Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.

Suspensión del agua potable en el Mar Menor: cronología y gestión de la DANA

Tenía pensando publicar otro post diferente y en que hablo sin tapujos de otro tema que merece una reflexión, pero la actualidad manda y más tratándose de mi tierra y mi entorno. Mi querido Mar Menor, los pueblos en los que he residido y sigo viviendo y disfrutando de ello. Voy a analizar los sucesos ocurridos tras la última DANA (Depresión aislada en niveles altos) acaecida recientemente, no ya por el impacto que nos ha generado aquí, sino también porque los medios nacionales apenas se han interesado por el problema. Es lo que tiene que no seamos ni Murcia ni Cartagena, que pasamos a un segundo orden. El objetivo, por tanto, de este post, no es el de simplemente relatar todo lo sucedido en cuando a acciones y reacciones, sino de estudiar y recalcar qué ha funcionado y qué no, qué se había podido hacer mejor y finalmente qué habría que hacer para evitar que se repitan los problemas.

Cronología del desastre y reacciones.

El pasado miércoles 8 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comunicó un aviso de alerta naranja por lluvias para las provincias de Murcia y Alicante. Al día siguiente, modificó el mismo elevando la alerta a roja para todo el entorno del campo de Cartagena y muy especialmente el Mar Menor. El día clave era el viernes 10, para lo cual los distintos Ayuntamientos de la zona se prepararon cancelando actividades y recomendando prudencia a los vecinos y máxime teniendo en cuenta los antecedentes de pasadas DANAS.  Todos ellos, pero muy especialmente los de Los Alcázares y San Javier comunicaron continuamente y a través de la aplicación de mensajería Telegram, que permite recibir información tanto de interés como de emergencia y ha sido sin duda el canal más viral para la actualización de la situación. San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en cambio, optaron por Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) y Twitter que son aplicaciones muy utilizadas pero que no remiten notificaciones en tiempo real a no ser que se activen expresamente. La alerta roja para la comarca se mantuvo hasta las siete de la tarde de ese viernes de manera que se redujo a naranja. Sin embargo, lo peor vendría precisamente después y es que durante esa noche la intensidad de las lluvias fue muchísimo mayor en el entorno del Mar Menor y no tanto de Cartagena.

Tanto fue así que, a las 23:06 horas de la noche del viernes, el Ayuntamiento de San Javier avisó que el canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por El Mirador se encontraba en su cota máxima y se estaba desbordando en la zona. Los primeros reportes que avisaron al 112 de lo sucedido fueron a partir de las 22:30 y se tuvo que ayudar a vecinos de varias zonas inundadas para ser alojados en el polideportivo municipal. Casi una hora más tarde del comunicado del Ayuntamiento, a las doce de la noche es cuando la CARM remitió una alerta a los teléfonos móviles informando de dicha situación. Durante esa noche, el Alcalde de San Javier José Miguel Luengo informó mediante comunicados remitidos tanto a las redes sociales como a la mencionada aplicación de Telegram reiterando los consejos de permanecer en sus viviendas y no desplazarse e informando de los avances de la situación. Pero los problemas todavía no habían acabado aquí. 

A las 23:40 del siguiente día sábado 11 y cuando todo parecía más o menos tranquilo al escampar la lluvia, la Mancomunidad de los Canales del Tabilla (MCT) emite un comunicado por el que declara el agua como NO APTA para higiene y consumo humano en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, las pedanías de Torre Pacheco como Balsicas, Roldán, Jimenado, Dolores o San Cayetano y las pedanías de Murcia pertenecientes a la zona de campo de Cartagena (Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses). Esta determinación la tomaron con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de diez de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua y que transpone varias directivas comunitarias. Esto implicaba que bajo ningún concepto se debía de usar agua del grifo no ya para beber o preparar alimentos, sino tampoco para higiene personal (lavarse las manos, duchas o lavadoras) ni lavavajillas y sólo con la excepción de regar jardines y limpieza de superficies. El primer Ayuntamiento de la zona que informó de esta noticia inesperada fue el de Los Alcázares a las 23:55 a través de Telegram, el segundo fue el de San Javier a las 06:07 en la misma aplicación y por último el de San Pedro del Pinatar a las 07:03 en Meta. Por lo tanto, durante todo el sábado y buena parte del domingo los vecinos continuaron consumiendo el agua.

Dada la situación inesperada y la necesidad de reaccionar, los distintos Ayuntamientos hicieron acopio de camiones cisterna con agua potable para ser distribuida gratuitamente entre los vecinos con objeto de evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. Realmente no ha existido ningún peligro, dado que los supermercados solicitaron importantes cantidades de garrafas de agua y en los distintos que he visitado he comprobado una buena dotación. En cada municipio se han designado varias zonas de reparto, aunque con los días han ido cambiando. En el caso de San Pedro prepararon cubas móviles que se desplazaban de zona durante el día y desde protección civil han atendido llamadas de personas vulnerables para ir a su vivienda a llevar el agua. Como era de esperar, se ha tenido que apelar a la conciencia de la gente para que no abusase de este servicio, ya que debía de haber agua para todos. Por otra parte, los servicios contratados por los municipios también se dedicaron a realizar limpieza de calles avisando los perfiles oficiales de RRSS de que no dejasen los vehículos en las zonas indicadas, a efectos de no entorpecer el trabajo. Por último, algunas ayudas extraordinarias para la higiene personal han sido duchas establecidas por el Ayuntamiento de Los Alcázares y con agua potable en varios centros públicos y la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para que pinatarenses se duchasen en el polideportivo.

Por su parte, la MCT no comenzó a limpiar el canal hasta el lunes 13 de octubre (que afortunadamente no recuperó el festivo de la Hispanidad del día anterior) a través de empresas externas, si bien durante el domingo realizó los primeros trabajos técnicos para evaluar la situación. Sin embargo, un nuevo e inesperado susto llegó al día siguiente martes 14 cuando sin comunicación previa cortó el agua para todos los municipios y zonas implicadas.  El primero en informar fue el Alcalde de Los Alcázares a la 09:25 de la mañana señalando que se le había avisado de ello diez minutos antes del corte y denunciando que había causado perjuicios tanto a vecinos como (seguramente de forma especial) a negocios. El Ayuntamiento de San Pedro informó en Meta a las 10:20 y el de San Javier lo hizo a las 10:45. A las 14:12 el Alcalde de San Javier publicó un vídeo en el que denunciaba que de casualidad se había enterado en una reunión en Cartagena y con la MCT de lo sucedido. También lo hizo el de San Pedro a mediodía pero sólo en Facebook denunciando igualmente a la MCT por no informar ni con la suficiente previsión ni claridad a los vecinos. Ambos alcaldes coincidieron en exigir la intervención del Ministerio de Transición Ecológica (Medio Ambiente). Los tres mandatarios tienen razón, pues el defecto de comunicación y transparencia fue importante y teniendo en cuenta el tiempo que ya había transcurrido y realizado el aviso más importante - que era el de no consumir el agua-, no existía ninguna justificación para acelerar una ejecución que afectase a cien mil vecinos. Finalmente, también se quejó Pedro Ángel Roca (el de Torre Pacheco) pese a que no publicó comunicado personal en Facebook. Todos coincidieron en denunciar la responsabilidad de la MCT y en exigir una compensación por los gastos ocasionados. En otro orden de cosas, también se hizo público que en los análisis químicos se descartaba que el agua hubiese sido contaminada por restos fecales, pues no se localizó ninguna bacteria asociada a los mismos.

La MCT publicó un nuevo comunicado ese martes señalando que el agua volvería a partir de la noche. Sin embargo, pudo comprobarse en muchas zonas que no fue así y tan sólo en San Pedro. De hecho, en San Javier estuvo cortado durante todo el miércoles 15 y no volvió hasta el jueves 16 desde las 8 de la mañana. Una vez más, el organismo de la Administración General del Estado erraba en su comunicación en esta ocasión por imprecisa y es que si es necesario informar en tiempo oportuno, no lo es menos que lo que se transmita no peque de inexactitud. Al mismo tiempo publicaba un enlace web para ir actualizando el estado del agua en las pedanías de Torre Pacheco. Esa misma tarde volvió a lanzar otro comunicado informando que se estaba finalizando la limpieza del canal del Mirador y que se estaba distribuyendo agua limpia a los municipios. Sin embargo, dicha afirmación contundente se topaba con la inmediata advertencia de que aún no era potable el agua suministrada. Lo que sí que pudo percibirse durante la noche del jueves es que el agua que empezó a llegar sucia (por primera vez desde las inundaciones) pasaba a ser algo más limpia. Por otra parte, ese mismo jueves el Gobierno de la CARM decidió autorizar a la Desaladora de Escombreras para que facilitase agua a la pedanía de El Jimenado, permitiendo su uso por la MACT y disfrutando así los vecinos de esa zona de agua potable mientras se limpiaba el canal.

El viernes 17 se reiteró que estaba llegando agua limpia pero aún no potable a San Javier, San Pedro y Los Alcázares y el sábado 18 que a las pedanías de Torre Pacheco. Igualmente, se avisó tanto el sábado como ayer domingo con que se cortaría el agua (sin hora cierta) en los términos de El Mirador y La Grajuela por tareas de limpieza y desinfección. Por la noche del sábado fue cuando el ayuntamiento de San Pedro anunció vía Facebook a las 23:00 horas que se le había comunicado que el agua ya era apta para higiene personal. Después, el Alcalde de San Javier en su perfil personal para las zonas del pueblo, La Ribera y Roda, si bien llamó la atención que lo hiciese un cuarto de hora antes que los canales oficiales del municipio tratándose de una cuestión de interés general. Por último, se avisó en el Telegram de Los Alcázares con video de su Alcalde poco antes de las 23:20. Siguen pendientes todavía El Mirador y La Grajuela de San Javier y varias pedanías de Torre Pacheco en el momento de publicación de este post, del mismo modo que aún no se han levantado las restricciones para el consumo y preparación de alimentos en ninguno de los municipios y pedanías.

Gestión y responsabilidades.

Por parte de la CARM y la Dirección General de Emergencias, sorprende que no comunicase la ES-Alert a los móviles antes del viernes como sí que lo hizo la Generalitat Valenciana a pesar de que la zona era el sur de Alicante, dado que pudo llegar a los que residimos en los pueblos murcianos próximos a dicha provincia valenciana. Dicha alerta se recibió el día jueves 9 de octubre en las primeras horas de la tarde. En contraste, la CARM tan sólo la emitió a las doce de la noche del viernes con motivo del desborde del canal del trasvase y con una hora de retraso de que el Alcalde de San Javier lo comunicase mediante vídeo. Parece que Mazón ha aprendido del lamentable pasado reciente, mientras que en Murcia por desgracia vamos a remolque y no nos lo terminamos de tomar en serio. 

En lo que afecta a la AEMT, no hay nada que reprochar en que avisase con varios días de antelación de la llegada de una DANA para que los Ayuntamientos, ciudadanos y empresarios se preparasen y tomasen medidas. Sin embargo, no se entiende cómo la declaración de alerta roja para la comarca del Mar Menor y Cartagena se encontrase en vigor cuando la lluvia no había provocado aún inundaciones importantes (más allá de algunas avenidas y calles) y fuese disminuida a naranja horas antes de que estallase lo peor por la noche. Con todo, bien es cierto que el mayor riesgo no se produjo tanto por la mayor intensidad de las lluvias como por el desborde del trasvase, pero en San Pedro del Pinatar también aseguran algunas personas que sufrieron inundaciones en sus inmediaciones durante la noche y madrugada. Igualmente, tampoco es menos cierto que un aviso naranja sigue indicando riesgo y peligro, pero no tiene el mismo impacto que un aviso rojo que no sólo sugiere que no te desplaces en la medida de lo posible, sino que estés alerta por posible inundación en tu propia vivienda.

Considero que la gestión de los Ayuntamientos del Mar Menor ha sido buena y han destinado todos los recursos posibles. Especialmente debo felicitar a Mario Cervera (Los Alcázares) por su impecable dedicación y preocupación por el tema comunicando y actualizando la situación a través de una aplicación como Telegram que permite asegurar una mayor inmediatez de recepción de la información. Esa misma app fue recurrida por José Miguel Luengo (San Javier). Personalmente recomendaría a los otros alcaldes aprovechar esa aplicación. Paradójicamente, el consistorio pachequero sí tiene una cuenta de Telegram para exclusivamente su departamento de Cultura, pero no a nivel general. Sin embargo, por lo que afecta al consistorio de San Javier no ofreció soluciones relativas a las duchas personales. En cuando a San Pedro del Pinatar, se agradece a Pedro Javier Sánchez la iniciativa de las cubas móviles y el servicio de reparto a personas vulnerables. Sin embargo, tengo dudas de si con El Mirador y La Grajuela que más han sufrido el impacto de estas restricciones y que aún no han remitido se podría haber hecho algo más que colocar un camión cisterna sin más.

En cuanto a la MCT, las quejas que en buena lógica se han dirigido hacia el órgano dirigido por el ingeniero Juan Cascales no son relativas a cuestiones técnicas o analíticas ni a la determinación del agua como no potable y ni mucho menos a los trabajos de limpieza que llevan varios días. El problema, como he mencionado varias veces en el post ha sido de comunicación, transparencia y coordinación. Si precisamente situaciones urgentes requieren la toma de decisiones, no es menos cierto que defectos en la información o en el tiempo de canalizarlas pueden provocar importantes perjuicios. Por una parte, podríamos pensar que el análisis de agua debió de haberse realizado con mucha más urgencia, dado que a la hora que se emitió no permitió que muchísima población se percatase hasta bien entrada la mañana del domingo. Sin embargo, por otra parte podríamos entender que por cuestiones técnicas no fuese tan fácil hacerlo rápido aparte de que la medición se establece por un laboratorio de Salud pública. Ahora bien, por otra parte el aviso tardío del corte de agua y teniendo en cuenta que ya habían pasado varios días, no hubiese costado haberlo efectuado en adecuado tiempo y forma y retrasado el corte algunas horas. Esto ha provocado que a los vecinos les pillase con el pie cambiado y en un momento de ausencia de previsión sin poder ni tan siquiera tirar de la cisterna del aseo ni usar agua para limpieza no durante una o dos horas sino durante muchas más. Además, tampoco acertaron con el tiempo de regreso del agua, por lo que debieron de ser más cautos y precisos.

Sin embargo, otra versión y que con la que en parte coincide el discurso de Mario Cervera, es la que pone la causa de origen en la alteración del terreno. Desde la MCT entienden que las modificaciones del terreno que rodea a la almenara de El Mirador, por donde entró el barro al canal, han favorecido el problema y que por ello debe de trasladarse aquélla a otro sitio. Desde los ecologistas son más específicos y críticos y apuntan directamente a la agricultura señalando los regadíos intensivos, cultivos de invernadero y huertos solares en un contexto de ausencia de plan de ordenación territorial de Cuenca (competencia de la CARM) que compatibilice el uso del suelo con la sostenibilidad ambiental y la seguridad para persona y bienes. En síntesis, en opinión de este colectivo la agricultura habría generado inclinaciones de suelo con pendientes hacia el Mar Menor. Resulta llamativo que nueve años después de la primera DANA (2016) aún no se haya planteado ningún cambio.

Posibles soluciones y mejoras.

A mi juicio, veo muy complicado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se están canalizando desde los Ayuntamientos del Mar Menor, que habrían sido los primeros en recibir denuncias de los vecinos, sean estimadas por el Ministerio. No ya porque en este procedimiento administrativo la inmensa mayoría se desestiman, sino porque es harto difícil demostrar el nexo causal entre el daño producido (efectivo y evaluable económicamente) y la acción u omisión de la Administración Pública y en este caso la MCT. Supongo que la mayoría irán por el lado del corte del agua sin previo aviso, pues las que sean relativas al retraso de la comunicación del agua no potable o los costes asumidos por los Ayuntamientos para proveer camiones cisterna me temo que son más complicados. Así que lo más normal es que se desestimen todas en vía administrativa y si alguien estuviese dispuesto que se fuese al contencioso-administrativo. Tal vez lo más apropiado sería aprobar una subvención o ayuda a los Ayuntamientos que pudiesen redistribuir entre los vecinos que hayan sufrido daños demostrables.

De cara al futuro, será mejor no sólo que se refuercen las vías de coordinación entre municipios, mancomunidad y Dirección General de Emergencias de la CARM, sino también los cauces de comunicación y transparencia, aprobándose los protocolos necesarios que permitan acelerar las reacciones. Y no desde el momento en que se percibe la materialización del riesgo, sino desde la fase preventiva con arreglo a la información de la AEMET e incluyendo las alertas masivas a los móviles sin demora. Esto no puede volver a ocurrir de nuevo y, precisamente por ello, al mismo tiempo sería imperativo que la Comunidad Autónoma se implicara analizando la situación del terreno desde sus propias competencias, con independencia de que los ecologistas tengan o no razón. Un plan de ordenación no creo que sea una solución definitiva pero sí sería importante dotar de las infraestructuras precisas para que generen un importante contrapeso a las inundaciones. Una de ellas tendrá que ser relativa al traslado de la almenara, puesto que se ha demostrado con creces que los tanques de tormenta son insuficientes. Hay que explorar más soluciones y quienes deben de aplicarlas son los gobernantes en conversaciones con el personal técnico y especializado competente. Y, por supuesto, se va a necesitar mucho dinero. Otra cosa es que las Administraciones estén dispuestas a ponerlo sobre la mesa, pero habrá que ejercer la presión necesaria.

No podía cerrar este post sin transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado en las tareas de limpieza, desinfección y regeneración del canal durante tantas horas y día y noche, al mismo tiempo que el personal contratado por los Ayuntamientos para que las calles vuelvan a su estado normal tras una ardua limpieza.

La Comarca del Mar Menor y su sentido práctico

Llevaba un tiempo pensando en trasladar a un post un hilo de Twitter que abrí hace unos años relativo a la estructura territorial de la Región de Murcia y más en concreto a la Comarca del Mar Menor. En varias ocasiones (2022 y 2024) recibí tremendo hate con insultos, poniendo en duda mi doctorado y hasta señalándome con mi imagen, denunciando yo mismo ese tweet y, por cierto, consiguiendo su eliminación. Verdaderamente me asustó esa falta de argumentos acompañada de odio y opté por bloquear a todos los irrespetuosos. Todo por creer y defender que existe la Comarca del Mar Menor. Esta mañana leí un post de un contacto de Facebook volviendo a silenciar al Mar Menor y me animé a no esperarme más. En este post explicaré de forma más contextual el por qué pienso así y en base a qué, tanto refiriéndome a lo que escribí en el mencionado hilo como añadiendo más información.

Primeramente, no existe a día de hoy ninguna Ley de comarcalización en la Región de Murcia, sino que existen demarcaciones por razones agrarias, portuarias e hidrográficas que ni siquiera coinciden exactamente. Eso quiere decir que no existe personalidad jurídica alguna de dichas comarcas ni tampoco son oficiales sus límites y extensión. Por una parte se habla de Comarca del Campo de Cartagena, que para los cartageneros que apoyan la constitución de la provincia la equiparan exactamente a la anterior y que al menos englobaría los municipios del mismo nombre más La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón, Fuente Álamo, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Esto difiere, como he dicho, de otras demarcaciones como la hidrográfica que mete también a Águilas. Sin embargo, esta última pertenecería a la misma comarca donde se encuentra Lorca que es la de Alto Guadalentín.

Desde mi posición esa denominación no sería correcta en una hipotética oficialización de las comarcas que probablemente termine sucediendo algún día. De hecho, este año se ha constituido la Asociación de municipios de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor en la que participan todos los municipios antes citados a excepción de Mazarrón. ¿Se dan cuenta de lo que venía diciendo, que ni siquiera están plenamente definidos? Aún así, algunos cartageneros de la ciudad (no precisamente del campo) han protestado porque entienden un afrenta a Cartagena que no se llame exclusivamente "Campo de Cartagena" e incluso lo acompañan de la expresión "Comarca Natural" (como el contacto de Facebook del que hablo) como zanjando cualquier tipo de debate que ose discrepar. Y lo que es más, lo defienden con vehemencia cuando en realidad están escondiendo su centralismo selectivo, del que más tarde seguiré hablando. ¿Qué problema hay en mencionar al Mar Menor cuando tiene un entorno natural muy particular y la economía de estos territorios no sólo es de campo sino también de mar? ¿Por qué silenciar en la demarcalización de nuestras comarcas a nuestra laguna que merece todo el reconocimiento y protección? No, no es ningún insulto a la ciudad de Cartagena que la comarca en la que se sitúe se mencione al Mar Menor.

Como he mencionado, yo siempre me he considerado integrante de la Comarca del Mar Menor, aparte de murciano en tanto perteneciente a la Región y amante de su cultura y entorno. Sin embargo, esto hay que matizarlo. Dentro de las críticas que me lanzaron, aunque se fueron más por la ira y la furia testosterónica, tenían su parte de razón. No tendría sentido que existiese una Comarca del Mar Menor en la que se incluyese San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco. Lo primero porque esta última localidad NO está bañada por la laguna y la segunda es que faltaría Cartagena y La Manga del Mar Menor. Ahora bien, teniendo en cuenta que ni siquiera los límites de las comarcas están claros, el Mar Menor lo consideraría más bien como subcomarca diferenciada en este territorio mientras que Torre Pacheco, La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Pozo Estrecho y El Algar obviamente formarían parte del campo, donde además la agricultura está mucho más extendida que en los anteriores. Sin embargo, por razones administrativas entiendo que ha de formar parte de un conjunto más grande. Ahora bien, ¿por qué hablo de Comarca del Mar Menor?

La Historia de la Región de Murcia, aunque a algunos no les guste o sólo acoten lo que les interesa, nos dice que San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco y lo que en su día era Los Alcázares (repartido en los dos anteriores) pertenecieron al Concejo de Murcia desde los tiempos de Alfonso X el Sabio hasta su segregación en 1836 y constitución como municipios con Ayuntamiento propio. Una matización es que durante un tiempo muy breve pertenecieron al Concejo de Cartagena, pero enseguida volvieron otra vez al de Murcia. Lo más significativo es que durante esos siglos, constaban en las actas del Concejo como "Campo de Murcia". Sí, sí. Campo de Murcia, no Campo de Cartagena. El término Huerta se reservaba para localidades colindantes como Churra, Zaraiche, La Alberca, etc.. y la ciudad a los distritos donde se ubicaban las diferentes parroquias eclesiásticas. Y pueden consultarse dichas actas en el Archivo Municipal de Murcia totalmente digitalizadas. Si bien la denominación Campo de Murcia no la localizamos hasta finales del siglo XVII en que comienzan a designarse diputados para cada entidad de población, lo que básicamente venía a ser un alcalde pedáneo.

Y, en la actualidad, ¿es lícito hablar de Comarca del Mar Menor? Podemos poner más ejemplos, pero me referiré sólo a cuatro investigaciones. Las dos primeras son libros y ambos realizados en el marco de la Universidad de Murcia y financiados por los Ayuntamientos de Los Alcázares (2008) y San Javier (2021). El primero se titula Historia de Los Alcázares: Los Alcázares en el contexto de la formación de la Comarca del Mar Menor y el segundo Historia de San Javier: Pasado y presente de una sociedad del Mediterráneo Occidental cuyo primer volumen se nombra San Javier y su influencia en la formación de la Comarca del Mar Menor. Luego tenemos dos tesis doctorales. Una es de 2017 y que se llama Sellado de suelos en la Comarca del Mar Menor. La otra es de 2021 sobre Estudios de los factores que influyen en la empresarialidad del sector turístico en la comarca del Mar Menor, siendo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Así que cuando estos señores a los que me refería al principio del post me acusen de tener un doctorado regalado, que lean un poco sobre investigaciones científicas. 

¿Y qué dicen en Cartagena los que tienen poder? En el Pleno del Ayuntamiento, curiosamente, se aprobó en marzo al mismo tiempo que los estatutos de la Asociación antes mencionada, una moción para instar a crear la "Comarca del campo de Cartagena" presentada cómo no por el partido Movimiento Ciudadano. Más les valdría a estos señores, aunque hace tiempo que se desmarcaron del impresentable que fue Alcalde dos años, que para criticar a los "barrigas verdes" por el centralismo de Murcia se dejen de mirar tanto su propio ombligo y respeten las demandas de descentralización del propio territorio de Cartagena que abogan por ser municipio propio como Pozo Estrecho, El Algar y La Manga (repartida entre Cartagena y San Javier). De hecho, el primero ya fue en su momento Ayuntamiento. Y es que equiparar las necesidades de la ciudad de Cartagena de la que ya no queda campo con las de El Albujón, La Aljorra, La Palma, El Carmoli, Los Urrutias, etc... no sólo es complicado sino que los propios vecinos reconocen sentirse discriminados y prefieren elegir a sus propios políticos. Algo que MC ha denunciado atacando como responsable al propio PP de Cartagena cuando esto lleva sucediendo desde hace más años. Pero claro, al igual que con el Mar Menor entienden que constituirse municipios propios sería un ataque a Cartagena cuando en realidad no es más que una expresión democrática de los vecinos que se seguirán sintiendo unidos a la comarca.

Dicho todo esto, mi conclusión es que deben de oficializarse las comarcas más que nada para tener claros los límites, sin necesidad de que se someta a ningún tipo de consulta ni referéndum porque la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia no va a cambiar mucho. Su Comunidad autónoma va a seguir siendo la misma y su provincia... pues la misma. ¿Qué esperaban? No existe Diputación provincial. Y aunque las demandas "independentistas" del cantonalismo o sucedáneo aboguen por la biprovincialidad, eso ya sí que debería de pasar por referéndum y posterior aprobación por Ley de las Cortes Generales. Sin embargo, dejando claro que no apoyaría la constitución de una segunda provincia, sí que creo que la Comarca debería de llamarse Campo de Cartagena y Mar Menor y ni suprimir este último término, que lo consideraría mucho más ofensivo que lo que les resultó a los trolls que se enfadaron conmigo por ser un insulto a la orografía e historia de la Región, ni separarlos por razones administrativas. Es decir que un mismo municipio no debería pertenecer a dos comarcas distintas. Con todo y para mí, como he dicho antes, el Mar Menor es una suerte de subcomarca y que debe de seguir mencionándose a efectos prácticos, pero jurídicamente no debería ir sola por las características económicas y naturales de estos territorios. Por consiguiente, usar la expresión Comarca del Mar Menor sigue siendo un término plenamente válido.

Adiós al Aeropuerto de San Javier

El lunes apagó sus paneles. El aeropuerto internacional de San Javier-Murcia cierra al uso civil para turistas y permanecerá funcionado exclusivamente para el militar. Un aeropuerto que ha sido premiado varias veces y que ha ido incrementando su volumen de viajeros durante los últimos años. Más de 50 años funcionando y beneficiando el turismo del Mar Menor, a pesar de que en los últimos años éste haya perdido gran parte de su brillo por culpa de la contaminación. Pero todas las palabras de los políticos y muy especialmente de los del PP de la Región de Murcia han sonado a hueco.

La historia de Corvera, que se inauguró este martes, es absolutamente bochornosa. Su inicio data de finales de la década de los ochenta cuando el presidente Carlos Collado (PSOE) ya promovía la necesidad de construir otro aeropuerto. Ya con Valcárcel en el Gobierno (PP) se compraron los terrenos en el año 2000. El aeropuerto terminó de construirse en cuatro años desde 2008 a 2012 y desde entonces los murcianos nos estamos estado endeudando para pagar los costes de mantenimiento. En total ha generado más de 30 millones de euros en costes durante el tiempo que ha estado cerrado.

Se generan muchas dudas respecto a la rentabilidad del nuevo aeropuerto cuando el de San Javier (como se ha podido leer) ha demostrado desde siempre ser muy eficiente y atraer a muchos viajeros y turistas. Algunos entienden que desplazar el aeropuerto internacional de Murcia evita potenciar el sur de Alicante (porque en el arriba en el Altet ya tienen otro) y beneficia al... ¿turismo de interior? Esto última correlación no termina de verse tan clara. Pero para la zona de las playas del Mar Menor el efecto es absolutamente dañino. No hubiera costado ni mucho menos tanto dinero como el gastado el haber renovado el de San Javier. Haber apostado por el mismo, dado que además ha demostrado ser un ejemplo.

El despropósito no cesa de indignar a los ciudadanos cuando miran la prensa y descubren hoy que las expropiaciones que fueron necesarias para construir Corvera fueron financiadas en parte con fondos del soterramiento del AVE. Ese AVE que el PP prometió que iba a llegar en 2015. Y ahí estamos con unas obras mal planificadas y que molestan a los vecinos que quieren entrar y salir de sus viviendas. Y, por supuesto, sin garantizar que el 100% del trazado sea soterrado. También existe una demanda judicial contra la concesionaria AENA por las condiciones de traslado de los trabajadores y por último algunas tiendas que han tenido que cerrar por culpa de unos alquileres más caros en Corvera. En definitiva, al PP sólo le ha importado la pomposidad de la inauguración y la anotación del tanto a cuatro meses de una cita electoral.

Respeto las posiciones y comentarios de quienes alabaron el aeropuerto de Corvera, ya que sobre el papel las instalaciones dan la impresión de ser modernas (aunque llevasen 7 años paradas). Sin embargo, desde mi punto de vista, poco o nada hay que celebrar para el Mar Menor y este tipo de movimientos a la postre dan la razón a los que protestan por el centralismo de Murcia. Ya lo próximo que está sonando es hacerle la competencia a IFEPA (Torre Pacheco) con el Recinto Ferial de Corvera.

Creo que en las próximas elecciones del 26 de mayo, los ciudadanos marmenorenses debemos de expresar en las urnas que no estamos en absoluto de acuerdo con el cierre del Aeropuerto Internacional de San Javier. Y el Partido Popular, que ha gobernado todos los años de la adquisición de terrenos, expropiaciones y construcción de Corvera, tiene la responsabilidad de lo sucedido. Especial risa floja me entra cuando escucho al Alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quejarse hace unos años de que se fuese a cerrar un aeropuerto y construir otro a escasos kilómetros y recordarlo ahora mencionado expresamente al PSOE. Ni él ni nadie del Gobierno Regional estuvo presente en la jornada de cierre de este lunes. Por lo menos, no se presentó el mencionado Alcalde en la inauguración de Corvera.

El PP de San Javier y el tránsfuga, de la mano

Después de la excelente gestión por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Javier de los desastres de la lluvia, dando la cara, con comunicados e información en el momento, en la mañana de ayer aprovechó esa subida de popularidad para aprobar de forma unilateral los presupuestos de 2017. Bueno, con la inestimable ayuda de su concejal nº 11. Denominado "no adscrito" por el Alcalde en los plenos cuando en realidad es un tránsfuga que se marchó del grupo municipal del PSOE pocos meses después de celebrarse las elecciones. Es decir, apenas con posterioridad al verano. En septiembre de 2015 cuando los comicios fueron a finales de mayo. Este señor, Santos Amor Caballero, se ha convertido de facto en el concejal nº 11 del PP y si bien ya se había demostrado rechazando algunas de las mociones de los otros grupos representados, se ha terminado quitando la careta al aprobar junto con el equipo de gobierno las siguientes "medidas":

- Tasazo de las basuras, de forma que el recibo del agua costará 10 euros más al mes para todos los vecinos por igual.

- 500.000 euros del presupuesto destinados a contrataciones a dedo, para enchufar a todo el que puedan.

- Y ahora viene lo fuerte: subida del sueldo de los concejales un 30%. Así, como por las buenas.

Es preciso mencionar que el Alcalde Luengo ya quiso en el pleno inicial de junio de 2015 establecerse el sueldo en el máximo rango que se permite por Ley, pero la oposición y entre ella el grupo de Ciudadanos (con el que se firmó un pacto de investidura) no se lo permitió. Ahora que parece ser que vuelve a contar con mayoría absoluta, han podido perpetrar lo que querían. Que es enriquecerse a costa del pueblo.

Verdaderamente no se puede tener la cara más dura y la indignación en el pueblo está siendo brutal. Espero que no se olviden de esto en 2019.

Inundaciones en la Región de Murcia y el Mar Menor

Durante este fin de semana, el levante español ha sido azotado por la incidencia de unas lluvias muy fuertes que han causado algunos destrozos e incluyendo pérdidas humanas. Especialmente dañinos han sido los efectos en la comarca del Mar Menor y especialmente en Los Alcázares, seguido de Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. Muchas casas han sido anegadas y ha sido necesario evacuar a sus habitantes y llevarles a un lugar seguro, como por ejemplo el centro cívico de San Javier. Se pensó que el sábado había pasado lo peor, pero el domingo de ayer fue realmente catastrófico.

Por lo que se refiere al municipio donde resido, San Javier, es preciso recalcar que en todo momento la reacción del Alcalde y el equipo de gobierno ha sido correcta y a la altura de lo esperado en personas con responsabilidad política municipal. Se ha dado mucha información al ciudadano incluyendo vídeos en directo en Facebook y continuos comunicados sobre el estado de las calles y puntos importantes de referencia como el centro de salud o el Hospital Los Arcos. Cuyo sótano y primera planta han sufrido inundaciones y ha habido que derivar las urgencias a Santa Lucía en Cartagena. Por otra parte, durante toda la noche y primeras horas de la mañana se cortaron todas las salidas y entradas al pueblo salvo en caso de extrema urgencia, Finalmente, otra medida ha sido abrir esta mañana en el Ayuntamiento una oficina de atención a los afectados en el municipio.

Pero el incidente más lamentable ha tenido lugar en el centro comercial Dos Mares de San Javier. En lugar de haber sido evacuado mucho antes, se hizo tan tarde que hubo personas que no tuvieron más remedio que permanecer durante bastantes horas por la noche. Todo el párking exterior anegado y muy arriesgado salir de allí. Es una grave irresponsabilidad por parte del director de este centro, que incluso tuvo también empleados trabajando allí en lugar de abandonar igualmente la empresa.

San Pedro del Pinatar no ha sido tan permanente en su información como San Javier. Sólo lo hicieron a partir de las 22:30, cuando hasta entonces tan sólo habían compartido información de la CARM y una nota de suspensión de clases educativas. Pero nada referido al estado de las calles y los cortes, que se dió a conocer después de las quejas escritas por los vecinos del pueblo en la página de Facebook "Somos perolos". Desde entonces, el Ayuntamiento ha informado puntualmente. Pero en ningún momento hasta entonces había dado la cara la Alcaldesa Visi como el equipo de gobierno.

Se ha demostrado que el tanque de tormentas no sirve para evitar inundaciones. Eso creo que lo sabía todo el mundo, pero pese a ello no se ha hecho nada para que los desastres del sábado en Lo Pagan hubiesen sido mucho menores. Debería de valorarse la necesidad de invertir en obras que protejan al pueblo de esas inundaciones que suceden muy poco al año pero que pueden dar lugar a desastres e incertidumbres para los vecinos del pueblo.

En cuanto a Los Alcázares y Torre Pacheco, se han llevado la peor parte. Pero sobre todo el primero en que la inundación ha sido muy grave incluyendo zonas céntricas y además se ha producido la muerte de varias personas por ahogamiento. Ya sucedió el sábado en Finestrat (Benidorm) cuando a un hombre se lo llevó la corriente mientras intentaba acceder a su vehículo para evitar su pérdida. En estas ocasiones, lo importante es la seguridad personal y ante todo no salir de casa. El caso es que hasta 80 personas han tenido que ser rescatadas y evacuadas hasta San Javier y Cruz Roja e incluso el propio Ayuntamiento del pueblo ha pedido a las personas de los lugares menos afectados que trajeran agua y comida para los de los más dañados.

En Cartagena, la anécdota la protagonizó una mujer que dió a luz asistida por el 112. Más lejos de la comarca, en Murcia, también se han producido cortes de calles e inundados párkings de otros centros como el Carrefour Zaraiche. Por último, se cortaron dos carriles del puerto de la cadena (autovía que conecta Cartagena con Murcia) ante el riesgo de desprendimientos.

Comentar también que Ciudadanos Murcia va a pedir que se declare el Mar Menor y el campo de Cartagena como zonas catastróficas con el objetivo de que los afectados puedan pedir ayudas económicas.

Finalmente, no quiero terminar este post sin agradecer a todos los profesionales del 112, bomberos, policía municipal, guardia civil, vecinos voluntarios y todos los cuerpos públicos y privados que con las administraciones han colaborado para que este desastre sea algo menos traumático para los pueblos.

Primeras gestiones de Ciudadanos en San Javier

Hoy dedico el post a los 3 concejales de Ciudadanos en San Javier (Antonio Murcia, María José García y Carlos Jiménez), que pertenecieron a la lista en la que deposité mi confianza el pasado mes de mayo como nuevo residente de este municipio. Al contrario que sucedió en San Pedro del Pinatar, sí fue posible romper la mayoría absoluta del PP y por lo tanto el Alcalde José Miguel Luengo está obligado a dialogar con la oposición. Asisto con frecuencia a los plenos y desde luego el ambiente que noto es muy distinto al de mi pueblo natal. Allí, vuelan los cuchillos y más que nada porque la Alcaldesa lo facilita con sus inadecuadas reacciones. En San Javier, la única polémica que ha habido ha sido la relativa a la baja de Santos Amor Caballero del PSOE, que ha pasado a ser concejal no adscrito. Una pena que este señor desconozca que si salió elegido no fue por ser él, sino por estar en una candidatura y en concreto del partido socialista. Y no puedo evitar sacar los colores al gobierno de San Pedro recordando que Luengo propone cambiar el nombre a las calles franquistas del municipio, mientras que allí prefieren seguir con su Avenida del Generalísimo.

No tardó el grupo municipal de C's en actuar incluso antes de tomar posesión. Presentaron unas preguntas relativas a una presunta retirada de documentos que se produjo durante una noche poco después de las elecciones. Tales movimientos fueron registrados por las cámaras de seguridad, siendo publicada la noticia en la prensa escrita y digital. El mismo día de la investidura, presentaron unas breves lineas programáticas en defensa del aeropuerto de San Javier y la realización de una auditoría pública y externa que fueron aprobadas por PP y PSOE. Por último, se expuso un ruego para que los comedores escolares se mantuviera abiertos durante dicha época. Más que nada para facilitar la conciliación familiar y laboral, especialmente de aquellas familias monoparentales. Y es que la lucha contra la pobreza infantil tampoco debe de olvidarse.

En el pleno del mes de julio, Ciudadanos presentó varias mociones. Una de ellas era en defensa de la igualdad y derechos del colectivo LGTB. Otra contra la Ley "mordaza" en conjunto con los otros partidos de la oposición. La última fue la relativa a los comedores escolares, haciéndose efectiva a partir del 3 de agosto (un poco tarde, pero bien). Los ruegos se dirigieron a señalar la necesidad de habilitar una zona en la playa para mascotas (perros), mejorar los jardines, más transparencia en la información de la Web y soluciones ante los horarios de cierre de las terrazas de la zona de la playa. Por otra parte, los concejales de C's San Javier renunciaron al uso de entradas gratuitas para ver los conciertos de Jazz del Festival Internacional de San Javier y recordaron que instaron al resto de grupos a hacerlo, pero pasado un mes todavía seguían sin responder. La pena fue que los de Ganar (IU) dieron la nota al no aprobar las subvenciones y asignaciones del Ayuntamiento a entidades como Cáritas, argumentando que faltaba información cuando no era así. El tema era no apoyar porque procedía de una moción del PP.

En el mes de agosto se aprobó una moción en defensa del aeropuerto de San Javier por unanimidad, para que no se cierre. Fue presentada por C's San Javier, pero se convirtió en conjunta. También se instó al gobierno municipal para que tomara medidas en orden a arreglar la rotonda de Pozo Aledo, pedanía del pueblo, que tiene un mal acceso y peor comunicación para los vecinos. Durante ese mismo mes, los concejales se reunieron con la presidenta del AMPA del colegio público Loreto por motivo de la reducción del horario de la orientadora, de forma que perjudicaba la atención a los niños con necesidades especiales. Es más, incluso han dado cuenta al grupo parlamentario regional. 

En septiembre, junto con el resto de la oposición, ayudaron a sacar adelante tres mociones pese al voto en contra del PP: declarar a San Javier como municipio "sacrificio cero" de animales (a iniciativa de Ganar), promover una serie de compromisos en materia de prevención de violencia de género y finalmente establecer ayudas a libros y material escolar e incrementar la partida presupuestaria para 2016 (ambas a iniciativa de PSOE).

En octubre se presentó una moción en defensa de la unidad de España, a efectos de que la corporación municipal de San Javier se uniera contra las amenazas de quebrantamiento de la soberanía nacional e igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos que protagonizan los separatistas disfrazados de demócratas. Fue aprobada por todos los concejales con la excepción de abstención, cómo no, de Ganar San Javier. Se abstuvieron no sin antes soltar su portavoz un discurso demagógico aludiendo otros artículos de la CE de 1978. El mismo que pidió rechazar un TTIP aún negociándose del que parece que ellos y Podemos tienen más información que nadie. Por lo demás, el grupo municipal de C's San Javier se unió con todos los grupos para declarar al municipio de San Javier "libre de desahucios" (a iniciativa de Ganar) y facilitaron la creación de una comisión especial de sugerencias y reclamaciones junto con el resto de la oposición.

En noviembre se ha aprobado por unanimidad una moción para la creación de un banco de salud en la infancia y la adolescencia que incluye ayudas a menores de familias desfavorecidas. Por ejemplo, promueve convenios con las ópticas, clínicas de audición y clínicas dentistas así como con facultades y hospitales universitarios para que aporten su información y conocimiento, insta al desarrollo de ponencias y charlas y solicita que se realice un estudio de carencias en la población de San Javier. En el turno de ruegos y preguntas, comentaron la necesidad de limpieza de solares, la inseguridad en la urbanización de la Ciudad del Aire por los robos de vehículos, la falta de urbanización de calles en el barrio de Torkas, la problemática de canalización de aguas en Pozo Aledo y pedir la retirada de un cartel situado en zona ilegal. Por último, los tres concejales han hecho públicas sus nóminas, en pro de la transparencia.