Más recaudación a costa de la inflación
El gobierno actual de España de PSOE y SUMAR se caracteriza (como toda coalición socialista) por ser altamente intervencionista de la economía, necesitando justificar tanto sus brutales subidas de impuestos como la cantidad de dinero derrochado en sus redes clientelares y en cooperación exterior, donde el feminismo tiene una importancia capital. La Agencia Tributaria ha alcanzado recaudaciones récord en 2024 aproximándose a los 300 mil millones de euros, impulsada principalmente por el IVA y el IRPF. Pero, ¿por qué se ha llegado a esa cifra? Pues no ha sido un aumento automático ni directo ni tampoco se explica por la lucha contra el fraude que se contabiliza aparte sino por algo más indirecto, silencioso y sutil: la inflación.
Sí la inflación producida en los últimos años ha beneficiado precisamente al Estado. El IRPF es progresivo, es decir, si aumentan tus ingresos anuales lo hace también tu carga impositiva. El gobierno presuntamente progresista no ha actualizado los tramos del IRPF ni adaptado mínimos exentos y familiares ni modificado reducciones y deducciones con arreglo la inflación y a los salarios reales. Han aumentado los salarios nominales, eso los sabemos todos. Sin embargo, nada menos que desde 2002 se aplica un límite familiar exento de 8.000 euros que ha permanecido congelado y muchas familias ya no pueden aplicarlo a pesar de que su poder adquisitivo es mucho menor que entonces. Por tanto, la mayor parte del aumento de la recaudación vía IRPF viene precisamente del efecto inflacionario del que el Gobierno se ha beneficiado. Rallo nos lo desarrolla en este video.
También existe un filón inflacionario con la subida de los precios de la vivienda, especialmente del IVA y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que han encarecido aquéllos de forma enorme. Ahora bien, tampoco hay que olvidar de otros de carácter municipal como el IBI en localidades especialmente tensionadas del que se aprovechan igualmente los Ayuntamientos. Que, por cierto, también se han beneficiado de la tasa de basuras que ha ido aumentando de forma exponencial su importe y en aquéllos consistorios donde gobierna el PP se han excusado en que venía impuesto por Pedro Sánchez por la Ley 7/2022, de 8 de abril y que establecía un plazo temporal de 3 años para que el importe comprendiese todo el coste del servicio de recogida de basuras.
Y por supuesto, otro impuesto que ha olvidado el problema del apagón es el de la electricidad, cuyas bonificaciones sociales son muy limitadas, asfixiando a clases medias y no tan medias para poder sufragar aquéllas. A finales del pasado año el IVA asociado al impuesto eléctrico volvió del 10% al 21% y las perspectivas son de seguir aumentando.
En resumen, todos los contribuyentes, tanto los de rentas altas como bajas, están pagando más impuestos. La inflación ha degenerado en un empobrecimiento de las clases medias mientras que las arcas públicas se han permitido una mayor recaudación a costa de ese mayor expolio al contribuyente.
Servicios públicos deficitarios y derroche de dinero público
Pero, ¿realmente todo eso es invertido en Educación, Sanidad, carreteras y transporte? Nuestros servicios públicos, ¿están mejor que nunca con tanto dinero? Si ponemos La Sexta y especialmente el programa de La Sexta explica, tanto personas mayores como de mediana edad nos trasladan el mismo mensaje de publicidad institucional de que "los impuestos siempre vuelven" y que "sólo notarás que lo público funciona mejor". Con los años, hemos evolucionado de "Hacienda somos todos" a mensajes que tratan de justificar el aumento de impuestos.
Pues nada más lejos de la realidad. En Sanidad, las colas derivadas de lista de espera siguen siendo de varios meses y la insatisfacción de los ciudadanos es cada vez más creciente incluso después de la época del Covid-19. Incluso se permiten el lujo de llevar más de 4 años sin poner en funcionamiento las máquinas oncológicas, donadas por Amancio Ortega, demostrando la incapacidad logística y formativa de varias CCAA así como su financiación deficiente. En Educación, faltan muchos profesores para tantos alumnos y ni siquiera llegan los fondos europeos para cubrir las necesidades de financiación y ni siquiera las aulas están equipadas con todas las necesidades incluyendo aire acondicionado. Que vergüenza debería dar en mi pueblo San Pedro del Pinatar que haya que votar para esto. Sobre las carreteras, nunca han estado en peor estado con más de la mitad con necesidad de reparaciones y sobre transportes qué decir de la red ferroviaria con un ministro que pasa de todo y no ofrece soluciones a las innumerables incidencias con los trenes que ni siquiera se renuevan.
Y por si fuera esto poco, el melón que se ha abierto por el derroche de transferencias corrientes, ayudas y subvenciones tanto a colectivos supuestamente feministas como sobre todo a cooperación exterior. Centenares de millones de euros que podrían ser destinados a los servicios deficitarios anteriores salen de España en dirección a otros países. ¿Y con qué tipo de garantía de retorno o repercusión en los españoles o residentes?
La cruzada contra los autónomos
El gobierno socialista ha visto en los autónomos un filón para aumentar la recaudación apoyado en el relato de mantener las pensiones. El Real Decreto Ley 20/2023, de 16 de marzo se aprobó con la intención de aplicar medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la medida más polémica es el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que es un complemento que aumenta la carga de cotizaciones sociales en las nóminas de los trabajadores para destinarse a la "hucha de las pensiones" y que el Gobierno prevé incrementar gradualmente hasta 2030.
Desde este 2025 se ha consolidado un nuevo sistema de cotización propio de autónomos por el cual lo hacen en función de sus ingresos netos reales con hasta 15 tramos. Hasta entonces, lo que había era que cada uno elegía la base y completaba su ahorro futuro con un plan de pensiones privado. Para los pequeños autónomos, ese nuevo sistema de cotización ha resultado ser un alivio, pero en términos generales se ha traducido en un aumento generalizado de las cuotas al tiempo que ha añadido más cargas burocráticas al imponer un sistema contable más avanzado, un software de facturación homologado y la obligación de emitir facturas electrónicas en la aplicación FACe. Estas adaptaciones no siempre son sencillas, pues para el avance y adaptación en digitalización muchos profesionales del sector servicios afirman no estar preparados por falta de herramientas, formación y tiempo.
Más recientemente, el Gobierno anunció un plan para incrementar en 2026 y de forma brutal la cuota de los autónomos y lo hizo de tal manera que las quejas producidas le sirvieron para aplicar su plan B o realmente el que tenían pensado para así parecer que fuesen indulgentes. El caso es que esa aparente marcha atrás es ficticia porque la planificación de cara a 2030 es de seguir aumentando. Los autónomos están hartos de que sumado a sus liquidaciones trimestrales del IVA tengan que abonar una cuota cada vez mayor y que en los próximos ejercicios terminará subiendo igual. Así por ejemplo, algunas encuestas remarcan que pese a haberse incrementado la facturación durante 2025, una mayoría abrumadora afirma sufrir una carga fiscal asfixiante.
El afán recaudatorio del Gobierno se complementa con la reciente proposición de Ley presentada por el PSOE para que los profesionales mutualistas, es decir, los colegiados como abogados, médicos o procuradores, sean absorbidos por el RETA suprimiendo la alternativa que existía a cotizar bien en la Seguridad Social como autónomo ó en su mutua. Desgraciadamente, sólo Vox se ha posicionado en contra de esta medida antiliberal mientras que el PP ha pasado de defender la abstención a apoyarla. Lo que está detrás de esto es que los mutualistas que cotizan poco porque ingresan poco son la minoría que ha presionado para suprimir la libre elección y absorber a todos.
Pero lo que no habíamos visto venir es que en los medios afines se atreviesen a reinterpretar la mala noticia de que cada vez hay menos autónomos en España como una buena noticia, inventándose una falacia de conexión ilógica asociando la anterior como consecuencia de una mayor estabilidad laboral. Hay que matizar que, en realidad, al revés si es más probable que el trasvase se produzca. Es decir, la incapacidad de encontrar empleo por cuenta ajena sí estaría relacionado con crear un autonegocio unipersonal. Sin embargo, tantos palos en la rueda que introduce el Gobierno a base de impuestos y cotizaciones está restringiendo en la práctica poder ser autónomo si puedes permitirte contratar a alguien.
Los youtubers de Andorra y los funcionarios como cortinas de humo
Los youtubers españoles que residen en Andorra son acusados por el Sistema Contreras de evadir impuestos por el mero hecho de irse a vivir allí. Incluso a personas que no hablan de política ni son españoles como Coqui, que tiene un canal de cocina a un estilo más avanzado que Roro. La película a este respecto es que la monetización de estos creadores de contenido que ganan mucho dinero al tener cientos de miles de suscriptores y millones de visualizaciones recibe en España la tributación máxima del IRPF que es de un 45% para ingresos brutos anuales superiores a 60.000 euros y 47% si supera los 300.000 euros. Por el contrario, en Andorra el impuesto equivalente es de un 10% a partir de 40.000 anuales. Lo que no cuentan programas como los de la Sexta ni esas cuentas de redes sociales que hablan sin saber repitiendo mantras son varias cosas.
Primero, que si esos creadores de contenido como UTBH, Begoña Gerpe, El Rubius, etc se fuesen a vivir a Francia o Portugal pagarían exactamente los mismos impuestos a España: cero. Sólo les reconcome que tributen menos, no que no contribuyan a engrosar las arcas de Hacienda. Segundo, frente a su estúpida exigencia de que no vuelvan a España a usar sus servicios, olvidan que por ejemplo en Sanidad cualquier prueba médica u hospitalización pública se efectúa en el marco de un convenio del Principado de Andorra con la Sanidad española y en todo caso paga tanto la propia Andorra como el paciente por mediación de su seguro médico privado contratado. Tercero, tanto a estos periodistas al servicio del discurso socialista como a los tuiteros se les olvida el verdadero fraude de las paguitas como subvenciones públicas, de las ayudas sociales como incapacidad y del desempleo. Todos esos últimos, señoras y señores mercenarios o palmeros del Sistema Contreras, todos esos son los auténticos evasores de impuestos y residen en España.
Y ya lo que faltaba es que nos situasen a los funcionarios en el centro de la diana incrementando nuestros sueldos para actualizarlos al IPC. Nada menos que una subida del 11% de los sueldos para los próximos años, pese al continuo bloqueo presupuestario y todo con un triple objetivo. Primero, para calmar a los sindicatos y que sigan pensando en tonterías y perdiendo el tiempo en causas que no nos afectan como Palestina; segundo, para intentar comprar nuestro voto cuando no mantener a raya a un colectivo que mayoritariamente suele ser más afín que detractor (aunque existen excepciones como yo mismo) y tercero, para dirigir las iras de autónomos y trabajadores contra los empleados públicos. Francamente, los funcionarios ya tenemos nuestro estatus de privilegiado que nuestro esfuerzo y dinero nos ha costado como para que se nos congele el sueldo mientras que el poder adquisitivo de las clases medias siga en caída. A todo esto se le une el continuo incremento del personal empleado público, que obviamente suma también coste y que habría que ver si esos servicios son más eficientes con más recursos humanos frente a otros donde hay escasez. Sí, no me escondo, me defino como funcionario liberal y en este otro post hablé sobre adelgazamiento del Estado y la Administración Pública.
Conclusiones
En resumen, la demagogia impositiva sólo puede sostenerse a través de relatos machacados mediáticamente dado que la realidad desmonta el mayor bulo que el socialismo difunde para tratar de vender sus logros. A costa de la inflación se ha favorecido un mayor crecimiento económico al margen del impacto que ha tenido la inmigración, pero igualmente se ha producido un descenso importante del poder adquisitivo de las clases medias sin que la redistribución ya sea en forma de subvenciones o servicios públicos genere el bienestar esperado. Cuando las estadísticas y las encuestas reflejan un descontento del ciudadano con los servicios públicos, las excusas son que no se está recaudando lo suficiente, que se privatizan (a pesar de que los datos liquiden el relato) o que los malvados youtubers tienen la culpa de emigrar precisamente a Andorra, sin importar que se marchen a Francia o Alemania.
Asistimos a una peor gestión pública cuya percepción se empeora cuando la gente lee que los funcionarios vamos a cobrar más o que se van a destinar millones de euros a cooperación exterior "feminista" al tiempo que los autónomos van cerrando en España porque no pueden soportar la carga de cuotas, declaraciones trimestrales, alquileres de locales, etc, etc.. Luego se preguntan por qué, al margen de la corrupción, en la calle, medios no controlados, las redes sociales y las plataformas de streaming no llega su narrativa. El ciudadano de a pie cada vez cree menos en la utilidad de pagar impuestos y sobre todo las generaciones más jóvenes, por lo que se entiende que su ideología escape de esta izquierda.
