Giro a la derecha en Latinoamérica: el nuevo mapa político

El pasado mes analicé la crisis de liderazgo en varios países de la Unión Europea. Hoy toca hablar de varios cambios de gobierno en Centroamérica y Sudamérica (América Latina) y me centraré en los cuatro que celebraron elecciones en 2025 y 2026: Bolivia, Chile, Honduras, Perú y Colombia. Dejo fuera a El Salvador (2019) y Argentina (2023) que se alejan del marco temporal más reciente aparte de que tampoco quiero extender demasiado el artículo (que ya de por sí suelen ser bastante largos). Tampoco hablaré de Costa Rica o Ecuador de 2025 que lo que han hecho ha sido mejorar resultados pero se sigue manteniendo el centro derecha. Lo que une a todos de los que hablaré hoy en el aspecto más formal es que se ha producido una alternancia de la izquierda populista a la derecha también populista o bien moderada, de manera que el mapa "rojo" se está pintando de azul a la espera de lo que suceda en Brasil en las elecciones de octubre de 2026. En principio, a día de hoy no existen perspectivas de que haya otro vuelco, por lo que me centraré en los países seleccionados y hasta qué punto han seguido la estela de El Salvador y Argentina.

Bolivia

Durante muchos años Bolivia ha sido un país económicamente estable gracias a sus exportaciones de gas. Sin embargo en la era post-Covid comenzaron a surgir problemas muy visibles como la escasez de reservas internacionales como dólares, dificultades para importar combustible y una desaceleración del crecimiento. Además, pese a que Movimiento al Socialismo llevaba gobernando casi dos décadas, existían dos grandes bloques enfrentados liderados por el vigente presidente Luis Arce y el histórico Evo Morales y que terminaron cargándose el partido. Conflictos internos, acusaciones cruzadas y una sensación de pérdida de rumbo acentuaron junto con la crisis económica el desgaste de gobierno y muchos bolivianos entendieron que el ciclo estaba agotado. Morales acabó inhabilitado porque era inconstitucional volver a presentarse al margen de sus escándalos tramitados en vías judiciales y Arce optó por no presentarse dado el deterioro de su popularidad.

Las elecciones generales de 2025 estrenaron un sistema de dos vueltas en el país con comicios celebrados en agosto y octubre. Se alzó con la victoria el demócrata cristiano Rodrigo Paz al imponerse con un 54,5% de los votos frente al conservador Jorge Quiroga. Sí, no se clasificó ningún candidato de izquierda en la primera vuelta con un batacazo espectacular de MAS que perdió sus 21 senadores y casi todos los diputados quedando en 2 de los 73 con que partía. La izquierda se fue en masa a Samuel Doria de Unidad, si bien quedó muy lejos de los candidatos más votados con un 19,69%. Eso sí, llamó la atención que existió más de un millón de votos nulos, lo que interpretó Evo Morales (y pienso que no debió estar mal encaminado) que pudo ser debido a una campaña de protesta por su exclusión. Por consiguiente, la izquierda en Bolivia está más dividida que nunca.

Con posterioridad a las elecciones, Paz ha chocado de bruces con protestas masivas y bloqueos de carreteras durante semanas que acentúan escasez de alimentos. El detonante inmediato fue la retirada parcial de subvenciones a los combustibles a través de su programa de ajuste y a ello se une que Evo Morales sigue siendo un actor político con gran capacidad de movilización.

Chile: desconfianza de las instituciones e inseguridad

Chile ha estado gobernado por una coalición de izquierdas liderada por el presidente Gabriel Boric (2022-2026). Entre sus logros sociales destacó la aprobación de las jornadas laborales de 40 horas y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, atravesó un panorama de crisis en importantes pilares. En lo económico, pese a la reducción de la pobreza se experimentó un bajo crecimiento promedio situándose en un 1,5%, agravado por el incremento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Políticamente tuvo dos fracasos sonados. El primero fue el proyecto de nueva Constitución de 2022 que marcó su legislatura. Fue rechazado por el 62% de los chilenos en el plebiscito de salida. Meses después, en mayo de 2023, la oposición liderada por Kast arrasó en las elecciones del nuevo Consejo Constitucional, aunque el nuevo texto también se rechazaría. El otro fracaso fue la ambiciosa reforma tributaria por la que se pretendía subir los impuestos al patrimonio y que fue rechazada por el Congreso al disponer la oposición de mayoría, forzando a que las modificaciones fuesen más moderadas. Además, se asistió a una crisis de seguridad ciudadana combinada con altas tensiones migratorias en la frontera norte y aumentando el narcotráfico a través de los puertos con Perú y Bolivia, tráfico ilegal de armas, redes de trata de personas y homicidios. Ante esto, promulgó medidas como la Ley Nain-Retamal, otorgando legítima defensa privilegiada a los carabineros o el plan Calle sin violencia. Todos estos factores acumulados destruyeron la confianza y la credibilidad en Boric prácticamente desde los inicios de su mandato. En consecuencia, no revalidó su candidatura.

Las recientes elecciones presidenciales en Chile se celebraron entre noviembre y diciembre de 2025 en dos vueltas, accediendo de nuevo José Antonio Kast y Jeannette Jara, militante del partido Comunista y candidata del oficialismo chileno en ese momento. Los resultados fueron incontestables, con un arrollador triunfo de la derecha conservadora por un 58,16% de los votos frente a Jeannete Jara que alcanzó un 41,84%. Además, de forma conjunta con la primera vuelta se había renovado la Cámara legislativa y la mitad del Senado, consolidando el poder de la derecha pero sin lograr mayorías. José Antonio Kast ha capitalizado el descontento centrando su campaña en dos frentes. Por una parte, en economía apoyando la apertura y el desarrollo de energías renovables para fortalecer la matriz productiva del país. Por otra parte, en materia de delincuencia, inmigración y orden, prometiendo expulsión de inmigrantes irregulares, cierre de fronteras y lucha contra el crimen organizado que controlaba los pasos ilegales del norte. La situación había sido tan caótica que buena parte del electorado progresista habría virado hacia las promesas de cambio sin que importase que el candidato fuese un histórico pinochetista y defensor del dictador de Chile entre 1973-1990.

Honduras: crisis económica y corrupción

Xiomara Castro, tras su victoria en 2021, prometió romper con gobiernos anteriores asociados con corrupción y desgaste institucional. En materia de seguridad, pretendió recuperar el control territorial frente a las pandillas, reducir la extorsión y combatir el crimen organizado. A tal respecto, implementó medidas como un Estado de excepción inspirado parcialmente en el modelo Bukele. Sin embargo las reformas estructurales prometidas avanzaron lentamente y persistió la sensación de inseguridad entre parte de la población. En el ámbito económico, algunos datos mostraron mejoras relativas en empleo y reducción de pobreza respecto a años anteriores, pero prosiguieron problemas como bajos ingresos, desigualdad y dificultades percibidas por muchos hogares. Esa brecha entre ciertos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos (microeconomía) generó un espacio favorable para el discurso opositor tal y como pasó en Argentina en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Además, Honduras ha mantenido importantes flujos migratorios asociados a pobreza, violencia, escasas oportunidades económicas y desplazamiento internos.

Castro presentó a la ONU un borrador de acuerdo para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Una comisión de expertos ya había visitado Honduras en varias ocasiones para prestar asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades de anticorrupción. Identificaron varias leyes que obstaculizaban las investigaciones sobre corrupción y el Congreso derogó algunas de ellas, pero una ley que prohíbe las sanciones contra los legisladores por acciones realizadas "en el ejercicio de sus funciones" seguía aún vigente. Poco antes de la dimisión de su cuñado Carlos Celaya por un escándalo de reunión con narcotraficantes en 2013 y de su hijo José Manuel que era ministro de Defensa, Castro anuló un tratado con Estados Unidos que permitía la extradición de ciudadanos hondureños acusados ​​de narcotráfico. Eso afectaba al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por un tribunal federal estadounidense en marzo. Por tanto, el castrismo hondureño se autoenmendó a la totalidad de su promesas clave.

Los comicios del 30 de noviembre de 2025 arrojaron una ajustada victoria en porcentaje del conservador Nasry Asfura frente al liberal Salvador Nasralla (si bien con 49 diputados frente a 41) mientras que Rixi Moncada, candidata oficialista, quedó en 35. El proceso estuvo rodeado de acusaciones de irregularidades como retrasos en el conteo y disputas entre actores políticos, reforzando la percepción de fragilidad institucional y desconfianza hacia el sistema político. La ONG Transparencia electoral estableció en su informe varias recomendaciones de tipo logístico como garantizar plazos en la contratación de proveedores tecnológicos con experiencia, implementar arquitecturas de conectividad, establecer calendarios de pruebas y consolidar protocolos que protegiesen decisiones técnicas de presiones partidarias. También propuso proporcionar una segunda vuelta y modificar el método de nombramiento de las autoridades implicadas para despolitizarlas.

Perú: economía estable y gestión política de escándalo

En Perú se asiste a la contradicción de una situación económica favorable que convive con una situación política absolutamente demencial, con unos líderes aferrados a la corrupción en una palmaria inestabilidad gubernamental. La economía se ha mantenido fuerte gracias a la Constitución de 1993, que entre otras cosas separa al Banco Central del Gobierno de forma que éste no puede solicitarle préstamos ni financiación. Eso favorece que el Sol peruano no se deprecie vía inflación ni impresión artificial de billetes y es recurrido como moneda reserva en países de Sudamérica como Brasil o Bolivia. Y, a pesar de que la deuda pública sea aproximadamente un tercio del PIB, la inversión extranjera (por ejemplo China) y las altas reservas internacionales mantienen la economía del país. Su único problema es la falta de inversiones internas en infraestructuras, pero eso ya es culpa de sus propios políticos. Ojo a lo que se viene a continuación.

Pedro Castillo llegó a designar a más de 70 ministros en cinco gabinetes distintos en menos de un año y medio, perjudicando seriamente a la gestión pública. Fracasó en proyectos como una nueva Constitución que fue rechazada por el parlamento y una ambiciosa reforma agraria que tuvo escasa implementación y fue acusado de corrupción por presuntas obras amañadas y favoritismos en las Fuerzas Armadas. El culmen fue el 7 de diciembre de 2022 en el que cometió un autogolpe, fue destituido por "incapacidad moral" y seguidamente arrestado y condenado. ¿Su excusa? que padecía amnesia y no se acordaba ni de lo que leyó. Le sustituyó Dina Boluarte durante casi 3 años (hasta octubre de 2025) y fue cesada del mismo modo que su antecesor. Hasta ese momento, duplicó el salario de los ministros, amnistió a militares y policías por violaciones de Derechos Humanos a finales del siglo XX, habría facilitado la fuga de su hermano y otros acusados por la Justicia, fue acusada de corrupción al descubrir una colección de joyas y relojes caros no declarados y el crimen organizado estaba más desatado que nunca. El siguiente fue José Jerí que en sólo cuatro meses aumentó la despoblación ciudadana, se incrementaron los homicidios y salieron a la luz contrataciones irregulares y presunto fraude fiscal siendo destituido en febrero de 2026. El último antes de las elecciones sería José María Balcázar que llegó a posicionarse a favor del matrimonio infantil. En fin, suficiente.

En las elecciones celebradas a dos vueltas en abril y junio de este año 2026, la contienda principal fue entre Keiko Fujimori, hija del polémico (para no variar) ex Presidente Alberto y Roberto Sánchez, la coalición de izquierdas. A pesar del espectáculo dado por políticos de ese espectro, la formación alternativa era otra distinta a Perú Libre, que es la que acogió a los cuatro anteriores. Sin embargo, esta nueva coalición prometía amnistiar a Castillo. Tras los comicios de segunda vuelta celebrados el 7 de junio, necesitaron varias semanas para contar todos los votos y designar a Keiko como la ganadora por poco más de 40.000 votos de diferencia, si bien en realidad es un margen ajustado muy típico en esta democracia peruana. Lo más sorprendente fue la anulación de... ¿más de un millón de votos? Según los expertos de allí, el motivo no es sino la tremenda desafección que muchos peruanos sienten hacia la política y sus gobernantes. Y conociendo su trayectoria, no es para menos. Por lo tanto, el cambio gubernamental no puede asociarse a una creencia firme en un proyecto alternativo.

Colombia: macrodeuda, violencia y corrupción

El ejecutivo de Gustavo Petro en Colombia, en la recta final de su mandato (2022-2026), se vió fuertemente sacudido por un incremento generalizado de la criminalidad, escándalos de corrupción y crisis económica. Primero, se asistió a la pérdida del control de la seguridad con la expansión de grupos armados ilegales y aumentando delitos como la extorsión, el secuestro, terrorismo y reclutamiento de menores. Segundo, se denunciaron desfalcos como la adquisición de carrotanques de agua con sobrecostes y pago de comisiones, financiación ilegal de la campaña de Petro de 2022 al exceder los límites legales e incluso se terminó procesando a su hijo Nicolás por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo. Tercero, el país arrastraba una inflación alta (cerró 2025 por encima del 5% y se proyecta en 6,4% para finales de 2026), lo que obligó al Banco Central a subir los tipos de interés al 11,25%, encareciendo el crédito y con un déficit público rondando el 7% del PIB.

Las elecciones estuvieron marcadas por un ambiente de alta violencia: casi 500 amenazas de muerte, colaboradores asesinados, un coche bomba en la Panamericana y el recuerdo del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Abelardo de la Espriella, conocido como "el tigre", resultó electo presidente de Colombia con un estrecho margen: el 49,65% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda y con una subida de participación del 5%. Ello responde a que el país se encuentra completamente polarizado entre una derecha que exige mano dura y una izquierda que rechaza los recortes económicos. El candidato derrotado y bendecido por Petro, Iván Cepeda, inicialmente, no reconoció los resultados y anunció la impugnación de 33.000 mesas de votación. Sin embargo, era muy poco probable que siguiese adelante porque recurrir mesas no sale gratis en Colombia y no sólo había que abonar una fuerte suma de dinero sino acreditar su pago dentro de unos plazos. Por ello terminó aceptándolos.

El nuevo presidente planea una revolución económica con un plan de ajuste fiscal que busca un crecimiento superior al 5% mediante la reducción del tamaño del Estado en un 40% (fusión de agencias y eliminación de gasto), desregulación y reducción de la carga tributaria y reactivar la producción de petróleo y gas (revirtiendo las políticas de Petro). Sin embargo, no todo es liberalización porque planea reducir exenciones y bonificaciones para generar más ingresos. En materia de seguridad pretende perseguir sin tregua a criminales y guerrillas mediante el uso de la fuerza bombardeando campamentos terroristas, retomando la fumigación aérea para destruir los cultivos de coca, construyendo 10 megacárceles privadas vigiladas por veteranos y reservistas, etc... Es decir un programa que recuerda mucho a una mezcla entre Javier Milei y Nayim Bukele. Aunque tiene un pasado muy curioso, en el que fue abogado de controvertidos clientes como Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Conclusiones

Los casos estudiados de reciente cambio político en América Latina tienen en común que vienen de una pésima gestión política de los gobiernos de izquierdas precedentes, unas perniciosas políticas intervencionistas de la economía, un cuestionable compromiso democrático en sus filas y una importante desconexión con el pueblo.

En el caso de Chile, adoptó medidas impopulares como una gestión de la inseguridad más propia de gobiernos conservadores y relegó sus proyectos estrella a una ciudadanía y a un Congreso sin contar con la confianza de la mayoría. Además, ya se hallaba minada por el empeoramiento de la situación económica.

Honduras y Perú coinciden en un escenario macroeconómico favorable pero también en importantes niveles de corrupción que erosionaron el bienestar a nivel microeconómico y la confianza institucional. La principal diferencia es que mientras que el primero estudió hacer algunas reformas hasta que vio que podían perjudicar a los suyos, en el segundo los políticos se han dedicado a usar el Estado para sus intereses de la manera más desacomplejada, provocando una terrible inestabilidad institucional y disparando la desafección ciudadana.

Perú y Bolivia registraron más de un millón de votos nulos pero por motivos supuestamente muy distintos. Mientras que en la primera se alude a una profunda desconfianza en las instituciones, en el segundo existe una importante masa de protesta que sólo asume como legítimo un sistema comandado por Evo Morales. Por lo tanto, la cultura democrática de los ciudadanos es opuesta en estos países.

En cuanto a Colombia, un país donde la violencia y la inseguridad son un problema desde hace varias décadas, no sólo volvió a superar al gobierno saliente sino que se vio envuelto en casos de corrupción mientras que se dedicaba a disparar el gasto público y con ello la inflación y la deuda.

De esta forma, lo que se percibe mayoritariamente no es tanto una confianza en el cambio político como una respuesta de castigo ante años de gestión política desnortada, corrupción, inseguridad y crisis económica de las familias. Años de decepción y frustración favorecen el movimiento "pendulazo" de populismos radicales de izquierda a otros conservadores (Kast, Fujimori y Asfura) o liberales (De la Espriella y Paz). Pero tampoco podría obviarse el posible efecto influenciador de líderes del continente como Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. El primero con un discurso agresivo pero de cambio radical ante la ruina económica total peronista y el segundo de lucha contra la elevada inseguridad ciudadana. Incluso podría haber el de Donald Trump, pues una parte de los electores podría entender que una mejor sintonía con la Administración de EEUU podría representar una ventana de oportunidad en el plano económico. No obstante, Bolivia sería la particularidad, pues responde más a un efecto secundario de la enorme polarización que ha conllevado que la izquierda populista se concentre en torno al personalismo representado en la figura de Evo Morales y la moderada (que prefiere renovar las caras) apostase por Samuel Doria. Pese a que los resultados de la segunda vuelta reforzaron a Paz, la realidad es que las calles están tomadas por la izquierda radical.

El experto en geopolítica Enrique Fonseca nos comenta en su canal que existen varios factores que explican el dominio de la derecha en Latinoamérica ya sean cambios políticos o manteniéndose. En general, en estas regiones las alternancias dependen mucho de la gestión económica. Si existe crisis, quitan al que está y viene otro. Si todo va bien, lo mantienen. Es por eso que si los nuevos mandatarios no cumplen con sus promesas, los ciudadanos volverán a pasarle el testigo a la izquierda. Y más específico, los outsiders (De La Espriella) están ganando el relato gracias a un discurso anti vieja política que ha calado en redes sociales y con un estilo de comunicación que, pese a ser populista, es mucho más atractivo que el aburrido tradicional.