Suspensión del agua potable en el Mar Menor: cronología y gestión de la DANA

Tenía pensando publicar otro post diferente y en que hablo sin tapujos de otro tema que merece una reflexión, pero la actualidad manda y más tratándose de mi tierra y mi entorno. Mi querido Mar Menor, los pueblos en los que he residido y sigo viviendo y disfrutando de ello. Voy a analizar los sucesos ocurridos tras la última DANA (Depresión aislada en niveles altos) acaecida recientemente, no ya por el impacto que nos ha generado aquí, sino también porque los medios nacionales apenas se han interesado por el problema. Es lo que tiene que no seamos ni Murcia ni Cartagena, que pasamos a un segundo orden. El objetivo, por tanto, de este post, no es el de simplemente relatar todo lo sucedido en cuando a acciones y reacciones, sino de estudiar y recalcar qué ha funcionado y qué no, qué se había podido hacer mejor y finalmente qué habría que hacer para evitar que se repitan los problemas.

Cronología del desastre y reacciones.

El pasado miércoles 8 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comunicó un aviso de alerta naranja por lluvias para las provincias de Murcia y Alicante. Al día siguiente, modificó el mismo elevando la alerta a roja para todo el entorno del campo de Cartagena y muy especialmente el Mar Menor. El día clave era el viernes 10, para lo cual los distintos Ayuntamientos de la zona se prepararon cancelando actividades y recomendando prudencia a los vecinos y máxime teniendo en cuenta los antecedentes de pasadas DANAS.  Todos ellos, pero muy especialmente los de Los Alcázares y San Javier comunicaron continuamente y a través de la aplicación de mensajería Telegram, que permite recibir información tanto de interés como de emergencia y ha sido sin duda el canal más viral para la actualización de la situación. San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en cambio, optaron por Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) y Twitter que son aplicaciones muy utilizadas pero que no remiten notificaciones en tiempo real a no ser que se activen expresamente. La alerta roja para la comarca se mantuvo hasta las siete de la tarde de ese viernes de manera que se redujo a naranja. Sin embargo, lo peor vendría precisamente después y es que durante esa noche la intensidad de las lluvias fue muchísimo mayor en el entorno del Mar Menor y no tanto de Cartagena.

Tanto fue así que, a las 23:06 horas de la noche del viernes, el Ayuntamiento de San Javier avisó que el canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por El Mirador se encontraba en su cota máxima y se estaba desbordando en la zona. Los primeros reportes que avisaron al 112 de lo sucedido fueron a partir de las 22:30 y se tuvo que ayudar a vecinos de varias zonas inundadas para ser alojados en el polideportivo municipal. Casi una hora más tarde del comunicado del Ayuntamiento, a las doce de la noche es cuando la CARM remitió una alerta a los teléfonos móviles informando de dicha situación. Durante esa noche, el Alcalde de San Javier José Miguel Luengo informó mediante comunicados remitidos tanto a las redes sociales como a la mencionada aplicación de Telegram reiterando los consejos de permanecer en sus viviendas y no desplazarse e informando de los avances de la situación. Pero los problemas todavía no habían acabado aquí. 

A las 23:40 del siguiente día sábado 11 y cuando todo parecía más o menos tranquilo al escampar la lluvia, la Mancomunidad de los Canales del Tabilla (MCT) emite un comunicado por el que declara el agua como NO APTA para higiene y consumo humano en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, las pedanías de Torre Pacheco como Balsicas, Roldán, Jimenado, Dolores o San Cayetano y las pedanías de Murcia pertenecientes a la zona de campo de Cartagena (Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses). Esta determinación la tomaron con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de diez de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua y que transpone varias directivas comunitarias. Esto implicaba que bajo ningún concepto se debía de usar agua del grifo no ya para beber o preparar alimentos, sino tampoco para higiene personal (lavarse las manos, duchas o lavadoras) ni lavavajillas y sólo con la excepción de regar jardines y limpieza de superficies. El primer Ayuntamiento de la zona que informó de esta noticia inesperada fue el de Los Alcázares a las 23:55 a través de Telegram, el segundo fue el de San Javier a las 06:07 en la misma aplicación y por último el de San Pedro del Pinatar a las 07:03 en Meta. Por lo tanto, durante todo el sábado y buena parte del domingo los vecinos continuaron consumiendo el agua.

Dada la situación inesperada y la necesidad de reaccionar, los distintos Ayuntamientos hicieron acopio de camiones cisterna con agua potable para ser distribuida gratuitamente entre los vecinos con objeto de evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. Realmente no ha existido ningún peligro, dado que los supermercados solicitaron importantes cantidades de garrafas de agua y en los distintos que he visitado he comprobado una buena dotación. En cada municipio se han designado varias zonas de reparto, aunque con los días han ido cambiando. En el caso de San Pedro prepararon cubas móviles que se desplazaban de zona durante el día y desde protección civil han atendido llamadas de personas vulnerables para ir a su vivienda a llevar el agua. Como era de esperar, se ha tenido que apelar a la conciencia de la gente para que no abusase de este servicio, ya que debía de haber agua para todos. Por otra parte, los servicios contratados por los municipios también se dedicaron a realizar limpieza de calles avisando los perfiles oficiales de RRSS de que no dejasen los vehículos en las zonas indicadas, a efectos de no entorpecer el trabajo. Por último, algunas ayudas extraordinarias para la higiene personal han sido duchas establecidas por el Ayuntamiento de Los Alcázares y con agua potable en varios centros públicos y la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para que pinatarenses se duchasen en el polideportivo.

Por su parte, la MCT no comenzó a limpiar el canal hasta el lunes 13 de octubre (que afortunadamente no recuperó el festivo de la Hispanidad del día anterior) a través de empresas externas, si bien durante el domingo realizó los primeros trabajos técnicos para evaluar la situación. Sin embargo, un nuevo e inesperado susto llegó al día siguiente martes 14 cuando sin comunicación previa cortó el agua para todos los municipios y zonas implicadas.  El primero en informar fue el Alcalde de Los Alcázares a la 09:25 de la mañana señalando que se le había avisado de ello diez minutos antes del corte y denunciando que había causado perjuicios tanto a vecinos como (seguramente de forma especial) a negocios. El Ayuntamiento de San Pedro informó en Meta a las 10:20 y el de San Javier lo hizo a las 10:45. A las 14:12 el Alcalde de San Javier publicó un vídeo en el que denunciaba que de casualidad se había enterado en una reunión en Cartagena y con la MCT de lo sucedido. También lo hizo el de San Pedro a mediodía pero sólo en Facebook denunciando igualmente a la MCT por no informar ni con la suficiente previsión ni claridad a los vecinos. Ambos alcaldes coincidieron en exigir la intervención del Ministerio de Transición Ecológica (Medio Ambiente). Los tres mandatarios tienen razón, pues el defecto de comunicación y transparencia fue importante y teniendo en cuenta el tiempo que ya había transcurrido y realizado el aviso más importante - que era el de no consumir el agua-, no existía ninguna justificación para acelerar una ejecución que afectase a cien mil vecinos. Finalmente, también se quejó Pedro Ángel Roca (el de Torre Pacheco) pese a que no publicó comunicado personal en Facebook. Todos coincidieron en denunciar la responsabilidad de la MCT y en exigir una compensación por los gastos ocasionados. En otro orden de cosas, también se hizo público que en los análisis químicos se descartaba que el agua hubiese sido contaminada por restos fecales, pues no se localizó ninguna bacteria asociada a los mismos.

La MCT publicó un nuevo comunicado ese martes señalando que el agua volvería a partir de la noche. Sin embargo, pudo comprobarse en muchas zonas que no fue así y tan sólo en San Pedro. De hecho, en San Javier estuvo cortado durante todo el miércoles 15 y no volvió hasta el jueves 16 desde las 8 de la mañana. Una vez más, el organismo de la Administración General del Estado erraba en su comunicación en esta ocasión por imprecisa y es que si es necesario informar en tiempo oportuno, no lo es menos que lo que se transmita no peque de inexactitud. Al mismo tiempo publicaba un enlace web para ir actualizando el estado del agua en las pedanías de Torre Pacheco. Esa misma tarde volvió a lanzar otro comunicado informando que se estaba finalizando la limpieza del canal del Mirador y que se estaba distribuyendo agua limpia a los municipios. Sin embargo, dicha afirmación contundente se topaba con la inmediata advertencia de que aún no era potable el agua suministrada. Lo que sí que pudo percibirse durante la noche del jueves es que el agua que empezó a llegar sucia (por primera vez desde las inundaciones) pasaba a ser algo más limpia. Por otra parte, ese mismo jueves el Gobierno de la CARM decidió autorizar a la Desaladora de Escombreras para que facilitase agua a la pedanía de El Jimenado, permitiendo su uso por la MACT y disfrutando así los vecinos de esa zona de agua potable mientras se limpiaba el canal.

El viernes 17 se reiteró que estaba llegando agua limpia pero aún no potable a San Javier, San Pedro y Los Alcázares y el sábado 18 que a las pedanías de Torre Pacheco. Igualmente, se avisó tanto el sábado como ayer domingo con que se cortaría el agua (sin hora cierta) en los términos de El Mirador y La Grajuela por tareas de limpieza y desinfección. Por la noche del sábado fue cuando el ayuntamiento de San Pedro anunció vía Facebook a las 23:00 horas que se le había comunicado que el agua ya era apta para higiene personal. Después, el Alcalde de San Javier en su perfil personal para las zonas del pueblo, La Ribera y Roda, si bien llamó la atención que lo hiciese un cuarto de hora antes que los canales oficiales del municipio tratándose de una cuestión de interés general. Por último, se avisó en el Telegram de Los Alcázares con video de su Alcalde poco antes de las 23:20. Siguen pendientes todavía El Mirador y La Grajuela de San Javier y varias pedanías de Torre Pacheco en el momento de publicación de este post, del mismo modo que aún no se han levantado las restricciones para el consumo y preparación de alimentos en ninguno de los municipios y pedanías.

Gestión y responsabilidades.

Por parte de la CARM y la Dirección General de Emergencias, sorprende que no comunicase la ES-Alert a los móviles antes del viernes como sí que lo hizo la Generalitat Valenciana a pesar de que la zona era el sur de Alicante, dado que pudo llegar a los que residimos en los pueblos murcianos próximos a dicha provincia valenciana. Dicha alerta se recibió el día jueves 9 de octubre en las primeras horas de la tarde. En contraste, la CARM tan sólo la emitió a las doce de la noche del viernes con motivo del desborde del canal del trasvase y con una hora de retraso de que el Alcalde de San Javier lo comunicase mediante vídeo. Parece que Mazón ha aprendido del lamentable pasado reciente, mientras que en Murcia por desgracia vamos a remolque y no nos lo terminamos de tomar en serio. 

En lo que afecta a la AEMT, no hay nada que reprochar en que avisase con varios días de antelación de la llegada de una DANA para que los Ayuntamientos, ciudadanos y empresarios se preparasen y tomasen medidas. Sin embargo, no se entiende cómo la declaración de alerta roja para la comarca del Mar Menor y Cartagena se encontrase en vigor cuando la lluvia no había provocado aún inundaciones importantes (más allá de algunas avenidas y calles) y fuese disminuida a naranja horas antes de que estallase lo peor por la noche. Con todo, bien es cierto que el mayor riesgo no se produjo tanto por la mayor intensidad de las lluvias como por el desborde del trasvase, pero en San Pedro del Pinatar también aseguran algunas personas que sufrieron inundaciones en sus inmediaciones durante la noche y madrugada. Igualmente, tampoco es menos cierto que un aviso naranja sigue indicando riesgo y peligro, pero no tiene el mismo impacto que un aviso rojo que no sólo sugiere que no te desplaces en la medida de lo posible, sino que estés alerta por posible inundación en tu propia vivienda.

Considero que la gestión de los Ayuntamientos del Mar Menor ha sido buena y han destinado todos los recursos posibles. Especialmente debo felicitar a Mario Cervera (Los Alcázares) por su impecable dedicación y preocupación por el tema comunicando y actualizando la situación a través de una aplicación como Telegram que permite asegurar una mayor inmediatez de recepción de la información. Esa misma app fue recurrida por José Miguel Luengo (San Javier). Personalmente recomendaría a los otros alcaldes aprovechar esa aplicación. Paradójicamente, el consistorio pachequero sí tiene una cuenta de Telegram para exclusivamente su departamento de Cultura, pero no a nivel general. Sin embargo, por lo que afecta al consistorio de San Javier no ofreció soluciones relativas a las duchas personales. En cuando a San Pedro del Pinatar, se agradece a Pedro Javier Sánchez la iniciativa de las cubas móviles y el servicio de reparto a personas vulnerables. Sin embargo, tengo dudas de si con El Mirador y La Grajuela que más han sufrido el impacto de estas restricciones y que aún no han remitido se podría haber hecho algo más que colocar un camión cisterna sin más.

En cuanto a la MCT, las quejas que en buena lógica se han dirigido hacia el órgano dirigido por el ingeniero Juan Cascales no son relativas a cuestiones técnicas o analíticas ni a la determinación del agua como no potable y ni mucho menos a los trabajos de limpieza que llevan varios días. El problema, como he mencionado varias veces en el post ha sido de comunicación, transparencia y coordinación. Si precisamente situaciones urgentes requieren la toma de decisiones, no es menos cierto que defectos en la información o en el tiempo de canalizarlas pueden provocar importantes perjuicios. Por una parte, podríamos pensar que el análisis de agua debió de haberse realizado con mucha más urgencia, dado que a la hora que se emitió no permitió que muchísima población se percatase hasta bien entrada la mañana del domingo. Sin embargo, por otra parte podríamos entender que por cuestiones técnicas no fuese tan fácil hacerlo rápido aparte de que la medición se establece por un laboratorio de Salud pública. Ahora bien, por otra parte el aviso tardío del corte de agua y teniendo en cuenta que ya habían pasado varios días, no hubiese costado haberlo efectuado en adecuado tiempo y forma y retrasado el corte algunas horas. Esto ha provocado que a los vecinos les pillase con el pie cambiado y en un momento de ausencia de previsión sin poder ni tan siquiera tirar de la cisterna del aseo ni usar agua para limpieza no durante una o dos horas sino durante muchas más. Además, tampoco acertaron con el tiempo de regreso del agua, por lo que debieron de ser más cautos y precisos.

Sin embargo, otra versión y que con la que en parte coincide el discurso de Mario Cervera, es la que pone la causa de origen en la alteración del terreno. Desde la MCT entienden que las modificaciones del terreno que rodea a la almenara de El Mirador, por donde entró el barro al canal, han favorecido el problema y que por ello debe de trasladarse aquélla a otro sitio. Desde los ecologistas son más específicos y críticos y apuntan directamente a la agricultura señalando los regadíos intensivos, cultivos de invernadero y huertos solares en un contexto de ausencia de plan de ordenación territorial de Cuenca (competencia de la CARM) que compatibilice el uso del suelo con la sostenibilidad ambiental y la seguridad para persona y bienes. En síntesis, en opinión de este colectivo la agricultura habría generado inclinaciones de suelo con pendientes hacia el Mar Menor. Resulta llamativo que nueve años después de la primera DANA (2016) aún no se haya planteado ningún cambio.

Posibles soluciones y mejoras.

A mi juicio, veo muy complicado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se están canalizando desde los Ayuntamientos del Mar Menor, que habrían sido los primeros en recibir denuncias de los vecinos, sean estimadas por el Ministerio. No ya porque en este procedimiento administrativo la inmensa mayoría se desestiman, sino porque es harto difícil demostrar el nexo causal entre el daño producido (efectivo y evaluable económicamente) y la acción u omisión de la Administración Pública y en este caso la MCT. Supongo que la mayoría irán por el lado del corte del agua sin previo aviso, pues las que sean relativas al retraso de la comunicación del agua no potable o los costes asumidos por los Ayuntamientos para proveer camiones cisterna me temo que son más complicados. Así que lo más normal es que se desestimen todas en vía administrativa y si alguien estuviese dispuesto que se fuese al contencioso-administrativo. Tal vez lo más apropiado sería aprobar una subvención o ayuda a los Ayuntamientos que pudiesen redistribuir entre los vecinos que hayan sufrido daños demostrables.

De cara al futuro, será mejor no sólo que se refuercen las vías de coordinación entre municipios, mancomunidad y Dirección General de Emergencias de la CARM, sino también los cauces de comunicación y transparencia, aprobándose los protocolos necesarios que permitan acelerar las reacciones. Y no desde el momento en que se percibe la materialización del riesgo, sino desde la fase preventiva con arreglo a la información de la AEMET e incluyendo las alertas masivas a los móviles sin demora. Esto no puede volver a ocurrir de nuevo y, precisamente por ello, al mismo tiempo sería imperativo que la Comunidad Autónoma se implicara analizando la situación del terreno desde sus propias competencias, con independencia de que los ecologistas tengan o no razón. Un plan de ordenación no creo que sea una solución definitiva pero sí sería importante dotar de las infraestructuras precisas para que generen un importante contrapeso a las inundaciones. Una de ellas tendrá que ser relativa al traslado de la almenara, puesto que se ha demostrado con creces que los tanques de tormenta son insuficientes. Hay que explorar más soluciones y quienes deben de aplicarlas son los gobernantes en conversaciones con el personal técnico y especializado competente. Y, por supuesto, se va a necesitar mucho dinero. Otra cosa es que las Administraciones estén dispuestas a ponerlo sobre la mesa, pero habrá que ejercer la presión necesaria.

No podía cerrar este post sin transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado en las tareas de limpieza, desinfección y regeneración del canal durante tantas horas y día y noche, al mismo tiempo que el personal contratado por los Ayuntamientos para que las calles vuelvan a su estado normal tras una ardua limpieza.

Incendios 2025: competencias y rendición de cuentas

El mes de agosto del presente 2025 está siendo una auténtica pesadilla para las regiones con montes debido a que diversos incendios han devorado más de 400 mil hectáreas. Ha afectado sobre todo a varias provincias de Castilla y León, Galicia, Asturias, Extremadura, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Antes que nada, desde mi blog quiero mandar todo mi apoyo a las personas que están sufriendo este tremendo desastre y especialmente a las que residen cerca de las vastas zonas quemadas e incluso han podido perder bienes materiales y hasta familiares. Las altas temperaturas han favorecido los sucesos, pero hay muchos más factores detrás.

El reparto competencial

Para empezar, hay que dejar claro el reparto de las competencias en materia de Montes y Prevención y extinción de incendios. El Estado se reserva la legislación básica en materia de Protección civil y Montes, proporciona medios adicionales de apoyo como las BRIF (brigadas de refuerzo en incendio forestales) y la UME y coordina la estadística de incendios. Las CCAA, por su parte, son competentes directas de prevención y extinción de incendios por cuanto aprueban sus planes, dictan regulación de quemas agrícolas y forestales con arreglo a la Ley nacional, dirigen y mantienen los operativos de extinción de incendios y se coordinan con las entidades locales. Estas últimas, mantienen limpias las zonas urbano-forestales, redactan y aprueban planes locales y también velan por el cumplimiento de sus ordenanzas en las materias específicas.

Pues bien, este reparto competencial ha sido recurrido para apuntar a las CCAA y específicamente a las gobernadas por el PP con la excepción de Asturias, la única afectada donde está el PSOE. Entre otras cosas, se ha acusado de mantener convenios salariales anticuados, haber recortado presupuesto en materia de prevención y extinción (incierto) y disponer de planes poco preparados. Dicha estrategia responde a una dinámica iniciada desde los tiempos del COVID-19, en que después de restarle importancia por parte del Gobierno central en el mes de febrero y primeros días de marzo, pasaría semanas después a descargar puntos de decisión en las CCAA para evitar en la medida de lo posible la acumulación de rendición de cuentas. Lo importante sería trasladar a la oposición la responsabilidad del eventual desastre. Ya fue así en los sucesos de la DANA de 2024 cuando el Gobierno se lavó las manos y los cañones de su entramado mediático apuntaron esencialmente a Mazón y en algunos casos de forma exclusiva. En esta ocasión, además, no puede dejarse de lado que han detenido a cerca de 50 personas implicadas en haber provocado los incendios.

Sin embargo, pese a la retórica no asistimos a una competencia exclusiva de las CCAA en estas materias. Como he indicado antes, el Estado es quien dicta la legislación básica. Se trata de la Ley de Montes 43/2003, la que constituye el marco jurídico sobre el que las CCAA desarrollan buena parte de su regulación forestal. Su finalidad es legítima: prevenir incendios, evitar aprovechamientos abusivos, proteger los hábitats forestales y compatibilizar la gestión del monte con la conservación del medio natural. Así que aquélla es desarrollada por las autonomías respetando aquélla, si bien en la práctica viene a ser una reproducción cuasi literal por miedo a la inconstitucionalidad de dichas leyes regionales. También se encargan las autonomías de la ejecución, es decir, aprobar los Decretos y otras normas en el ejercicio de la potestad reglamentaria con arreglo a las Leyes. 

Limpieza de montes, recogida de biomasa y el papel de la ganadería

En los terrenos forestales privados, la Ley de Montes impone a los propietarios obligaciones de conservación y prevención, mientras que el régimen concreto de autorizaciones o declaraciones responsables depende en gran medida de la normativa autonómica. La situación resulta más compleja en los montes públicos y, especialmente, cuando las actuaciones afectan a espacios protegidos, hábitats de interés comunitario, especies protegidas y ciertos usos del dominio público (artículo 17).

En estos supuestos, determinadas actuaciones forestales como quemas controladas, aprovechamientos, tratamientos silvícolas de cierta entidad o intervenciones que puedan afectar a valores ambientales, se sujetan a autorización administrativo previa. Serán necesarios informes técnicos y procedimientos de evaluación ambiental previstos tanto en la legislación estatal como en la autonómica. Aunque estas exigencias persiguen fines de conservación plenamente razonables, en ocasiones alargan los plazos de ejecución y encarecen las actuaciones preventivas, especialmente cuando concurriendo varias Administraciones (sumándose el Ayuntamiento) y plazos distintos. Esa acumulación de trámites constituye, a mi juicio, uno de los principales obstáculos para una gestión forestal más ágil.

Por otra parte, la propia Ley de Montes fomenta el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como recurso energético. Sin embargo, la realidad es que la rentabilidad económica de extraer esos restos, unida a los costes administrativos, las limitaciones ambientales existentes en determinados espacios y la escasa demanda en algunas zonas, hace que una parte importante del combustible vegetal permanezca en el monte. Del mismo modo, agricultores y pequeños propietarios que desean realizar quemas de restos vegetales deben ajustarse a los procedimientos y limitaciones establecidos por la normativa autonómica de prevención de incendios, lo que, en determinados momentos del año, dificulta la eliminación de esa biomasa. Y ello hace que se acumulen restos secos que son, en sí mismos, combustible en verano. Y cualquier loco, negligente o inconsciente puede aprovechar el momento para prender fuego y provocar el desastre.

Otro aspecto discutible es el relativo al pastoreo. Tras un incendio forestal, la normativa prioriza la regeneración natural del monte y permite limitar determinados aprovechamientos cuando resulten incompatibles con ese objetivo. En ese sentido, la Ley de montes prohíbe el cambio del uso forestal durante 30 años (artículo 50), por lo que no puede destinarse a pastoreo. Aunque la finalidad conservacionista es comprensible, diversos expertos en gestión forestal consideran que una aplicación excesivamente restrictiva puede reducir el papel que desempeña la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios. Porque aunque el ganadero no haya causado el fuego, pierde el uso de esos pastos, lo que reduce su papel en la regeneración y limpieza de la zona.  A esto se le une que la Política Agraria Común impone cargas ganaderas máximas por hectárea y las regulaciones autonómicas y locales dificultan el acceso a subvenciones. 

El ganado, especialmente cabras y ovejas, consume matorral, hierbas altas y brotes leñosos que constituyen parte del combustible disponible durante el verano. Además, contribuye a mantener limpios linderos, márgenes de caminos y zonas de difícil acceso para la maquinaria, reduciendo los costes de mantenimiento forestal. El pastoreo, en tanto que cortafuegos natural, también ayuda a conservar abiertos caminos y sendas utilizadas por los servicios de emergencia y extinción. Además, favorece un paisaje más diverso, donde se alternan pastizales, cultivos y masas forestales. Muchos expertos consideran que esa heterogeneidad del territorio dificulta la propagación de los grandes incendios forestales, por lo que integrar la ganadería extensiva en las políticas de prevención puede constituir una herramienta complementaria de gran utilidad. Resumidamente, la actividad ganadera evita que grandes extensiones se conviertan en masas continuas de combustible vegetal y un paisaje diverso (pastos, cultivos, monte bajo) es mucho más resistente a la propagación de incendios.

Conclusiones

Con estos puntos queda claro que el Gobierno a través de un proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales podría ganarse un tanto y apostar por un amplio consenso que corrija los errores y externalidades negativas de la Ley, en lugar de recurrir a la demagogia de plantear un pacto de Estado contra el cambio climático para apuntar a uno de los partidos de la Oposición (Vox). No cabe duda de que el cambio climático contribuye a la formación de biomasa y matojos que arden más que el infierno en verano pero, ¿Por qué no usar la Ley? ¿Qué puede aportar un supuesto plan nacional contra el cambio climático para evitar que se generen incendios que en no pocas ocasiones han recibido una "ayudita" consciente humana? ¿Qué podemos hacer como personas conscientes a parte de no ir como locos a prender fuego? ¿Qué esfuerzos más allá de consumir menos (que ya hacemos con la inflación) y adquirir un carísimo vehículo eléctrico? Mientras no tengan respuesta estas preguntas, nuestros montes se seguirán quemando.

No obstante, el problema no se reduce sin más a proteger nuestros montes, sino en hacerlo sin perder de vista que la mejor conservación también pasa por una gestión activa. La prevención de incendios exige encontrar un equilibrio entre las garantías ambientales y la agilidad administrativa. Cuando los procedimientos se vuelven excesivamente complejos o lentos, el riesgo es que la vegetación siga acumulándose mientras los trámites avanzan. Y un monte abandonado, aunque esté jurídicamente muy protegido, difícilmente estará mejor protegido frente al fuego.

Fuente de la foto: National Geographic

La DANA destruye Valencia gracias a la inacción y a la guerra PP-PSOE

La pasada semana, desde el martes, la provincia de Valencia fundamentalmente y también en buena medida la de Albacete y algunas localidades de Andalucía occidental sufrieron una catástrofe natural derivada de la acción de una nueva DANA (depresión aislada en niveles altos) que causó lluvias torrenciales ocasionando importantes daños materiales, cerca de dos centenares de víctimas mortales confirmadas y un número indeterminado de desaparecidos. La magnitud de la tragedia ha sido amplificada debido a errores políticos que han cometido las autoridades con competencias en la gestión y que son, en línea directa, la Generalitat Valenciana y de forma subsidiaria pero necesaria el Gobierno de España. Como suele suceder, la no coincidencia de colores políticos genera siempre conflicto y los ciudadanos son los verdaderamente perjudicados.

Cronología de la tragedia y los errores del PP 

En primer lugar la AEMET avisó de la probable formación de una DANA desde el 23 de octubre recalcando el domingo 27 que existían riesgos de inundaciones entre el martes 28 y el miércoles 29. El lunes 27 se declaró alerta naranja y el martes 28 por la mañana temprano pasó a ser roja. Pues bien, las medidas de previsión hasta ese momento por parte de la Generalitat Valenciana fueron cero. Por lo que apuntar a la Agencia de Meteorología es faltar a la verdad, y más cuando Mazón, demostrando una miopía impresionante ante el problema, borró un tweet en el que afirmaba que a las 18 horas del martes ya habría remitido la tormenta. Se excusó en la AEMET, pero lo que dijo aquella era sólo que se levantaría la alerta roja, pero no por ello el peligro. Y es que lo peor vendría justo después, la tarde-noche del martes.

A las 8:23 de la mañana, el Centro de coordinación de emergencias de la GenVal activa la alerta roja comunicada por AEMET y hasta las 15 horas no se solicitó la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias una vez que hubo constancia de personas desaparecidas. Sin embargo, el aviso a los teléfonos móviles no se remitió hasta las 20:11 horas, justo el medio en el que más podrían asegurarse el conocimiento de todas las personas de la situación. Ese desfase, unido a la errónea lectura de Mazón de los comunicados de AEMET, causó sin duda un perjuicio mayor del que hubiese acontecido. La contraargumentación de esto es que el gobierno valenciano asegura que la Confederación hidrográfica del Júcar (Ministerio de Medio ambiente) desactivó una alerta de desbordamiento tres veces. Sin embargo, este organismo no es competente para comunicar alertas de emergencias y sus comunicaciones con la GenVal se establecieron por E-mail. La cuestión es que se mandó la alerta general al móvil por el riesgo de desbordamiento de la Rambla del Poyo cuando el desastre ya estaba siendo consumado. Así que la explicación/excusa es todavía peor que la demora y eso sí, denota también la pésima coordinación y comunicación GenVal-Confederación Hidrográfica.

También ha circulado mucha desinformación para exculpar al PP y por ejemplo que supuestamente el radar meteorológico para emergencias no funcionaba durante la alerta. Pues bien, la realidad es que a raíz de estos avisos de la AEMET se reparó. En sentido estricto, el bulo no era que no funcionaba sino que no lo hizo durante los peores días 28 y 29 de octubre. El domingo, cuando se difundió esa información sí era cierta. El lunes se procedió a reparar el radar, pero se usó posteriormente para disculpar la mala gestión.

Otro error fue el rechazo a la ayuda de bomberos catalanes provenientes de la Generalitat, donde gobierna el PSC con Salvador Illa a la cabeza. Llegaron allí y se encontraron con la negativa. Finalmente, el viernes 1 de noviembre aceptó la ayuda, pero terminaron siendo muchos menos de los iniciales. Esta gestión retardada tiene otro ejemplo más significativo en la restricción de la circulación y el impedimento hasta ese mismo día del acceso de voluntarios. Por una parte se entiende el estrés que esto puede causar, pero francamente no entra en la cabeza que no exista mayor capacidad de planificación y organización que evite despropósitos de este tipo. Otra pifiada de declaración fue la de la consejera de Industria Nuria Montes que con una empatía cero señaló que los familiares de las víctimas tenían que quedarse en casa y no acercarse a ver a sus familiares fallecidos.

La inacción del PSOE y su estrategia política 

Pues bien, una vez que hemos constatado la desacertada gestión del PP autonómico, es preciso señalar también al Gobierno de España, que ha dejado al gobierno de Mazón a los pies de los caballos. Para empezar, la hemeroteca nos recuerda que en 2015, ante los desastres de unas riadas en Navarra y La Rioja, exigía a Mariano Rajoy desde su lugar en la oposición que bajara al barro y que coordinase la respuesta ante tales desgracias. En 2019, ya como Presidente del Gobierno, su partido PSOE y su socio principal del momento Podemos votaron en contra de una proposición del PP para destinar 19 millones de euros para aumentar la capacidad de desagüe del Río Ebro, el mismo cuyo desborde provocó los desastres de cuatro años antes.

Pues bien, con respecto a la clave del desastre que ha sido el desborde del barranco del Poyo, resulta que el proyecto para drenarlo y evitar desastres fue paralizado. Primero, caducó en época del Gobierno Rajoy tras una declaración de impacto ambiental positiva emitida en diciembre de 2011 por el anterior de Zapatero. Sin embargo, el Gobierno Sánchez no ha hecho nunca nada por recuperarlo. Es más, se aprobó una Ley de la Huerta de Valencia en 2018 y en tiempos del PSOE en la GenVal que imposibilitaba hacer obras allí. Teniendo en cuenta la capacidad del proyecto, se hubiese desbordado igualmente pero la tragedia hubiese sido mucho menor. Así que el PSOE pocas lecciones puede dar echándole la culpa al PP tras seis años gobernando la Nación.

Por otra parte, el Pedro Sánchez de 2024 también olvida algo más cercano como la declaración de los estados de alarma de 2020 y especialmente en el caso de Madrid, que tuvo lugar desde el mismo puente del 12 de octubre durante quince días. Por tanto, el Gobierno podría haberse adelantado a esta situación de forma subsidiaria. Este procedimiento, en su momento, fue entendido como un artículo 155 encubierto por parte del gobierno Ayuso, pero es que en realidad la guerra política estaba más en primera plana que otra cosa. Pues bien, lo mismo ha sucedido en este caso.

Esta inacción y la contradicción con la hemeroteca conecta con la famosa frase reformulada pero que literalmente se corresponde con "si necesitan más recursos, que los pidan". Fue pronunciada por el Presidente del Gobierno el pasado sábado día 2 en la comparecencia en la que se anunciaba el envío de 10.000 militares. Es sonrojante que la ayuda en una catástrofe y situación de emergencia se tenga que pedir, máxime cuando la competencia para movilizar al ejército corresponde al Gobierno de España. Bienvenidos fueran, pero llegaron tarde y no cuando más se les necesitaba. Y recuerdo escuchar ayer domingo en la Primera de TVE a una mujer trabajadora y encargada de emergencias que en estas situaciones la ayuda no se pide. Se da. Y mucho más han hecho los voluntarios, ciudadanos que sin más ánimo que el de ayudar han estado para actuar donde el Estado no lo hace.

Y aún hay más, como el rechazo desde el Ministerio del Interior a 200 bomberos que iban a viajar desde Francia a ayudar. La respuesta de Marlaska fue que "no hacia falta" simplemente porque la GenVal no lo había pedido y ni tan siquiera trasladaron la oferta a aquélla. Los medios de opinión sincronizada afirmaron que el rechazo había sido de Mazón, cuando en realidad Marlaska aprovechó que la competencia para admitir o rechazar ayuda era de Valencia para desdeñarla sin más con una respuesta lamentable. A este rechazo se le suma, por los mismo motivos, la inacción de solicitar a la Comisión Europea la activación del mecanismo europeo de protección civil. Ni tan siquiera la Unión Europea puede prestar ayuda inmediata porque ni el Gobierno de España lo solicita ni el Gobierno de la GenVal lo exige. 

Con esta lamentable gestión colectiva, se explica lo siguiente:

El estallido ciudadano ante la irresponsabilidad 

Ayer domingo día 3 de noviembre, llegaron a Paiporta los Reyes de España, el Presidente del Gobierno Sánchez y el Presidente de la GenVal Carlos Mazón para conocer de primer mano SEIS DÍAS DESPUÉS la situación en una de las localidades más afectadas. Fueron recibidos con abucheos e insultos y también hubo conatos de agresión. Pero contrasta la huida de Pedro Sánchez (cuyo coche fue vapuleado por unos radicales) y Mazón escondiéndose en el tumulto junto al Rey Felipe con la actitud de este último y de la Reina Leticia, que recibieron una lluvia de barro. Se ofreció a hablar con la gente y tratar en la medida de lo posible de calmar los ánimos, lógicamente alterados después de tantos días sin luz, sin agua, sin comunicaciones de ningún tipo y abandonados. Así que lógico que los increparan a todos, pues demasiada paciencia estaban teniendo. Al menos el Rey comunicó más empatía y mensajes necesarios como que se mantuviesen protegidos de la desintoxicación informativa. Sin embargo, el desvergonzado Gobierno de Moncloa ha decidido criticarle por atreverse a hablar con la gente mientras el cobarde de Pedro Sánchez, que reía inicialmente ante los insultos, decidió escapar. ¿No se supone que había escolta suficiente y necesaria para él? No defiendo para nada el destrozo del vehículo y condeno esa acción que podría haber ocasionado una desgracia, pero la presencia de ultras de extrema derecha no desvirtúa la indignación de la gente, máxime cuando el propio Sánchez habla de "marginales".

Así que entendamos y comprendamos el enfado de la gente con los políticos de PP y PSOE, al tiempo que tratemos de colaborar en la medida de lo posible. De ellos francamente no se puede esperar nada bueno, máxime cuando la situación política es corrupta y perversa a más no poder y en ese mismo escenario la guerra se extiende hasta donde se supone debe existir unidad y coordinación. Un síntoma de la decadencia moral es que se suspendiese toda actividad parlamentaria a excepción del pleno del Congreso un día después de la tragedia (30 de octubre) para aprobar el proyecto de Ley para el control de RTVE por el Gobierno socialista. Tal vez el ciudadano debería seguir despertando, sin llegar a la violencia pero sí a castigar en las urnas a los responsables de acrecentar este desastre. Y si no, pues que dimitan. Pero tanto la GenVal como el Gobierno de España han decidido tirar por tierra cualquier asunción de responsabilidad. Esa es la política que tenemos en España.

(fuente de la foto: ABC)

Inundaciones en la Región de Murcia y el Mar Menor

Durante este fin de semana, el levante español ha sido azotado por la incidencia de unas lluvias muy fuertes que han causado algunos destrozos e incluyendo pérdidas humanas. Especialmente dañinos han sido los efectos en la comarca del Mar Menor y especialmente en Los Alcázares, seguido de Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. Muchas casas han sido anegadas y ha sido necesario evacuar a sus habitantes y llevarles a un lugar seguro, como por ejemplo el centro cívico de San Javier. Se pensó que el sábado había pasado lo peor, pero el domingo de ayer fue realmente catastrófico.

Por lo que se refiere al municipio donde resido, San Javier, es preciso recalcar que en todo momento la reacción del Alcalde y el equipo de gobierno ha sido correcta y a la altura de lo esperado en personas con responsabilidad política municipal. Se ha dado mucha información al ciudadano incluyendo vídeos en directo en Facebook y continuos comunicados sobre el estado de las calles y puntos importantes de referencia como el centro de salud o el Hospital Los Arcos. Cuyo sótano y primera planta han sufrido inundaciones y ha habido que derivar las urgencias a Santa Lucía en Cartagena. Por otra parte, durante toda la noche y primeras horas de la mañana se cortaron todas las salidas y entradas al pueblo salvo en caso de extrema urgencia, Finalmente, otra medida ha sido abrir esta mañana en el Ayuntamiento una oficina de atención a los afectados en el municipio.

Pero el incidente más lamentable ha tenido lugar en el centro comercial Dos Mares de San Javier. En lugar de haber sido evacuado mucho antes, se hizo tan tarde que hubo personas que no tuvieron más remedio que permanecer durante bastantes horas por la noche. Todo el párking exterior anegado y muy arriesgado salir de allí. Es una grave irresponsabilidad por parte del director de este centro, que incluso tuvo también empleados trabajando allí en lugar de abandonar igualmente la empresa.

San Pedro del Pinatar no ha sido tan permanente en su información como San Javier. Sólo lo hicieron a partir de las 22:30, cuando hasta entonces tan sólo habían compartido información de la CARM y una nota de suspensión de clases educativas. Pero nada referido al estado de las calles y los cortes, que se dió a conocer después de las quejas escritas por los vecinos del pueblo en la página de Facebook "Somos perolos". Desde entonces, el Ayuntamiento ha informado puntualmente. Pero en ningún momento hasta entonces había dado la cara la Alcaldesa Visi como el equipo de gobierno.

Se ha demostrado que el tanque de tormentas no sirve para evitar inundaciones. Eso creo que lo sabía todo el mundo, pero pese a ello no se ha hecho nada para que los desastres del sábado en Lo Pagan hubiesen sido mucho menores. Debería de valorarse la necesidad de invertir en obras que protejan al pueblo de esas inundaciones que suceden muy poco al año pero que pueden dar lugar a desastres e incertidumbres para los vecinos del pueblo.

En cuanto a Los Alcázares y Torre Pacheco, se han llevado la peor parte. Pero sobre todo el primero en que la inundación ha sido muy grave incluyendo zonas céntricas y además se ha producido la muerte de varias personas por ahogamiento. Ya sucedió el sábado en Finestrat (Benidorm) cuando a un hombre se lo llevó la corriente mientras intentaba acceder a su vehículo para evitar su pérdida. En estas ocasiones, lo importante es la seguridad personal y ante todo no salir de casa. El caso es que hasta 80 personas han tenido que ser rescatadas y evacuadas hasta San Javier y Cruz Roja e incluso el propio Ayuntamiento del pueblo ha pedido a las personas de los lugares menos afectados que trajeran agua y comida para los de los más dañados.

En Cartagena, la anécdota la protagonizó una mujer que dió a luz asistida por el 112. Más lejos de la comarca, en Murcia, también se han producido cortes de calles e inundados párkings de otros centros como el Carrefour Zaraiche. Por último, se cortaron dos carriles del puerto de la cadena (autovía que conecta Cartagena con Murcia) ante el riesgo de desprendimientos.

Comentar también que Ciudadanos Murcia va a pedir que se declare el Mar Menor y el campo de Cartagena como zonas catastróficas con el objetivo de que los afectados puedan pedir ayudas económicas.

Finalmente, no quiero terminar este post sin agradecer a todos los profesionales del 112, bomberos, policía municipal, guardia civil, vecinos voluntarios y todos los cuerpos públicos y privados que con las administraciones han colaborado para que este desastre sea algo menos traumático para los pueblos.