual. Por su parte, Marc Giró lo ha venido haciendo de la oposición etiquetándolos de fachas y haciendo mofa constante de la derecha. Este año fichó por la Sexta (la pata privada del Sanchismo mediático) para seguir haciendo lo mismo con peores cifras de audiencia. Mientras, en TVE cogió su testigo Manu Sánchez con El perro andalú. Otro show en el que reparte perlas como un monólogo surrealista usando las selecciones de Alemania, Austria e Italia como referentes del fascismo y nazismo y a los jugadores de origen extranjero de la selección española como la "pesadilla de los fachas". 

En otros formatos tenemos a varias mujeres colaborando en espacios de videopodcasts que replican relatos gubernamentales. Por ejemplo a Inés Hernánla misma que entrevistó a Pedro Sánchez en los Goya 2024 como una fanática haría a Bad Bunny (que también es). Y sí, también la misma que en Operación Triunfo soltó una chapa defendiendo a la izquierda abertzale. También participan feministas subvencionadas como Carla Galeote o Elena Reinés retorciendo el teórico propósito del movimiento y victimizándose muy fuerte cuando sólo fomentan la confrontación. Mención especial merece Marina Rivers con una posición económica e hipocresías mucho más elevadas y que incluso ha protagonizado una absurda campaña de "moda" financiada con dinero público, a cargo del Ministerio de "memoria democrática". Y llegado a ese punto álgido de distorsión de la democracia simbolizada en una propaganda falsaria, vamos con las...

Conclusiones

Televisión Española se ha convertido, desde el momento en que el PSOE pudo culminar su control como una de sus máximas prioridades, en algo más que un aparato mediático de propaganda gubernamental. Es un juguete al servicio del Sanchismo y su narrativa y tan enormemente maltratado en su naturaleza que ha visto contaminada toda su parrilla de emisiones sin que quedase ni un sólo resquicio que no apeste a azufre. Resulta tan palmario y descabellado el instrumentalismo que se hace de la televisión pública que, si en legislaturas anteriores ya era denunciable, en la actualidad ha llegado a niveles absolutamente desacomplejados y que provocan no ya rechazo, sino profunda polarización.

Esta espantosa perversión que se ha hecho de un medio financiado con dinero público responde a un interés superior por controlar el manejo del relato más allá de los grupos privados como La Sexta y medios como Público, El Plural, El Diario, etc... Ese propósito del Gobierno no hubiese sido tan firme de no ser porque desde siempre han sido las cadenas públicas las más visualizadas por los españoles y sobre todo en las franjas de información. Así que aprovechando esa audiencia, no ha vacilado en destinar millones de euros a contratar a gente afín, redefinir el concepto de información disfrazándolo de opinión con tertulianos agresivos y con carnet socialista, ridiculizar a la oposición y a posiciones contrarias al relato de la izquierda posmoderna, regurgitar el discurso de Moncloa atacando con menos filtros a jueces y policías y en definitiva a demostrar que en el sótano de la ignominia de TVE se podían bajar muchas plantas.

Francamente, nadie que no esté absorbido por esas ideología que en sí misma es el Sanchismo o la extrema izquierda con la que poco se diferencia ya, sería capaz de ver un sólo programa del lodazal de opinadores e "influenciadoras" en el que se ha convertido la televisión pública.  Además, esto legitima a que cuando la oposición tome el Gobierno pudiera hacer exactamente lo mismo en venganza. Pero para intentar igualar el despropósito tan espantoso que ha hecho el PSOE de Sánchez tendrían como mínimo que poner a Vito Quiles por las mañanas, Bertrand Ndongo por las tardes, Javier Negre en el Telediario, Dani de Desokupa en un late night y Pugilato e Isabel Peralta en un podcast blanqueando su ideología. Y, con todo, seguiría siendo un aparato al servicio del poder gubernamental y para nada del pueblo. Así que tal y como está, muchos consideran que lo mejor sería cerrar RTVE.

Cerrar la corporación de RTVE requeriría un procedimiento complejo debido a su estatus legal, pues sería necesaria aprobar una Ley para ello que contemplase su disolución formal como entidad jurídica con el cese del Consejo de administración y directivos. Además, en paralelo sería imperativa una negociación masiva con los representantes sindicales con ERE para los laborales y traslado de los funcionarios de carrera a otros ministerios o entes públicos y también establecer un plan de liquidación para absorber, subastar o vender el patrimonio de la entidad y en paralelo. Todo eso antes de apagar progresivamente o reasignar las frecuencias de TDT y RNE. Por lo tanto, aunque lo más deseable para un liberal sería liquidarla, lo más realista sería transformar el modelo convirtiendo a RTVE en una BBC con más independencia y dirigida por funcionarios y personal laboral que sean auténticos profesionales. No palmeros sin talento ni honestidad contratados por los gobiernos de turno. Sin embargo, tampoco confío en el PP para ser capaz de acordar esto con Vox. Ojalá me demuestren lo contrario.

miércoles, 29 de julio de 2026

Atentado terrorista en Berlín: radicalización, fallas y debates abiertos

Hacía muchísimo tiempo que no hablaba de terrorismo en este blog, pero el reciente atentado producido en Berlín ha tenido la suficiente relevancia como para reseñarlo. Además, esto trajo al recuerdo el atentado cometido hace casi diez años cuando un individuo invadió un mercado navideño con un camión y causó doce muertos. El reciente tuvo lugar en la pasada noche del 25 de julio cuando una furgoneta blanca irrumpió contra una multitud de personas que participaban en los actos del Christopher Street Day en Berlín, lo que equivale en España al Orgullo LGTBi en Berlín. Concretamente fue en la zona del Tiergarten, próxima a la Puerta de Brandenburgo y no tardó en investigarse como un atentado terrorista de motivación islamista. Esta acción dejó una mujer fallecida, una ciudadana polaca de 60 años, y hasta 29 personas heridas. El agresor, identificado como Abdul Ballout, individuo de 21 años de edad, origen libanés y nacionalizado alemán, huyó inicialmente. Sin embargo, fue localizado y abatido tras un enfrentamiento en el que, según las autoridades, amenazó a los agentes con un arma blanca.

Investigaciones

Las autoridades alemanas mantuvieron cautela sobre el móvil del atentado en las primeras horas, pero pronto avanzó la investigación hacia la hipótesis yihadista por varios elementos. Para empezar, el perfil no era ni mucho menos desconocido para la Policía. Así, según la Fiscalía federal alemana, ya era investigado por su relación con círculos islamistas. También figuraba en investigaciones por preparación de actos violentos contra el Estado y por difusión de propaganda yihadista. Además, había intentado incorporarse al Daesh. En un primer intento, en mayo de 2025, viajó hacia Mauritania pasando por Turquía, desplazamiento que los investigadores consideraban parte de su propósito de unirse al grupo yihadista. Meses después fue detenido en Líbano cuando trataba de llegar a Siria. En noviembre fue devuelto a Alemania y detenido en Berlín para seguidamente ser condenado. Sin embargo, la pena de prisión quedó suspendida siendo sometido a medidas alternativas y seguimiento desde mayo de este año 2026. La Policía localizó un vídeo en su teléfono móvil en el que una persona juraba lealtad al Estado islámico. Pese a aparecer con el rostro oculto, los fiscales consideraron que existían suficientes indicios para atribuírselo.

La investigación se ha estado centrando en varios puntos. La primera gran incógnita es si actuó como lobo solitario o si contó con apoyos. Se detectó que se activó el airbag del conductor y del acompañante. Eso no demuestra por sí mismo que hubiera alguien sentado allí, porque depende del modelo de vehículo, pero sí abre una línea de investigación. También aseguraron varios testigos haber visto a un hombre vestido de negro, armado con machete y atacando a varias personas después del atropello como un posible segundo agresor. Hasta la fecha, la Policía ha confirmado que ha detenido a varias personas presuntamente relacionadas y entre ellas a un iraní. Será necesario avanzar en si el terrorista estableció contactos personales, comunicaciones, posibles colaboradores y redes islamistas relacionadas. 

La segunda cuestión es si existieron fallos de prevención. Es el punto más delicado, dado que como se ha indicado el terrorista ya era conocido por los servicios de seguridad, tenía antecedentes e incluso había pasado por prisión preventiva siendo sometido posteriormente a medidas de seguimiento y programas de desradicalización. Todo esto plantea dudas sobre su eficacia. Pero también se cuestiona si los servicios de inteligencia compartieron correctamente la información, si la legislación permite actuar antes de que exista una amenaza inmediata y si aquéllos programas están bien definidos o son insuficientes. Así que esto lleva a plantearse una pregunta más directa: ¿Cómo una persona considerada suficientemente radicalizada como para intentar unirse al Estado Islámico pudo estar libre meses después? El individuo, el año pasado, confesó los hechos. Afirmó haberse desvinculado del Estado Islámico, colaboró con la investigación y aceptó participar en un programa de desradicalización. Pero existen datos especialmente llamativos. El programa todavía estaba en una fase inicial y, según la información publicada, solo había tenido dos entrevistas. Una tercera estaba prevista para la semana siguiente y por lo tanto todavía no había una evaluación definitiva en un proceso que además era voluntario.

La tercera cuestión y no menos relevante, es la significatividad de que se haya producido durante el Orgullo de Berlín, lo que podría añadir una motivación ideológica y homófoba. El canciller Friedrich Merz ha señalado que el objetivo no parecía elegido azarosamente y que apuntaba contra la libertad y la sociedad diversa. A tal respecto, la oportunidad seleccionada para producir una masacre no sería espontánea sino planificada y el objetivo habría sido específicamente el Orgullo por considerar al colectivo LGTBi como incompatible con la interpretación extremista del Islam. A tal respecto, existen regímenes teocráticos en los que no sólo no se defienden los derechos del colectivo sino que se denostan y se persiguen.

Debates abiertos

Entre las repercusiones políticas y sociales, el debate en Alemania gira en torno a varias cuestiones algunas específicas y otras más generales. A nivel particular, se pone en duda si las autoridades disponían de herramientas suficientes para haber impedido al ataque. Pero más en general se plantea el endurecimiento de las medidas contra personas consideradas amenazas islamistas, la revisión de los programas de desradicalización y la gestión de la vigilancia de sospechosos previamente identificados. Así que el debate es tanto jurídico como de seguridad. El Estado de Derecho no permite encarcelar indefinidamente a alguien por una ideología si no existe una conducta delictiva actual, pero también surge la cuestión de si los mecanismos actuales son suficientes cuando hablamos de personas que intentaron unirse a una organización terrorista, consumían propaganda yihadista y podían mantener una radicalización pese a mantener una integración social muy limitada o inexistente. Según datos del Verfassungsschutz de Berlín, existirían unas 2.400 personas vinculadas al entorno islamista, más de 900 consideradas potencialmente violentas y 350 salafistas catalogados como violentos. Realmente, ¿los servicios de seguridad e interior tienen capacidad real para vigilar y controlar a todos los perfiles de riesgo?

A esto se le une un debate más y es lo considerado políticamente incorrecto en un mundo occidental que se presupone abierto y diverso pero en ocasiones muy obsesionado con no ofender a ninguna minoría, pese a que alguna de ellas atente contra otra. Convendría tener en cuenta que, en una sociedad multicultural, realmente no todas las subculturas están dispuestas a respetar los valores y derechos de otras. Consecuentemente, el Estado democrático debe de trabajar para proteger a esas últimas y pararle los pies a las anteriores. Como dice esta editorial de El Mundo, existe la percepción de una creciente parte del colectivo LGTBi de que la inmigración musulmana no integrada socialmente representa una amenaza. Por el contrario, desde la izquierda más autodefinida como progresista, se habría rehuido de criticar a aquélla mostrando una mayor reticencia a abordar este fenómeno por su temor a alimentar discursos xenófobos e incluso por la incomodidad de ser etiquetada como racista. Por el contrario, no parece preocuparle incurrir en contradicciones y considerar que las culturas occidentales son per se opresoras y las demás son oprimidas. Como antecedentes, quedan en la memoria el tiroteo masivo en la discoteca Pulse de Orlando con 48 víctimas y 53 heridos en 2016 y la operación en junio de 2023 que evitó un atentado planeado por yihadistas contra el desfile del Orgullo en Viena. Según estadísticas policiales en Alemania, los datos en Alemania de criminalidad son preocupantes y con cierta sobrerrepresentación de extranjeros en algunos delitos. Así que no debería sorprenderles el crecimiento de la derecha o incluso la extrema derecha (que pone más énfasis en el control de la inmigración y expulsión de los agresores), reflejan que siguen sin percatarse de la incongruencia.

Consideraciones

Berlín y por extensión Europa, se encontraría ante un dilema que no debería de esconderse y es cómo actuar para evitar un atentado cuando el atacante ya había sido identificado como potencial amenaza. Y existen dos factores que necesariamente juegan en el tridente radicalización, límites del Estado de Derecho y programas de desradicalización. Y son la integración social y la gestión de la inmigración y fronteras. De poco puede servir un programa para disuadir al extremista si su integración social es nula ya sea porque el entorno en el que se mueve es favorable a actitudes de odio y comportamientos hostiles. Así que ante todo el problema es estructural, dado que se genera caldo de cultivo cuando una persona, aún pese a obtener la nacionalidad del país en que vive, no se siente perteneciente a él, ya sea porque rechaza la cultura del país en que vive, se siente discriminado o bien dada su desconexión del mundo occidental se presta más a ser controlado o dominado por mafias con intereses más elevados que los suyos.

El caso alemán es relevante porque tanto datos estadísticos como el sentir de una importante parte de la población apunta a que existe un problema con la inmigración. Ya comentamos en un post anterior sobre el declive de líderes europeos que la excesiva manga ancha había generado inseguridad y desconfianza de los ciudadanos alemanes en la política tradicional, confiando cada vez más en AFD. Hay que valorar la posibilidad de que los servicios policiales estuviesen tan desbordados que se optase por programas de reinserción como vías más cercanas a la integración y menos controladoras. Sin embargo, esa laxitud que pudiera estar relacionada con altos niveles de inmigración que amplifican el trabajo tiene escasa justificación si se parte de un escenario de guetos, creciente delincuencia extranjera y antecedentes peligrosos. Así que no sólo habría que replantearse la política "correccional", sino el modelo de integración e incluso el inmigratorio que corre el peligro de asociarse con delincuencia importada a algo más que a los meros ojos de los ciudadanos. Y es que hay casos en que el Estado claramente falla en la integración, pero también hay otros en que su error se comete desde el momento en que sus fronteras no se restringen y se continúa alimentando un ambiente tensionado.

Por tanto, ante la pregunta difícil de responder de "¿hasta dónde puede llegar un Estado democrático para prevenir un atentado cuando el sospechoso aún no ha cometido un delito que permita encerrarlo?", creo que la primera reacción ha de partir en origen. El problema de fondo no radica únicamente en la existencia de programas de desradicalización, sino en la enorme dificultad para evaluar de forma fiable cuándo un individuo radicalizado ha abandonado realmente la violencia y cuándo simplemente ha aprendido a ocultar mejor sus convicciones. Si los servicios policiales y judiciales entendieron que el condenado por yihadismo era reinsertable, ponerlo en la calle demasiado pronto habría sido el principal error por mucho seguimiento que se le hiciese. Tampoco sabemos si la policía monitorizaba sus conversaciones privadas, pero sería un procedimiento muy cuestionable en un Estado de Derecho. A partir de aquí ya entramos en el terreno de las posibles respuestas políticas, donde existen distintas alternativas.

Deportar extranjeros delincuentes o condenados es un proceso costoso, incluso creando centros en otros países mediante convenios. Tal vez sea preciso valorar que pueda haber personas que no resulten socialmente recuperables porque ya se perdieron en el camino. Y es que el problema aquí no es la inmigración sin más, sino la combinación entre radicalización, integración insuficiente, límites del Estado de derecho y dificultades para evaluar el riesgo de reincidencia. Por ello, si admitimos que no existen medios suficientes, tal vez la alternativa más razonable sea escoger la más estricta: un mayor control y restricción de la inmigración asociada a radicalización. Desde luego, minimizar circunstancias como las sucedidas en Berlín no hace sino allanar el terreno para que algún día vuelva a suceder. 

lunes, 27 de julio de 2026

Giro a la derecha en Latinoamérica: el nuevo mapa político

El pasado mes analicé la crisis de liderazgo en varios países de la Unión Europea. Hoy toca hablar de varios cambios de gobierno en Centroamérica y Sudamérica (América Latina) y me centraré en los cuatro que celebraron elecciones en 2025 y 2026: Bolivia, Chile, Honduras, Perú y Colombia. Dejo fuera a El Salvador (2019) y Argentina (2023) que se alejan del marco temporal más reciente aparte de que tampoco quiero extender demasiado el artículo (que ya de por sí suelen ser bastante largos). Tampoco hablaré de Costa Rica o Ecuador de 2025 que lo que han hecho ha sido mejorar resultados pero se sigue manteniendo el centro derecha. Lo que une a todos de los que hablaré hoy en el aspecto más formal es que se ha producido una alternancia de la izquierda populista a la derecha también populista o bien moderada, de manera que el mapa "rojo" se está pintando de azul a la espera de lo que suceda en Brasil en las elecciones de octubre de 2026. En principio, a día de hoy no existen perspectivas de que haya otro vuelco, por lo que me centraré en los países seleccionados y hasta qué punto han seguido la estela de El Salvador y Argentina.

Bolivia

Durante muchos años Bolivia ha sido un país económicamente estable gracias a sus exportaciones de gas. Sin embargo en la era post-Covid comenzaron a surgir problemas muy visibles como la escasez de reservas internacionales como dólares, dificultades para importar combustible y una desaceleración del crecimiento. Además, pese a que Movimiento al Socialismo llevaba gobernando casi dos décadas, existían dos grandes bloques enfrentados liderados por el vigente presidente Luis Arce y el histórico Evo Morales y que terminaron cargándose el partido. Conflictos internos, acusaciones cruzadas y una sensación de pérdida de rumbo acentuaron junto con la crisis económica el desgaste de gobierno y muchos bolivianos entendieron que el ciclo estaba agotado. Morales acabó inhabilitado porque era inconstitucional volver a presentarse al margen de sus escándalos tramitados en vías judiciales y Arce optó por no presentarse dado el deterioro de su popularidad.

Las elecciones generales de 2025 estrenaron un sistema de dos vueltas en el país con comicios celebrados en agosto y octubre. Se alzó con la victoria el demócrata cristiano Rodrigo Paz al imponerse con un 54,5% de los votos frente al conservador Jorge Quiroga. Sí, no se clasificó ningún candidato de izquierda en la primera vuelta con un batacazo espectacular de MAS que perdió sus 21 senadores y casi todos los diputados quedando en 2 de los 73 con que partía. La izquierda se fue en masa a Samuel Doria de Unidad, si bien quedó muy lejos de los candidatos más votados con un 19,69%. Eso sí, llamó la atención que existió más de un millón de votos nulos, lo que interpretó Evo Morales (y pienso que no debió estar mal encaminado) que pudo ser debido a una campaña de protesta por su exclusión. Por consiguiente, la izquierda en Bolivia está más dividida que nunca.

Con posterioridad a las elecciones, Paz ha chocado de bruces con protestas masivas y bloqueos de carreteras durante semanas que acentúan escasez de alimentos. El detonante inmediato fue la retirada parcial de subvenciones a los combustibles a través de su programa de ajuste y a ello se une que Evo Morales sigue siendo un actor político con gran capacidad de movilización.

Chile: desconfianza de las instituciones e inseguridad

Chile ha estado gobernado por una coalición de izquierdas liderada por el presidente Gabriel Boric (2022-2026). Entre sus logros sociales destacó la aprobación de las jornadas laborales de 40 horas y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, atravesó un panorama de crisis en importantes pilares. En lo económico, pese a la reducción de la pobreza se experimentó un bajo crecimiento promedio situándose en un 1,5%, agravado por el incremento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Políticamente tuvo dos fracasos sonados. El primero fue el proyecto de nueva Constitución de 2022 que marcó su legislatura. Fue rechazado por el 62% de los chilenos en el plebiscito de salida. Meses después, en mayo de 2023, la oposición liderada por Kast arrasó en las elecciones del nuevo Consejo Constitucional, aunque el nuevo texto también se rechazaría. El otro fracaso fue la ambiciosa reforma tributaria por la que se pretendía subir los impuestos al patrimonio y que fue rechazada por el Congreso al disponer la oposición de mayoría, forzando a que las modificaciones fuesen más moderadas. Además, se asistió a una crisis de seguridad ciudadana combinada con altas tensiones migratorias en la frontera norte y aumentando el narcotráfico a través de los puertos con Perú y Bolivia, tráfico ilegal de armas, redes de trata de personas y homicidios. Ante esto, promulgó medidas como la Ley Nain-Retamal, otorgando legítima defensa privilegiada a los carabineros o el plan Calle sin violencia. Todos estos factores acumulados destruyeron la confianza y la credibilidad en Boric prácticamente desde los inicios de su mandato. En consecuencia, no revalidó su candidatura.

Las recientes elecciones presidenciales en Chile se celebraron entre noviembre y diciembre de 2025 en dos vueltas, accediendo de nuevo José Antonio Kast y Jeannette Jara, militante del partido Comunista y candidata del oficialismo chileno en ese momento. Los resultados fueron incontestables, con un arrollador triunfo de la derecha conservadora por un 58,16% de los votos frente a Jeannete Jara que alcanzó un 41,84%. Además, de forma conjunta con la primera vuelta se había renovado la Cámara legislativa y la mitad del Senado, consolidando el poder de la derecha pero sin lograr mayorías. José Antonio Kast ha capitalizado el descontento centrando su campaña en dos frentes. Por una parte, en economía apoyando la apertura y el desarrollo de energías renovables para fortalecer la matriz productiva del país. Por otra parte, en materia de delincuencia, inmigración y orden, prometiendo expulsión de inmigrantes irregulares, cierre de fronteras y lucha contra el crimen organizado que controlaba los pasos ilegales del norte. La situación había sido tan caótica que buena parte del electorado progresista habría virado hacia las promesas de cambio sin que importase que el candidato fuese un histórico pinochetista y defensor del dictador de Chile entre 1973-1990.

Honduras: crisis económica y corrupción

Xiomara Castro, tras su victoria en 2021, prometió romper con gobiernos anteriores asociados con corrupción y desgaste institucional. En materia de seguridad, pretendió recuperar el control territorial frente a las pandillas, reducir la extorsión y combatir el crimen organizado. A tal respecto, implementó medidas como un Estado de excepción inspirado parcialmente en el modelo Bukele. Sin embargo las reformas estructurales prometidas avanzaron lentamente y persistió la sensación de inseguridad entre parte de la población. En el ámbito económico, algunos datos mostraron mejoras relativas en empleo y reducción de pobreza respecto a años anteriores, pero prosiguieron problemas como bajos ingresos, desigualdad y dificultades percibidas por muchos hogares. Esa brecha entre ciertos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos (microeconomía) generó un espacio favorable para el discurso opositor tal y como pasó en Argentina en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Además, Honduras ha mantenido importantes flujos migratorios asociados a pobreza, violencia, escasas oportunidades económicas y desplazamiento internos.

Castro presentó a la ONU un borrador de acuerdo para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Una comisión de expertos ya había visitado Honduras en varias ocasiones para prestar asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades de anticorrupción. Identificaron varias leyes que obstaculizaban las investigaciones sobre corrupción y el Congreso derogó algunas de ellas, pero una ley que prohíbe las sanciones contra los legisladores por acciones realizadas "en el ejercicio de sus funciones" seguía aún vigente. Poco antes de la dimisión de su cuñado Carlos Celaya por un escándalo de reunión con narcotraficantes en 2013 y de su hijo José Manuel que era ministro de Defensa, Castro anuló un tratado con Estados Unidos que permitía la extradición de ciudadanos hondureños acusados ​​de narcotráfico. Eso afectaba al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por un tribunal federal estadounidense en marzo. Por tanto, el castrismo hondureño se autoenmendó a la totalidad de su promesas clave.

Los comicios del 30 de noviembre de 2025 arrojaron una ajustada victoria en porcentaje del conservador Nasry Asfura frente al liberal Salvador Nasralla (si bien con 49 diputados frente a 41) mientras que Rixi Moncada, candidata oficialista, quedó en 35. El proceso estuvo rodeado de acusaciones de irregularidades como retrasos en el conteo y disputas entre actores políticos, reforzando la percepción de fragilidad institucional y desconfianza hacia el sistema político. La ONG Transparencia electoral estableció en su informe varias recomendaciones de tipo logístico como garantizar plazos en la contratación de proveedores tecnológicos con experiencia, implementar arquitecturas de conectividad, establecer calendarios de pruebas y consolidar protocolos que protegiesen decisiones técnicas de presiones partidarias. También propuso proporcionar una segunda vuelta y modificar el método de nombramiento de las autoridades implicadas para despolitizarlas.

Perú: economía estable y gestión política de escándalo

En Perú se asiste a la contradicción de una situación económica favorable que convive con una situación política absolutamente demencial, con unos líderes aferrados a la corrupción en una palmaria inestabilidad gubernamental. La economía se ha mantenido fuerte gracias a la Constitución de 1993, que entre otras cosas separa al Banco Central del Gobierno de forma que éste no puede solicitarle préstamos ni financiación. Eso favorece que el Sol peruano no se deprecie vía inflación ni impresión artificial de billetes y es recurrido como moneda reserva en países de Sudamérica como Brasil o Bolivia. Y, a pesar de que la deuda pública sea aproximadamente un tercio del PIB, la inversión extranjera (por ejemplo China) y las altas reservas internacionales mantienen la economía del país. Su único problema es la falta de inversiones internas en infraestructuras, pero eso ya es culpa de sus propios políticos. Ojo a lo que se viene a continuación.

Pedro Castillo llegó a designar a más de 70 ministros en cinco gabinetes distintos en menos de un año y medio, perjudicando seriamente a la gestión pública. Fracasó en proyectos como una nueva Constitución que fue rechazada por el parlamento y una ambiciosa reforma agraria que tuvo escasa implementación y fue acusado de corrupción por presuntas obras amañadas y favoritismos en las Fuerzas Armadas. El culmen fue el 7 de diciembre de 2022 en el que cometió un autogolpe, fue destituido por "incapacidad moral" y seguidamente arrestado y condenado. ¿Su excusa? que padecía amnesia y no se acordaba ni de lo que leyó. Le sustituyó Dina Boluarte durante casi 3 años (hasta octubre de 2025) y fue cesada del mismo modo que su antecesor. Hasta ese momento, duplicó el salario de los ministros, amnistió a militares y policías por violaciones de Derechos Humanos a finales del siglo XX, habría facilitado la fuga de su hermano y otros acusados por la Justicia, fue acusada de corrupción al descubrir una colección de joyas y relojes caros no declarados y el crimen organizado estaba más desatado que nunca. El siguiente fue José Jerí que en sólo cuatro meses aumentó la despoblación ciudadana, se incrementaron los homicidios y salieron a la luz contrataciones irregulares y presunto fraude fiscal siendo destituido en febrero de 2026. El último antes de las elecciones sería José María Balcázar que llegó a posicionarse a favor del matrimonio infantil. En fin, suficiente.

En las elecciones celebradas a dos vueltas en abril y junio de este año 2026, la contienda principal fue entre Keiko Fujimori, hija del polémico (para no variar) ex Presidente Alberto y Roberto Sánchez, la coalición de izquierdas. A pesar del espectáculo dado por políticos de ese espectro, la formación alternativa era otra distinta a Perú Libre, que es la que acogió a los cuatro anteriores. Sin embargo, esta nueva coalición prometía amnistiar a Castillo. Tras los comicios de segunda vuelta celebrados el 7 de junio, necesitaron varias semanas para contar todos los votos y designar a Keiko como la ganadora por poco más de 40.000 votos de diferencia, si bien en realidad es un margen ajustado muy típico en esta democracia peruana. Lo más sorprendente fue la anulación de... ¿más de un millón de votos? Según los expertos de allí, el motivo no es sino la tremenda desafección que muchos peruanos sienten hacia la política y sus gobernantes. Y conociendo su trayectoria, no es para menos. Por lo tanto, el cambio gubernamental no puede asociarse a una creencia firme en un proyecto alternativo.

Colombia: macrodeuda, violencia y corrupción

El ejecutivo de Gustavo Petro en Colombia, en la recta final de su mandato (2022-2026), se vió fuertemente sacudido por un incremento generalizado de la criminalidad, escándalos de corrupción y crisis económica. Primero, se asistió a la pérdida del control de la seguridad con la expansión de grupos armados ilegales y aumentando delitos como la extorsión, el secuestro, terrorismo y reclutamiento de menores. Segundo, se denunciaron desfalcos como la adquisición de carrotanques de agua con sobrecostes y pago de comisiones, financiación ilegal de la campaña de Petro de 2022 al exceder los límites legales e incluso se terminó procesando a su hijo Nicolás por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo. Tercero, el país arrastraba una inflación alta (cerró 2025 por encima del 5% y se proyecta en 6,4% para finales de 2026), lo que obligó al Banco Central a subir los tipos de interés al 11,25%, encareciendo el crédito y con un déficit público rondando el 7% del PIB.

Las elecciones estuvieron marcadas por un ambiente de alta violencia: casi 500 amenazas de muerte, colaboradores asesinados, un coche bomba en la Panamericana y el recuerdo del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Abelardo de la Espriella, conocido como "el tigre", resultó electo presidente de Colombia con un estrecho margen: el 49,65% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda y con una subida de participación del 5%. Ello responde a que el país se encuentra completamente polarizado entre una derecha que exige mano dura y una izquierda que rechaza los recortes económicos. El candidato derrotado y bendecido por Petro, Iván Cepeda, inicialmente, no reconoció los resultados y anunció la impugnación de 33.000 mesas de votación. Sin embargo, era muy poco probable que siguiese adelante porque recurrir mesas no sale gratis en Colombia y no sólo había que abonar una fuerte suma de dinero sino acreditar su pago dentro de unos plazos. Por ello terminó aceptándolos.

El nuevo presidente planea una revolución económica con un plan de ajuste fiscal que busca un crecimiento superior al 5% mediante la reducción del tamaño del Estado en un 40% (fusión de agencias y eliminación de gasto), desregulación y reducción de la carga tributaria y reactivar la producción de petróleo y gas (revirtiendo las políticas de Petro). Sin embargo, no todo es liberalización porque planea reducir exenciones y bonificaciones para generar más ingresos. En materia de seguridad pretende perseguir sin tregua a criminales y guerrillas mediante el uso de la fuerza bombardeando campamentos terroristas, retomando la fumigación aérea para destruir los cultivos de coca, construyendo 10 megacárceles privadas vigiladas por veteranos y reservistas, etc... Es decir un programa que recuerda mucho a una mezcla entre Javier Milei y Nayim Bukele. Aunque tiene un pasado muy curioso, en el que fue abogado de controvertidos clientes como Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Conclusiones

Los casos estudiados de reciente cambio político en América Latina tienen en común que vienen de una pésima gestión política de los gobiernos de izquierdas precedentes, unas perniciosas políticas intervencionistas de la economía, un cuestionable compromiso democrático en sus filas y una importante desconexión con el pueblo.

En el caso de Chile, adoptó medidas impopulares como una gestión de la inseguridad más propia de gobiernos conservadores y relegó sus proyectos estrella a una ciudadanía y a un Congreso sin contar con la confianza de la mayoría. Además, ya se hallaba minada por el empeoramiento de la situación económica.

Honduras y Perú coinciden en un escenario macroeconómico favorable pero también en importantes niveles de corrupción que erosionaron el bienestar a nivel microeconómico y la confianza institucional. La principal diferencia es que mientras que el primero estudió hacer algunas reformas hasta que vio que podían perjudicar a los suyos, en el segundo los políticos se han dedicado a usar el Estado para sus intereses de la manera más desacomplejada, provocando una terrible inestabilidad institucional y disparando la desafección ciudadana.

Perú y Bolivia registraron más de un millón de votos nulos pero por motivos supuestamente muy distintos. Mientras que en la primera se alude a una profunda desconfianza en las instituciones, en el segundo existe una importante masa de protesta que sólo asume como legítimo un sistema comandado por Evo Morales. Por lo tanto, la cultura democrática de los ciudadanos es opuesta en estos países.

En cuanto a Colombia, un país donde la violencia y la inseguridad son un problema desde hace varias décadas, no sólo volvió a superar al gobierno saliente sino que se vio envuelto en casos de corrupción mientras que se dedicaba a disparar el gasto público y con ello la inflación y la deuda.

De esta forma, lo que se percibe mayoritariamente no es tanto una confianza en el cambio político como una respuesta de castigo ante años de gestión política desnortada, corrupción, inseguridad y crisis económica de las familias. Años de decepción y frustración favorecen el movimiento "pendulazo" de populismos radicales de izquierda a otros conservadores (Kast, Fujimori y Asfura) o liberales (De la Espriella y Paz). Pero tampoco podría obviarse el posible efecto influenciador de líderes del continente como Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. El primero con un discurso agresivo pero de cambio radical ante la ruina económica total peronista y el segundo de lucha contra la elevada inseguridad ciudadana. Incluso podría haber el de Donald Trump, pues una parte de los electores podría entender que una mejor sintonía con la Administración de EEUU podría representar una ventana de oportunidad en el plano económico. No obstante, Bolivia sería la particularidad, pues responde más a un efecto secundario de la enorme polarización que ha conllevado que la izquierda populista se concentre en torno al personalismo representado en la figura de Evo Morales y la moderada (que prefiere renovar las caras) apostase por Samuel Doria. Pese a que los resultados de la segunda vuelta reforzaron a Paz, la realidad es que las calles están tomadas por la izquierda radical.

El experto en geopolítica Enrique Fonseca nos comenta en su canal que existen varios factores que explican el dominio de la derecha en Latinoamérica ya sean cambios políticos o manteniéndose. En general, en estas regiones las alternancias dependen mucho de la gestión económica. Si existe crisis, quitan al que está y viene otro. Si todo va bien, lo mantienen. Es por eso que si los nuevos mandatarios no cumplen con sus promesas, los ciudadanos volverán a pasarle el testigo a la izquierda. Y más específico, los outsiders (De La Espriella) están ganando el relato gracias a un discurso anti vieja política que ha calado en redes sociales y con un estilo de comunicación que, pese a ser populista, es mucho más atractivo que el aburrido tradicional.

martes, 21 de julio de 2026

España ante el invierno demográfico y la sostenibilidad de las pensiones

Las sociedades modernas se enfrentan a un reto de futuro como es el envejecimiento de su población y la necesidad de darles servicios no sólo para mantener sus pensiones sino también otros servicios mientras la población joven y que en buena parte sostiene esos gastos es cada vez menor. A este fenómeno se le llama invierno demográfico y, en el peor de los casos, generaría un futuro distópico en el que los ancianos sean una amplia mayoría. En España, diversos informes advierten que el gasto en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros anuales, mientras que las transferencias estatales han subido a alrededor de 50.000 millones al año. Esto ha motivado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado en los últimos años con un déficit preocupante y se ponga en tela de juicio la sostenibilidad del sistema. De esa manera, en el presente artículo voy a analizar hasta qué punto se está asistiendo a un reemplazo demográfico, qué efectos puede tener la inmigración, qué soluciones o modelos se han estado aplicando en Europa para reaccionar y combatir esos efectos adversos y finalmente qué propuesta de mejora son clave desde este mismo presente.

La tendencia demográfica

En el cuarto del siglo XXI que llevamos transcurrido, España ha experimentado un envejecimiento demográfico más acusado tanto en términos absolutos como en peso relativo sobre la población total. Con arreglo a los datos obrantes en el INE desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2025 la población total en España se ha visto incrementada en 8 millones de personas pasando de 41 a 49. Pero también podemos ver cómo en concreto la población mayor de 65 años ha pasado de ser un 17,01% a un 20,71%. Esta población se ha incrementado en 3 millones de personas, pero resulta especialmente llamativo que se haya triplicado el número de personas mayores de 90 años, constituyendo al mismo tiempo una interesante señal de lo que ha mejorado la esperanza de vida con los avances sanitarios. En cuanto a la población en edad de trabajar, matizando que con arreglo a los grupos de edad establecidos computan desde los 20 años, ha pasado de ser un 62,48% a ser 60,87% pese a que haya aumentado en más de 4 millones de personas. En cuanto a la población joven (menor de 20 años), ha pasado de ser un 20,05% un a ser un 18,40% con un incremento de poco más de 600.000 en 23 años. Por lo tanto, estas cifras dejan una evolución de la pirámide de población tal que así.

Como vemos, la pirámide de población se está ensanchando en edades superiores mientras se frena en las edades jóvenes, señal de que existen menos nacimientos en España. Esto podemos comprobarlo en el siguiente gráfico, con un interesante pico en 2007 que pudo deberse, aparte de la época de expansión económica con el auge del mercado inmobiliario al famoso "peque cheque" con el que el Gobierno de España pagó ayudas de 2.000 euros por nacimiento. Desde la crisis económica de 2008 y las sucesivas que han ido viniendo, la cifra de nacimientos en España no ha dejado de decrecer.


La cuestión es que desde 2025 se estaría jubilando la mayor parte de las personas nacidas en la década de los años sesenta, la conocida como la década del "baby boom" en que España comenzó a experimentar un crecimiento económico derivada de la entrada de capital extranjero y el auge del turismo. Ello, unido a una cultura social de traer hijos al mundo para beneficiarse tanto de ayudas como, en ocasiones, nueva mano de obra al entorno familiar, favoreció un incremento exponencial de la población nacida en España. Por lo tanto, toda esa gente constituye un número importante de personas que pasaría a engrosar los listados de pensionistas. No existen datos anteriores a 1971, pero sí podemos decir que en 2002 existían en España 6,5 millones de personas residiendo en España y nacidas entre 1960-69 y a día de hoy son 6,8 millones. Por lo tanto, la cifra de aumento de pensionistas a diez años vista supera el doble de lo experimentado en más de dos décadas.

Por lo tanto, se juntan factores como la baja natalidad, el menor tamaño de las nuevas generaciones, la esperanza de vida elevada y la jubilación progresiva de las generaciones nacidas en el baby boom. El problema de este cambio es que ya está afectando a las pensiones, servicios de dependencia, Sanidad, mercado laboral, vivienda y financiación pública generando importantes tensiones.

El papel de la inmigración

Cuando analizo la inmigración, en este blog siempre trato de tener una mirada crítica pero huyendo de simplicismos, es decir, de los discursos categóricos de tanto "la inmigración lo arregla todo" como del "gran reemplazo". La realidad, como ya mencioné, es que no existe ningún debate sobre modelo migratorio ni de planificación ni integración y menos de necesidades futuras. Lo primero de todo que hay que desmontar es limitar la inmigración a mayoritariamente de origen africano y a las pateras. La mayor parte de la inmigración extracomunitaria en España no es precisamente la achacada a entradas irregulares, sino que es principalmente latinoamericana. El idioma, las relaciones históricas y la proximidad cultural son factores que han movido a gente de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etc... a trasladarse a España y en un contexto de integración más factible que otras nacionalidades.

En segundo lugar, la inmigración rejuvenece, pero sólo parcialmente y a corto plazo. Hasta cierto punto, la inmigración estaría sosteniendo el crecimiento poblacional en el sentido de que sin ella el saldo podría ser incluso negativo. Por lo tanto, compensaría la baja natalidad y el envejecimiento autóctono en mano de obra que al tiempo cotice para pagar las pensiones. Pero ese efecto ni es permanente ni autosuficiente. Para ello, se tendría que asistir a una inmigración creciente y continua durante décadas. Pero eso es difícilmente sostenible porque los mismos países emisores también envejecen y reducen su natalidad. Y lo que es más, no está demostrado del todo que todos los inmigrantes multipliquen los nacimientos en España más allá de reagrupaciones familiares, pues el coste de la vida sube para todos. Por tanto, al instalarse en España, convergerían hace patrones similares a los españoles porque les afecta igualmente el acceso a la vivienda, conciliación familiar, precariedad laboral, etc... Por lo tanto, más que evitar el envejecimiento, lo que haría la inmigración en España sería retrasarlo.

En tercer lugar, a largo plazo la inmigración no garantiza sostenibilidad del sistema. Es cierto que llegan jóvenes desde el extranjero que pueden trabajar y cotizar. Pero, con el paso del tiempo, esas personas también envejecen, se jubilan y no sólo generarán el derecho a pensiones sino también en servicios públicos como Sanidad o Dependencia. Además, entre los que no envejecen en España buena parte de ellos está de paso, permanecen pocos años, no forman familias en España y regresan a su país. Pero las objeciones no acaban ahí, sino que se da la circunstancia de que muchos de los inmigrantes vienen de países en los que carecen de formación y, de esa manera, los empleos que ocupan son puestos poco cualificados, con alta temporalidad, con salarios próximos al SMI y en una situación de importante vulnerabilidad. En consecuencia, una mayor población que disponga de una menor renta media, las cotizaciones que abonará son reducidas y el saldo de aportación fiscal y ayudas sociales sería, en buena parte de esas personas, negativo. 

En resumen, la inmigración en España no puede ser una solución eficaz si mayoritariamente se relaciona con sectores de baja productividad como por ejemplo en la hostelería, construcción, agricultura y otros de baja cualificación o de menor valor añadido.

Los incentivos económicos: un tirachinas para derribar un muro

Medidas como el “cheque bebé” de 2.500 euros de 2007 sí tuvieron efecto inmediato, dado que los nacimientos aumentaron en torno a un 6% en los meses posteriores. Sin embargo, si se analiza el impacto a largo plazo el efecto total apenas rondaría el 3%. En esa época de expansión económica, podríamos entender que muchas parejas ya querían tener hijos pero podrían haber adelantado la decisión aprovechando la ayuda. Con todo, obviamente eso no implicaría que pretendiesen tener más hijos más adelante.

Corea del Sur, Japón, Italia y países nórdicos son países en los que persisten tasas muy bajas de natalidad pese a enormes programas públicos. Así que la situación de la natalidad dependería de algo más estructural. Y a ese respecto, actualmente, los problemas de incertidumbre vital asociados a la vivienda, conciliar familiar y trabajo son esenciales. Así que la disponibilidad de un empleo estable, poder conciliar horarios laborales con obligaciones familiares y disponer de una vivienda son los elementos que más favorecen expectativas de futuro en familia. Porque tener hijos no es un gasto puntual, sino que es un compromiso de décadas, el tiempo que esté a tu cargo... y en ocasiones toda la vida. Así que una ayuda de 2.500 euros no resuelve todos esos factores. Por lo tanto, no es que estemos ante una sociedad que ya no quiera tener hijos, sino que existen cada vez más personas que no logran materializar el proyecto familiar que desean. Y comienza con el retraso en la emancipación que ya no puede achacarse a que se termine más tarde en los estudios, sino a la incertidumbre en el futuro. Además, la experiencia internacional muestra que todos esos factores de alquileres caros, jornadas largas y emancipación tardía es síntoma de todos los países con tasas de baja fecundidad.

Ahora bien, tampoco puede achacarse todo a factores económicos, sino que también imperan elementos culturales y sociales. Ciertamente es difícil revertir tendencias demográficas una vez consolidados ciertos hábitos, incluyendo una alimentación más desequilibrada que nunca y que perjudica la fertilidad de mujeres y hombres y modelos de pareja que deciden no tener hijos, así como expectativas y aspiraciones más individuales que colectivas. Así que la reproducción y fecundidad también dependen de decisiones acumuladas durante toda la vida y no de estímulos aislados.

Lo peor es que para contra todos esos elementos e incentivar a un cambio de deriva, aunque se aplicasen políticas eficaces, tardarían décadas en notarse plenamente. Así que algunos países están recurriendo más a contener las jubilaciones retrasándolas o a reformar el Estado del bienestar con recortes directos o indirectos (vía inflación) mientras estudian cómo contener la caída de nacimientos.

La experiencia sueca y el plan alemán

Suecia es un caso muy interesante porque, a diferencia de España, decidió afrontar el problema demográfico desde la reforma del sistema de pensiones más que confiando en que aumentara la natalidad o la inmigración. Suecia aplica políticas familiares muy generosas con guarderías subvencionadas, permisos parentales amplios y ayudas sociales. Sin embargo, la natalidad sueca también lleva años cayendo. Por eso, acabó aceptando la realidad de que no podía basar la sostenibilidad de las pensiones en que naciesen suficientes niños. Así que diseñó un sistema capaz de ajustarse automáticamente al envejecimiento. La gran reforma se aprobó en los años 90 y entró plenamente en vigor a comienzos de este siglo. En un primer momento, el sistema prometía una pensión determinada pero ahora la lógica es distinta. Cada trabajador acumula derechos en función de lo cotizado y la pensión final depende de lo aportado durante toda la vida laboral así como de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece. Además, una parte de las cotizaciones no va al sistema de reparto tradicional, sino que se invierte en fondos financieros seleccionados por el trabajador. Esto no sustituye al reparto, pero sí que reduce en cierta medida la dependencia de las pensiones de lo aportado por los trabajadores al dividirse el sistema en tres patas: pensión estatal, de la empresa y ahorros.

Suecia creó dos frenos al sistema para protegerlo de la insostenibilidad. Primero, el factor longevidad. Si una generación vive más años que la anterior, el capital acumulado debe repartirse durante más tiempo, por lo que la pensión mensual descendería si la edad de jubilación no aumenta. También creó un freno automático, activado cuando los compromisos futuros de este sistema superen los recursos previstos. En tal caso, las revalorizaciones se reducirían temporalmente y los derechos acumulados se ajustan. Son medidas que pueden resultar impopulares y sobre todo la segunda, pero evitan que el sistema acumule déficits crecientes. En España, el único ajuste que existe es aumentando cotizaciones, recurriendo a la Deuda pública o mediante transferencias presupuestarias. Y en esta última vía tenemos que recordar la operación que roza el fraude total de desviar más de 8.000 millones de euros de los Fondos Europeos a las pensiones.

Por otra parte, Suecia proporciona una jubilación flexible permitiendo combinar trabajo, pensión parcial y retraso de la jubilación de manera que la edad efectiva ha ido aumentando gradualmente. La filosofía es sencilla: como vivimos más años, trabajaremos más de media. Esto puede ser el elemento que refuerce al propio sistema tal y como está definido. En el caso de España, únicamente en la Administración estamos asistiendo a prolongaciones del servicio activo, no a jubilaciones parciales, de manera que no pocas personas nacidas desde finales de los años 50 están retrasando sus jubilaciones entre 2 y 5 años.

En resumen, Suecia entendió que el problema es estructural porque que el envejecimiento es irreversible, diseñó un sistema que mantiene el equilibrio mediante ajustes automáticos, la pensión se adapta a la demografía y todo es más sostenible financieramente aunque menos generoso. España, por el contrario, mantiene la pensión como un arma política teniendo en cuenta que son el colectivo más numeroso, realiza ajustes aumentando ingresos y la presión recae siempre sobre trabajadores y presupuestos públicos. Y esto no es exclusivo del PSOE, pues cuando entre el PP no tiene pinta de que se atreva a proporcionar cambios.

Alemania, pese a ser tradicionalmente el Estado más solvente de Europa, se enfrenta a una crisis de sostenibilidad de su sistema debido al desbocado gasto en pensiones (que absorbe más del 40% del presupuesto público) y a la presión demográfica que apunta a que se jubilarán más de 15 millones de alemanes en los próximos años. Un comité de expertos facilitó un informe al Gobierno con una serie de recomendaciones que se centran en tres pilares que en parte recuerdan al sueco: jubilación vinculada a la esperanza de vida pudiendo alcanzar los 70 años, sostenibilidad con desindexación del IPC y creación de un fondo de ahorro obligatorio estatal. En este último respecto, las cotizaciones subirían dos puntos (trabajador y empresa) pero irían a cuentas de ahorro en lugar de a la Seguridad Social. Sin embargo, el ciudadano seguiría dependencia de la solvencia del Estado que gestionaría esas carteras (pudiendo invertir o endeudarse) y, mientras exista déficit, las pensiones seguirían creciendo menos que los salarios e indirectamente desincentivarían la jubilación.

Sistema mixto público-privado

El economista Daniel Lacalle es uno de los defensores de la evolución del sistema de reparto hacia uno mixto, similar en algunos aspectos al sueco. Considera que el sistema actual está quebrado porque necesita de continuos rescates e ingresos externos como Deuda pública para mantenerse y ha generado un importante choque intergeneracional. Los jóvenes pagan cada vez mayores cotizaciones y sus expectativas de prestaciones futuras son menores. 

No se trata de eliminar las pensiones públicas, sino de cambiar su estructura a un sistema mixto de capitalización pública-privada. Sus elementos principales serían dos. Primero, mantener un pilar público básico garantizado para evitar la pobreza en la vejez pero financiado fundamentalmente mediante impuestos generales y no exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Segundo, cada trabajador tendría una especie de cuenta virtual donde se registrarían aquéllas a lo largo de toda su vida laboral. Una parte de ese dinero se invertiría para generar rentabilidad. En cuanto a su revalorización, se propone que se vincule a la productividad, es decir, a la capacidad de creación de riqueza y rendimiento económico del país en ese momento en atención a sus salarios.

Además, el sistema goza de transparencia porque en todo momento el ciudadano sabe no ya cuánto ha cotizado, sino cuánto podría cobrar y qué impacto tendría jubilarse antes o después sin depender de las inclemencias de las decisiones políticas.

Por otra parte, se defiende también incentivar el ahorro privado con más incentivos fiscales como planes de pensiones complementarios y que, de esa manera, el ciudadano tenga más patrimonio acumulado para la jubilación.

Respecto a las críticas de este sistema, los detractores consideran que el coste de transición puede ser enorme, dado que mientras que una parte de las cotizaciones va a cuentas individuales hay que seguir pagando las pensiones actuales. En segundo lugar, la capitalización implica exposición a mercados financieros que en épocas pueden ir bien y en alza, pero en otras pueden arrojar pérdidas. También puede suceder que personas con carreras laborales irregulares acumulen menos y, en consecuencia, aumentar las desigualdades si no existen mecanismos redistributivos. En esa misma línea, desvincular la actualización del IPC resultaría más factible hacerlo con las pensiones más altas que con las bajas.

Propuestas y conclusiones

Expuestos los datos y variables como los efectos de la inmigración, queda claro y constatado que el envejecimiento de la población no sólo es real, sino que irá en aumento incrementándose cada vez más el porcentaje de población mayor de 65 años a la par que disminuirá el de personas menores de edad. El invierno demográfico es un fenómeno estructural y probablemente irreversible en parte. No existe una medida milagrosa, pero lo que sí puede hacerse es ralentizarlo y adaptarse mejor a él.

Fomentar y no imponer la facultad de retrasar la jubilación. Existen puestos de trabajo que, por su naturaleza, pueden ser ejercidos por personas mayores de 65 años sin que el eventual desgaste físico o mental perjudique su salud o el ejercicio de sus tareas. Por ejemplo, en la Administración se está recurriendo en algunos casos a prorrogarse en el servicio activo. Esto permite que gente con muy alta experiencia y sobre todo en puestos de importante responsabilidad continúen mientras se renueva la Administración y ralentiza la salida masiva de empleados públicos. No olvidemos que existe un porcentaje muy alto de personas que accedieron a la condición de funcionario en los años ochenta, cuando se construyó el Estado administrativo surgido de la Constitución de 1978. En el sector privado pueden existir puestos similares, pero una vez más debe constar informe tanto médico como la voluntad libre de esa persona. Igualmente, puede fomentarse la jubilación parcial siempre que incluya un contrato de relevo.

Favorecer que nazcan los hijos que ya se desean. Las encuestas del INE muestran desde hace años que los españoles tienen menos hijos de los que querrían tener. Por tanto, el objetivo más realista no sería convencer a la población de tener muchos hijos, sino eliminar obstáculos. Afectan muchas variables como la vivienda accesible para jóvenes, la temporalidad y las perspectivas de empleo, pero creo que en la que más rápido se puede avanzar es en la conciliación laboral y familiar. Pero la variable más directa son las dificultades que tienen los padres en el día a día en un escenario en que los dos trabajan y los abuelos o son muy mayores o están en el camposanto. Es necesario que las normativas laborales permitan una conciliación real y proveer más permisos como reducciones horarias u horarios más racionales, ampliación y flexibilidad de escuelas infantiles y prioridades para padres y madres. Igualmente, disfrutar de más deducciones en IRPF y Sociedades. Porque una ayuda puntual sólo adelanta una decisión, no la transforma. Resumidamente, debería ser más rentable tener 2 hijos que sólo 1. Lo que no sería realista, por los cambios en el estilo de vida a que me he referido antes, sería pensar en 3 hijos por familia. Bastante lograríamos si con más derechos incrementásemos en uno el número de hijos previsto.

Incrementar la productividad, atraer el talento y una inmigración formada. Si queremos que "nos paguen las pensiones", un modelo inmigratorio que priorice trabajos precarios o de baja productividad no lo va a conseguir. Ello no significa que los empleos manuales deban de desdeñarse.  Lo que lo frena es el sistema impositivo y el marco regulatorio, que deben orientarse a atraer a perfiles profesionales deficitarios y agilizar en lo posible homologaciones de títulos con los necesarios convenios internacionales que favorezcan la inserción laboral. Igualmente, la formación debe de facilitar la integración lingüística de los que no conocen el idioma castellano o las lenguas cooficiales. Ahora bien, con independencia de que sean nacionales o extranjeros, en los sectores punteros a día de hoy (energía, centros de datos, inteligencia artificial...), debemos ser capaces de atraer personal cualificado que aquí no tengamos. Porque más productividad será más crecimiento, mayor riqueza, mayores recaudaciones y permitirnos el gasto público incurrido y no basta con aumentar el número de trabajadores si la productividad permanece estancada.

Reformar el sistema de pensiones. Tenemos varios ejemplos, como el modelo sueco y la propuesta alemana. Soy consciente de que un cambio radical no es posible, pero si gradual. Se trataría de evolucionar a un sistema mixto público-privado en el que la gente con mayor poder adquisitivo invierta la mayor parte de su cotización en un plan de pensiones privado. Podría confiar en un bróker o en las alternativas más conservadoras. El público siempre va a estar para todos, pero hay que incentivar que el sistema no dependa en exclusiva de transferencias corrientes. Además, los frenos al estilo sueco evitarían que las generaciones próximas a jubilarse tengan que asumir todo el coste en épocas de crisis y serían un mecanismo de "solidaridad intergeneracional" más equitativo.

El problema es que esto ya supondría una reducción de los ingresos del Estado en cotizaciones para abonar las pensiones presentes. Pues bien, ello nos lleva a algo inevitable que es atreverse a congelar las pensiones. No me parece que haya que hacerlo con las más bajas ni tan siquiera medianas, pero sí con las más altas y a partir de cierto umbral. Porque en España y en cualquier otro país de Occidente que está viviendo la amenaza del invierno democrático, tenemos que arrimar todos el hombro. Y más cuando el estrato mayoritario es sostenido con pensiones públicas. Igualmente, es esencial recortar el gasto público en áreas absolutamente improductivas y que sólo sirven para propaganda gubernamental como la publicidad institucional que riega a medios de comunicación de todos los colores.

Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad envejecida. Es inevitable que en el futuro habrá más personas jubiladas, dependencia y demanda sanitaria. Eso obligará a planificar la atención sociosanitaria, cuidados de larga duración, formación y contratación de cuidadores y ciudades más accesibles. A este último respecto, las Administraciones ya ese están moviendo.

En definitiva, España no necesita elegir entre natalidad o inmigración ni entre pensiones o crecimiento económico. Necesita una estrategia demográfica integral: favorecer que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, atraer e integrar inmigración de forma planificada, adaptar el sistema de pensiones al aumento de la esperanza de vida e impulsar una economía más productiva no son medidas incompatibles, sino complementarias. El invierno demográfico difícilmente desaparecerá, pero una combinación de políticas coherentes puede amortiguar sus efectos y hacer más sostenible el Estado del bienestar para las próximas generaciones.

Finalizado el artículo, al igual que el post anterior no puedo despedirme sin hacer una mención a la selección española de fútbol que el pasado domingo conquistó el Mundial de EEUU, Canadá y México tras imponerse en la gran final a la Argentina de Messi por 1-0. Invito a leer el post de homenaje en este enlace de mi otro blog. ¡¡VIVA ESPAÑA!!