Vuelta al cole en la Región de Murcia: 5 problemas pendientes

Finalizado prácticamente el verano, llega el momento de la vuelta al cole. En el caso de la Región de Murcia, será mañana martes 8 en Infantil y Primaria. En el presente artículo me dedicaré a comentar, contextualizar y analizar varios retos y cuestiones importantes del sistema educativo de esta Comunidad Autónoma, si bien muchos de ellos son aplicables al resto. Podrían haber sido otras más, como la política de gratuidad de libros, pero considero que estos cinco son de la suficiente relevancia: la situación de docentes y trabajadores de Infantil, los suspensos en las oposiciones a Primaria, el calor extremo en las aulas, el abandono escolar y el bullying. Son cuestiones que comenzado el curso quedan todas pendientes de resolver, si bien cada una tiene su propia naturaleza y en algunos casos ya se están tomando medidas. Tema distinto es si las reacciones y soluciones que se estén aplicando quedan a medio camino o son controvertidas y lejanas de un consenso. En cualquier caso, todas estas cuestiones importan a la comunidad educativa al completo: alumnado, docentes, padres, madres e instituciones.

Conflicto en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)

El sector de la Educación Infantil salió a la calle para mostrar su rechazo al modelo educativo actual y que tiende a la gratuidad por las contradicciones con su situación laboral. Trabajadoras y colectivos de escuelas infantiles denunciaron que el modelo planteado por la Consejería precarizaba el sector y arriesgaba la viabilidad de los centros públicos y concertados. De esa manera, exigen una negociación real. No hay que olvidar que precisamente esta etapa no es obligatoria por Ley y por lo tanto no forma parte ni de la enseñanza mínima y básica con arreglo a la normativa del Estado. Sin embargo, en la práctica esta enseñanza se convierte en obligatoria al trabajar madres y padres y ser imperiosa para la conciliación familiar. Sucede sobre todo cuando los abuelos o bien están fallecidos o son lo suficientemente mayores como para no poder proporcionar una atención completa. Por otra parte, qué duda cabe que los niños y niñas podrán desarrollar habilidades sociales con sus pares y con la ayuda de profesionales de la Educación que, en su ámbito familiar, probablemente no tengan el mismo acceso.

En concreto, las principales reivindicaciones de maestros y educadores infantiles de este primer ciclo se centran en reducción de ratios, mejora salarial y aumento de recursos. Respecto a lo primero, piden fijar un límite máximo de 18 alumnos por aula para garantizar una atención individualizada y más en el contexto del incremento de alumnos con necesidades especiales (inmigrantes, autismo, etc..). Sobre lo segundo, mejorar las condiciones salariales incrementando los sueldos, reduciendo la temporalidad de contratos y, sobre todo, que el desempeño del personal del ciclo de 0-3 años no sea tratado como mera guardia y custodia, exigiendo financiación y medios propios del ámbito educativo. En tercer lugar, se demanda incluir la atención temprana en dicho ciclo y dotar de horas específicas dentro del horario laboral para la coordinación pedagógica evitando la sobrecarga de trabajo. Además, tienen toda la razón en recalcar que los niños permanecen en periodos significativamente más largos que de otras enseñanzas como Primaria o Secundaria. El motivo es la conciliación familiar de los padres, que precisamente es más compleja en Infantil por la edad de los menores.

La Consejería ha de tomarse en serio las necesidades de este colectivo de docentes y cuidadores, precisamente porque son la primera experiencia educativa de nuestros menores. Es cierto que con la externalización de los servicios de escuelas de verano, Semana Santa y Navidad han podido descargar esa carga de trabajo. Sin embargo, el problema va más allá de eso, pues tienen todo el derecho a reclamar sus horas extras, sobre todo en los centros concertados en los que los profesionales son a su vez contratados y se encuentran desbordados. Hace falta más maestros y más número de espacios para una etapa que, en realidad, es imprescindible. No son meros canguros, son mucho más que eso. Y desde luego es una importante asignatura pendiente y la primera de las que observamos.

El tasazo de suspensos en las oposiciones de Maestros de Primaria

Una de las polémicas del año afecta a los resultados del primer examen de las oposiciones para el cuerpo de Maestros de Primaria con un 63% de opositores suspensos. Cerca de dos tercios de los aspirantes quedaron eliminados en la primera criba, asistiendo a apenas un 24% de aprobados en algunas especialidades como Inglés. Ante esto, cientos de opositores se concentraron frente a la Consejería de Educación denunciando una presunta falta de transparencia de los criterios de corrección. Al mismo tiempo, exigieron temarios nuevos que reemplacen a otros que entienden obsoletos y un modelo de examen más objetivo y dos sistemas de acceso diferenciados. Se trataría de uno para el profesorado con antigüedad desempeñando servicios como interino y con mayor peso de la experiencia profesional y otro para los recién iniciados en la aventura de las oposiciones y con mayor peso del examen. Esta propuesta no es más que lo que ya rige en los cuerpos de Administración General y Servicios con los turnos libre y de estabilización del empleo temporal (antes consolidación).

La Consejería de Educación de la Región de Murcia se remitió a la legalidad y formalidad, señalando que el modelo no es autonómico y que el formato de examen es competencia exclusiva del Ministerio de Educación. Por tanto, el cambio de modelo hacia un test o pruebas distintas excede del marco legal regional y ha de debatirse en Conferencia sectorial. Por lo tanto, es un tema netamente político. Por otra parte, minimizó la "escabechina" de la primera criba señalando que eran plazas más que suficientes los aprobados para cubrir las plazas convocadas (3.528 para 1.607) y por lo tanto no quedarían vacantes. También señaló a que el porcentaje de aprobados era similar al de otras regiones y convocatorias anteriores. En cuanto a la transparencia, se indicó que se introdujeron medidas consensuadas con sindicatos como la publicación de criterios de corrección seis meses antes, la opcionalidad en la prueba de prácticas y el uso de papel autocopiable para que el alumno se llevase una copia de su examen realizado.

Debe recalcarse que esta problemática no es ni mucho menos propia de nuestra Región. En otras comunidades autónomas se han puesto también en alerta ante el el alto número de suspensos en la primera prueba. En Castilla y León suspendió nada menos que el 83%, en Castilla y La Mancha fue el 59% de los presentados y en Asturias el 61%. Al parecer, lo que está detrás de ello son las penalizaciones por faltas de ortografía que, en algunos casos, habrían hecho  perder entre dos y tres puntos en la primera prueba tal y como las propias convocatorias en Murcia establecen. Se apuntaría a una preparación insuficiente y a un inadecuado uso de signos de puntuación (como las tildes) más errores de sintaxis y a una deficiente compresión lectora.

A mi modo de ver, estas cifras de suspensos han adquirido un significatividad mayor que otros años porque en términos absolutos representa muchísima más gente que en otras convocatorias. Ante la precariedad laboral, un mayor número de personas apuesta en primer lugar por los grados universitarios de magisterio y seguidamente por las oposiciones. Sin embargo, la preparación no es óptima. Al margen de que, sin ninguna duda, tengan razón en que el sistema debe de separar gente que lleva muchos años trabajando y que por antigüedad desplaza siempre a los nuevos (y de hecho yo adquirí la condición de funcionario hace años gracias a eso), da la impresión de que la formación educativa previa pudiera no ser lo suficientemente exigente. El problema no es que no haya personas con vocación de maestros/as, sino que terminan la carrera muchos de ellos sin tener las habilidades exigidas en ortografía, gramática y sintaxis. Y ello no es culpa del sistema de oposiciones, sino que va más allá y afecta al sistema educativo en su conjunto y a la evaluación de su progreso en el grado universitario.

Calor extremo en las aulas

Este es un debate recurrente, dado que la llegada de las altas temperaturas veraniegas reactiva las quejas de la comunidad educativa respecto a la climatización, que en esta región se sufre desde junio y llega hasta bien entrado septiembre. Los requisitos de temperatura legal en los centros educativos están regulados principalmente por la normativa de prevención de riesgos laborales y especialmente el Real Decreto 486/1997, que es la norma que fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En su Anexo III regula el estrés térmico en los entornos cerrados y, aplicado a centros docentes, establece unos límites estrictos para proteger la salud tanto del personal docente como de los alumnos. La temperatura interior en las aulas no puede superar los 27ºC. El trabajo escolar se clasifica legalmente como "trabajo sedentario" (similar al de una oficina), por lo que se le aplica este tope riguroso. En cuanto al mínimo, la temperatura de las aulas no debe descender de los 17ºC durante los meses de invierno y la humedad relativa debe mantenerse obligatoriamente en un rango comprendido entre el 30% y el 70%.

Así, sindicatos como ANPE Murcia y asociaciones del AMPA denunciaron la improvisación del Gobierno Regional. Consideran que las medidas adoptadas son parches temporales, como recomendar a las familias que lleven pulverizadores de agua o la instrucción a los equipos directivos de aplicar horario reducido o adelanto del fin de clases en los días más calurosos. En este contexto, las faltas de asistencia estarían justificadas. Sin embargo, los representantes entienden que estas medidas perjudican el rendimiento escolar y destruyen la conciliación familiar. Exigen obras de climatización urgente en los colegios públicos incluyendo toldos y pérgolas y un protocolo de actuación que active medidas específicas en base a los comunicados de la AEMET.  Desde los propios centros denuncian que, aunque las AMPA o los colegios traten de costear aparatos de aire acondicionado, las instalaciones eléctricas son viejas y la potencia colapsa durante su funcionamiento.

Varios colegios públicos como el CEIP Virgen de Atocha han visibilizado las protestas de forma contundente, con concentraciones y paros parciales y todo el bloque promueve una ILP para obligar por Ley a la climatización de todos los centros públicos. Otras acciones fueron dirigir quejas formales ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo, alegando riesgos para la salud laboral y de los menores al superarse habitualmente los límites legales de 27 grados centígrados..

La versión de la Consejería, aparte de defender las medidas temporales antes indicadas, es que se están realizando auditorías en los centros para planificar mejoras progresivas de aislamiento y eficiencia. Sin embargo, esta es una solución a largo plazo. La responsabilidad de dotar de infraestructuras y velar por el buen ambiente es, en los centros docentes públicos, evidente y eminentemente pública, por lo que no tiene sentido que se invierta en la infraestructura y equipamiento necesario con cargo a los presupuestos regionales de Educación.

Liderazgo en abandono escolar temprano

A nivel estructural, la Región de Murcia sigue arrastrando un grave problema estadístico que genera cierto debate político y es el liderazgo en abandono escolar temprano. Diversos informes del Ministerio de Educación y con datos de la Encuesta de Población Activa sitúan a esta comunidad con una tasa del 20,6% muy por encima de la media nacional y europea cuando, además, a nivel del Estado se ha reducido a un 12,8%. En esta tesitura, sindicatos como CCOO demandan planes de choque contundentes con un incremento del 7% del PIB en Educación y ante lo que se considera un fracaso del modelo educativo autonómico mientras que otros como el CSIF aluden a un menor gasto por alumno, las ratios profesor-alumnos, la elevada temporalidad de los docentes y la propia brecha salarial de éstos. Por tanto, los representantes de los docentes entienden que la solución es más gasto público para situarnos en la media nacional.

Sin embargo, la versión de la Consejería es que no existe inacción ni presupuesto deficitario sino un condicionamiento socioeconómico y estructural. Por una parte, se alega que existen más titulados que los últimos diez años (estadística lógica por el paso del tiempo y el incremento de la población) y que la tasa se refiere a personas que no alcanzan estudios superiores a los de la ESO, por lo que se mediría el nivel formativo y no el abandono escolar. Por otra parte, también se escuda en un incremento del empleo reduciéndose el paro joven en un 25% y alude a que un porcentaje de personas entre 18-24 años entendería suficiente su formación para trabajar por circunstancias económicas, familiares y personales. Buena parte de esa gente de localizaría entre la población inmigrante que trabaja en el campo o en la hostelería. Sin embargo, esto choca con que existen certificados de profesionalidad de FP en dichos sectores e incluso en albañilería, en los que precisamente apuesta la CARM y son impartidos tanto por centros públicos como conveniados y privados. En mi carrera profesional como funcionario, de hecho, he trabajado durante 8 años relacionándome con entidades de formación públicas y privadas y, por lo tanto, puedo afirmar dichas circunstancias.

En cuanto a medidas activas, ponen en valor el despliegue del Programa Regional de Prevención e Intervención en Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano (PRAE) con el III Plan Regional (2024-2028) para atajar los problemas desde un enfoque integral: preventivo, detector, seguimiento, control, de intervención, coordinador, formador y evaluador. Cada año se elabora una memoria que es analizada por una mesa regional con composición tanto de personas competentes y responsables de la CARM como de asociaciones de padres y madres, representantes de todas las subcomarcas, docentes y otro personal técnico. Así que el análisis de la situación y si las variables externas son las que mediatizan esa posición desfavorable de la Región de Murcia debe de dirimirse allí. Por lo pronto, aparentemente, por mucho que buena parte del empleo se asocie a sectores con escasa exigencia de formación, los avances en la misma nos sugieren que la no aplicación de la misma redunda en una menor productividad y desaprovechamiento del talento de nuestros jóvenes. Igual en lo que sí que habría que invertir más gasto público es en la propia Formación Profesional, no sólo para incrementar la oferta sino también para promocionar más aspirantes docentes.

Convivencia escolar y bullying

El anterior Decreto, el 16/2016, de 9 de marzo, se ha quedado obsoleto debido a los últimos avances protagonizados por las nuevas tecnologías. El acoso escolar ha traspasado la dimensión de las aulas debido al uso de los móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos y, en dicho contexto, el acoso no es físico sino psicológico y verbal. Sin embargo, tampoco se encierra ahí porque, según encuestas realizadas a alumnados de Secundaria, los espacios menos seguros resultan ser los baños y escaleras en comparación con las aulas y los espacios de recreo. 

El nuevo Decreto se anunció en abril, se efectuó una consulta previa en junio y en el pasado mes de julio se sometió a información pública el borrador. Según su texto, los centros deben de elaborar un plan de convivencia que será aprobado por el Consejo escolar. Se incorporará al proyecto educativo y contendrá las normas de conducta necesarias que favorezcan un clima de respeto entre todas las partes. Con carácter general, prohíbe el uso de dispositivos móviles y electrónicos no ya en horario lectivo, sino también durante el recreo y otras actividades salvo que se contemplen expresamente con fines didácticos. En este sentido hay que recordar que en Murcia ya fue pionera restringiendo el uso de estos dispositivos en 2025.

La Dirección del centro se convierte en el responsable principal como órgano decisorio y supervisor, que ha de velar por la convivencia, garantizar la mediación e iniciar y resolver procedimientos preventivos y de corrección. En un segundo escalafón se halla la Jefatura de estudios que coordina y dirige actuaciones. El profesorado, por su parte, es responsable en primera instancia de prevención y cumplimiento de normas, tomando decisiones rápidas, proporcionales y eficaces dada su condición de mayor cercanía a los alumnos. En cuanto a asesoramiento, el personal docente de tutoría informará a padres y madres mientras que la orientación educativa lo hace con el profesorado y la jefatura de estudios.

El Decreto también establece una carta de derechos y deberes con arreglo a las Leyes e indica que la Consejería dispondrá de un protocolo de actuación ante agresiones, amenazas y denuncias mientras que los concertados tendrán el suyo propio. Aquí veo el primer problema y es que puedan haber protocolos muy distintos. En este enlace podemos consultar una Resolución de 2017 de la D.G. de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que establecía un protocolo común a todos los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. Así que a menos que opten por copiar el nuevo modelo público es posible que haya diferencias de trámites y criterios.

Respecto a la convivencia propiamente dicha, el Decreto apuesta por la resolución pacífica de conflictos mediante acuerdos y pactos de convivencia con las familias. La iniciativa parte de tutoría, supervisa la Jefatura de estudios y el visto bueno lo ejerce Dirección. Entre medidas correctoras, se incluyen amonestaciones escritas, suspensión del uso de ciertos medios o de asistencia a clases y se crea un aula de convivencia para realizar tareas específicas. En cuanto a las sancionadoras, desaparece la tipificación de faltas leves que en realidad serán resueltas por el personal docente y se divide entre graves y muy graves. En estas últimas semanas enumera el uso no autorizado de móvil o dispositivo electrónico, grabación con atentado al honor, amenazas, coacciones, agresiones, actos de odio o discriminación, acoso, suplantación de identidad, daños materiales graves y sustracción de material. En el caso específico de bullying, de acreditarse tras procedimiento conllevará el cambio de centro si es público o la expulsión si es concertado. En dicho procedimiento, la Dirección inicia, el tutor instruye y redacta propuesta de resolución y tras alegaciones de los padres resuelve el primero sin perjuicio de comunicaciones pertinentes a la D.G del Menor, Ministerio Fiscal y otros. Sin embargo, el punto polémico es que se rebajan los plazos de prescripción al pasar los graves de 90 a 30 días y los muy graves de 180 a 90 días. De esa manera, no es que se agilicen los plazos, es que se obliga a resolverlos rápido o de lo contrario los presuntos agresores quedarán impunes. A este respecto, contrasta el visto bueno de las asociaciones de docentes con las quejas de los sindicatos. Así que habría que ver qué protocolos nuevos se aplicarían para agilizar los procedimientos.

Conclusiones

En primer lugar, los problemas que sólo pueden resolverse mediante más presupuesto público son dos. El que debe ser prioritario mediante más inversión pública es el de la climatización. No cabe medias tintas, todos los centros docentes sean públicos o concertados han de disponer de los medios necesarios como aire acondicionado y ventiladores en los espacios docentes y de pérgolas y toldos en los recreos. Redirigir a auditorías y procesos burocráticos lo único que favorecen es a retrasar la resolución de un problema que se denuncia de modo recurrente y no es ninguna novedad. Ya sea mediante las correspondientes obras o a través de subvenciones, tanto alumnos como personal docente y empleado ha de poder asistir o trabajar en las mejores condiciones. Y más aún en una comunidad donde el calor es notable desde primeros de junio hasta finales de septiembre siendo generosos.

En relación con el personal de Infantil, el crecimiento de escolarizados en esta etapa durante los últimos años obliga también a asumir responsabilidades públicas. Pero aquí no sólo se trata de capítulo 6 de gastos, es decir, construir más escuelas infantiles, sino también del 1. Hace falta más personal si no se prefiere ampliar horarios y más teniendo en cuenta que para favorecer conciliación familiar y laboral de los padres no se puede perjudicar la de los propios docentes y personal de Administración.

Luego existen dos temas cuya definición es relativa. El referente al abandono escolar hay que contextualizarlo y matizar que lo que debe preocuparnos no es que haya personas que no acaben la ESO, sino que no alcancen la formación y preparación mínima y requeridas para un efectivo desempeño profesional. Dada la estructura productiva del PIB murciano y un crecimiento importante de población inmigrante, en cierta parte se explica ese mayor porcentaje. Sin embargo, en lo que puede actuar la CARM es en lo relativo a la Formación Profesional de manera que a estas personas les ofrezca oportunidades de desarrollo y garantías para responder a las expectativas del mercado. Y ahí me consta que la Consejería está en ello. Sin embargo, es conocido que faltan profesores y se agotan hasta las listas de interinos. Hay que incentivar la participación porque está muy desnivelada con Primaria y Secundaria.

En cuanto al tasazo de suspensos en las oposiciones a Primaria, no es una cuestión vinculada a Murcia sino generalizada en más regiones de España. Puede ser que el sistema deba de darse una vuelta y de hecho estoy a favor de separar turnos de libre y consolidación como se ha hecho en los cuerpos administrativos. Sin embargo, aunque pueda parecer polémico habría que preguntarse si realmente existe tanta gente capaz de ejercer como docente magisterio. Porque no es admisible que se titule tanta gente cometiendo faltas de ortografía. O eso o el sistema universitario carece de preocupantes fisuras. Así que me permito lanzar esa reflexión.

En cuanto al Decreto de convivencia escolar y contra el bullying, sobre el papel suena bien. Pero la práctica es la que someterá a prueba su validez. Por lo pronto, me llama la atención que pueda haber protocolos distintos en centros concertados respecto de los públicos. De dichos protocolos de actuación depende en buena medida la efectividad del proceso y la detección de los casos de acoso real. A ello se le unen unos plazos de prescripción más cortos y que añaden más exigencia de responsabilidad y diligencia, pero al tiempo que el riesgo de que acciones queden impunes o se repitan.  Así que como mínimo el protocolo debería ser uniforme y aprobado por la Consejería, aparte de una concienciación de cero tolerancia al bullying y adecuada evaluación de la situación por los docentes.