El viacrucis de la protección del Mar Menor y su personalidad jurídica

En el día de hoy dedico un post a la protección jurídica del Mar Menor. Este tema se encuentra ineludiblemente vinculado con el Medio Ambiente y, en estos tiempos de irrespirable polarización política a la que contribuyen casi todos (unos más que otros, obviamente), suele ser una bandera que defiende más la izquierda o al menos que acapara más simpatizantes. Pues bien, por mucho que se etiquete defender al Mar Menor como algo "de rojos", personalmente considero que eso es absurdo. Verdaderamente, no cabe en la cabeza de nadie con independencia de que sea o no ecologista (con los que tengo mis reservas como por ejemplo con las nucleares) sino simplemente vecino o empresario de la comarca del Mar Menor y Cartagena que no le preocupe la situación de la laguna y su cuenca.

Antecedentes

La primera Ley específica sobre protección del Mar Menor fue la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de usos del Mar Menor cuando la CARM era gobernada por el PSOE y con Carlos Collado al frente. Sin embargo, su articulado (22 artículos, 4 disposiciones adicionales y 2 finales) no se centraba tanto en aspectos ambientales como de urbanización y ordenación territorial. Además, aunque preveía la aprobación de un plan de saneamiento ambiental y otro de ordenación del litoral, la competente era la propia Consejería de Obras Públicas en lugar de la de Medio Ambiente que tan sólo informaba a través de una agencia. Lo peor no fue eso, sino que aparte de tener una escasa aplicación, cuando se produjo cambio de gobierno se fue desvirtuando con las nuevas leyes regionales. de suelo.

No sería hasta 2018 cuando se aprueba la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad en el Mar Menor y ya con López Miras tras la dimisión el año anterior de Pedro Antonio Sánchez. En esta ocasión, el enfoque sí era ambiental dado que ordenaba la aprobación de un código de buenas prácticas agrarias para limitar los vertidos de la agricultura intensiva, regulaba el uso de fertilizantes y prohibía actividades contaminantes en la cuenca del Mar Menor. Sin embargo, esta Ley fracasó rotundamente hasta el punto que el Gobierno regional remitió una "guía interpretativa" a los agricultores para facilitar el incumplimiento de las restricciones.

El largo camino de la iniciativa popular

El proceso nace en 2019, el mismo año en que durante el verano fue noticia en el Mar Menor y no precisamente para bien la generación de anoxia tras la DANA acontecida en octubre, que incrementó el nivel del mar en 70 centímetros y asfixió a muchísimos peces al tratarse de agua dulce de escorrentía. El desastre fue mayúsculo al morir miles de peces como consecuencia de la falta de oxígeno y especialmente en San Pedro del Pinatar. Los ecologistas señalaron como responsables a la agricultura y a la urbanización debido a las modificaciones producidas en los terrenos. Sin embargo, la anoxia no debe confundirse con la eutrofización, que es algo muy distinto y que se refiere a la acumulación de nitratos en el mar. La denominada "sopa verde" con la que se conoció a su estado en 2016. Pues bien, en ese 2019 un grupo de estudiantes de cuarto del Grado en Derecho analizaba posibles vías de solución y fue la profesora lorquina Teresa Vicente quien propuso activar una Iniciativa popular legislativa (IPL).

La IPL fue impulsada por plataformas ciudadanas (Pacto por el Mar Menor, Por un Mar Menor vivo, etc) y asociaciones ecologistas y sociales articulando una campaña para proporcionarle personalidad jurídica al Mar Menor. El objetivo último era que el ecosistema constituido por la laguna y la cuenca fuese dotado de capacidad jurídica propia para proteger sus derechos y facilitar acciones de reparación frente a los daños producidos.

En el año 2020, poco después del confinamiento por la pandemia del Covid-19, fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados por parte de la mesa. Mientras tanto, en la Asamblea Regional se aprobó la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. Tras la desactivación y derogación indirecta de la Ley de 2018 por el Gobierno regional, el parlamento quiso aprovecharse del contexto de la iniciativa popular con una normativa en el ámbito de sus competencias. Los objetivos de la misma eran sanear la laguna, sancionar la contaminación, restringir el uso de fertilizantes, proteger la biodiversidad y prever inversiones para la adaptación de explotaciones. Fue aprobada con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos (antes de que reventara) y se opusieron los extremos Vox y Podemos. Los primeros porque entendían que señalaban y castigaban a los agricultores y los segundos porque la consideraron insuficiente. Las valoraciones de los ecologistas y movimientos vecinales fueron igualmente negativas y entendieron que había de seguir adelante con la ILP. 

En 2021 se asiste a un nuevo episodio dramático para el Mar Menor con una anoxia mucho peor que la de dos años antes y que afectó fundamentalmente a las playas de Cartagena. Esto impulsó enormemente las firmas recogiéndose alcanzándose más de 300 mil a la finalización del verano. Al término del año se superaron con creces las 500 mil requeridas, puesto que el total alcanzaba las 639.286 firmas. De esta manera, estaba todo preparado para presentarlas formalmente, validarse y estimarse la ILP.

En 2022, la ILP del Mar Menor se convirtió en una realidad con un preámbulo, 7 artículos, 2 disposiciones transitorias y 2 finales. Primero fue aprobada a trámite como proposición de Ley en el Congreso en abril con 274 votos a favor, 6 abstenciones (varios independentistas) y 53 votos en contra procedentes de Vox. Y no puedo dejar de mencionar la lamentable postura de Luis Gestoso, el experto en pasar por partidos políticos. El diputado nacional calificó a la ILP de "aberración jurídica", "comunista" y "totalitaria" y señaló que se recurriría. En julio fue estimada por la Comisión del Congreso y finalmente en septiembre superó el trámite en el Senado y ya era una realidad. La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca se publicó en el BOE el 3 de octubre. El mismo día que mi hijo cumplió 3 años.

Recurso de inconstitucionalidad y críticas de los agricultores

En enero de 2023, Vox volvió a dar la nota contra la ILP por parte de José Ángel Antelo y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. La derecha populista patina cada vez que se posiciona sobre el Medio Ambiente. No cabe duda de que la agricultura es un sector económico esencial en la Región de Murcia y sobre todo en la comarca del Mar Menor y Cartagena. Sin embargo, al mismo tiempo que niegan la incidencia de la eutrofización y no mencionan nada de las ingentes cantidades de dinero público que son invertidas para eliminar la biomasa generada por los nutrientes, cargan la responsabilidad exclusiva contra los Ayuntamientos ribereños (donde no gobiernan) por verter residuos al mar como consecuencia de sus deficientes redes de saneamiento. Sin embargo, esto implica una media verdad porque en realidad el plástico y otros residuos llegan a aguas del Mar Menor más como consecuencia de las lluvias y arrastre de las ramblas-  acentuadas por cambios en la orografía del terreno - y, por qué no decirlo, de la inconsciencia humana. No llegan tanto por negligencia de los Ayuntamientos que además tramitan exigentes contratos mayores de limpieza y de gestión y tratamiento de residuos conforme a  nuevas normativas medioambientales. Por tanto, suena más a defensa a ultranza de un sector electoralmente afín. Este mismo año, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena aplicó por primera vez la Ley acordando el emplazamiento del Mar Menor para personarse en una causa de investigación de contaminación de residuos de metales por varias empresas y con responsabilidad de la CARM. Sin embargo, faltaba todavía el Reglamento que permitiera ejecutar la Ley, pues sin él estaba aún vacía de contenido práctico.

En noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional falló favorablemente a la Ley por un margen algo estrecho de 7 a 5 votos contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Se emitieron varios votos particulares, comentando entre otros extremos que podía pecar de exceso de competencias por parte del Estado - algo absurdo, dado que tratándose de Medio Ambiente son en realidad concurrentes y no limitativas - y que podría infringir el principio de seguridad jurídica al no especificar el régimen jurídico (como si no existiesen más leyes aplicables), qué derechos tendría el Mar Menor (falso, porque sí figuran aunque de forma genérica) y qué amenazas (como si no existiesen informes científicos), así como referencias al Derecho de la Unión Europea. Pero la objeción estrella fue el "ecocentrismo como cambio de paradigma". En fin, si estas fueron las quejas considero que respondieron más bien a dudas sobre su efectividad o aplicabilidad que relativas a su encaja en la Constitución española de 1978.

Por su parte, el sector agrícola del Campo de Cartagena centra sus reservas en los efectos económicos y eventualmente regulatorios. Temen una criminalización generalizada del sector por posibles nuevas normas ambientales a sus explotaciones y restricciones en el uso del suelo, fertilización y riego, que en realidad corresponden a la Unión Europea. Consideran que la narrativa pública simplifica el problema y les atribuyen la responsabilidad para disculpar los efectos de las urbanizaciones y falta de inversión en infraestructuras. Teniendo ahí su parte de razón, no en vano hay que recalcar que hasta hace relativamente poco se ha guardado manga ancha con la agricultura permitiendo regadíos ilegales en terrenos que eran de secano, multiplicando los efectos nocivos contra el Mar Menor. Y, como se ha mencionado antes, siendo necesaria la inversión pública precisamente se ha destinado a limpiar el Mar Menor de nitratos del mismo modo que los cambios en la orografía del terreno no son exclusivamente achacables a la urbanización descontrolada sino también por la propia agricultura intensiva (erosión del suelo, sedimentación, cambio de nivelación, etc...). Por lo tanto, aquí entiendo que no es tanto un problema de comunicación de la naturaleza y propósitos de la Ley como de enrocamiento de un sector que, aún teniendo argumentos, peca de eximirse toda responsabilidad. Y es que lo que faltaba era que Vox lograse forzar al PP que suprimiese el capítulo sancionador remitiéndose a la legislación nacional y así evitar que una empresa contaminadora sancionada por falta grave o muy grave fuese castigada con 2 años sin recibir subvenciones.

Puesta en marcha y primera crisis

En este 2025 por fin se aprobó el Real Decreto 90/2025, de 11 de febrero, que convierte en ejecutable la Ley mediante la regulación del funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza. Esta norma seguramente fue demorada y aparcada a la espera de la confirmación de constitucionalidad de la Ley. En mayo fue cuando se constituyeron por fin los órganos. En primer lugar, un Comité de Representantes con 7 personas de la sociedad civil, 3 del Estado y 3 de la CARM recayendo la presidencia en turnos rotatorios. Sus funciones son la propuesta de acciones y la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la laguna y su cuenca. En segundo lugar, una Comisión de seguimiento con representantes de 8 Ayuntamientos y expertos de sectores económicos, sociales y medioambientales. Sus funciones son las de información, seguimiento y control del respeto a los derechos. Finalmente, un Comité científico con personas de las universidades de Murcia y Alicante, el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía y la Sociedad Ibérica de Ecología con labores de asesoramiento desde el punto de vista de la ciencia y técnica aportando indicadores sobre el estado ecológico, riesgos y medidas propuestas. En total, 44 personas. 

A mediados de diciembre se hizo público el CIF, que es el G-24996670. Sin embargo, el año no pudo terminar peor con la dimisión en diciembre tanto de la presidenta como del secretario del Comité de Representantes. ¿Los motivos? El agotamiento por la inactividad, bloqueo y pasotismo ante las propuestas de las administraciones, tanto la regional como la nacional. Tanto la Consejería de Medio Ambiente como el MITECO expresaron su sorpresa y discreparon de la situación. 

Beneficio y futuro

Al margen de las críticas políticas, institucionales, jurídicas y académicas, una cosa tiene que quedar muy clara: esta Ley es un instrumento en sí, no un fin. ¿Es necesaria? Rotundamente sí. En mi valoración, convertir al Mar Menor en una persona jurídica es una medida absolutamente novedosa y ya es un acierto tratar de buscar soluciones desde vías alternativas a las que han ido fracasando. Las sucesivas Leyes de competencia regional han ido fracasando principalmente porque se han terminado imponiendo otro tipo de intereses como urbanísticos, agrícolas o ganaderos e incluso políticos con acusaciones de corrupción. Ante eso, teniendo en cuenta que las instituciones y gobiernos han fallado, no queda otra que dotarle al Mar Menor de una singularidad jurídica especial. De esta manera, al constituir órganos colegiados encargados de su defensa y protección, uniéndose personas expertas, profesionales y con responsabilidad en cada uno de los sectores preocupados y que pueden aportar debate, el Mar Menor contará con voces autorizadas para visibilizar mejor su situación y problemática.

La efectividad de esta Ley de sus órganos de representación y gobierno dependen fundamentalmente de dos factores, tras superar tanto el tortuoso trámite de aprobación como la amenaza de inconstitucionalidad. El primero es la voluntad política y está claro que en un tema como el Medio Ambiente que implica competencias más concurrentes que exclusivas es primordial la coordinación. Las Administraciones no han tenido hasta la fecha entre sus prioridades la de impulsar el funcionamiento de estos órganos, precisamente porque su actividad tienen un innegable impacto político al denunciar lo que está mal y ejercer acciones que pueden poner en compromiso la ejecución y omisión de los ejecutivos tanto regional como nacional. A pesar de que buena parte de representantes son de los mismos, la mayoría absoluta corresponde a la sociedad civil y en los otros órganos son los Ayuntamientos (los más preocupados) y los científicos y profesionales académicos. Por lo tanto, es lógico valorar que aunque existe una multirrepresentación de intereses y puntos de vista, la dirección va a moverse en criterios técnicos y económicos y no tanto en políticos. Y es precisamente como opino que debe ser. Pero precisamente eso es lo que puede retraer a los que tienen el poder y los que tienen las competencias más significativas. Aquellos cuyo compromiso está en función de la rentabilidad electoral o la imagen pública que puedan calcular que les reporte. En segundo lugar, este organigrama ha arrancado sin un presupuesto económico asociado que permitiese aclarar de dónde podría obtener financiación, porque por poner sólo un ejemplo las acciones judiciales necesitan dinero. No obstante, en mayo de este 2026 será cuando se persone el Mar Menor por el caso Topillo de contaminación de desaladoras ilegales usadas por empresas agrícolas entre 2012 y 2017 a efectos de exigir una indemnización económica.

En definitiva, el debate no es sólo jurídico sino político y cultural. El Mar Menor se ha convertido en un laboratorio cuyo reconocimiento como sujeto de derecho no garantiza por sí mismo la recuperación del ecosistema, pero introduce una herramienta inédita en el ordenamiento español. La Ley 19/2022 es una respuesta innovadora en el Derecho ambiental ante el percibido fracaso reiterado de las normativas anteriores, pero su verdadero alcance sólo se medirá en su aplicación práctica. Se podrá analizar en las sentencias que se dicten, en las reparaciones que se ordenen y en la capacidad de las instituciones que ejercen el poder para traducir este nuevo estatus jurídico en una protección ambiental efectiva. Por lo tanto, logrará su utilidad si se traduce en decisiones administrativas, presupuestarias y judiciales concretas y no como sustituto de la responsabilidad política.

Maduro derrocado por EEUU: Antecedentes, escalada y futuro en Venezuela

Tenía preparada y programada otra entrada, pero la rabiosa actualidad me ha obligado a preparar un post sobre la primera noticia impactante del año 2026: el dictador de Venezuela Nicolás Maduro fue derrocado y arrestado junto a su esposa Cilia Flores por el ejército de EEUU en el día de ayer sábado 3 de enero. Se trató de una operación militar que venía gestándose desde hace unos meses desde que Donald Trump señaló al régimen venezolano como responsable de un narco estado y a Maduro como el líder del cartel de los Soles. En comparecencia, el Presidente de los EEUU ha declarado que fueron trasladados a dicho país para ser juzgados por cargos federales como narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. Además, fueron bombardeados varios puntos militares en la ciudad capital de Caracas, sin impactar en civiles.

Antecedentes: las elecciones de julio de 2024

Las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024 en Venezuela pudieron ser el punto de inflexión que definitivamente sepultó la legitimidad internacional de Maduro. Es difícil creer que lo que sucedió no tuviese consecuencias profundas para la estabilidad del país y su futuro.

El principal eje de crítica fue la total y absoluta falta de transparencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) - controlado por el propio Nicolás Maduro - anunció resultados sin publicar las actas oficiales mesa por mesa, que son los documentos impresos al cierre de cada votación y constituyen el registro físico de la voluntad de cada votante. Esto es fundamental en cualquier sistema electoral serio, dado que permite verificar los resultados y reconstruir el recuento. Organizaciones internacionales, como un panel de expertos de la ONU, señalaron que la falta de este desglose era un incumplimiento sin precedentes de los estándares de transparencia e integridad electoral. La publicación, pese a prometerse, nunca llegó. El CNE canceló auditorías que estaban legalmente previstas, como una que debía comparar el 54% de las actas con los resultados electrónicos, sin ofrecer una explicación creíble. Esto significó que solo se conocieron números agregados (Maduro 51,9%, González 43,1% según el CNE) sin poder rastrear cómo se llegaba a esos totales desde cada mesa de votación. 

Mientras tanto, la principal alianza opositora, Plataforma Unitaria Democrática, recolectó, escaneó y publicó en línea más del 80% de las actas que pudo obtener directamente de las mesas de votación. Estas actas digitales, con firmas y sellos de testigos electorales, sirvieron para levantar un recuento alternativo que indicaba un amplio triunfo de Edmundo González Urrutia (67% frente a 30%), muy diferente de las cifras oficiales. Sin embargo, el gobierno madurista negó la legitimidad de este recuento opositor y llegó a abrir investigaciones penales contra quienes lo publicaron, acusándolos sin evidencia pública de fraudes informáticos y conspiración. 

En cuanto a reacciones, organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y PROVEA denunciaron que los propios datos internos del CNE reflejaban - según copias que les fueron mostradas o a las que tuvieron acceso observadores - una ventaja clara del candidato opositor, lo que profundizaba las sospechas de manipulación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la elección careció de legitimidad democrática por la opacidad en el proceso. Principalmente por el hecho de que aún no se habían publicado las actas completas y remarcando que la oposición sí tenía registros alternativos que parecían contradecir los números oficiales. En la ONU, un comité de DDHH abrió una investigación sobre el fraude electoral y, finalmente, la Unión Europea sancionó a varios altos cargos del TSJ de Venezuela por proclamar a Maduro ganador sin pruebas públicas que sustentaran los resultados oficiales. 

El CNE y funcionarios oficiales ofrecieron explicaciones que fueron consideradas insuficientes por la comunidad internacional. Alegaron que se habían producido “ataques informáticos” y problemas en la infraestructura tecnológica para justificar la demora y la falta de publicación detallada. 

Este contexto de desconfianza contribuyó a que una mayoría de países y actores no reconocieran a Maduro como presidente legítimo y amplió la brecha entre el Gobierno chavista y la oposición tanto interna como internacional. De alguna manera sentó el caldo de cultivo para que Trump desarrollase su estrategia.

Escalada de tensiones y lucha de Trump contra el “Cartel de los Soles”

Durante 2025, la Administración Trump impulsó una política de fuerte presión diplomática contra el régimen de Maduro y en particular vinculándolo con el “Cartel de los Soles”. Dicha organización era entendida como una red informal de altos mandos militares y figuras del poder político venezolano, presuntamente implicados en tráfico de cocaína hacia EEUU y Europa, protección de rutas del narcotráfico, colaboración con grupos armados como las FARC disidentes y el ELN y habilitación de Venezuela como plataforma logística.

Desde 2020, fiscales federales estadounidenses ya habían acusado formalmente a Nicolás Maduro y a otros altos cargos (como Diosdado Cabello) de narcoterrorismo, equiparando el narcotráfico con amenazas terroristas contra EE UU. Pero hasta esta segunda legislatura de Trump no se vinculó explícitamente al Cartel de los Soles con la crisis del fentanilo y la entrada de drogas por el Caribe y Centroamérica. Trump calificó a dicho Cartel como organización terrorista extranjera y declaró al régimen venezolano como un narco Estado que amenazaba directamente la seguridad de Estados Unidos, terminando por declarar a Maduro como terrorista narco.

Este nuevo rumbo le permitía a Donald Trump poder justificar operaciones especiales y acciones militares limitadas al amparo supuestamente de leyes antiterroristas y antidroga. Es más, se abrió la puerta a una orden de captura internacional contra Maduro y el Gobierno estadounidense llegó a duplicar la recompensa por información para arrestarlo hasta 50 millones de dólares. Las sanciones habían fracasado y la negociación estaba agotada con un Maduro que ofrecía dejar el cargo a su vicepresidenta a cambio de impunidad absoluta.

La estrategia de Donald Trump tenía una doble vertiente. Internamente, conectaba con su discurso conservador de “ley y orden” en tanto que lucha contra las drogas. Pero, externamente, buscaba reducir el margen de maniobra de aliados de Maduro (como Rusia, China o Irán), retratándolos como protectores indirectos de un sistema criminal y alentándolos a que lo dejarán caer. Trump actuó no solo contra un presidente cuestionado, sino proyectando la figura de un “jefe de organización criminal” que no gozaría de inmunidad política ni soberanía efectiva. Esto explica por qué Washington asumió un coste diplomático enorme: la operación no se planteó como intervención política, sino como una aplicación extraterritorial de la ley penal estadounidense.

Reacciones: soberanía y el debate sobre el derecho internacional

La captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU ha provocado una onda expansiva diplomática global, no solo por la figura del detenido, sino por lo que la operación implica en términos de soberanía estatal, legalidad internacional y precedentes geopolíticos. Más allá del juicio político (y seguramente penal en el futuro) sobre Maduro, el debate se ha desplazado rápidamente hacia una pregunta central: ¿puede un Estado actuar unilateralmente contra el jefe de otro Estado alegando delitos transnacionales?

América Latina ha mostrado una respuesta fragmentada, reflejo de sus divisiones ideológicas y de sus propias experiencias con intervenciones externas. Así, gobiernos como México, Brasil, Uruguay o Colombia (todos socialistas) han denunciado la operación como una violación del principio de no intervención aún sin defender explícitamente a Maduro. Entienden que ningún Estado puede ejecutar operaciones coercitivas en territorio ajeno sin mandato multilateral, independientemente de la legitimidad del gobierno afectado. En cambio, otros gobiernos sudamericanos como Argentina (bajo Milei), Perú (José Jerú) o algunos ejecutivos centroamericanos como El Salvador (Bukele) han mostrado comprensión o apoyo tácito, subrayando el carácter criminal y no democrático del régimen venezolano. También hay que señalar el comunicado del reciente nuevo gobierno de Bolivia que se ha limitado a apoyar en un eventual y esperado proceso de transición democrática, obviando cualquier mención al ataque y detención. En estos casos, el énfasis no está en la soberanía, sino en la idea de que Venezuela habría dejado de cumplir las funciones mínimas de un Estado de derecho.

En Europa, la reacción ha sido también dispar. La Unión Europea ha evitado avalar la operación, subrayando que el uso de la fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU vulnera el derecho internacional, incluso cuando el objetivo sea un dirigente acusado de graves delitos. Esa misma línea han seguido varios gobiernos como Francia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido y que no obstante han recordado que las elecciones de 2024 carecieron de garantías, Maduro no gozaba de plena legitimidad democrática y existían acusaciones penales graves pendientes. Este doble mensaje revela una tensión clara: rechazo del método empleado pero sin blanquear al régimen. Llama la atención la condena enérgica de la ultraderecha de Le Pen sin calificar al líder depuesto. En España, el PSOE lanzó un tibio comunicando condenando la intervención en Venezuela, llamando a la desescalada y poniéndose al servicio para ayudar. Esto mosqueó a la extrema izquierda con la que comparte ejecutivo (Sumar y Más País). Por último, otros gobiernos como Italia, Portugal y Alemania han apoyado sin fisuras la operación militar.

En el seno de la ONU, la operación ha reactivado un debate clásico pero no resuelto y es el principio de soberanía contra los delitos transnacionales. El derecho internacional protege la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado, pero no contempla escenarios de “narco-Estados” ni redes criminales incrustadas en estructuras estatales. De hecho, la ONU alberga a muchos Estados que son terribles dictaduras como Corea del Norte, Arabia Saudí o Irán.

Frente a esto, EEUU sostiene que Maduro no actuaba como jefe de Estado legítimo, sino como líder de una organización criminal transnacional, por lo que no le serían aplicables plenamente las protecciones tradicionales. Las sanciones y la diplomacia habrían fracasado ante la impunidad de los líderes como Maduro. Sin embargo, muchos juristas y Estados discrepan, alertando de que aceptar ese argumento abriría la puerta a que cualquier potencia etiquete a un adversario como “criminal” para justificar acciones unilaterales. En el peor caso conllevaría que se normalizase la justicia extraterritorial armada y dicho precedente podría ser usado por otras potencias como Rusia con Ucrania o China con Taiwan en conflictos futuros.

El futuro de Venezuela y el reto de la reconstrucción 

La captura de Nicolás Maduro abre un escenario inédito para Venezuela al tiempo que una ventana de oportunidad como apunta Rallo, pero no implica automáticamente ni una transición ordenada ni una recuperación inmediata. Al contrario, el país entra en una fase de total incertidumbre sobre cómo se abordará la reconstrucción política y económica.

El chavismo no desaparece con la detención de su líder, dado que persisten estructuras civiles, militares y económicas, redes clientelares y mandos intermedios con capacidad de bloqueo. Por ejemplo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez. Por su parte, la oposición, aunque fortalecida moralmente, no llega unida ni plenamente institucionalizada tras años de represión, exilio y fragmentación. Además, más allá de votar Venezuela enfrenta una crisis institucional profunda. Un sistema judicial politizado, órganos electorales desacreditados, una administración pública colapsada y desconfianza generalizada de la ciudadanía. La reconstrucción política implica restaurar la separación de poderes y garantizar libertades civiles y de prensa. Sin este proceso, cualquier gobierno futuro corre el riesgo de ser percibido como ilegítimo o impuesto.

El escenario apunta a una transición tutelada por EEUU y con el secretario de Estado Marco Rubio al frente y con un gobierno provisional de Delcy Rodríguez. La primera duda es si se pretenderá una reconfiguración interna del chavismo sin Maduro, buscando sobrevivir políticamente. La clave estará en restablecer reglas claras de juego democrático, garantizar elecciones creíbles y evitar una revancha política que alimente nuevos ciclos de conflicto. A ese respecto, llama la atención que Trump no cuente con la opositora y reciente Nobel de la Paz María Corina Machado. Sin embargo, es posible que sea porque carece de lazos y conexión con el aparato chavista incluyendo a las fuerzas armadas. Ahora bien, EEUU nunca hace nada gratis y es de esperar que la dirección que tome no sea sólo geopolítica sino de rentabilidad económica.

En lo económico, Venezuela parte de una situación crítica, pero con potencial significativo. Sufre de hiperinflación, destrucción del tejido productivo, colapso de servicios básicos y una emigración masiva que ha vaciado de talento al país. Como oportunidades tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, posible levantamiento gradual de sanciones y retorno de inversiones internacionales. Sin embargo, la recuperación no será rápida y requerirá reformas profundas. Quizá el mayor desafío sea social y humano, ya que millones de venezolanos viven en pobreza extrema y existe un profundo desgaste psicológico colectivo. En ese sentido, la estabilidad futura también dependerá de políticas sociales urgentes y reconstrucción de servicios públicos.

Conclusión 

El discurso estadounidense ha evitado el término “intervención”. Washington insiste en que no se trata de un cambio de régimen clásico, ni una ocupación prolongada, sino de una operación de cumplimiento de la ley contra un individuo acusado. Este encuadre no es casual: buscaba minimizar el impacto legal y presentar la acción como una extensión del combate global contra el crimen organizado.

A mi modo de ver y coincidiendo con el profesor Rallo, es perfectamente compatible reconocer que ni estaba tan claro que no hubiese más intereses de EEUU en deponer a Maduro y que tampoco se daban las condiciones ni internas (autorización del Congreso) ni externas (legítima defensa) con que sea motivo de celebración el fin de la tiranía de Maduro. Así que sólo pudiendo escoger una de dos cartas, teniendo en cuenta lo que sucedió en 2024, me temo que únicamente una operación militar podía echar a semejante personaje dictatorial del poder. Torturas, secuestros, represión callejera e incluso domiciliaria, presos políticos, asesinatos, elecciones amañadas... Así que no seré yo el que llore o rabie como los penosos integrantes de la infame formación de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y demás individuos de extrema izquierda mientras los venezolanos exiliados en España lo celebran como si no hubiese un mañana. Esos venezolanos que en el mundo y lejos de su nación se cuentan por millones.

En la Venezuela post Maduro conviene evitar triunfalismos. Los riesgos incluyen ingobernabilidad prolongada, conflictos internos entre facciones, tutela externa excesiva que erosione la soberanía y frustración ciudadana si las mejoras no llegan. La historia reciente de otros países como Irak muestra que el final de un régimen no garantiza automáticamente el inicio de una democracia funcional. Esperemos por el bien de todos los venezolanos que sí sea posible.

Resumen del 2025 en el blog

Termina el 2025 y con él un año en el que he retomado este blog de manera cada vez más frecuente tras reflotarlo en el pasado 2024. Durante más de 5 años permaneció inactivo por varios motivos: mi carrera por la promoción interna al Cuerpo Superior de Administradores, mi paternidad por partida doble y mis investigaciones para construir el árbol genealógico. Todo eso ya me dio ocupación por bastante tiempo hasta que mi retiro de la política como militante en 2024 y mi afición por seguir varios canales de YouTube y Twitch me animó a recuperarlo. Sin embargo, una época que habría dado para mucho ha quedado sin analizar. Es una pena que durante estos años no haya hablado de temas tan importantes como los comicios electorales de abril, mayo y noviembre de 2019 que marcaron el auge y caída de Ciudadanos de una forma espectacular, el avance de la gestión política y económica sobre el Covid-19, la vergonzante moción de censura fallida en Murcia y los desmanes de los tránsfugas, el fracaso sonoro de Pablo Casado contra Ayuso que le retiró de la política, la jubilación política de Pablo Iglesias tras la derrota electoral en Madrid, la invasión de Ucrania por Rusia, las Elecciones Generales y autonómicas de 2023, las Europeas de 2024, Alvise y su partido político... Posts muy interesantes, unos que me hubiesen calentado la sangre de escribir, otros dado muchísima tristeza y otros que hubiese disfrutado con una sonrisa en la boca de escribirlos. En cualquier caso, nada de indiferencia.

En materia de política nacional he hablado de pensiones, de impuestos, de inmigración, de vivienda y sobre los okupas, temas todos con importantes aristas y que dan para mucho debate. Pero muy especialmente he apuntado al Gobierno del PSOE y su red mediática clientelar, así como su estrategia polarizadora y de difusión de relato, sus crecientes casos de corrupción, su tendencia a controlar todos los contrapesos, sus concesiones al independentismo y su inmovilismo en los errores económicos del PP. No olvido ni perdono la actitud de sobrado y humillante de Pedro Sánchez hacia Albert Rivera, pero la evolución del partido de la rosa ha superado con creces lo más barriobajero que se ha visto en la política nacional.

También ha habido espacio para denunciar las dos cabezas del progresismo más desnortado del siglo XXI que son el feminismo impostado y el wokismo identitario. Pero igualmente he analizado el estado de la oposición criticándoles sus puntos débiles y de mejora e incluso señalándoles como parte del problema. 

En materia de elecciones, me encanta realizar posts comentando resultados como ya hacía en mi primer blog y dediqué sendos artículos a las Legislativas de Argentina y las Regionales de Extremadura.

Como eventos de desastres particulares, competencias y responsabilidades políticas he analizado este año lo sucedido con el apagón eléctrico de mayo y los incendios de agosto como ya lo hice en 2024 con la DANA, pero no han sido las únicas.

En el ámbito regional y local he defendido a la comarca natural del Mar Menor frente al ánimo "imperialista" de los cantonales de Cartagena y he analizado la larga trayectoria de transfuguismo en San Pedro del Pinatar, los sucesos de inseguridad y conflictos con la inmigración en Torre Pacheco y la situación extraordinaria e inédita de suspensión de agua potable en el Mar Menor. 

En cuanto al extranjero no me he atrevido a escribir mucho porque tengo mucho menos conocimiento y hay creadores de contenido con mucho más tiempo y experiencia que yo (como Visual Factory), pero sí me atreví a reflexionar sobre la guerra y el conflicto entre Israel y Palestina antes del proceso de negociaciones de paz. Igualmente, comenté el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a pesar de que no profundicé en ningún momento sobre su política económica ni exterior, las vertientes más interesantes desde el punto de vista de un español. Por otra parte, comenté el trágico atentado a Charlie Kirk y a la libertad de expresión en el contexto de una polarización preocupante. También, por supuesto, cabría aquí el post sobre Argentina resumiendo la política económica de Javier Milei. Por último, sobre Europa hablé algo sobre el reto de adaptar la Defensa a la era actual.

Finalmente, he echado un vistazo sobre la Administración como funcionario que soy analizando tanto cómo podemos contribuir al adelgazamiento del Estado como la controversia judicial sobre los interinos en situación de fraude de Ley. Son temas polémicos, sobre todo el primero de ellos porque hay quien desde la izquierda no puede entender que siendo funcionario abogue por una racionalización y reducción de la Administración Pública. Del mismo modo, también hay gente desde la derecha que se cree que por ser funcionario tengo que ser estómago agradecido de partidos socialistas o intervencionistas y erran también. Así que no me importa cabalgar entre ambos "ladridos" (en sentido figurado), que no argumentos que es lo que en este blog siempre voy a aportar.

Es cierto que cada vez los blogs se leen menos precisamente porque la gente se ha pasado a las plataformas de vídeo y streaming, lo cual se refleja en las escasas visitas de las entradas de este blog que en la primera etapa alcanzaban varios centenares. Sin embargo, sí puedo decir que la entrada más visitada del año fue la dedicada al transfuguismo en San Pedro del Pinatar y que recibió el único comentario que se ha escrito en este blog. Gracias Magin. La segunda más vista fue la relativa al apagón eléctrico.

De cara al próximo año 2026 espero seguir publicando al mismo ritmo que lo he estado haciendo en estos últimos meses del año, es decir, tres posts al mes. No hace falta escribir todos los días. Para eso está X/Twitter. Pero sí dejarme el suficiente tiempo para redactar posts más o menos elaborados. Entre los temas, por supuesto aprovecharé cualquier envite electoral de relevancia porque son posts con los que me siento muy cómodo redactando. Pero también dedicaré artículos a temas de los que he hablado poco o nada como Europa y política extranjera pero con incidencia en nuestro país y continente. De hecho, uno de los primeros del 2026 será relativo a ello, a las luces y sombras de la Unión Europea. También trataré de hace algunos posts más localistas (Región y pueblos de la comarca) y no sólo con preponderancia de la política nacional. Por ejemplo, aunque sea a toro pasado dedicaré un post para defender la personalidad jurídica del Mar Menor y avanzo que será el primero del año. Finalmente, procuraré dedicar algún que otro post relativo a la Administración como las futuras reformas de las Leyes de Función Pública.

Elecciones extremeñas 2025: arranca el hundimiento del PSOE

Ayer domingo 21 de diciembre se celebraron las primeras Elecciones al Parlamento de Extremadura de forma anticipada, puesto que tras apenas dos años la presidenta María Guardiola ha optado como la solución a la parálisis de los Presupuestos regionales. Por muy poca diferencia, dado que PSOE y PP empataron en 28 diputados siendo el primero el más votado con Guillermo Fernández Vara de presidente autonómico con cerca de 7.000 votos.  Sin duda, se benefició el PP de la caída en desgracia de Ciudadanos tras una operación en varios frentes de captación pseudomafiosa de afiliados y cargos, marketing mediático y demoscópico y por supuesto los propios errores de los responsables naranjas. Esos 7 diputados se los llevó el PP más otro más por el efecto de la concentración del voto. Por otra parte, entre los populismos de Vox y Podemos, los primeros habían ganado la partida con 5 diputados frente a 4 lo que en teoría suponía la victoria por la mínima para el PP extremeño. Sin embargo, esta legislatura que no ha llegado a su duración prevista no ha sido precisamente cómoda.

Contexto preelectoral

María Guardiola ha estado envuelta en varias polémicas por su relación con Vox y su actitud más cercana a posiciones de izquierda. Así, al principio se negaba a pactar con los de Abascal y que entrasen en el gobierno extremeño por motivo de su postura ante temas como la violencia de género, las políticas LGTBi y la inmigración. Es decir, aplicaba la misma posición que defendería una candidata del PSOE. Sin embargo, al final terminó aceptando y cediendo una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que ha tenido hasta tres titulares. Primero, la ganadera Camino Limia que dimitió por desavenencias con la cúpula. Luego el cazador Ignacio Higuero que se negó a dimitir tras la orden de Abascal de salirse de todos los ejecutivos regionales por el asuntillo de los centros de Menas. Sin embargo, terminó dimitiendo por falsear su currículum inventándose una titulación. No me extrañaría absolutamente nada que fuese Vox quien filtrase esa información a El Plural. Finalmente, Francisco Ramírez ha  terminado esta legislatura incompleta regresando la cartera departamental al PP. Vamos, que Extremadura ha sido una piedra en el zapato para el aparato de Vox, pero ha concurrido a estas elecciones anticipadas como una oportunidad para atraer al votante menos fiel y acomplejado del PP. Guardiola, sin embargo, entendía que dicho adelanto electoral favorecería una mayoría más amplia. Vox, por su parte, optó por su portavoz parlamentario Óscar Fernández y que aspiraba a duplicar sus 5 diputados. Además, por lo que se refiere a la eventual investidura, avisaron en campaña que exigirían la dimisión de Guardiola ya que de lo contrario votarían "No". Entre sus propuestas, defender la central nuclear de Almaraz, oponerse a políticas climáticas y abogar por recortes de subvenciones feministas. 

Por su parte, en la oposición, el PSOE optó sin duda por colocar al peor candidato posible. Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso del presunto enchufe del hermanísimo de Sánchez en la Diputación de Badajoz, que se sentará en juicio oral en mayo de 2026 y que recurrió a un intento de aforamiento exprés para convertirse en diputado autonómico renunciado varios de arriba de la lista y evitar ser investigado por el juzgado de instrucción y procesado por la Audiencia Provincial. Absolutamente demencial, pero en la línea idéntica que está siguiendo este partido o mejor dicho banda organizada a nivel nacional. Tiene gente importante investigada en muchos ámbitos, pero no vacila en pasarse de frenada porque cuando la sensación de impunidad te la valida tu propia red mediática, no ves la más mínima barrera que te pare. Pues eso mismo es el PSOE Sanchista. En el lado de la izquierda populista la coalición de lo que queda de IU, Podemos más los ecologistas (Alianza Verde) ha presentado a Irene de Miguel y pretendían aprovechar la crisis y tal vez la rendición de Sánchez en Extremadura para arañar algún diputado que otro a los socialistas (partían con 4). Entre otras cosas, proponían crear una consejería de Derechos Sociales emulando a la nacional y avanzar en la administración electrónica en una comunidad rural.

En las candidaturas extraparlamentarias, sólo quería mencionar a mi ex partido Ciudadanos que presentó a un tal Ignacio Rama como candidato. Entre sus propuestas, más empleo interno y ayudas a autónomos y al emprendimiento para evitar la emigración, mejorar infraestructuras, plan de vivienda, fase 2 del Hospital de Cáceres, matrícula gratuita en titulaciones estratégicas para trabajar en Extremadura, prácticas formativas gratuitas y plan de retorno del talento joven. Lo que más me gustó fue el cartel de campaña con una silla naranja vacía. Muy acertado. Soy uno de esos casos que parecen raros de que no  mantengo rencor a CS, sino que me entristece su caída. Y, desgraciadamente, Ciudadanos hace años que mediáticamente está desaparecido y demoscópicamente muerto. De 2019 a 2023, los votos pasaron de ser cerca de 70.000 con 7 diputados a poco más de 5.000. Así que mi expectativa era de que no iban a llegar ni a 2.000 votos.

Resultados electorales

El PP, como era previsible, ha ganado las elecciones con un 43,2% si bien en realidad ha sido perdiendo votos. Habiendo perdido cerca de diez mil, ha sido capaz de aumentar un escaño por la menor participación y la distinta proporción de votos del resto de las fuerzas. Y es que la fórmula electoral, en ocasiones, permite que la debacle del segundo más votado le proporcione una subida al ganador pese a no haber hecho más méritos. De esta forma, la candidatura de María Guardiola pasa de 28 a 29 diputados, de manera que su objetivo de no depender de Vox se ha ido al traste y seguirá siendo igual de imprescindible para gobernar que ya lo era antes de convocar elecciones. Es cierto que parece haberse quedado a 244 votos del escaño nº 30 que lo se arrebataría al PSOE en Cáceres y que podría añadirse según el voto por correo, pero nada cambiaría realmente. Probablemente haya arrebatado varios miles de votos al PSOE, pero lo que le ha reducido Vox ha resultado mayor que ese eventual aumento. Por consiguiente, habrían perdido más votos a su derecha que ganado por la izquierda.

El PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo ha perdido nada menos que más de 100.000 votos respecto a hace dos años con un porcentaje de 25,7%. El piñazo, por tanto, ha sido generalizado en las dos provincias y en casi todos los municipios y han pasado de tener 28 diputados a retroceder a un suelo de 18 que es con mucha diferencia el peor en toda la historia de la autonomía. En términos prácticos, hay que atribuir esta huida masiva de votos a un trasvase a Podemos equivalente a lo que han aumentado, otro indeterminado al PP y a la abstención (que aumentó este año un 7,7%). En declaraciones públicas han demostrado una vez más lo desnortados que están atribuyendo un desastre al PP que en realidad lo han cometido ellos mismos.

Vox, por su parte, ha escalado de los 5 diputados hasta los 11, duplicando su fuerza y siendo por tanto la que proporcionalmente más ha aumentado. Su fuerza electoral no provendría exclusivamente del PP, sino probablemente de nuevo electorado o de abstencionistas de 2023, pues ha pasado de 50.000 a 90.000 votos nada menos y bordeando el 17% en una Comunidad Autónoma perteneciente a la España vaciada.

Finalmente, Podemos ha subido de 4 escaños a 7 con un 10,25%, lo que para ellos es una subida importante si bien inferior a 20.000 votos en comparación con todo lo que perdieron los socialistas. De esa manera, sólo el electorado más escorado a la extrema izquierda se habría decantado por la opción morada mientras que una mayoría habría preferido quedarse en casa o incluso votar al PP antes que hacerlo a un imputado por corrupción y decepcionada por el rumbo del PSOE a nivel central.

Finalmente, Ciudadanos ha terminado obteniendo 1.234 votos.  Así que efectivamente y por desgracia no me equivoqué. El partido está muerto y no lo saben. Ya comenté en otro post las razones por las que fracasó el partido. Entre ellas, no supieron enarbolar sus banderas de la forma suficientemente inteligente como para diferenciarse del PP, pues para mucha gente aún afín terminó siendo una versión "lavada y planchada del PP" como acusaba la izquierda. En cambo, Vox ha bebido de todo este estallido de la polarización política desde las bravuconadas separatistas y ha defendido banderas ideológicas con mejor maestría: contra el feminismo socialista y políticas wokistas, la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana, la Agenda 2030 y hasta los okupas. Frente al pragmatismo, Vox ha potenciado la ideología igual que lo hizo Podemos en su día, sólo que multiplicando su fuerza en lugar de retroceder. Seamos honestos. Es imposible hoy día, pero totalmente imposible que un partido de centro o moderado triunfe en España. Lamentablemente, no es una época propicia por la altísima polarización política, social y mediática que existe y donde la ideología tiene un mayor peso que hasta hace poco el liderazgo o la economía.

Futuro

A partir de hoy lunes, María Guardiola tiene la responsabilidad de volver a formar Gobierno siendo consciente de que NADA ha cambiado para mejor respecto a su objetivo de lograr una mayor autonomía de su ejecutivo, pues volverá a depender de Vox. Y será entonces cuando los de Abascal ratifiquen o se desmarquen de su arma electoral de no investir a María Guardiola y exigir su dimisión para permitir la investidura. Sin embargo, para Feijoo y el PP nacional, esto es lo de menos, pues lo que el partido a nivel central esperaba era celebrar y promocionar el hundimiento tanto de un PSOE cada vez más conectado con la corrupción sistémica como de un líder nacional como Pedro Sánchez que no cesa de huir hacia adelante. Por consiguiente, la victoria electoral ha sido más de Feijoo que la de Guardiola. Sin embargo, los resultados han visualizado igualmente el fortalecimiento de su principal competidor por la derecha que es Vox y a su vez el único recurso al que la izquierda podría recurrir para activar el voto.

El próximo envite electoral será el de Aragón, que tendrá lugar en el mes de febrero de 2026 y lo comentaremos en este mismo blog. Presumiblemente, el escenario será bastante parecido al presente y por tanto retratando una nueva y fuerte derrota del PSOE, que en realidad es lo único a lo que está aspirando teniendo en cuenta la vergonzosa actuación que está teniendo amplificada por sus satélites mediáticos sufragados sobre todo con dinero público.

El conflicto de los interinos en fraude de Ley

Tenía pendiente volver a dirigir la mirada a la Administración, de la cual humildemente me considero profesional encaminándome poco a poco hacia los 20 años. He trabajado hasta el momento en una oficina de extranjeros y en Seguridad Social en la Administración del Estado y en Función Pública, Dependencia, Empleo, Formación entre otras dependencias en la CARM. Sí que se han cumplido ya 20 años de cuando decidí prepararme oposiciones, logrando el objetivo en dos ocasiones: promoción libre al Cuerpo de Gestión Administrativa y promoción interna al Cuerpo Superior de Administradores. En el presente post me gustaría analizar sobre una polémica que afecta a opositores y empleados públicos de toda España y que no sólo se ha judicializado sino que ha llegado a la mesa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Consideraba necesario examinar bien el tema para formarme una opinión más ajustada a la realidad del problema. En España, desde hace bastantes años existe una situación en la que empleados públicos no indefinidos como funcionarios interinos y personal laboral temporal prestan servicios en una plaza que pude considerarse de carácter permanente por la naturaleza de sus funciones y no se han llegado a cubrir de forma permanente por nadie. Esto es lo que ha generado la sensación de hallarse en contratos en fraude de Ley por abuso de la temporalidad.

Contexto europeo

En el marco normativo de la UE, existe una Directiva comunitaria que es la 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo Marco sobre los contratos de duración determinada que establece que los Estados miembros deben prevenir el abuso de los contratos temporales incluyendo "relaciones sucesivas de duración determinada". De acuerdo con la naturaleza de esta normativa, no se impone una obligación en todos sus términos, sino que se trata de un resultado que los Estados deben de lograr mediante la articulación de la normativa correspondiente. Por lo tanto, la clave es que no estamos hablando de un Reglamento que establece en todos sus términos cómo se debe de conseguir el objetivo, sino que sólo se prescribe el qué han de cumplir los Estados.

En el ámbito judicial, el TJUE ha dictado sentencias en las que considera que, cuando la Administración Pública utiliza sucesivamente contratos laborales temporales o periodos de interinidad (ya sea por programas o vinculados a la RPT) para cubrir una necesidad que es en realidad estable u ordinaria, puede considerarse un abuso injustificado de la temporalidad. De hecho, señaló que la normativa española carecía de medida legal equivalente para evitarlo. Así, por ejemplo, en 2024 consideró que la conversión de un trabajador temporal en indefinido podría ser una medida adecuada para sancionar el abuso pero claro, siempre y cuando no implicase una interpretación del Derecho nacional contraria a la propia Ley interna. Y ahí es donde está el centro de la polémica. Los funcionarios de carrera no son equiparables a los contratados en régimen laboral, ya que aquéllos lo son en virtud de nombramiento regido por el Derecho Administrativo y tras superar un proceso de Oposición que en ocasiones puede llevar aparejado un Concurso de méritos adicional. En el caso de los laborales también puede chirriar, pero no podemos equiparar un contrato indefinido con un status de inamovilidad administrativa.

Sentencias judiciales contradictorias

El Tribunal Supremo ha declarado en varias sentencias que no cabe reconocer automáticamente el derecho a ser funcionario de carrera o personal laboral fijo a pesar de que hayan prestado servicios prolongados sin haber superado un proceso selectivo. Así, recordó el pasado 25 de febrero del presente 2025 que la legislación europea no obliga a convertirlos en funcionarios ni laborales fijos, tal y como hemos mencionado por la característica de Directiva (obligación de resultado) en lugar de ser Reglamento (directamente aplicable). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sí aplicó doctrina europea y declaró el derecho de un empleado que había acumulado contratos temporales durante 18 años a que se le convirtiese en fijo. Por lo tanto, apreció una situación clara de fraude de Ley, pero una vez más hay que recordar que no se trataba de un funcionario interino.

Cuestiones prejudiciales ante el TJUE y respuesta del abogado general

Aquí en Murcia, el Juzgado de lo Social nº 3 planteó en marzo de este año una cuestión prejudicial al TJUE que consistía simplemente en que le aclarase qué hacer con los empleados públicos en situación de fraude de Ley que eran funcionarios interinos si no podían ser convertidos en funcionarios de carrera. Entre las dudas, está si pueden solicitar una responsabilidad patrimonial al Estado, por el abuso de la temporalidad y los daños y perjuicios producidos. A ese respecto, el TS declaró también este año que no tenían derecho a reclamar indemnización para estos casos de ámbito público en el mismo rango que en el ámbito privado porque la legislación española no la contempla y menos en un sentido punitivo contra la Administración. A día de hoy, el TS no se ha vuelto a pronunciar y ha optado por esperar a la resolución del TJUE, dado que ya había presentado una cuestión prejudicial en 2024, si bien hasta el momento sólo se conocen las conclusiones emitidas por el abogado general.

El abogado general que estudió previamente el tema y que elabora el dictamen no vinculante previo a la resolución de la cuestión prejudicial, entendió el pasado mes de octubre de este año que realmente ha de ser el TS el que determine en primer lugar si existen medidas efectivas para evitar el abuso de la temporalidad. Esas medidas no deben de ser forzosamente convertirlos en laborales fijos y menos aún en funcionarios de carrera sin superar los correspondientes procesos de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La conversión en laboral fijo sólo podría ser la alternativa en caso de que no existiese otra medida menos tajante que, en todo caso, debía de determinar el propio TS. Además, añade que ni los procesos de estabilización (antes denominados consolidación) ni las indemnizaciones por cese ni el invento de la figura del indefinido no fijo serían alternativas razonables para la resolución de las deficiencias e incumplimiento de la Directiva Comunitaria. Por último, dicho TS también ha de determinar cuáles deberían ser las sanciones adecuadas. En definitiva, la pelota una vez más en el tejado de la Justicia española. Si bien el TJUE ha de resolver aún lo más normal es que tire en el mismo sentido que el abogado lituano Rimvydas Norkus.

Manifestaciones, demandas y dudas

Ha habido muchas manifestaciones en España de trabajadores públicos que denuncian su situación. Algunas de las opiniones detractoras de sus demandas son las que apuntan a que son personas que no han superado, a pesar de todos estos años, un proceso selectivo. Entendería las quejas de los afectados si vinieran del lado de que esas plazas o puestos son los que no han salido a oposiciones o concursos. En tal supuesto, parece obvio que las administraciones no estarían cumpliendo la Ley al mantener esas plazas con carácter permanente y sin dotarlas de forma más permanente. Sin embargo, pese a la situación ilógica, es cierto que nada impedía que esas personas obtuviesen otro puesto de trabajo ya sea como laboral o funcionario de carrera mediante la superación de un proceso selectivo no vinculado directamente a esa plaza. Consecuentemente, es la parte que yo personalmente no entiendo. Llevas más de diez o quince años en un mismo puesto desempeñando el mismo trabajo con carácter temporal y no has sido capaz de superar aún un proceso selectivo que es lo que tanto a tí como a cualquier otra persona te proporcionaría al menos un status permanente. 

En el día de ayer, se manifestaron frente al Congreso unos interinos pertenecientes a la plataforma de afectados por la Función Pública en Madrid, Asociación de interinos cesados y la Asociación de funcionarios de habilitación nacional. Leyendo la noticia en ABC, que sólo está disponible para suscriptores, me llama la atención que lo que exijan no sea que convoquen las plazas para su provisión, sino directamente que se conviertan a los ocupantes en fijos. Alegan que la temporalidad es del 32% mientras que el tope según Europa debería ser del 8%, al tiempo que la mayoría de afectados serían personas de más de 50 años. Remarcan y alegan una situación potencial de riesgo de exclusión laboral en caso de cesar su actividad en la Administración pública donde llevan muchos años sin haber superado hasta la fecha un proceso selectivo.

Como funcionario de carrera adquieres la condición de tal pero tu puesto específico es provisional hasta que te lo ganes en un concurso de méritos regido por el Derecho Administrativo, el mismo que establece los principios básicos para acceder a la Función Pública. Esto te diferencia de los laborales fijos que sí están vinculados a un puesto específico pero regido por el Derecho Laboral. Sin embargo, tampoco se accede a un contrato fijo en la Administración de la nada, sino que a través de un proceso regulado y en el que compiten muchas personas. Por lo tanto, con independencia de la naturaleza jurídica de la relación del empleado público, se me antoja MUY complicado establecer la penalización de que la Administración esté obligada a formalizar un contrato laboral fijo para castigarla por la negligencia de no proveer la plaza. Se generaría incluso un incentivo a que se mantuviera por X años a una misma persona y que, realmente, para ella supusiera una ventaja que no convocasen la plaza por la posibilidad de que alguien con más experiencia u otros méritos pudiera relevarle. Así que pienso sinceramente que ni las Administraciones ni el TS tienen claro cómo dar respuesta a estas anomalías sin vulnerar la propia Ley. Es decir, el fraude de Ley no puede ser corregido con otro.

Posibles soluciones y futuro

Pienso que lo más coherente es, si no se ha hecho todavía, sacar esas plazas a concurso u oposición y que sean provistas. Sin más, si es que se acredita que por la duración dichos puestos no son temporales sino adscritos a una necesidad permanente. Por tanto, a no ser que el TS se saque de la manga una solución de otro tipo, descartada la indemnización por daños y perjuicios y siendo muy complicado "regalar" miles de plazas sin lesionar la igualdad, lo más lógico consistiría en forzar a las Administraciones a convocarlas. Es la única manera de frenar el abuso de la temporalidad. Porque las reivindicaciones de estabilización así como así son no ya contrarias a la Ley sino a la propia Constitución. Como ya he mencionado, las irregularidades no pueden ser corregidas por otras, sino con recursos plenamente legítimos y legitimados. Y, hasta el momento, en lo único en lo que parece haberse interesado el Gobierno de España es en estabilizar a jueces y fiscales mientras que los gobiernos autonómicos simplemente reman a rebufo de lo que se mueva a nivel central en Función Pública y es por eso por lo que las Leyes como la murciana llevan años y años sin prácticamente reformarse más que para adaptarse a las escasas modificaciones del EBEP.

Mientras tanto, el conflicto permanece en un terreno intermedio, a la espera de lo que finalmente Luxemburgo dictamine. Lo que decida el TJUE, aunque se trate de una recomendación porque jamás son vinculantes sus resoluciones, en la práctica inspiran la respuesta de los Estados miembros por la legitimidad social que generan. Y no sólo afectará a miles de trabajadores públicos, sino que puede marcar el destino de las eventuales reformas normativas.

**Actualizaciones: Sentencias del TJUE y del TS**

La cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quedó finalmente resuelta en abril de 2026. En su sentencia, concluyó que las medidas previstas por el ordenamiento español no constituían una respuesta suficientemente efectiva y disuasoria para sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público. En particular, consideró que la figura del indefinido no fijo seguía manteniendo una situación de temporalidad, que las indemnizaciones económicas, por sí solas, no garantizaban una reparación adecuada del perjuicio sufrido, que el régimen sancionador frente a la Administración carecía de un verdadero efecto preventivo y que la mera convocatoria de procesos selectivos tampoco podía considerarse una medida suficiente para corregir el abuso.

A partir de este pronunciamiento, el Tribunal Supremo dictó sentencia en mayo de 2026, fijando una nueva doctrina para el personal laboral. Según esta, cuando un trabajador temporal hubiera participado en un proceso selectivo para acceder a la condición de personal laboral fijo, hubiera superado las pruebas exigidas pero no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes, podría reconocerse el carácter fijo de una posterior relación laboral si esta respondiera a una necesidad estructural y permanente de la Administración y no a necesidades meramente coyunturales o estacionales. El TS entiende que, en estos supuestos, no se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ya que el acceso al empleo público se habría producido tras superar un procedimiento selectivo conforme a dichos principios. Esta solución, sin embargo, no resulta trasladable al personal funcionario interino, cuyo acceso a la condición de funcionario de carrera exige necesariamente un nombramiento derivado del correspondiente proceso selectivo y no puede equipararse a una relación laboral. Posteriormente, en junio de 2026, el TS aclaró que esta nueva doctrina no excluye la posibilidad de reclamar, cuando proceda, una indemnización por los daños y perjuicios derivados del abuso de la temporalidad.

A mi juicio, la solución adoptada por el Tribunal Supremo constituye un punto de equilibrio razonable entre las exigencias del Derecho de la Unión Europea y los límites impuestos por la Constitución española. Como ya expuse en este artículo, el problema siempre ha resultado más sencillo de resolver respecto del personal laboral que respecto del personal funcionario, precisamente por la distinta naturaleza jurídica de ambas relaciones de servicio. Mientras que en el ámbito laboral existe un contrato de trabajo susceptible de adquirir carácter fijo cuando concurren determinadas circunstancias, el acceso a la función pública de carrera está sujeto a garantías constitucionales que impiden una conversión automática derivada únicamente del transcurso del tiempo o de la sucesión de nombramientos temporales.

La demagogia impositiva contra autónomos y trabajadores

He tenido que recortar el anterior post porque me temo que me había excedido añadiendo temas que realmente daban para otro artículo, así que he trasladado algunas de las ideas al presente y ampliado. En el presente voy a hablar sobre impuestos y autónomos y especialmente sobre la demagogia que se está aplicando para defender la mayor carga impositiva posible en España. Trabajadores y autónomos sufragan con sus sueldos impuestos directos (IRPF, Patrimonio), indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales), especiales (hidrocarburos, electricidad), cotizaciones, tasas, contribuciones especiales... y todo ello para supuestamente sostener servicios públicos y pagar las pensiones. Sin embargo, la realidad nos muestra que el panorama no es el que nos venden. El Gobierno de España utiliza los impuestos para hacer política y también para crear relato, pero merecía la pena dedicar un artículo aparte y analizar qué está afectando a todo empleado y familias.

Más recaudación a costa de la inflación

El gobierno actual de España de PSOE y SUMAR se caracteriza (como toda coalición socialista) por ser altamente intervencionista de la economía, necesitando justificar tanto sus brutales subidas de impuestos como la cantidad de dinero derrochado en sus redes clientelares y en cooperación exterior, donde el feminismo tiene una importancia capital. La Agencia Tributaria ha alcanzado recaudaciones récord en 2024 aproximándose a los 300 mil millones de euros, impulsada principalmente por el IVA y el IRPF. Pero, ¿por qué se ha llegado a esa cifra? Pues no ha sido un aumento automático ni directo ni tampoco se explica por la lucha contra el fraude que se contabiliza aparte sino por algo más indirecto, silencioso y sutil: la inflación.

Sí la inflación producida en los últimos años ha beneficiado precisamente al Estado. El IRPF es progresivo, es decir, si aumentan tus ingresos anuales lo hace también tu carga impositiva. El gobierno presuntamente progresista no ha actualizado los tramos del IRPF ni adaptado mínimos exentos y familiares ni modificado reducciones y deducciones con arreglo la inflación y a los salarios reales. Han aumentado los salarios nominales, eso los sabemos todos. Sin embargo, nada menos que desde 2002 se aplica un límite familiar exento de 8.000 euros que ha permanecido congelado y muchas familias ya no pueden aplicarlo a pesar de que su poder adquisitivo es mucho menor que entonces. Por tanto, la mayor parte del aumento de la recaudación vía IRPF viene precisamente del efecto inflacionario del que el Gobierno se ha beneficiado. Rallo nos lo desarrolla en este video. 

También existe un filón inflacionario con la subida de los precios de la vivienda, especialmente del IVA y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que han encarecido aquéllos de forma enorme. Ahora bien, tampoco hay que olvidar de otros de carácter municipal como el IBI en localidades especialmente tensionadas del que se aprovechan igualmente los Ayuntamientos. Que, por cierto, también se han beneficiado de la tasa de basuras que ha ido aumentando de forma exponencial su importe y en aquéllos consistorios donde gobierna el PP se han excusado en que venía impuesto por Pedro Sánchez por la Ley 7/2022, de 8 de abril y que establecía un plazo temporal de 3 años para que el importe comprendiese todo el coste del servicio de recogida de basuras.

Y por supuesto, otro impuesto que ha olvidado el problema del apagón es el de la electricidad, cuyas bonificaciones sociales son muy limitadas, asfixiando a clases medias y no tan medias para poder sufragar aquéllas. A finales del pasado año el IVA asociado al impuesto eléctrico volvió del 10% al 21% y las perspectivas son de seguir aumentando. 

En resumen, todos los contribuyentes, tanto los de rentas altas como bajas, están pagando más impuestos. La inflación ha degenerado en un empobrecimiento de las clases medias mientras que las arcas públicas se han permitido una mayor recaudación a costa de ese mayor expolio al contribuyente.

Servicios públicos deficitarios y derroche de dinero público

Pero, ¿realmente todo eso es invertido en Educación, Sanidad, carreteras y transporte? Nuestros servicios públicos, ¿están mejor que nunca con tanto dinero? Si ponemos La Sexta y especialmente el programa de La Sexta explica, tanto personas mayores como de mediana edad nos trasladan el mismo mensaje de publicidad institucional de que "los impuestos siempre vuelven" y que "sólo notarás que lo público funciona mejor". Con los años, hemos evolucionado de "Hacienda somos todos" a mensajes que tratan de justificar el aumento de impuestos.

Pues nada más lejos de la realidad. En Sanidad, las colas derivadas de lista de espera siguen siendo de varios meses y la insatisfacción de los ciudadanos es cada vez más creciente incluso después de la época del Covid-19. Incluso se permiten el lujo de llevar más de 4 años sin poner en funcionamiento las máquinas oncológicas, donadas por Amancio Ortega, demostrando la incapacidad logística y formativa de varias CCAA así como su financiación deficiente. En Educación, faltan muchos profesores para tantos alumnos y ni siquiera llegan los fondos europeos para cubrir las necesidades de financiación y ni siquiera las aulas están equipadas con todas las necesidades incluyendo aire acondicionado. Que vergüenza debería dar en mi pueblo San Pedro del Pinatar que haya que votar para esto. Sobre las carreteras, nunca han estado en peor estado con más de la mitad con necesidad de reparaciones y sobre transportes qué decir de la red ferroviaria con un ministro que pasa de todo y no ofrece soluciones a las innumerables incidencias con los trenes que ni siquiera se renuevan. 

Y por si fuera esto poco, el melón que se ha abierto por el derroche de transferencias corrientes, ayudas y subvenciones tanto a colectivos supuestamente feministas como sobre todo a cooperación exterior. Centenares de millones de euros que podrían ser destinados a los servicios deficitarios anteriores salen de España en dirección a otros países. ¿Y con qué tipo de garantía de retorno o repercusión en los españoles o residentes?

La cruzada contra los autónomos

El gobierno socialista ha visto en los autónomos un filón para aumentar la recaudación apoyado en el relato de mantener las pensiones. El Real Decreto Ley 20/2023, de 16 de marzo se aprobó con la intención de aplicar medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la medida más polémica es el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que es un complemento que aumenta la carga de cotizaciones sociales en las nóminas de los trabajadores para destinarse a la "hucha de las pensiones" y que el Gobierno prevé incrementar gradualmente hasta 2030.

Desde este 2025 se ha consolidado un nuevo sistema de cotización propio de autónomos por el cual lo hacen en función de sus ingresos netos reales con hasta 15 tramos. Hasta entonces, lo que había era que cada uno elegía la base y completaba su ahorro futuro con un plan de pensiones privado. Para los pequeños autónomos, ese nuevo sistema de cotización ha resultado ser un alivio, pero en términos generales se ha traducido en un aumento generalizado de las cuotas al tiempo que ha añadido más cargas burocráticas al imponer un sistema contable más avanzado, un software de facturación homologado y la obligación de emitir facturas electrónicas en la aplicación FACe. Estas adaptaciones no siempre son sencillas, pues para el avance y adaptación en digitalización muchos profesionales del sector servicios afirman no estar preparados por falta de herramientas, formación y tiempo. 

Más recientemente, el Gobierno anunció un plan para incrementar en 2026 y de forma brutal la cuota de los autónomos y lo hizo de tal manera que las quejas producidas le sirvieron para aplicar su plan B o realmente el que tenían pensado para así parecer que fuesen indulgentes. El caso es que esa aparente marcha atrás es ficticia porque la planificación de cara a 2030 es de seguir aumentando. Los autónomos están hartos de que sumado a sus liquidaciones trimestrales del IVA tengan que abonar una cuota cada vez mayor y que en los próximos ejercicios terminará subiendo igual. Así por ejemplo, algunas encuestas remarcan que pese a haberse incrementado la facturación durante 2025, una mayoría abrumadora afirma sufrir una carga fiscal asfixiante.

El afán recaudatorio del Gobierno se complementa con la reciente proposición de Ley presentada por el PSOE para que los profesionales mutualistas, es decir, los colegiados como abogados, médicos o procuradores, sean absorbidos por el RETA suprimiendo la alternativa que existía a cotizar bien en la Seguridad Social como autónomo ó en su mutua. Desgraciadamente, sólo Vox se ha posicionado en contra de esta medida antiliberal mientras que el PP ha pasado de defender la abstención a apoyarla. Lo que está detrás de esto es que los mutualistas que cotizan poco porque ingresan poco son la minoría que ha presionado para suprimir la libre elección y absorber a todos.

Pero lo que no habíamos visto venir es que en los medios afines se atreviesen a reinterpretar la mala noticia de que cada vez hay menos autónomos en España como una buena noticia, inventándose una falacia de conexión ilógica asociando la anterior como consecuencia de una mayor estabilidad laboral. Hay que matizar que, en realidad, al revés si es más probable que el trasvase se produzca. Es decir, la incapacidad de encontrar empleo por cuenta ajena sí estaría relacionado con crear un autonegocio unipersonal. Sin embargo, tantos palos en la rueda que introduce el Gobierno a base de impuestos y cotizaciones está restringiendo en la práctica poder ser autónomo si puedes permitirte contratar a alguien.

Los youtubers de Andorra y los funcionarios como cortinas de humo

Los youtubers españoles que residen en Andorra son acusados por el Sistema Contreras de evadir impuestos por el mero hecho de irse a vivir allí. Incluso a personas que no hablan de política ni son españoles como Coqui, que tiene un canal de cocina a un estilo más avanzado que Roro. La película a este respecto es que la monetización de estos creadores de contenido que ganan mucho dinero al tener cientos de miles de suscriptores y millones de visualizaciones recibe en España la tributación máxima del IRPF que es de un 45% para ingresos brutos anuales superiores a 60.000 euros y 47% si supera los 300.000 euros. Por el contrario, en Andorra el impuesto equivalente es de un 10% a partir de 40.000 anuales. Lo que no cuentan programas como los de la Sexta ni esas cuentas de redes sociales que hablan sin saber repitiendo mantras son varias cosas. 

Primero, que si esos creadores de contenido como UTBH, Begoña Gerpe, El Rubius, etc se fuesen a vivir a Francia o Portugal pagarían exactamente los mismos impuestos a España: cero. Sólo les reconcome que tributen menos, no que no contribuyan a engrosar las arcas de Hacienda. Segundo, frente a su estúpida exigencia de que no vuelvan a España a usar sus servicios, olvidan que por ejemplo en Sanidad cualquier prueba médica u hospitalización pública se efectúa en el marco de un convenio del Principado de Andorra con la Sanidad española y en todo caso paga tanto la propia Andorra como el paciente por mediación de su seguro médico privado contratado. Tercero, tanto a estos periodistas al servicio del discurso socialista como a los tuiteros se les olvida el verdadero fraude de las paguitas como subvenciones públicas, de las ayudas sociales como incapacidad y del desempleo. Todos esos últimos, señoras y señores mercenarios o palmeros del Sistema Contreras, todos esos son los auténticos evasores de impuestos y residen en España.

Y ya lo que faltaba es que nos situasen a los funcionarios en el centro de la diana incrementando nuestros sueldos para actualizarlos al IPC. Nada menos que una subida del 11% de los sueldos para los próximos años, pese al continuo bloqueo presupuestario y todo con un triple objetivo. Primero, para calmar a los sindicatos y que sigan pensando en tonterías y perdiendo el tiempo en causas que no nos afectan como Palestina; segundo, para intentar comprar nuestro voto cuando no mantener a raya a un colectivo que mayoritariamente suele ser más afín que detractor (aunque existen excepciones como yo mismo) y tercero, para dirigir las iras de autónomos y trabajadores contra los empleados públicos. Francamente, los funcionarios ya tenemos nuestro estatus de privilegiado que nuestro esfuerzo y dinero nos ha costado como para que se nos congele el sueldo mientras que el poder adquisitivo de las clases medias siga en caída. A todo esto se le une el continuo incremento del personal empleado público, que obviamente suma también coste y que habría que ver si esos servicios son más eficientes con más recursos humanos frente a otros donde hay escasez. Sí, no me escondo, me defino como funcionario liberal y en este otro post hablé sobre adelgazamiento del Estado y la Administración Pública.

Conclusiones

En resumen, la demagogia impositiva sólo puede sostenerse a través de relatos machacados mediáticamente dado que la realidad desmonta el mayor bulo que el socialismo difunde para tratar de vender sus logros. A costa de la inflación se ha favorecido un mayor crecimiento económico al margen del impacto que ha tenido la inmigración, pero igualmente se ha producido un descenso importante del poder adquisitivo de las clases medias sin que la redistribución ya sea en forma de subvenciones o servicios públicos genere el bienestar esperado. Cuando las estadísticas y las encuestas reflejan un descontento del ciudadano con los servicios públicos, las excusas son que no se está recaudando lo suficiente, que se privatizan (a pesar de que los datos liquiden el relato) o que los malvados youtubers tienen la culpa de emigrar precisamente a Andorra, sin importar que se marchen a Francia o Alemania.

Asistimos a una peor gestión pública cuya percepción se empeora cuando la gente lee que los funcionarios vamos a cobrar más o que se van a destinar millones de euros a cooperación exterior "feminista" al tiempo que los autónomos van cerrando en España porque no pueden soportar la carga de cuotas, declaraciones trimestrales, alquileres de locales, etc, etc.. Luego se preguntan por qué, al margen de la corrupción, en la calle, medios no controlados, las redes sociales y las plataformas de streaming no llega su narrativa. El ciudadano de a pie cada vez cree menos en la utilidad de pagar impuestos y sobre todo las generaciones más jóvenes, por lo que se entiende que su ideología escape de esta izquierda.