El aquelarre Sanchista de Televisión Española

Desde su fundación en 1946 con la radio y posteriormente 1957 con la televisión, el ente público RTVE ha sido la principal apuesta informativa y cultural de los españoles. Sin embargo, desde sus mismos primeros inicios, ha sido aprovechado para la propaganda política de turno. Desde la dictadura del Franquismo pasando por los gobierno de UCD, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y la actualidad con Sánchez. Sin embargo, pese a las manipulaciones, tergiversaciones, medias verdades o directamente bulos a los que se ha venido asistiendo, el nivel de aceleración y falta de complejos al que se ha llegado con el Sanchismo es, cuanto menos, impresionantemente audaz. En este blog, sin cercenar mi ideología y pensamientos propios, me rijo no obstante por el rigor. Esa es mi línea roja para evitar que este espacio sea un panfleto más de los que pululan por la red. Sin embargo, eso no quita para que pueda sentirme libre para "destrozar" con argumentos lo que considero un ejemplo de total falta de rigor y parcialidad extrema que deja en paños menores cualquier comparación posible. Y menos piedad habría que tener cuando el 30 de octubre de 2024, el día después de la tragedia de la DANA, el Congreso no suspendió una sesión extraordinaria dejando como único punto del orden del día el asaltar el control de RTVE por parte del Gobierno del PSOE y sus socios. Perdón, su banda. Vamos a hablar con propiedad y comentar en primer lugar la crisis de credibilidad con denuncias internas y posteriormente analizar como su parrilla se dedica a ejercer de eco de un mismo discurso dictado desde Moncloa.

La guerra interna por el sesgo en los Consejos de Informativos

En 2025, el Consejo de Informativos de TVE (en adelante Cda, compuesto por 13 trabajadores elegidos por los responsables de información) abrió una investigación interna amparada en el Estatuto de Información y relativa a los espacios de Mañaneros 360 y Malas Lenguas. Ambos, de coproducción externa, combinan tertulianos en plató con conexiones en directo como es habitual en muchos formatos de todos los canales. En 2026, presentó un informe acusando de sesgo en los programas por incumplimiento reiterado de las "normas fundamentales para la elaboración de la información" y que sus contenidos no se regían por criterios periodísticos, sino que la opinión se disfrazaba de información. Además, indicaron que se favorecía a quienes defendían la narrativa del PSOE y socios, con mejor reparto de tiempos en la mesa, concluyendo los debates y siendo reforzadas por los presentadores interrumpiendo en ocasiones de forma abrupta las posiciones contrarias. Por si fuera poco, las intervenciones se acompañan de un lenguaje agresivo y el tratamiento de la información se acompaña de infografías y sintonías musicales dramatizadoras. Por lo tanto, la imparcialidad brilla por su ausencia.

La Dirección de RTVE no sólo negó los hechos, sino que cargó duramente contra el informe con otro. Le acusó de invalidez metodológica para establecer conclusiones por basarse en 13 programas de un total de 400, de falsedad y de dañar la reputación descalificando la "profesionalidad y honestidad" de los equipos informativos sin disponer supuestamente de pruebas. Esto tuvo una respuesta del CdI, que tardó tiempo en llegar pero se hizo pública en abril. Solicitaron al Consejo de Administración que adoptase las medidas pertinentes para que los programas se ajustasen a la normativa vigente y se abandonase la externalización. Pero ante todo denunciaban que dicho CA imponía una superioridad jerárquica inexistente para justificar sus posiciones y que no atacaba profesionalidades sino mala praxis de los programas. Respecto a la muestra de programas, la justificaron en que el tramo era hasta junio de 2025 cuando comenzaron a elaborar el estudio y habían alcanzado porcentajes significativos de ambos espacios. También defendieron sus fuentes como el Manual de estilo y el Estatuto de Información de RTVE, las Leyes de Comunicación Audiovisual, Radio y Televisión pública. Seguidamente, convocaron una encuesta con urnas dirigida a los profesionales para el 24 de abril para conocer las opiniones sobre la independencia de los informativos, externalización de servicios y acciones de protesta. La participación fue de un 30%, si bien una amplia mayoría de los que votaron respaldaron al CdI. Alrededor de 440 trabajadores frente a 50 que apoyaron a la Dirección. Respecto a la abstención, aplaudida por la prensa servil como Público, se recordó que se desestimó la opción telemática que hubiese favorecido una mayor participación.

En mayo la guerra no había terminado. El CdI remitió sus informes a otras instancias: a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a la Comisión Mixta, al Parlamento Europeo y a Radiodifusión de la UE. Además, volviendo a partir de quejas aportadas por profesionales de la corporación, abrieron una segunda investigación y contra Mañaneros 360 por la cobertura informativa de la imputación de Zapatero. En lugar de asumir las críticas, el presidente de RTVE José Pablo López arremetió directamente contra el Cdi y la credibilidad del informe en comparecencia del 26 de junio en el Congreso, exhibiendo un choque sin precedentes entre la cúpula directiva y los representantes de los trabajadores. Además, el ambiente de tensión en la Televisión pública se ha contagiado a la radio, ya que la Dirección abrió en julio expediente disciplinario contra 7 miembros del CdI de RNE después de que denunciasen mala praxis en el informativo 24 horas y amparándose aquélla en un presunto maltrato psicológico y acoso laboral, del cual ni tan siquiera se les informó de su denunciante. Hasta entonces, se venían celebrando los "viernes negros" para protestar por la deriva de la cadena durante el último año.

Silvia Intxaurrondo, comisaria política y portavoz

Silvia Intxaurrondo es la que en un primer momento, antes de que Javier Ruiz le adelantase, ejerció el puesto no formal de portavoz del Gobierno en RTVE. Ese "ascenso" ya fue propiciado gracias a una trabajada entrevista para destrozar a Feijoo en plena campaña electoral, lo que un mes después se tradujo en una importante subida de sueldo. Si bien una posterior inspección de trabajo motivó su reducción dado que cobraba de una sociedad a la que pagaba RTVE y debía de ser directamente a la empleada. Con independencia de su guerra con el ente, su papel fundamental ha sido de reproducir literalmente el discurso de Moncloa como una extensión de la portavocía gubernamental en la televisión pública, como prueba la mimetización de la declaración de Pilar Alegría sobre la inmigración. 

Siendo la conductora del programa matinal, es quien primero puso énfasis en la persecución de los "bulos" proponiendo legislar y penalizar el acto de mentir (más allá del delito de injurias o contra el honor) y también la desacreditación de los "pseudomedios". Sin embargo, lo único que casa en su narrativa defensora del Gobierno sería promover la censura estatal para que el aparato gubernamental fuese quien calificase qué sería verdad y periodismo verdadero y qué sería un bulo, silenciando a las críticas. Y es que defendió expresamente que los perfiles de RRSS se vinculasen obligatoriamente a un DNI para identificar a los usuarios. Así, calificó de "bulo de la ultraderecha" que David Sánchez no supiese dónde estaba su despacho, cuando la propia comparecencia así lo dejó claro e igualmente con las acusaciones de Manos Limpias a Begoña Gómez que sigue imputada y camino del jurado popular. 

En su labor de comisaria política también insistió en desvincular a Sánchez de cualquier investigación de corrupción. Por ejemplo sobre el caso Ábalos frente a las filtraciones de audios y mensajes y atacaba los titulares de El Mundo afirmando aludiendo a que estaban para confundir al público, lo que contrasta con la postura ante los audios de Bárcenas. También llegó a declarar que lo de la UCO en Ferraz no fue un registro sino requerimiento de información y que para eso podrían haber enviado un fax, sembrando dudas ante el trabajo de la UCO. Pero el momento estrella fue el "hay una foto" asegurar que Leire Díez era una simple militante sin cargo que le habían vinculado al PSOE por una simple foto cuando en realidad son muchísimas las que aparece con gente importante y no sólo Sánchez y Ábalos. A mí no me sorprende que Miguel Tellado le pusiera en su sitio a cuentas de la condena al Fiscal General. 

Javier Ruiz y Sarah Pérez, la extraña pareja

El dúo que constituyen Javier Ruiz y Sarah Pérez Santaolalla, que a su vez son pareja, es sin duda el máximo exponente de un estilo agresivo e impulsor de la polarización. Es un secreto a voces que han fichado para la Séptima, el nuevo canal del System Contreras. Han ejercido en la televisión pública como abogados defensores de cualquier imputado o investigado por corrupción del PSOE o del entorno del Presidente. Javier Ruiz, en su afán por desmontar supuestos bulos contra el Gobierno mediante la encarnizada exposición de infografías chillonas y vocabulario categórico, ha protagonizado la difusión de otros. Por un lado están los bulos económicos como la sostenibilidad de un sistema de pensiones deficitario, reducción de la pobreza comparada con el PP, inflación exclusivamente debida a la guerra en Ucrania o precios del petróleo supuestamente más caros en EEUU que en España anulando efectos de impuestos. Pero más destacados como ridículos son los bulos políticos como presentar como médica a una cocinera que era sindicalista, el negacionismo de que España podía sufrir un apagón que finalmente se produjo, la famosa bomba lampa contra Sánchez en la que replicó una vergonzosa tergiversación interesada del "medio" El Plural o vender como logro de Sánchez la ampliación del permiso parental cuando fue impuesto por una Directiva Europea por la que, además, se multó por transponer tarde la norma. Incluso este año fue condenada RTVE por la difusión de un bulo contra Ayuso por el cual se vinculaba una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con el papel de este como acusación en el famoso caso del novio contra el ex Fiscal General Álvaro García Ortiz.

En cuanto a su pareja Sarah Pérez, tal y como afirmaba Pedro Herrero, representa el ejemplo más paradigmático de la "chonificación" de la izquierda. Nos referimos a una mujer joven que estuvo en listas del PSOE de Salamanca y que es conocida por involucrarse en innumerables polémicas, hablar a gritos comunicando una ristra de mantras surtidos como Ayuso, el novio y las clínicas, la foto de Feijoo y Marcial Dorado de hace 20 años o Aznar y las Azores y recurrir una pseudoestética de OF. Su nivel de inmoralidad ya es percibido en performances como esta y que fue defendida por cierta prensa, demostrando que si esta gente ha llegado lejos es porque hay personajes bien a su nivel o que la necesitan para sus objetivos. Dentro de su línea de agresividad, Sarah llegó a llamar "idiotas" en directo a los votantes y simpatizantes de PP y VOX y, en su réplica, "inútiles mentales". También tuvo un momento de feminismo autoritario contra la concejala del PP de Ourense Noa Rouco, acusándola de sexualizarse como mujer florero. Pero a esta estrategia se une también una línea victimista. La más sonada fue cuando se inventó una agresión del polémico activista Vito Quiles recurriendo a un falso cabestrillo y siendo archivada la denuncia por la disponibilidad de vídeos claros. En otra ocasión se enfrentó a la diputada del PP Elsa Vigil que, ante una acusación de simpleza, le espetó que "para simples tus fotos enseñando los cocos hasta aquí". En ese momento convulsionó y le acusó de que las mujeres se les violaban en las calles o agredían en las redes por políticas como ella. Otro caso fueron las declaraciones desafortunadas de Rosa Belmonte en El Hormiguero que, sin embargo, muchos pensamos que en el fondo no eran tan desatinadas dadas las continuas razones que nos ha dado la aludida. Por último, las pintadas en la tumba de Las trece rosas que curiosamente añadieron dos banderas republicanas completan un continuo círculo de una "analista política" que causa rechazo.

Jesús Cintora y la disidencia informativa controlada

Los informes del CdI dejaron claro que desde RTVE se permite y fomenta espacios de debate y crítica superficial para dar apariencia de pluralidad cuando la línea editorial se alinea de forma desacomplejada con los intereses del gobierno. En el programa Malas lenguas se han articulado críticas humorísticas con los llamados "tele trapos" al estilo de los guiñoles que ridiculizaban exclusivamente a gente de ideología conservadora y políticos de la oposición y hasta que se suprimieron el pasado noviembre. Pero en los debates siempre se han centrado en críticas políticas hacia la oposición y contando con contertulios de extrema izquierda como Pablo Iglesias o Laura Arroyo. Ambos blanquearon de forma impresentable la abominable paliza perpetrada por bárbaros de su siniestra ideología al periodista de El Español José Ismael Martínez. El primero le echó en cara haberse "infiltrado" en un curso de formación de Podemos y la segunda redujo la acción a "resistencia antifascista". Como supuestos contertulios no de izquierdas, se cuenta con peleles como Hugo Pereira, que ha dado bandazos pasando por PSOE y simpatizando con Vox y PP para acabar apoyando el 90% de lo que se dice y matizando nimiedades para ser mandado a callar por Ernesto Ekaizer. Incluso se han permitido llamar a un bombero para hablar sobre los incendios de Madrid siendo (qué casualidad) candidato de Podemos al Congreso. Casos como este son a lo que nos referimos con "expertos cuidadosamente seleccionados".

Hay que reseñar la polémica acontecida este mes con Marta Gómez Montero. Ya fue interrumpida abruptamente en junio por Jesús Cintora al reconocer el papel de Aldama como colaborador con la Justicia para que fuese posible la investigación y condena de corrupción por el caso de las mascarilla con gritos de "¡bulos no! ¡esto es malas lenguas!". Pues este julio llegó a abandonar el plató entre lloros acusándole de humillarla, tras preguntarle capciosamente por unas declaraciones de Feijoo. Lo peor fue el pasivo-agresivo "ella sabrá" con el que se despachó ante la audiencia. Sin embargo, fue defendida al día siguiente por José Pablo López y se escenificó una curiosa vuelta a la normalidad en el plató con un Cintora absolutamente tranquilo y una Gómez que se le notaba incómoda. Desconozco si ha mediado algún tipo de mejora retributiva en sus colaboraciones, pero tampoco me extrañaría que se apostase por la fragilidad de su perfil. Como tampoco hay que olvidar que Cintora ya expresó malos modos con una reportera que cubría los incidentes de Torre Pacheco del pasado verano 2025. Cintora sustituirá en Mañaneros 360 a Ruiz, pues su estilo de autopercibida superioridad moral encaja a la perfección.

Gonzalo Miró y Marta Flich en Directo al grano

Ya en su propia presentación Gonzalo Miró avisó a qué se iba a dedicar cuando mencionó que huiría de la "equidistancia", entendiéndose fácilmente como un alegato a la polarización. En noviembre de 2025, el Cda aprobó un dictamen por el que entendía que aquél había vertido acusaciones e informaciones no veraces sobre la cronología de lo sucedido con Carlos Mazón el día de la catástrofe de la DANA. Pero no se trataba sólo de mala praxis, sino de vulneración del manual de estilo e inexistencia de rigor informativo alguno al entender inaceptable que un presentador de la cadena pública difundiese rumores e insinuaciones insidiosas en lugar de hechos probados. Este hooligan llegó a insinuar sin el menor rubor que Mazón estaría alcoholizado o habría tenido relaciones. Ante esto, la dirección de magacines se lavó las manos argumentado que carecía de competencias sobre contenidos de actualidad mientras que su compañera Marta Flich, como no podía ser de otra manera, defendió este estilo agresivo y ultra. Por supuesto, también ha tenido más manifestaciones como acusando al Consejo General del Poder Judicial de atentar contra la democracia y desacreditando las investigaciones de la UCO contra su PSOE. Porque, para sorpresa de nadie, Miró es militante socialista de toda la vida al tiempo que reparte doctrina no sólo en TVE sino en los platós de otras televisiones.

El relato en los espacios de entretenimiento

La narrativa socialsanchista llegó también a los espacios de entretenimiento en una estrategia de ingeniería social y control del relato. Se emplea un tono informal y desenfadado en tertulias, monólogos y entretenimiento, lo que facilita la asimilación del discurso por parte de amplias capas. Y es entonces cuando se activa la maquinaria para movilizar a la opinión pública, antagonizar con intereses privados y proteger institucionalmente al Gobierno.

El formato en la mayoría de ellos es idéntico. El/la presentador/a expone un monólogo de apertura para después entrevistar a una celebridad. El más popular es David Broncano y en realidad el que tiene más talento de largo, pero desenfoca la entrevista animando a los invitados con discursos como el de la vivienda o la Sanidad pública siempre en la línea gubernamental. Por ejemplo, puso en bandeja a Mercedes Milá ejercer un alegato de defensa a Zapatero. No es casualidad que se fichase a él para contraprogramar a El Hormiguero - que contiene una tertulia política muy contraria al Gobierno Sánchez - como tampoco la guerra interna con la insistencia continua del actual Director José Pablo López en contratar a Broncano cuando aquél era jefe de contenidos. Pero menos es que los tweets que hablan de los temas anteriores experimenten muchísimas más visualizaciones, reposts y me gustas que los que sólo hablan de la vida y la carrera del entrevistado. Con todo, existen ejemplos mucho más pérfidos que la Revuelta, que no es un show tan contaminado.

El programa de Al cielo con ella de Henar Álvarez, que ha pasado de RTVE Play a emitirse entre la 1 y la 2, es el ejemplo más clarividente de cómo puede existir humor rancio feminista. Se puede ver tanto en los monólogos como en las entrevistas dedicándose a generalizar y satirizar contra los hombres y con reducción a lo absurdo. Circunscribe su estrategia de fomentar "igualdad" a reírse del sexo masculino y normalizar la misandria como respuesta al machismo. Es más, en su delirio ha llegado a banalizar sobre agresiones e incluso homicidios a hombres. Esos discursos basados en el resentimiento y la rabia sólo dividen a la sociedad y provocan con razón el rechazo de los jóvenes hacia el feminismo actual. Por su parte, Marc Giró lo ha venido haciendo de la oposición etiquetándolos de fachas y haciendo mofa constante de la derecha. Este año fichó por la Sexta (la pata privada del Sanchismo mediático) para seguir haciendo lo mismo con peores cifras de audiencia. Mientras, en TVE cogió su testigo Manu Sánchez con El perro andalú. Otro show en el que reparte perlas como un monólogo surrealista usando las selecciones de Alemania, Austria e Italia como referentes del fascismo y nazismo y a los jugadores de origen extranjero de la selección española como la "pesadilla de los fachas". 

En otros formatos tenemos a varias mujeres colaborando en espacios de videopodcasts que replican relatos gubernamentales. Por ejemplo a Inés Hernán, la misma que entrevistó a Pedro Sánchez en los Goya 2024 como una fanática haría a Bad Bunny (que también es). Y sí, también la misma que en Operación Triunfo soltó una chapa defendiendo a la izquierda abertzale. También participan feministas subvencionadas como Carla Galeote o Elena Reinés retorciendo el teórico propósito del movimiento y victimizándose muy fuerte cuando sólo fomentan la confrontación. Mención especial merece Marina Rivers con una posición económica e hipocresías mucho más elevadas y que incluso ha protagonizado una absurda campaña de "moda" financiada con dinero público, a cargo del Ministerio de "memoria democrática". Y llegado a ese punto álgido de distorsión de la democracia simbolizada en una propaganda falsaria, vamos con las...

Conclusiones

Televisión Española se ha convertido, desde el momento en que el PSOE pudo culminar su control como una de sus máximas prioridades, en algo más que un aparato mediático de propaganda gubernamental. Es un juguete al servicio del Sanchismo y su narrativa y tan enormemente maltratado en su naturaleza que ha visto contaminada toda su parrilla de emisiones sin que quedase ni un sólo resquicio que no apeste a azufre. Resulta tan palmario y descabellado el instrumentalismo que se hace de la televisión pública que, si en legislaturas anteriores ya era denunciable, en la actualidad ha llegado a niveles absolutamente desacomplejados y que provocan no ya rechazo, sino profunda polarización.

Esta espantosa perversión que se ha hecho de un medio financiado con dinero público responde a un interés superior por controlar el manejo del relato más allá de los grupos privados como La Sexta y medios como Público, El Plural, El Diario, etc... Ese propósito del Gobierno no hubiese sido tan firme de no ser porque desde siempre han sido las cadenas públicas las más visualizadas por los españoles y sobre todo en las franjas de información. Así que aprovechando esa audiencia, no ha vacilado en destinar millones de euros a contratar a gente afín, redefinir el concepto de información disfrazándolo de opinión con tertulianos agresivos y con carnet socialista, ridiculizar a la oposición y a posiciones contrarias al relato de la izquierda posmoderna, regurgitar el discurso de Moncloa atacando con menos filtros a jueces y policías y en definitiva a demostrar que en el sótano de la ignominia de TVE se podían bajar muchas plantas.

Francamente, nadie que no esté absorbido por esas ideología que en sí misma es el Sanchismo o la extrema izquierda con la que poco se diferencia ya, sería capaz de ver un sólo programa del lodazal de opinadores e "influenciadoras" en el que se ha convertido la televisión pública.  Además, esto legitima a que cuando la oposición tome el Gobierno pudiera hacer exactamente lo mismo en venganza. Pero para intentar igualar el despropósito tan espantoso que ha hecho el PSOE de Sánchez tendrían como mínimo que poner a Vito Quiles por las mañanas, Bertrand Ndongo por las tardes, Javier Negre en el Telediario, Dani de Desokupa en un late night y Pugilato e Isabel Peralta en un podcast blanqueando su ideología. Y, con todo, seguiría siendo un aparato al servicio del poder gubernamental y para nada del pueblo. Así que tal y como está, muchos consideran que lo mejor sería cerrar RTVE.

Cerrar la corporación de RTVE requeriría un procedimiento complejo debido a su estatus legal, pues sería necesaria aprobar una Ley para ello que contemplase su disolución formal como entidad jurídica con el cese del Consejo de administración y directivos. Además, en paralelo sería imperativa una negociación masiva con los representantes sindicales con ERE para los laborales y traslado de los funcionarios de carrera a otros ministerios o entes públicos y también establecer un plan de liquidación para absorber, subastar o vender el patrimonio de la entidad y en paralelo. Todo eso antes de apagar progresivamente o reasignar las frecuencias de TDT y RNE. Por lo tanto, aunque lo más deseable para un liberal sería liquidarla, lo más realista sería transformar el modelo convirtiendo a RTVE en una BBC con más independencia y dirigida por funcionarios y personal laboral que sean auténticos profesionales. No palmeros sin talento ni honestidad contratados por los gobiernos de turno. Sin embargo, tampoco confío en el PP para ser capaz de acordar esto con Vox. Ojalá me demuestren lo contrario.

La polémica 'Ley de nietos' y su efecto en el CERA

A pesar de que fue publicada hace cuatro años, ha salido desde hace unas semanas a escena de debate público la denominada "Ley de nietos", que realmente es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa fue aprobada por la izquierda con la intención de avanzar en la desactivación de todo lo que perviva de la época Franquista y, entre ello, se hace referencia a los españoles que dejaron el país durante la dictadura y cambiaron de nacionalidad. La oposición y cualquier español residente que no se alinee de forma estrecha con el Gobierno y sus seguidores ve esta norma con recelo. Por una parte, a estos extranjeros recién nacionalizados y que jamás han vivido en España les podría servir para trasladarse al país con plenos derechos. Pero lo que más suspicacias ha levantado no es eso, sino que, al asumir automáticamente el derecho a voto, se percibe que el censo exterior podría incrementarse considerablemente y sumar votantes de otros países que no es ya que ni vivan ni pagan impuestos en España, sino que presumiblemente votarían al partido ideólogo de la Ley: el PSOE.

Cómo se adquiere la nacionalidad

En España rige la regla de ius sanguini, es decir, son españoles de origen todos aquéllos nacidos de padre o madre española. Esto lo diferencia del ius soli, que se aplica a los nacidos en territorio español, si bien estos (cuando sean extranjeros) lo serán si al menos uno de sus padres hubiese nacido en España, salvo hijos de funcionarios en el extranjero. También se permite si han nacido en España pero sus padres son desconocidos y los adoptados por españoles. La nacionalidad y su adquisición se encuentran regulados en los artículos 17 a 28 del Código Civil (modificado por la Ley 36/2002) más el Real Decreto 1004/2015 por el que se aprueba el Reglamento que los desarrolla. Las alternativas ordinarias de adquisición son las siguientes:

Por opción: se le reconoce a aquéllas personas que hubiesen estado sujetas a la patria potestad de un español o bien su padre o madre hubiese sido español.

Por residencia: se permite adquirirla por llevar en España diez o más años de forma legal y continuada materializándose en una jura o promesa ante Registro o Notario. Sin embargo, varía dependiendo de las circunstancias, siendo 5 para refugiados, 2 para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí y sólo 1 para los nacidos en España, no ejercieron su derecho a optar en su momento, las personas casadas con una española o bien viudas.

El proceso en los casos anteriores precisa aprobar unos exámenes organizados por el Instituto Cervantes de conocimientos constitucionales y socioculturales, una prueba de español si la lengua materna es distinta, carecer de antecedentes penales y acreditar medios de vida suficientes y grado de integración en la sociedad española. La solicitud se tramita electrónicamente a través de la sede del Ministerio de Justicia y con el abono de las tasas correspondientes. Una vez aprobada, el proceso concluye con el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución en el Registro Civil, seguido de la inscripción definitiva. Pero existen otras vías para adquirir la nacionalidad con carácter excepcional.

Por posesión de Estado: se reconoce el derecho a la nacionalidad española a aquéllas personas que la hayan poseído y usado durante diez años de forma continuada y de buena fe, en base a un título en el Registro Civil y no tuviese constancia de que fuese fraudulento o no válido.

Por Carta de naturaleza: una medida de gracia otorgada discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto por la concurrencia de causas excepcionales. Por ejemplo, sucedió con motivo del 11-M. El principal requisito era la comparecencia del agraciado so pena de caducidad del procedimiento.

Antecedentes

El primer antecedente lo tenemos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura. Fue aprobada sólo 3 meses antes de las Elecciones Generales de 2008 y con Zapatero al frente del Gobierno. En la disposición adicional séptima se estableció lo siguiente:

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Mediante Resolución de 17 de marzo de 2010 de la Subsecretaría de Presidencia por la que se publica un Acuerdo del Consejo de Ministros de enero, se amplió el plazo en un año. Posteriormente, la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, contiene en su disposición adicional sexta lo siguiente:

El derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición.

Esta previsión de la nueva Ley del Registro Civil vino a añadir una cláusula de salvaguarda para aquellos casos de personas cuyos padres no llegasen a adquirir la nacionalidad española pero sí la mantuvieron sus abuelos, que sí encajarían en un pasado como exiliados. Por lo tanto, el contexto que tuvo este primer proceso extraordinario fue claro y definido.

Ley de nietos

El 20 de octubre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática con el objetivo de avanzar en la condena institucional del Franquismo anulando sus sanciones y con reconocimiento a víctimas, búsqueda de desaparecidos, retirada de símbolos de la dictadura y la parte que más nos interesa: el reconocimiento de la nacionalidad española de origen para aquéllos hijos y nietos de personas que se exiliaron por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, hay que matizar bien eso. Concretamente, se halla en la Disposición Adicional octava de esta Ley que indica textualmente lo siguiente:

1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

La primera diferencia destacable respecto a la regulación de 2007 es que señala como aparte (letra a) el hecho de casarse con extranjeros, separándolo de la circunstancia de represiones y exilio por causas políticas o ideológicas. El último supuesto (letra b) es en realidad congruente con la citada primera previsión de la Ley 52/2007, pues lógicamente podrán beneficiarse los hijos del anterior proceso. Una posterior instrucción publicada el 26 de octubre en el BOE por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública y firmada por Sofía Puente (hermana de Óscar Puente) amplía y detalla los requisitos y procedimiento y en su primera disposición indica lo siguiente:

Conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, podrán optar a la nacionalidad española:

a) Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

b) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

c) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En todos los supuestos indicados, será necesario que los interesados formalicen la declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo, por un año más, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Como puede leerse, reincide en la descontextualización, de tal manera que desvincula la situación alegada al exilio durante la Guerra y el Franquismo y, por tanto, podría abarcarse prácticamente todo el siglo XX y sin que ni tan siquiera quede acreditado que los ancestros sufriesen represalias. Ahora bien, en contra de lo que indican muchos medios, la instrucción NO amplía el ámbito de aplicación sino que lo replica. Por lo tanto, no es ilegal. Así que la polémica debe de centrarse en la Ley en cualquier caso.

En el proceso, tenía que acreditarse el vínculo (Registro civil) y aportarse certificados de nacimiento y documentos que confirmasen en su caso la condición de exiliado. Por ejemplo, parece que se están aceptando documentos que probasen la represión como encarcelamientos temporales o persecuciones. Sin embargo, como hemos visto existen otros supuestos en que eso no encajaría expresamente. El plazo, al igual que el anterior, se amplió por el año previsto hasta el 22 de octubre de 2025 y, para tramitar los expedientes, en ese último año se reforzó el personal laboral en los consulados incrementando las plantillas en más de un 40%.

El derecho al voto en España y elecciones autonómicas

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula en su artículo 2 el derecho al voto de manera que con carácter general corresponde a las personas que tengan la nacionalidad española, sean mayores de edad, estén inscritas en el Censo electoral y no hayan sido privadas del derecho de sufragio por sentencia judicial firme. Por tanto, no existe criterio de residencia en territorio español al contrario que países como Alemania, Dinamarca, Irlanda o Malta. Luego existen otras prescripciones específicas dependiendo del tipo de convocatoria, como que los ciudadanos comunitarios o de países con convenio de reciprocidad pueden votar en las locales y en las europeas si son de algún país miembro. Pero lo que nos importa aquí es el voto en Generales y Autonómicas por parte de los de nacionalidad española pero residentes en el extranjero, es decir, los que se registran en el censo CERA. 

Tanto su inscripción consular como la gestión del padrón, a este respecto, se regula en el Real Decreto 991/2024 sobre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el Extranjero. Los emigrantes deben de apuntarse en un registro en el plazo máximo de un año desde su llegada (RMC), mientras que en el resto de casos como el presente será automático. Hay que recordar que tras la reforma realizada por la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre (es decir, coincidiendo con el trámite actual), se suprimió el voto "rogado", de forma que se evita la molestia burocrática de tener que apuntarse con cada comicio electoral. Y es que aunque por lo general el Socialismo suela ser sinónimo de hiperregulación, existen circunstancias en las que se lo replantean. El ciudadano tan sólo deberá de molestarse en indicar a qué municipio español quedaría inscrito, pudiendo elegir el de última residencia o, si jamás vivió en España, el de sus ancestros. Y esta es la cuestión que genera más polémica. El hecho de que adquiera plenos derechos como cualquier español una persona que en la vida ha estado en nuestro país y en algunos casos probablemente nunca vaya a estar. A pesar de que se considere que la nacionalidad de sus abuelos se perdió por causa nula.

En las Elecciones Generales de 2023, se registraron 233.638 votos CERA, que ya mezclarían españoles emigrantes con nuevos nacionalizados. La participación electoral fue sólo del 10,4% y el único cambio tras las urnas presenciales fue que un escaño del PSOE pasó a manos del PP en Madrid. Sin embargo, en las últimas cuatro elecciones autonómicas que hemos analizado en este mismo blog y en las que el PP fue primera fuerza de forma destacada en todas ellas, fue por el contrario el PSOE en el voto CERA. En Andalucía 6.703 frente a 6.307 del PP cuando en 2022 fueron los de Feijoo los ganadores con 1.881 frente a 1.826. Además, fue determinante en Jaén al "quitarle" un escaño a Vox. En Aragón fueron 4.303 de los socialistas frente a 3.281 de los populares, en Castilla y León 4.303 frente a 3.281 y en Extremadura 612 frente a 482, manteniendo aquí el PSOE el diputado 18. En el medio La Razón hicieron un cálculo hipotético de qué hubiese pasado en las Generales de 2023 observando por cuántos votos se decidió el último escaño antes de incorporar CERA y en cuánto ha aumentado dicho censo desde octubre de 2022. El resultado es que hubiese afectado en 14 provincias. El PSOE habría podido volcar 7 diputados, el PP 4 y Sumar 3. La realidad nunca la sabremos.

El proceso y sus reacciones críticas

El Gobierno declaró en abril por mediación del ministro de Exteriores José Manuel Albares que había más de 2,4 millones de personas que habían solicitado la nacionalidad por esta vía y 545.000 nacionalidades concedidas hasta esa fecha. Sin embargo, semanas después Bolaños elevó esas cifras a 2,6 millones y 557.000 pasaportes entregados. De entre todas ellas, Argentina se encuentra a la cabeza con más de 645.000 citas aún por tramitar, ocasionando un tapón en la oficina consular. Pero esos 2,6 millones no quiere decir que vayan a obtener la nacionalidad todos ellos, sino que son los que han mostrado interés ya sea solicitando cita, apuntándose en listas, etc. Sin embargo, la proporción de denegaciones es muy baja, ya que hasta ahora sólo alcanzó un 1,3% según el Ministerio de Exteriores por errores de forma como documentación incompleta o filiación no acreditada. Estas cifras contrastan con las de la anterior Ley, cuyo balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas existiendo un 24% aproximado de denegaciones.

En la cámara del Senado, el PP también solicitó conocer de qué nacionalidades eran las solicitudes así como las provincias y si se podía prever qué alcance podría tener antes de las próximas Generales. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido silencio sobre ello y se ha limitado a defender el proceso como un medio para reparar a los descendientes del exilio. Y precisamente al PP se le ha recordado que Feijoo reclamaba hace 20 años darle la nacionalidad española a nietos de españoles que la perdieron por "causas injustas o discriminatorias" cuando era candidato a la Xunta Gallega y más recientemente en el programa electoral de 2023. Sin embargo, aparte de que no se le disculpe el "cambio de posición" al estilo Sánchez también hay que tener en cuenta que lo que más se critica desde los populares no es el hecho en sí de reconocer nacionalidad sino la amplitud y la estimada extralimitación. Así que esta aparente contradicción es la que ha motivado que tengan que moderar su discurso y más teniendo en cuenta que en 2023 se le benefició.

Vox ha presentado varios recursos. Primero, un recurso de inconstitucionalidad basándose en que considera contrario a la carta magna el concepto de víctima por ser ideológico y por presuntamente no limitar el grado de parentesco para los descendientes. En paralelo, solicitó a la Secretaría de Estado de Justicia que suspendiese la instrucción administrativa de 2022 por ilegal al ampliar el alcance. A este respecto, Hazte Oír se querelló contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa. Por último, junto con Iustitia Europa presentaron una solicitud a la Junta Electoral Central para que se suspendiera el voto por correo para los inscritos en el CERA por considerarlo opaco, para que se sustituyese por el voto presencial en el respectivo consulado. En un segundo escrito, Vox solicitó auditar y suspender las inscripciones en el censo exterior y revisar contratos con una empresa vinculada a la dictadura Cubana, como denunció también el PP. 

Las reacciones socialistas ante estas críticas se resumen en un "quieren que no puedan votar 2 millones y medio de españoles", demostrando que a populismo no se les gana por mayor experiencia.

Consideraciones

Uno de los elementos que más dudas genera es acreditar la "represión" que motivaría el exilio por causas políticas o ideológicas. Durante la dictadura, efectivamente hubo muchísimos españoles que dejaron el país, ya fuese temiendo por su vida y/o la de su familia por sus ideas republicanas o de izquierda o entendiendo que el Estado no le proporcionaba perspectivas de futuro. Otros muchos y no necesariamente afines al régimen, optaron por quedarse en España. Según esta Ley, el mero hecho de decidir salir de España y seguidamente cambiar de nacionalidad generaría ya el derecho. De esa manera es muy complicado distinguir un exilio de una emigración, a no ser que se pruebe documentalmente que esa persona salió de España por ser señalada, haber sido presa o cualquier otra circunstancia objetiva. No sencillamente por acoger mejores perspectivas en Estados democráticos. Por tanto, su carácter es mucho más amplio que el anterior con Zapatero y es legítimo y comprensible que llame la atención esta extensión de nacionalidades españolas con derecho a voto. Sobre todo por el hecho de que muchas de esas personas ni van a residir en España ni van a pagar impuestos aparte de que, a largo plazo, generara los mismos derechos para los sucesivos descendientes alcanzando a bisnietos y más allá en el exterior.

¿Es legal esto? Aparte de que existió, como se ha visto, un precedente similar, el artículo 11.1 de la Constitución Española se limita a la Ley sin más prescripción que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Lo mismo sucede con los artículos 13 y 23 en cuanto al derecho fundamental de sufragio activo. Por lo tanto, esas cláusulas dispositivas permiten un amplio margen para la Ley. Además, el Derecho español siempre ha reconocido el derecho al voto de los españoles sin restringirlo a su residencia efectiva, por lo que una reforma que retrocediera en ello sería muy impopular. La cuestión, por tanto, no sería tanto sobre su constitucionalidad como si choca con otras leyes. No hay que perder de vista que los plazos han sido los mismos que en 2007 y por lo tanto no son eternos, si bien de no ser plazo cerrado no existiría incentivo alguno de urgencia o de efecto oportunidad. Así que el recurso al TC de Vox, con toda probabilidad, será desestimado y no porque el PSOE tenga colonizada la mayoría de ese órgano. Del mismo modo, ninguno de los otros recursos y reclamaciones tiene visos de prosperar y las estimaciones de los expertos apuntan a que las Generales de 2027 (aunque no se adelanten) se celebrarían antes de resolver todos esos recursos.

¿Es esta una operación de ingeniería electoral para ampliar el censo y orquestar un pucherazo? Por una parte, llama la atención no ya que esto se aprobase un año antes de las Generales de 2023, sino que actualmente los servicios consulares hayan más que duplicado los contratos laborales para dar celeridad a las tramitaciones. Y es que aunque Sánchez esté obsesionado por agotar una legislatura que está ya más que agotada a todos los niveles de credibilidad, tampoco puede descartar que se implosione del todo y no quede más remedio que adelantar. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la variación del censo puede afectar más en las provincias rurales que en las grandes, dado que el último escaño suele disputarse por pocos votos. Así que un dato que explicaría o que reforzaría si el Gobierno tuviese esa intención sería si proporciones importantes de nuevos españoles se habrían censado en unas provincias concretas. Esa es una información que, a día de hoy, no se da. Segundo, hasta ahora la participación electoral del voto CERA no es significativa. En las Generales fue el 10,4%, en Castilla y León el 9,02%, en Andalucía el 7,80%, en Aragón el mismo que las Generales y en Extremadura el 7,54%. Por lo tanto, pese a la mayor activación de votantes de izquierda, la incidencia es hasta ahora muy limitada. Así que habría que ver si existiría algún movimiento para movilizar el voto externo, dado que el incremento estimado sería de 600.000 nuevos potenciales electores y es difícil que este volumen se ignore tan a la ligera. Precisamente, se conoce que existen delegaciones del PSOE en Argentina y México más otros muchos países latinoamericanos, pero también hay algunas del PP. Así que es posible que los partidos se muevan y no sea esto exclusivo de la izquierda, si bien muy seguramente usará el arma arrojadiza de "gracias a nosotros podéis votar". Así que por ese lado, la postura intermedia del PP parece haber detectado la trampa.

Teniendo en cuenta esta regulación y los datos, así como la consabida fórmula electoral que asigna los escaños en base a circunscripciones de tamaño desigual, insinuar una operación estudiada para manipular el censo con éxito suena a apuntar demasiado alto. A lo que si que apuntaría, sin embargo, es que en las próximas elecciones generales podríamos asistir a una dimensión internacional en la que no me extrañaría que hubiese mítines allí. Al menos uno por partido donde más haya crecido el censo. ¿Tal vez el PP en la Argentina de Milei y el PSOE en el México de Sheinbaum? Por una parte, creo que en este punto el PSOE va más fuerte y con más sentido de autoridad tanto por la mayor implementación de sus sedes como por su mencionado discurso. Por otra, habría que ver hasta qué punto son capaces de movilizar el voto en una América Latina donde la derecha crece o incluso en una Europa donde la izquierda tampoco está fuerte. Sólo lo sabremos en el momento de las urnas.

Todo esto no quita, sin embargo, que haya motivos para estar alerta por si acaso. Porque precisamente el Sanchismo nos los ha dado sin el más mínimo complejo. Y es que cuando estamos hablando de un Presidente del Gobierno sobre el que pesan sospechas de haber intentado amañar 2 veces las elecciones a la secretaría general del partido, de un voto por correo gestionado en 2023 por una persona imputada como Leire Díez, de una trama organizada en el partido para bloquear y torpedear investigaciones de corrupción, de una actitud hostil del ejecutivo hacia la Justicia y la Policía por las mencionadas investigaciones, de un afán de control por todas las instituciones incluyendo una planeada reforma de las instrucciones judiciales, de una narrativa de continua demonización y ridiculización no ya de la oposición política sino social, de un sistema mediático que regurgita dicho discurso de Moncloa y de una obsesión por no convocar elecciones culminada en un aplauso tras la reprobación por mayoría absoluta... pues todo lleva a una conclusión. Y es a creernos que si esta gente tuviese la menor oportunidad de poder dar un vuelco electoral pulsando cualquier resorte por antiético que fuese, si realmente estuviese a su disposición la opción de ganar elecciones con trampas y que luego pareciese un accidente, sin ningún género de dudas estimamos que lo harían. Y sin pestañear.

Cartagena: una moción de censura entre rupturas, traiciones y viejas heridas

La ciudad de Cartagena, conocida por ser una de las ciudades más antiguas de España con una historia que le concede el sobrenombre de la Trimilenaria, ha ocupado la atención de las recientes noticias a nivel nacional más allá de la consabida corrupción. El motivo es porque el pasado lunes 18 de mayo se registró una moción de censura a instancia de los grupos Movimiento Ciudadano (en adelante MC), PSOE y Sí Cartagena. Mediante esa palanca pretenden desbancar a la Alcaldesa del PP Noelia Arroyo, que hasta la fecha se encuentra gobernando en minoría con el apoyo de un Vox partido en dos mitades. Para analizar este movimiento es preciso establecer y recordar primero la situación que ha llevado a este movimiento y todos los factores que condicionan lo que pueda suceder el próximo 2 de junio que es cuando se someterá a votación la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

Antecedentes: MC y PSOE, una relación complicada

En 2015, el PP de Cartagena perdió la mayoría absoluta y Pilar Barreiro no renovó la Alcaldía al alcanzarse un acuerdo entre el PSOE y MC, de manera que se repartirían el gobierno municipal y la alcaldía con dos años respectivos y con el visto bueno de Podemos. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio político entre José López y Ana Belén Castejón terminó reventando por los aires. El empresario estuvo envuelto en innumerables polémicas por su constante enfrentamiento contra la oposición del PP y Ciudadanos, sus frecuentes insultos a Murcia, su perfil duro en redes sociales, una tentativa de agresión a un ex alto cargo de la CARM y un delito de coacciones a un policía local, siendo condenado en ambos casos. Pero su comportamiento no acabó ahí, sino que se dedicó a torpedear la propia coalición de gobierno acusando al PSOE de maniobrar bajo instrucciones externas, de manera que en 2017 se rompió el acuerdo dificultando la estabilidad municipal.

Esa nefasta experiencia y acumulación de desconfianza explica lo sucedido el 15 de junio de 2019, cuando tras ganar las elecciones MC al pasar de 5 concejales a 8, el controvertido López se estimaba Alcalde de nuevo. Sin embargo, en la votación de investidura a la que se presentó él y Ana Belén Castejón (que tenía un concejal menos que el PP), los concejales de MC entraron en shock al ver que el PP sumó junto con Ciudadanos sus votos a favor de la candidata socialista. De esa manera, Castejón era nombrada Alcaldesa y se repartió el gobierno con Noelia Arroyo, sin que entre las dos existiesen importantes fisuras. Pese a ello, los socialistas regionales y nacionales reaccionaron con indignación y expulsaron del partido a todo el grupo del PSOE de Cartagena. El motivo fue simplemente cogobernar con el PP, algo de lo que no tuvieron problema por ejemplo en Euskadi con Patxi López.

El camino hacia la moción de censura

En 2023, en un clima mucho más calmado, las elecciones volvieron a representar por tercera legislatura consecutiva un escenario sin mayorías absolutas. El PP ganó las elecciones con 10 concejales y con la desaparición de Ciudadanos y la entrada de Vox prefirió gobernar en solitario tras una investidura en la que cada grupo votó a su propio candidato. Sin embargo, al igual que sucedió por ejemplo con Ángela Gaona en San Pedro del Pinatar, la situación pasó a ser pronto de bloqueo total. Esto conllevó a que en noviembre se firmase un acuerdo programático y de gobierno con Vox. Desde ese momento, Diego Salinas pasó a ser Teniente de Alcalde y concejal de gobierno junto con todos sus compañeros.

A medidos de 2024, la presidenta y concejala de MC María Dolores Ruiz y el ex Alcalde Pepe López denunciaron a través de este último a su secretario general y portavoz Jesús Giménez Gallo por un presunto delito de falsedad documental. Alegaron que se habrían manipulado los estatutos del partido alterando la normativa interna para blindarse, evitar primarias y frenar posibles candidaturas rivales. Esto tuvo como consecuencia que, en enero de 2025, dicha concejala fuese suspendida por su propio partido por 3 años en expediente disciplinario. La comisión le acusó de no respetar la disciplina de voto, cometer abstención de funciones y ausentarse de reuniones internas. Al mes siguiente formalizó su pase como concejala no adscrita, inaugurando la cuenta que pasaría a ser récord en esta legislatura.

En marzo de 2026, tras el estallido del caso Antelo que analizamos en este mismo blog, Diego Salinas anuncia su baja de Vox y su escisión del grupo municipal pasándose al grupo mixto como no adscrito como acción de apoyo al diputado regional. Aparentemente, este hecho no perjudicaba la estabilidad del gobierno al mantenerse en el mismo. Pero la crisis de Vox Cartagena no acabó ahí. Al mes siguiente, la concejala de Turismo Beatriz Sánchez del Álamo comunicaba su baja denunciando traición y trato indigno del partido, enfocando sus críticas en Vox. Pero también dejó un mensaje críptico y es que afirmaba que "Arroyo confía en mis competencias, pero en el momento en que ella tenga quejas, tomaré decisiones y me iré yo". Esta declaración pudo venir a colación de ciertas fricciones por desavenencias en la gestión de la cartera turística. No llegó a dejar su cargo de gobierno, pero al mes posterior, en 14 de mayo, saltaron las alarmas con la salida de Diego como concejal de Desarrollo económico, Empresa e Industria. A partir de ese momento es cuando empezó a sobrevolar más que nunca la posibilidad de una moción de censura. Y no tardó nada, puesto que al lunes siguiente el día 18 ya se registró. Así que la secuencia de movimientos sugiere un acuerdo previo.

Reacciones políticas ante la moción de censura

Declaraciones de Noelia Arroyo. Arroyo califica la moción como una maniobra a la desesperada entre fuerzas políticas enfrentadas entre sí con un intento instrumental de asaltar el Ayuntamiento a un año de las elecciones de 2027, de forma que el verdadero objetivo sería obtener visibilidad de cara a aquéllas. Ante todo, resalta la incoherencia ideológica de pretender sumar a cuatro grupos incluyendo a los concejales tránsfugas de Vox con la aquiescencia del PSOE. En ese escenario futuro, aprovechó para poner en contexto la convulsa etapa entre socialistas y cartageneristas a que hemos hecho referencia, por lo que el escenario que dibuja la moción representaría una vuelta al caos y reabrir viejas heridas políticas de Cartagena. Frente a ello, ha tratado de defender su gestión económica en reducción de la deuda, inversiones, proyectos financiados con fondos europeos y mejora del empleo. Esto contrasta con lo denunciado por la oposición en un comisión aludiendo a más de 12 millones de euros en facturas sin pagar y no se ha aprobado aún el plan económico financiero. En definitiva, Arroyo deslegitimó moralmente la moción antes de votarse y presentó el pacto como inestable e imposible, pero al mismo tiempo aprovechó en su entrevista en la 7 para movilizar emocionalmente al electorado del PP con la idea de convertir una posible derrota institucional en un arma de relato de cara a 2027.

Cierre de filas en el PSOE. Los socialistas, encabezados por Manuel Torres, han asegurado que la operación aparentemente disparatada cuenta con el aval de Ferraz. La explicación a esto y qué diferencia tendría con los hechos de 2019 radicaría en lo más simple: se desalojaría al PP mientras que por aquél entonces se pactó un gobierno de coalición con el PP. Aún así, queda la pieza de Vox pero el PSOE de Cartagena pretende enfocar que ahora esas dos personas son "libres" y no pertenecen a la formación de "ultraderecha" como machaconamente reiteran los socialistas a todos los niveles territoriales. Habría que ver hasta qué punto se normaliza el pacto con unos tránsfugas que figuraron en las listas de Vox e incluso uno de ellos ya gobernó con el PP. Para evitarse líos decidieron consultar a la militancia local y a la ejecutiva regional. Ésta aceptó en primera instancia el 20 de mayo justificándola por la necesidad de aplicar una "agenda progresista valiente que recupere la justicia social y derechos humanos" y trasladó a la anterior la responsabilidad de validarla en consulta mediante voto presencial y secreto. Se efectuó en 2 horas por la tarde y con varias urnas. Esa noche del 26 hizo público un porcentaje del sí del 94,5% de los participantes y un 62,14% del censo de afiliados (689).

Rupturas internas en Vox. Javier Antelo emitió las declaraciones más complejas, dado que se mezcló la crisis de Vox con la implicación de los concejales más próximos a él. Por un lado, aludió a la impredecibilidad del partido como condicionante de lo sucedido, resaltando la escasa credibilidad del mismo. Por tanto, responsabilizó directamente a Vox del registro de la moción de censura y señalando al portavoz Gonzalo López Pretel sobre el que cabrían quejas de vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo rechazó la moción tal como se ha planteado porque implica que el PSOE entre el gobierno de Cartagena y a su juicio supondría abrirle la puerta al Sanchismo. Más duro fue Rubén Martínez Alpáñez, quien reemplazó a Antelo como portavoz del grupo en la Asamblea responsabilizando directamente a "la banda de Antelo" y al transfuguismo. Por su parte, López Pretel cargó contra los no adscritos al tiempo que recalcó que no existía ninguna noticia sobre decreto de cese de Sánchez del Álamo, dejando caer junto con otras fuentes a Diario La Verdad que podría existir algún contacto para hacerle reconsiderar a aquélla. La diferencia es que Diego sí ha realizado declaraciones públicas apoyando de forma indirecta la moción de censura mientras que Beatriz permanece en silencio. Sin perjuicio de ello, los 14 implicados asistieron a una reunión el viernes 22 en el hotel NH Cartagena donde todos firmaron un acuerdo programático y, entre ellos, la propia Beatriz.

Rupturas internas en Movimiento Ciudadano. Pepe López, con un perfil político aún más marcado por la confrontación debido a una sentencia de cobro indebido por un sueldo que no reintegró y una tercera condena por difamación, criticó la iniciativa de Giménez Gallo enfatizando en los disensos internos de la formación cartagenerista. Echó en cara el "desmesurado ego y ambición" del actual líder del grupo Giménez Gallo y calificó de "antinatura" un pacto con PSOE y Vox, considerando que ambos son partidos nacionales y alejados de los intereses cartageneros. Además, indirectamente quiso recordar la experiencia pasada con los socialistas. Por el contrario, el candidato Giménez Gallo calificó la operación como "urgencia democrática" y acusando al Ayuntamiento de estar intervenido y sin liquidez y con subidas fuertes de impuestos. También minimizó el efecto rebote que pudiera recoger Arroyo entendiendo que no es comparable en popularidad al recientemente fallecido José Ballesta, que venció en las elecciones de 2023 tras la moción de 2021. En cuanto a María Dolores Ruiz, ha realizado varias declaraciones explosivas. En la primera, confesó que no puede votar como Alcalde a alguien a quien tiene denunciado y cree que la moción no prima Cartagena. En la segunda, acusó a Beatriz de estar maniobrando con el PP para que fracase la moción. De cualquier manera, recalcó que su posición no sería determinante porque quedaría fuera de la teórica suma de 14 votos.

Rupturas internas en Sí Cartagena. Ana Belén Castejón, secretaria general de Si Cartagena y que entregó su acta en septiembre de 2025 por motivos personales y familiares, también ha rechazado la moción de censura. Considera que sólo responde a una operación improvisada, sin programa ni estructura, que rompe con la estabilidad de Cartagena y convierte a Si Cartagena en una muleta de intereses partidistas. Por lo tanto rompe con su sucesor Juan Pedro Torralba. Éste, en unas curiosas declaraciones, afirmó ser "socialista sin carnet" y entender que era perfectamente posible que gobernasen izquierdas y derechas juntas. Es preciso recordar que Sí Cartagena fue una formación creada por los socialistas cartageneros expulsados en 2019 por pactar con el PP y que en 2023 logró votos suficientes para obtener una silla de concejal. De hecho, la cifra resultó ser prácticamente idéntica a lo que perdió la candidatura de PSOE Cartagena.

Conclusiones y perspectivas

Cartagena vive una política municipal extraordinariamente fragmentada, personalista y marcada por relaciones rotas. Teniendo en cuenta los antecedentes de las legislaturas anteriores caracterizados por la desconfianza entre partidos y por los que se arrastran rencillas que llegan al presente, los disensos entre varios de los grupos de la corporación con hasta 3 concejales no adscritos, las discrepancias existentes entre los afiliados de varios de los firmantes y la heterogeneidad ideológica de la suma de ediles que aspira a la alternativa política, la conclusión es más que clara: esta moción está completamente abocada al fracaso. Y desde el mismo momento en que se registró.

Los motivos esgrimidos por Giménez Gallo contienen ciertas contradicciones. Por un lado, entiende que lo mejor para Cartagena es un Ayuntamiento "que no reciba instrucciones ni de Murcia ni de Madrid", lo que quiere decir que PP y PSOE no estén implicados. Al mismo tiempo, no terminó de aclarar qué quieren hacer con el solar de Ángel Bruna que se debate entre un nuevo cuartel de la Guardia Civil o un jardín con parking, pues a la vez que señala que la presencia del PSOE en el consistorio puede desbloquear ese cuartel, se manifestó partidario del segundo que es la opción vecinal. Además, convendría recordar que el bloqueo de la ZAL (al que me referiré en un artículo muy pronto) implica a PP y PSOE, luego no coincidir en ningún color político no tiene garantías de que se acelere y más en el contexto del AVE pendiente a Cartagena. Por si fuera poco, el margen de maniobra con familias tan diferentes y en el plazo de un año deja muchas dudas de su efectividad. Por mucho que se reúnan los portavoces del aspirante a tripartito con la junta de personal del Ayuntamiento para prometer una estabilidad que sólo en sus cabezas sonará creíble.

Si es que el próximo 2 de junio esta moción fuese aprobada por mayoría absoluta (no cabe mayoría simple alguna para que salga adelante), la gobernabilidad no sería ni mucho menos más cómoda para Cartagena. Además, será entonces cuando desde el PP de Arroyo ya podrán preparar la precampaña para materializar una mayoría muy cercana a la absoluta cuanto menos. Porque la propia coalición a lo "Frankenstein", que posiblemente fuese la denominación que recurran y le estaría allanando el camino desde el primer día.

**Actualización: qué terminó pasando**

Sin modificar lo publicado el pasado día 26 de mayo, los acontecimientos derivaron finalmente en el esperado fracaso de la moción pero no sin profundizar en la polémica. Primero, el viernes 29 se anunciaba un acuerdo entre Noelia Arroyo y los no adscritos para expulsar del gobierno municipal a los dos que quedaban en el grupo de Vox. A cambio de ello, se comprometían a desmarcarse de la moción presentada. Llegado el día 2 de junio, la secretaría estimaba que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Bases del Régimen Local no procedía tomar en consideración el voto de la moción, lo que unido al visto bueno del PP se generó una fuerte discusión entre todos los concejales y amenazas cruzadas de recurrir a los juzgados. Finalmente se forzó la votación y el resultado fue de 12 concejales a favor y 13 en contra, por lo que quedó desestimada al sumarse los dos no adscritos que cambiaron de opinión. La tercera ya hizo público en su momento que no haría Alcalde a Giménez Gallo.

Paradójicamente, la moción de censura que pretendía mostrar la debilidad del gobierno municipal terminó evidenciando también las profundas fracturas existentes entre quienes aspiraban a sustituirlo. El fracaso de la iniciativa no solo mantuvo a Noelia Arroyo en la Alcaldía, sino que abrió una nueva crisis en Movimiento Ciudadano después de que su fundador, José López, exigiera públicamente la dimisión de Jesús Giménez Gallo. Lejos de cerrar el debate político cartagenero, el episodio parece haber inaugurado prematuramente la campaña electoral de 2027.

El caso Antelo y la crisis abierta en Vox Murcia

Hace unas semanas saltó la noticia de que Vox quiso forzar el relevar a Ortega Smith como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid siendo expulsado del partido al negarse a dimitir. Esto ha tenido una importante relevancia pública porque el mencionado ha sido diputado nacional y una de las caras más visibles del Vox que ascendió desde la irrelevancia pública al estrellato. Además, se une a otra de las caras retiradas como los otros puntales Espinosa de los Monteros  (vertiente más liberal) o Macarena Olona y las referencias de ámbito regional como García-Gallardo (Castilla y León) ó Sánchez del Real (diputado por Badajoz). Pero la polémica llegaría también a Murcia al pretender apartar a José Ángel Antelo, líder del partido en la Región de Murcia y diputado de la Asamblea Regional. Así, la vicesecretaria nacional le comunicó el pasado 25 de febrero la intención del partido de relevarle como presidente provincial del consejo ejecutivo e invitándole a que se apartara, dado que no puede cesarle al resultar elegido en primarias entre afiliados. Supuestamente, el motivo era renovar el liderazgo institucional del partido a cambio de mantenerlo como portavoz y candidato en 2027. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas por fases, pues no olvido cómo en Ciudadanos se trató a Miguel Sánchez y a José Luis Ros aunque fuese no desde nacional sino desde una miserable ejecutiva regional. Pero no nos desviemos del tema actual.

Dimisión de la coordinadora provincial

Como Antelo se mostró en desacuerdo con la invitación a dimitir, al día siguiente saltó la sorpresa de que toda la coordinadora provincial de Vox en Murcia (cinco personas) dimitía para forzar la destitución automática de Antelo. Sin embargo, el ya ex presidente declaró que no se sentía traicionado por dicho órgano, pues asegura que alguno de ellos le confesó en privado que la decisión había sido impuesta por nacional. Mientras tanto, Gestoso y Buixadé (sector más conservador) haciéndose los locos.

Ahora bien, pronto se difundió el rumor de que la pérdida de confianza en Antelo era como consecuencia de su "mala gestión". En una entrevista al medio El Español, fuentes de Murcia aseguraron indirectamente que el problema no era tanto de su actuación política, pues en realidad ya hemos visto que siguió a rajatabla todo cuanto se le ordenaba desde Madrid. Por ejemplo, abandonó la Vicepresidencia y la consejería de Interior y Emergencias en cuanto se exigió por Abascal por el absurdo de no cerrar los centros de Menas. Sin embargo, los críticos apuntaron que había perdido capacidad negociadora con López Miras y que dividía al partido. Respecto a lo primero, carece absolutamente de sentido porque precisamente el hecho de salir del ejecutivo regional ya le hizo perder al partido gran margen de maniobra para influir. Además, suena igualmente a chiste la decepción que apunta la fuente sobre lo pactado para los Presupuestos 2025, pues Murcia carece de competencia para deportar inmigrantes. Sobre lo segundo, fue acusado de fichar a gente afín para puestos del partido a nivel municipal, señalando que habría estado generando facciones en Ayuntamientos clave. Ahí ya lo desconozco, obviamente no he estado dentro para saberlo. Pero habría que ver hasta qué punto eso era cierto, como también qué otra voz interesada se hallaría detrás de estas acusaciones.

Destitución como portavoz y acusaciones cruzadas de delitos

En una entrevista del propio Antelo al mismo medio ya comunicó que no tenía intención de dimitir. Además, las encuestas en Murcia señalaban un ascenso proporcional del partido mucho mayor que en cualquier otra autonomía y de hecho se estimaba que podrían ser segunda fuerza. Pese a ello, pasados unos días el martes 3 de marzo se anunciaba la destitución de Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox Murcia. De esta manera, Rubén Martínez, que había ocupado anteriormente dicho cargo cuando el ex jugador de ACB se encontraba en la Consejería, regresaba a donde estaba. Mientras tanto, otra persona del núcleo duro de Abascal como Pepa Millán legitimaba que el partido podría hacer lo que ordenase.

La polémica escaló un nivel más alto cuando Antelo denunció públicamente el miércoles 4 al partido por usurpación de identidad y falsedad documental. El motivo fue que recibió un acuso de recibo del partido con la solicitud de cese como portavoz de Vox Murcia en la Asamblea Regional y con su propia firma electrónica y DNI. Esta alegación provocó que el mismo día la mesa de la Asamblea decidiera por unanimidad anular la destitución y nuevo nombramiento de portavoz parlamentario. Esto ocasionaba que el relevo tuviera que postergarse al lunes siguiente. La versión de Rubén Martínez fue firmaron con su puño y letra y que el certificado era del partido y no del diputado, excusa que administrativa y jurídicamente me parece muy endeble, más que nada porque en tal caso el certificado de persona jurídica mostraría el CIF y no el nombre y DNI de una persona física.  Sin embargo,  lo que alega Vox Murcia puede ser la razón por la que figure la firma de Antelo en un contrato de alquiler de una furgoneta de la empresa de su amigo cuando no era portavoz del grupo sino Consejero. Por otra parte, reveló que el mismo martes se le exigió que dejase el acta. Es decir, que no sólo querían apartarlo como portavoz sino que directamente se lo querían quitar de en medio. El día terminó con el primer teniente de Alcalde de Cartagena, Diego Salinas dándose de baja de Vox Murcia.

¿Y cuál fue la respuesta de Vox a esto? Pues precisamente el jueves 5 de marzo saltó (y qué curioso que no se publicase antes) que, al parecer, Antelo habría presionado a funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su mujer respecto a la urbanización de unos terrenos inundados no legalizados. Dichos terrenos eran propiedad a medias de su esposa y de una concejala. Esto es MUY grave porque se le acusa directamente y sin pruebas de un delito como el tráfico de influencias que es lo que habría sido comunicado por Murcia a nacional. ¿Tal vez por Gestoso? Que por cierto, qué cosas que justo en medio de esta polémica salga la luz que este último colocó recientemente a su pareja (tras ser despedida por vicesecretaría nacional) como personal suyo de confianza en el Ayuntamiento de Murcia y en un puesto dotado con 60.000 euros. ¿Podemización de Vox Murcia? Por otra parte, se añadieron otras acusaciones de mala gestión política como reuniones con el Real Murcia que correspondían en realidad al grupo municipal o acordar con López Miras financiación autonómica para la construcción de un centro de formación de supuestamente un amigo suyo, reduciéndolo a chiringuito.

Bien, vayamos por partes. Fuentes del Ayuntamiento de Cartagena desmintieron tanto las presuntas presiones al concejal de Urbanismo así como que Antelo por sí o a través de persona interpuesta se comunicara con el departamento. Sobre el Real Murcia, el contexto es que Gestoso enrareció el ambiente por unas críticas al proyecto de ciudad deportiva y acusándolo de falta de transparencia mientras que Antelo quiso reunirse con Felipe Moreno para calmar la situación y manifestar apoyo al club. Finalmente, ante el desprecio al centro de formación, las acusaciones de Vox igualmente recibieron la respuesta enérgica de la FREMM. 

Expulsión del grupo parlamentario y del partido 

A estas acusaciones se le sumó el previsible expediente de expulsión del partido abierto el viernes 6 y añadiendo en el mismo que habría emitido supuestas filtraciones interesadas. Francamente, eso sonaba más a estrategia de ruido para proseguir en el aislamiento del señalado, aunque pudiera estar en el fondo del asunto lo que ya se comunicó días atrás y es la presunta injerencia en las agrupaciones municipales. 

En cuanto llegó el lunes 9 se materializó su expulsión del grupo parlamentario de Vox y su pase al grupo mixto, compartiendo despacho y tiempos por tanto con IU y Podemos. El mismo día, Marcos Cano de Vox Totana anunció su dimisión, que entregaba su acta de concejal y que se daba de baja en el partido, en contraste con Salinas de Cartagena. Así que la crisis en Vox Murcia no ha hecho más que comenzar y tal vez en los próximos días podría haber más bajas y dimisiones en el partido a nivel municipal de esta formación, y es que de hecho existe algún representante de una localidad con alto apoyo de Vox que permanece en silencio desde el momento en que estalló el caso Antelo. 

Centralismo recalcitrante y consideraciones

Finalmente, Vox ha designado una especie de junta gestora regional de 2 personas presidida por el otro que fue consejero durante esta legislatura, José Manuel Pancorbo (ex Fomento) y el ex presidente de la CARM Alberto Garre como vicepresidente. Vamos, que mayor centralismo es imposible. Y es que, en definitiva, todo esto que ha sucedido ha sido una decisión impuesta de Vox Nacional, aplicando con contundencia una verticalidad orgánica que responde a su afán político de centralizar el poder y limitar la autonomía regional. Y esto me recuerda, salvando a las distancias, a lo que pasó en Ciudadanos. La diferencia es que el partido CS a nivel nacional ya se encontraba en barrena y el traspiés de Murcia terminó amplificando la caída a todos los niveles que ya venía siendo difícil de detener. Habrá que ver y esperar hasta qué punto esta crisis perjudica a la credibilidad y unidad del partido a nivel de Murcia. Entiendo que, dada la naturaleza de esta formación, será muy poco probable que esta brecha abierta le afecte más allá de la presente provincia. Mis perspectivas e impresión, no obstante, es que si no consiguen tapar esa fuga que se ha abierto porque Antelo ya contaba con un importante apoyo a nivel municipal (ya sea por maniobras de que se le acusan o porque haya tejido lazos con los de dentro), se pincharán sus ambiciones para 2027 en Murcia.

(fuente de la foto: Cadena SER)