Bolivia
Durante muchos años Bolivia ha sido un país económicamente estable gracias a sus exportaciones de gas. Sin embargo en la era post-Covid comenzaron a surgir problemas muy visibles como la escasez de reservas internacionales como dólares, dificultades para importar combustible y una desaceleración del crecimiento. Además, pese a que Movimiento al Socialismo llevaba gobernando casi dos décadas, existían dos grandes bloques enfrentados liderados por el vigente presidente Luis Arce y el histórico Evo Morales y que terminaron cargándose el partido. Conflictos internos, acusaciones cruzadas y una sensación de pérdida de rumbo acentuaron junto con la crisis económica el desgaste de gobierno y muchos bolivianos entendieron que el ciclo estaba agotado. Morales acabó inhabilitado porque era inconstitucional volver a presentarse al margen de sus escándalos tramitados en vías judiciales y Arce optó por no presentarse dado el deterioro de su popularidad.
Las elecciones generales de 2025 estrenaron un sistema de dos vueltas en el país con comicios celebrados en agosto y octubre. Se alzó con la victoria el demócrata cristiano Rodrigo Paz al imponerse con un 54,5% de los votos frente al conservador Jorge Quiroga. Sí, no se clasificó ningún candidato de izquierda en la primera vuelta con un batacazo espectacular de MAS que perdió sus 21 senadores y casi todos los diputados quedando en 2 de los 73 con que partía. La izquierda se fue en masa a Samuel Doria de Unidad, si bien quedó muy lejos de los candidatos más votados con un 19,69%. Eso sí, llamó la atención que existió más de un millón de votos nulos, lo que interpretó Evo Morales (y pienso que no debió estar mal encaminado) que pudo ser debido a una campaña de protesta por su exclusión. Por consiguiente, la izquierda en Bolivia está más dividida que nunca.
Con posterioridad a las elecciones, Paz ha chocado de bruces con protestas masivas y bloqueos de carreteras durante semanas que acentúan escasez de alimentos. El detonante inmediato fue la retirada parcial de subvenciones a los combustibles a través de su programa de ajuste y a ello se une que Evo Morales sigue siendo un actor político con gran capacidad de movilización.
Chile: desconfianza de las instituciones e inseguridad
Xiomara Castro, tras su victoria en 2021, prometió romper con gobiernos anteriores asociados con corrupción y desgaste institucional. En materia de seguridad, pretendió recuperar el control territorial frente a las pandillas, reducir la extorsión y combatir el crimen organizado. A tal respecto, implementó medidas como un Estado de excepción inspirado parcialmente en el modelo Bukele. Sin embargo las reformas estructurales prometidas avanzaron lentamente y persistió la sensación de inseguridad entre parte de la población. En el ámbito económico, algunos datos mostraron mejoras relativas en empleo y reducción de pobreza respecto a años anteriores, pero prosiguieron problemas como bajos ingresos, desigualdad y dificultades percibidas por muchos hogares. Esa brecha entre ciertos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos (microeconomía) generó un espacio favorable para el discurso opositor tal y como pasó en Argentina en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Además, Honduras ha mantenido importantes flujos migratorios asociados a pobreza, violencia, escasas oportunidades económicas y desplazamiento internos.
Castro presentó a la ONU un borrador de acuerdo para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Una comisión de expertos ya había visitado Honduras en varias ocasiones para prestar asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades de anticorrupción. Identificaron varias leyes que obstaculizaban las investigaciones sobre corrupción y el Congreso derogó algunas de ellas, pero una ley que prohíbe las sanciones contra los legisladores por acciones realizadas "en el ejercicio de sus funciones" seguía aún vigente. Poco antes de la dimisión de su cuñado Carlos Celaya por un escándalo de reunión con narcotraficantes en 2013 y de su hijo José Manuel que era ministro de Defensa, Castro anuló un tratado con Estados Unidos que permitía la extradición de ciudadanos hondureños acusados de narcotráfico. Eso afectaba al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por un tribunal federal estadounidense en marzo. Por tanto, el castrismo hondureño se autoenmendó a la totalidad de su promesas clave.
Los comicios del 30 de noviembre de 2025 arrojaron una ajustada victoria en porcentaje del conservador Nasry Asfura frente al liberal Salvador Nasralla (si bien con 49 diputados frente a 41) mientras que Rixi Moncada, candidata oficialista, quedó en 35. El proceso estuvo rodeado de acusaciones de irregularidades como retrasos en el conteo y disputas entre actores políticos, reforzando la percepción de fragilidad institucional y desconfianza hacia el sistema político. La ONG Transparencia electoral estableció en su informe varias recomendaciones de tipo logístico como garantizar plazos en la contratación de proveedores tecnológicos con experiencia, implementar arquitecturas de conectividad, establecer calendarios de pruebas y consolidar protocolos que protegiesen decisiones técnicas de presiones partidarias. También propuso proporcionar una segunda vuelta y modificar el método de nombramiento de las autoridades implicadas para despolitizarlas.
Perú: economía estable y gestión política de escándalo
En Perú se asiste a la contradicción de una situación económica favorable que convive con una situación política absolutamente demencial, con unos líderes aferrados a la corrupción en una palmaria inestabilidad gubernamental. La economía se ha mantenido fuerte gracias a la Constitución de 1993, que entre otras cosas separa al Banco Central del Gobierno de forma que éste no puede solicitarle préstamos ni financiación. Eso favorece que el Sol peruano no se deprecie vía inflación ni impresión artificial de billetes y es recurrido como moneda reserva en países de Sudamérica como Brasil o Bolivia. Y, a pesar de que la deuda pública sea aproximadamente un tercio del PIB, la inversión extranjera (por ejemplo China) y las altas reservas internacionales mantienen la economía del país. Su único problema es la falta de inversiones internas en infraestructuras, pero eso ya es culpa de sus propios políticos. Ojo a lo que se viene a continuación.
Pedro Castillo llegó a designar a más de 70 ministros en cinco gabinetes distintos en menos de un año y medio, perjudicando seriamente a la gestión pública. Fracasó en proyectos como una nueva Constitución que fue rechazada por el parlamento y una ambiciosa reforma agraria que tuvo escasa implementación y fue acusado de corrupción por presuntas obras amañadas y favoritismos en las Fuerzas Armadas. El culmen fue el 7 de diciembre de 2022 en el que cometió un autogolpe, fue destituido por "incapacidad moral" y seguidamente arrestado y condenado. ¿Su excusa? que padecía amnesia y no se acordaba ni de lo que leyó. Le sustituyó Dina Boluarte durante casi 3 años (hasta octubre de 2025) y fue cesada del mismo modo que su antecesor. Hasta ese momento, duplicó el salario de los ministros, amnistió a militares y policías por violaciones de Derechos Humanos a finales del siglo XX, habría facilitado la fuga de su hermano y otros acusados por la Justicia, fue acusada de corrupción al descubrir una colección de joyas y relojes caros no declarados y el crimen organizado estaba más desatado que nunca. El siguiente fue José Jerí que en sólo cuatro meses aumentó la despoblación ciudadana, se incrementaron los homicidios y salieron a la luz contrataciones irregulares y presunto fraude fiscal siendo destituido en febrero de 2026. El último antes de las elecciones sería José María Balcázar que llegó a posicionarse a favor del matrimonio infantil. En fin, suficiente.
En las elecciones celebradas a dos vueltas en abril y junio de este año 2026, la contienda principal fue entre Keiko Fujimori, hija del polémico (para no variar) ex Presidente Alberto y Roberto Sánchez, la coalición de izquierdas. A pesar del espectáculo dado por políticos de ese espectro, la formación alternativa era otra distinta a Perú Libre, que es la que acogió a los cuatro anteriores. Sin embargo, esta nueva coalición prometía amnistiar a Castillo. Tras los comicios de segunda vuelta celebrados el 7 de junio, necesitaron varias semanas para contar todos los votos y designar a Keiko como la ganadora por poco más de 40.000 votos de diferencia, si bien en realidad es un margen ajustado muy típico en esta democracia peruana. Lo más sorprendente fue la anulación de... ¿más de un millón de votos? Según los expertos de allí, el motivo no es sino la tremenda desafección que muchos peruanos sienten hacia la política y sus gobernantes. Y conociendo su trayectoria, no es para menos. Por lo tanto, el cambio gubernamental no puede asociarse a una creencia firme en un proyecto alternativo.
Colombia: macrodeuda, violencia y corrupción
En el caso de Chile, adoptó medidas impopulares como una gestión de la inseguridad más propia de gobiernos conservadores y relegó sus proyectos estrella a una ciudadanía y a un Congreso sin contar con la confianza de la mayoría. Además, ya se hallaba minada por el empeoramiento de la situación económica.
Honduras y Perú coinciden en un escenario macroeconómico favorable pero también en importantes niveles de corrupción que erosionaron el bienestar a nivel microeconómico y la confianza institucional. La principal diferencia es que mientras que el primero estudió hacer algunas reformas hasta que vio que podían perjudicar a los suyos, en el segundo los políticos se han dedicado a usar el Estado para sus intereses de la manera más desacomplejada, provocando una terrible inestabilidad institucional y disparando la desafección ciudadana.
Perú y Bolivia registraron más de un millón de votos nulos pero por motivos supuestamente muy distintos. Mientras que en la primera se alude a una profunda desconfianza en las instituciones, en el segundo existe una importante masa de protesta que sólo asume como legítimo un sistema comandado por Evo Morales. Por lo tanto, la cultura democrática de los ciudadanos es opuesta en estos países.
En cuanto a Colombia, un país donde la violencia y la inseguridad son un problema desde hace varias décadas, no sólo volvió a superar al gobierno saliente sino que se vio envuelto en casos de corrupción mientras que se dedicaba a disparar el gasto público y con ello la inflación y la deuda.
De esta forma, lo que se percibe mayoritariamente no es tanto una confianza en el cambio político como una respuesta de castigo ante años de gestión política desnortada, corrupción, inseguridad y crisis económica de las familias. Años de decepción y frustración favorecen el movimiento "pendulazo" de populismos radicales de izquierda a otros conservadores (Kast, Fujimori y Asfura) o liberales (De la Espriella y Paz). Pero tampoco podría obviarse el posible efecto influenciador de líderes del continente como Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. El primero con un discurso agresivo pero de cambio radical ante la ruina económica total peronista y el segundo de lucha contra la elevada inseguridad ciudadana. Incluso podría haber el de Donald Trump, pues una parte de los electores podría entender que una mejor sintonía con la Administración de EEUU podría representar una ventana de oportunidad en el plano económico. No obstante, Bolivia sería la particularidad, pues responde más a un efecto secundario de la enorme polarización que ha conllevado que la izquierda populista se concentre en torno al personalismo representado en la figura de Evo Morales y la moderada (que prefiere renovar las caras) apostase por Samuel Doria. Pese a que los resultados de la segunda vuelta reforzaron a Paz, la realidad es que las calles están tomadas por la izquierda radical.

