El nuevo centro de salud de Lo Pagán: crónica de un contrato fallido

Después de unos meses vuelvo a hablar de contratación administrativa en un sentido amplio, si bien en esta ocasión se trata de competencia autonómica para servicios permanentes prestados en el ámbito local. Se trata del contrato de obras para la construcción de un nuevo centro de salud en Lo Pagán, la pedanía más importante de San Pedro del Pinatar. Lo es no ya por extensión sino porque es un área con un nivel relevante de turismo por situarse junto a la playa y existir numerosas viviendas y pisos que se cubren en verano. Por ello, por el crecimiento de la población y por las dudosas condiciones de habitabilidad del centro antiguo se justificó que fuese necesario edificar uno nuevo. Sin embargo, la ejecución del contrato ha estado envuelta de una importante polémica que ha desembocado en la resolución del mismo, es decir, la anulación. Analizaremos a continuación paso a paso lo sucedido.

La tramitación administrativa

Mediante expediente 12028/2022 iniciado en noviembre de 2022, se aprobó en fecha 30 de diciembre el contrato de Obras de demolición de edificio, acondicionamiento del solar resultante como aparcamiento y construcción de Centro de Salud de Lo Pagan, susceptibles de cofinanciación europea por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia y con un valor estimado cercano a los 3 millones de euros (2.930.289,37 €). Esta actuación se incluyó además en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 del Plan Estratégico de Construcción y Rehabilitación Sostenible de los Centros de Atención Primaria de la Consejería de Salud, que tiene por objeto la mejora de aquéllos mediante el establecimiento de altos niveles de exigencia de calidad tanto en los edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de los existentes. Este es el enlace a la documentación obrante en el perfil del contratante.

El procedimiento de adjudicación era el abierto mediante tramitación ordinaria por concurso y varios criterios y al expediente, obviamente se unieron la memoria justificativa, los pliegos de cláusulas técnicas particulares, los de cláusulas administrativas y la composición de la mesa de contratación. Se presentaron hasta 6 licitadores. En enero de 2023 se abrió el sobre con la documentación administrativa y en febrero el de los criterios evaluables mediante juicio de valor y el de las ofertas económicas y los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas. En el mismo mes se emitió por la técnica consultora el informe técnico al respecto sobre la estructura y claridad, organización de las obras, organización de recursos, soluciones y procesos constructivos proyectados y prevención de riesgos laborales. En la valoración, la empresa SERVIMAR 2008, S.LU. obtuvo una puntuación arrolladora de 29,85 sobre un 35 máximo y con mucha diferencia respecto de sus competidores.

El día 22 de febrero de 2023 se clasifican las empresas en base a los distintos criterios de adjudicación y resulta ser SERVIMAR la empresa con mayor puntación pero a muy poca distancia de la segunda que fue PEFERSAN, SA. (84 frente a 81,75). Ésta última aportó una oferta económica y criterios evaluables mediante fórmulas que obtuvo el máximo (50 de 50). Sin embargo, obtuvieron una puntuación baja en el informe técnico en el que SERVIMAR fue muy bien valorada. Así que en marzo se aprobó un reajuste de anualidades, la mesa propuso la contratación de dicha empresa y así se autorizó y adjudicó el contrato por valor de 2.397.509,49 € en fecha del 24 de marzo para firmarse el 3 de abril. El plazo de las obras constaba de dos etapas, una de 16 meses desde la comprobación del replanteo y otra de 2 una vez finalizada la anterior.

En abril de 2023, el Consejero de Salud y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar informaron de las obras que permitirían construir el nuevo centro de salud de Lo Pagán en la antigua Casa del Mar. El edificio constaría de tres plantas (baja y dos en altura) con posibilidad de ampliación de infraestructuras más aparcamientos (incluyendo el derrumbe del centro antiguo) y zonas ajardinadas. Se dispondrían de seis consultas de medicina general (ampliándose dos), cinco de enfermería (ampliándose tres) y dos de pediatría (ampliándose una). Los trabajos empezarían ese mismo mes de abril y solventarían las deficiencias del antiguo centro aquejado de humedades, al margen del notable incremento de la población y el importante componente del turismo.

Un tortuoso proceso de ampliaciones y reclamaciones

El replanteo, que es el acto esencial por el que se da visto bueno al inicio de unas obras, tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2023. Por lo tanto, en teoría debían de finalizar el 5 noviembre de 2024. Sin embargo, no fue así. Ni el año siguiente. Ni al posterior. ¿Por qué? Vamos con ello.

En julio de 2024, en pleno verano, la contratista solicitó una ampliación de la Fase 1 debido a circunstancias que entendía ajenas a su voluntad. A saber, cálculos sobre la estructura y cimentación del edificio, celebración de un concierto (el Playa 40) y condiciones meteorológicas. La ampliación fue estimada, de manera que el plazo se incrementó en tres meses y diez días. Sin embargo, en noviembre volvieron otra vez a solicitarlo alegando "indecisiones de la dirección de las obras y demoras en contestaciones a dudas sobre la ejecución". Ni estas acusaciones ni la nueva ampliación fueron estimadas y en lugar de ello se acordó en diciembre por la Consejería imponer penalidades por demora en base a "deficiente gestión de las obras", si bien aprobó una ampliación de oficio hasta febrero de 2025. La guerra no había hecho más que comenzar. Mientras tanto, se le confundía a la prensa afirmando a finales de año que el centro abriría a partir del verano de 2025. En la primera mitad del año se había finalizado la fase de construcción de la estructura.

En enero de 2025, la empresa aportó alegaciones sobre las penalidades imputando la responsabilidad a la Dirección de obra e instando a que se emitiese informe sobre los cambios producidos en el proyecto y su incidencia en la ejecución. No fueron estimadas y en febrero aportaron la tercera solicitud de ampliación hasta junio de 2025 por idénticos motivos de la anterior, especificando unos recálculos sobre el pilotaje realizado. Esto consiste en la revisión y actualización del diseño de una cimentación profunda (pilotes) y se realiza durante la ejecución de la obra cuando los datos reales del terreno difieren del estudio geotécnico original o se modifican las cargas estructurales. No fueron estimadas ni estas ni los supuestos retrasos de la Dirección, dado que la Consejería entendía que las obras no pueden paralizarse porque se emita cualquier consulta. En marzo sí se estimó la solicitud de ampliación, pero vino unida a nuevas penalizaciones por demora por entender una vez más que las causas seguían siendo imputables al contratista y con más de un cuarto de la obra sin ejecutar. En junio se desestimaría la solicitud de redacción de un proyecto de obra modificado.

Resolución del contrato y querella criminal

Otra solicitud más de ampliación se registró en junio de 2025 para extenderla hasta agosto. Sin embargo, la paciencia de la Consejería ya se había colmado y antes de llegar aquella se instó el procedimiento de resolución del contrato. Según el artículo 193.4 de la Ley 9/2017, si las penalidades alcanzasen un múltiplo del 5% del contrato IVA excluido, el órgano de contratación se reservaba la facultad para resolverlo, liquidarlo y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Así que, obviamente, esa última solicitud fue desestimada. En septiembre y octubre se realizaron varios informes y se verificó que no se había avanzado prácticamente desde julio y, aún así, incomprensiblemente el procedimiento de resolución caducó teniéndose que abrir otro en octubre. Entre lo que la contratista alegó destacaba su consideración de que “se han introducido, por solicitud de la Administración, determinadas partidas o unidades de obra para las cuales es necesaria la aprobación del proyecto modificado ya que, o exceden el 10% de las mediciones inicialmente previstas, o suponen la incorporación de unidades nuevas en un porcentaje superior al 3%". 

Sin embargo, fueron desestimadas y todos los informes a favor de la resolución (Servicio económico, Servicio Jurídico, Dirección de los Servicios Jurídicos...) y, al oponerse el contratista a la propuesta de resolución, se remitió aquella al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Mientras tanto, la contratista escaló otro nivel y registró una querella por prevaricación contra varios altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud como el secretario general, una arquitecta, los directores de obra y los responsables de contratación y de los servicios jurídicos, acusándoles de una "asfixia financiera deliberada". Estas declaraciones las emitieron en el contexto de que las penalizaciones por demora les habían hecho emitir facturas de cero euros mientras se les incautaba la garantía. Aseguraban que el edificio estaba terminado al 95% a falta de rodapiés y otros detalles (incluyendo la fase 2 de demolición del edificio antiguo para aparcamientos), pero que no finalizarían hasta que la CARM no les pagase. Obviamente, si no lo hacía es porque estaba suspendido el contrato por el expediente de resolución del mismo, pero aun así exigen vía judicial más de 700.000 euros a la Consejería de Salud entre multas y daños y perjuicios.

Este mes de julio de 2026 fue emitido el dictamen 166/2026 del CJRM siendo favorable a la resolución del contrato, por lo que la Consejería de Salud tiene el visto bueno. Entre las claves para el mismo, destacan las dos siguientes: Primero, la carga de la prueba relativa a la deficiente concreción del proyecto de obra y sus soluciones correspondía a la contratista y no se aportó ningún informe pericial que sacara a relucir sus acusaciones. Segundo, la propuesta de modificación del contrato formulada por la contratista no aparece debidamente justificada, ni encaja en ninguno de los supuestos que a tal efecto se establecen en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, es decir, tanto los relativos a las modificaciones previstas en los pliegos como no previstas, lo que impedía a la Administración ejercer su potestad de modificación de los términos del contrato y menos a ser obligada. Por lo demás, el CJRM se limitó a señalar la Ley y la prerrogativa del 193.4 una vez superadas las penalidades el porcentaje y dados los retrasos imputables casi todos ellos a la empresa contratista.

Resultados

La prensa ha señalado que la demora acumulada ha ocasionado que la Consejería de Salud tuviese que renunciar a la cofinanciación de fondos europeos. Sin embargo, esta última matiza que no es que la subvención se haya perdido, sino que se destinará a construir otras infraestructuras. Este detalle es importante, puesto que se está difundiendo que son inaplicables y tendrán que devolverse sin más. Esperemos que la versión de la Consejería sea correcta.

La contratista, por su parte, entiende que no existe ningún informe que refleje irregularidades o problemas en su trabajo ejecutado y atribuye las demoras primero a la Dirección de las obras y segundo a los impagos. Sin embargo, sus reclamaciones tienen muy pocos visos de prosperar.

Todo esto ha provocado que los más perjudicados sean los propios vecinos de Lo Pagán, que a los problemas de inseguridad de los que hablamos en este mismo blog se une el hecho de seguir asistiendo a un centro obsoleto, con grietas y humedades y bajas condiciones de habitabilidad que además se ha quedad pequeño para las necesidades y exigencias de buena parte de pinatarenses y turistas.

Consideraciones

Esta controversia entre la Administración y la contratista se resolverá necesariamente en instancias judiciales. Sin embargo, a tenor de las circunstancias y hechos acaecidos durante la ejecución del contrato y, muy especialmente, visto el informe dictamen del CJRM que es público y que aporta toda la información del caso, todo apunta a que se ha asistido a un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la empresa. Por consiguiente, en respuesta a esa actuación y actitud contraria a lo que pueda esperarse de su profesionalidad, el uso de las prerrogativas de la Administración serían legítimas con arreglo a las potestades que el Derecho Administrativo le reconoce en atención a los intereses públicos protegidos. Tanto la imposición de penalidades por demora en la ejecución imputable a la contratista como la decisión unilateral de resolver el contrato tienen cobertura legal y están amparadas por unos hechos en los que la empresa, incomprensiblemente, retrasa la ejecución y cumplimiento de los plazos enfrentándose continuamente a la Dirección de obras. 

Se da la circunstancia, no obstante, que en octubre de 2025 y cuando se abrió el segundo expediente sancionador, se constató que el estado de la ejecución era el mismo que en julio, es decir, que sólo se había terminado la obra en un 70%. Sin embargo, a fecha de marzo de 2026 cuando registraron la querella se aseguraba que la ejecución se había detenido en torno a un 95% por presunto impago de la Consejería. Se desconoce si esa decisión disfrazaría una táctica de presión negociadora indirecta para que aquélla desistiera de la resolución del contrato. Así que la pregunta a este respecto sería si la CARM se podría haber esperado o no para que el nuevo Centro de Salud fuese ya una realidad a expensas de la segunda fase de demolición del antiguo. Personalmente, mi respuesta es que la Administración no podía ceder ante lo que, si no era expresamente, en buena parte se parecía a un chantaje. Y el motivo es que el daño ya había sido producido.

Teniendo en cuenta que la empresa había sido la mejor puntuada con diferencia en todos los criterios subjetivos, se hubiese esperado de ella que su actuación fuese más proactiva y menos supeditada a continuos parones, más aún tratándose de una entidad con experiencia por ser fundada en el año 2008 (casi 20 años). Por lo tanto, siendo imputable a su responsabilidad el incumplimiento de plazos también lo es el que los ciudadanos de Lo Pagán no hayan podido acceder tras dos años a un Centro de salud en condiciones. Consecuentemente, no sólo tendrían que indemnizar a la Consejería por daños y perjuicios, sino incluso ser abierto un expediente sancionador aparte para prohibir que sea contratada por la CARM entre uno y 3 años con arreglo a la LCSP.

Dada la necesidad de solventar el problema generado por la parálisis y por razones de necesidad e interés público, a lo que debería proceder la Consejería es a convocar un nuevo contrato y por el procedimiento de urgencia del artículo 119 de la LCSP. Reduciéndose plazos de licitación y adjudicación e incluso bajo la modalidad de procedimiento negociado, una nueva empresa se comprometería a terminar pronto el edificio si es verdad que sólo le falta un 5%. La fase 2 de demolición del antiguo edificio y construcción de más aparcamientos puede esperar más tiempo, aunque sólo se necesitarían dos meses para la materialización de esos trabajos.

Al margen de este análisis que aquí concluyo, no puedo evitar despedirme en la fecha de hoy tras la victoria ayer contra Francia que nos pone en la gran final del Mundial 2026 con un...

¡¡VAMOS ESPAÑA!!

Seguridad ciudadana en San Pedro del Pinatar: contexto, estadísticas y respuesta vecinal

Hoy 29 de junio es el día de San Pedro y Pablo y el día grande de las fiestas en mi pueblo natal San Pedro del Pinatar, por lo que aprovecho la coincidencia para publicar y dedicarle este artículo. La percepción de inseguridad ciudadana en mi pueblo parece haberse convertido en un tema político recurrente desde la pasada legislatura y continúa siendo motivo de debate en la actual 2023-2027. No es casualidad, dadas las noticias publicadas y reportadas en medios de comunicación, la evolución de las cifras de estadísticas de delitos y la preocupación social percibida en algunas barrios, habiendo motivado incluso el surgimiento de una iniciativa en redes sociales. Por lo tanto, hay varios elementos que permiten construir un relato bastante sólido de que existe un problema de inseguridad en el pueblo. Más en concreto, se percibe el aumento de ciertos delitos y falta de efectivos en la Policía Local con un contexto previo de de conflictos internos y, además, sucesos violentos de alto impacto mediático y social.

Antecedentes y contexto político y social

A mediados de la legislatura 2019-2023 ya empezaron a articularse discursos políticos centrados en el incremento de la criminalidad. En diciembre de 2021 VOX comunicaba en nota de prensa un aumento del 42,1 % de la criminalidad según estadísticas oficiales, mencionando especialmente robos con fuerza, hurtos, lesiones y tráfico de drogas. En vista de esta situación, reclamaba más patrullas nocturnas y reorganización policial. Aunque haya que tomar con cautela los mensajes partidistas, sí reflejaban que el asunto estaba instalado en el debate público.

Las quejas relativas a la falta de plantilla en la Policía Local fueron expresadas por los propios agentes. En 2022, denunciaban públicamente que había franjas nocturnas (entre las 22:00 y las 06:00 horas) sin servicio municipal activo en las oficinas debido a bajas y carencia de personal. Los sindicatos advertían de que eso generaba “más inseguridad” para los vecinos. La situación terminaría derivando en un importe conflicto laboral. En enero de 2023 varios agentes llevaron al Ayuntamiento a los tribunales por impagos de horas extra por servicios prestados durante el confinamiento. Además, denunciaron que “en 16 años no se había cubierto ninguna plaza” y ni siquiera por jubilaciones. Esto es importante porque ayuda a entender por qué el problema no parecía coyuntural, sino acumulativo. A ello se unió una pérdida importante de popularidad de la concejala con competencia en Policía y Seguridad Ángela Gaona que al tiempo había sido designada candidata a la Alcaldía.

En paralelo, el Ayuntamiento intentó reforzar medios humanos y tecnológicos, si bien la incorporación de los primeros iba a ser más lenta. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones municipales, anunció nuevas cámaras de videovigilancia y el uso de drones para seguridad y control del tráfico. De esa manera, el propio consistorio asumía la necesidad de reforzar capacidades de vigilancia. Pero desde la oposición, no sólo desde la derecha, se reclamaba un incremento de efectivos mucho mayor que el proyectado como aseguraba el PSOE. Llegados los comicios, los resultados arrojaron la pérdida de la mayoría absoluta del PP al reducir su representación en dos concejales.

En la legislatura actual 2023-2027 la percepción de inseguridad parece haberse mantenido e incluso agravado en determinados sectores vecinales. Los sindicatos CSIF y USO alegaron en el primer verano que en la Policía estaban desbordados para cubrir los servicios mínimos y más en una época de máximo auge por el turismo. Manteniéndose el impago de las horas extras y algunas bajas, el conflicto entre la Policía y el Ayuntamiento se había recrudecido y la nueva Alcaldesa entendía que no podía forzar a que cubriesen más servicios.

En febrero de 2024 tomaron posesión seis nuevos agentes, procedentes del proceso selectivo iniciado en 2022. El Ayuntamiento señaló entonces que la plantilla quedaría formada por 50 efectivos. En junio completaron su formación y en septiembre se incorporaron formalmente a la plantilla activa, si bien por el nuevo Alcalde Pedro Javier Sánchez se mencionaron 48, lo que sugiere que pudieron haber dos jubilaciones o excedencias. Pese a ello, ese mismo año CCOO denunció que seguían incumpliéndose los servicios mínimos de Policía Local, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana, es decir, precisamente los momentos de mayor demanda policial. Además, el sindicato afirmaba que los agentes estaban sufriendo intervenciones “cada vez más violentas”. Uno de las más impactantes fue la operación “Bykulu” de la Guardia Civil en dicho año 2024, existiendo disparos contra vecinos y en un entorno vinculado al narcotráfico y con detención ilegal. Los detenidos ingresaron en prisión preventiva acusados de tentativa de homicidio y otros delitos graves.

En 2025 continuaron las noticias de robos violentos en la zona. Por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un hombre relacionado con atracos a punta de pistola cometidos entre Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Además, la explosión mortal del bar de Lo Pagán en 2025 (todavía bajo investigación) generó una importante conmoción en el pueblo. Aunque se apuntó a un escape de gas como causa, testigos aseguran que el lugar era un centro donde presuntamente se ejercía prostitución y con numerosas actas por ruido. Pese a estar cerrado, fallecieron dos mujeres y hubo quince personas heridas. Pese a que no sea estrictamente delincuencia común, sí contribuyó al clima de preocupación social. En mayo de ese año, Agrupación Independiente denunció “inseguridad creciente”, criticando que no se hubieran cubierto vacantes de Guardia Civil y cuestionando que el aumento presupuestario de 300 mil euros anuales en horas extra policiales estuviera teniendo efectos reales sobre la seguridad ciudadana. En octubre de ese mismo año, se aprobó una moción a instancia de Vox para solicitar a Delegación del Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil y una unidad de élite y reserva de esta última.

En este 2026, no parece haber mejorado la situación. En febrero, la Guardia Civil detuvo a varias personas de una familia por tráfico de drogas, amenazas y agresión sexual. En marzo, se produjo un intento de atraco con rehenes en la oficina de un banco. Pero lo más destacado es que Lo Pagán llegó a ser escenario de refugio del conocido delincuente regional El Gorreta, que protagonizó un tiroteo con una unidad especial antidroga llegada desde Valencia. En ese mismo mes de mayo, el Ayuntamiento anunció un proyecto cuya memoria técnica estima 44 emplazamientos para nuevas cámaras de videovigilancia con los mismos objetivos que hace tres años pero a escala mucho más grande. Esto permitirá realizar futuros contratos de obra, servicios y suministros para aprovechar los avances tecnológicos monitorizando el espacio urbano, realizando un seguimiento del tráfico en tiempo real y mejorar la capacidad de supervisión y respuesta ante incidencias. Sin embargo, lógicamente esto requiere tiempo y por consiguiente no son soluciones a corto plazo.

Las estadísticas de criminalidad en la Región de Murcia, San Pedro y localidades limítrofes

Podemos examinar más en profundidad la situación con arreglo a los datos obrantes en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. Debemos de tener en cuenta que esos datos recogen los delitos de los cuales tuvieron conocimiento las fuerzas policiales (Locales, Nacional, Guardia Civil, etc...) ya fuese por denuncia o de oficio y con independencia del esclarecimiento final del caso. Lo que no tendremos en cuenta será el año 2020 por ser el de las restricciones derivadas del Covid-19.

En el ámbito de la Región de Murcia, podemos ver que de 2021 hasta 2025 se asiste a un incremento casi generalizado de la delincuencia salvo en algunos casos donde es anecdótico o se reduce. Los delitos de homicidio aumentaron el último año en porcentaje de forma significativa, a pesar de que no parezcan alarmantes en términos absolutos. Sucede al contrario con las agresiones sexuales con penetración que, atravesando un crecimiento sostenido, se han más que duplicado. Otro aumento continuado es el de los robos con violencia e intimidación, mientras que los hurtos se han estabilizado en más de 15.000 al año frente a los 12.000 de 2021. Esos dos últimos delitos contrastan con la disminución de los robos en viviendas, establecimientos y empresas, que podría estar relacionada con la mayor disposición de alarmas. De la cibercriminalidad como las estafas informáticas tenemos datos sólo a partir de 2022, pero se refleja un aumento de más de un tercio hasta la fecha y la expectativa es de que continuará creciendo por el uso de la inteligencia artificial. En resumen y en el valor conjunto, de acuerdo con los datos del Ministerio, los delitos conocidos por las fuerzas policiales en la Región de Murcia han aumentado un 28,20% rozando los 75.000. En el cajón de sastre de "resto de criminalidad convencional" se hallarían por ejemplo delitos de falsificación, contra el tráfico, la Administración Pública o la Administración de Justicia, estafas, etc...

No se incluyen los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que en realidad vienen en un informe aparte en la base de datos del Ministerio. No resulta operativo analizarlo, dado que no se separa entre ellos sino que se funden en una sola categoría y, en consecuencia, no poder distinguir los casos de ocupación. Tampoco se tienen en cuenta los denominados "delitos de odio" que en realidad son agravantes de otros delitos que se encuadrarían en la anterior tabla. Como curiosidad, enumero que en 2024 se registraron en la Región de Murcia 28 denuncias penales alegando odio: por antisemitismo (2 por trato degradante), por aporofobia (lesiones), creencias religiosas (amenazas, coacciones y 2 contra los sentimientos religiosos), discriminación por razón de sexo (lesiones, enaltecimiento de odio y dos por incitación al odio), por ideología (lesiones), por islamofobia (trata de inmigración ilegal), por orientación sexual (trato degradante, amenazas, injurias, 2 por lesiones y 2 por incitación al odio) y por racismo (asesinato, injurias, trato degradante, incitación al odio, 2 por lesiones y 2 por amenazas). 

Desagregados por localidades, para los años estudiados no existen datos específicos de Los Alcázares al ser municipio menor de 20.000 habitantes durante casi todo el periodo. Según censo de 2025 ya alcanzó esa población pero sólo desde 2026 constan datos en el Ministerio del Interior. En consecuencia, no lo incluyo. En términos comparados con los datos agregados de la Región de Murcia, en San Pedro del Pinatar se han incrementado los delitos de lesiones, agresiones sexuales, robo con violencia e intimidación, hurtos y cibercriminalidad en porcentajes superiores. Incluso en algunas categorías donde la Comunidad Autónoma ha retrocedido se percibe un aumento como es el caso de los robos con fuerza en domicilios y empresas. Sumado todo se arroja un aumento del 24,12% de la criminalidad en San Pedro. 

Comparando pueblos limítrofes, en San Javier (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de lesiones y hurtos pero en porcentajes inferiores y llama la atención la duplicación de las denuncias de sustracciones de vehículos que aumenta un 138% pasando de 18 en 2022 hasta 43 en 2025. Se reducen en San Javier los delitos de robo con fuerza en domicilios, tráfico de drogas y permanecen estables los delitos sexuales y robos con violencia, aunque ni mucho menos son buenas noticias. En el conjunto, las cifras convergen en una estabilidad de los delitos pese a que sean mayores en número que San Pedro teniendo en cuenta su mayor población (36.524 habitantes frente a 29.674 según INE en 2025). En Torre Pacheco (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de delitos de lesiones de los anteriores y de sustracción de vehículos de San Javier, pero en porcentajes muy superiores. Se percibe también un aumento importante de los robos con violencia más el tráfico de droga mientras que los hurtos están estabilizados. En el conjunto, los delitos han aumentado en Torre Pacheco en un 19% con una población de 41.479 personas pero en términos absolutos son inferiores a los de San Javier.

Los tres municipios coinciden en aumentos de la criminalidad informática, pero en porcentaje es sustancialmente mayor en San Pedro con un 55% frente al 14% de San Javier y el 39% de Torre Pacheco. Además, San Pedro presenta una evolución más desfavorable en varias categorías de delincuencia convencional, especialmente hurtos, robos con violencia y delitos de lesiones, acercándose en mayor medida a la tendencia observada en el conjunto regional. Pero lo más significativo es que es el único de los tres municipios donde los robos con fuerza en domicilios no sólo no se han visto reducidos de forma sustancial como así encamina la Región, sino que han subido.

Los delitos relativos a hurtos, robos con fuerza, lesiones y delitos contra la libertad sexual afectan de forma importante a la interpretación de inseguridad de la gente porque son los que pueden tener una mayor trascendencia en su vida. Una estafa en Internet es un problema serio, pero los robos en viviendas generan una sensación de vulnerabilidad mucho mayor. Expuesto el marco periodístico y político, así como las estadísticas oficiales, queda precisamente escuchar al pueblo.

La patrulla vecinal San Pedro

Existen algunos antecedentes de patrullas vecinales no sólo en la Región de Murcia sino fuera de ella. Ante todo, los integrantes de estas patrullas ciudadanas actúan estrictamente como civiles, es decir, no retienen físicamente ni confiscar pertenencias limitándose su función proactiva únicamente al derecho de cualquier ciudadano a denunciar un delito. Sin embargo, también existen análisis periodísticos para desprestigiar la labor de estos movimientos, como este desafortunado artículo que me voy a permitir de tildarlo de desinformador y rozando lo difamatorio. No, el objetivo de las patrullas NO es tomarse la Justicia por su mano ni reemplazar a las instituciones.

La primera que localizamos en prensa es en 2022 en La Aljorra (Cartagena). Ese movimiento vecinal sigue vigente en la actualidad y que pasó a la acción años después de constituirse la plataforma No más robos ante el incremento de los mismos en la pedanía. Un grupo de diez personas comenzó a patrullar las calles y avisar a la Policía Local ante cualquier actividad flagrante o sospechosa de delito. En alguna ocasión la prensa se ha hecho eco de alguna operación exitosa de esta patrulla. Desgraciadamente, los problemas de inseguridad no parecen haberse solucionado aún. Fuera de la Región existe por ejemplo la Patrulla vecinal Madrid que se creó en 2023 y mantiene una cuenta en Facebook, protegiendo la privacidad de sus integrantes. Su especialidad son los carteristas. El mismo año surgió otra en la Cañada del Fenollar en Alicante y, al igual que los anteriores, patrullan de noche ante la oleada de robos y la escasa presencia policial. Más recientemente, se conoce la creación de patrullas en el municipio de Córdoba y también en el de Sevilla, motivando más redadas de la Policía contra la delincuencia.

La Patrulla Vecinal San Pedro es otro movimiento en dicha línea creado hace un año en redes sociales (mayo de 2025). Su fin es proporcionar una respuesta de apoyo al ciudadano y vecino pinatarense en materia de seguridad, al tiempo que visibilizar el problema para que los políticos tomen decisiones. Mientras tanto, ejercen un apoyo voluntario a las fuerzas policiales. Desde Facebook han ido sumando contactos no ya virtuales sino presenciales y en sus inicios crearon un canal en Telegram para organizar y coordinar salidas de voluntarios. El modus operandi consiste en patrullar las calles del pueblo y avisar en los momentos precisos tanto a la Policía o Guardia Civil como a los vecinos. Pero no se limitan a caminar por las calles, sino que también emiten directos nocturnos de sus operaciones, suben vídeos grabados de sucesos ocurridos (como vandalismo o cámaras de seguridad de vecinos) y en general comparten información y noticias relacionadas con la seguridad en el pueblo.

Dado que Lo Pagán es una de las áreas del pueblo más azotada por la delincuencia, ha sido más transitada por los voluntarios de la patrulla. Estas operaciones no están exentas de riesgo, por lo que algunos salen con chalecos antibalas y así lo afirman en sus directos. Gracias a sus patrulleos, en algunas ocasiones han sido testigos de situaciones de reyerta o de tentativa de delito, como una persona tratando de forzar la puerta de una vivienda. Así que aprovecharon para ponerse en contacto con la Policía y manejar el problema por cauces legales. En otras ocasiones realizaron operaciones de disuasión en el sentido de sorprender a gente que pensaba actuar sin testigos bajo el manto de la noche. Como armas únicamente portan spray pimienta, instrumento que es totalmente legal.

Sin embargo, pese a su legítimo propósito bien definido también se han enfrentado a críticas que les acusan de ser un grupo parapolicial o incluso de pretender generar alarmismo. Esto último ha protagonizado alguna polémica en plenas fiestas, pero la patrulla se ha defendido afirmando que disponía de testigos que aseguraban que se había producido un ataque con arma blanca en el recinto ferial. A ese respecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de que a las fuerzas policiales "no les conste" una situación delictiva no quiere decir que no haya sucedido. Por lo tanto, aunque haya que tomar con cautela cualquier información, el hecho de contrastarse con testigos no es baladí. Es más, pocos días después sí salió en prensa otro apuñalamiento en las fiestas y del que la Guardia Civil extendió atestado. El suceso ocurrió en el exterior del recinto. 

En términos generales, la percepción en redes sociales es de apoyo a La Patrulla con comentarios que aplauden sus informaciones que advierten de problemas así como sus operaciones con colaboración con las fuerzas competentes.

Conclusiones

Examinados los apartados político, periodístico, estadístico y social, no puede negarse que en San Pedro del Pinatar existe un problema de inseguridad, contextualizable pero que no puede ignorarse. El gobierno municipal, obviamente, está en su derecho de hacer llamamientos a la calma o tratar de minimizar los sucesos más alarmantes. Y en buena parte se entiende, pero al mismo tiempo se debe proveer soluciones con arreglo al presupuesto local. Es cierto que ya lo está haciendo, pero no sólo hay que reforzarse con medios materiales y tecnológicos sino también humanos. Y la incorporación de 6 agentes se puede estimar insuficiente a la luz de lo percibido en los datos y en las expectativas ciudadanas. Hay que tener en cuenta que si los vecinos se han llegado a movilizar no es ya porque perciban que hay más riesgo de delitos, sino también porque consideran que tal vez no se patrulle lo suficiente o más bien no se disponga de suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, las soluciones a largo plazo no permitirán atajar el problema. Además, incluso los procesos selectivos llevan varios años para su ejecución y recabar más presencia de Policía Nacional y Guardia Civil no es fácil, ya que depende de compromisos políticos con administraciones de distinto color. Con todo, dada la cercanía de las próximas elecciones debería de motivar un acuerdo.

Las estadísticas reflejan un comportamiento de los datos de criminalidad en San Pedro, en términos agregados, muy parecido a lo que se recoge en el ámbito de la Región de Murcia. Ambos territorios coinciden con un incremento significativo, si bien el porcentaje en San Pedro es mayor. Además, en términos más específicos y comparados, existen algunos delitos de entre los que más preocupan a los ciudadanos que han experimentado un aumento relativo mayor. Por ejemplo, los robos con fuerza (en la calle y en viviendas), lesiones, hurtos y agresiones por razón de sexo. Si nos centramos en los valores absolutos, podemos entender que la situación "tampoco es tan grave", pero no es mendaz que conforme pasan los años hay categorías que siguen en aumento o se han estabilizado en valores más altos que en el primer año de la serie (2021) que es donde se comenzó a reportar que algo no iba bien. Y negar la existencia de un problema no es menos pernicioso que exagerarla, sino más bien al contrario. Porque presupone que se está trabajando sin dificultades cuando el vecino no percibe eso.

Tampoco se debe de perder de vista y con ello por tanto también hay que matizar estos datos y percepción, que existen delitos que no son por así decirlo "ostensibles". Quiero decir con ello que suceden en la intimidad de los domicilios, no es tan fácil percibir su comisión o no existen estadísticas fiables por motivos políticos. No podemos conocer a ciencia cierta cuántas agresiones, maltrato, delitos de narcotráfico y ocupación de casas. Sólo los que llegan a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad por denuncias o circunstancias flagrantes. Del mismo modo, una situación de riesgo en la calle puede no materializarse en un daño o delito, pero sí generar un ambiente de inseguridad. Igualmente, no hay que olvidar que la percepción de inseguridad no suele ser similar en todos los barrios. Por ello, tal y como hemos contado, Lo Pagán es una de las zonas donde se ha reportado mayor número de incidentes.

El surgimiento de movimientos vecinales surgen como respuesta ciudadana a esa percepción de mayor inseguridad y la sensación de que la presencia policial no es suficiente. Esto supone reconocer implícitamente un fallo del sistema, pero tampoco equivale a retratar a nuestro pueblo como si fuera el Bronx. Menos aún a insinuar eso como reacción defensiva extrema a cualquier crítica. Los vecinos tienen suficientes intereses y aspiraciones en su vida habitual como para no dedicar sin motivo justificable tiempo de su descanso personal a patrullar las calles. Es por eso por lo que desacreditar movimientos que no actúan en contra de la Ley no contribuye sino a manejar el problema con la única estrategia de la negación y evitación. Exactamente del mismo modo que se cargaba contra las denuncias del estado del Mar Menor amparándose en no perjudicar al turismo ni a la hostelería, es decir, anteponer intereses legítimos como escudo de inmovilismo ante otros problemas.

En definitiva, resolver la inseguridad ciudadana no es cuestión de un día para otro ni existen soluciones mágicas. Sin embargo, a corto plazo sí se puede hacer algo que es tratar de asegurar más disponibilidad policial no sólo de patrulleos sino de servicio en las horas nocturnas. Mientras tanto, la colaboración ciudadana seguirá siendo un elemento que no debe desdeñarse para proteger la percepción del servicio público. A medio plazo, es imperativo incrementar la plantilla de Policía Local y solicitar a Delegación del Gobierno la de la Guardia Civil. Más a largo plazo (Plan Impulsa Lo Pagán, 2026-2028) se espera que los avances tecnológicos proporcionen medios más sofisticados como cámaras inteligentes, pero el ciudadano necesita respuestas más cercanas en tiempo.

Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.

Suspensión del agua potable en el Mar Menor: cronología y gestión de la DANA

Tenía pensando publicar otro post diferente y en que hablo sin tapujos de otro tema que merece una reflexión, pero la actualidad manda y más tratándose de mi tierra y mi entorno. Mi querido Mar Menor, los pueblos en los que he residido y sigo viviendo y disfrutando de ello. Voy a analizar los sucesos ocurridos tras la última DANA (Depresión aislada en niveles altos) acaecida recientemente, no ya por el impacto que nos ha generado aquí, sino también porque los medios nacionales apenas se han interesado por el problema. Es lo que tiene que no seamos ni Murcia ni Cartagena, que pasamos a un segundo orden. El objetivo, por tanto, de este post, no es el de simplemente relatar todo lo sucedido en cuando a acciones y reacciones, sino de estudiar y recalcar qué ha funcionado y qué no, qué se había podido hacer mejor y finalmente qué habría que hacer para evitar que se repitan los problemas.

Cronología del desastre y reacciones.

El pasado miércoles 8 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comunicó un aviso de alerta naranja por lluvias para las provincias de Murcia y Alicante. Al día siguiente, modificó el mismo elevando la alerta a roja para todo el entorno del campo de Cartagena y muy especialmente el Mar Menor. El día clave era el viernes 10, para lo cual los distintos Ayuntamientos de la zona se prepararon cancelando actividades y recomendando prudencia a los vecinos y máxime teniendo en cuenta los antecedentes de pasadas DANAS.  Todos ellos, pero muy especialmente los de Los Alcázares y San Javier comunicaron continuamente y a través de la aplicación de mensajería Telegram, que permite recibir información tanto de interés como de emergencia y ha sido sin duda el canal más viral para la actualización de la situación. San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en cambio, optaron por Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) y Twitter que son aplicaciones muy utilizadas pero que no remiten notificaciones en tiempo real a no ser que se activen expresamente. La alerta roja para la comarca se mantuvo hasta las siete de la tarde de ese viernes de manera que se redujo a naranja. Sin embargo, lo peor vendría precisamente después y es que durante esa noche la intensidad de las lluvias fue muchísimo mayor en el entorno del Mar Menor y no tanto de Cartagena.

Tanto fue así que, a las 23:06 horas de la noche del viernes, el Ayuntamiento de San Javier avisó que el canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por El Mirador se encontraba en su cota máxima y se estaba desbordando en la zona. Los primeros reportes que avisaron al 112 de lo sucedido fueron a partir de las 22:30 y se tuvo que ayudar a vecinos de varias zonas inundadas para ser alojados en el polideportivo municipal. Casi una hora más tarde del comunicado del Ayuntamiento, a las doce de la noche es cuando la CARM remitió una alerta a los teléfonos móviles informando de dicha situación. Durante esa noche, el Alcalde de San Javier José Miguel Luengo informó mediante comunicados remitidos tanto a las redes sociales como a la mencionada aplicación de Telegram reiterando los consejos de permanecer en sus viviendas y no desplazarse e informando de los avances de la situación. Pero los problemas todavía no habían acabado aquí. 

A las 23:40 del siguiente día sábado 11 y cuando todo parecía más o menos tranquilo al escampar la lluvia, la Mancomunidad de los Canales del Tabilla (MCT) emite un comunicado por el que declara el agua como NO APTA para higiene y consumo humano en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, las pedanías de Torre Pacheco como Balsicas, Roldán, Jimenado, Dolores o San Cayetano y las pedanías de Murcia pertenecientes a la zona de campo de Cartagena (Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses). Esta determinación la tomaron con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de diez de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua y que transpone varias directivas comunitarias. Esto implicaba que bajo ningún concepto se debía de usar agua del grifo no ya para beber o preparar alimentos, sino tampoco para higiene personal (lavarse las manos, duchas o lavadoras) ni lavavajillas y sólo con la excepción de regar jardines y limpieza de superficies. El primer Ayuntamiento de la zona que informó de esta noticia inesperada fue el de Los Alcázares a las 23:55 a través de Telegram, el segundo fue el de San Javier a las 06:07 en la misma aplicación y por último el de San Pedro del Pinatar a las 07:03 en Meta. Por lo tanto, durante todo el sábado y buena parte del domingo los vecinos continuaron consumiendo el agua.

Dada la situación inesperada y la necesidad de reaccionar, los distintos Ayuntamientos hicieron acopio de camiones cisterna con agua potable para ser distribuida gratuitamente entre los vecinos con objeto de evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. Realmente no ha existido ningún peligro, dado que los supermercados solicitaron importantes cantidades de garrafas de agua y en los distintos que he visitado he comprobado una buena dotación. En cada municipio se han designado varias zonas de reparto, aunque con los días han ido cambiando. En el caso de San Pedro prepararon cubas móviles que se desplazaban de zona durante el día y desde protección civil han atendido llamadas de personas vulnerables para ir a su vivienda a llevar el agua. Como era de esperar, se ha tenido que apelar a la conciencia de la gente para que no abusase de este servicio, ya que debía de haber agua para todos. Por otra parte, los servicios contratados por los municipios también se dedicaron a realizar limpieza de calles avisando los perfiles oficiales de RRSS de que no dejasen los vehículos en las zonas indicadas, a efectos de no entorpecer el trabajo. Por último, algunas ayudas extraordinarias para la higiene personal han sido duchas establecidas por el Ayuntamiento de Los Alcázares y con agua potable en varios centros públicos y la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para que pinatarenses se duchasen en el polideportivo.

Por su parte, la MCT no comenzó a limpiar el canal hasta el lunes 13 de octubre (que afortunadamente no recuperó el festivo de la Hispanidad del día anterior) a través de empresas externas, si bien durante el domingo realizó los primeros trabajos técnicos para evaluar la situación. Sin embargo, un nuevo e inesperado susto llegó al día siguiente martes 14 cuando sin comunicación previa cortó el agua para todos los municipios y zonas implicadas.  El primero en informar fue el Alcalde de Los Alcázares a la 09:25 de la mañana señalando que se le había avisado de ello diez minutos antes del corte y denunciando que había causado perjuicios tanto a vecinos como (seguramente de forma especial) a negocios. El Ayuntamiento de San Pedro informó en Meta a las 10:20 y el de San Javier lo hizo a las 10:45. A las 14:12 el Alcalde de San Javier publicó un vídeo en el que denunciaba que de casualidad se había enterado en una reunión en Cartagena y con la MCT de lo sucedido. También lo hizo el de San Pedro a mediodía pero sólo en Facebook denunciando igualmente a la MCT por no informar ni con la suficiente previsión ni claridad a los vecinos. Ambos alcaldes coincidieron en exigir la intervención del Ministerio de Transición Ecológica (Medio Ambiente). Los tres mandatarios tienen razón, pues el defecto de comunicación y transparencia fue importante y teniendo en cuenta el tiempo que ya había transcurrido y realizado el aviso más importante - que era el de no consumir el agua-, no existía ninguna justificación para acelerar una ejecución que afectase a cien mil vecinos. Finalmente, también se quejó Pedro Ángel Roca (el de Torre Pacheco) pese a que no publicó comunicado personal en Facebook. Todos coincidieron en denunciar la responsabilidad de la MCT y en exigir una compensación por los gastos ocasionados. En otro orden de cosas, también se hizo público que en los análisis químicos se descartaba que el agua hubiese sido contaminada por restos fecales, pues no se localizó ninguna bacteria asociada a los mismos.

La MCT publicó un nuevo comunicado ese martes señalando que el agua volvería a partir de la noche. Sin embargo, pudo comprobarse en muchas zonas que no fue así y tan sólo en San Pedro. De hecho, en San Javier estuvo cortado durante todo el miércoles 15 y no volvió hasta el jueves 16 desde las 8 de la mañana. Una vez más, el organismo de la Administración General del Estado erraba en su comunicación en esta ocasión por imprecisa y es que si es necesario informar en tiempo oportuno, no lo es menos que lo que se transmita no peque de inexactitud. Al mismo tiempo publicaba un enlace web para ir actualizando el estado del agua en las pedanías de Torre Pacheco. Esa misma tarde volvió a lanzar otro comunicado informando que se estaba finalizando la limpieza del canal del Mirador y que se estaba distribuyendo agua limpia a los municipios. Sin embargo, dicha afirmación contundente se topaba con la inmediata advertencia de que aún no era potable el agua suministrada. Lo que sí que pudo percibirse durante la noche del jueves es que el agua que empezó a llegar sucia (por primera vez desde las inundaciones) pasaba a ser algo más limpia. Por otra parte, ese mismo jueves el Gobierno de la CARM decidió autorizar a la Desaladora de Escombreras para que facilitase agua a la pedanía de El Jimenado, permitiendo su uso por la MACT y disfrutando así los vecinos de esa zona de agua potable mientras se limpiaba el canal.

El viernes 17 se reiteró que estaba llegando agua limpia pero aún no potable a San Javier, San Pedro y Los Alcázares y el sábado 18 que a las pedanías de Torre Pacheco. Igualmente, se avisó tanto el sábado como ayer domingo con que se cortaría el agua (sin hora cierta) en los términos de El Mirador y La Grajuela por tareas de limpieza y desinfección. Por la noche del sábado fue cuando el ayuntamiento de San Pedro anunció vía Facebook a las 23:00 horas que se le había comunicado que el agua ya era apta para higiene personal. Después, el Alcalde de San Javier en su perfil personal para las zonas del pueblo, La Ribera y Roda, si bien llamó la atención que lo hiciese un cuarto de hora antes que los canales oficiales del municipio tratándose de una cuestión de interés general. Por último, se avisó en el Telegram de Los Alcázares con video de su Alcalde poco antes de las 23:20. Siguen pendientes todavía El Mirador y La Grajuela de San Javier y varias pedanías de Torre Pacheco en el momento de publicación de este post, del mismo modo que aún no se han levantado las restricciones para el consumo y preparación de alimentos en ninguno de los municipios y pedanías.

Gestión y responsabilidades.

Por parte de la CARM y la Dirección General de Emergencias, sorprende que no comunicase la ES-Alert a los móviles antes del viernes como sí que lo hizo la Generalitat Valenciana a pesar de que la zona era el sur de Alicante, dado que pudo llegar a los que residimos en los pueblos murcianos próximos a dicha provincia valenciana. Dicha alerta se recibió el día jueves 9 de octubre en las primeras horas de la tarde. En contraste, la CARM tan sólo la emitió a las doce de la noche del viernes con motivo del desborde del canal del trasvase y con una hora de retraso de que el Alcalde de San Javier lo comunicase mediante vídeo. Parece que Mazón ha aprendido del lamentable pasado reciente, mientras que en Murcia por desgracia vamos a remolque y no nos lo terminamos de tomar en serio. 

En lo que afecta a la AEMT, no hay nada que reprochar en que avisase con varios días de antelación de la llegada de una DANA para que los Ayuntamientos, ciudadanos y empresarios se preparasen y tomasen medidas. Sin embargo, no se entiende cómo la declaración de alerta roja para la comarca del Mar Menor y Cartagena se encontrase en vigor cuando la lluvia no había provocado aún inundaciones importantes (más allá de algunas avenidas y calles) y fuese disminuida a naranja horas antes de que estallase lo peor por la noche. Con todo, bien es cierto que el mayor riesgo no se produjo tanto por la mayor intensidad de las lluvias como por el desborde del trasvase, pero en San Pedro del Pinatar también aseguran algunas personas que sufrieron inundaciones en sus inmediaciones durante la noche y madrugada. Igualmente, tampoco es menos cierto que un aviso naranja sigue indicando riesgo y peligro, pero no tiene el mismo impacto que un aviso rojo que no sólo sugiere que no te desplaces en la medida de lo posible, sino que estés alerta por posible inundación en tu propia vivienda.

Considero que la gestión de los Ayuntamientos del Mar Menor ha sido buena y han destinado todos los recursos posibles. Especialmente debo felicitar a Mario Cervera (Los Alcázares) por su impecable dedicación y preocupación por el tema comunicando y actualizando la situación a través de una aplicación como Telegram que permite asegurar una mayor inmediatez de recepción de la información. Esa misma app fue recurrida por José Miguel Luengo (San Javier). Personalmente recomendaría a los otros alcaldes aprovechar esa aplicación. Paradójicamente, el consistorio pachequero sí tiene una cuenta de Telegram para exclusivamente su departamento de Cultura, pero no a nivel general. Sin embargo, por lo que afecta al consistorio de San Javier no ofreció soluciones relativas a las duchas personales. En cuando a San Pedro del Pinatar, se agradece a Pedro Javier Sánchez la iniciativa de las cubas móviles y el servicio de reparto a personas vulnerables. Sin embargo, tengo dudas de si con El Mirador y La Grajuela que más han sufrido el impacto de estas restricciones y que aún no han remitido se podría haber hecho algo más que colocar un camión cisterna sin más.

En cuanto a la MCT, las quejas que en buena lógica se han dirigido hacia el órgano dirigido por el ingeniero Juan Cascales no son relativas a cuestiones técnicas o analíticas ni a la determinación del agua como no potable y ni mucho menos a los trabajos de limpieza que llevan varios días. El problema, como he mencionado varias veces en el post ha sido de comunicación, transparencia y coordinación. Si precisamente situaciones urgentes requieren la toma de decisiones, no es menos cierto que defectos en la información o en el tiempo de canalizarlas pueden provocar importantes perjuicios. Por una parte, podríamos pensar que el análisis de agua debió de haberse realizado con mucha más urgencia, dado que a la hora que se emitió no permitió que muchísima población se percatase hasta bien entrada la mañana del domingo. Sin embargo, por otra parte podríamos entender que por cuestiones técnicas no fuese tan fácil hacerlo rápido aparte de que la medición se establece por un laboratorio de Salud pública. Ahora bien, por otra parte el aviso tardío del corte de agua y teniendo en cuenta que ya habían pasado varios días, no hubiese costado haberlo efectuado en adecuado tiempo y forma y retrasado el corte algunas horas. Esto ha provocado que a los vecinos les pillase con el pie cambiado y en un momento de ausencia de previsión sin poder ni tan siquiera tirar de la cisterna del aseo ni usar agua para limpieza no durante una o dos horas sino durante muchas más. Además, tampoco acertaron con el tiempo de regreso del agua, por lo que debieron de ser más cautos y precisos.

Sin embargo, otra versión y que con la que en parte coincide el discurso de Mario Cervera, es la que pone la causa de origen en la alteración del terreno. Desde la MCT entienden que las modificaciones del terreno que rodea a la almenara de El Mirador, por donde entró el barro al canal, han favorecido el problema y que por ello debe de trasladarse aquélla a otro sitio. Desde los ecologistas son más específicos y críticos y apuntan directamente a la agricultura señalando los regadíos intensivos, cultivos de invernadero y huertos solares en un contexto de ausencia de plan de ordenación territorial de Cuenca (competencia de la CARM) que compatibilice el uso del suelo con la sostenibilidad ambiental y la seguridad para persona y bienes. En síntesis, en opinión de este colectivo la agricultura habría generado inclinaciones de suelo con pendientes hacia el Mar Menor. Resulta llamativo que nueve años después de la primera DANA (2016) aún no se haya planteado ningún cambio.

Posibles soluciones y mejoras.

A mi juicio, veo muy complicado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se están canalizando desde los Ayuntamientos del Mar Menor, que habrían sido los primeros en recibir denuncias de los vecinos, sean estimadas por el Ministerio. No ya porque en este procedimiento administrativo la inmensa mayoría se desestiman, sino porque es harto difícil demostrar el nexo causal entre el daño producido (efectivo y evaluable económicamente) y la acción u omisión de la Administración Pública y en este caso la MCT. Supongo que la mayoría irán por el lado del corte del agua sin previo aviso, pues las que sean relativas al retraso de la comunicación del agua no potable o los costes asumidos por los Ayuntamientos para proveer camiones cisterna me temo que son más complicados. Así que lo más normal es que se desestimen todas en vía administrativa y si alguien estuviese dispuesto que se fuese al contencioso-administrativo. Tal vez lo más apropiado sería aprobar una subvención o ayuda a los Ayuntamientos que pudiesen redistribuir entre los vecinos que hayan sufrido daños demostrables.

De cara al futuro, será mejor no sólo que se refuercen las vías de coordinación entre municipios, mancomunidad y Dirección General de Emergencias de la CARM, sino también los cauces de comunicación y transparencia, aprobándose los protocolos necesarios que permitan acelerar las reacciones. Y no desde el momento en que se percibe la materialización del riesgo, sino desde la fase preventiva con arreglo a la información de la AEMET e incluyendo las alertas masivas a los móviles sin demora. Esto no puede volver a ocurrir de nuevo y, precisamente por ello, al mismo tiempo sería imperativo que la Comunidad Autónoma se implicara analizando la situación del terreno desde sus propias competencias, con independencia de que los ecologistas tengan o no razón. Un plan de ordenación no creo que sea una solución definitiva pero sí sería importante dotar de las infraestructuras precisas para que generen un importante contrapeso a las inundaciones. Una de ellas tendrá que ser relativa al traslado de la almenara, puesto que se ha demostrado con creces que los tanques de tormenta son insuficientes. Hay que explorar más soluciones y quienes deben de aplicarlas son los gobernantes en conversaciones con el personal técnico y especializado competente. Y, por supuesto, se va a necesitar mucho dinero. Otra cosa es que las Administraciones estén dispuestas a ponerlo sobre la mesa, pero habrá que ejercer la presión necesaria.

No podía cerrar este post sin transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado en las tareas de limpieza, desinfección y regeneración del canal durante tantas horas y día y noche, al mismo tiempo que el personal contratado por los Ayuntamientos para que las calles vuelvan a su estado normal tras una ardua limpieza.