El caso Guillermo Zapata
Zapata era concejal de Ahora Madrid tras las elecciones municipales en 2015. Fueron las que permitieron a Manuela Carmena convertirse en Alcaldesa desbancando a Esperanza Aguirre que perdió la mayoría absoluta. Su caso estalló nada más tomar posesión como edil responsable en el área de Cultura, dado que salieron a la luz diversas publicaciones antiguas de 2011 en Twitter. En dichos mensajes escribió varios chistes de humor negro sobre el terrorismo etarra, víctimas del holocausto, Irene Villa o las niñas de Alcásser. Algunos de ellos eran tal que así: "¿Cómo meterías a cuatro millones de judíos en un SEAT 600? En el cenicero" o "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".
Descontextualizados, tenían un impacto lamentable y generaron tal rechazo social y político que terminó dimitiendo de su cargo para evitar daños al gobierno municipal, si bien permaneció como concejal raso. Fue procesado por un presunto delito de humillación las víctimas del terrorismo y Zapata defendió que dichos comentarios se escribieron en el contexto de un debate digital sobre los límites del humor negro, que había copiado chistes para ejemplificar expresiones macabras y sin ánimos de ofender ni generar odio personal hacia ninguna víctima. Es más, Irene Villa declaró públicamente que no se sentía humillada.
La causa penal pasó por un largo proceso que Santiago Pedraz archivó hasta en tres ocasiones al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, la insistencia de la asociación Dignidad y Justicia logró reabrir el caso y sentarlo en el banquillo de los acusados en noviembre de 2016. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó absolviendo a Zapata al enmarcar los mensajes en un desliz desafortunado sobre los límites del humor macabro. Por tanto, pese a ser mensajes desagradables se hallaban fuera del círculo del Código Penal y no tenían la entidad suficiente como para constituir una humillación real a las víctimas del terrorismo.
El caso Cassandra Vera
De este caso ya hablamos en este mismo blog en su "primera etapa", pero sin entrar en la profundidad habitual en esta nueva. Fue otro de los primeros procesos judiciales en España sobre la libertad de expresión, humillación a víctimas y límites del humor en Internet y en el contexto de la polémica "Ley Mordaza", como se bautizó así a la reforma de la Ley de Seguridad del Gobierno Rajoy. De una manera más marcada que el caso de Zapata (al recibir una condena inicial) se constituyó en un precedente significativo contra la criminalización del discurso en redes sociales que no promueva de forma directa el discurso de odio o la violencia física.
Cassandra era entonces una estudiante trans de la Universidad de Murcia y entre 2013 y 2016 publicó hasta trece tuits con chistes e ironías sobre el atentado de ETA que asesinó a Luis Carrero Blanco, que fue presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. Fue en 2016 cuando, a raíz de una denuncia de la Fiscalía (no fue ni la familia del almirante), se le acusó de un delito por el que se le pedían inicialmente dos años y medio de prisión. En 2017, la Audiencia Nacional la condenó a un año de presión y siete de inhabilitación absoluta por considerar que sus chistes mofaban y humillaban a persona que fue víctima del terrorismo etarra.
Sin embargo, un año después en 2018 fue el Tribunal Supremo quien anuló la condena. Determinó que aunque los chistes eran de mal gusto y socialmente reprochables, se trataba de expresiones en clave de humor sobre un suceso sucedido hace varias décadas y no constituían enaltecimiento de terrorismo ni justificaban la violencia. Aquí puede accederse a la sentencia completa, la 95/2018. Sus criterios fueron claros: la ausencia de injuriar o humillar (apreciándose sólo mofa o sarcasmo en contexto de humor e inexistencia de frases hirientes o ultrajantes contra la persona o su vida privada), el factor temporal y contexto histórico (más de 40 años después y siendo popular la sátira social sobre el coche volando), la condición de personaje público (que soporta mayor umbral de crítica que un desconocido como le pasa a P.S. cuando le cantan la "canción del verano") y ante todo la desproporcionalidad penal por la improcedencia de castigar con cárcel unos chistes. Esto último es básico porque nos ayudará a discernir una importante línea.
El caso Pablo Hásel
El asunto Hasel nos lleva a las condenas de un rapero por delitos de enaltecimiento del terrorismo más injurias a la Corona e instituciones del Estado a raíz de sus polémicas letras musicales y mensajes publicados en Twitter. Algunas de esas letras eran especialmente vomitivas como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero/socialisto", "merece que explote el coche de Patxi López" o "que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono". Más perlas criminales pueden leerse aquí y hasta en un concierto animó públicamente a cargarse a algún Guardia civil. La reincidencia de este espeluznante personaje viene de bastante tiempo atrás, ya que en 2014 la Audiencia Nacional ya le condenó por vez primera a 2 años debido al contenido de varias canciones publicadas en YouTube. Pese a ser confirmada en 2015, la ejecución quedó en suspenso al carecer de antecedentes.
En 2018, la AN le impuso de nuevo una pena de 2 años por enaltecimiento al terrorismo de organizaciones como ETA y GRAPO e injurias a la Corona e instituciones del Estado como las fuerzas de seguridad. En el mismo año recibió otra condena por delito de allanamiento de local tras incidentes en la Universidad de Lérida. Sin embargo, fueron reducidas en apelación de 2 años a 9 meses y un día de cárcel, además del pago de multas siendo ratificada por el Tribunal Supremo en 2020. En el mismo año fue condenado a otros 6 meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir y rociar con un producto de limpieza a un periodista durante un encierro estudiantil en 2016. Pero lo significativo fue que la confirmación de esta reincidencia por el TS revocó la suspensión de la primera condena y motivó su ingreso definitivo en la cárcel. Se hizo efectivo en Lérida en febrero de 2021 tras un encierro en la Universidad, que desencadenó fuertes protestas de grupos de extrema izquierda alegando libertad de expresión. Las manifestaciones en Cataluña provocaron disturbios, destrozos de mobiliario urbano y enfrentamiento con fuerzas de seguridad. También contó Hasel con el apoyo de Amnistía Internacional considerando que se le imponía un delito por su libertad de expresión. Mientras tanto, se dedicó a seguir acumulando condenas y por ejemplo por obstrucción a la Justicia y amenazar a un testigo.
La defensa del rapero elevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras inadmitirle el TC el recurso de amparo en noviembre de 2020. En dictamen de 9 de noviembre de 2023, el Tribunal de Estrasburgo desestimó el recurso y concluyó por unanimidad que la Justicia española sí tuvo en cuenta el principio de libertad de expresión y, por tanto, la pena impuesta fue proporcionada y no vulneró derechos fundamentales. El fallo determinó que los mensajes y canciones no podían ampararse en la libertad de creación artística, sino que contenían violencia y suponían una banalización y enaltecimiento del terrorismo injustificable, además de injurias contra la Corona. Así que se ratificó la pena de 9 meses de presión y las multas. Hasta la fecha permanece en Lledoners, está clasificado en segundo grado y rechaza programas de reinserción para acogerse a beneficios penitenciarios porque se sigue considerando "preso político". Aún así su comportamiento no es problemático y su fecha prevista de salida en libertad está prevista para abril de 2027.
El caso Anónimo García
El de Raúl San Mateo (su nombre real) es uno de los casos más paradigmáticos de cultura de cancelación a los que se ha asistido en la España del siglo XXI. Era un activista del colectivo ultrarracionalista Homo Velamine. Esta entidad postulaba que el ser humano actúa movido por intuiciones morales o pasiones emocionales y que de forma secundaria emplea la razón para justificarlas. Así que fue concebido como una suerte de "guerrilla armada del surrealismo" adaptada a la era de Internet y cuyo fin era cortocircuitar los dogmas políticos, el sensacionalismo de los medios de comunicación y la autocomplacencia social. Es decir, una mezcla entre incorrección política y humor inteligente.
En diciembre de 2018, Anónimo García ideó a través de HV un experimento social con la creación de la web tourlamanada.com. Dicho sitio simulaba ofrecer una ruta turística por los puntos de Pamplona donde, la noche de los Sanfermines de 2016, habría paseado la víctima de agresión sexual del grupo La Manada con el mismo. El mencionado sitio fake fue realmente concebido como un cebo para denunciar el sensacionalismo y el negocio mediático en torno al caso, de manera que se comprobase si los medios picaban en dicho anzuelo y convertían un suceso desgraciado en un producto morboso. Sin embargo, la reacción de la prensa fue muy distinta. Programas de televisión y periódicos nacionales difundieron masivamente la existencia del tour como algo real, sin contrastar la información ni comprobar que la web mutó a los tres días para publicar su desmentido explicativo. La campaña de cancelación fue tal que Greenpeace, donde trabajaba precisamente en el departamento de libertad de expresión, le despidió y, seguidamente, el colectivo Homo Velamine acabó desintegrándose. Ferias de autoedición, charlas, festivales... Todo anulado y cancelado.
El calvario judicial tuvo su primera fecha dolorosa en diciembre de 2019, cuando el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona le impuso a García un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral más una indemnización de 15.000 euros pero que con el tiempo escaló hasta 33.000. El juzgado entendió que la web agravó el estrés postraumático de la víctima, como se aludió en la querella. Seguidamente, la Audiencia provincial de Navarra en julio de 2020 mantuvo la condena en apelación interpretando la parodia en su literalidad y en diciembre de ese año el Tribunal Supremo inadmitió el recurso en casación, obligando al activista a seguir afrontando un fuerte repudio social. Todo esto motivó un libro publicado por Juan Soto Ivars titulado Nadie se va a reír, conceptuando el caso como un juicio a la ironía y visibilizó los riesgos judiciales de la sátira en entornos de alta polarización social.
En mayo de 2025, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la condena de cárcel que pesaba sobre García, dictaminando que su acción fue una crítica satírica amparada por la libertad de expresión. Consideró que la intención de García nunca fue vejar ni humillar a la víctima de la violación grupal (como exige el artículo 173.1 del CP respecto del delito de integridad moral) y puso de manifiesto la falta de sensibilidad del reproche penal en las sentencias ordinarias dictadas. A tal respecto, indicó que el Derecho Penal no debe castigar las manifestaciones satíricas que formulen críticas a las dinámicas de desinformación de los medios de comunicación. La abogada de la recurrente declaró que llevaría el caso al TEDH. Sin embargo, considero incontestable la doctrina del TC e incluso el propio tribunal de Estrasburgo tiene antecedentes validando la crítica satírica. Así que espero, por el bien de la libertad de expresión, que mantenga dicha doctrina. Actualmente, Anónimo García tiene una cuenta en YouTube que añado a mi lista y en la que trata de recuperar el espíritu filosófico de Homo Velamine.
El caso Camilo de Ory
Este escritor generó una enorme polémica en Twitter cuando en enero de 2019 posteó unos mensajes mientras se realizaba la dramática búsqueda a contrarreloj del menor de dos años Julen que cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Se trataron de unos tuits satíricos y con cierto tono macabro que fueron interpretados como mofa de la situación y de hecho yo mismo fui uno de los indignados. Y es que algunos de los mensajes fueron estos: "Cómo has podido caer tan bajo, Julen", "Digo yo que el niño también podría escarbar un poco" o "si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginado lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones". Estas publicaciones provocaron un enorme rechazo social debido a la extrema sensibilidad del rescate y recibió centenares de amenazas. Pero también hay que tener en cuenta un detalle de contexto: fue retransmitido en directo por los medios. Aquí puede leerse una entrevista en julio de 2019.
Los padres denunciaron, pero el escritor sospechó que no vieron directamente los mensajes sino que probablemente alguien les habría avisado. El proceso judicial se alargó enormemente y tal vez pudo influir la pandemia. En enero de 2023, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid le condenó por un delito contra la integridad moral imponiéndole una pena de un año y medio de cárcel más una indemnización de 6.000 euros para los padres. Pocos meses después, la Audiencia Provincial ratificó esta condena tumbando de nuevo los argumentos de que los mensajes eran sólo epigramas humorísticos orientados a criticar el tratamiento mediático de la tragedia. Ambas instancias entendieron que el tuitero "incrementó injustamente el dolor" de la familia de forma deliberada calificando las publicaciones de ofensivas, humillantes y degradantes así como de menosprecio a la víctima de un suceso trágico. Sin embargo, una vez más la ironía fue ignorada al interpretarse judicialmente de modo literal. Y debo reconocer que yo tampoco supe ver aquélla y me dejé llevar por la corriente.
En julio de este 2026, el Tribunal Supremo (que esta vez sí admitió la casación) dictó la absolución de Ory determinando que los comentarios estaban protegidos por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Se estimaron las alegaciones de que realmente satirizaba el espectáculo mediático del rescate y que no pretendía dañar a la familia. Además, la ofensa carecía de destinatario directo cuando el delito contra la integridad moral exige una interrelación directa. En la sentencia citó doctrina del TC y TEDH, pero sobre todo la primera comparando este caso con el de Anónimo García. Respecto al segundo, aplicó sus baremos de contexto, capacidad del emisor, naturaleza del lenguaje, reiteración, medio y difusión. Por tanto, aún siendo comentarios desagradables, la insensibilidad no equivale a una infracción penal y como mucho podrían ser objeto de demanda civil (que tampoco vulnera el honor).
Conclusiones
La mayoría de estos casos tienen en común que sufrieron la interpretación más literal y descontextualizada posible de los artículos del Código Penal en relación con los hechos que se les imputaron. Chistes y mensajes irónicos fueron en realidad lo que expresaron a través de la red social Twitter o mediante otros espacios digitales. Sin embargo, las fiscalías y varias instancias judiciales no lo entendieron así y no cumpliendo todo lo que indica el artículo 3 del Código Civil. Hay que recordar que dicha norma es supletoria de todo el Derecho español en su conjunto, por lo que aplica también al Código Penal que no contiene previsión sobre la interpretación de sus normas (salvo la de regir hacia atrás cuando sea favorable al acusado):
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
En los casos de Cassandra Vera y Guillermo Zapata, el leit motiv el fondo es exclusivamente el humor negro. La primera había publicado también otros tweets que podrían resultar hirientes contra la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pero no fueron denunciados. Los chistes que abrieron su proceso judicial fueron referidos apuntando a un personaje histórico cuyo accidente mortal, en realidad, es uso recurrente humorístico desde hace tiempo. Respecto a Guillermo Zapata, ni tan siquiera llegó a tener una condena porque los tweets, aunque aisladamente sonaban mal, constituían igualmente humor negro. Lo sorprendente es que siendo este último caso anterior al de Vera, la misma Audiencia Nacional sí condenase a ésta antes de que el Tribunal Supremo la absolviera.
En cuanto a los de Anónimo García y Camilo de Ory, el fondo no es sólo el humor negro sino que se le une la sátira contra los medios. El sarcasmo es una herramienta inteligente de crítica pero que no siempre se entiende. No todo el mundo está preparado para ello. El primero sufrió un auténtico calvario e injustificada cancelación en el que - sin ningún género de duda - se impuso el escenario de concienciación y abrumadora mayoría en torno a la protección de la víctima de violación de La Manada. La extensión de reparación de su dolor por la que apostó su abogada encontró su apoyo en todas las instancias judiciales ordinarias posibles hasta que el Tribunal Constitucional levantó la palanca de la sensatez y le paró los pies. El problema es cuando entendemos que, por ofendernos de algo, ostentamos automáticamente la razón y el otro es el malo. No. Aquí se trata de leyes y de Justicia. Y en ocasiones, puede suceder que no se aplica correctamente el artículo 3 del Código Civil. La doctrina sentada por el TC permitió que el Tribunal Supremo terminara absolviendo a Camilo de Ory. Pues a pesar de que sus mensajes podían sonar lamentables y muy desagradables, el enfoque era crítico contra el tratamiento informativo pero no con intención de denigrar directamente a la victima.
Finalmente, en cambio, el caso de Pablo Hásel no es en absoluto comparable con los otros. Aquí ya no hablamos de chistes ni de ironías ni crítica satírica. Estamos hablando de mensajes contenidos en letras de canciones en los que se exhibe odio y se hace apología de la violencia incluyendo la terrorista. No existe contexto democrático posible que ampare semejantes mensajes criminales en la libertad de expresión. Y es por eso por lo que todas las instancias judiciales de España y hasta el TEDH le cerraron la puerta. La de la libertad se la abrirán el próximo abril de 2027, si bien parece claro que este individuo no habrá aprendido absolutamente nada.
En definitiva, el límite claro separa la ironía y el humor (que apunta más a lo que rodea a lo expresado) del ataque directo y la incitación al odio y a la violencia (que apunta al sujeto o colectivo aludido). Porque por mucho que se hable de que ha de estar penalizado el odio, odiar en sí no es objeto de delito porque forma parte de la libertad de pensamiento. Lo que está penado y no admite descontextualización alguna es incitar a otras personas al odio y especialmente a la violencia.
