El conflicto Israel-Palestina: contextos, controversias y la deriva activista

De los temas de los que no me atrevía a hablar en el blog éste es seguramente el que más "tabú" que tenía, dada la gran cantidad de manipulación, medias verdades y desinformación que circulan y la complejidad del mismo, más allá de que muchos pretenden reducir el problema de forma muy simplista. Por eso, me he abstenido de incluir fuentes que pudieran ser especialmente parciales (o más de la cuenta). El conflicto entre Israel y Palestina data de casi 80 años atrás, pero se ha recrudecido especialmente desde hace dos años. En medio de todo esto, el activismo pro Palestina parece haber entrado en una espiral que personalmente no comparto para nada, a pesar de que resulte necesario denunciar la gestión de guerra del gobierno de Israel. Porque las guerras, todas, traen cosas malas y en España lo sabemos muy bien. Porque para mí no existen buenos aquí al menos entre los políticos y terroristas, eso que quede claro a cualquiera antes de seguir leyendo. Vayamos primero con un poco de contexto antes de centrarme en la deriva de ese activismo que entiendo que no aporta nada positivo ni constructivo.

Antecedentes históricos y evolución del conflicto

Desde 1947 se ha hablado varias veces de crear un Estado palestino mediante varias intentonas de acuerdos que jamás han sido firmados. En dicho año, la ONU propuso dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe mientras que Jerusalén y Belén se hallarían bajo un régimen internacional especial administradas por la propia ONU. Sin embargo, la parte árabe no lo aceptó porque entendía que asignaba la mayor parte del territorio (58%) a una minoría y estalló la guerra en 1948. En 2000, en la cumbre de Camp David, fue Israel quien ofreció un Estado palestino albergando gran parte de Cisjordania y Gaza. El célebre Yasser Arafat lo rechazó porque consideraba que dejaban a la primera muy fragmentada en sus asentamientos, no incluía Jerusalén y no ofrecía soluciones para los refugiados. Años después hubo una etapa complicada con Ariel Sharon y Bush en EEUU que complicó cualquier acercamiento. En 2008, el israelí Ehud Olmert ofreció a Mahmud Abbas un Estado con retirada de Israel de las regiones mencionadas, intercambio de tierras y Jerusalén Este como capital compartida. Sin embargo, Abbas no firmó alegando falta de garantías contra acciones ofensivas en Gaza. De esta manera, el eterno conflicto tiene su punto de partida en el fracaso de las negociaciones derivada de la escasa voluntad de establecer acuerdos satisfactorios. Sin embargo, hubo algo mucho peor que terminó alejando aún más las posibilidades de acuerdo de paz: el ascenso al poder de los terroristas de Hamas.

En 2006, Hamas ganó por mayoría absoluta en Gaza frente a Fatah, el partido de Yasser Arafat y de Abbas. Un año después estallarían enfrentamientos armados y Hamas se terminaría imponiendo a la oposición  y estableciendo una auténtica dictadura ejerciendo represión interna y censura sin que desde entonces se hayan celebrado más elecciones legislativas ni presidenciales. Palestina terminó dividida en dos gobiernos de facto que serían Cisjordania (ANP) y Gaza (Hamas). Hamas habría sido quién más ha alejado la paz en 75 años por dos razones, que se vinculan a su condición de régimen dictatorial. En primer lugar, mantiene la resistencia armada y terrorista contra Israel atacando indiscriminadamente a civiles que al mismo tiempo activan terribles represalias israelíes. En segundo lugar, oprime a su propia sociedad civil usándola como escudo al establecer infraestructuras militares en áreas donde existen hospitales y centros educativos y a minorías como los LGTBi, aplicando la Ley Sharia y la moral conservadora islámica y penalizando con cárcel la homosexualidad en Gaza con el antiguo código penal británico de 1936. Por el contrario, en Cisjordania es legal desde 1951. Por otra parte, es preciso añadir que aunque existieron acusaciones de desvío de fondos de ayuda a fines terroristas militares no se encontraron evidencias de ello.

El punto de inflexión

El trágico 7 de octubre de 2023 más de mil personas murieron en Israel tras terribles ataques de cohetes disparados por Hamas (incluyendo un festival de música) y cerca de 200 personas fueron secuestradas. Esta fecha se convirtió en un punto de no retorno y la reacción ha sido escalofriante. Para Hamás fue una demostración de fuerza destinada a romper el bloqueo y colocar la causa palestina en el centro del debate mundial, pero para gran parte de la comunidad internacional no fue sino un acto de terrorismo masivo contra civiles que desencadenó una guerra aún abierta. La reacción del gobierno de Israel con Netanyahu al mando, según la misma comunidad, habría tratado de ponerse a la altura de tamaña acción criminal ejerciendo represalias para destruir a Hamas pero generando al mismo tiempo múltiples víctimas colaterales. No es menos cierto que precisamente los terroristas lo han favorecido. Como tampoco es es casualidad que la fuente principal que apunta a más de 60.000 víctimas en Gaza en dos años es... La propia Hamas a través de su ministerio de Sanidad. Y obviamente las ONGs replican esa información y contratan a expertos que la ratifican.

Los genocidios y el rigor en el uso del término

Llega el momento de responder a la primera polémica, ¿es un genocidio lo que está sucediendo en la franja de Gaza? La Convención de Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 exige probar la intención específica de destruir de forma total o parcial a un grupo protegido. La mera existencia de muertes masivas, hambruna o migración, pese a ser desgarradoras, no bastan por sí sola para una condena legal por genocidio. Incluso la comisión de violaciones de Derechos Humanos. Y es que la calificación corresponde a tribunales con competencia penal, como los de los Estados miembros o la Corte Penal Internacional de Justicia, a pesar de que la Fiscalía esté investigando. Por el contrario, sólo ha sido insinuada por órganos particulares de la ONU como la Oficina del del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (advirtiendo de acciones que estarían impregnadas de características de genocidio) y expresada por algunos gobiernos nacionales como el socialista español, ONGs como Amnistía Internacional, medios de comunicación y periodistas y asociaciones de expertos como la IAGS. Sin embargo, como señalo, no existe ninguna sentencia que así lo confirme como sí sucedió en el caso de la ex Yugoslavia de Radovan Karadzic.

Existen otros casos de investigaciones en curso de genocidios, pero apenas alguno se ha confirmado judicialmente. Está el caso de Sudán en Darfur, por el que la CPI emitió en 2009 orden de arresto contra Omar Al-Bashir por crímenes de lesa humanidad. El dictador fue depuesto por golpe de Estado en 2019 y juzgado y condenado, pero sólo por corrupción y las investigaciones determinaron que no había genocidio. A pesar de ello, la violencia étnica sigue activa en Darfur con denuncias de masacres perpetradas por milicias árabes. En Myanmar, la minoría musulmana rohinyá fue objeto de limpieza étnica y desplazamientos hacia Bangladesh y la CPI admitió varias demandas de declaración de genocidio, que siguen investigándose. En Irak y Siria, la persecución de ISIS contra los yazidíes ha sido reconocida como genocidio por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo y en Alemania (Frankfurt) se condenó en 2021 a un yihadista expresamente por genocidio. Finalmente, en Azerbaiyán, se expulsó en 2023 a casi toda la población armenia (más de cien mil personas) si bien no existe aún proceso penal que lo sentencie y a pesar de que tras la primera Guerra Mundial más de un millón de armenios ya sufrieron un exterminio por obra de los otomanos. Luego están otros casos como Nigeria y El Congo con miles de muertos y desplazados de religión cristiana en el primer caso y millones de muertos de minorías étnicas durante el presente siglo en el segundo que, sin embargo, nunca han sido reputados como presuntos genocidios sino como crímenes de guerra o lesa humanidad.

Un activismo desnortado

Sin embargo, los activistas de izquierda y entre ellos en España no consideran significativos esos "genocidios" que se están investigando y con todo no son declarados como tales, pero sí el de Gaza que tienen clarísimo que lo es. Así que, ¿qué hay detrás de ello? Pues es muy sencillo. Por una parte, Israel encarna al poderoso, un Goliat con uno de los ejércitos más impresionantes del mundo. Es un país capitalista, muy occidentalizado y con EEUU como tradicional aliado, que a su vez es el monstruo tradicional del socialismo. También es visto como un Estado colonialista. Por la otra banda, Palestina es un "país sin Estado" que reclama independencia, su religión oficial es la musulmana y además su población es racializada, pobre y con escasos recursos. Por si fuera poco, cuenta con un brazo terrorista que para cierto espectro de la izquierda nunca fue un problema para luchar por objetivos políticos. Incluso, ciertos activistas miserables como el siniestro R. Solís los defiende y justifica empatizando de la misma manera en que lo hizo Batasuna de Otegi con los de la serpiente vasca. Pues bien, todo esto es el punto de partida para un activismo que, aún teniendo razón de base en abogar por el fin de la masacre en Gaza que ejerce Israel, peca de la mayor hipocresía y penosa actitud.

Son diversas las acciones en las que los activistas han exhibido más antisionismo que defensa de los Derechos Humanos, más que nada por el furibundo odio que continuamente expresan a la nacionalidad israelí. Demuestran que su guerra de moralidad no va contra el gobierno de Israel por crímenes de guerra sino contra TODA la nación. De hecho, los consideran nacionalsocialistas, equiparándolos con vergonzosos memes al movimiento del famoso ex pintor austríaco. Así por ejemplo, tenemos los intentos de boicot y amenazas a las dos últimas representantes de Israel en Eurovisión (la última sobrevivió al terrible ataque del 7 de octubre), acoso en redes sociales a la actriz de cine Gal Gadot (alguno de ellos instigado indirectamente por la incontinente verbal Rachel Zegler) y qué decir de las presiones de activistas de extrema izquierda en Euskadi, Galicia y Asturias para que ciclistas israelíes abandonasen la Vuelta. Y es que ha llegado a tal punto la imperiosa validación social que llegaron a criticar duramente a la cantante Rosalía por no pronunciarse, en el sentido de que la ausencia de ello equivalía a apoyar a Israel. Es que no se puede ser más sectario. Desde entonces, la artista no ha tenido más remedio que expresar condena para no volver a sufrir una funa. Otras acciones recientes han consistido en performances de dudosa efectividad como la famosa Global Sumud Flotilla con comida y ropa para Gaza que parece más un viaje fin de curso (inventándose ataques con drones para generar victimismo) y "baños solidarios" en el mar con banderitas palestinas en Baleares y Cantabria. En todo esto ha derivado el uso interesado de una tragedia humanitaria y, en síntesis, estos activistas no son sino otra parte más del problema.

Juan Soto Ivars y Arturo Pérez-Reverte, cada uno por su parte, son dos intelectuales que consideran que Netanyahu debe de ser juzgado y preferiblemente por su propio país. A día de hoy, la mayoría de israelíes lo que quieren es la paz y que sus familiares secuestrados regresen a casa sanos y salvos. Por eso muchos no entienden por qué no se establece una paz y ni tan siquiera un alto el fuego. La desconfianza es máxima, pero el gobierno israelí no contribuye tampoco al fin de la guerra. Por otra banda, ambos autores coinciden en que el activismo que dice defender la causa de Palestina hace justo lo contrario y blanquea tanto al terrorismo islámico como el totalitarismo que hay detrás de la religión. Por ello, pese a los ataques cruentos de Israel es muy difícil ocupar un asiento junto a los antisionistas disfrazados de amantes de los derechos humanos. Además, cuando el propio Netanyahu reconoce haber permitido financiación a Hamas para desestabilizar a Palestina mediante fondos provenientes de Irán y Qatar y lo que es peor de la Unión Europea, ¿en qué cabeza cabe posicionarse a favor de su gobierno? Pero no nos confundamos y caigamos en la trampa de la extrema izquierda de odiar a los países y a sus ciudadanos. Son los gobernantes y los terroristas los culpables, no los ciudadanos y menos aún las víctimas.

Y es que, en definitiva, este activismo desnortado de extrema izquierda y que ha contagiado también a la izquierda en España, ha convertido la causa de Palestina y la paz en una dualidad entre el bien y el mal para esconder otros temas y problemas que o bien no le reportan votos (como la inseguridad ciudadana vinculada a la inmigración ilegal y los Menas) o sólo erosionan a su socio para gobernar (la corrupción socialista). Además, también ha impregnado a la tragedia de Gaza de una etiqueta de calidad de forma que toda persona que ose considerarse humana y con corazón debe de posicionarse en el mismo sentido, a pesar de que sus fuentes sean los terroristas de Hamas. Y lo que es más, creerse que los valores de democracia, derechos humanos y respeto a la igualdad LGTBi y hasta lo Queer es compatible con un régimen dictatorial e incluso con la deshumanización de toda una población por el mero hecho de tener la nacionalidad israelí. Ese activismo que se cree salvador de las causas más justas y articula acciones tan constructivas como reventar etapas de la Vuelta ciclista, irse de crucero, hostigar a artistas, romantizar terroristas islámicos e influir en Gobiernos como el de España que ha asumido todos sus postulados. Simple y llanamente porque son su público electoral y porque le ayuda como cortina de humo contra el escenario político nacional. De hecho abrió el curso 2025/2026 con un anuncio de embargo de armas a Israel y ayudas de 150 millones de euros a Gaza mientras las víctimas de la DANA y en La Palma esperan aún.

El futuro y soluciones

La solución al conflicto pasa necesariamente por el reconocimiento oficial del Estado de Palestina pero empleando los cauces formales para ello, esforzándose más en el diseño del acuerdo, más flexibilidad en la negociación y con la firma de la paz definitiva entre Israel y sobre todo la región de Gaza, porque el problema no es Cisjordania. Pero siempre ha de ser irrenunciable la desarticulación y desaparición de Hamas como elemento terrorista. También es necesario que se proceda a la reconstrucción de Gaza con inversión tanto americana como europea. Finalmente, convocar elecciones de manera que exista un gobierno democrático que gobierne ambas regiones. Sin embargo, lo más simple es afirmarlo así tan llanamente, porque el paraíso que supondría eso no parece ni remotamente imaginable a largo plazo, la guerra no parece sino recrudecerse y las partes no parecen ni interesadas en sentarse a negociar. En las mejores épocas, ni tan siquiera en ellas se pudo alcanzar un acuerdo de confianza, seguridad y estabilidad. Además, ni tan siquiera veo factible una amnistía por semejantes crímenes, por lo que necesariamente han de existir condenas ejemplares. Todo esto, sin duda, convierte al conflicto Israel-Palestina en el rompecabezas geopolítico más complejo que existe en el Mundo a día de hoy, peor aún que el de Rusia-Ucrania y sólo nos queda desear que la vida nos de lo suficiente como para algún día ver con nuestros ojos (o escuchar con nuestros oídos) que por fin la Paz sea la triunfadora.

Incendios 2025: competencias y rendición de cuentas

El mes de agosto del presente 2025 está siendo una auténtica pesadilla para las regiones con montes debido a que diversos incendios han devorado más de 400 mil hectáreas. Ha afectado sobre todo a varias provincias de Castilla y León, Galicia, Asturias, Extremadura, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Antes que nada, desde mi blog quiero mandar todo mi apoyo a las personas que están sufriendo este tremendo desastre y especialmente a las que residen cerca de las vastas zonas quemadas e incluso han podido perder bienes materiales y hasta familiares. Las altas temperaturas han favorecido los sucesos, pero hay muchos más factores detrás.

El reparto competencial

Para empezar, hay que dejar claro el reparto de las competencias en materia de Montes y Prevención y extinción de incendios. El Estado se reserva la legislación básica en materia de Protección civil y Montes, proporciona medios adicionales de apoyo como las BRIF (brigadas de refuerzo en incendio forestales) y la UME y coordina la estadística de incendios. Las CCAA, por su parte, son competentes directas de prevención y extinción de incendios por cuanto aprueban sus planes, dictan regulación de quemas agrícolas y forestales con arreglo a la Ley nacional, dirigen y mantienen los operativos de extinción de incendios y se coordinan con las entidades locales. Estas últimas, mantienen limpias las zonas urbano-forestales, redactan y aprueban planes locales y también velan por el cumplimiento de sus ordenanzas en las materias específicas.

Pues bien, este reparto competencial ha sido recurrido para apuntar a las CCAA y específicamente a las gobernadas por el PP con la excepción de Asturias, la única afectada donde está el PSOE. Entre otras cosas, se ha acusado de mantener convenios salariales anticuados, haber recortado presupuesto en materia de prevención y extinción (incierto) y disponer de planes poco preparados. Dicha estrategia responde a una dinámica iniciada desde los tiempos del COVID-19, en que después de restarle importancia por parte del Gobierno central en el mes de febrero y primeros días de marzo, pasaría semanas después a descargar puntos de decisión en las CCAA para evitar en la medida de lo posible la acumulación de rendición de cuentas. Lo importante sería trasladar a la oposición la responsabilidad del eventual desastre. Ya fue así en los sucesos de la DANA de 2024 cuando el Gobierno se lavó las manos y los cañones de su entramado mediático apuntaron esencialmente a Mazón y en algunos casos de forma exclusiva. En esta ocasión, además, no puede dejarse de lado que han detenido a cerca de 50 personas implicadas en haber provocado los incendios.

Sin embargo, pese a la retórica no asistimos a una competencia exclusiva de las CCAA en estas materias. Como he indicado antes, el Estado es quien dicta la legislación básica. Se trata de la Ley de Montes 43/2003, la que constituye el marco jurídico sobre el que las CCAA desarrollan buena parte de su regulación forestal. Su finalidad es legítima: prevenir incendios, evitar aprovechamientos abusivos, proteger los hábitats forestales y compatibilizar la gestión del monte con la conservación del medio natural. Así que aquélla es desarrollada por las autonomías respetando aquélla, si bien en la práctica viene a ser una reproducción cuasi literal por miedo a la inconstitucionalidad de dichas leyes regionales. También se encargan las autonomías de la ejecución, es decir, aprobar los Decretos y otras normas en el ejercicio de la potestad reglamentaria con arreglo a las Leyes. 

Limpieza de montes, recogida de biomasa y el papel de la ganadería

En los terrenos forestales privados, la Ley de Montes impone a los propietarios obligaciones de conservación y prevención, mientras que el régimen concreto de autorizaciones o declaraciones responsables depende en gran medida de la normativa autonómica. La situación resulta más compleja en los montes públicos y, especialmente, cuando las actuaciones afectan a espacios protegidos, hábitats de interés comunitario, especies protegidas y ciertos usos del dominio público (artículo 17).

En estos supuestos, determinadas actuaciones forestales como quemas controladas, aprovechamientos, tratamientos silvícolas de cierta entidad o intervenciones que puedan afectar a valores ambientales, se sujetan a autorización administrativo previa. Serán necesarios informes técnicos y procedimientos de evaluación ambiental previstos tanto en la legislación estatal como en la autonómica. Aunque estas exigencias persiguen fines de conservación plenamente razonables, en ocasiones alargan los plazos de ejecución y encarecen las actuaciones preventivas, especialmente cuando concurriendo varias Administraciones (sumándose el Ayuntamiento) y plazos distintos. Esa acumulación de trámites constituye, a mi juicio, uno de los principales obstáculos para una gestión forestal más ágil.

Por otra parte, la propia Ley de Montes fomenta el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como recurso energético. Sin embargo, la realidad es que la rentabilidad económica de extraer esos restos, unida a los costes administrativos, las limitaciones ambientales existentes en determinados espacios y la escasa demanda en algunas zonas, hace que una parte importante del combustible vegetal permanezca en el monte. Del mismo modo, agricultores y pequeños propietarios que desean realizar quemas de restos vegetales deben ajustarse a los procedimientos y limitaciones establecidos por la normativa autonómica de prevención de incendios, lo que, en determinados momentos del año, dificulta la eliminación de esa biomasa. Y ello hace que se acumulen restos secos que son, en sí mismos, combustible en verano. Y cualquier loco, negligente o inconsciente puede aprovechar el momento para prender fuego y provocar el desastre.

Otro aspecto discutible es el relativo al pastoreo. Tras un incendio forestal, la normativa prioriza la regeneración natural del monte y permite limitar determinados aprovechamientos cuando resulten incompatibles con ese objetivo. En ese sentido, la Ley de montes prohíbe el cambio del uso forestal durante 30 años (artículo 50), por lo que no puede destinarse a pastoreo. Aunque la finalidad conservacionista es comprensible, diversos expertos en gestión forestal consideran que una aplicación excesivamente restrictiva puede reducir el papel que desempeña la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios. Porque aunque el ganadero no haya causado el fuego, pierde el uso de esos pastos, lo que reduce su papel en la regeneración y limpieza de la zona.  A esto se le une que la Política Agraria Común impone cargas ganaderas máximas por hectárea y las regulaciones autonómicas y locales dificultan el acceso a subvenciones. 

El ganado, especialmente cabras y ovejas, consume matorral, hierbas altas y brotes leñosos que constituyen parte del combustible disponible durante el verano. Además, contribuye a mantener limpios linderos, márgenes de caminos y zonas de difícil acceso para la maquinaria, reduciendo los costes de mantenimiento forestal. El pastoreo, en tanto que cortafuegos natural, también ayuda a conservar abiertos caminos y sendas utilizadas por los servicios de emergencia y extinción. Además, favorece un paisaje más diverso, donde se alternan pastizales, cultivos y masas forestales. Muchos expertos consideran que esa heterogeneidad del territorio dificulta la propagación de los grandes incendios forestales, por lo que integrar la ganadería extensiva en las políticas de prevención puede constituir una herramienta complementaria de gran utilidad. Resumidamente, la actividad ganadera evita que grandes extensiones se conviertan en masas continuas de combustible vegetal y un paisaje diverso (pastos, cultivos, monte bajo) es mucho más resistente a la propagación de incendios.

Conclusiones

Con estos puntos queda claro que el Gobierno a través de un proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales podría ganarse un tanto y apostar por un amplio consenso que corrija los errores y externalidades negativas de la Ley, en lugar de recurrir a la demagogia de plantear un pacto de Estado contra el cambio climático para apuntar a uno de los partidos de la Oposición (Vox). No cabe duda de que el cambio climático contribuye a la formación de biomasa y matojos que arden más que el infierno en verano pero, ¿Por qué no usar la Ley? ¿Qué puede aportar un supuesto plan nacional contra el cambio climático para evitar que se generen incendios que en no pocas ocasiones han recibido una "ayudita" consciente humana? ¿Qué podemos hacer como personas conscientes a parte de no ir como locos a prender fuego? ¿Qué esfuerzos más allá de consumir menos (que ya hacemos con la inflación) y adquirir un carísimo vehículo eléctrico? Mientras no tengan respuesta estas preguntas, nuestros montes se seguirán quemando.

No obstante, el problema no se reduce sin más a proteger nuestros montes, sino en hacerlo sin perder de vista que la mejor conservación también pasa por una gestión activa. La prevención de incendios exige encontrar un equilibrio entre las garantías ambientales y la agilidad administrativa. Cuando los procedimientos se vuelven excesivamente complejos o lentos, el riesgo es que la vegetación siga acumulándose mientras los trámites avanzan. Y un monte abandonado, aunque esté jurídicamente muy protegido, difícilmente estará mejor protegido frente al fuego.

Fuente de la foto: National Geographic

Un Gobierno al servicio de los independentistas: todas sus concesiones

Hace algunas semanas compartí un vídeo de Visual Economik sobre el impacto del federalismo asimétrico en España debido a los privilegios fiscales y económicos de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin embargo, era y es necesario ahondar en la política que desde hace algunos años está aplicando el Gobierno de Sánchez realizando todo tipo de concesiones y regalos a los independentistas con tal de que no les derriben ni fuercen elecciones anticipadas que, según las encuestas, estarían abocados a perderlas. En realidad, ya lo hicieron en 2023, pero en esta ocasión sería de forma abrumadora y alcanzando el PP a sumar con VOX sin necesidad de hipotecarse con separatistas. Y es que para la estabilidad política de España, que no de un gobierno infame que vive de medias verdades como aquí por ejemplo desmonta Juan Rallo, es imperativo que ningún partido independentista adquiera tanta influencia como ostentas ahora y en una España a la que odian pero viven de ella. Por tanto, aún no compartiendo buena parte de la actitud y posiciones de PP y VOX, es vital para España que reemplacen lo que hay actualmente, no existiendo por desgracia ningún partido auténtico de centro liberal hoy día. Pese a ello, estoy plenamente convencido de que con PP y VOX es imposible que vaya a peor la situación actual, por lo que ineludiblemente debe de ir a mejor. Repasemos a continuación hasta qué punto Pedro Sánchez se ha rendido a las soflamas egoístas y antiespañolas de los independentistas, tanto los radicales como supuestamente moderados.

Todo comienza con la famosa Mesa de negociación que se creó en 2020 como exigencia tras la investidura de 2019, cuyo objetivo último  era establecer un acuerdo para un referéndum consultivo en Cataluña y con participación exclusiva del Gobierno de España y del de la Generalitat. En el seno de estas reuniones se aprobaron TODAS las medidas que vienen a continuación, algunas en vigor y otras en proceso. La única que se quedó aparcada fue el famoso referéndum, lo cual teniendo en cuenta todo lo que le van concediendo, ¿por qué debería de entenderse descartada?

Indulto a los políticos y líderes condenados en el marco del proceso soberanista. En octubre de 2019, a un mes de la repetición de las elecciones generales de abril, el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición y malversación y con varios años de cárcel a nueve líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal de dos años antes y la siguiente declaración de independencia. En menos de dos años, en junio de 2021, se concedió mediante Real Decreto del Consejo de Ministros el indulto parcial manteniendo la inhabilitación de cargo público y salieron en libertad tras tres años en prisión. El Gobierno de Sánchez recurrió como excusa al principio de "utilidad pública" y basándose en reducir la tensión política y social y fomentar el reencuentro entre Cataluña y el resto de España a través del diálogo y "desjudicializar el conflicto". Sin embargo, ninguno ha mostrado arrepentimiento y sobre todo los que no eran políticos como Jordi Cuixart. Personalmente y a toro muy pasado, pienso que el mayor error fue regalarles el victimismo en 2017 por parte de Rajoy, pues lo más aconsejable hubiese sido simplemente anular el resultado al día siguiente de su pantomima de consulta popular que no fue votada ni por todos los electores independentistas. Sin embargo, para esta gente y me refiero a los políticos, esta medida de gracia absolutamente ad hoc se quedaría corta, como era de esperar.

Reforma del Código Penal. En diciembre de 2022, se suprimió el delito de sedición y se sustituyó por el impreciso "desórdenes públicos agravados" pasando las penas máximas de 15 años hasta 5 aplicándose sólo si existiese violencia o intimidación grave. Al año siguiente se reformó el de malversación distinguiendo si existió o no ánimo de lucro. Es decir, separa los posibles beneficios políticos de los personales y económicos. El Gobierno se excusó en que trataba de modernizar la legislación penal y adaptarla a los estándares de los países de la UE, dado que como tal no existía. Sin embargo, esta peregrina argumentación escondía que fueron las exigencias de ERC para poder aprobar los Presupuestos Generales de 2023, los únicos que han salido adelante en estos siete años. Individualmente, esto benefició a Romeva y a Junqueras e indirectamente a Carles Puigdmont, dado que no sólo le proporcionó más margen de maniobra sino que reventó la Euroorden y con ello las posibilidades de extradición. De nada sirvieron las críticas del Tribunal Supremo ni de algunas asociaciones judiciales ni de la sociedad civil que advertían de la peligrosidad de convertir el Código Penal en un arma al servicio de los pactos políticos. Y, con todo, la mayor humillación aún estaba por llegar.

Ley de Amnistía. Tras las elecciones de 2023 y con el objetivo de sumar todos los apoyos parlamentarios en el Congreso necesarios para su investidura, Pedro Sánchez dió un paso más hacia delante en su rendición al independentismo. Después de los indultos y la reforma del Código Penal, no era aún suficiente y los separatistas exigían la supresión de toda responsabilidad penal, civil y administrativa y anular las condenas. Es decir, demandaban que se borrasen todos los delitos como si no hubiesen existido. Pero aún había más, Junts ponía sobre la mesa como condición una amnistía general para todos los encausados en el marco del procés e incluso una negociación internacional. 

En mayo de 2024 entró en vigor, pero con un ámbito temporal sorprendente: nada menos que desde 2012 (poco después de que tomara posesión Mariano Rajoy y hasta el 13 de noviembre de 2023). Esto benefició no sólo a políticos de ERC y Junts, sino también líderes activistas como los Jordis, mossos d'Escuadra, ciudadanos implicados en protestas y altercados y finalmente funcionarios, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Se optó por un criterio restrictivo de exclusiones, estableciendo entre ellas actos terroristas con intención de causar violaciones graves de derechos humanos y que al mismo tiempo serían interpretados protegiendo los destrozos perpetrados por la CUP y sus cachorros. Pese a argumentar el Gobierno que existían otras amnistías europeas en reconciliación política, el Tribunal Supremo y muchos juristas entienden que la amnistía viola el principio de igualdad ante la Ley y la separación de poderes, pues el Ejecutivo aprovecha una mayoría parlamentaria con todos los independentistas para deslegitimar al Poder Judicial. En junio, el Tribunal Constitucional mediante la "mayoría progresista" que básicamente consiste en los vocales puestos por el PSOE y sus socios, validó la Amnistía con la base insulsa de que "lo que no se prohíbe expresamente es constitucional". Actualmente, como hay que plantear caso por caso, algunos jueces han recurrido al TJUE como cuestión prejudicial. Y es que recientemente Europa ha echado una colleja al respecto.

Condonación de deuda de Cataluña. En noviembre de 2023, en el mismo marco para la investidura de Pedro Sánchez junto con la Amnistía, se acordó la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) más 1.300 millones en intereses. Precisamente fue Cataluña la comunidad autónoma que más dinero solicitó y por tanto se endeudó a través de este mecanismo de financiación regional que creó Rajoy (de aquéllos barros, estos lodos) sobre todo a raíz del avance del Procés y del descenso de calificación crediticia. Y aún así, lo sigue haciendo. En términos globales, esta condonación supone un 20% para Cataluña y supuestamente se extiende la posibilidad de acogerse a la condonación a otras CCAA, pero no es más una tapadera de un procedimiento que beneficia a Cataluña al no aplicarse los mismos criterios y basarse más en la negociación política que en parámetros objetivos sin ni tan siquiera haber consultado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Transferencias de competencias. La más polémica y que todavía no ha entrado en vigor pero sí se ha anunciado es la de inmigración. Supuestamente es una competencia exclusiva del Estado según la CE de 1978, pero el Gobierno Sánchez les ha prometido que gestione la Generalitat las expulsiones de extranjeros, asuma la gestión integral de los CIE, los mossos se encarguen de la seguridad en puertos y aeropuertos e incluso expida los NIE. Esto se une a que en el último reparto de Menas se haya excluido a Cataluña junto con el País Vasco por supuestamente estar masificados los centros de internamiento de inmigrantes, mientras que unas pocas comunidades del PP se llevan a más de la mitad. Esto sin duda repercutiría en una cesión de fronteras y que Cataluña decida qué inmigrantes y cuántos deben de entrar o salir. Algo que se le antoja inconstitucional a los expertos, pero en el Gobierno ya cuentan con el Alto Tribunal a su servicio para declarar la conformidad cuando en el futuro entre en vigor ese traspaso de titularidad de competencia disfrazado de cesión de ejercicio. 

Por otra parte, el Estado ha prometido ceder a la Generalitat la titularidad y gestión integral del servicio ferroviario de cercanías (Rodalíes), afectando a personal, infraestructuras y planificación, aparte de destinar 6.000 millones de euros en inversiones ferroviarias. Esto también entró en el marco de investidura de 2023 y en 2024 se publicó el acuerdo técnico de traspaso progresivo de manera que la red de trenes de cercanías y regionales pasará de ser gestionada por RENFE y ADIF a la Generalitat rompiendo la unidad del sistema ferroviario. Con todo y pese a la millonaria inversión, los independentistas exigen la propiedad de las infraestructuras. De momento, en 2026 asumirían la planificación mientras que actualmente son competencias administrativas.

En cuanto al País Vasco, destaca la gestión del ingreso mínimo vital privilegiando frente a otras regiones que lo demandaron, la tutela de menores inmigrantes, la gestión de prisiones en el marco de acercamiento de presos y el transporte ferroviario al mismo estilo de Cataluña, mientras que queda pendiente para el futuro la gestión de la Seguridad Social en su totalidad incluyendo la económica.

Sucesivos intentos de oficialidad de lenguas regionales en la UE. Ya introdujeron desde la presente legislatura que se pueda intervenir íntegramente en cualquier lengua autonómica en el estrado del Congreso o del Senado, contratando traductores que por el pinganillo traducirían a cualquier persona lo que está diciendo. Y a pesar de ello no les es suficiente, sino que quieren imponer lo mismo en la Unión Europea. Concretamente, el acuerdo establece que los textos legales se traducirían, se podrían usar las lenguas en intervenciones oficiales en cualquier institución, los ciudadanos podrían remitir comunicaciones y recibir respuestas en dichas lenguas y, lo que es más, sería una de las lenguas de trabajo y publicación de documentos oficiales al nivel del español, francés o alemán. Sin embargo, la modificación del Reglamento 1/1958 por el que establece las lenguas oficiales precisa de unanimidad de los Estados Miembros. Ni tan siquiera rogando el ministro de Asuntos Exteriores que cubriría España todos los gastos económicos (sufragados con nuestros impuestos, una vez más), ha conseguido el apoyo de todos y se ha rechazado someterse a votación tres veces. Destaca en especial Alemania en la oposición, junto con Francia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Dinamarca. Tienen dudas pero con un semáforo amarillo Croacia, Chequia, Austria y Polonia y sólo la apoyan con firmeza Luxemburgo, Malta y Chipre. Las críticas no ya por no abrir el melón de otras lenguas regionales en Europa como el bretón, el corso, el flamenco o el sardo, sino porque la lengua se use como arma política en otros procesos. 

Revisión del cupo vasco y condonación de la deuda. En 2021, en el marco de la negociación de los PGE para 2021 y 2022 se acordó entre el Gobierno y el PNV tanto incrementos en la capacidad normativa tributaria como una nueva metodología de cálculo del Concierto Económico Vasco y fijaron su cuantía hasta 2026, de manera que el gobierno vasco abonaría al Estado unos 1.472 millones de euros anuales de media. Esto le permite crear nuevos tributos y aplicar deducciones a impuestos estatales con más libertad que otras CCAA, lo que puede repercutir en un dumping fiscal interno. Sin embargo, no es lo más preocupante sino la opacidad y falta de transparencia del modo de cálculo del cupo y se entiende subestimado, entre otras cosas por los ajustes que se realizan condonándose más de 200 millones de euros de deuda. Este cupo se calcula aplicando un coeficiente de imputación de aproximadamente el 6,24% al gasto del Estado no transferido a Euskadi y se basa en criterios de PIB, población, consumo y recaudación pero sin actualizarse periódicamente, de manera que favorece la acumulación de desajustes. La Ley 10/2023 aprobó la nueva metodología en apenas unos pocos artículos. Sin duda, el cupo vasco fue el gran coladero de la Constitución de 1978 para contentar a un separatismo vasco que no ha dejado de estirar el chicle.

Nuevo régimen de financiación singular de Cataluña. La insaciable voracidad del régimen nacionalista que sigue gobernando Cataluña en la sombra a través del títere Salvador Illa no tiene fin. Y lo más reciente que exigen es un régimen de financiación propio que la Constitución de 1978 no reconoce, exactamente lo mismo que pidió Carles Puigdemont a Mariano Rajoy poco antes de estallar el procés en 2012. Lo que proponen es que todos los impuestos que recaude Cataluña se queden en Cataluña, de manera que su contribución sería al estilo del cupo vasco con una estimación (muy probablemente a la baja) sobre los servicios que el Estado presta allí. Esto impactaría con un descenso formidable del PIB de España, mientras que Cataluña avanzaría en una independencia de facto sin renunciar a los servicios y beneficios centrales.

Normalización de Bildu. Se ha normalizado a Bildu y al que fuera líder del brazo político de ETA Arnaldo Otegi como interlocutor habitual de Gobierno de España, habiendo dado apoyo a los Presupuestos y a normativas clave como la intervención del mercado del alquiler mientras que agrega condenados a sus listas electorales.

Consecuencias políticas. A cambio de asegurar la continuidad del PSOE al mando del ejecutivo, la enorme dependencia del Gobierno de España y su estabilidad respecto de los independentistas ha complicado enormemente alcanzar acuerdos de Estado ni consenso en puntos clave como la financiación autonómica, el modelo territorial, la política Exterior, la política de Defensa y no digamos la reforma de la Constitución. La percepción generalizada es que imperan privilegios fiscales y políticos en favor de los comunidades dominadas por los nacionalismos periféricos frente al resto de España, desplazando el centro de gravedad del poder institucional del Parlamento nacional a la negociación con unos actores muy concretos. Es más, esa sensación de discriminación puede repercutir en un efecto contagio de otras regiones ya tengan actores políticos singulares o no. Sin duda, han sido los partidos independentistas los que han visto reforzadas sus posiciones en sus respectivas regiones y, lejos de retroceder, se han visto legitimados en sus aspiraciones, por lo que se han sentido respaldados para seguir y seguir exigiendo a un Gobierno débil y atado de manos y pies a ellos. Además, institucionalmente también está afectando a tensiones entre muchos órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el TS, el TC y la Fiscalía General del Estado y qué decir al principio de igualdad ante la Ley y la Seguridad jurídica.

Por supuesto, esto no le está resultando gratis al PSOE, que si bien le ha servido para alcanzar el poder en Cataluña le ha propiciado un desgaste importante en varias autonomías como Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Murcia, Madrid (todavía más) e incluso Comunidad Valenciana, a pesar del balón de oxígeno por la pésima gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón.

En definitiva, por todas estas sucesivas rendiciones, es urgente derrotar a la banda de Sánchez y que el nuevo Gobierno se constituya sobre la base de partidos con intereses estatales y no autonómicos ni independentistas, pues que la estabilidad política, económica y social dependa de estos no es más que un regalo a sus intereses que ni tan siquiera repercute en sus ciudadanos regionales.

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

Lo de Torre Pacheco: el peligro de la generalización y el reduccionismo

En los últimos días, la localidad de Torre Pacheco de la Región de Murcia a la pertenezco ha estado en el foco de las noticias desde que saltó el suceso de que un grupo de magrebís asaltaron a un hombre de 68 años que paseaba. Sucedió el pasado jueves 10 de julio a plena luz del día y el jubilado fue víctima de una paliza propiciada, al parecer, por sólo una persona. Sin embargo, el resto de personas de número indeterminado habrían colaborado en encubrir la agresión y destruir pruebas tras haber grabado el espectáculo, tal vez en el marco de algún posible reto viral. En declaraciones a la prensa, la víctima de nombre Domingo dio estos datos que por el momento, junto con las investigaciones policiales han dado con la detención de dos de las personas del grupo y el agresor estaría muy probablemente identificado. Ahora bien, la historia no acaba aquí, puesto que estos hechos han puesto también en la agenda pública dos circunstancias: una, la inseguridad ciudadana que los vecinos de Torre Pacheco vienen sufriendo desde hace mucho tiempo y ligada (por mucho que se esconda) a la inmigración ilegal y dos, el efecto gasolina que están aportando grupos ultras que ni siquiera son del pueblo y han iniciado una cacería que retroalimenta violencia.

Por consiguiente, mi objetivo del presente post es establecer una reflexión sobre lo que está pasando, puede estar pasando y qué puede hacerse para evitar que siga escalando. En primer lugar, como ya he mencionado en varios de mis posts, tenemos un problema muy serio con una parte de la inmigración. Repito, con UNA PARTE. La izquierda tiende a pensar y difundir, en su atalaya moral, que la inmigración masiva es buena, que sirve para pagarnos las pensiones, que ningún ser humano es ilegal y que no deberían de haber fronteras. Sin embargo, ese relato emocional y sentimental se les cae ante cualquier examen racional de la situación. Una explicación sencilla, por ejemplo, es que toda África no cabe en España. Del mismo modo, no hay trabajo para todo el mundo incluso para esos puestos de trabajo de escasa cualificación que repiten como arma arrojadiza cuando en realidad están incurriendo en un clasismo vergonzoso. Además, no existe ningún problema con aquellos inmigrantes que vienen arriesgándose la vida, consiguen un trabajo, aportan a la sociedad y traen a sus familias para tener la vida próspera que el monarca absolutista de Marruecos o de otros países antidemocráticos no les permite. No, el problema no existe con el inmigrante que se integra en la cultura y sociedad española y sigue practicando la suya en el marco del Derecho español y los principios y valores democráticos. El problema está en el que pretende imponer su cultura y sobre todo aquello que es incompatible: los delincuentes y agresores sexuales.

Problemas de seguridad ciudadana

La existencia de un porcentaje de inmigración delincuente o, dicho de otra forma, la delincuencia importada, es una amenaza que nos afecta a todos: españoles de origen, extranjeros nacionalizados y extranjeros integrados. Y es que los datos estadísticos, teniendo en cuenta la proporción que ocupan en el censo, son demoledores, como sucede por ejemplo en Barcelona con los hurtos y robos con violencia, e incluso con las agresiones sexuales a nivel nacional con particularidad en las acciones en manada. Por otra parte, algunos de los centros de Menas gestionados por las autonomías reportan problemas de seguridad ciudadana, como por ejemplo en Navarra o en Alcalá de Henares. Esto, sin duda, es lo políticamente incorrecto. Por supuesto, sería necesario un análisis más preparado para determinar el por qué de esta relación en la que probablemente influyan variables que en realidad no cumplen la mayoría de extranjeros inmigrantes que residen en España pero que sin duda producen perjuicios considerables. Me refiero a condiciones de profunda desintegración con la comunidad democrática y social de España, vinculación a culturas o subculturas nocivas despreciativas hacia la mujer (no menos importante) y carencia total de recursos para subsistir. Y en estas tres variables, la entidad responsable es la misma: el Gobierno de la Nación y su falta de responsabilidad por no aplicar un modelo inmigratorio más regulado y controlado, a pesar de que le encanta intervenir en absolutamente todas las esferas de la vida económica, social y cultural. La cuestión, a priori, es clara: se debería deportar a todo aquél que cometiese delitos penales y no dejar  ni entrar a aquellos que ya traigan su "mochila". Pero lamentablemente, una izquierda que tarda poco en sacar la carta de la solidaridad, la del "fascismo de ultraderecha" y el mantra de que "huyen de la guerra" ha contaminado buena parte del discurso del PP incurriendo en el buenismo. No hay que olvidar, por cierto, el atentado yihadista cometido en 2021 en una pedanía del municipio, en Roldán.

Generalizaciones y bulos

Sin embargo, el que no se gestione la inmigración como una política pública compleja no sólo tiene como efecto que se tenga manga ancha tanto con la inmigración ilegal como con la inseguridad vinculada a la misma, sino también el problema de que grupos de ultras aprovechen para encender la mecha e incitar al odio no contra los delincuentes sino directamente contra el inmigrante. ¿Les suena esto a algo? ¿No les suena al señalamiento contra todos los hombres por parte del feminismo institucional que tanto daño está haciendo enfrentando a hombres y mujeres y entre los mismos sexos? ¿O a la estigmatización de todo el personal de la Iglesia Católica por los casos de abusos sexuales? Pues la misma injusticia es, le pese a quién le pese. Y nadie me va a bajar de ahí. La generalización injusta e interesada para pretender imponer un relato no es sino una narrativa falaz, peligrosa y antidemocrática. Igual que creer que todos los que voten a Vox o sean cercanos a él como Revuelta son fascistas o nazis o deban ser aislados sin distinción alguna según Cristina Fallarás. Además, esta reducción al absurdo contribuye a intentar desacreditar las manifestaciones y movilizaciones pacíficas de protesta de los vecinos afectados durante tantos años. Y más absurdo es incurrir en el viejo mantra clasista de "¿quién desempeñaría los trabajos manuales menos pagados?" cuando en realidad trabajan inmigrantes legales que no dañan la convivencia y, si es que existe explotación de sin papeles, ¿a qué esperan esos hipócritas "progresistas" para denunciarlo?

No puede obviarse que se han difundido muchos bulos, cuyo resumen puede leerse aquí. Se compartieron vídeos que no eran de la agresión, entre otras razones porque la víctima ni llevaba la camiseta que se veía. Se compartieron fotos de los cinco presuntos agresores, cuando ni tan siquiera se sabe cuántos eran. Incluso se inventaron una agresión similar en El Algar (Cartagena) que fue desmentida. Al margen de ello, durante este fin de semana se ha podido ver como, tras una manifestación celebrada el sábado por la mañana contra la violencia y por la seguridad, se ha degenerado en cacerías en las que españoles se han enfrentado a inmigrantes. Verdaderamente me ha causado mucha tristeza escuchar a algunas personas de mi edad o más jóvenes profiriendo a gritos unos mensajes de odio incalificables. También digo que no se sabe a ciencia cierta si existió algún tipo de provocación y falta contexto, pero sí se conoce que vino mucha gente de fuera y se han producido importantes altercados. En uno de ellos, se golpea el vehículo de unos inmigrantes machacándole la luna delantera y abollándole las puertas, echándole en cara que "se había equivocado de calle". Otro de los incidentes fue incluso reportado en directo por el comunicador David Santos y propietario del medio web La Bandera. Al parecer, un grupo de ultras había entrado en un establecimiento Kebab y produjo daños y destrozos materiales con una barra de hierro que mostraron. Lamentablemente, muchos de los comentarios del chat acusaban de simulación de ataque, cuando verdaderamente en ninguna cabeza cabría que hubiesen reventado su propio establecimiento negocio. Puede verse a partir del minuto 37 de ese vídeo en directo. Hasta el día de hoy lunes han sido detenidas 8 personas. Dos implicadas en la agresión, cinco españoles por disturbios y agresiones y un marroquí por el mismo motivo.

Reacciones políticas y mensajes que embarran

Desde el pasado fin de semana el Alcalde de Torre Pacheco pide sensatez y que el Gobierno les dote de más Guardias Civiles. En la misma línea se ha declarado López Miras, si bien los partidos de la izquierda han aprovechado para señalar al PP y Vox, destacando al Ministro Marlaska e incluso mintiendo los regionales al señalar que el Gobierno regional no condenaba las acciones. Más le valdría a la izquierda mirarse un poco en el espejo y sobre todo a la más radical por un suceso concreto que recuerda a ellos. Resulta que un altercado específico que sucedió fue la "agresión" a un periodista de la Sexta que, en realidad, se refiere a que le cogieron el micrófono y se lo estamparon en el suelo. Exactamente lo mismo que han animado a hacer contra Vito Quiles personajes como el periodista Antonio Maestre o el ex-político, empresario y charlatán Pablo Iglesias que lo llevaron a la práctica o Lucía Muñoz (Podemos) que animó públicamente. También lo hizo en su día Ana Pardo de Vera con Bertrand Ndongo. Por lo que sea, a la Sexta sí le parece una agresión antidemocrática hacerlo contra ellos y denuncian por un micro que costó más de 600 euros. Sin embargo, cuando es a un calificado "pseudomedio" ya no le interesa recriminar la acción. En verdad, poco se habla del terrorismo informativo que retuerce una situación problemática para esconder una situación de la que la política tiene mucha culpa y la reduce a "vecinos xenófobos". Otro ejemplo lo representa El Diario.es, que apunta directamente al PP acusando al Alcalde de no tener datos cuando obviamente las circunstancias de la inseguridad en Torre Pacheco las conoce de buena mano la Policía Local y los vecinos desde hace años. El problema existe, mucho antes de la agresión del 10 de julio.

Como puede verse, interesa más la lucha política y el relato que la solución del problema. Tan absurdo y estéril es recurrir al mantra de la ultraderecha para tapar la inseguridad que causa parte de la inmigración y que no desparece porque acudan radicales a liarla como a disculpar a estos porque supuestamente vienen a salvar al pueblo. No. Esa gente no viene aquí a resolver nada sino lo único que hace es prender la mecha. Ahora bien, ¿quién los dirige? no tengo tan claro como los socialistas y sus socios de que sea Vox, si bien como ya mencioné recientemente la política de comunicación de este partido está muy poco trabajada y además choca con las manipulaciones y bulos de la izquierda. Esos bulos que al parecer son los permitidos y que pocas agencias de verificación se atreven a contrastar. Ahora bien, si tengo que hacer referencia a alguien externo que hace tiempo que está siendo una sombra de lo que fue y que no demuestra ser el lápiz más afilado del estuche, ese es Dani Esteve. Mensajes como este son peligrosísimos y no ayudan a nada. En cambio, David Santos, Rescue You y mañana Vito Quiles han venido o vendrán a comprobar la situación y a hacer periodismo alternativo sin agitar a los vecinos. Por otra parte, sospecho que como "grupos ultras" se está intentado añadir sibilinamente otra vez a Revuelta, asociación simpatizante de Vox a la que la izquierda no le perdona haber ayudado sin ningún tipo de distinción durante la DANA de Valencia, equiparándola injustamente con Hogar Social Madrid que claramente sí responde a ser una entidad ultra y discriminatoria.

Conclusiones

En definitiva, ¿qué hay que hacer para parar esto? hay mucho trabajo por delante y lo primero pasa por replantearse el modelo inmigratorio. Como ya dije, echen por lo menos un vistazo a Meloni en Italia. Ha de ser consensuado por los partidos mayoritarios, pero es muy difícil cuando están sujetos a las influencias de los populismos. Pero no vale con cerrar el grifo como reducir incentivos que inducen a un efecto llamada y saber cuándo y cómo hacerlo, sino tratar de asegurar la integración de los inmigrantes que vengan. No favorecer ni promocionar guetos. No extender la nacionalidad así como así. Saber aplicar la mano dura cuando toca y expulsar a los que delincan, muy especialmente a los que infrinjan el Código Penal. Tampoco ha de ser la solución realizar deportaciones masivas de ilegales porque suponen un gasto importante y el problema no es per se la inmigración sino la inseguridad. Porque aquí en España, en Murcia, en Torre Pacheco y en cualquier otra localidad queremos gente que aporte, sume en la convivencia y se esfuerce por integrarse sin necesidad de renunciar a su cultura en lo compatible con los valores occidentales democráticos. Tampoco queremos que la gente desinformada incite al odio al extranjero, porque eso ya no es racismo sino directamente xenofobia. No puede generalizarse gratuitamente contra el inmigrante al igual que el feminismo institucional contra el hombre. Sin embargo, parece muy difícil y más que nunca poner de acuerdo a los partidos mayoritarios. Y es que lo peor y por encima incluso de los ultras y los inmigrantes delincuentes son los políticos que usan a un bando para exhibir su relato político. Y no es ya que el problema público se hace bola de papel y no se ataja, sino que además se usa para desviar la atención de las noticias estrella del momento: la corrupción de mordidas del PSOE y los negocios de la prostitución de los que se habría beneficiado el Presidente del Gobierno.

(fuente de la foto: La Opinión de Murcia)

La Oposición en España: puntos débiles y qué mejorar para una alternativa eficaz

Respecto a política nacional, suelo hablar más del Gobierno de España por razones obvias, que son básicamente el hecho de que ostente el poder (y cada vez más por razones formales y fácticas) y su entorno de corrupción generalizada que se está extendiendo y que parte desde el propio PSOE. Sin embargo, es preciso echar un vistazo a la situación de la oposición que es la única que puede desalojar a uno de los ejecutivos más infames que se recuerda en la historia democrática de España que va a cumplir 50 años en 2026. Actualmente son el PP y Vox. No cuento al partido populista SALF, aunque muy probablemente colará al menos un diputado, por su tufillo pro Putin y sobre todo por su ausencia total y absoluta de un programa político. Con todo, echo mucho de menos al último partido al que pertenecí, Ciudadanos. Es más, estoy convencido de que este lamentable escenario de corrupción y polarización máxima sería el más propicio para que Albert Rivera y su equipo alcanzase la presidencia del Gobierno. Es muy triste que la gran oportunidad haya venido desacompasada y hoy día el partido naranja no sea ni una sombra de lo que fue en su día. Dan ganas de llorar sólo de pensar lo que tenemos para expulsar al autócrata de Sánchez, pero... ye lo que hay. En fin, entremos en materia.

Un PP apoltronado y con miedo al cambio

El PP tiene a un líder que en Galicia obtuvo varias mayorías absolutas, pero que trasladado al contexto nacional no parece capaz de exportar ese carisma. Es cierto que no le ha costado mucho superar a un Pablo Casado absolutamente desubicado en su momento, que llegó a hundir al partido en los 66 escaños y enterró su carrera política por un pulso perdido con Isabel Díaz Ayuso y una polémica con su hermano que se desmontó en segundos. Fue en 2022 cuando Casado y Egea se tiraron a la piscina sin agua y Alberto Núñez Feijoo cogió el testigo. Personalmente, no me parece un líder inteligente para nada, sino que tira del argumentario de siempre del PP y va a remolque del hundimiento de la credibilidad del gobierno Sánchez. En cambio, Ayuso sí que encarna al antiSanchismo, lideró una gestión alternativa del COVID que se refrendó en dos mayorías absolutas y es un verso suelto en el PP con muchos adeptos incluso fuera de habituales votantes. Algo similar es la excelente oradora Cayetana Álvarez de Toledo, pero en un plano de popularidad más secundario. No es menos cierto que Ayuso es detestada en mucha mayor proporción por la izquierda en comparación con Feijoo y eso normalmente suele ser algo más positivo que negativo, más allá de las mentiras que se han dicho sobre ella asumiéndole la responsabilidad de un número de muertes en las residencias de Madrid que controlan tanto como ignoran las del resto de 49 provincias de España. Por el contrario, Feijoo no se atreve a cuestionar muchas de las políticas socialistas (como las del feminismo impostado y el modelo inmigratorio) como tampoco el creciente gasto público, definiéndose falsamente liberales cuando ni tan siquiera lo cumplen reduciendo impuestos y ya no digamos desde la perspectiva social. Y lo que es más, que tampoco están para dar muchas lecciones contra la acaparación del poder y la corrupción a pesar de que los socialistas tienen más experiencia y les superan en ese sentido.

La ideologización de VOX como oportunidad y amenaza

VOX por su parte sigue teniendo la misma cabeza que le dirige desde 2019 que fue su momento de eclosión, cuando la llegada del "Frankenstein" de Pedro Sánchez y su banda tras la moción de censura exitosa de 2018. Seis años parece mucho tiempo para alguien como Santiago Abascal que todavía no ha llegado a ocupar puestos de gobierno. Si bien Aznar y Rajoy tardaron 7 cada uno, en el caso de este partido estamos hablando de una formación estrechamente (y tal vez demasiado) ligada a su líder siendo el más valorado entre los votantes propios. Al margen de ello, en el desarrollo del relato supieron ganarle el pulso a Ciudadanos como partido alternativo por su marca ideológica mucho más definida y robusta, que además fue impulsada y favorecida por la creciente polarización política. 

Además, han contado con la labor de portavocía mediática o comunicación externa de muchos influencers en plataformas de YouTube y Twitch que simpatizan y difunden el mensaje de VOX y sus cargos. Sin embargo, pese a la ayuda de los creadores de contenido, los dirigentes del partido no han sabido modular una mejor estrategia de comunicación interna para desacreditar las acusaciones de "extrema derecha" y ni tan siquiera se han esforzado en dar motivos para desmontarlas, puesto que han sacrificado la vertiente liberal (ejemplo Iván Espinosa de los Monteros) para centrarse en la nacional-conservadora (por ejemplo Jorge Buixade), que consiste en aplaudir todo lo que haga Donald Trump y demonizar a la Unión Europea cuando el problema son los burócratas de Bruselas. Es decir, al igual que en España el problema no es la propia España sino su Gobierno nacional. En varias ocasiones han invitado al presidente de Argentina Javier Milei, pero su política liberal libertaria y su brillante gestión económica no tienen nada que ver con VOX y flaco favor, de hecho, le hace a éste el relacionarse con los conservadores españoles. Sólo se parecen en que se oponen al socialismo, que no al intervencionismo que siguen defendiendo los de Abascal.

Relaciones entre ambos

El PP no ha podido hacer con VOX lo que logró años antes con Ciudadanos, porque ni tan siquiera se ha esbozado mínimamente el escenario propicio para ello: se aprovecharon de un partido próximo en términos programáticos pero en barrena, con descenso súbito de confianza en el electorado, débil de ideología por ausencia de banderas claras y fuertes, una calamidad en términos de comunicación, con una pésima estructura organizativa interna, dotado de un reducido equipo de palmeros frente a una enorme cantidad de militantes desafectos y para colmo sin populares creadores de contenido que los apoyasen. Los azules tan sólo fueron ordenadamente contactando con naranjas de toda España gracias a peones contratados como Fran Hervías y Emilio Argüeso, recuperando en buena parte a antiguos militantes o simpatizantes del PP. Frente a un partido en evidente descomposición y decadencia, el PP les ofrecía la seguridad de una continuidad o lo que es más, un puesto público que no habían podido alcanzar en Ciudadanos. Y de ahí, tirar de argumentario de "se transfugó el partido", y "me voy para no sacrificar mis principios". Esta humillante operación se efectuó por fases para dar la impresión al millón y medio que quedaba de votantes que CS era un partido muerto y que "la casa común del centro derecha" era el PP. Pues bien, todo eso con VOX no les vale.

Así que el PP no tiene más remedio que entenderse con VOX si quiere tener alguna oportunidad de gobernar, a pesar de que los de Abascal no cesan de disparar al PP por motivos electoralistas. La vía moción de censura ya sabemos muy bien que es un instrumento más parecido a garbillar agua que otra cosa. Ya se intentó en dos ocasiones por parte, precisamente, de los conservadores con sendos fracasos: en 2020 tras el confinamiento con Abascal como candidato y en marzo de 2023 con el independiente Ramón Tamames, a 4 meses de las urnas. En los dos casos, los únicos votos favorables fueron los de VOX y en realidad los números no daban ni votando el PP ni los que quedaban de CS (9 más un tránsfuga). A día de hoy es imposible una moción exitosa porque los partidos independentistas PNV y JUNTS se cierran a cualquier posibilidad de investir a Feijoo al entrar VOX en la ecuación.

En términos electorales, los de Abascal siguen siendo una opción más que visible para un electorado que posiblemente sea el más fiel de los actuales partidos en liza. Y es porque han tenido éxito en vender sus banderas ideológicas: lucha contra el feminismo institucional, la inmigración ilegal, la inseguridad en términos generales, la agenda 2030 de la ONU y el sector agrícola y primario como pilar económico frente a las regulaciones de la UE. Además, dentro de los jóvenes está teniendo más capacidad de simpatización que el PP, entre otras cosas porque ya no se creen el cuento del feminismo institucional que a día de hoy no busca ningún tipo de igualdad sino que a los hombres los señala y a las mujeres les sustituye el "dueño", pasando de ser hombres a ser otras mujeres. Ahora bien, existiendo importantes aspectos de debate en cada una de las áreas mencionadas, el PP hace tiempo que tiró la toalla con la batalla cultural y es sin duda lo que ha favorecido que su adversario más cercano sea más rival que socio. Entre eso y las experiencias pasadas con Ciudadanos, el PP entiende que en la medida de lo posible le es más rentable forzar a un gobierno autonómico o nacional de carácter monocolor, sin coaliciones de ningún tipo. Es decir, el mismo discurso que tuvo López Miras en Murcia. Pero, obviamente, para ello el PP debe de estar mucho más fuerte electoralmente que hace dos años. Pues aún con el importante crecimiento al absorber CS, todavía se quedó a cuatro escaños de Moncloa al no lograr sumar sólo con VOX. Por tanto, algún movimiento que otro tendrá que hacer el PP para que su credibilidad de pedir votos sin sillas tenga el sustento de que la aportación aritmética de VOX sea proporcionalmente mucho más pequeña.

Qué pueden mejorar y sus retos de futuro

A mí modo de ver, tanto PP como VOX deberían renovar sus estrategias comunicativas y  replantearse tanto sus liderazgos como si merece la pena encerrarse en sus nichos. Sobre lo primero, esta semana se han manipulado las declaraciones de uno y otro. Respecto al PP, se extendió el bulo de que estaban dispuestos a repetir elecciones si VOX exigía puestos de gobierno, cuando en realidad sólo dijeron que negociarían y sumarían con estos sin ofrecerles carteras ministeriales. Una vez más, tuvo que salir Ayuso a poner orden ante el enésimo fallo comunicativo del PP. Sobre VOX, se manipularon unas declaraciones sobre expulsión de inmigrantes ilegales que cometiesen delitos extendiendo a ocho millones de personas. Sin embargo, fue favorecida esa distorsión por una desafortunada comunicación de Rocío De Meer. Teniendo mucho razón en el fondo que señalan sobre el problema de UNA PARTE de la inmigración, su comunicación resulta ser pésima. Sobre todo, lo que menos ayuda es usar el término "invasión" que suena enormemente racista si no se contextualiza adecuadamente y se da pábulo en las RRSS. Y ya no digamos de lo de "religiones raras" que introdujeron como uno de los parámetros para expulsar a inmigrantes legales con nacionalidad o no.

Tengámoslo claro: dar batalla cultural no es responder a un radicalismo de extrema izquierda con otro radicalismo aún en términos lingüísticos, si bien tampoco la tibieza es la solución. Es el caso del PP, que se limita a señalar que no está a favor ni de la inmigración masiva ni de las deportaciones masivas, todo para quedar bien con todo el mundo sin aportar qué haría. Al mismo tiempo, mira para otro lado (como Moreno Bonilla) ante la inseguridad que crean los centros de Menas, que no puede extenderse a todos pero sí a ciertos donde se sabe (cuando no oculta) que se han atacado a mujeres. El camino lo señala Giorgia Meloni presidenta italiana cuya política de inmigración ha sido aplaudida por varios países de distinto color gubernamental y lo que es más llamativo, incluyendo a la Comisión Europea. Incluso el escritor Arturo Pérez-Reverte se rindió ante un discurso suyo que ha ofendido a la izquierda pro inmigración masiva, así que más motivos para aplaudir a la italiana.

Respecto a los nichos, el PP cuenta con una ingente cifra de fieles que son mayores de 65 años al igual que el PSOE y que seguirán votando pase lo que pase. Que sólo quieren que se les pague y suba su pensión, aunque no tengan ni la mitad de gastos que tiene un trabajador o un autónomo a los que se les fríe a impuestos tanto directos como indirectos. Y estos últimos no están muy contentos con el PSOE pero tampoco con el PP, contribuyendo el bipartidismo al desequilibrio y conflicto intergeneracional y rematando con una juventud que encuentra imposible acceder a una vivienda. Más le valdría al PP escuchar más a los jóvenes y preguntarse por qué VOX les quita terreno. Sobre si Ayuso sería mejor candidata que Feijoo, no me cabe ninguna duda, si bien no es menos cierto que como reacción colateral podría reactivar el voto de la izquierda como ya lo hizo con la derecha Pablo Iglesias. Además, sigue "pecando" de defender buena parte de la tibieza clásica del PP. Y es que una cosa es ser de centro y otra caer en el denominado "buenismo", que no es rehuir deliberadamente de las matizaciones y grises en políticas en las que tienes miedo de ofender. Justo lo que pasa con el sistema de pensiones.

En cuanto a VOX, aparte de que considero que debería de aprender a caminar sin Abascal o como mínimo renovar sus caras si quiere continuar creciendo, máxime cuando ya han desaparecido muchas relevantes como Macarena Olona e Iván Espinosa, sigo pensando que ha descuidado el libre mercado fomentado por la UE en pro del proteccionismo nacionalista que disfraza de "patriotismo". En ese concepto introduce a todas sus banderas cuando la realidad es más compleja que eso. Todos somos españoles, pero no por ello hay que comprar y consumir todo lo que se produzca en nuestra tierra que nos interesa otro tipo de prestaciones, más calidad o más barato. Y los aranceles de Trump, sólo con sus continuos anuncios, lo que hacen es distorsionar el mercado. Otras referencias internacionales del partido son Viktor Orban y Mateo Salvini, dos pájaros que coquetean ambos con Putin y el último con los independentistas catalanes.

Conclusiones

En definitiva, PP y VOX parecen cómodos a remolque de todo lo que está sucediendo de noticias continuas de corrupción y escándalos del PSOE y todo el entorno de Sánchez: su hermano David Sánchez imputado por tráfico de influencias y prevaricación, su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, el ministro Bolaños acusado de falso testimonio y malversación, su Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, sus dos últimos secretarios de organización (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) por pertenencia a banda criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, el adjunto Francisco Salazar acusado de acoso sexual, etc... y no parecen más que confiarse con las encuestas de medios de comunicación más afines a sus programas que, como es lógico, están infladas de participación de lectores que sin duda son opositores al Gobierno actual (como es mi caso) pero que no reflejan una realidad segura. Y lo sucedido en 2023 se puede volver a repetir cuando haya comicios sea este 2025, el año que viene o en 2027 como está previsto en teoría. 

A mí no me generan confianza ni Feijoo ni Abascal, ni PP ni VOX y no tengo ninguna ilusión por votarles. Pero ante la desaparición de Ciudadanos y la existencia de un Gobierno, como digo, infame, sólo me queda elegir una papeleta entre ellos y votar con la nariz tapada. Otros muchos no lo harían, así que mejor dejen de ejercer una actitud pasiva disfrazada de trabajo que no es tal y céntrense en mejorar por el bien real de España. Que sí, que lo importante es echar a Sánchez y a su banda para siempre y no queda más remedio que votar a estos, pero eso no quita que todo lo que necesita España y su democracia tampoco lo encarnan ni el PP ni VOX a día de hoy.

Fuente de la foto: RTVE Noticias.