La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley que no se supeditan a la potestad reglamentarias y son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Los Decretos Leyes han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 se centraron en la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se sumó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, aunque añadiendo los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía y sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el eje central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de (una vez más) las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

Un Decreto Ley para Franco y el Valle de los Caídos

El pasado sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley del Gobierno Sánchez por el que circunscribe la funcionalidad del cementerio del Valle de los Caídos a albergar los féretros de todos aquellos que perdieron la vida por causa de la Guerra Civil (1936-1939). Sin mencionarse, evidentemente se hace con la intención de que el del dictador Francisco Franco salga de ese espacio en el que conviven tanto nacionales como republicanos y muy cerca de su lugar el de José Antonio Primo de Rivera. En resumen, lo que se conoce técnicamente como exhumación.

¿Por qué un Real Decreto Ley si la Constitución Española circunscribe el recurso a este modelo en casos de urgencia y extrema necesidad? ¿Qué prisa hay cuando han pasado más de 40 años desde la muerte de Franco y después de 23 años de socialismo no se ha llegado a materializar nunca? En el fondo, tiene sentido si recordamos que ya van 7 Reales Decretos Leyes en los 3 meses que lleva este gobierno en el poder. Todos ellos para limpiar RTVE y diseñarla a su gusto, universalizar la sanidad pública gratuita para inmigrantes sin permiso de residencia, adaptar la legislación a la normativa comunitaria de protección de datos, nueva oferta de empleo público sin negociar con sindicatos ni nada, pacto de violencia de género sin debatir con los parlamentarios, programa de activación del empleo y el presente. La única que veo lógica en su urgencia es la de protección de datos, mientras que en la mayoría se evita claramente huir del debate parlamentario y controlar la televisión pública expulsando a sus no afines (Sergio Martín, Javier Cárdenas...).

El Decreto Ley, que también pueden dictar los gobiernos de muchas CCAA, tiene la particularidad de que la intervención del Congreso de los Diputados se resume a aprobar si sí o si no, sin que exista ninguna posibilidad de enmendar la norma a no ser que sea rechazada por mayoría absoluta. En ese supuesto, se tramitaría como Ley. Pero no va a darse el caso, ya que es de lo poco en lo que el PSOE puede ponerse de acuerdo con Podemos y separatistas.

Creo que sería justo que el Valle de los Caídos responda a su nombre y sólo haya tumbas de personas fallecidas durante la Guerra. Pero se ha de hacer de otra forma, con una Ley moderna y negociada y debatida por todas las fuerzas políticas representadas. Se echa en cara que el mantenimiento del lugar cuesta 11 millones de euros (los cuñaos de las redes sociales), creyendo que es única y exclusivamente por el cadáver de Franco. También se alude que el dictador no merece que exista un mausoleo para su homenaje, cuando es evidente que allá donde lo trasladen sus familiares (guste o no), seguramente sea donde vayan sus nostálgicos o admiradores.

Por cierto, que yo mismo estuve allí en ese lugar hace unos años. En 2012, concretamente. Ví la basílica y las lápidas de las tumbas más populares, que ya he mencionado. Y sí, había gente que miraba con cierta admiración ambas y especialmente una de ellas. La otra, precisamente pertenece al personaje histórico del que más mentiras se han pronunciado en la historia. Tantas, que se hace difícil clasificarlo, más aún con las interpretaciones que hacen hoy día ciertos seguidores en redes sociales que distan mucho de votar a la derecha. Sí, es José Antonio Primo de Rivera. Al que los podemitas quieren expulsar también pero el PSOE ha dicho que de eso nada, que fue una víctima más de la Guerra. Asesinado por milicianos republicanos al igual que lo fuera Calvo Sotelo, líder de un partido de la oposición en la última legislatura de la II República.

Pero esa memoria no interesa a la rancia izquierda española. Se tiene que pasar página y enterrar cualquier recuerdo con ETA y sus 300 crímenes sin resolver, pero no se puede optar por reconciliar a la sociedad española después de la exitosa época de la Transición. El PSOE acierta en que sólo se mueva a Franco, pero esta no es la manera apropiada de hacerlo y tampoco la de quitarle el sambenito al Valle de los Caídos. Lo que sucede, evidentemente, es que los Reales Decretos Leyes son la única herramienta que tiene el gobierno Sánchez para hacer las cosas rápidas, sin contar con nadie, copar algunas noticias mediáticas y dar la sensación de que está haciendo mucho cuando realmente no es así.

Y hay que recordarles una vez más que siguen con los presupuestos del PP, los que (en palabras textuales de Rajoy) se va a tener que seguir comiendo con patatas. Y dudo muchísimo que con toda la manada de independentistas y marcas podemitas sean capaces de consensuar unos presupuestos para 2019.